Miércoles, 07 Septiembre 2016 16:26

En el plebiscito decimos: ¡Otra democracia sí!

En el plebiscito decimos: ¡Otra democracia sí!

Recogiendo el sentir de activistas, colectivos y expresiones organizativas territoriales, los abajo firmantes acordamos impulsar unitariamente una actividad y campaña por el 'sí', en el plebiscito del próximo 2 de octubre.


El anuncio del "Acuerdo final" entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP abre la posibilidad de cerrar un ciclo de guerra que suma ya 52 años. Sin embargo, sabemos que para hablar de una terminación del conflicto armado aún falta que avance el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional y haya escenarios de reconocimiento y diálogo con el Ejército Popular de Liberación. ¡Aún falta camino para construir la paz!


En efecto, sin la suficiente participación de la sociedad y de la voz que guardan los siempre excluidos, quedan varios interrogantes con respecto a la voluntad para cumplir los acuerdos por parte de la clase política tradicional, del sector financiero, de los terratenientes y de lo poderes económicos locales e internacionales.


No obstante, si bien los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP no recogen la agenda de paz que viene impulsando el movimiento social, contienen iniciativas frente a los derechos de las víctimas y la sociedad al esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación; a la problemática agraria y el acceso a la tierra; a los cultivos de uso ilícito; y a las garantías para la participación política. Estos aspectos, puestos en el debate público, abren una posibilidad a las luchas del pueblo para transformar y continuar en su empeño por el buen vivir, la autonomía y la democratización de la sociedad.


Dentro de la nueva situación política, la campaña del plebiscito genera controversia y muchas posiciones enfrentadas. De una parte, nos encontramos quienes promovemos el 'sí', con diferencia de la postura oficial, que legitima la gestión del presidente Santos, y la de los movimientos que buscamos transformaciones estructurales de la sociedad colombiana.


De otro lado, están quienes impulsan el 'no', ya sea desde la orilla guerrerista del uribismo o desde una franja popular que no confía en pactos con los gobernantes de siempre. Allí también se encuentran muchos que cargan resentimiento ante los errores y equivocaciones de la insurgencia.
Por último, están quienes impulsan la abstención activa o la anulación del voto, invocando una asamblea nacional constituyente, y, de otro lado, amplios sectores de la población que no suelen votar o son apáticos a la actividad política. Estamos ante un panorama difícil.


Aunque el 'sí' no está a pedir de boca, hemos acordado impulsar nuestra actividad y campaña bajo las siguientes consideraciones:
1. Nos distanciamos radicalmente del proyecto político y económico del gobierno de Juan Manuel Santos. Nos oponemos a su modelo extractivista y de especulación financiera porque profundiza la desigualdad y la sobreexplotación, y afecta social y ambientalmente la vida en su conjunto, en beneficio de los grandes monopolios nacionales y extranjeros.


2. Si bien es cierto que cesan oficialmente las hostilidades entre el Estado y las FARC-EP y que el número de víctimas ha disminuido, preocupa que no está cercano el fin de las acciones criminales de los grupos paramilitares ni de sus cómplices en el Estado, estructuras mafiosas que ejercen control territorial con sus códigos de la infamia. Asimismo, están por verse las verdaderas garantías a las libertades de expresión, organización, protesta social y oposición.


3. Es fundamental reiterar que las iniciativas, sueños y proyectos por los que millones han luchado en Colombia todavía son expresión del conflicto social como parte de las agendas populares de reivindicación política. En consecuencia, seguiremos luchando para transformar las condiciones de vida de los territorios urbanos y rurales en armonía con la naturaleza, abriendo el debate político sobre el modelo de desarrollo, la distribución de los bienes comunes y la equidad.


En estos momentos, la energía, capacidad y creatividad popular deben fortalecer la organización social y política, sus acumulados territoriales y sus aprendizajes. Nuestro compromiso es el de fortalecer proyectos comunes que forjen alternativas de poder popular. Contamos con la capacidad, la convicción y la fortaleza para construir un nuevo país desde la participación plural, diversa y equitativa de mujeres, grupos étnicos, jóvenes, trabajadoras, pobladores urbanos, entre otros.


¡Otra democracia es posible!


Colombia, 2 de septiembre de 2016

Firmantes: Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - Comosoc • Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo - Modep • Equipo Desde Abajo • Agenda Caribe • Amautas: Pedagogía Crítica y Formación de Sujetos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas • Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz • Asociación Ambiental Por la Vida de Boyacá • Asociación Campesina Popular - Asocampo • Asociación Comunitaria Nueva Esperanza • Asociación de Campesinos sin Tierra de Sincelejo Sucre - Acatiss • Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar • Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño - Asocoetnar • Asociación de Cultivadores de Frutales La Morenita • Asociación de Docentes y Trabajadores de la Educación de Sucre - Asodes • Asociación de Guardianes de La Sierra - Asogiasierra • Asociación de Jóvenes Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Informal - Asoinformal • Asociación de Mujeres Rurales de Coloso - Amucol • Asociación de Productores de Avanzada por el Desarrollo Agropecuario - Asoprovandes • Asociación Innovadora Tubérculos Andinos Boyacá - Aitab • Asociación para el Desarrollo Ambiental y Sostenible de Coloso - Asodesco • Asociación por la Defensa de los Derechos de los Hijos del Pueblo - Addhip • Asociación por la Dignidad y los Derechos Agrarios - Digniagrarios • Católicas por el Derecho a Decidir Colombia • Centro de Formación y Empoderamiento de La Mujer Ambulua • Ciudadanas Autónomas • Colectivo de Abogadas de Cartagena • Colectivo de Expresión Juvenil Kirius • Colectivo Popular Música y Resistencia • Colectivo Rebeldía Diversa • Colectivo Suamena Boyacá • Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación Colombia Ecuador • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - Cladem • Comité Sindical Clasista del Corredor Minero Cesar La Guajira Magdalena Atlántico • Comités de Obreros y Trabajadores Ignacio Torres Giraldo • Corporación Arazá por la Justicia Social y Ambiental • Corporacion Ceeniug • Corporación Claretiana Norman Pérez Bello • Corporación Colectivo de Derechos Humanos Tierra de Todos • Corporación de Derechos Humanos Guasimí, Nariño • Corporación de Mujeres Cordobesas • Corporación Escuela Sindical y Popular Ignacio Torres Giraldo • Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana CEAC Barranquilla • Corporación por el Desarrollo, la Paz y la Protección Ambiental - Codepam • Corriente Nacional Nuevos Maestros por la Educación • Escuela Mario González • Escuela Popular Akana Warmi Qhispicay • Federación Universitaria Nacional FUN - Comisiones • Fundación Aguanile • Fundación Casa de la Mujer Valledupar • Fundación Escuela del Saber • Fundación ExplorArte • Fundación Familias Unidas • Fundación IriArtes • Fundación para la Comunicación y el Desarrollo Social - Fedesol • Fundación Surcos • Fundación Vida Digna, Buenaventura • Generación Terranova • Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia • Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz - Gempaz • Grupo Guillermo Fergusson • Grupo Raíces, Irlanda • Huellas Africanas • Iglesia Apostólica Guadalupana • Mesa Ecuménica por la Paz • Minga Urbana Bakatá • Organización de Autoridades Indígenas Wayúu Araurayú • Organización de Autoridades Indígenas Wayúu Painwashi • Organización de Mujeres Olla Comunitaria de Montería • Organización de Mujeres del Suroriente de Montería • Organización Juvenil Rastros • Organización Toumain • Red Caribe por la Paz • Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribes y de la Diáspora capítulo Colombia • Red de Mujeres del Caribe Colombiano • Red ¡Párala Ya! Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres Valledupar • Red Rojo y Violeta • Revista Viento del Sur • Servicio de Paz y Justicia en América Latina • Sindicato de Trabajadores de Uniminuto - Sintrauniminuto Sintraime seccional Soledad (Atlántico) • Sintramienergética Seccional Codazzi (Cesar) • Unión Sindical de Trabajadoras de los Hogares de Bienestar - Ustrahbin Córdoba • Wayuumunsurat Mujeres Tejiendo Paz.

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Nicaragua concede asilo político al expresidente salvadoreño Funes

El antiguo mandatario del FMLN es investigado en su país por enriquecimiento ilícito durante su mandato
Carlos Salinas


La Fiscalía de El Salvador incautó dos camiones de mudanza cargados con pertenencias del expresidente de ese país, Mauricio Funes y su familia, cuyo destino era Nicaragua, país donde el político que gobernó bajo la bandera del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) se ha refugiado y pedido asilo después de que se iniciara una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones ilícitas, malversación y tráfico de influencias.
El Gobierno de Nicaragua, liderado por el sandinista Daniel Ortega, otorgó el asilo a Funes a través de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores publicada en el diario oficial, La Gaceta. El Gabinete sandinista justifica la entrega del asilo al expresidente salvadoreño afirmando que la Constitución política de este país establece el asilo para “perseguidos políticos”, aunque el documento oficial no hace referencia a la investigación por corrupción que las autoridades salvadoreñas mantienen contra su protegido.


Mauricio Funes fue visto hace un par de semanas de compras en un supermercado de Managua, acompañado de su pareja, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, conocida como Michy, y sus hijos. El político salvadoreño, que justificó su presencia en el país porque realizaba “trabajos de consultoría”, también iba custodiado por oficiales de la Policía Nacional. Al ser cuestionado por esta custodia oficial, Funes respondió en su cuenta de Twitter: “Soy exjefe de Estado. Si un expresidente llega a El Salvador se le ofrece seguridad. El Gobierno acá actúa con reciprocidad”.


En esa misma red social, el pasado 23 de agosto, Funes había negado afirmaciones del Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, quien informó de que el político había pedido asilo en Nicaragua. “No estoy asilado en Nicaragua ni estoy tramitando el asilo. Me encuentro acá por trabajo”, escribió. Este martes, Funes informó de que “decidí tramitarlo (el asilo) el 31 de agosto después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra”. El exmandatario asegura que “estando en El Salvador recibí "mensajes" de fuerzas de derecha que aseguraban que una vez en el país atentarían contra mi integridad física”.


El fiscal Meléndez inició una investigación oficial contra Funes por supuesto enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). En marzo pasado, funcionarios de la Unidad de Delitos de Anticorrupción de la Fiscalía salvadoreña acusaron formalmente al mandatario y aseguraron que Funes y su familia no pudieron justificar un monto de más de 700.000 dólares de su patrimonio.


Salvador Martínez, director de comunicaciones de la Fiscalía salvadoreña, dijo a la prensa nicaragüense que tras allanar viviendas de Funes y su familia “estamos analizando la documentación incautada y además la Fiscalía ha congelado cuentas bancarias y decomisados algunos bienes”.


Diputado guatemalteco también “refugiado” en Nicaragua


El exmandatario salvadoreño no es el único político centroamericano que ha buscado refugio en Nicaragua. Hace dos semanas los medios nicaragüenses informaron de que Luis Rabbé, expresidente del Parlamento de Guatemala también está en Managua.


A Rabbé se le vio comprando bombillos en una tienda de la capital del país. El político guatemalteco es investigado por el Ministerio Público de su país y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) por las creación de llamadas “plazas fantasmas”, puestos públicos conformados en el Parlamento, supuestamente contratados por Rabbé con salarios superiores a los dos mil dólares, pero que nunca fueron ocupados.


Rabbé es cuñado del empresario Ángel González, propietario del monopolio de la televisión abierta en Guatemala y poderoso hombre que quita y pone presidentes en ese país.


En Nicaragua, González ha mantenido negocios cercanos con la familia del presidente Daniel Ortega y el ente regulador de las telecomunicaciones le ha concedido las señales de televisión abierta para la explotación de los canales 2, 9, 10 y 11. De hecho, González y la familia del presidente Ortega controlan casi la mayoría de canales de televisión del país, con una línea editorial basada en noticieros de la llamada “nota roja”, es decir que cubren hechos sangrientos, pleitos de chabolas y sexo, además de retransmitir telenovelas sobre narcotráfico e información edulcorante del gobierno.


Hasta ahora no se ha oficializado el otorgamiento de asilo político a Rabbé por parte del gobierno de Nicaragua.

Managua 6 SEP 2016 - 17:38 COT

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Miércoles, 07 Septiembre 2016 06:46

El derecho es lucha

El derecho es lucha

En la canción de Tom Jobim que usted, Julio Maier, cita en su columna de opinión publicada el lunes 5 en Página/12, la felicidad tiene fin y la tristeza no. Pero en el derecho ninguna de ellas lo tiene, porque hay momentos de avance y otros de retroceso. A veces pierde la pulsión hacia la dignidad de la persona.


Pero calma, Julio. Usted no desperdició su vida ni mucho menos. Siempre empujó en la dirección correcta, como el más distinguido teórico del derecho procesal penal de toda la región.


Creo que –como tantos otros– hizo prosa sin quererlo porque luchó y lucha, y siempre el derecho es lucha. Para los trogloditas conviene aclarar que no lo dijo Marx, sino Rudolf von Jhering.


No puede ser de otro modo, porque el derecho siempre es político. Escribimos para que los jueces nos hagan caso en sus sentencias. Los jueces son un poder del Estado, cada sentencia es un acto de gobierno y, como tal, el derecho nunca puede ser neutro respecto del gobierno de la polis, jamás puede ser no ideológico, porque siempre expresa una cosmovisión, un sistema de ideas. La cuestión está en saber qué ideas expresa.


Usted siempre estuvo de un lado, luchando por un derecho que tratase a todo ser humano como persona. ¿Acaso pensó no encontrar resistencia en esa lucha? ¿Creyó que alguna vez y por un rato no nos torcerían la mano en la pulseada?


Querido Julio: sus propias ideas provienen de anteriores luchas. De Túpac Amaru y los comuneros, de los quilombos, de los héroes de la Independencia, de las burguesías europeas del siglo XVIII, de nuestros caudillos federales, de los movimientos populares latinoamericanos, de conflagraciones con millones de muertos. Siempre los derechos resultaron de luchas políticas y les dieron forma a sus logros.


Es verdad que hay traidores que quieren detener la dinámica de la historia para degradar al ser humano, como tampoco faltan escribas que con tales fines corrompen los más nobles conceptos jurídicos.


Si bien esto es particularmente indignante en una región con cientos de miles de víctimas del subdesarrollo y del colonialismo financiero transnacional, lo cierto es que en todos los tiempos hubo mercenarios dedicados con empeño a estos

despreciables menesteres. Nunca faltaron los ingenuos y perversos que quisieron reducir el derecho a una técnica neutra, pretendiendo que el maloliente producto de su olla de bruja sea útil tanto a las democracias como a las dictaduras criminales. Para eso se eleva la lógica a ontología y se fabrica un complejo aparataje funcional a la concentración de riqueza.


Pero usted, querido Julio, nunca fue un aséptico teorizador de algo tan despreciable que pueda servir tanto como tostadora para el desayuno o como instrumento de tortura del vecino.


No Julio, usted no desperdició la vida, ni tampoco el derecho es algo inservible: es el medio necesario para empujar la política de respeto a la dignidad humana, en la lucha en que usted participa como pocos, con su saber y su pasión y, más aún, con su ejemplo de vida.


Pero así es la vida del derecho: no tiene fin, ni en sus logros ni en sus fracasos. Es un unfinished, siempre en lucha, dinámico y, sobre todo, partisano, jamás neutro. No es posible ser neutral ante la negación de la dignidad humana, y es necesario ser partisano para luchar por su avance en la historia.


¡Vamos, Julio! ¡Todo jurista es político! Proyectamos jurisprudencia y actos de gobierno de la polis. No se niegue como político y, por ende, no lamente que el derecho sirva a la política, porque conforme a la naturaleza de las cosas no puede ser de otro modo.


La cuestión es hacerlo consciente y saber en todo momento que se responde a una política humana y no a una inhumana. Estamos del lado del derecho humano, pero sabemos que enfrente tenemos un derecho inhumano.
Julio, ¡bienvenido a la lucha en que siempre estuvo!


Por Por Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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“No es un golpe de estado, es la crisis. A Dilma la echaron porque ya no servía más"

Giussepe Cocco es profesor en la Universidad de Río de Janeiro y coautor, junto con Antonio Negri de "Global: Biopoder y luchas sociales en una América Latina globalizada" (Barcelona, Paidos, 2006).


Brasil acaba de vivir un fuerte golpe tras el impeachment que ha dejado a Dilma Rousseff sin la presidencia del país. Hablamos con el profesor en la Universidad de Río de Janeiro, Giuseppe Cocco, sobre qué ha ocurrido y qué puede ocurrir en el país.


¿Cómo se vivió la primera noche después de la destitución de Dilma Roussef en Río de Janeiro?


Aquí, en Río, hubo una manifestación pero fue tranquila, sin mucha gente. En Belo Horizonte, Brasilia y Porto Alegre también hubieron manifestaciones en donde además, hubo represión policial. En São Paulo la represión fue más violenta, como en junio del 2013.


Después del impeachment que ha derrotado a Dilma Roussef, ¿se ha quedado preocupado?


No hay más preocupación que lo que ya había. Pero no es un golpe: la narrativa del golpe es una narrativa mistificada y que viene de la reelección de Dilma que estuvo cargada con un montón de mentiras y dirigida por los que provocaron la crisis económica que viene desde el 2012. En esa trampa estamos. Dilma fue destituida con un pacto interno de la gobernabilidad y que tiene dos objetivos. El primero consistía en sacarla del gobierno porque era incapaz de hacer nada más en materia económica y así aplicar las reformas neoliberales y de austeridad que ella no ha sido capaz de realizar porque no tenía condiciones políticas, ya que perdió el apoyo parlamentario: ella no ha hizo estas reformas no porque no quisiera, sino porque no lo lograba. El segundo objetivo es que este gobierno quiere confrontar a los jueces que están investigando la corrupción.


No es un golpe, es la crisis. La crisis interna del bloque del poder. La echaron porque ya no servía más. No lograba proteger a la casta contra los jueces y no lograba hacer las políticas neoliberales.


Desde su punto de vista, ¿en dónde se ve claramente que no ha sido un golpe?


Aplicaron la Constitución y echaron a Dilma con un fuerte clamor popular (millones de personas en las calles) que pedía el impeachment. Al mismo tiempo, Dilma no pierde sus derechos políticos. Si fuera responsable de la acusación que la hacen, no podría gozar de ellos ya que la Constitución así lo señala en este tipo de delitos. No hay golpe, pero sí hay un gran pacto para salvar a toda la casta mediante las operaciones contra la corrupción: desde el presidente del Senado hasta Lula, pasando por todos los dirigentes del PMDB (y del PT). Se habla del "golpe" porque de esta manera no se habla de los escándalos de corrupción, Dilma aparece como víctima de un golpe de Estado y no hay un debate verdadero de lo que pasó.


¿Cuáles son para usted los detalles que han hecho quebrar a Rousseff?


Desde hace mucho tiempo hay una situación muy preocupante. Hay como tres elementos clave. La primera aparece en las protestas multitudinarias de junio de 2013, que mostraron que los jóvenes y los pobres no querían el modelo de desarrollo impuesto por ella. La segunda comienza después de las elecciones, cuando Dilma empieza a hacer lo contrario de lo que prometió durante la campaña y en su programa electoral y el país empieza en una fase de terrible crisis económica que se traduce en una fuerte recesión: algo como el -10% del PIB per capita y con 12 millones de desempleados. Y para terminar, la operación de represión de la corrupción, Lava Jato, que ya llevó a prisión a los grandes empresarios de las obras públicas y que ahora llegó a los políticos, al gobierno brasileño: a toda la casta.


¿Cómo se presenta este gobierno de Temer?


El gobierno de Temer tiene una legitimidad muy débil, la misma que tenía Dilma, que contaba con índice de popularidad estaba más o menos en un 8%. Temer no tiene carisma, habla muy mal y no sé si logrará estabilizarse. Eso sí, tiene mucho apoyo parlamentario. Además, en estos momentos, los grandes medios van a comenzar con una campaña de apoyo para que haga las reformas neoliberales que tienen previstas. Quieren usar la eventual retomada económica para intentar reducir la operación Lava Jato. Si el PT grita por el golpe, tiene interés en este ataque a Lava Jato: golpistas y golpeados están juntos.


Y, grosso modo, ¿de qué reformas estamos hablando?


Son tres las reformas más destacadas. La primera consiste en la modificación de la Constitución que permita fijar un techo de gasto para los próximos diez años. Una auténtica locura. La segunda es una reforma que atañe al sistema de jubilación que consta de dos aspectos: aumentar la edad mínima de jubilación y separar el nivel mínimo de la jubilación del nivel mínimo del salario. La tercera es una mayor flexibilización laboral.


Temer va hacer unas reformas que ya se estaban haciéndose en el gobierno de Dilma porque hay que recordar que el partido de Temer lleva diez años con el PT. De hecho, [Henrique] Meirelles, el Ministro de Economía y Hacienda, peso pesado del gobierno de Temer, es un hombre de Lula. Fue presidente del Banco Central de Brasil durante los ochos años de gobierno de Lula. Lo que ocurre es que Dilma no consiguió terminar de hacerlas e hizo el peor de los ajustes: un ajuste desajustado.


¿Cómo va hacer Temer estas reformas? No lo sé. Será muy difícil aunque es necesario enfatizar que Temer parece mas flexible de Dilma. Por ejemplo, él ya ha cancelado el proyecto para hacer una nueva mega-represa en la Amazonia, en el río Tapajó. Dilma nunca la hubiera cancelado y se mostró inflexible con la mega-represa de Belo Monte: por si acaso peligraba el gran apoyo de la diputada (PMDB) Katia Abreu, una Marine Le Pen del agrobusiness.


Ante esta situación, ¿podría haber elecciones anticipadas o Brasil podría mantenerse con este gobierno hasta el 2018?
Seria la salida más popular. Hay un hecho que podría adelantarlas: un proceso abierto en la Corte Suprema Electoral que puede anular las elecciones del 2014 y destituir a Dilma y a Temer (por abuso del poder económico en la elecciones del 2014, algo demostrado por la operación contra la corrupción llamada Lava Jato). Ahora bien, si ese proceso no concluye de esa manera, hay que pensar que el 2018 está muy lejos y la economía no aguanta sin medidas y las únicas que hay en el horizonte son éstas, las neoliberales. Se podría aguantar si estas reformas estuvieran basadas en una retoma de las inversiones y con un apoyo de los grandes medios de comunicación.


Para mí, la mejor solución teórica desde el punto de vista democrático serían nuevas elecciones generales pero a la casta no les interesa adelantarlas. Serían a finales de año y no daría tiempo, con lo cual, generaría más inseguridad en los mercados y significaría que toda la casta se quedaría sin protección


Usted ha dicho que el PT ha creado un muro para que no haya una alternativa de izquierdas. ¿Qué alternativa de izquierdas hay para unas próximas elecciones brasileñas?


No hay. Hay una reorganización interna del sistema que incluye al PT. La única salida es que el movimiento sea capaz de hacer oposición a Temer y al PT –aunque ya está muy dañado– pero después de la represión de junio de 2013, está muy desactivado. Se necesita una movilización muy fuerte: un movimiento que sea contra Temer y no sea mistificado por el PT. Veamos si hay reacción popular después del impeachment, aún es temprano para saberlo.


En el 2018 hay una posibilidad de tener una salida moderada con el Partido REDE, la formación que encabeza Marina Silva. Es una candidata muy interesante que sería una alternativa al PT o a Temer, pero el partido de Marina es muy débil. Marina es una de las fundadoras del PT, fue la compañera de Chico Mendes, fue ministra con Lula dos veces y se peleó con Dilma –porque la que hasta ahora ha sido presidenta, ha favorecido la creación de las grandes represas, el “agrobusiness” y las políticas extractivistas en la Amazonía– y salió del gobierno en el 2007. Fue candidata en el 2010 y en el 2014 y consiguió el 20% y el 22% respectivamente. solo que la última vez fue masacrada por una propaganda infame por parte del PT. Sería una salida moderada para poder negociar la crisis pero su partido es muy débil y muy contradictorio. En él están los que apoyan el impeachment (sin apoyar Temer) y los que hablan de golpe. Necesitan definirse .


Pero en el próximo mes de octubre se celebrarán las municipales. ¿Considera que tampoco hay alternativas?


Sí, no hay alternativas. Lo que sí vamos a ver cómo se refleja lo sucedido en los partidos. Hay un pequeño partido de izquierda alternativa que se llama PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) y que en algunas ciudades puede tener un resultado positivo: aquí en Río y en Porto Alegre. También hay que ver cómo el PT resiste, porque en muchas ciudades presenta candidatos aliados con el partido de Temer, el PMDB. Hay ya un ejemplo de esta alianza: el partido de Temer gobierna en Río y el vice-alcalde es del PT. A pesar de la narrativa del golpe, continúan con la coalición.


Volviendo a hablar de los comicios presidenciales ¿Ve a Lula como candidato para el 2018 ?


Sí, sí. Si lo dejan, será un candidato competitivo en la primera vuelta, en la segunda, no tanto. No tiene más dinero y tiene un rechazo popular muy fuerte. Lo que va a hacer es un llamado de unidad de la izquierda contra Temer y va a ser el líder de esa unidad de la izquierda pero sin hacer ningún análisis de lo que ha sucedido. Él es el único nombre que tiene el PT. Pero hay también una fuerte posibilidad que Lula vaya a la cárcel.


Hoy Temer está en China porque Brasil depende cada vez más de este país económicamente y tiene que dar dinero a Petrobras porque ha quebrado, porque han robado todo lo que tenía y el PT no dice nada sobre lo que se ha hecho. Hay un montón de empresas que van a privatizar para que no quiebren y lo llaman cesión de activos. El país está quebrado por el PT, por eso me atrevería a decir que muchos saldrían del PT en octubre. Es más, hay unas declaraciones del ex-marido de Dilma que habla de cómo el partido la ha abandonado y me inclino a pensar que ella también podría irse a otro partido.


¿Podría haber una estrategia geopolítica en la zona después de los resultados electorales en Argentina, del Golpe de Estado en Paraguay?


No, eso no explica nada. El agotamiento del ciclo es global, continental pero por causa del fracaso de todas las experiencias. En Brasil, la crisis empieza en el 2012 y comienza a agrandarse, proporcionalmente, por el hecho de que Dilma continuaba haciendo políticas anticíclicas y dando miles de millones a las grandes empresas brasileñas e internacionales, sin ningún efecto sobre el crecimiento. Este fracaso comenzó a demostrarse aquí en el 2013 con un movimiento de gente increíble que mostraba que ya había problemas graves y el PT ya estaba dentro del esquema del poder. El PT en este momento hacía el discurso de la nueva clase media, sin ningún horizonte popular; destruyó las empresas estatales, no hizo ninguna reforma estructural, ni siquiera reformas que no generaran ningún problema macroeconómico, como por ejemplo la abolición del “Auto de resistencia” –una ley recogida en el código penal que permite a la policía matar a cualquier persona por un incidente en las favelas– y por la que mueren decenas de personas al día. ¿Ni siquiera fue capaz de hacer ésa en 14 años?. Tampoco planificaron una política de seguridad y vemos cómo los homicidios en Río han aumentado en un 33% en el último año.


Lo que el PT hizo fue de destruir el movimiento para quedarse en el poder junto a Temer y su partido, en la corrupción sistémica y ahora tenemos como consecuencia este gobierno explícitamente de derecha.


La crisis es endógena y es el fracaso de todas estas experiencias sudamericanas. Es la misma ceguera que tenía la izquierda con la Unión Soviética, pero Brasil no es la Unión Soviética. No hay que decir que no ha pasado nada y que todo ha sido un golpe imperialista: no es la realidad. La situación es preocupante porque no hay alternativa y la alternativas son sistemáticamente destruidas por esas mistificaciones, como la narrativa del "golpe".


Cocco, si pudiera, ¿qué alternativa propondría?


La construcción de un movimiento contra Temer, pero sin el PT.

 

05/09/16 • 12:06

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Decenas de miles de personas protestan contra el nuevo Gobierno brasileño

Una multitud satura la Avenida Paulista, la principal arteria de São Paulo, para plantarle cara al Ejecutivo de Michel Temer



Decenas de miles de personas salieron este domingo por la tarde a la Avenida Paulista, la arteria central de São Paulo, la principal ciudad brasileña, en protesta contra el nuevo Gobierno de Michel Temer. No fue la única manifestación de la semana en la principal ciudad del país, pero sí fue la más multitudinaria. Si bien el presidente Temer había despachado las anteriores protestas como “grupos pequeños de 40 a cien personas”, este domingo se llegaron a ver 100.000 personas furiosas contra un Gobierno que ha llegado al poder solo tras destituir a la presidenta electa, Dilma Rousseff.


Había niños, había jóvenes pertenecientes a movimientos sociales, había personas mayores. Convocados por los colectivos sociales de izquierdas Frente Popular de Brasil y Pueblo Sin Miedo, llegaron a abarrotar la Avenida Paulista a partir de las seis de la tarde y recorrieron los casi cinco kilómetros hasta la Plazoleta de la Patata, una suerte de ágora de los movimientos callejeros paulistas que está deviniendo en centro neurálgico de la izquierda popular de la ciudad.


Todo se desarrolló de forma tranquila y organizada a ojos de los seis reporteros de EL PAÍS que había distribuidos en distintos puntos de la marcha, al menos desde el comienzo del acto, a las 4.30 horas de la tarde, hora brasileña, hasta las 8.45 de la tarde, hora brasileña. Para entonces, los manifestantes ya estaban en la Plazoleta. Y, para sorpresa de casi todos, la policía pasó a estallar bombas de gas lacrimógeno tanto por el exterior como por el interior de la estación de metro Faria Lima. Muchas personas evidenciaban malestar, incluso dolor, en los trenes del metro. En las calles, tomaron refugio en los bares. Se atacó a miembros de la prensa: Marina Rossi informa de que el fotógrafo Mauricio Camargo recibió el impacto de una bala de goma. Un periodista de BBC Brasil fue golpeado por una porra a pesar de estar identificado como periodista.


"En una manifestación inicialmente pacífica..."


La policía ha asegurado que atacó el metro porque un grupo de vándalos les provocó. Las primeras bombas de humo empezaron a registrarse cuando un grupo comenzó a gritar “Libera el torno”, en referencia a los accesos al suburbano, que el Estado de São Paulo sí dejó abiertos para, según los críticos, facilitar el acceso a las manifestaciones contra Dilma Rousseff. Al poco, la policía escribió en su cuenta en Twitter: “En una manifestación inicialmente pacífica, la actuación de unos vándalos obligan a los agentes a intervenir con el uso moderado de fuerza y munición química”. Y a las 10.45 de la noche, hora brasileña, la Secretaría de Seguridad divulgó una nota que describía una especie de tumulto en la estación: "Los vándalos destrozaron los tornos y pusieron en peligro la vida de los funcionarios". Marina Novaes estuvo allí todo ese tiempo y no vio ningún torno destrozado. Tampoco los al menos 15 testigos consultados por EL PAÍS.


Lo cual no quiere decir que no hubiera ira en las calles. El ambiente estaba especialmente caldeado después de que Temer hubiera minimizado la importancia de las anteriores manifestaciones. "Eso fue una falta de respeto", explica Rodrigo, funcionario. A su lado estaba Daniela, empleada en la enseñanza. Juntos, reconocieron varias caras que no habían defendido a la presidenta durante el proceso de impeachment. "Al ver crecer el otro lado, se va haciendo más importante marcar posiciones", explica Daniela. Como ellos, la mayoría de los asistentes no estaba vinculada a ningún movimiento social y había votado a Dilma en 2014. Juntos, repetían las consignas de su movimiento. "Fora Temer" (Fuera Temer) por un lado; "Direitas Já" (elecciones generales ya). No hacía falta que volviese la expresidenta, explicaron varios de los manifestantes. Pero piden elecciones porque, razonaban, era la forma que tenían de recuperar el voto que habían perdido.

São Paulo 5 SEP 2016 - 01:55 COT

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Viernes, 02 Septiembre 2016 06:12

El escenario regional después de Dilma

El escenario regional después de Dilma

La destitución de Dilma Rousseff por el Senado más conservador desde 1964 (año del golpe de Estado contra João Goulart) cierra el ciclo progresista que se inició con la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva el primero de enero de 2003. Siendo Brasil el país más importante de la región y el que marca tendencias, estamos ante una inflexión irreversible en el corto plazo, donde las derechas conservadores imponen su agenda.

El panorama regional sudamericano aparece claramente dominado por la alianza entre el capital financiero, Estados Unidos y las derechas locales, que muestran un dinamismo difícil de acotar a corto plazo. Hay que remontarse a principios de la década de 1990 para encontrar un momento similar, pautado por el triunfo del Consenso de Washington, el auge del neoliberalismo y el derrumbe del bloque socialista.

Sin embargo, sería equivocado pensar que estamos volviendo al pasado, por más que algunos analistas crean que se están perdiendo "conquistas". La realidad indica que la región camina hacia adelante pero, en lo inmediato, lo que tenemos enfrente no es la sociedad igualitaria y justa con la que soñamos, sino un inminente choque de trenes entre los de arriba y los de abajo, y luchas entre clases, razas, géneros y generaciones. Hacia ese desenlace va la humanidad, y ese es el futuro a mediano plazo que se avizora en la región.

En rigor, este panorama ya se venía perfilando desde hace varios años, cuando aún gobernaban los progresistas, por la creciente alianza de hecho entre las clases medias (viejas y nuevas) y los más ricos, en gran medida por el triunfo de la cultura consumista, despolitizadora y conservadora que impulsaron esos mismos gobiernos. Pero lo que importa, mirando hacia adelante, es el mentado choque de trenes.

Una nueva derecha se ha impuesto en la región. Una derecha que no tiene escrúpulos legalistas, que no está dispuesta a respetar los modos de las democracias, que pretende arrasar los sistemas educativo y de salud tal como los conocimos. En Brasil la nueva derecha ha puesto en pie el movimiento Escola Sem Partido, que ataca la educación pública, vapulea el legado de Paulo Freire y pretende controlar estrictamente a los docentes.

Habrá que volver con más detalle sobre este "movimiento", que promueve la disociación entre "educar" (responsabilidad de la familia y la Iglesia) e "instruir" (transmisión de conocimiento, que es la tarea de los profesores). Si los proyectos de ley que ingresaron al parlamento fueran aprobados, una porción de los docentes podría ser sancionada por "adoctrinamiento ideológico", por hablar de la realidad del país, ya que en las aulas, pregonan, no debe existir la libertad de expresión. En esa realidad no sólo entra lo político, sino incluso la violencia contra las mujeres. Apenas una muestra de lo que viene.

Para comprender por dónde va la nueva derecha no hay que mirar atrás, o sea, el periodo de las dictaduras, sino a personajes como la primera ministra británica, Theresa May, quien asegura estar dispuesta a usar armas nucleares aunque le cuesten la vida a inocentes (The Guardian, 18/7/16). O como Hillary Clinton, que considera a Vladimir Putin el "nuevo Hitler". No son declaraciones aisladas o fuera de contexto, es el estado de ánimo de las nuevas derechas, guerreristas, dispuestas a arrasar naciones enteras, como ya hicieron con media docena de países en Asia y Medio Oriente.

Para que haya choque de trenes tiene haber dos fuerzas antagónicas en disputa. Eso es lo que se viene perfilando en la región. Hemos recorrido las nuevas luchas estudiantiles y populares en Brasil (goo.gl/Bz9OBD), los movimientos que ganan protagonismo en Colombia (goo.gl/DfboIk) y las nuevas resistencias negras (goo.gl/GTQPzQ), entre otras.

A ellas deben sumarse la renovada fuerza del movimiento campesino en Paraguay; la resistencia al modelo soyero-minero en Argentina, y, en los últimos meses, al ajuste del gobierno de Macri; las importantes movilizaciones de las mujeres contra la violencia machista, como la realizada en Perú en agosto; la persistencia de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia.

Se abren nuevas e imprevistas resistencias. En agosto hubo enormes movilizaciones en Chile, dos grandes marchas de más de un millón de personas contra el sistema privado de pensiones (Afp), y un cacerolazo, que anuncian el comienzo del fin de un sistema que fue la clave de la acumulación de capital en el régimen pospinochetista. Nueve de cada 10 jubilaciones son menores de 220 dólares, o sea, menos de 60 por ciento del salario mínimo, por lo que la población reclama el fin del sistema privado.

Lentamente se va abriendo paso entre los sectores populares la convicción de que la corrupción es sistémica, como el narco y los feminicidios, y que no importa si gobierna la derecha o la izquierda, porque las cosas seguirán más o menos igual. La prometida reforma educativa en Chile, que el Partido Comunista utilizó como argumento para abandonar la calle e ingresar al gobierno de Michelle Bachelet, se diluyó en las negociaciones con el empresariado y se sigue priorizando la enseñanza privada, como denuncia la nueva ofensiva estudiantil.

En esta etapa, el sistema no puede realizar reformas en favor de los pueblos, porque no tiene margen económico ni político. La economía funciona como una máquina que extrae, expropia y concentra los bienes comunes. La política se reduce a fuegos de artificio y deja paso, cada día con mayor evidencia, a la policía para dirimir los conflictos. La principal diferencia entre los colores que gobiernan es de velocidades en la aplicación de un modelo que no deja otra alternativa que la resistencia.

La destitución de Rousseff por un Senado infestado de corruptos podría ser la ocasión para reflexionar sobre la inconveniencia de seguir confiando en los mal llamados "representantes", que están allí para devolver favores al capital, y apostar con mayor energía a la organización. Nadie lo hará por nosotros.

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Martes, 30 Agosto 2016 06:43

Bolivia frente a sí misma

Bolivia frente a sí misma

El conflicto entre el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros no es novedoso en su dinámica pero sí en su escala: la brutal muerte de un viceministro a golpes, luego de ser secuestrado, causó conmoción en un país acostumbrado a la radicalidad de las protestas sociales. Además, el crimen pone en duda los avances en la creación de un «Estado fuerte», la meta de Evo Morales desde 2006: ni siquiera durante la guerra del gas de 2003, que acabó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llegó a una agresión semejante contra un funcionario de tan alto nivel.


Como viceministro de Régimen Interior, y parte del círculo presidencial desde 2006, Rodolfo Illanes fue a la localidad de Panduro (185 kilómetros de La Paz) a negociar con los cooperativistas mineros, donde fue retenido y luego asesinado a golpes mientras caían dos mineros víctimas de la represión policial para desbloquear las rutas. «Ya no vamos a negociar con él [por el ministro de Gobierno Carlos Romero], que presente su carta [de renuncia]; si no, vamos a colgar a su viceministro y yo me voy a encargar», había declarado a la prensa uno de los líderes mineros en medio de los intentos del gobierno de retomar el diálogo.


La dinámica bloqueos de caminos-represión- enardecimiento-escalada de violencia es parte de las luchas sociales en Bolivia. Pero desde su llegada al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) logró reducir los conflictos sociales, aunque hubo momentos críticos como las movilizaciones contra el «gasolinazo» de 2010 o las protestas contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011. En esa ocasión el canciller David Choquehuanca fue «retenido» por los indígenas y utilizado como escudo frente a la policía, no obstante las cosas no pasaron a mayores. Pero hoy, a diferencia de esos días, el gobierno enfrenta el desgaste político de la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016, con una pérdida significativa de apoyo en las grandes ciudades. A ello se suma la baja de los precios de los minerales y menores recursos en el Tesoro.


Estas cooperativas son uno de los tres grandes actores de la minería boliviana junto con la estatal y la transnacional, y están acostumbradas a disputar vetas de minerales de manera aguerrida e incluso violenta, como quedó claro en 2006 con el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros estatales con un saldo de 16 muertos. Sobrevivientes de la crisis de la minería estatal en los años 80, las cooperativas crecieron bajo todos los gobiernos, pero lo hicieron en mayor medida en esta década al calor del aumento de los precios internacionales de los minerales. Los cooperativistas también participaron del ciclo de luchas populares de los años 2000, y estuvieron entre quienes impidieron, en Sucre, que asumiera un «neoliberal» tras la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005. Ya durante la Asamblea Constituyente lograron que un artículo de la nueva Constitución Política del Estado (2009) indique que «El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social».


Hoy los cooperativistas son unos 119.000 trabajadores, frente a 8.000 de la minería privada y 7.500 de la estatal), aunque su productividad es menor y su trabajo más artesanal. En un artículo titulado «Cría cuervos», el ex-viceministro de Régimen Interior Rafael Puente escribió que «las ‘cooperativas’ mineras no tienen nada de cooperativas; en realidad son empresas, cuyos dueños son los llamados ‘socios’ (y ni siquiera todos) que manejan y explotan a una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro social, ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada. Y ni siquiera hablamos de las mujeres y del trabajo infantil».


En efecto, aunque se use la figura de la cooperativa, ello opaca un mundo de asimetrías y relaciones entre «socios» y peones, además de contratistas y otros actores. «La cooperación se restringe a la reunión de socios para acceder al yacimiento que luego parcelan, predominando el trabajo individual de baja productividad y no la organización del trabajo con base en la cooperación», señala el investigador Pablo Poveda Ávila en un artículo sobre la historia del cooperativismo minero.


Una de las razones de las protestas actuales fue, precisamente, rechazar una ley que permitiría sindicalizarse a los peones de las cooperativas, lo que es rechazado por los «socios».Otra causa de la radicalización del sector es el impedimento que tienen para suscribir acuerdos con empresas para operar sus yacimientos. Y una tercera es la demanda de flexibilización de las regulaciones ambientales. Por eso, el gobierno los acusa de querer asociarse a las transnacionales y de ser patrones disfrazados de cooperativistas. No obstante, eran hasta ahora parte del bloque político y social «del cambio», e incluso consiguieron embajadores, diputados y senadores. El primer ministro de Minería de Evo Morales, Walter Villarroel, pertenecía a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y su gestión potenció el conflicto entre estatales y cooperativistas.


Una cuestión anexa a esta crisis es el uso de la dinamita en las protestas. En 2012 el gobierno la prohibió, pero más tarde la volvió a autorizar dado que es parte de la identidad minera. El propio vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo hace un tiempo a un grupo de estudiantes de Porco, Potosí, que «Si alguien de aquí a cinco a 10 años quiere venir a quitar el petróleo, la electricidad, pónganse sus cartuchos de dinamita y vayan a botarlos a patadas». «La dinamita es la esencia de los trabajadores, sobre todo de los mineros; con ella podemos enfrentar a los gobiernos neoliberales», señaló el secretario ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles, Víctor Quispe, en mayo pasado al celebrar la abrogación del decreto que prohibía su uso. Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, también destacó la medida. «¿Cómo se llegó a recuperar la democracia? Gracias al arma que tenemos los trabajadores en su conjunto para defendernos de la derecha neoliberal». Pero como se ve con este conflicto, la minería no solamente remite a las heroicas luchas de los trabajadores de los socavones –como la Revolución de 1952 o las luchas por la democracia en los años 70 y 80– sino a las disputas por la renta en un país fuertemente corporativo y sostenido en una economía extractiva.


Que los cooperativistas sean parte del MAS tampoco es una anomalía. El MAS es un partido de pequeños productores (más que de comunarios) que incluye a cocaleros y comerciantes informales («gremiales»), pero en este caso los intentos oficiales de fortalecer la minería estatal desataron diversas tensiones, que culminaron en la escalada actual. Ahora, tras estos hechos luctuosos, posiblemente el gobierno emprenda cambios más profundos en la minería. Por lo pronto, se anunció que los cooperativistas ya no contarán con representación en la Corporación Minera Boliviana (Comibol).


Si bien muchas cosas se modificaron desde 2005, muchas otras permanecieron con escasos cambios y una de ellas es la dificultad para que los conflictos sociales puedan procesarse de manera institucional. Al mismo tiempo, la dinámica del conflicto social boliviano muestra a menudo precariedad estatal (por ejemplo, un viceministro que va con escasa custodia a negociar con un grupo radicalizado) junto a una policía que suele ser letal a la hora de despejar caminos, por una combinación variable entre armamento inadecuado o escaso, fuerzas policiales insuficientes o temor a sectores sociales a menudo armados con piedras o dinamita.


Si bien Evo Morales tuvo la autoridad para normalizar en gran medida el país, sus principales escollos fueron sus propias bases, ese «veto social» difícil de contrarrestar, más aún que la oposición de derecha a la que pudo derrotar sucesivas veces en las urnas –y en las calles–. Una ventaja con que que contó el gobierno en este caso fue que no se sumaron otros sectores a las demandas de los cooperativistas y que estos últimos cosechan escasa simpatía social. Pero haría mal en leerlo en términos conspirativos en lugar de abordarlo como un síntoma de un nuevo momento y como una amenaza a futuro. Otra vez, un conflicto toma el carácter de guerra civil en pequeña escala, y esta vez con una baja del entorno del presidente.


Quizás el asesinato de Illanes marque un antes y un después, sin que aún podamos dimensionar ese «después», es decir la forma en que el gobierno utilizará este desborde para recuperar iniciativa y poder.

 

Por Pablo Stefanoni
Nueva Sociedad

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Chocó. “Cuando el pueblo se une, en una causa justa, no hay quien lo detenga”

Tras siete días de paro, las negociaciones encaminadas a poner fin al Paro Cívico (PC) prosiguen. Gobierno y representantes de organizaciones sociales aún no han llegado a un acuerdo definitivo pero se han alcanzado acuerdos parciales, relacionados con la culminación de vías terrestres, el saneamiento financiero del Hospital San Francisco de Asís, la construcción de cuatro nuevos centros de atención hospitalaria y el caso de Belén de Bajirá, cuya pertenencia al Chocó se comprometió a defender el Ejecutivo ante el Congreso de la República. La redacción de uno o varios Conpes parece ser la única vía para asegurar la credibilidad y el cumplimiento del Gobierno.

 

El pasado domingo abrieron sus puertas almacenes y tiendas en Quibdó, capital chocoana. Habían estado cerradas desde el miércoles 17 de agosto, cuando inició el PC que ha logrado movilizar a parte importante de la población del departamento. Los chocoanos salieron masivamente a las calles en busca del aprovisionamiento necesario para seguir con el paro indefinido, decretado para exigir al Gobierno el mejoramiento de las pésimas condiciones económicas, sociales, de infraestructura y servicios públicos que viven desde hace décadas (Consultar, Lanzado paro indefinido en el Chocó: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29526-lanzado-el-paro-civico-indefinido-en-el-choco.html ).

Los alimentos y productos adquiridos fueron insumos necesarios para la gran jornada de movilización que sobrevino el pasado lunes 22 de agosto. Denominado día D, el lunes trajo consigo una movilización masiva de más de 70.000 personas que se volcaron una vez más sobre las calles de Quibdó para manifestar su descontento y expresar que antes que desanimarse, permanecían en pie de lucha ante la actitud dilatoria con la cual el Gobierno estaba manejando la situación. Ese día no ‘volaron’ las piedras, no se registraron mayores incidentes de alteración del orden público, las calles del Chocó fueron tapizadas con arengas, música y representaciones dramáticas que acompasaron la protesta.

Al tiempo que esto sucedía, medios de comunicación informaban que había sido pactado un preacuerdo con el Gobierno para levantar el PC. Desinformaban una vez más, pues esto solo sucedería horas después . Tal “preacuerdo” no era más que el ofrecimiento por parte de un grupo de funcionarios, de una serie de medidas basadas en las exigencias de los líderes del paro, muy cierto, pero hecha en una mesa de trabajo que contaba con la presencia del Gobernador del Chocó, de dos representantes a la Cámara por el departamento, sin contar con la presencia de delegados del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, principal organización de esta protesta.

Ante la molestia generada entre los manifestantes y voceros, por las propuestas surgidas de la mesa de trabajo entablada entre los días sábado 20 y domingo 21 de agosto, el viceministro del interior Guillermo Rivero, quien ha liderado por cuenta del Estado la mesa de negociación se refirió : “Lo que hicimos entre sábado y domingo fue afinar las respuestas del Gobierno, obtener la información más detallada posible de cada uno de los temas que están contenidos en el pliego de peticiones, para poder venir y ofrecer respuestas concretas y bien estudiadas".

No hay humo blanco aún

El Chocó completa, al momento de escribir esta nota –martes 23 de agosto– su séptimo día de movilización, y hasta el momento las negociaciones no han conducido a un acuerdo entre el Gobierno y los líderes y voceros del paro. Por el contrario, el Gobierno entabló una mesa paralela con la que prefabricó unos acuerdos para llevar, a través de sus delegados, como oferta a las organizaciones que lideran la movilización en el territorio.

Olvidó la delegación gubernamental que quien convocó la jornada de movilización no fue ni el gobernador, ni los representantes a la cámara, sino una serie de organizaciones sociales con la cuales de manera paradójica, no se había sostenido un diálogo fluido y serio desde fines de la semana anterior, y con las que había que sentarse a elaborar la propuesta. Otra muestra de que el Gobierno, al igual que en el paro de los camioneros  http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html  y el paro de los maestros del Cauca http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html , sigue conservando su amañado estilo de negociación antes que sentarse a la mesa directamente con los actores y llegar a acuerdos serios, definitivos, que pongan fin a las situaciones que las generan.

Las negociaciones en Quibdó, entre la delegación gubernamental liderada por el viceministro Rivero y lideres del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, continuaron el día lunes y prosiguen hoy martes. El documento de “preacuerdo” (Ver recuadro 1) construido entre la delegación oficial y dignatarios del departamento en el Palacio de Nariño ha sido, a pesar de la manera como fue construido, el insumo de discusión sobre el que se han logrado algunos acuerdos provisionales.

El gobierno se comprometió a girar 720 mil millones de pesos al departamento para la culminación de los 70 kilómetros faltantes a las vías Quibdó/Medellín y Quibdó/Pereira. Dicho compromiso contempla que estos recursos sean asegurados a través de un documento Conpes que será elaborado por el gobierno nacional como hoja de ruta para la finalización de estas obras reclamadas por el Chocó en movilización. También se logró un acuerdo provisional para que el Estado sane fiscalmente al Hospital San Francisco de Asís, asumiendo un pasivo del orden de 37.000 millones de pesos, además de construir un hospital de tercer nivel en Quibdó, y tres de segundo nivel en otros lugares del departamento. En otro de los acuerdos importantes, el Gobierno se comprometió a defender ante el Congreso de la República la pertenencia del Chocó de Belén de Bajirá municipio en disputa con Antioquia.

El resto de las reivindicaciones que brindan gasolina a este paro continúan en debate entre el Gobierno y los líderes locales en Quibdó.

Para precisar este particualr, hacía las cinco de la tarde de este martes 23 de agosto desdeabajo logró establecer contacto con Feliciano Moreno, integrante del Foro Interectnico de Solidaridad Chocó, vocero autorizado, que nos concedió la siguiente entrevista:

desdeabajo (da). ¿El Paro Cívico continua?

Feliciano Moreno (FM). Hasta el momento hemos avanzado en un 80 por ciento en las mesas, en el abordaje de las diez mesas que nosotros tenemos constituidas como comité del Paro Cívico. Se ha llegado a unos preacuerdos, pero todavía no se ha definido si el paro continúa o no. Estos preacuerdos tienen que ser llevados a la mesa de la asamblea del comité (máxima instancia) para que en pleno sea tomada la decisión. En ese orden de ideas, el paro sigue, hay muy buenas perspectivas de avanzar en la negociación, pero hasta el momento estamos en el proceso de terminar las diez mesas.

(da). ¿Cuál ha sido la posición del gobierno en esta negociación? ¿Han mostrado voluntad reciente de llegar a un acuerdo?

(FM). Pienso que después de esa marcha del lunes, donde salieron más de 50.000 personas a las calles, el Gobierno se dio cuenta de que no era capricho de un comité ni de unos poquitos chocoanos, sino del Chocó todo, y eso llevó a que fuera mucho más sensible, mucho más asequible. Al principio habían dicho que no. Eso ha permitido que hayan tenido más apertura y allí vamos avanzando.

(da). ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para llegar a los acuerdos restantes?

(FM). Si las cosas siguen como van, y el informe de los voceros de las comisiones esta noche son acordes a la perspectiva que tiene la población chocoana, y el comité en pleno dice que está satisfecho con la negociación que hicieron sus voceros, inmediatamente se procede a levantar el paro. Esperemos que las cosas sigan como van; pienso que de pronto esto permite que lo más rápido posible pueda levantarse el paro.

Si todo continúa como va, esta noche se tiene que dar un informe de los voceros y no sabemos al final cuál será la determinación de la votación. Sería irresponsable en decir que hoy en la noche, mañana en la mañana, porque como te digo las comisiones son diez y no nos hemos escuchado entre todas las comisiones, entonces nos tenemos que escuchar entre todas. En unas se puede haber avanzado y en otras no.

(da). ¿Qué o cómo se garantizará que en esta oportunidad el Gobierno, a diferencia de otras oportunidades en el Chocó, cumpla con lo pactado?

(FM). Pienso que los chocoanos nos hemos preparado para generar el mecanismo para que cumplan lo que prometen. Por eso ha sido muy ardua la negociación, porque se está tratando que los compromisos se cumplan, y no dilatar los compromisos. Vamos a tratar de tener unos garantes que nos puedan ofrecer la oportunidad de que esas cosas se vean reflejadas y, bueno, hay la posibilidad de una veeduría ciudadana independiente, donde todas las personas tengan la facultad y facilidad de acceder a las cosas que se logren. Vamos a generar los mecanismos para que el Gobierno cumpla y que lo firmado se vea reflejado.

(da). ¿Cómo evalúa la participación de la ciudadanía chocoana frente a la movilización?

(FM). Ustedes han visto por los medios, la mejor respuesta del pueblo frente a todo esto es la masa, la salida a la protesta. Hay una credibilidad del pueblo frente a su Comité, y el pueblo ha respondido. No es fácil que en menos de dos meses, entre el 20 de julio y el 22 de agosto, en un mes y dos días se logre movilizar, en una primera oportunidad casi 40.000 y el día lunes casi 70.000 personas. Entonces, esto significa que el pueblo le está respondiendo a las iniciativas del comité y además el comité es consciente que las luchas son justas, que es un Gobierno que históricamente le ha dado migajas al Chocó, y pienso que es el momento de pedir cosas que puedan por lo menos reivindicar y generar impacto entre la población chocoana, que es una población pacífica. Pienso que el pueblo ha sido determinante, inclusive para que el Gobierno pueda ceder a las peticiones presentadas.

(da). ¿Cuáles son los aprendizajes de este proceso de movilización?

(FM). El aprendizaje es que cuando el pueblo se une, no hay quien lo detenga, y cuando el pueblo se une en una causa justa, mucho menos hay quien lo pueda echar para atrás. Está demostrado que el departamento del Chocó, desafortunadamente para obtener cosas, tiene que movilizarse, afortunadamente son movilizaciones pacíficas que no dejan nada que lamentar por ahora; cuando el pueblo se une logra las cosas.

 

(Recuadro 1)
Documento de trabajo creado entre comisión Gubernamental y delegados políticos del departamento entre el sábado 20 y domingo 21 de agosto del presente año.

firmas

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Martes, 09 Agosto 2016 06:35

El mito ecológico del coche eléctrico

El mito ecológico del coche eléctrico

Los automóviles abastecidos por energía eléctrica distan mucho de ser una alternativa verdaderamente respetuosa con el medio ambiente a corto plazo.

 

El coche eléctrico está llamado a ser el sustituto ecológico del automóvil tradicional. Pero el reemplazo del parque móvil de vehículos de combustión por unidades con motor eléctrico dista de ser una realidad cercana por sus limitaciones técnicas. Asimismo, el debate acerca de si este tipo de vehículos pueden ser considerados completamente ecológicos está servido.
En 2010, la Unión Europea planteó como objetivo para 2020 que el 10% del parque automovilístico europeo fuera eléctrico. Sin embargo, ese escenario, así como el que plantean el coche eléctrico como alternativa real y ecológica del automóvil tradicional, queda todavía muy lejanos.


La implementación del coche eléctrico en España es aún escasa. En 2015, se matricularon 1,03 millones de vehículos nuevos, de los cuales, tan solo 2.342 eran puramente eléctricos. Si sumamos los automóviles con motor híbrido, con un total de 19.231 unidades vendidas, observamos que eléctricos e híbridos suponen un discreto 2% del total de vehículos matriculados en 2015.


Una presencia limitada


“El coche eléctrico es más una promesa que una realidad. Hay muchas expectativas, pero prácticamente no se venden coches puramente eléctricos en España”, afirma Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción. Las razones detrás de la presencia tan discreta de este tipo de vehículos en España tienen que ver con sus limitaciones técnicas, que les impide sustituir por completo al automóvil tradicional, además de su elevado precio.


Algunos fabricantes como Renault o BMW tratan de impulsar la creación de puntos de recarga en las ciudades. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer. En Madrid la gestión de los puntos de recarga en la vía pública está en manos de dos empresas privadas, IBIL y GIC, tras la firma de un convenio en 2014 que incluía al Ayuntamiento, a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y a estas dos empresas.


Luis Pérez, experto en transporte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hace hincapié en la escasa autonomía que posee el coche eléctrico: “Los que más autonomía tienen, como mucho, alcanzan los 200 kilómetros. Además, no todo el mundo tiene un garaje con un punto de recarga”. Es necesario añadir que una recarga completa suele oscilar entre las cinco y las ocho horas, lo que también condiciona el uso y disfrute de estos vehículos.


De esta forma, la presencia de automóviles eléctricos se ve reducida a las ciudades. Tal y como apunta el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, “el coche eléctrico, por su problema de autonomía, no puede sustituir al coche tradicional, sino que lo complementa”. El otro gran inconveniente que tienen los automóviles eléctricos es su precio. “Uno de sus principales hándicaps es que no todo el mundo tiene 30.000 euros para gastarse en un segundo coche”, asevera Segura.


En los países nórdicos, los gobiernos apuestan de manera muy clara por este tipo de vehículos. Entre otros factores, gracias a las ayudas gubernamentales, en Noruega un 5% del parque automovilístico es eléctrico. En Dinamarca, por ejemplo, Pérez afirma que es habitual ver coches de la marca Tesla en las ciudades danesas, un fabricante de automóviles eléctricos de gama alta. El precio de mercado en España del Tesla Model S, la unidad más asequible de este fabricante, no baja de 60.000 euros.


“En Dinamarca, los coches no eléctricos tienen unos impuestos a la compra que alcanzan el 100%, es decir, un automóvil tradicional cuesta el doble allí que en nuestro país. En cambio, los eléctricos no tienen esos impuestos, lo que favorece mucho su venta. En España, tenemos algunas ayudas a su compra, pero no compensan”, sentencia Pérez.


El debate en torno a la energía


Segura indica que las baterías más eficientes para este tipo de vehículos, así como las más comunes, son las de ion-litio. No obstante, el litio es un material relativamente escaso, de modo que si el objetivo es alcanzar en el futuro una mayoría de coches eléctricos en el mundo, duda seriamente de que exista la cantidad suficiente de ese material para lograr dicha meta.


Este tipo de baterías, además, “son residuos tóxicos y peligrosos, y en casi todos los países del mundo no son tratados debidamente, terminan en cualquier tipo de vertederos sin el control apropiado, generando contaminantes, sin el tratamiento adecuado”, lo que matiza la concepción del coche eléctrico como medio de transporte ecológico.


El planteamiento del coche eléctrico como alternativa de transporte completamente respetuosa con el medio ambiente está sometido a un fuerte debate. Pérez matiza que “en la ciudad, sí es una solución ecológica. La electricidad proviene de distintas fuentes y, en España, una buena parte de la energía eléctrica proviene de centrales térmicas de carbón que, en efecto, contaminan, pero no contaminan en la ciudad, sino allá donde estén”.


En este debate, Segura va un paso más allá. “No lo es en absoluto. Es un cuento que nos están vendiendo que no tiene ni pies ni cabeza. Quiero decir, los coches eléctricos tienen algunos efectos ambientales positivos, como puede ser el hecho de que en las ciudades no emiten algunos contaminantes que dan problemas en la ciudad, como el dióxido de nitrógeno, pero la producción de electricidad no es inocua, ni mucho menos”.


Para evaluar si el coche eléctrico es realmente una solución ecológica, es necesario evaluar cómo producimos la energía eléctrica. Red Eléctrica de España recoge en su informe del sistema eléctrico español de 2015 que el total de electricidad generado mediante energías renovables está en un 36,9%.


El coordinador estatal de Ecologistas en Acción continúa con este argumento bajo la evidencia de las fallas asociadas a las energías no renovables. “Si la produces en centrales nucleares, todos sabemos el problema que hay ligado a los residuos radiactivos. Si la produces en centrales térmicas, las emisiones de un coche eléctrico, haciendo un balance completo de todo el ciclo, pueden ser peores que las de un modelo muy eficiente de gasolina, sobre todo si el mix eléctrico está basado en energías no renovables”.


Segura también evidencia el impacto al medio ambiente que viene asociado a la producción de cada coche. Fabricantes como Toyota calculan que cerca de la cuarta parte de la energía total gastada por un vehículo en su vida útil es la que se emplea para fabricarlo. De este modo, concluye, la sustitución del parque móvil por automóviles eléctricos no es planteable como una solución a corto plazo que resulte significativamete benficiosa para el planeta.


Transporte público y car sharing


Algunas voces plantean que la solución más idónea a este debate no pasa por la sustitución del automóvil de combustión por otro tipo de coche, sino que es más cercana a la racionalización de los usos del transporte. Una de las maneras más eficaces para lograr ese objetivo es el transporte público, en el que además ya existen alternativas eléctricas, como el Metro, tren de Cercanías, o algunos autobuses con motor híbrido.


Otra opción es el car sharing. “El alquiler de coches compartidos por uso es una alternativa interesante, pues satisfacen necesidades concretas, como puede ser transportar algún bulto o llevar a una persona al hospital, usos perfectamente razonables del transporte privado. En el área metropolitana podemos canalizar los usos del automóvil al coche eléctrico, pero siempre tratando de limitar su utilización general y actual”, sentencia Segura.

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¿Está el Estado del Bienestar muerto? Crítica a Yanis Varoufakis

Siempre leo con gran interés los escritos de Yanis Varoufakis. Y frecuentemente cuelgo en mi blog sus entrevistas o conferencias que me llegan, tanto aquellas con las que estoy de acuerdo como aquellas con las que estoy en desacuerdo. Naturalmente que coincido con sus críticas a la Troika y al comportamiento del Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Eurozona), y muy en especial en el caso griego, aunque en este último caso difiero respecto a algún componente de su crítica y de las conclusiones a las que llega en base a tal crítica, como consta en el artículo escrito hace ya casi un año en Público (“Crítica amistosa a Varoufakis y a sectores de las izquierdas sobre lo ocurrido en Grecia”, 19.10.15). Saludo también el establecimiento de un movimiento europeo que él ha fundado, y que ahora lidera, cuyo objetivo es la democratización de la gobernanza de Europa, gobernanza carente hoy de las más mínimas reglas de convivencia democrática, aunque ahí tenga yo también algunas diferencias con él. Tales diferencias alcanzan su máximo nivel cuando en una conferencia reciente, que detallaré más tarde en el artículo, ha hecho la acusación de que los Estado del Bienestar en los países capitalistas desarrollados están ya muertos, junto con los partidos socialdemócratas que los establecieron, proponiendo en su lugar que se establezca la Renta Básica Universal (RBU), de la que es uno de los máximos promotores. No hay duda de que la socialdemocracia en Europa está en declive. Pero asumir que el Estado del Bienestar está también muerto me parece un gran error. En ambas “muertes” Varoufakis atribuye tal situación a que los Estados-nación ya no pintan nada, pues han perdido toda soberanía. Y ahí está la raíz de nuestro desacuerdo.

 

¿Ha muerto el Estado-nación?

 

Creo que una de las raíces de este desacuerdo es su visión de los Estados-nación, a los que considera carentes de poder y capacidad de decisión, especialmente aquellos que forman parte de la Eurozona. Así, en un interesante libro publicado en 2016, Un plan para Europa, de Icaria Editorial (escrito conjuntamente con Gerardo Pisarello –una de las mentes más claras en el movimiento progresista catalán–, con cuyas tesis estoy totalmente de acuerdo), Varoufakis, en la parte del libro en la que expone sus tesis en forma de entrevista, indica que los Estados-nación han perdido toda su soberanía, habiéndose convertido en parte del problema en lugar de la solución. Así, señala que los gobiernos hoy “transmiten a los parlamentos lo que queda decidido a nivel del Eurogrupo (o de la Cámara Europea o del Consejo Europeo) y los parlamentos solo están para que se les ordene lo que deben hacer” (p. 66).

 

Ni que decir tiene que la pertenencia de España al Eurogrupo establece unas limitaciones graves en cuanto a lo que el Estado español puede hacer o dejar de hacer. Pero encuentro su posición extrema (aunque comprensible por su experiencia en el caso de Grecia), pues los Estados-nación continúan jugando un papel clave. El Estado alemán, por ejemplo, juega un papel determinante y dominante entre los Estados-nación de la Eurozona. Y la relación inter-Estados juega también una labor esencial. La supeditación y docilidad del gobierno Rajoy hacia el gobierno alemán se expresa en su interdependencia con las políticas realizadas por tales Estados.

 

Lo que parece olvidarse con excesiva frecuencia es que los Estados continúan reproduciendo las relaciones de poder existentes en un país, incluyendo las relaciones de poder de clase social. Es importante recuperar las categorías analíticas que han desaparecido en gran parte de los estudios de lo que está ocurriendo en la Eurozona. Las clases sociales y el conflicto entre ellas, dentro de cada Estado, son esenciales para entender el comportamiento de tales Estados. Las ausencias de estas variables en los análisis de Varoufakis limitan su comprensión de la supuesta pérdida de soberanía de los Estados. Hay que concienciarse de que la burguesía española, por ejemplo, tiene más cosas en común, en cuanto a sus intereses, con la burguesía alemana, que con las clases populares españolas. De ahí que el Estado español, hoy instrumentalizado por la burguesía española, esté aplicando políticas auténticamente reaccionarias bajo el argumento de que no tiene libertad para llevar a cabo otras (como Varoufakis parece creer), cuando es obvio que sí que hay políticas alternativas. En España, por ejemplo, el presidente socialista Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, a fin de corregir el déficit del Estado, cuando podría haber conseguido muchos más revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones (2.552 millones) o manteniendo el de patrimonio (2.100 millones). Y el presidente conservador Rajoy podría haberse evitado recortar 6.000 millones de euros de la sanidad pública revirtiendo la bajada del impuesto de sociedades de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y que representan solo el 0,12% de todas las empresas. El Estado siempre aplica políticas de clase, y el tema fundamental es de qué clase social. No es cierto, pues, que el Estado-nación no pueda hacer nada. Decir que los Estados-nación no pueden hacer nada es darle la razón a Zapatero o a Rajoy cuando dicen que no hay otras políticas públicas posibles. ¡Sí que las hay! ¡Hay alternativas a las políticas de austeridad! El gran problema de Grecia es, como subrayé en el artículo citado anteriormente, que era un Estado pequeño y fallido, que lo hizo enormemente vulnerable a las presiones del Estado alemán. Y además de ser un Estado muy débil, estaba muy solo. Pero hoy ya hay un número creciente de Estados, con mayor peso, que pueden variar estas políticas. Y parte de la solución serían las alianzas entre Estados en contra de estas políticas, que no ocurrirán a no ser que cambien las relaciones de poder dentro de cada Estado.

 

La externalización de responsabilidades como justificación de las políticas impopulares

 

Pero existe otro punto de desacuerdo con Varoufakis, relacionado con el desacuerdo anterior. El ningunear al Estado-nación lleva a abandonar una lucha a nivel de dicho Estado-nación, creando un vacío que lo están aprovechando movimientos nacionalistas de ultraderecha, algunos de claro carácter fascista y/o nazi. Hoy, como el mismo Varoufakis ha acentuado, uno de los mayores peligros existentes en la Unión Europea es la eclosión de movimientos nacionalistas de ultraderecha en cada uno de sus países. Y una de las causas de que ello esté ocurriendo es precisamente la desatención que las izquierdas han dado a algunos de los temas más movilizadores entre las clases populares, que solían ser la base de su apoyo electoral. No solo los partidos conservadores y liberales, sino también los partidos socialdemócratas, por ejemplo, justifican las políticas de austeridad y las reformas reaccionarias de los mercados de trabajo bajo el argumento de que son las únicas posibles, pues otras son de imposible aplicación debido a la globalización, o a la integración europea, o a cualquier factor externo. La externalización de responsabilidades es la medida más común hoy utilizada por los gobiernos de sensibilidad liberal o socioliberal (que son la mayoría). Admiten que sus políticas son impopulares pero subrayan que son las que exigen Bruselas o Frankfurt. Y aquí en Catalunya, el gobierno de derechas catalán indica que la culpa es de Madrid. No es extraño, pues, que veamos hoy votantes del Partido Comunista votar a partidos de ultraderecha.

 

Los cinturones rojos de las grandes ciudades en Francia que votaban al PCF han pasado a votar a Le Pen. Pero esto no solo ocurre en el país galo, pues una de las causas de esta situación es precisamente el auge del nacionalismo en muchos países de la Unión Europea, es decir, el incremento del sentido identitario nacional frente al establishment político-mediático que gobierna la Eurozona, que es percibido como el responsable de la pérdida de identidad y poder de decisión conocido como soberanía nacional, cedida a dicho establishment europeo por las clases dominantes de cada país, que consiguen el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el descenso salarial a través de aquel establishment europeo, lo que no podían conseguir a nivel estatal.

 

La supuesta muerte de la socialdemocracia y de su Estado del Bienestar

 

De esta percepción del Estado-nación como carente de capacidad de decisión, Varoufakis concluye que la socialdemocracia y el Estado del Bienestar que creó están muertos y sin capacidad de reacción. Permítanme que resuma su último discurso (que incluyo en este enlace) sobre este tema. Comienza haciendo aseveraciones que, tanto en su tono como en su contenido, pueden considerarse provocadoras (lo cual parece ser de su agrado, pues le gusta hacerlo con gran frecuencia). La primera es la de afirmar que las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia occidental (o el New Deal en EEUU) son demodé, es decir, no tienen futuro, pues son políticas insostenibles. De ahí que señale que “la socialdemocracia está muerta”. La segunda provocación (que se deriva de la anterior) es su afirmación de que “el Estado del Bienestar está (también) muerto”, ya que las transferencias públicas y los servicios públicos del Estado del Bienestar no pueden financiarse y mantenerse, pues al estar financiados con las rentas del trabajo (es decir, con las cotizaciones sociales derivadas del salario) y su financiación depender de la existencia de puestos de trabajo, ello determina que la desaparición de un número significativo de tales puestos de trabajo (como resultado de la revolución digital, incluyendo intervenciones tecnológicas, como la robótica, que está causando la destrucción masiva de gran parte de los puestos de trabajo), haga insostenible tal Estado del Bienestar. Esta destrucción de los generadores de los fondos con los cuales sostener tales transferencias y servicios públicos es la causa de que el Estado del Bienestar no tenga futuro, pues no puede financiarse. De ahí la necesidad de responder a la enorme crisis social que se ha ido desarrollando en estos años de recesión (que alcanza niveles de depresión en los países del sur de Europa como España, Grecia y Portugal) a través de la Renta Básica Universal, que es la distribución de una renta básica por parte del Estado a todos los ciudadanos y residentes de un país.

 

Las consecuencias de la financiarización de la economía

 

Otra razón que –según Varoufakis- justifica el establecimiento de la RBU es la financiarización de la economía en el capitalismo actual. Durante estos años hemos estado viendo la expansión del sector financiero a costa de la economía productiva, lo cual complica todavía más la sostenibilidad del Estado del Bienestar, pues al disminuir la economía productiva disminuye también la fuerza laboral, que es la que financia el Estado del Bienestar. Según Varoufakis, la actividad financiera está, pues, sustituyendo a la producción de bienes y al consumo, sujetos de la economía real o productiva, y con ello a los puestos de trabajo y a los trabajadores, dificultando todavía más la financiación del Estado del Bienestar, basada –como se ha señalado antes- en la gravación de las rentas del trabajo. En EEUU, esta transformación del capitalismo aparece en el traslado del centro de poder de Chicago (centro manufacturero) a Wall Street (centro financiero). Esta financiarización de la economía determina que al disminuir el trabajo disponible, también disminuye la demanda, causa del decrecimiento económico que conocemos como la Gran Recesión.

 

La solución a esta gran crisis social y económica es –de nuevo, según Varoufakis- gravar a las rentas superiores (derivadas en gran parte de la gran expansión del sector financiero), distribuyendo los ingresos públicos obtenidos a partir de esta medida a todos los ciudadanos y residentes, asignando a cada persona la misma cantidad, una renta básica que permita a la persona vivir con dignidad.

 

La aplicación de esta medida tendría –según él- varias consecuencias. Una sería la de eliminar la pobreza y reducir las desigualdades sociales. Otra, la de incentivar la demanda (pues las clases populares consumen más que ahorran, ya que tienen una gran cantidad de necesidades insatisfechas, mientras que las clases más pudientes ahorran más que consumen). Y una tercera consecuencia, de gran importancia también, sería el empoderamiento de la población trabajadora, pues la RBU la haría más resistente frente a las demandas de los empleadores, ya que sus necesidades mínimas estarían ya cubiertas. Hasta aquí el resumen de su argumentación a favor de la RBU.

 

¿Cuáles son los problemas de esta argumentación?

 

Antes de comenzar la crítica debo subrayar que hay elementos de este análisis, como la creciente financiarización de la economía, con los que estoy totalmente de acuerdo. Pero con otros no. Y uno de ellos consiste en sus observaciones sobre lo que él considera los límites y la imposibilidad de desarrollar políticas socialdemócratas, así como políticas de expansión del Estado del Bienestar, a los dos lados del Atlántico Norte. Esta tesis está basada, en parte, en la pérdida de soberanía de los Estados, y, en parte, en su criterio (erróneo a mi manera de ver) para definir socialdemocracia y Estado del Bienestar. Me explicaré, comenzando con la discusión de los supuestos límites de la socialdemocracia. Pero para ello es necesario señalar que el gran fracaso de los partidos socialdemócratas (que, recordemos, estaban enraizados en el mundo del trabajo en su objetivo de establecer el socialismo) no se debe a la socialdemocracia en sí, sino más bien lo contrario, es decir, a su abandono. Es una realidad bien documentada que a partir de Blair & Co. (aunque algunos podrían indicar que se había iniciado ya con Mitterrand) hubo un claro abandono del proyecto socialdemócrata.

 

El socialismo era y continúa siendo el proyecto de establecer una sociedad cuyo objetivo es distribuir los recursos según la necesidad de los ciudadanos, financiados según la habilidad y capacidad de cada ciudadano, siendo necesidad, habilidad y capacidad definidas democráticamente. Este objetivo continúa siendo vigente y aplicable. Casi el 78% de la ciudadanía de los países de la UE está de acuerdo con el principio de que “a cada uno según su necesidad, y de cada uno según su habilidad y capacidad”. Y estamos viendo a los dos lados del Atlántico Norte la aparición de movimientos político-sociales, como el movimiento liderado por el candidato Sanders en EEUU, y los movimientos contestatarios en Europa, como Unidos Podemos, que están adquiriendo gran importancia, y que están comprometidos claramente con este principio socialista, a alcanzar a través de la vía democrática, proponiendo políticas públicas que solían identificarse con la socialdemocracia antes de que esta dejara de serlo.

 

El Estado del Bienestar que describe Varoufakis es el cristianodemócrata, no el socialista

 

Varoufakis parece desconocer que hay varios tipos de Estados del Bienestar. Y el que describe no es el Estado del Bienestar enraizado en la tradición socialdemócrata. Bismarck fue el fundador del Estado del Bienestar que Varoufakis describe y define erróneamente como “el Estado del Bienestar”. En este Estado del Bienestar, el de Bismarck, la financiación corre a cargo de las cotizaciones sociales basadas en el mercado del trabajo. Es este Estado del Bienestar cuya sostenibilidad depende de la situación del mercado de trabajo. Y el deterioro de este mercado de trabajo crea un problema de sostenibilidad grave, como estamos viendo hoy en España.

 

Pero en los países escandinavos del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, donde el mundo del trabajo históricamente ha sido fuerte, la financiación de la mayoría de transferencias y servicios del Estado del Bienestar no viene de las cotizaciones sociales basadas en el mercado de trabajo, sino de los fondos generales del Estado, y por lo tanto de la voluntad popular. Dependiendo del grado de influencia que los distintos actores de la sociedad (entre los cuales los más determinantes son el mundo del capital y el mundo del trabajo) tienen sobre el Estado, encontramos Estados del Bienestar bien desarrollados, y otros poco financiados. En general, a mayor influencia del mundo del capital, menores son los ingresos al Estado, y, como consecuencia, el Estado del Bienestar está menos desarrollado, tal como ocurre en el sur de Europa. Es fácil de entender que el nivel de gravamen de las rentas del capital es una variable política, es decir, que depende de las relaciones de poder en cada país. En todos los países del sur de Europa, sus Estados del Bienestar están subfinanciados, asignando el Estado a los temas sociales muchos menos recursos públicos de los que debería y podría gastar. En realidad, todos ellos tienen los recursos para financiar mejor sus Estados del Bienestar. Tienen el dinero, pero el Estado no tiene la voluntad de recogerlo. Y ahí está uno de los desacuerdos entre Varoufakis y yo. Varoufakis asume que los Estados-nación no tienen alternativas a las políticas neoliberales que se les imponen, y yo creo que sí que las tienen.

 

Que graven más o menos depende de las relaciones de poder de cada país. Asumir, como hace Varoufakis, que los Estados-nación no tienen poder de decisión, habiendo perdido toda soberanía, es, como he dicho antes, dar la razón a los gobiernos que imponen políticas de austeridad altamente impopulares, cuando las justifican diciendo que no tienen otras alternativas.

 

¿Qué soluciones hay?

 

Cualquier solución a la crisis actual pasa por un aumento de los ingresos al Estado, lo que requiere un cambio en los actores que configuran las políticas públicas de tales Estados. No creo que haya mucho desacuerdo en este punto. El desacuerdo, pues, es probable que radique no tanto en los ingresos, sino en los gastos. Y es ahí donde Varoufakis desatiende el Estado del Bienestar demasiado rápidamente. Según él, el dinero debe ir a cada ciudadano o residente, siéndole transferida la misma cantidad de dinero a cada persona, sea ciudadano o residente. Pero, ¿por qué la misma cantidad? Si el objetivo de la RBU es reducir la pobreza, es fácil mostrar que los países que han sido más exitosos en reducir la pobreza han sido aquellos países escandinavos que han seguido precisamente las políticas de tradición socialdemócrata, mediante transferencias y servicios públicos, lo cual implica también garantizar unos ingresos a cada ciudadano que le permitan una vida digna mediante la transferencia de fondos y servicios públicos que representan una cantidad superior a la que recibiría mediante la RBU.

 

Un tanto igual ocurre en cuanto a la reducción de las desigualdades. Los países que han sido más exitosos, y que han conseguido alcanzar los niveles de desigualdades más bajos en la UE y en Norteamérica, han sido aquellos que han utilizado las medidas redistributivas y han utilizado las políticas laborales y sociales para alcanzar tal fin. Si se quiere reducir la pobreza y las desigualdades, no tiene sentido dar la misma cantidad de dinero al pobre que a todos los demás. Se le debería dar más. Por otra parte, el coste de la RBU sería considerable: muy probablemente unos porcentajes del PIB de varios puntos. Añádase a esta consideración el hecho de que el déficit social de los países del sur de Europa es enorme. ¿Sería la RBU además o en lugar de la corrección de este enorme déficit social? Pedir como prioritaria la implementación de la RBU hoy en estos países es dejar de cubrir el enorme déficit social que tienen. Podría argumentarse que la RBU podría tener sentido una vez los elementos básicos del Estado del Bienestar estuvieran satisfechos. Pero en el sur de Europa distan mucho de serlo. ¿No cree Varoufakis que en estos países es mucho más urgente resolver este enorme déficit social que implementar la RBU? Esperaría que pudiéramos estar de acuerdo en ello.

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