Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche

La elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional chilena es el emergente de un largo proceso de organización y lucha de la población mapuche, que mediante diferentes estrategias, más gradualistas o más radicales, fue posicionando la cuestión de la autonomía y, más recientemente, del Estado plurinacional. Esta dinámica política constituyó una suerte de «otra transición» dentro de la Transición posdictadura.

 

Las nuevas problemáticas identitarias

Un momento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento mapuche: alrededor de las 15:20 horas del 4 de julio de 2021. Concluida la segunda ronda electoral para escoger la mesa directiva de la Convención Constitucional, la mayoría del cónclave votó a favor de Elisa Loncon para conducir, en una primera etapa, la redacción de una nueva Carta Magna para Chile. Loncon proviene de una familia vinculada a los movimientos que impulsaron las «recuperaciones de tierras» durante la Reforma Agraria en las décadas de 1960 y 1970, aunque su historia se vincula al ñidolongko Loncomil, quien resistió a las fuerzas militares de Ejército de Chile en la ribera del río Malleco junto con Kilapan, hijo de Mañilwenü, en 1860. Este episodio histórico fue denominado por la historiografía «Ocupación de la Araucanía»1

En su discurso del 4 de julio, Loncon propuso una ruta como horizonte para conformar un nuevo tipo de república que incluya la interculturalidad. La presidenta de la Convención señaló: «mandarles un saludo a los niños que nos están escuchando: se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución»2.

En paralelo, desde principios de 2021, el movimiento mapuche partidario de la autodeterminación, encabezado por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (cam), Resistencia Mapuche Lafkenche (rml), Resistencia Mapuche Malleco (rmm) y Weichán Auka Mapu [Lucha del Territorio Rebelde], impulsó una oleada de «recuperaciones de tierras», que incluyó el uso de la violencia política contra maquinarias y camiones forestales, y también el incendio de casas de agricultores y cabañas de turismo. Bajo los marcos ideológicos desarrollados por la cam, que promueve el «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», el movimiento favorable a la autodeterminación hizo uso de la violencia en el marco de lo que consideran sabotajes al capitalismo. 

Los movimientos gradualistas y rupturistas han contribuido a la acumulación de fuerzas para la «liberación nacional» del pueblo mapuche. Este último concepto, incorporado en la década de 1990 por la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras] –aunque debatido en la década anterior entre los jóvenes de la organización Ad Mapu–, creció dentro del movimiento, aunque solo se tornó hegemónica con la creación en 1998 de la cam. La cam fue un catalizador de nuevas ideas que en el plano teórico fueron debatidas por el partido mapuche Wallmapuwen y su equipo de intelectuales en la primera década del nuevo milenio3

Desde nuestro punto de vista, fue como consecuencia de la acción colectiva de la cam, más específicamente de sus estrategias de «recuperaciones de tierras» y edificación del «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», que incluye formas de acción directa como la quema de camiones y de maquinaria forestal –«símbolos del capitalismo forestal»–, que el concepto de «liberación nacional» se fue volviendo hegemónico en la discusión en el seno del pueblo mapuche. Sin embargo, en los últimos dos años, algunos hechos de violencia sobre civiles y detenciones de miembros del pueblo mapuche derivaron en hechos delictivos, que fueron criticados por los miembros del propio sector rupturista del movimiento. 

Al movimiento mapuche se unió una corriente autonomista «desde abajo», que transitó de las «recuperaciones de tierras» a las del territorio como ejercicio de poder4. Coincidió con la hegemonía del modelo neoliberal en América Latina, propiciado por dictaduras militares y gobiernos democráticos entre las décadas de 1980 y 1990. El historiador, antropólogo y sociólogo José Bengoa ha llamado este proceso «emergencia indígena en América Latina», debido a la irrupción de las identidades de los pueblos originarios, lo que favoreció la expansión de un movimiento «panindigenista» basado en una «reinvención» de la cuestión indígena que combina urbanidad y ruralidad5.

La gran revuelta indígena en América Latina transformó la situación política de los pueblos originarios y ha insertado la disputa por la historia como fundamento de sus horizontes políticos. Se trata de una suerte de «invención de la tradición» como la que han desarrollado todos los movimientos que se plantean en el marco de la reconstrucción de una nación. En el caso de la cam, lo vemos en la revalorización del weichafe [guerrero] como elemento protagónico en el movimiento rupturista, así como en la del papel de las autoridades tradicionales6

Estas últimas hacen alusión a los conductores y conductoras del pueblo mapuche: longko (cabeza jefe de una comunidad), werken (vocero), machi (autoridad sanadora). Cada comunidad tiene un longko, y el conjunto de las comunidades conforma el Wallmapu, el conjunto de la nación mapuche7. En este marco, se ha producido también una descolonización de nombres y apellidos: los nuevos nacimientos reciben nombres en mapuzungun. Esta es una muestra de lo que se conoce como «orgullo de ser mapuche», resultado del accionar del movimiento, que ha incrementado la pertenencia étnica en los últimos años8. Para los mapuche, a todos los seres y espacios de la naturaleza se les asigna un alma que armoniza con el resto de las vidas existentes en Wallmapu. Según Elicura Chihuailaf: «nuestra existencia se afirma en dos grandes normas que regulan a la gente entre sí y a la gente con el medio natural que lo rodea. Son los conceptos de Nor y Az». El primero refiere a las pautas de la relación que debe tener la gente con la naturaleza y sus componentes, mientras que el segundo apunta al reconocimiento y la determinación del origen biológico y familiar de cada mapuche. Esto último permite articular la relación de cada familia con su lugar de origen, cimiento de los Lof, que luego del proceso de reducción territorial derivaron en lo que la Ley Indígena de 1993 catalogó como «comunidades».

A efectos de comprender los recientes debates internos del pueblo mapuche, es necesario distinguir las comunidades tradicionales, que derivaron de los títulos de merced post-Ocupación de la Araucanía, de las nuevas comunidades creadas al amparo de la Ley Indígena 19.253 de 1993, que permite la asociación de personas mapuche que se postulan para la compra de tierras no exclusivamente en sus territorios originarios, lo que ha sido fuente de nuevas controversias en el seno del pueblo mapuche. Por un lado, se «recuperan» tierras, pero por el otro, se rompen las normativas del equilibrio sobre la base del Az Mapu (sistema jurídico mapuche), al insertar a personas mapuche provenientes de otras identidades territoriales en territorios a los que no pertenecen desde perspectivas cosmológicas9. Esto ya había sucedido, sobre todo durante la Ocupación de la Araucanía, cuando ciertas familias tomaron la decisión de relocalizarse debido a la violencia estatal10.

La reciente elección de la Convención Constitucional demostró la fuerza del voto mapuche en sus territorios. Sin embargo, la misma elección –parafraseando al dirigente Adolfo Millabur, quien señaló que «mapuche vota por mapuche»– demostró que es muy relevante la fuerza de los mapuche que no viven en Wallmapu, sino que habitan en las grandes ciudades fuera del territorio mapuche. Así, las cifras de población mapuche que vive fuera de Wallmapu han llevado al movimiento a pensar sobre su realidad y sus formas de construcción política. De esta forma, un sector comenzó a reflexionar sobre la plurinacionalidad o la autonomía regional como un camino plausible para desarrollar los derechos colectivos en una perspectiva de autodeterminación11. Pero también se planteó la posibilidad de un retorno al país mapuche para construir el control territorial. Con esto último creemos que se relaciona el reciente asesinato del miembro de la cam Pablo Marchant en un enfrentamiento con Carabineros de Chile durante una «recuperación de tierras» en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco12.

Los debates sobre la autodeterminación

La autonomía ha dejado de ser una moda o un reclamo aislado para los pueblos indígenas. Para Miguel González y Aracely Burguete Cal y Mayor, este concepto debe ser visto como polisémico; proponen pensar en «las autonomías» como una imagen multicolor, con variables de contenidos y significados culturalmente construidos. Este paradigma, comprendido como parte de los procesos de descolonización, puede ser planteado en el marco de una imagen más amplia: la de los derechos humanos.

Puestas en debate en la Declaración de Barbados de 1971 y luego en la legislación del Régimen de Autonomía Regional de Nicaragua con la Revolución Sandinista, las autonomías permitieron avanzar en la discusión sobre los nuevos derechos que portan los pueblos indígenas. Así, desde la década de 1980, las dirigencias fueron creando marcos políticos, jurídicos y simbólicos para avanzar hacia la libre determinación13.

Los mapuche, no ajenos a estos debates, decidieron avanzar hacia un proyecto de «carácter histórico» –como llamaron a la autodeterminación–. En palabras de José Mariman, estos nuevos postulados difieren de la reivindicación de la tierra del siglo xx; no obstante, las experiencias de las comunidades que refuerzan la concepción de autonomía fueron las «recuperaciones de tierras» bajo las reformas agrarias y los asentamientos. Para Mariman, el concepto de «autonomía» no es homogéneo, trasluce un debate interno en la «sociedad política» mapuche, que nos habla de la existencia de un discurso que pone el énfasis en lo etnocultural o en las tradiciones cuando se imagina un futuro para los mapuche14.

Ahora bien, ¿qué se entiende por autodeterminación? En 1983, en la Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche convocada por Ad Mapu, se señaló: «la Ocupación significó la interrupción del proceso de desarrollo de nuestro pueblo y el arrinconamiento de nuestra población en reducciones indígenas». En los puntos siguientes, la Asamblea se pronuncia a favor de la «autonomía y autodeterminación de nuestro pueblo en cuanto a que debemos ser gestores y protagonistas de nuestro propio proceso de desarrollo» y concluye sosteniendo los deseos de «participar en la redacción de una nueva Constitución Política que resguarde y garantice nuestros derechos y patrimonio cultural de acuerdo con nuestra identidad étnica»15. En 1985, en la revista Nütram –órgano ideológico de Ad Mapu–, se plantea: «un mapuche sin tierra no es un mapuche».

Años después, en una conversación con Ana Llao, dirigente de Ad Mapu, ella recordaba cómo se fue planteando la necesidad de una nueva Constitución que reconociera a los mapuche como sujetos de derechos16. La presión en el interior de Ad Mapu por hacer cumplir los compromisos del candidato a la Presidencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, como el reconocimiento constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la creación de una normativa de protección y fomento de la identidad, buscó concretar un compromiso de la oposición a la dictadura, en el marco de una oleada democratizadora a escala global17.

La Ley Indígena de 1993, no exenta de visiones coloniales, diseñó políticas de afirmación que permitieron un desarrollo de la población mapuche sobre la base de la inserción educativa, el apoyo económico a estudiantes, el fomento de las artes y la inserción en el sistema educativo sobre la base de políticas de afirmación identitaria. A casi 20 años de esa ley, es factible pensar que los nuevos desafíos asociados a la politización de la identidad se relacionan con dos nuevas realidades: el auge del movimiento autonomista y las políticas de afirmación. Ambos, suscritos a un modelo económico que se constituye en la desigualdad y la diferencia, han terminado por crear un marco político en el que los miembros con pertenencia étnica son incorporados bajo el neoliberalismo sin ser sujetos de derechos y con dificultades de insertarse en un modelo que se basa en la desigualdad. Esto último potenció el movimiento extrainstitucional, que fue logrando, en los primeros siete años de la transición democrática, mayor peso político18. Desde 1990, con la fundación de Aukiñ Wallmapu Ngulam, la autodeterminación continuó afirmándose como horizonte político para el pueblo mapuche. Esto puede ser visto como la «otra transición» a la democracia, ya que Aukiñ Wallmapu Ngulam reforzó la perspectiva de que fuesen las comunidades las que sustentan el proceso político mapuche y que sus liderazgos tradicionales encabezaran el proyecto de «liberación nacional» mapuche.

Desde esa perspectiva, impulsaron nuevas «recuperaciones de tierras», lo que provocó conflictos con los gobiernos de la Concertación. A su vez, los procesos de «descolonización ideológica» llevaron a los militantes a forjar alianzas con comunidades situadas en Argentina, para fortalecer y ampliar el horizonte por la autonomía y la reconstrucción de Wallmapu. Para los miembros de la organización, la reconstrucción nacional del pueblo mapuche debía ser impulsada a ambos lados de la cordillera ya que esta, antes de que se establecieran las fronteras nacionales, era el centro del antiguo país mapuche. No fue extraño que, hacia el quinto centenario de la conquista de América, el movimiento mapuche lograra desarrollar un movimiento que articulaba a distintas comunidades, autoridades tradicionales y una fuerte movilización por la tierra junto con la creación de un arsenal político e ideológico, y que esto concluyera en la gestación de un movimiento autonomista. En esa línea, en octubre de 1992, la organización presentaría la bandera de la nación mapuche: la Wenüfoye19, que se vio flamear en todo el país durante la última ola de protestas.

La articulación de lo internacional y lo nacional derivó en la discusión de lo que se denominó Estatuto de Autonomía Mapuche. Sostenida en los antiguos territorios del Lof Kallfükura en Argentina, la discusión versó en torno de la definición de la Nación Mapuche desde un punto de vista histórico, normativo, institucional, territorial y cultural. Se propició inscribir el Estatuto bajo las legislaciones internacionales que el Estado debería adoptar para que los mapuche pudiesen ejercer sus derechos colectivos. Todo ello, bajo «el ejercicio concreto del derecho a la libre determinación»20.

Estos avances políticos e ideológicos no fueron comprendidos por los gobernantes de la Concertación, que continuaron desconociendo los derechos colectivos del pueblo mapuche. La fundación de la cam fue producto del proceso de radicalización mapuche. Bajo el influjo de la insurrección zapatista en México y la experiencia de algunos de sus miembros en organizaciones armadas de la izquierda chilena, la violencia política comenzó a ser ejercida y teorizada como un aspecto del proceso de autodeterminación.

Entre sus principales aportes, la cam introdujo la perspectiva de la «descolonización ideológica». En ese ámbito, la ocupación de los territorios y el control de estos mediante lo que llama acción directa quiebra inexorablemente la institucionalidad que se desea imponer.

Las discusiones sobre la autodeterminación fueron cada vez más importantes en el seno de la comunidad política del pueblo mapuche, que continuaba construyendo elementos para forjar una subjetividad militante que el Estado nacional no tomaba en cuenta ni tampoco intentaba encauzar a través de reformas políticas. Al contrario, se inició una política de criminalización que significó abrir un espiral de violencia que no se ha detenido y que inclusive ha roto la confianza hacia cualquier intento de institucionalizar el conflicto mapuche. Lo que es más grave: un sector del movimiento autonomista no cree en los procesos de reformas constitucionales o que sea posible avanzar en los derechos colectivos a partir de la reconfiguración del Estado. La expresión de esto ha sido el reciente viaje de una comitiva de la comunidad Ignacio Queipul en Ercilla para cuestionar a los constituyentes mapuche electos por no representar los derechos colectivos, bajo la idea de que la participación mapuche en la Convención Constitucional es irresponsable e inconsecuente con la historia y el futuro del pueblo mapuche.

En paralelo, se inició una política de criminalización de los activistas de la cam, quienes fueron enjuiciados usando normativas de excepción, como la Ley por Conductas Terroristas. Esto determinó el paso de la organización a la clandestinidad, así como procesamientos por asociación ilícita terrorista. Esto último se aceleró luego de que entre 2001 y 2004 se sumaran a la cam comunidades Wenteche que combatieron a los agricultores incendiando sus casas. En ese marco, comenzó un proceso de clandestinidad de los miembros de la organización y un conflicto esencialmente político fue entregado a la fuerza pública. Es viable plantear que, en ese escenario, el multiculturalismo como respuesta al ascenso del movimiento mapuche tomó protagonismo.

Los debates sobre la plurinacionalidad

En 1996, el joven mapuche de la provincia de Arauco Adolfo Millabur Ñancul fue elegido alcalde por la comuna de Tirúa. Para ese entonces, era miembro de la Coordinadora Territorial Lafkenche y del hogar de estudiantes Pegun Dugu. Los lafkenche (gente del mar) comenzaron a idear un movimiento en defensa del mar y sus seres vivos y a pensar en formas de recuperar la tierra y crear un movimiento de reivindicación política ante el contexto de emergencia indígena, así como de la influencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam.

La provincia de Arauco fue una de las comunas que vivieron la experiencia de la reforma agraria y la violación de los derechos humanos contra quienes participaron de ella. Además, por ser sede de yacimientos de carbón importantes para el país, la formación de una clase trabajadora con conciencia en esas tierras fue un hecho que contribuyó a la politización. Todas estas variables contribuyeron a la conciencia política de jóvenes que además reflexionaron sobre el ser mapuche. 

La organización se caracterizaba por recuperar a las autoridades tradicionales como las conductoras del proceso político, aunque alejándose de una estructura vertical. «No somos un ejército –señalaba Millabur en 1999–, no andamos detrás de una sola persona, no tenemos una estructura única». Ese mismo año los lafkenche realizaron una cabalgata multitudinaria hacia Concepción para dar a conocer sus puntos de vista críticos, sobre todo frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, y señalar su vinculación política con el mar. La relación entre geografía y política reforzó en los lafkenche la noción de pensar una solución económica y política en un sentido pluriétnico. Ello debería ir acompañado de una relación armoniosa con la naturaleza y el manejo de los recursos de los espacios marítimos del territorio mapuche, ya que este no era un aspecto productivo, sino la piedra angular sobre la que se «construye la base de la identidad» de los lafkenche y, por ende, de la organización21.

Críticos del capitalismo, los lafkenche comenzaron a dotar de una perspectiva latinoamericana a sus formas de reflexión política. En 2002, un encuentro internacional en Lleu-Lleu, provincia de Arauco, los fue acercando a los debates en torno de la plurinacionalidad como vía para avanzar hacia los derechos colectivos. Al año siguiente, realizaron encuentros a escala nacional, lo que les permitió una vinculación a lo largo del país con gente mapuche que les permitió consolidar una fuerza política. En 2004, en Trawa Trawa se desarrollaron los primeros debates para formular un Proyecto de Ley de Protección del Espacio Costero haciendo uso del Convenio 169 de la oit para tales efectos. La ley, que se comprometía en la protección de la biodiversidad, se aprobó en 2007 y se promulgó al año siguiente.

En 2006, la Identidad Territorial Lafkenche (itl) realizó en Valdivia su primer congreso, que resolvió continuar luchando por formular una nueva Constitución. Cuatro años después, en el marco del triunfo de Evo Morales en Bolivia y del giro hacia la construcción de un Estado plurinacional en ese país, reafirmó su compromiso de redactar y discutir una Constitución vía Asamblea Constituyente. En 2012, tomó la decisión de construir un poder constituyente para una nueva Constitución agregando como horizonte el Itrofill Mongen [todas las vidas] para lograr un Küme Mongen [vivir en armonía y reciprocidad con todos los seres]. En este crucial debate, teniendo en consideración los ejemplos de Ecuador y Bolivia, que habían redactado para ese entonces constituciones que reconocían los derechos de la naturaleza, la autonomía y la plurinacionalidad como un nuevo marco de Estado, la itl señala en 2013 que su propósito político sería la plurinacionalidad e interculturalidad. 

En su iv Congreso en Hornopirén, en 2014, la itl plantea que todos los acuerdos evidencian la necesidad de fundamentar los derechos colectivos (autodeterminación) en la redacción de una nueva Constitución. Dos años después, se establece la necesidad de forjar alianzas con otros actores involucrados en la protección del mar y defender las normativas consolidadas por el movimiento mapuche hasta el año 2018. Un año después, se produjo el estallido social, y ante la crisis de legitimidad de la República, los mapuche llegaron con una propuesta: la construcción de un Estado plurinacional.

Para Rosa Catrileo, que es en la actualidad convencional constituyente, la plurinacionalidad es un reconocimiento más bien constitucional. De realizarse, plantea que esa declaración debe estar basada en un Estatuto de Garantía de Derechos. ¿Cuáles? «Primero reconocer al pueblo mapuche y a los pueblos originarios como sujeto de derecho, no como objeto de derecho, sujeto de derecho es que sean titulares, son titulares y lo otro es qué derecho; bueno, partamos por el básico: tierra y territorio… esa es la principal preocupación. Luego de ello materializar los derechos políticos, la autodeterminación con miras a la autonomía»22. En ese mismo sentido se suscriben las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para quien la autodeterminación continúa siendo uno de los ejes fundamentales del pueblo mapuche. No obstante, ve la plurinacionalidad como un punto intermedio para dialogar con los no indígenas, ya que desde su óptica, va a costar preparar a Chile para la plurinacionalidad, porque todas las constituciones fueron en función del Chile único, una sola nación, aun cuando existe tanta diferencia y diversidad. Eso habría calado hondo en la identidad chilena, pero también los chilenos han dicho «¡basta!» con el estallido social, lo que para la presidenta de la Convención significa que hay una decisión del pueblo de querer cambiar y hacer las cosas de otro modo. Para lograrlo, se necesita forjar «una cultura diferente» y para ello se deben introducir en el debate los conceptos plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la Madre Tierra, derechos sociales, derechos humanos fundamentales, verdad histórica.

Conclusión: ¿un camino a la domesticación de los derechos colectivos?

El 11 de agosto de 2021, la constituyente Rosa Catrileo, como parte de la subcomisión de Estructura y Funcionamiento, eliminó del Reglamento de la Convención la frase «República de Chile». Los sectores más conservadores de la Convención expresaron su molestia y sostuvieron que se debilitaba la legitimidad del proceso por ese hecho. Catrileo explicó a los críticos que aquello era justamente lo que se iba a debatir. En su óptica, «Chile es un Estado plurinacional. Los pueblos están hablando, es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos». Y agregó: «Este es un cambio de paradigma, que queremos [que] quede de manifiesto en la nueva Constitución y en la Convención, que es que aquí habemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado». Al siguiente día, reforzó su convicción: «la República de Chile para los mapuche ha sido bien invasora, no nos ha reconocido (...) y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estados». 

Al siguiente día, la abogada Amaya Álvez profundizó sobre la controversia que había generado la reacción de los sectores más conservadores de la Convención y del país. En sus palabras: «sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional (…) y una manera de apoyar la reivindicación histórica que hacían los escaños reservados». Álvez comparte que Chile se encuentra ante un cambio de paradigma: «hablar de los pueblos de Chile con la idea de una república para Chile» no le parece contradictorio23.

Las transformaciones que están llevando adelante los constituyentes mapuche ¿son la puerta para el multiculturalismo neoliberal? ¿Permitirán la consolidación de los derechos colectivos? ¿Es la violencia política el «verdadero camino» a la conquista de los derechos colectivos del pueblo mapuche? El último estudio de opinión pública del ciir daba a conocer que 88% de los encuestados compartía que la naturaleza fuese sujeta de derecho, 81% era favorable al derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios, 72% al reconocimiento de la jurisdicción indígena y 62% al reconocimiento de la libre determinación y autonomía24.

Ante las críticas que emanaron de los mapuche de la comunidad Ignacio Queipul luego de llegar a las afueras de la Convención Constitucional, solicitando ser recibidos por el vicepresidente y desconociendo la autoridad de Elisa Loncon, en una conferencia de prensa dada por los convencionales, Adolfo Millabur planteó comprender las diferencias y levantó su mano derecha:

si miran esta mano es un solo órgano pero tiene cinco partes. Un pueblo también tiene derecho a tener diferencias, pero cada parte de las diferencias cumple un rol. Ellos vinieron legítimamente a presentar su diferencia, la escuchamos, estábamos disponibles para conversar, pero no como ellos querían por las normas sanitarias, son públicas las diferencias como mapuche. Nosotros los que estamos aquí creemos que este camino de la Convención es un paso para dar una solución que todos los mapuche conscientes queremos. Ellos vienen a reclamar el territorio, nosotros también queremos lo mismo. Ellos quieren reclamar por justicia y nosotros también queremos lo mismo. La diferencia que tenemos es que creemos que por este camino institucional a través de la Convención podemos avanzar en cambiar las cosas duras de nuestro pueblo. Esa es nuestra apuesta.25

La otra fuerza del movimiento mapuche continúa en la práctica del control territorial. Las «recuperaciones de tierras» han aumentado en los últimos meses. Desde la tumba de Marchant, en un predio en recuperación, Llaitul proclamó: «la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan [lucha o guerra] y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en Wallmapu. Agregó que la participación mapuche en la Convención, como una supuesta oportunidad para refundar el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial»26

¿Qué camino es el correcto? ¿Cuál es el válido? Los constituyentes mapuche tienen hoy la legitimidad de las urnas. Si bien el número de quienes sufragaron a favor de los convencionales fue de 282.219, equivalente a 22,81% de un total de 1.239.395 habilitados para sufragar, es un número de adhesión importante para un movimiento que no confía en la institucionalidad debido a la forma de operar del Estado en las últimas décadas. Esto tiene relación, desde mi perspectiva, con la desafección hacia la democracia, que ha venido creciendo en los últimos años, y con el contexto pandémico, que hizo que muchas personas prefirieran restarse del momento político.

A modo de cierre, como me planteó Aracely Burguete Cal y Mayor en un diálogo que sostuvimos hace unos meses, es importante considerar que los pueblos originarios no buscamos un nuevo trato, sino derechos, y como tales deben quedar expresados en la nueva Constitución, «porque luego cuando uno ya los ve en el papel se hacen más pequeñitos, porque uno siempre siembra dinosaurios y al final cosecha hormigas. Entonces hay que tratar de sembrar dinosaurios aun cuando la tierra tiemble»27.

  • 1.
  1. Pairican: Toqui. Guerra y tradición en el siglo xx, Pehuen / CIIR, Santiago de Chile, 2020. Un estudio clásico sobre el tema es el de José Bengoa: Historia mapuche del siglo XIX, LOM, Santiago de Chile, 2000.
  • 2.

El discurso está disponible en www.mapuexpress.org/2021/07/05/video-discurso-inaugural-de-elisa-loncon-como-presidenta-de-la-convencion-constituyente/.

  • 3.
  1. Pairican: «Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990-1994)» en Sudhistoria No 4, 2012; Víctor Tricot y Germán Bidegain: «En busca de la representación política: el partido mapuche Wallmapuwen en Chile» en Estudios Sociológicos vol. 38 No 113, 5-8/2020.
  • 4.

Es relevante en estas reflexiones políticas el texto de Aracely Burguete Cal y Mayor: «Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina» en Miguel González, A. Burguete Cal y Pablo Ortiz-T. (coords.): La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina, Flacso Ecuador / GTZ / IWGIA / CIESAS / UNICH, Quito, 2010.

  • 5.

José Bengoa: La emergencia indígena en América Latina, FCE, Santiago de Chile, 2000.

  • 6.
  1. Pairican: «Weuwaiñ. La invención de la tradición en la rebelión del movimiento mapuche (1990-2010)» en Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante, Margarita Calfío Montalva y Herson Huinca-Piutrin (eds.): Violencias coloniales en Wajmapu, Ediciones CHM, Temuco, 2015; Eric Hobsbawm y Terence Ranger: La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2013. Sobre el concepto de «weichafe», v. Héctor Llaitul y Jorge Arrate: Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política, Ceibo, Santiago de Chile, 2012.
  • 7.

El pueblo mapuche está dividido en identidades territoriales: Lafkenche (gente del mar), Nagche (gente de tierras bajas), Wenteche (gente de tierras cercanas a las nives), Pewenche (gente de la cordillera) y Williche (gente situada al sur del río Cautín).

  • 8.
  1. Pairican: Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013, Pehuén, Santiago de Chile, 2014. Para mayores detalles, v. el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales llevado a cabo por el ciir. Entre sus distintas mediciones, da cuenta del apoyo de la sociedad chilena a las reivindicaciones de los pueblos originarios y el crecimiento de la autoidentificación indígena. V. «Estudio UC: los chilenos apoyan cada vez más las demandas indígenas» en www.elri.cl.
  • 9.

Elicura Chihuailaf: Recado confidencial a los chilenos, LOM, Santiago de Chile, 1999. V. tb. José Quidel: «La noción mapuche de che (persona)», tesis de doctorado, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas, 2020.

  • 10.
  1. Florencia Mallon: La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004.
  • 11.

Claudia Zapata y Elena Oliva: «La Segunda Reunión de Barbados y el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: horizontes compartidos entre indígenas y afrodescendientes en América Latina» en Revista de Humanidades No 39, 1-6/2019.

  • 12.
  1. Pairican: «La tumba de Pablo Marchant y la evolución de la Coordinadora Arauco-Malleco» en CNN Chile, 23/6/2021.
  • 13.
  1. Zapata y E. Oliva: ob. cit.
  • 14.
  1. Mariman: Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI, LOM, Santiago de Chile, 2012, p. 24.
  • 15.

Ad Mapu: «Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche (Resoluciones)» en Civilización, 2/1983.

  • 16.
  1. Pairican: «Ana Llao: ‘Nosotros vemos la concepción de la vida como un bien común para todos’», entrevista en AAVV: 18 de Octubre: primer borrador. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana, Quimantú, Santiago de Chile, 2020.
  • 17.

Rafael Otano: Nueva crónica de la transición, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006.

  • 18.
  1. Pairican y Rolando Álvarez: «La Nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)» en Izquierdas No 10, 8-9/2011.
  • 19.

En relación con la discusión sobre la creación de la bandera, v. «Nación mapuche reafirma su identidad» en Aukiñ, 8-9/1992, p. 3.

  • 20.

«Primer Estatuto de Autonomía» en Aukiñ No 25, 10/1995.

  • 21.
  1. Pairican: «La vía política hacia la autonomía. Una comprensión del discurso y práctica de la Identidad Territorial Lafkenche en torno a la Plurinacionalidad, 1997-2020», inédito.
  • 22.

Libertad Pinto: «Rosa Catrileo, constituyente mapuche: ‘Tierra y territorio son la principal preocupación que vamos a llevar a la Convención’» en The Clinic, 18/6/2021.

  • 23.

«Sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional» en El Mercurio, 14/8/2021.

  • 24.

CIIR: «Estudio de opinión pública: pueblos originarios y nueva Constitución», 25/8/2021, disponible en www.ciir.cl.

  • 25.

Conferencia de prensa de los constituyentes mapuche, 7/9/2021.

  • 26.

«CAM califica como ‘acto de sometimiento’ presencia de mapuche en la Convención» en El Mercurio, 16/7/2021.

  • 27.
  1. Pairican: «Aracely Burguete Cal y Mayor y los pueblos originarios: ‘El derecho madre es el de la libre determinación’», entrevista en The Clinic, 9/7/2021.
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Raúl Zibechi

 

El escritor y periodista uruguayo explicó en Valéncia los elementos fundamentales que los "pueblos y sociedades en movimiento” ponen en marcha para generar alternativas de vida digna.

 

El domingo 10 de octubre, Raúl Zibechi, periodista uruguayo, pensador y una de las referencias más importantes en el estudio de los movimientos sociales anticapitalistas de América Latina, realizó ante varias decenas de personas, el conversatorio Tiempos de Colapso en el Centro Social La Llavor de Torrent. Invitado por la Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social (Baladre), presentó lo que considera los elementos fundamentales que los “pueblos y sociedades en movimiento” ponen en marcha para generar alternativas de vida digna ante el actual colapso global.

Durante su intervención, Zibechi realizó un repaso de algunos de los movimientos autónomos más importantes en el continente americano en la actualidad, como el de la Minga indígena, popular y negra de Colombia; o los movimientos populares del Brasil, señalando alternativas y formas de operar que difieren de lo que los movimientos de izquierda y las guerrillas latinoamericanas planteaban como mecanismos de transformación en el siglo XX o incluso hasta la fecha. Zibechi, doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, prefiere referirse a “pueblos y sociedades en movimiento” en contraposición a la conceptualización occidental de “movimientos sociales” menos arraigados a formas comunitarias y al territorio.

Explicó que en la actualidad, los movimientos que superan la prueba del tiempo y son capaces de crear “otros mundos en los que se vive en dignidad”, son aquellos que trabajan al interior de sus comunidades, pero que también “se esfuerzan por abrirse a otras luchas más allá de su área de acción, para fortalecerse y seguir aprendiendo”. Un buen ejemplo sería la actual Gira por la Vida de las zapatistas por Europa. En las cuales el sujeto político son principalmente mujeres indígenas y niñas. Ya no se trata del típico varón blanco de clase media. La gira zapatista está pensada no para los grandes eventos, sino para pequeñas reuniones, íntimas, en las que los grupos de Escucha y Palabra puedan realmente conocer a las personas de la Europa de “abajo y a la izquierda”, a la “Europa Insumisa” que lucha. Lo interesante es que el neozapatismo viene realizando desde hace más de dos décadas encuentros internacionales para abrirse a otras luchas, siempre dejando claro que no son vanguardia, que no vienen a dar recetas y que de lo que se trata es que “cada quién a su modo” resista.

El uruguayo señaló que de las zapatistas de México y del movimiento de Cajamarca de Perú aprendió, a diferencia de “la propuesta tradicional de la toma del poder, que la lucha no termina nunca y que debe de crearse siempre desde abajo”. Para el estudioso, los pueblos en movimiento han clausurado la vieja táctica de la izquierda revolucionaria de tomar el poder y transformar las cosas desde arriba. En cambio, los pueblos, con la paciencia de un caracol van construyendo entre todas y todos una nueva realidad en la que el poder es dispersado. El zapatismo claramente, pero en general los pueblos en movimiento, no defienden la “lógica de la guerra” de la tradición occidental, más bien se centran en la “construcción de la vida”.

Otro de los elementos novedosos señalados por el periodista es “la fiesta, la alegría, el gozoso compartir” que forman parte importante de lo cotidiano en los nuevos movimientos alternativos y que permite, por ejemplo, sobrellevar la simple monotonía o incluso contextos de violencia muy arraigados. Se trata de lo que el zapatismo denomina la “alegre rebeldía” o cuando el movimiento feminista recuerda la épica frase de la anarquista lituana Emma Goldman “si no puedo bailar, no es mi revolución”. Las sociedades en movimiento, se organizan, cumplen su palabra, practican un fuerte compromiso ético, pero también otorgan un tiempo importante a la fiesta, al compartir.

Finalmente, el autor de Los arroyos cuando bajan (Zambra-Baladre, 2019) sobre el neozapatismo, se centró en lo que considera el corazón de las propuestas alternativas de los pueblos en movimiento. Se trata de un nuevo entendimiento de lo que es la comunidad. “Ante el colapso una nueva forma de relaciones comunitarias son necesarias”. Tradicionalmente, apuntó, “la comunidad se ha entendido como un espacio estable, una institución, en la que los hombres trabajan la tierra”. Pero explicó que este sentido ha sido trascendido en la práctica incorporando nuevas propuestas, como las del movimiento feminista “centradas en los vínculos relacionales, la participación real de las mujeres, los cuidados, la medicina local y la educación”. Señaló que los nuevos movimientos han de comportarse como “arcas que sirvan para substituir el diluvio”. Es decir, los pueblos en movimiento han generado una nueva cultura política, basada en la confianza de los vínculos sociales, que nos pueden servir de faro y concluyó a este respecto que “somos nosotras, los colectivos, los pueblos, las que tenemos la posibilidad de reconstruir la sociedad en colapso”.

Al terminar la ponencia, las y los asistentes se reunieron en pequeños grupos para pensar entre todas en estrategias para fortalecer las alternativas ante el colapso global. Una de las reflexiones que más afloraron fue la necesidad de los cuidados y la fiesta al interior de los movimientos. Se evidenció que las “militancias, cuyo nombre ya nos dice mucho” muchas veces repiten esquemas capitalistas, dejando la relación comunitaria para otros espacios. Por último, las y los asistentes unieron sus manos formando un caracol humano, para pasar finalmente a compartir una paella preparada por las organizadoras del evento.

13 oct 2021 18:43

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La multiplicación de los gobiernos autónomos

El pueblo shipibo-konibo de Perú ha formado su propio gobierno autónomo y llama al gobierno de Pedro Castillo a que lo reconozca oficialmente, como señala una carta abierta publicada el 16 de setiembre.

El Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshicox) de la Amazonía peruana informó sobre el Gobierno Autónomo del Pueblo Shipibo-Konibo y exige reconocimiento “al mismo nivel político y administrativo que los gobiernos regionales”. Las propuestas que detallan en su carta son “resultados de acuerdos políticos con nuestras bases y son parte de la plataforma de negociación de los pueblos indígenas en su relación con el Estado y que han sido continuamente postergados”.

Exigen además que se reconozcan “nuestros propios órganos representativos que funcionan como instancias de deliberación política”, así como las normas jurídicas creadas por las comunidades y nuestro territorio integral como nacionalidad indígena y no a nivel comunal”.

Estos puntos son centrales porque la legislación peruana reconoce las comunidades y hasta los territorios de los pueblos, pero no así las naciones y las formas de autogobierno a escala supra comunitaria.

Aseguran que las guardas indígenas que han formado son la versión amazónica de las rondas campesinas, surgidas hace medio siglo en la sierra andina para la defensa de las comunidades campesinas, y destacan que esas guardias de autodefensa hoy son más necesarias que nunca para “proteger la Amazonía de invasiones de traficantes de tierras, deforestación y otras actividades como las explotaciones mineras e hidrocarburíferas” que violan las autonomías.

Las comunidades Shipibo-Konibo están asentadas en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco y abarcan una población de casi 33 mil habitantes, siendo uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana.

El pueblo Shipibo demanda el reconocimiento de 2,4 millones de hectáreas, está asentado de forma dispersa y no continua como suele suceder con los pueblos amazónicos (https://www.coshikox.pe/). Cuenta con un sistema propio de comunicación a través de informativos diarios de radio, con programas económicos de cooperativas de banano y de productos orgánicos y crearon un Banco Shipibo que ha realizado préstamos a más de 300 artesanas para que puedan mejorar su producción.

Los emprendimientos económicos tienen por objetivo “soportar el proceso político de independencia y autogobierno a través de acciones económicas basadas sobre el apoyo mutuo entre productores”, según señala su página. Se puedan ver algunos videos para comprender mejor el entorno de los pueblos que ahora se proclaman gobiernos autónomos, como “Canaán: la tierra prometida” (https://www.youtube.com/watch?v=PPkTP-HV_IE&t=72s) y “Uchunya” (https://www.youtube.com/watch?v=RqAOMBeux6A), que permiten acercarse a realidades, identidades y culturas de los pueblos amazónicos, que enarbolan formas de resistencia distintas a las que conocemos pero convergentes con ellas.

“El dinero hoy lo tenemos y mañana ya no. Nuestro territorio lo vamos a tener de por vida y nunca se va a terminar”, dice una mujer autoridad de Santa Clara de Uchunya.

Es evidente que para quienes aspiran a gobernar naciones, provincias o ciudades, las autonomías de los pueblos originarios suenan a poco: escasa población, asentada en territorios remotos lejos de los centros del poder de arriba. No son atractivos para la estrategia de conquistar el poder, ni para rejuntar votos ni para acarrear militantes.

Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a una notable expansión de las autonomías de los pueblos. Como hemos visto en otras ocasiones, las autodefensas comunitarias que develan la existencia de procesos autonómicos, comenzaron en las regiones de tierras altas, se fueron expandiendo por las tierras bajas, pero también fueron adoptadas por los pueblos negros y campesinos.

Desde la revuelta colombiana de este año, comienzan a organizarse “guardias urbanas” en grandes ciudades como Cali, formas de organización que demandarán largos procesos de aprendizajes colectivos. Sin embargo, como los gobiernos autónomos, las formas de organización no estatales ya están caminando, se multiplican en un proceso imparable, interminable.

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Miles de personas marcharon en Bruselas para presionar a líderes mundiales a poner en marcha acciones concretas que reduzcan las emisiones de carbono y frenen el calentamiento del planeta. Alrededor de 80 organizaciones participaron en la protesta, a tres semanas de la cumbre climática de la Organización de Naciones Unidas que se realizará en Glasgow, Escocia. Foto Afp. Agencias

Preocupación de que en la cumbre de Glasgowno se tomen las medidas pertinentes

Bruselas. Miles de personas marcharon ayer en Bruselas para presionar a los líderes mundiales a tomar medidas más audaces en la lucha contra el cambio climático en la cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Glasgow que dará inicio este mes.

Unas 80 organizaciones participaron en la protesta, la cual buscaba ser el mayor acto de este tipo en la capital de la Unión Europea desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, que detuvo en seco las marchas semanales del movimiento climático.

Unas 25 mil personas, 50 mil de acuerdo con los convocantes, se sumaron a la Marcha por el Clima, que partió de la Estación del Norte para llegar al Parque del Cincuentenario, donde se han realizado conciertos y actos masivos. Ciclistas, familias y personas de la tercera edad marcharon por las calles de la ciudad exigiendo justicia climática con pancartas en inglés, francés y holandés. Una llevaba un oso polar de peluche en la cabeza.

"Estamos a la espera de medidas ambiciosas, unidas y coherentes", explicó el presidente de la Coalición por el Clima, Nicolas van Nuffel.

En dicha coalición participan 80 ONG, sindicatos, organizaciones juveniles y movimientos ciudadanos.

A los ambientalistas les preocupa que la 26 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, conocida como COP26, a celebrarse en Glasgow a partir del 31 de octubre, produzca políticas que no hagan lo suficiente para reducir las emisiones de carbono y frenar el calentamiento del planeta.

La multitud incluía una mezcla de personas con y sin cubrebocas. Con una de las tasas de vacunación más altas del mundo, Bélgica está comenzando a aliviar las restricciones por el Covid-19 y permite tales reuniones nuevamente.

El calentamiento global, causado por las actividades humanas, ya está provocando un agravamiento de los incendios, sequías, tormentas e inundaciones en todo el mundo, por lo que los activistas exigen limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius y lograr la neutralidad de CO2 para 2050.

Los compromisos actuales provocarían un aumento "catastrófico" de 2.7 grados Celsius, según estimaciones de la ONU, lejos del objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de temperatura por debajo de 2 grados , y si es posible 1.55.

En la ciudad china de Kunming, David Cooper, subsecretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica aseveró que la comunidad internacional debe invertir mucho más y aumentar la escala y la velocidad de sus promesas de proteger la naturaleza y prevenir la pérdida de especies.

La 15 reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, conocida como COP15 comenzará hoy en Kunming, con el objetivo de impulsar un ambicioso acuerdo para revertir décadas de destrucción del hábitat causada por la invasión humana y el cambio climático.

Cooper comentó en una sesión informativa que los ministros que asistían a las reuniones virtuales esta semana deben mostrar más ambición y dar una "dirección política clara" a los negociadores, que buscarán llegar a un acuerdo final en Kunming en mayo de 2022.

Los grupos ambientalistas dicen que no hay tiempo que perder en la protección de hábitats y la disminución de las tasas de extinción, en especial después de que los gobiernos no lograron completar ninguno de los objetivos de biodiversidad para 2020 acordados en Japón hace una década.

"Actualmente, la mayoría de los países gastan más fondos en subsidiar actividades que destruyen la biodiversidad de lo que gastan en conservarla, esto tendrá que cambiar", señaló Cooper.

La ONU quiere que los países se comprometan a proteger 30 por ciento de sus tierras para 2030, algo ya acordado por Estados Unidos y otras naciones. China aún no se ha comprometido, a pesar de implementar un sistema de "protección ecológica" que pone 25 por ciento de su territorio fuera del alcance de los desarrolladores.

La agencia oficial Xinhua describió la COP15 como un evento histórico organizado por China que tiene como fin negociar un consenso único de una década sobre la protección de la biodiversidad mundial, y que los países encuentren un terreno común para "construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra".

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Imágenes del colapso: el volcán de La Palma

Para la pequeña población de la isla La Palma (84 mil habitantes), la erupción volcánica es lo más parecido al colapso de sus vidas, que dura ya varias semanas y al parecer se extenderá por meses. La reacción de las diversas clases sociales y del Estado español pueden sernos de utilidad para anticipar lo que sucederá en los colapsos que, inevitablemente, nos van a afectar.

Por arriba, la monarquía dijo algo así como "rezaremos por ustedes", a una población que ha perdido sus viviendas y sus medios de vida, en general pequeñas plantaciones de plátano de media hectárea.

El gobierno de Madrid se apresuró a pedir ayudas europeas que se devolverán con más impuestos, mientras aseguró que "todo está bajo control". Desde la primera intervención pública, los gobernantes dijeron que la erupción podría ser un incentivo para atraer turistas, profundizando un modelo altamente depredador.

Por abajo, las impresiones que pude recoger en la isla vecina (Tenerife), provienen de miembros de La Casa, un colectivo territorial en La Orotava, con quienes tenemos estos días talleres presenciales de formación en educación popular. Jessica Pérez y José Miguel Martín, quienes han tenido conflictos y juicios con los poderes locales, dibujaron un panorama desolador.

"Lo más indignante", explica Jessica, “fue ver cómo los turistas que estos días vuelan a la isla, se hacen selfies sonriendo con el volcán detrás, mientras la lava arrasa las viviendas campesinas”. Una frase que sintetiza el dolor y la estupidez humana, que se traduce en aferrase a un modelo que los activistas consideran parte del extractivismo en las islas.

"Con 2 millones de habitantes, Canarias recibe cada año 16 millones de turistas", agrega José Miguel. Ambos participan en La Casa y en la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y Jessica también en grupos feministas anticoloniales, desde hace unos 17 años. Comenzaron su vida militante desde el movimiento independentista que fue muy potente en la década de 1970.

Las personas de abajo y a la izquierda en Canarias consideran que viven una situación colonial, cuya mayor expresión es el modelo de acumulación por despojo o extractivismo. La economía está dominada por las exportaciones agrícolas desde la Conquista, en tanto los terratenientes se hicieron con las mejores tierras expulsando a la población originaria (guanches de origen amazigh), que sobrevive en tierras altas o debió emigrar a las ciudades.

Primero fue el monocultivo de caña de azúcar y ahora el turismo que, masivo, agudiza el despojo. La clase social formada por "godos" o españoles monopoliza también el agua, el bien más escaso junto a la justicia social. "Canarias fue el laboratorio para la conquista de América", insisten las organizaciones.

"El movimiento ecologista es el vertebrador de las grandes protestas", explica José Miguel, contra las grandes obras portuarias y hoteleras, que no sólo depredan las costas sino que agudizan la escasez de agua.

Entre los movimientos, debe destacarse también el antimilitarista, en una isla donde las fuerzas armadas españolas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte mantienen una ostensible presencia. La solidaridad con los pueblos de África se concreta en el apoyo al pueblo saharaui y a los miles de migrantes que llegan a las costas en precarias "pateras".

Mientras arriba predomina la frivolidad, las redes informales de solidaridad se encargaron de hacer llegar a La Palma toneladas de alimentos y de ropa, directamente, de comunidad a comunidad. Fueron tantos los alimentos que llegaron a la isla afectada, que se pidió que dejaran de enviar comestibles porque los depósitos estaban abarrotados.

"La solidaridad es habitual en las islas, sobre todo ante catástrofes como los grandes incendios. En esta ocasión hubo un auténtico desborde de solidaridad, desde la base de la sociedad, que no quiso ingresar dinero en los bancos como pidieron empresarios y gobernantes, sino hacerla llegar directamente", explica José Miguel.

Siglos de expropiaciones y de corrupción han llevado a una parte de la población a desconfiar de las instituciones y del arriba. "El turismo consiguió copar las mejores viviendas y los mejores espacios naturales, además de sobreutilizar recursos escasos como el agua", agrega Jessica.

El resultado del modelo puede traducirse en números: .3 por ciento de los canarios acumula una riqueza equivalente a la mitad del PIB; Cáritas informa que 55 por ciento de la población vive en la precariedad, ya que ingresa menos de un salario mínimo; un tercio de la población activa está desempleada, en particular los jóvenes.

Comprendemos que la soberbia, arriba, y la resistencia, abajo, no reconocen fronteras ni colores de piel.

Los colectivos de Canarias recibirán en semanas a integrantes de la gira zapatista que ya se está desplegando por tierras europeas. En Canarias les espera un encuentro entre pueblos que han sufrido la colonización y siguen resistiendo el despojo, cada quien con sus propios ritmos y modos de andar.

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Baltodano denunció que el FMI, el Banco Mundial y el BCIE aún apoyan con recursos al régimen de Ortega, lo que le ha permitido sostenerse en el poder.  (Foto: Miriet Ábrego).

 

La activista refugiada en Costa Rica reconoció que no se vislumbra “un camino claro” para superar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

 

Con franqueza admite la incertidumbre sobre el futuro de su país. Sin embargo, a su manera y dentro de sus posibilidades, Mónica Baltodano participa con convicción desde la Articulación de Movimientos Sociales de la resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Baltodano no solo fue comandante guerrillera en el conflicto armado que culminó con el derrocamiento de Anastasio Somoza, sino que llegó a ser diputada bajo la bandera sandinista a finales de los años 90, cuando terminó de desencantarse con todo el proyecto político a raíz de los acuerdos a que Ortega llegó con el derechista Arnoldo Alemán.

En agosto de 2018, pocos meses después de la amplia insurrección que el régimen de Ortega aplacó de forma violenta, ofreció una entrevista a UNIVERSIDAD en la que analizó las estratagemas mediante las cuales Ortega ha buscado perpetuarse en el poder y la corrupción de los ideales sandinistas.

Ahora, tres años después, Baltodano se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, y de nuevo repasó la situación actual de su país, a pocas semanas de que el régimen lleve a cabo un proceso supuestamente electoral, de cara al cual desató una represión que ha llevado a la cárcel a personas activistas de la oposición, incluso candidatas a la Presidencia.

Hace tres años manifestó que “ese fervor de la sublevación fue resuelto por el orteguismo con un derramamiento de sangre que lejos de resolver políticamente su dilema ha significado la derrota estratégica de Ortega”. Desde entonces pareciera que más bien se ha consolidado en el poder.

—El orteguismo, como fuerza que intenta conseguir hegemonía, realmente fue derrotado. Lo que pasa es que a partir de la sublevación y de lo que aconteció posteriormente, se mantiene en el control del poder de forma absoluta exclusivamente por la fuerza de las armas y del control que él ejerce sobre las instituciones. Sin embargo, ha perdido completamente la posibilidad de tener mayoría dentro de la sociedad, y realmente hay un repudio de la mayoría. Por tanto, también sufrió una derrota desde el punto de vista de la opinión pública internacional.

En el plano internacional es muy generalizada esa opinión negativa, pero ¿debilita de alguna manera al régimen?

—La comunidad internacional no ha encontrado todavía la forma de ser eficaz contra el orteguismo. Organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y, particularmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lo siguen apoyando con recursos para su funcionamiento y, sobre todo, para su estabilidad macroeconómica.

En ese sentido, la dictadura sigue funcionando con alguna eficiencia a nivel nacional y puede pagar a la policía, que ha incrementado en número, en armamento y en la capacidad de comunicaciones. No solamente en la policía, sino también en el ejército.

Como decía, él se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral (CSE) —que con una reforma a principios de año incrementó su control sobre las organizaciones políticas y, sobre todo, el proceso electoral— no pudo arriesgarse a realizar unas elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos.

Eso demuestra que realmente su control del poder, el cual va a mantener a partir del 7 de noviembre con la supuesta reelección —que es como un atornillamiento en el poder a partir del fraude electoral, de la mentira y del engaño—, su prolongación en el gobierno va a ser de una gran fragilidad, porque con todo lo que ha pasado últimamente el repudio internacional es enorme y prácticamente él está prisionero dentro del territorio nacional; no puede salir a ningún lado con ninguna solvencia o seguridad, ni él ni su familia.

Menciona que el régimen se está sosteniendo básicamente con capital foráneo proveniente de organismos financieros, y está claro el papel de la policía. ¿Qué otros sectores de la sociedad nicaragüense apoyan al régimen en este momento?

– Hay sectores de la jerarquía evangélica que claramente han expresado su respaldo y han tratado de aprovechar las contradicciones con la iglesia católica para fortalecerse y recibir más apoyo institucional a través del presupuesto.

La conferencia episcopal mantuvo una postura sumamente crítica, han pasado, desde 2019, a una especie de observación bastante silenciosa, salvo algunos sacerdotes u obispos que mantienen una posición mucho más beligerante, como el obispo Álvarez en Matagalpa.

“Ortega se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral, no pudo arriesgarse a realizar elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos”.

Lo mismo ha pasado con el gran capital, pues de tener una actitud beligerante dentro de la alianza cívica, pasó en la última etapa, como resultado de los propios golpes represivos, a un mutismo absoluto. Están preocupadísimos por sus negocios y por la estabilidad de sus ingresos. Es un silencio que no contribuye en nada. Por ejemplo, ante esta última oleada represiva no han dicho una sola palabra, a pesar de que dentro de los presos está quien fue su principal dirigente durante más de diez años, José Adán Aguerri, ni tampoco se han referido a las capturas de otros empresarios o líderes de la banca, como el gerente general del Banpro (Grupo Promérica), pero tampoco han dicho absolutamente nada frente al proceso electoral.

Hay un silencio resultante también de los niveles brutales de la represión, la gente calla y sectores que antes hablaban, callan por temor a que les invadan las propiedades, por temor a que les congelen cuentas bancarias, que es lo que está haciendo el régimen.

En estos últimos meses se ha desatado la represión contra posibles candidatos y cantidad de personas que han sido detenidas. ¿Cómo está la situación de las personas presas políticas?

—Después de la presión internacional y los acuerdos adoptados en el marco del diálogo nacional, se liberó a unos 700 presos políticos en junio de 2019. Después, empezó a practicar lo que se llama la puerta giratoria, es decir, capturan a cien, liberan 80, quedan 20. Luego otras 50 capturas, 40 liberados, quedan diez. De cada oleada de captura va quedando detenida una cantidad de prisioneros hasta completar para junio de este año más o menos unos 130 presos políticos. Habría que incluir a los de antes de 2018, los cuales son diez.

En esas fechas inició una brutal oleada en donde, como se sabe, ya hay más de 25 presos, la mayoría candidatos a la Presidencia, líderes nacionales de organizaciones y hasta héroes de la Revolución, el caso de Dora María Téllez y Hugo Torres.

La diferencia es que estuvieron detenidos 90 días solo en el proceso de investigación para poderles formular cargos, durante los cuales no tuvieron contacto ni con sus abogados, y estuvieron en condiciones carcelarias brutales de aislamiento. Ahora sabemos que también estuvieron con poca comida, algunos incluso sin ningún tipo de contacto con nadie en absoluto, como el caso de Dora María Téllez, sin poder tener ni una revista, un lápiz, ni un papel, en condiciones que se consideran desde el punto de vista de los acuerdos internacionales de derechos humanos como tortura, como la oscuridad o luz excesiva todo el día y la noche, que son formas de tortura más sofisticada.

Por otro lado, han incrementado de forma exponencial su relato de que todo es un plan del imperialismo norteamericano contra una revolución, que de revolución nada tiene, es un gobierno que no tiene absolutamente nada de revolucionario, de izquierda, pero utiliza ese discurso para engañar a unos cuantos que todavía quedan, que son las izquierdas conservadoras del mundo.

Recientemente en Costa Rica se dio un hecho muy grave, el atentado contra la vida del activista opositor Joao Maldonado. ¿Hay alguna duda de parte suya de que se trató de una acción del régimen?

– No puedo tener absoluta seguridad mientras no concluyan las investigaciones, que espero las autoridades de Costa Rica realicen de la manera más profunda posible. Pero estoy convencida de que la mano de los órganos represivos del régimen de Ortega puede llegar más allá de la frontera, en medio de los refugiados y de los migrantes no deben de faltar esos agentes que sabemos que andan por acá. Por eso, es importante para todos los refugiados mantener la prudencia, las medidas de seguridad y tener claro que la represión también puede llegar acá.

Obviamente sentimos de parte de la sociedad costarricense —y lo digo como recientemente acogida a solicitud de refugio—, la solidaridad de los distintos actores de Costa Rica y la posición del gobierno ha sido clara, tal como quedó establecida en el discurso del Presidente en Naciones Unidas.

¿Qué significa ese proceso electoral del 7 de noviembre para la resistencia nicaragüense en estas condiciones?

—Había sectores que apostaban por la participación, aún después de la reforma a la Ley Electoral que endureció las condiciones para la oposición y que ya auguraba que lo que iba a haber era una farsa. Sin embargo, el régimen con estas capturas prácticamente terminó de ilegalizar a todos los demás partidos, incluso aquellos dispuestos a participar y, de alguna manera, legitimarlo.

Los sectores de la Articulación de Movimientos Sociales apostamos a que la participación en esas condiciones era legitimar al régimen.

Lo que va a haber es un circo, una total farsa peor que lo que hacía Somoza, que por lo menos le dio a la oposición los acuerdos famosos de minorías congeladas. Esto que va a ocurrir ahora es peor que esas farsas electorales de Somoza.

Creo que el régimen está tratando de ganar tiempo, porque saben que ese circo no le va a dar ninguna legitimidad y que, por el contrario, va a permitir que toda la comunidad internacional pueda cerrar filas para rechazarlo como ilegítimo.

Sin embargo, creo que apuestan todavía al respaldo de Rusia y a que la política de “no meterse en nada” de China les dará algún oxígeno. Pero lo que va a haber el 7 de noviembre no llega ni siquiera a mascarada, es un total circo. Por eso, la Articulación de Movimientos Sociales ha hecho un llamado a la huelga electoral: que el 7 de noviembre la gente se quede en su casa, que sea evidente la no participación, el silencio en las calles y que solo sea la mínima fuerza que todavía le respalda la que concurra para que no quede duda; es decir, un paro electoral que paralice completamente la movilización ciudadana en las calles y que sea evidente el repudio de la ciudadanía a esa farsa.

Una vez que se dé esa “farsa electoral”, ¿cuál va a ser la manera de concretar que efectivamente ese apoyo internacional que sostiene el régimen deje de hacerlo?

—Tenemos que decir con toda franqueza que el diagnóstico de lo que está pasando no nos permite definir o afirmar con absoluta claridad cuál es el camino, qué es lo que va a pasar en Nicaragua o cómo va a salir el pueblo de esta dictadura.

En otras épocas de dictaduras sangrientas en América Latina teníamos claro el camino de la lucha armada. Sin embargo, ahora las puertas de la lucha armada han sido cerradas por la propia ciudadanía que dice “a nada nos condujo” un germen revolucionario del que terminó surgiendo un árbol podrido, como el de Ortega.

La sublevación popular requiere de la presencia de los líderes y la mayoría están presos o en el exilio, y todas las redes que habíamos logrado construir están afectadas por la represión.

Estamos absolutamente seguros de que tienen que venir oleadas de nuevas formas de resistencia que van a resultar de la propia creatividad popular y que vamos a lograr salir principalmente con el esfuerzo de los nicaragüenses, porque apostar a que la comunidad internacional nos va a resolver creo que realmente es una apuesta equivocada. Somos los propios nicaragüenses los que tenemos que resolver, claro con solidaridad internacional, con solidaridad moral, con apoyo de organizaciones internacionales, sí, exigiendo respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos.

Pero ¿qué salida a avizoro? Solo sé de las posibilidades que tiene la resistencia popular, que tiene que pasar a un periodo de acumular fuerzas para protagonizar nuevas sublevaciones, esta vez con un horizonte mucho más claro, con liderazgo mucho más definido para que no se desperdicie la energía popular como de alguna manera pasó en la sublevación de 2018, pero un camino así de claro no lo tenemos.

4 octubre 2021

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Estados Unidos: multitudinaria manifestación por el derecho a abortar

La primera Marcha de las Mujeres de la era Biden

Cerca de 240 mil personas salieron a las calles en más de 600 ciudades de  Estados Unidos.

La Marcha de las Mujeres volvió a las calles en Estados Unidos con miles de personas congregadas en diferentes ciudades tras una fuerte ofensiva anti derechos en el estado de Texas que culminó en la ley aprobada el mes pasado que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación. La normativa no hace excepciones en casos de violación o incesto.

Miles de personas participaron en la Marcha de las Mujeres en Washington para protestar la ley de Texas. Las manifestantes se congregaron en la plaza de la Libertad en la capital estadounidense. “Deberíamos poder decidir qué hacer con nuestros propios cuerpos, punto", reclamó Laura Bushwitz, de 66 años, maestra jubilada.

Cerca de 200 organizaciones defensoras del derecho al aborto se unieron al reclamo luego de que el primero de septiembre entró en vigor la ley que prohíbe la interrupción del embarazo desde las seis semanas de gestación, cuando muchas personas aún no saben que están gestando. La normativa además habilita a que cualquier ciudadano pueda demandar a los médicos y a las clínicas donde sospechan que la persona abortó fuera del plazo establecido.

Si bien el evento principal fue en Washington, la Marcha de Mujeres se replicó en todo el país tras el riesgo de la prohibición del aborto en uno de los estados, a pesar de que este derecho fue reconocido hace medio siglo en el caso Roe vs Wade. En todo el país se movilizaron cerca de 240 mil personas en unas 600 ciudades como Nueva York, Chicago, Jackson, San Francisco, y Miami.

"Luchamos para que el aborto no sólo sea legal sino también accesible y sin estigmas", dijeron en un comunicado las organizadoras, que piden al Congreso consagrar el derecho al aborto en la ley federal a fin de protegerlo de una posible reversión en la Corte Suprema.

"Este año estamos unidos", dicen las organizadoras. "Volvemos a las calles por primera vez en la era Biden porque con el cambio en el Salón Oval (de la Casa Blanca) no se terminó el deseo politizado, perverso y patriarcal, de controlar nuestros cuerpos", agregaron.

Un informe publicado por Planned Parenthood, una organización para la planificación familiar en Estados Unidos, reveló que si la corte estadounidense anula la sentencia del caso Roe vs Wade unas 36 millones de mujeres en 26 estados perderían el derecho a abortar.

3 de octubre de 2021

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"Esta es nuestra casa" o "Fuera especuladores". Pintadas contra la especulación en la ciudad. Álvaro Minguito

El resultado del referéndum llevado a cabo este domingo es claro; su aplicación, no tanto. El nuevo gobierno de la capital dominado por los socialdemócratas se echaría atrás, según las previsiones.

 

El referéndum en la capital alemana sobre la expropiación de viviendas a grandes tenedores que posean más de 3.000 viviendas ha obtenido el respaldo del 56% de los participantes en dicha consulta. A ésta estaban llamados todos los ciudadanos residentes en la capital con la nacionalidad alemana, unos 2,47 millones de personas. De ellos, debían votar al menos 600.000 en la consulta y la mayoría de ellos hacerlo a favor. Cerca de un millón de berlineses votó el domingo a favor de la propuesta, impulsada por organizaciones de activistas y respaldada por Die Linke.

Con la aprobación de la propuesta, la pelota pasa al tejado del nuevo Senado de Berlín, que debería elaborar una ley para desarrollarlo, aunque no es vinculante. Los organizadores, la plataforma “Deutsche Wohnen & Co enteignen” (Expropiar a Deutsche Wohnen y cia., en español) explicaba el domingo por la noche en palabras de su portavoz Joanna Kusiak que “desatender la petición del referéndum sería un escándalo político”, al tiempo que constató que la organización de cientos de activistas para llevarlo a cabo podría ser más duradera: “Somos miles de personas activas. Nos hemos enfrentado a los poderosos y hemos ganado. No vamos a desaparecer tan pronto”.

La ley que debe desarrollar el nuevo Senado afectaría a unas 240.000 viviendas de la capital, es decir, las viviendas que posean grandes inmobiliarias que posean más de 3.000 pisos, afectando a una decena de empresas del sector. En las últimas elecciones de 2017, los berlineses votaron a favor de mantener el aeropuerto de Tegel, pero éste fue cerrado por el gobierno berlinés. Lo mismo podría ocurrir con la nueva consulta.

En el nuevo parlamento berlinés el partido socialdemócrata (SPD) sigue siendo la primera fuerza, con un 21% de los votos, seguido muy de cerca por el partido verde (Die Grüne) con casi 19%. La tercera fuerza es la conservadora CDU con el 18,1% de los votos y cuartos quedó La Izquierda (Die Linke) con un 14%. Los ultras de Alternativa por Alemania (AfD) consiguen un 8% y los ultracapitalistas del FDP obtuvieron el 7%. El gobierno será, de este modo, de nuevo un tripartido, que hasta ahora estaba formado por una coalición progresista de SPD, Grüne y Linke. Si este gobierno sigue y qué hará con el referéndum va a depender en buena medida de Franziska Giffey.

La hasta ahora Ministra de Familia en el gobierno de Merkel ha salvado el trasero al SPD en la capital con su popularidad, pero su conservadurismo es bien conocido. Ya durante la campaña electoral, Giffey ha asegurado que para mantener la coalición actual la cuestión de las expropiaciones podría ser decisiva. Giffey está en contra de reencaminar la propiedad de las viviendas al ayuntamiento, mientras que Die Grüne y Die Linke están a favor del contenido del referéndum. A nadie extrañaría que los socialdemócratas se aliasen con la derecha para frenar las medidas más a la izquierda de la actual coalición, que congeló los alquileres, además de establecer los comedores y las extraescolares, las guarderías y el transporte escolar gratuitos para todos los berlineses.

Ese será el primer escollo, que a día de hoy parece insalvable. El segundo sería el paso por la comprobación de la legalidad de una norma de estas características en el marco constitucional alemán. Aquí podría fallar la norma según un estudio encargado por una asociación cercana a la industria y publicado esta semana. Según éste, dejar fuera de la categoría de “grandes tenedores” a las cooperativas de arrendatarios, que en su mayoría poseen más de 3.000 viviendas, sería inconstitucional por no garantizar la igualdad ante la ley. También se asegura en dicho informe que Berlín no tendría competencias en la materia y que la medida entraría en colisión con el freno de la deuda constitucional.

27 sep 2021 08:29

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Guerra y caos arriba; resistencia y dignidad abajo

Desde la distancia no se pueden aportar análisis tan precisos y ajustados como los que aparecen en el comunicado del EZLN, del 19 de setiembre, "Chiapas al borde de la guerra civil" (https://bit.ly/3krmlH6). Tampoco un bordado de datos como los que integran el artículo de Luis Hernández Navarro, "El infierno chiapaneco" (https://bit.ly/3ksil9l).

Sólo quisiera enmarcar la agresión a las bases de apoyo zapatistas, en particular, y a los pueblos originarios de Chiapas y de otras geografías, en general, en la estrategia de "guerra perpetua" definida por el Pentágono, que se despliega en estos momentos con una tremenda capacidad destructiva.

La contrainsurgencia ha mutado tanto como la guerra. En Vietnam, el Pentágono creó las "aldeas estratégicas", donde encarceló a 8.5 millones de campesinos, 55 por ciento de la población total de Vietnam del Sur (https://bit.ly/3kwjmxm). Era la forma de aislar a la guerrilla para evitar que se moviera como "pez en el agua", según el aserto de Mao.

En las guerras actuales no se trata de "quitarle el agua al pez", como se hizo hasta la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático, sino de enturbiar y envenenar el agua, para que nadie pueda vivir en paz, y así el capital sigue destruyendo "creativamente", territorios y pueblos, para seguir acumulando.

Lo primero a tener en cuenta es que la guerra dejó de ser un medio para convertirse en un fin. Antes las guerras pretendían derrotar enemigos para instalar una paz que permitiera la continuidad y fluidez de la acumulación de capital. Ahora la guerra es el fin, porque el capital acumula despojando, robando, destruyendo.

Los ingenieros de la guerra, los que tienen una visión más clara y descarnada de las necesidades del capital y del imperio, para seguir siendo el poder dominante, no andan con vueltas. El teniente coronel Ralph Peters, en un texto diáfano como "Constant conflict" (Conflicto constante), publicado en la revista militar Parameters en 1997, enseña la brutalidad conceptual del Pentágono (https://bit.ly/39pEHBY).

La democracia es apenas "esa hábil forma liberal de imperialismo". Peters recomienda la guerra sucia para mantener la dominación, y destaca que "no habrá paz", ya que "durante el resto de nuestras vidas habrá múltiples conflictos en formas mutantes en todo el mundo".

La "guerra perpetua" del Pentágono busca "mantener el mundo seguro para nuestra economía y abierto a nuestro asalto cultural", con un ejército bien informado capaz de "negar ventajas militares a nuestros oponentes". Es evidente que cuando el capitalismo se convirtió en sinónimo de guerra, el pensamiento militar es el que define los modos de actuar y los pasos a seguir.

No se le puede negar precisión y lucidez a estos análisis, por más que resulten repugnantes. La "guerra perpetua" busca eliminar porciones enteras de la población, a la que consideran sobrante, como ha sido analizado por el subcomandante Marcos, en el texto "¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?", hace ya más de dos décadas (https://bit.ly/3hSKwfS).

Que la guerra se haya convertido en el fin del sistema, cambia las cosas de raíz. El mejor escenario para comprender la "guerra perpetua" es Siria, donde no hay potencias mejores ni peores, ni regímenes o gobiernos aceptables; donde las milicias kurdas defienden a su pueblo de un amplio espectro de enemigos: desde los ejércitos de Turquía y Siria hasta las bandas del Estado Islámico y otros grupos terroristas.

Como en Chiapas, estos grupos no surgieron espontáneamente, sino arropados por el Estado, sostenidos por los más diversos gobiernos, incluso por los que se denominan progresistas. Sencillamente, porque son formas sistémicas de dominación, o sea los modos de mantener a los capitalistas en el lugar de mandones.

Asumir que la guerra será para un largo periodo histórico, plagado de tormentas sistémicas, supone decidir el tipo de organización y las formas de lucha adecuadas a esta nueva situación. Si la guerra busca instalar el caos, debemos ser principio de orden y claridad en nuestros territorios. Si quieren instalar la muerte de pueblos y de geografías, defendamos la vida en todo tiempo y lugar.

Por supuesto que los gobiernos progresistas no comprenden el peligro, porque sueñan con poder gobernar a las mafias narcoparamilitares. No perciben que esas mafias están dispuestas a enfilar sus armas contra esos mismos gobiernos que miran para otro lado, mientras disparan contra los pueblos. Cuando adviertan el error, será demasiado tarde.

Entre los de abajo, lo primero es la cohesión comunitaria y el apego a los territorios en resistencia. Aunque elegimos transitar el camino de la lucha pacífica, no somos pacifistas, no renunciamos a defendernos. En cierto momento hace falta un "tatequieto", un ya basta colectivo que ponga las cosas en su sitio.

El potente comunicado del EZLN nos alerta de la cercanía de esos momentos. Cada quien, en su geografía, estamos alertados.

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Foto: Roger Barba / Página Siete

Entrevista con Raúl Prada Alcoreza

 

Raúl Prada es filósofo y sociólogo boliviano, investigador docente de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del grupo de intelectuales militantes Comuna con sede en La Paz, y participa en la política nacional de Bolivia. Se define como “escritor crítico, activista ácrata, artesano de la poiesis y militante ecologista”. Pero sobre todo, es una persona comprometida con la lucha de las y los de abajo. Lo consultamos para conocer su impresión sobre la nueva marcha indígena de pueblos de tierras bajas, cuyo primer contingente llegó esta semana a San Cruz luego de 19 días de caminata.

Según Prada, “la actual marcha indígena de tierras bajas expresa las causas profundas del conflicto de las naciones y pueblos indígenas con el gobierno neopopulista y el Estado Plurinacional, que de ‘plurinacional’ sólo lleva el nombre”.

– ¿Podrías describir brevemente las principales características de la actual marcha indígena, en cuanto a sus razones y demandas?

– La marcha indígena del CIDOB1 orgánico – porque hay un “CIDOB” espurio, conformado por el gobierno después del conflicto del TIPNIS en 2011, VIII y IX marchas indígenas en defensa del territorio, la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, en defensa de la vida – se da lugar ante los avasallamientos de tierras en los territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas, por parte de los mal llamados “interculturales”, que siguen siendo colonizadores, como eran nombrados antes del cambio de nombre. Se trata de un estrato social campesino, contingente demográfico campesino trasladado, en un principio, como consecuencia de la reforma agraria de 1953 con objeto de la colonización de la Amazonia, que se consideraba vacía de población humana por parte de la oligarquía gamonal de la flamante república, constituida después de la guerra de la independencia. La jerarquía del MNR, partido nacional popular, heredó esta concepción y la usó para poblar y abrir la frontera agrícola en la Amazonia.

Como puede verse, la oligarquía gamonal y la casta política liberal y nacionalista ignoraron a las naciones y pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco; hicieron como si no existiesen, cuando las misiones jesuitas emprendieron la colonización religiosa de la Amazonia y el Chaco, fundando parroquias y misiones, transcribiendo las lenguas de multitudes de pueblos, distribuidos en los ecosistemas amazónicos y chaqueños, moviéndose fluidamente por la Cuenca Amazónica y la Cuenca del Río de la Plata. En la contemporaneidad las castas políticas neoliberales y neopopulistas, de la misma manera que antes, ignoran taxativamente a las poblaciones nativas, como si no existieran las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas. Esto es más grave que antes, pues la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas y de tierras altas. Derechos territoriales; derechos institucionales, al autogobierno; derechos culturales, legua propia y cultura propia; derechos jurídicos, normas y prácticas propios, Justicia Originaria; derechos plurinacionales, conformar la representación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las proporciones correspondientes, de acuerdo a sus propias formas de elección comunitaria.

– Hablas de una re-colonización del Estado realizada por el gobierno de Evo Morales y Álvaro García. ¿Cómo se relaciona este proceso fallido y tergiversado de descolonización con la actual marcha?

– Paradójicamente, después de la promulgación de la Constitución (2009) por parte del presidente Evo Morales Ayma, la misma fue sistemáticamente vulnerada y desmantelada por el autonombrado “gobierno indígena y de los movimientos sociales”. En vez de realizar transformaciones estructurales e institucionales en aras de la construcción y conformación del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, se restauró el Estado Nación, colonial y subalterno al dominio del orden mundial y de la geopolítica del sistema del mundo capitalista. Sólo se cambian los nombres. Todos los órganos de poder del Estado siguen la misma lógica de restauración y, es más, de recolonización. Por ejemplo, el Congreso, en vez de conformarse como un Congreso de naciones y pueblos, se conforma liberalmente como un parlamento bicameral, de senadores y diputados.

La secuencia de los conflictos políticos y sociales que enfrenta el régimen neopopulista, en la historia reciente, expresa palmariamente el carácter anti-indígena de las gestiones de gobierno, de la forma de gubernamentalidad clientelar, además de develar el carácter subordinado de este gobierno al dominio efectivo de las empresas transnacionales: la desnacionalización de los hidrocarburos, con los Contratos de Operaciones; la supuesta suspensión de la subvención a los carburantes, con la medida, llamada popularmente, del “gasolinazo”; el conflicto del TIPNIS, después de la ratificación y legitimación oficial del avasallamiento de más de 250 mil hectáreas del territorio indígena y parque nacional, por parte de contingentes cocaleros, cultivadores de la hoja de coca excedentaria, sobre todo, una vez acordado con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de la República Federativa del Brasil; la construcción inconsulta de la carretera que atravesaría el bosque primario del TIPNIS; el conflicto de Mallku Cota – tierras altas -, después de la firma del presidente de un contrato minero con una empresa transnacional, sin haber hecho la consulta previa, libre e informada a los ayllus. Al respecto, sigue la secuencia de conflictos del gobierno neopopulista con los pueblos indígenas, particularmente de tierras bajas, donde se pretende perpetrar la ampliación violenta y desmesurada de la frontera agrícola, ganadera, maderera, petrolera y minera.

Recientemente han estallado conflictos en los territorios indígenas y áreas protegidas de los entornos del Río Madidi, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, además de la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, debido al Proyecto Hidroeléctrico Chepete-El Bala. Este proyecto hidroeléctrico destrozaría el ecosistema irreparablemente, afectando dramáticamente a fauna y flora, abundantes en biodiversidad, además de desplazar a las comunidades indígenas, arrancándolas de sus territorios. El conflicto más reciente ha estallado en el Yungas tucumano de Tariquía, Reserva Nacional de Flora y Fauna, del Departamento de Tarija, ante la concesión para exploración petrolera, inconsulta del gobierno neopopulista de las gestiones de Evo Morales, del gobierno neoliberal de “transición” de Jeanine Añez Chávez y del gobierno neopopulista actual de Luis Arce Catacora.

Como se puede ver, la colonialidad y el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente han continuado por los caminos que la forma de gubernamentalidad clientelar ha abierto.

– A 41 años de la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, que representó un importante viraje en las luchas bolivianas, la impresión que se tiene a la distancia es que estamos ante un nuevo cambio, en el cual los pueblos ponen en primer plano las autonomías. ¿Crees que esta marcha representa una viraje histórico como la primera?

– La primera marcha indígena de tierras bajas, en 1990, abre un nuevo horizonte de luchas anticoloniales, descolonizadoras y sociales, después de la apertura, retrospectiva, del proyecto político y cultural del movimiento katarista, que emerge de la crisis del Estado nación y de la República en el contexto del período de dictaduras militares y en la coyuntura de la masacre del Valle, perpetrada por la dictadura del general Hugo Banzer Suárez. Su consecuencia inmediata fue la ruptura del Pacto Militar Campesino, y la consecuencia mediata fue la ruptura indígena con el Estado boliviano. Para el imaginario político, la marcha indígena de las naciones y pueblos de tierras bajas se da como irrupción y develamiento de las dinámicas y problemáticas políticas y culturales del oriente boliviano, las tres cuartas parte de la geografía política del país.

Las siguientes marchas ratifican el ingreso al escenario político de las naciones y pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco. Las dos grandes organizaciones indígenas, de tierras bajas y de tierras altas, el CIDOB y el CONAMAQ2, marcan la agenda de las resistencias y las movilizaciones sociales. El proceso constituyente y la Asamblea Constituyente no podrían explicarse sin su participación. Se incorporó al Cabildo de Cochabamba, en plena guerra del agua, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y se incorporó a la Agenda de Octubre esta convocatoria por iniciativa primordial de las mentadas organizaciones matrices de las naciones y pueblos indígenas.

La actual marcha indígena de tierras bajas, principalmente del departamento del Beni, expresa patentemente la causas profundas del conflicto de las naciones y pueblos indígenas con el gobierno neopopulista y el Estado Plurinacional, que de “plurinacional” sólo lleva el nombre. La primera causa tiene que ver con que la colonialidad persiste, el carácter colonial del Estado continuó sus dominaciones polimorfas a través del discurso neopopulista y la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. La clara muestra de que esto ocurre lo evidencian las talas indiscriminadas de bosques, la ampliación demoledora de las fronteras agrícolas, ganaderas, petroleras y mineras; lo devela el avasallamiento de tierras por parte de los colonizadores, mal llamados “interculturales”, traficantes de tierras, principalmente chapareños, que se hicieron entregar tierras a nombre de comunidades fantasmas. El gobierno, corroído institucionalmente, empantanado en corrupciones galopantes, dispositivo del conglomerado burgués, compuesto por la antigua burguesía y los nuevos ricos, la burguesía rentista y la burguesía de la coca excedentaria y la industria de la cocaína, impulsa la quema de bosques, la destrucción de los ecosistemas, los avasallamientos violentos, favoreciendo a la reproducción de la burguesía mafiosa. Para perpetrar tamaña destrucción desmantela la Constitución, suspendiendo las generaciones de derechos consagrados en la Carta Magna, cometiendo crímenes constitucionales y políticos, etnocidios, ecocidios y democracidios.

La actual marcha indígena es la oportunidad no solamente de resistir a los avasallamientos, defendiendo los territorios indígenas y las territorialidades de los ecosistemas, sino también de retomar las luchas descolonizadoras y de liberaciones múltiples del pueblo boliviano y de los pueblos del continente de Abya Yala. El Parlamento Indígena, aplicación inmediata de la Constitución, del ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, puede convertirse, con ampliaciones e incorporaciones, en la Asamblea efectiva y plenamente democrática de los pueblos de Bolivia. Por este camino, el de la democracia directa y comunitaria, se pueden conformar los autogobiernos, que es uno de los objetivos enunciados en la marcha.

– Hasta ahora la reacción del gobierno Arce Catacora-David Choquehuanca fue minimizar la marcha, pero el MAS de Evo moviliza a sus militantes en contra. ¿Qué crees que puede suceder en los próximos días?

– ¿De qué depende lo que pase con la marcha indígena de tierras bajas? A partir de la secuencia dramática y, a la vez, alentadora de la marcha y de su impacto en la formación social y política de Bolivia. ¿De la correlación de fuerzas, del alcance de la crisis múltiple del Estado y de la sociedad, de las condiciones de posibilidad histórico políticas económicas y culturales? En el contexto mismo de la realidad efectiva del acontecimiento dinámico, de la composición móvil de la complejidad, sinónimo de realidad, cuya configuración es de la integralidad articulada de los planos de intensidad y de los espesores de intensidad, que hacen a la realidad efectiva, en este caso, atendiendo más a su densidad social. ¿Cómo se puede evaluar la fortaleza de una movilización? No tanto después, retrospectivamente, cuando ésta ha concluido y se conocen sus logros, sus alcances, sus limitaciones, sus frustraciones o, en su caso, sus alegrías, sino en el mismo momento del despliegue de la marcha, de su dinámico desenvolvimiento, del mismo trazo que se dibuja en la geografía política, inventando el camino al andar. ¿Acaso tenemos que detenernos en las razones y en la justeza misma de las demandas de la marcha de las naciones y pueblos indígenas? ¿Acaso hay un tribunal superior que va a atender de manera justa las pretensiones de uno y otro bando en pugna, y va a dirimir con razón, sabiduría y justicia? Conscientes de que no hay tal tribunal, ni mucho menos se puede esperar de los tribunales ordinarios del sistema de administración de justicia, corroído por dentro, corrompido en sus prácticas, derrumbado ética y moralmente en su propia interioridad subjetiva, recordemos que la revolución es, al final de cuentas, una acto heroico. Que los pueblos se enfrentan a la realidad y a la historia. La revolución es victoriosa, entonces, por lo menos, en un instante; los pueblos en rebelión, insurrectos, inventan otra realidad y otra historia. De esta manera, nos situamos en el núcleo intenso de energía, de deseo y de voluntad de la acción multitudinaria de los pueblos que liberan su potencia social. Se trata de la fuerza de la voluntad, este deseo social que usa la razón crítica para interpretar y convertir el deseo en voluntad política, convertir la voluntad política en acción. Es la voluntad colectiva la que puede abrir horizontes de visibilidad, de decibilidad, de enunciabilidad y de experiencia, inventando el porvenir. Entonces, todo el peso y la responsabilidad queda en los cuerpos de los protagonistas, de las y los movilizados, de las y los marchistas, en su capacidad de lucha, en su capacidad de combate. No ceder a las presiones del poder, a los chantajes del Estado, a la represión del terrorismo de Estado y del Estado terrorista de una casta política gobernante, que lo único que sabe hacer es optar por la violencia cuando es interpelada. Se defiende de la única manera que sabe hacerlo, destruyendo, descalificando, reprimiendo, encerrando, torturando y hasta asesinando. La casta política gobernante se defiende de una manera paranoica.

En consecuencia, la posibilidad del cambio, de la ruptura, de un nuevo comienzo, se encuentra en las manos, en los pies, en el cuerpo sensible y apasionado de los y las marchistas, de los y las movilizadas, en los flujos de fuga de las naciones y pueblos indígenas. Así también de los convocados, de los que apoyan a la marcha indígena, como ocurrió con la marcha indígena en defensa del TIPNIS. La defensa de la vida se encuentra en la capacidad creativa de la potencia social. Se halla en la convicción de los que se rebelan, de los que se movilizan, de los que marchan. La posibilidad de lograrlo se halla no solamente en las razones y en la justeza de la marcha, no solamente en las reivindicaciones valiosas de la marcha, sino, sobre todo, en esa capacidad estética volitiva de transformar el mundo, de trastrocar las composiciones mismas de las realidad social, composiciones definidas institucionalmente. Realidad capturada por el poder. De lo que se trata es de liberar la potencia social, liberando, a su vez, la energía misma, inherente, inmanente, en las formas institucionales, que se mueven en la superficie de los eventos y sucesos. Entonces es cuando se logra efectuar y realizar la voluntad social, se hace efectiva.

En resumen, podemos decir que los y las movilizadas, los y las marchistas, los convocados, que corresponden no solamente al pueblo boliviano, sino a todos los pueblos del continente y, también, por qué no, a todos los pueblos del mundo, en el momento en que se inicia la marcha de interpelación contra un Estado, que sigue siendo colonial, que está al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, han vencido. Vencen porque rompen el silencio cómplice, vencen porque mueven el suelo donde se aposentan los pies de los titiriteros y marionetas del poder, porque hacen temblar el suelo de los que gobiernan, de los que se creen la representación del pueblo. Los y las marchistas vencen porque existen, de la manera como existen, rebelándose, insubordinándose, insurreccionándose; por eso, podemos decir que la marcha indígena ha vencido.

23 septiembre 2021

1 Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia.

2 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

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