Ressa es cofundadora del sitio Rappler, mientras Muratov es uno de los fundadores del periódico independiente Novaja Gazeta.. Imagen: EFE

Por sus esfuerzos para "salvaguardar la libertad de expresión"

Los periodistas Maria Ressa, de Filipinas, y Dimitri Muratov, de Rusia, ganaron este viernes el premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión, anunció el comité noruego, reconociendo así por primera vez el papel de la prensa independiente. Ressa y Muratov fueron galardonados "por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera", dijo la presidenta del comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, en Oslo.

Ressa

Maria Ressa, de 58 años, experiodista de CNN y cofundadora de la página de información online Rappler, ha sido objeto en los últimos años de varias investigaciones, procesos judiciales y ha sufrido un intenso ciberacoso. Rappler ha publicado artículos críticos contra el jefe de Estado, Rodrigo Duterte, incluyendo su sangrienta y polémica lucha contra el narcotráfico.

"Nada es posible sin hechos", dijo Ressa, tras recibir la noticia del Nobel, e insistió en que "es el mejor momento" para ser periodista. "Los momentos más peligrosos son también los momentos en los que es más importante" el trabajo de periodista, explicó en una entrevista online retransmitida por Rappler. Ressa, que también tiene nacionalidad estadounidense, ya fue galardonada en abril con el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano 2021, creado en memoria del periodista colombiano Guillermo Cano asesinado en 1986.

"El periodismo te pondrá a prueba mentalmente, intelectualmente, físicamente, moralmente", señaló la reportera, quien reconoció que Rappler no hubiera sobrevivido sin el apoyo recibido en los últimos cinco años de acoso por parte de las autoridades filipinas. Ressa fue elegida personalidad del año junto con otros periodistas por la revista Time en 2018 por su lucha contra la desinformación de, según ella, la "sofisticada maquinaria" de cuentas falsas vinculadas al entorno de Duterte para intimidar y silenciar a los críticos.

La periodista, que se enfrenta a siete casos criminales por presunta evasión de impuestos y vulneración de las leyes de propiedad de los medios, fue condenada en junio 2020 por ciberdifamación por un tribunal filipino. Tras ser condenada, alertó de que la "democracia está muriendo poco a poco" debido al ascenso de líderes autoritarias y populistas como Duterte y alertó de la manipulación en las redes sociales, sobre todo en plataformas como Facebook.

Muratov

Dimitri Muratov, de 59 años, es uno de los fundadores y jefe de redacción del periódico independiente ruso Novaya Gazeta, y "ha defendido desde hace décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles", subrayó el jurado del Nobel. Novaya Gazeta ha sacado a la luz "la corrupción, la violencia policial, los arrestos ilegales, el fraude electoral y las 'granjas de trolls'", señaló el comité, unos temas por los que ha pagado un alto precio: seis de sus periodistas fueron asesinados, entre ellos Anna Politkovskaya, muerta hace 15 años.

Muratov les dedicó el premio: "No puedo atribuirme el mérito. Es de Novaya Gazeta. Es de los que murieron defendiendo el derecho de la gente a la libertad de expresión", dijo. "Habría votado por la persona por la que apostaban las casas de apuestas, y esa persona tiene todo el futuro por delante. Me refiero a Alexei Navalni", aseguró Muratov, sobre uno de los principales opositores rusos.

Tras el anuncio, el Kremlin elogió al reportero. "Felicitamos a Dimitri Muratov, trabaja en base a sus ideales y está comprometido con ellos", dijo Dimitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa,. Peskov dijo que Muratov "tiene talento" y es "valiente", pero no aclaró si también el presidente, Vladimir Putin, se sumará a las felicitaciones. "Acabamos de enterarnos, dadnos algo de tiempo", respondió al ser consultado al respecto.

Novaya Gazeta fue creado en 1993 con la ayuda de Mijaíl Gorbachov, que precisamente destinó una parte del dinero que obtuvo al ganar el Nobel de la Paz tres años antes. "Felicito a un hombre maravilloso, valiente y honesto, a un periodista, a mi amigo Dimitri Muratov", aseguró el expresidente soviético tras el anuncio del premio.

"Llamado a la acción"

El premio no es solo un mensaje a Rusia y Filipinas, según el comité noruego. "Por supuesto que condenamos la situación en estos dos países especialmente, pero quiero subrayar que condenamos también la situación en todos los países donde la actividad de los periodistas está limitada y donde la libertad de expresión está bajo presión", declaró Reiss-Andersen.

En 120 años de historia, el Nobel de la Paz nunca había reconocido la labor de una prensa independiente que fuerza a las autoridades a rendir cuentas y contribuye a luchar contra la desinformación. "El periodismo libre, independiente y de hechos sirve para proteger contra los abusos del poder, las mentiras y la propaganda de guerra", insistió la presidenta del comité del Nobel noruego.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a emprender un esfuerzo mundial por la libertad de prensa tras felicitar a los periodistas rusos Maria Ressa y Dmitry Muratov por haber obtenido el Nobel de la Paz "Mientras felicitamos a los galardonados, reafirmemos el esfuerzo por el derecho a la libertad de prensa, reconozcamos el papel fundamental de los periodistas y reforcemos a todo nivel el apoyo a los medios libres y diversos", dijo Guterres en una declaración. "Ninguna sociedad puede ser libre y justa sin periodistas que puedan investigar delitos, aportar información a los ciudadanos, responsabilizar a los líderes y decir la verdad al poder", señaló.

Según la última clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) --una de las organizaciones que más sonaba entre los posibles ganadores del Nobel--, la situación de la libertad de prensa es problemática, difícil e incluso muy grave en el 73% de los 180 países analizados. La organización señala que, en lo que va de año, 24 reporteros profesionales han muerto y otros 350 siguen encarcelados. Este premio es "un llamado a la acción", reaccionó el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

El premio, que consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 10 millones de coronas (980.000 euros), se entrega habitualmente el 10 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte de Alfred Nobel (1833-1896). Novaya Gazeta informó que una parte de la suma recibida será destinada a un fondo de caridad que ayuda a niños con enfermedades raras. Esta organización, Krug Dobra (El círculo de la bondad) fue fundada en enero por iniciativa de Putin.

Ressa es la primera mujer galardonada en la edición de este año de los Nobel. Después del premio de la Paz, el único anunciado en la capital noruega, los Nobel vuelven a Estocolmo para cerrar el lunes la temporada de anuncios con el galardón de Economía

8 de octubre de 2021

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Baltodano denunció que el FMI, el Banco Mundial y el BCIE aún apoyan con recursos al régimen de Ortega, lo que le ha permitido sostenerse en el poder.  (Foto: Miriet Ábrego).

 

La activista refugiada en Costa Rica reconoció que no se vislumbra “un camino claro” para superar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

 

Con franqueza admite la incertidumbre sobre el futuro de su país. Sin embargo, a su manera y dentro de sus posibilidades, Mónica Baltodano participa con convicción desde la Articulación de Movimientos Sociales de la resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Baltodano no solo fue comandante guerrillera en el conflicto armado que culminó con el derrocamiento de Anastasio Somoza, sino que llegó a ser diputada bajo la bandera sandinista a finales de los años 90, cuando terminó de desencantarse con todo el proyecto político a raíz de los acuerdos a que Ortega llegó con el derechista Arnoldo Alemán.

En agosto de 2018, pocos meses después de la amplia insurrección que el régimen de Ortega aplacó de forma violenta, ofreció una entrevista a UNIVERSIDAD en la que analizó las estratagemas mediante las cuales Ortega ha buscado perpetuarse en el poder y la corrupción de los ideales sandinistas.

Ahora, tres años después, Baltodano se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, y de nuevo repasó la situación actual de su país, a pocas semanas de que el régimen lleve a cabo un proceso supuestamente electoral, de cara al cual desató una represión que ha llevado a la cárcel a personas activistas de la oposición, incluso candidatas a la Presidencia.

Hace tres años manifestó que “ese fervor de la sublevación fue resuelto por el orteguismo con un derramamiento de sangre que lejos de resolver políticamente su dilema ha significado la derrota estratégica de Ortega”. Desde entonces pareciera que más bien se ha consolidado en el poder.

—El orteguismo, como fuerza que intenta conseguir hegemonía, realmente fue derrotado. Lo que pasa es que a partir de la sublevación y de lo que aconteció posteriormente, se mantiene en el control del poder de forma absoluta exclusivamente por la fuerza de las armas y del control que él ejerce sobre las instituciones. Sin embargo, ha perdido completamente la posibilidad de tener mayoría dentro de la sociedad, y realmente hay un repudio de la mayoría. Por tanto, también sufrió una derrota desde el punto de vista de la opinión pública internacional.

En el plano internacional es muy generalizada esa opinión negativa, pero ¿debilita de alguna manera al régimen?

—La comunidad internacional no ha encontrado todavía la forma de ser eficaz contra el orteguismo. Organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y, particularmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lo siguen apoyando con recursos para su funcionamiento y, sobre todo, para su estabilidad macroeconómica.

En ese sentido, la dictadura sigue funcionando con alguna eficiencia a nivel nacional y puede pagar a la policía, que ha incrementado en número, en armamento y en la capacidad de comunicaciones. No solamente en la policía, sino también en el ejército.

Como decía, él se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral (CSE) —que con una reforma a principios de año incrementó su control sobre las organizaciones políticas y, sobre todo, el proceso electoral— no pudo arriesgarse a realizar unas elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos.

Eso demuestra que realmente su control del poder, el cual va a mantener a partir del 7 de noviembre con la supuesta reelección —que es como un atornillamiento en el poder a partir del fraude electoral, de la mentira y del engaño—, su prolongación en el gobierno va a ser de una gran fragilidad, porque con todo lo que ha pasado últimamente el repudio internacional es enorme y prácticamente él está prisionero dentro del territorio nacional; no puede salir a ningún lado con ninguna solvencia o seguridad, ni él ni su familia.

Menciona que el régimen se está sosteniendo básicamente con capital foráneo proveniente de organismos financieros, y está claro el papel de la policía. ¿Qué otros sectores de la sociedad nicaragüense apoyan al régimen en este momento?

– Hay sectores de la jerarquía evangélica que claramente han expresado su respaldo y han tratado de aprovechar las contradicciones con la iglesia católica para fortalecerse y recibir más apoyo institucional a través del presupuesto.

La conferencia episcopal mantuvo una postura sumamente crítica, han pasado, desde 2019, a una especie de observación bastante silenciosa, salvo algunos sacerdotes u obispos que mantienen una posición mucho más beligerante, como el obispo Álvarez en Matagalpa.

“Ortega se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral, no pudo arriesgarse a realizar elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos”.

Lo mismo ha pasado con el gran capital, pues de tener una actitud beligerante dentro de la alianza cívica, pasó en la última etapa, como resultado de los propios golpes represivos, a un mutismo absoluto. Están preocupadísimos por sus negocios y por la estabilidad de sus ingresos. Es un silencio que no contribuye en nada. Por ejemplo, ante esta última oleada represiva no han dicho una sola palabra, a pesar de que dentro de los presos está quien fue su principal dirigente durante más de diez años, José Adán Aguerri, ni tampoco se han referido a las capturas de otros empresarios o líderes de la banca, como el gerente general del Banpro (Grupo Promérica), pero tampoco han dicho absolutamente nada frente al proceso electoral.

Hay un silencio resultante también de los niveles brutales de la represión, la gente calla y sectores que antes hablaban, callan por temor a que les invadan las propiedades, por temor a que les congelen cuentas bancarias, que es lo que está haciendo el régimen.

En estos últimos meses se ha desatado la represión contra posibles candidatos y cantidad de personas que han sido detenidas. ¿Cómo está la situación de las personas presas políticas?

—Después de la presión internacional y los acuerdos adoptados en el marco del diálogo nacional, se liberó a unos 700 presos políticos en junio de 2019. Después, empezó a practicar lo que se llama la puerta giratoria, es decir, capturan a cien, liberan 80, quedan 20. Luego otras 50 capturas, 40 liberados, quedan diez. De cada oleada de captura va quedando detenida una cantidad de prisioneros hasta completar para junio de este año más o menos unos 130 presos políticos. Habría que incluir a los de antes de 2018, los cuales son diez.

En esas fechas inició una brutal oleada en donde, como se sabe, ya hay más de 25 presos, la mayoría candidatos a la Presidencia, líderes nacionales de organizaciones y hasta héroes de la Revolución, el caso de Dora María Téllez y Hugo Torres.

La diferencia es que estuvieron detenidos 90 días solo en el proceso de investigación para poderles formular cargos, durante los cuales no tuvieron contacto ni con sus abogados, y estuvieron en condiciones carcelarias brutales de aislamiento. Ahora sabemos que también estuvieron con poca comida, algunos incluso sin ningún tipo de contacto con nadie en absoluto, como el caso de Dora María Téllez, sin poder tener ni una revista, un lápiz, ni un papel, en condiciones que se consideran desde el punto de vista de los acuerdos internacionales de derechos humanos como tortura, como la oscuridad o luz excesiva todo el día y la noche, que son formas de tortura más sofisticada.

Por otro lado, han incrementado de forma exponencial su relato de que todo es un plan del imperialismo norteamericano contra una revolución, que de revolución nada tiene, es un gobierno que no tiene absolutamente nada de revolucionario, de izquierda, pero utiliza ese discurso para engañar a unos cuantos que todavía quedan, que son las izquierdas conservadoras del mundo.

Recientemente en Costa Rica se dio un hecho muy grave, el atentado contra la vida del activista opositor Joao Maldonado. ¿Hay alguna duda de parte suya de que se trató de una acción del régimen?

– No puedo tener absoluta seguridad mientras no concluyan las investigaciones, que espero las autoridades de Costa Rica realicen de la manera más profunda posible. Pero estoy convencida de que la mano de los órganos represivos del régimen de Ortega puede llegar más allá de la frontera, en medio de los refugiados y de los migrantes no deben de faltar esos agentes que sabemos que andan por acá. Por eso, es importante para todos los refugiados mantener la prudencia, las medidas de seguridad y tener claro que la represión también puede llegar acá.

Obviamente sentimos de parte de la sociedad costarricense —y lo digo como recientemente acogida a solicitud de refugio—, la solidaridad de los distintos actores de Costa Rica y la posición del gobierno ha sido clara, tal como quedó establecida en el discurso del Presidente en Naciones Unidas.

¿Qué significa ese proceso electoral del 7 de noviembre para la resistencia nicaragüense en estas condiciones?

—Había sectores que apostaban por la participación, aún después de la reforma a la Ley Electoral que endureció las condiciones para la oposición y que ya auguraba que lo que iba a haber era una farsa. Sin embargo, el régimen con estas capturas prácticamente terminó de ilegalizar a todos los demás partidos, incluso aquellos dispuestos a participar y, de alguna manera, legitimarlo.

Los sectores de la Articulación de Movimientos Sociales apostamos a que la participación en esas condiciones era legitimar al régimen.

Lo que va a haber es un circo, una total farsa peor que lo que hacía Somoza, que por lo menos le dio a la oposición los acuerdos famosos de minorías congeladas. Esto que va a ocurrir ahora es peor que esas farsas electorales de Somoza.

Creo que el régimen está tratando de ganar tiempo, porque saben que ese circo no le va a dar ninguna legitimidad y que, por el contrario, va a permitir que toda la comunidad internacional pueda cerrar filas para rechazarlo como ilegítimo.

Sin embargo, creo que apuestan todavía al respaldo de Rusia y a que la política de “no meterse en nada” de China les dará algún oxígeno. Pero lo que va a haber el 7 de noviembre no llega ni siquiera a mascarada, es un total circo. Por eso, la Articulación de Movimientos Sociales ha hecho un llamado a la huelga electoral: que el 7 de noviembre la gente se quede en su casa, que sea evidente la no participación, el silencio en las calles y que solo sea la mínima fuerza que todavía le respalda la que concurra para que no quede duda; es decir, un paro electoral que paralice completamente la movilización ciudadana en las calles y que sea evidente el repudio de la ciudadanía a esa farsa.

Una vez que se dé esa “farsa electoral”, ¿cuál va a ser la manera de concretar que efectivamente ese apoyo internacional que sostiene el régimen deje de hacerlo?

—Tenemos que decir con toda franqueza que el diagnóstico de lo que está pasando no nos permite definir o afirmar con absoluta claridad cuál es el camino, qué es lo que va a pasar en Nicaragua o cómo va a salir el pueblo de esta dictadura.

En otras épocas de dictaduras sangrientas en América Latina teníamos claro el camino de la lucha armada. Sin embargo, ahora las puertas de la lucha armada han sido cerradas por la propia ciudadanía que dice “a nada nos condujo” un germen revolucionario del que terminó surgiendo un árbol podrido, como el de Ortega.

La sublevación popular requiere de la presencia de los líderes y la mayoría están presos o en el exilio, y todas las redes que habíamos logrado construir están afectadas por la represión.

Estamos absolutamente seguros de que tienen que venir oleadas de nuevas formas de resistencia que van a resultar de la propia creatividad popular y que vamos a lograr salir principalmente con el esfuerzo de los nicaragüenses, porque apostar a que la comunidad internacional nos va a resolver creo que realmente es una apuesta equivocada. Somos los propios nicaragüenses los que tenemos que resolver, claro con solidaridad internacional, con solidaridad moral, con apoyo de organizaciones internacionales, sí, exigiendo respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos.

Pero ¿qué salida a avizoro? Solo sé de las posibilidades que tiene la resistencia popular, que tiene que pasar a un periodo de acumular fuerzas para protagonizar nuevas sublevaciones, esta vez con un horizonte mucho más claro, con liderazgo mucho más definido para que no se desperdicie la energía popular como de alguna manera pasó en la sublevación de 2018, pero un camino así de claro no lo tenemos.

4 octubre 2021

Publicado enInternacional
Viernes, 01 Octubre 2021 07:28

Libros prohibidos

Libros prohibidos

La historia de las novelas prohibidas en América Latina se remonta a los tiempos de la Inquisición, que anotaba en sus listas negras "libros de romance de historias vanas o de profanidad, como son de Amadís y otros de esta calidad, porque este es mal ejercicio para los indios, y cosa es que no es bien que se ocupen ni lean".

La mentira de las vidas fingidas y los embelecos eran perjudiciales para la fe y la recta conducta de los súbditos del reino. Y la mano de los aduaneros estaba presta a detener los libros llenos de embustes, suerte que corrieron tanto El Quijote como El Lazarillo de Tormes.

Sin embargo, prohibir leer ha sido siempre el mejor acicate para la curiosidad, que se convierte en un acto de desafío y, por tanto, de libertad. Los libros vedados burlaban la vigilancia escondidos en barriles de vino, y circulaban también copiados a mano. Y no sólo las novelas, sino los libros subversivos escritos por los pensadores de la Ilustración, a medida que se iban encendiendo los fuegos de los movimientos libertarios en América. Ya El Quijote no importaba tanto como La nueva Eloísa, de Rousseau.

Para las tiranías que empezaron a sucederse bajo el remedo de gobiernos republicanos, su enemigo más jurado pasaron a ser las imprentas, vistas como máquinas infernales, capaces de fabricar libros incendiarios contra el orden público, la moral y las buenas costumbres, o todo lo que se saliera de los límites del pensamiento oficial. Cerrar los países a las ideas era una pretensión de congelar el tiempo.

Pero, llegado el siglo XX, no todas las dictaduras tropicales fueron tan celosas de los libros. Al viejo Somoza le importaban más los periódicos que los libros, siempre de tiradas exiguas y publicados por cuenta de sus autores. Pero enviaba a sus militantes fanáticos, sus "camisas azules", que le rendían pleitesía como a un Mussolini tropical, a descalabrar a garrotazos las platinas de las imprentas de los diarios enemigos.

Su hijo Anastasio no le iba a la zaga. Mandó bombardear el diario La Prensa, pero su lista de libros prohibidos se reducía a aquellos que propagaran el marxismo; sus agentes aduaneros no eran, sin embargo, muy avisados, pues dejaban pasar sin siquiera examinar sus páginas La sagrada familia, de Marx y Engels, que creían de contenido religioso, o El capital mismo, que les parecía una alabanza del sistema, o inofensivo por demasiado ­voluminoso.

Cuando en 1970 la Editorial Universitaria Centroamericana (Educa) publicó en Costa Rica Sandino, de Neill Macaulay, un embarque de 5 mil ejemplares fue retenido en la aduana en Managua. El libro clásico de Gregorio Selser, Sandino, general de hombres libres, circulaba clandestino en el país, en copias mimeografiadas.

El libro de Macaulay fue llevado por el director de aduanas a Somoza para que tomara la decisión final. Lo vio apenas por encima, y se lo devolvió. "Esto no es conmigo", le dijo, "es con mi papá". Los 5 mil ejemplares se vendieron en menos de una semana, todo un récord.

Todo esto es para contar la historia de Tongolele no sabía bailar, mi novela prohibida en Nicaragua. La editorial Alfaguara envió el libro desde México. El proceso de desalmacenaje comenzó a volverse lento de pronto, bajo el pretexto de que faltaba uno u otro dato en el manifiesto de carga, hasta que el director de aduanas solicitó que se le presentara un compendio del contenido.

Una petición insólita, que sólo anunciaba que quedaría retenido para siempre. El primer libro prohibido en la historia contemporánea de Nicaragua. No sé si, igual que a Somoza, a la pareja que ahora retiene el poder, algún funcionario obsequioso les habrá llevado el libro para su revisión, y si alguno de ellos dos lo habrá leído. Eso quedará dentro del halo de misterio que siempre rodea a los libros que no pueden ni deben leerse.

Pero miles han leído en Nicaragua la versión electrónica de mi novela prohibida, que anda de pantalla en pantalla, el equivalente en el siglo XXI de los barriles de vino y de tocino para el contrabando de las ideas y las invenciones, y de las copias mimeografiadas de antaño.

En Malmö, Suecia, se ha abierto la Biblioteca de Libros Prohibidos Dawit Isaak, dedicada al escritor declarado traidor y preso sin juicio por largos años en Eritrea. Contiene desde Los versos satánicos, de Salman Rushdie, perseguido por el régimen teocrático de Irán, a los libros de Svetlana Alexievich, la premio Nobel perseguida por el dictador estalinista de Bielorrusia Alexsandr Grigórievich Lukashenko.

También existe en Tallin, capital de Estonia, el Museo de los Libros Prohibidos, creado para "preservar libros que han sido prohibidos, censurados o quemados y contar su historia al público".

Así que dos largos viajes esperan al inspector Morales y al cortejo de personajes de Tongolele no sabía bailar, en busca de su bien merecido lugar en los estantes de esas bibliotecas que representan el espíritu de la libertad.

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Publicado enCultura
Jueves, 30 Septiembre 2021 05:19

El subimperialismo en Medio Oriente

El subimperialismo en Medio Oriente

Turquía, Arabia Saudita e Irán disputan primacía en un novedoso contexto de protagonismo regional en las tensiones de Medio Oriente. Esa gravitación es registrada por muchos analistas, pero la conceptualización de ese rol exige recurrir a una noción introducida por los teóricos marxistas de la dependencia.

El subimperialismo se aplica a estos casos y contribuye a esclarecer la peculiar intervención de esos países en el traumático escenario de la zona. La categoría es pertinente y común en múltiples planos, pero también presenta tres significados muy singulares.

Características y singularidades

El subimperialismo es una modalidad paralela y secundaria del imperialismo contemporáneo. Se verifica en las potencias medianas que mantienen un significativo distanciamiento de los centros del poder mundial. Esos países desenvuelven contradictoras relaciones de convergencia y tensión con las fuerzas hegemónicas de la geopolítica global. Turquía, Arabia Saudita e Irán se amoldan a ese perfil.

Los subimperios despuntaron en la posguerra junto a la mayoritaria extinción de las colonias y la creciente transformación de las semicolonias. El ascenso de las burguesías nacionales en los países capitalistas dependientes modificó sustancialmente el status de esas configuraciones.

En el segmento superior de la periferia irrumpieron modalidades subimperiales, en sintonía con el contradictorio proceso de persistencia mundial de la brecha centro-periferia y la consolidación de ciertos segmentos intermedios. El principal teórico de esa mutación describió en los años 60 los principales rasgos del nuevo modelo, observando la dinámica de Brasil (Marini, 1973).

El pensador latinoamericano situó el surgimiento de los subimperios, en un contexto internacional signado por la supremacía de Estados Unidos, en tensión con el denominado bloque socialista. Resaltó el alineamiento de esas formaciones con la primera potencia en la guerra fría contra la URSS. Pero también destacó que los gobernantes de esos países hacían valer sus propios intereses. Desarrollaban cursos autónomos y a veces conflictivos con el mandante norteamericano.

Esa relación de asociación internacional y poder regional propio se afianzó como una característica posterior del subimperialismo. Los regímenes que adoptan ese perfil mantienen lazos contrapuestos con Washington. Por un lado asumen posturas de estrecha imbricación y al mismo tiempo exigen un trato respetuoso.

Esa dinámica de subordinación y conflicto con Estados Unidos se sucede con imprevisible velocidad. Regímenes que parecían marionetas del Pentágono se embarcan en díscolos actos de autonomía y países que actuaban con gran independencia se someten a las órdenes de la Casa Blanca. Esta oscilación es un rasgo del subimperialismo, que contrasta con la estabilidad prevaleciente en los imperios centrales y en sus variedades alterimperiales.

Las potencias regionales que adoptan un perfil subimperial recurren al uso de la fuerza militar. Utilizan ese arsenal para afianzar los intereses de las clases capitalistas de sus países, en un acotado radio de influencia. Las acciones bélicas apuntan a disputar el liderazgo zonal con los competidores del mismo porte.

Los subimperios no actúan en el orden planetario y no comparten las ambiciones de dominación global de sus parientes mayores. Restringen su esfera de acción al ámbito regional, en estricta sintonía con la limitada influencia de los países medianos. El interés por los mercados y los beneficios es el principal motor de las políticas expansivas y las incursiones militares.

La gravitación alcanzada en las últimas décadas por las economías intermedias explica ese correlato subimperial, que no existía en la era clásica del imperialismo a principio del siglo XX. Solo en el período posterior de posguerra despuntó esa incidencia de las potencias intermedias, que ha cobrado mayor contundencia en la actualidad.

En Medio Oriente la rivalidad geopolítico-militar entre actores de la propia región ha sido precedida por cierto desarrollo económico de esos jugadores. La era neoliberal acentuó la depredación internacional del petróleo, la desigualdad social, la precarización y el desempleo en toda la región. Pero consolidó también a diversas clases capitalistas locales, que operan con mayores recursos y no disimulan sus apetitos de ganancias superiores.

Este interés por el lucro motoriza el engranaje subimperial, entre países igualmente situados en el casillero intermedio de la división internacional del trabajo. Turquía, Arabia Saudita e Irán merodean por esa inserción, sin aproximarse al club de las potencias centrales.

Comparten la misma ubicación mundial que otras economías intermedias, pero complementan su presencia en ese ámbito con impactantes incursiones militares. Esa extensión de las rivalidades económicas al terreno bélico es determinante de su especificidad subimperial (Katz, 2018: 219-262).

Actualidad y raíces

El subimperialismo es una noción útil para registrar el sustrato de rivalidad económica que subyace en numerosos conflictos de Medio Oriente. Permite notar ese interés de clase, en contraposición a los diagnósticos centrados en disputas por la primacía de alguna vertiente del islam. Esas interpretaciones en términos religiosos obstruyen la clarificación de la motivación real de los crecientes choques.

Los negocios en pugna entre Turquía, Arabia Saudita o Irán explican el carácter singular que adopta el subimperialismo en esos países. En los tres casos actúan gobiernos belicosos al comando de estados gestionados por burocracias militarizadas. Todos utilizan los credos religiosos para afianzar su poder y conquistar mayores porciones de recursos en disputa. Los subimperios han buscado capturar en Siria los botines generados por el desguace del territorio y la misma competencia se verifica en Libia por el reparto del petróleo. Participan allí de las mismas pulseadas que dirimen las grandes potencias.

En el plano geopolítico los subimperios de Turquía y Arabia Saudita actúan en sintonía con Washington, pero sin participar en las decisiones de la OTAN, ni en las definiciones del Pentágono. Se distinguen de Europa en el primer terreno y de Israel en el segundo. No intervienen en la determinación de la batalla que libra el imperialismo estadounidense para recuperar hegemonía frente al desafío de China y Rusia. Su acción se restringe a la órbita regional. Mantienen contradictorias relaciones con el poder norteamericano y no aspiran al reemplazo de los grandes dominadores del planeta.

Pero su intervención regional es mucho más relevante que la exhibida por sus pares de otras latitudes. En América Latina o en África no se observan acciones subimperiales del mismo porte. El subimperialismo empalma en Medio Oriente con antiguas raíces históricas del imperio otomano y persa. Esa conexión con cimientos de larga data no es muy corriente en el resto de la periferia.

Las rivalidades entre potencias incluyen, en este caso, un fundamento que retoma la antigua competencia entre dos grandes imperios pre-capitalistas. No sólo la animosidad entre otomanos y persas se remonta al siglo XVI. También las tensiones de este último conglomerado con los sauditas (chiitas versus wahabitas) arrastra una larga historia de batallas por la supremacía regional (Armanian, 2019).

Esos grandes poderes locales no se diluyeron en la era moderna. Tanto el imperio otomano como el persa se mantuvieron en el siglo XIX, evitando que Medio Oriente fuera simplemente rematado (como África) por los colonialistas europeos. El desmoronamiento otomano a principio de la centuria posterior dio lugar a un estado turco que perdió su vieja primacía anterior, pero renovó su consistencia nacional. No quedó relegado al mero status de semicolonia.

Durante la república kemalista Turquía apuntaló un desarrollo industrial propio, que no tuvo el éxito del bismarkismo alemán o su equivalente japonés, pero moldeó a la clase capitalista intermedia que maneja el país (Harris, 2016). Un proceso de consolidación burgués semejante se verificó con la monarquía de los Palhevi en Irán.

Ambos regímenes participaron activamente en la guerra fría contra la URSS, para apuntalar sus intereses fronterizos contra el gigante ruso. Albergaron bases norteamericanas y siguieron el guión de la OTAN, pero reforzando sus propios dispositivos militares. El subimperialismo arrastra, por lo tanto, viejos fundamentos en ambos países y no es una improvisación del escenario actual.

Ese concepto aporta un criterio para entender los conflictos en curso, superando la vaga noción de “choques entre imperios”, que no distingue a los actores globales de sus equivalentes regionales. Los subimperios mantienen una diferencia cualitativa con sus pares mayores, que desborda la simple brecha de la escala. Adoptan roles y cumplen funciones muy distintas al imperialismo dominante y sus socios.

Rivalizan además entre sí con cambiantes alineamientos externos y en conflictos de enorme intensidad. Por la magnitud de esos choques algunos analistas registran la presencia de una nueva “guerra fría interárabe” (Conde, 2018). Pero cada uno de los tres casos actuales presenta rasgos muy específicos.

El prototipo de Turquía

Turquía es el principal exponente del subimperialismo en la región. Varios marxistas han discutido ese status, en polémicas con el contrapuesto diagnóstico semicolonial (Güneş, 2019). Remarcaron los signos de autonomía del país frente a la visión que subraya la intensa dependencia hacia Estados Unidos.

En ese debate se ha resaltado correctamente la obsolescencia del concepto de semicolonia. Ese status constituía una característica de principios del siglo XX, que perdió peso con la oleada posterior de independencias nacionales. A partir de allí la sujeción económica ganó preeminencia sobre la dominación explícitamente política.

El despojo sufrido por la periferia en las últimas décadas no alteró ese nuevo patrón introducido por la descolonización. La dependencia asume otras modalidades en la época actual y la noción de semicolonia resulta inadecuada para caracterizar a las economías medianas o a los países de larga tradición política autónoma como Turquía.

El status subimperial de ese país se verifica en su política regional de expansión externa y en la contradictoria relación que mantiene con Estados Unidos. Turquía es ciertamente un eslabón de la OTAN y alberga en la base de İncirlik un monumental arsenal nuclear bajo custodia del Pentágono. Las bombas almacenadas en esa instalación permitirían destruir a todas las regiones aledañas (Cigan, 2021).

Pero son muy numerosas las acciones que Ankara desarrolla por su propia cuenta sin consultar al tutor estadounidense. Adquiere armamento ruso, discrepa con Europa, despliega tropas en forma inconsulta en varios países y rivaliza en muchos negocios con Washington.

Este rol de Turquía como potencia autónoma ha sido reconocido de hecho por Estados Unidos como un dato del ajedrez regional. Distintos mandatarios de la Casa Blanca toleraron las aventuras de Ankara sin contraponer ningún veto. Hicieron la vista gorda a la anexión del norte de Chipre en 1974 y permitieron la persecución de las minorías entre 1980-1983.

Turquía no desafía al mandante norteamericano, pero aprovecha las derrotas de Washington para escalar sus propias acciones. Erdogan ha concertado varias alianzas con los rivales de Estados Unidos (Rusia e Irán) para impedir la constitución de un estado kurdo.

Los virajes de ese mandatario ilustran una típica conducta subimperial. Hace una década inauguró un proyecto de islamismo neoliberal enlazado con la OTAN y orientado al empalme con la Unión Europea. Este rumbo era presentado por Washington como un modelo de modernización de Medio Oriente. Pero en los últimos años los voceros del Departamento de Estado cambiaron drásticamente de opinión. Pasaron del elogio a la crítica y en lugar de ponderar un régimen político afín comenzaron a denunciar a una tiranía hostil.

Ese giro en la calificación norteamericana de su controvertido socio acompañó los virajes de Turquía. Erdogan mantuvo el equilibrio de su política exterior, mientras manejaba con cierta holgura las tensiones internas. Pero se despistó con operaciones fuera de sus fronteras cuando perdió el control del rumbo local. El detonante fue la oleada democratizadora de la primavera árabe, el levantamiento kurdo y el ascenso de las fuerzas progresistas.

Erdogan respondió con violencia contrarrevolucionaria al desafío de la calle (2013), a las victorias de los kurdos y al avance de la izquierda (2015). Optó por un virulento autoritarismo represivo. Aunó fuerzas con variantes seculares reaccionarias y lanzó una contraofensiva con banderas nacionalistas (Uslu, 2020). Con ese estandarte persigue opositores, encarcela activistas y gestiona un régimen lindante con la dictadura civil (Barchard, 2018). Su comportamiento encaja con el perfil autoritario que predomina en todo Medio Oriente.

En muy pocos años transformó su inicial islamismo neoliberal en un amenazante régimen derechista, que desguarneció a la oposición burguesa. Las clases dominantes finalmente avalaron a un presidente que desplazó a la vieja elite secular kemalista y excluyó del poder a los sectores más pro-norteamericanos.

Aventuras externas, autoritarismo interno

Erdogan optó por un rumbo pro-dictatorial luego de la frustrada experiencia de su colega Morsi. El proyecto de islamismo conservador de los Hermanos Musulmanes fue demolido en Egipto por el golpe militar de Sisi. Para evitar un destino semejante, el presidente turco reactivó las operaciones bélicas externas.

Ese rumbo militarista también incluye un perfil ideológico más autónomo de Occidente. Los discursos oficiales exaltan la industria nacional y convocan a expandir los intercambios comerciales multilaterales, para consolidar la independencia de Turquía. Esa retórica es intensamente utilizada para denunciar las posturas “antipatrióticas” de la oposición. Sin abandonar la OTAN, ni cuestionar a Estados Unidos, Erdogan se ha distanciado de la Casa Blanca.

Esa autonomía generó serios conflictos con Washington. Turquía instauró un "cinturón de seguridad" con Irak, afianzó la presencia de sus tropas en Siria, envío efectivos a Azerbaiyán y ensaya alianzas con los talibanes de Afganistán. Estas aventuras -parcialmente financiada por Qatar y solventadas con recursos extraídos de Trípoli- presentan hasta ahora un alcance limitado. Son operativos de bajo costo económico y alto beneficio político. Permiten distraer la atención interna y justificar la represión, pero desestabilizan la relación con Estados Unidos.

Erdogan refuerza el protagonismo de las fuerzas armadas, que han sido desde 1920 el principal instrumento de modernización autoritaria del país. El subimperialismo turco se asienta en esa tradición belicista, que uniformó coercitivamente a la nación mediante la imposición de una religión, un idioma y una bandera. Esos estandartes son ahora retomados, para ampliar la presencia externa y conquistar los mercados aledaños. Una variante más salvaje de ese nacionalismo fue utilizado en el pasado para exterminar armenios, expulsar griegos y forzar la asimilación lingüística de los kurdos.

El presidente de Turquía preserva ese legado con el nuevo formato de la derecha islamista. Alienta sueños expansivos y exporta contradicciones internas con tropelías en el exterior. Pero actúa a favor de los grupos capitalistas que controlan las nuevas industrias medianas exportadoras. Esas fabricas localizadas en las provincias han motorizado el crecimiento de las últimas tres décadas.

Como Turquía importa el grueso de su combustible y exporta manufacturas, la geopolítica subimperial intenta apuntalar el desarrollo fabril. La agresividad de Ankara en el norte de Irak, el Mediterráneo Oriental y el Cáucaso sintoniza con el apetito de nuevos mercados que exhibe la burguesía industrial islamista.

La prioridad de Erdogan es el aplastamiento de los kurdos. Por eso buscó socavar todas las tratativas que consagraban en Siria el establecimiento de una zona bajo control de esa minoría. Intentó varias ofensivas militares para destruir ese enclave, pero terminó avalando el status quo de una frontera atosigada de refugiados.

Erdogan no ha logrado contrarrestar la autonomía que el gobierno sirio concedió a las organizaciones kurdas (PYP-UPP). Esas fuerzas logaron repeler el asedio de Kobanî en 2014-2015, derrotaron a las bandas yihadistas y ratificaron sus éxitos de Rojava. El presidente turco no logra digerir esos resultados.

La estrategia norteamericana de sostener parcialmente a los kurdos -para crear instalaciones del Pentágono en sus territorios- acentuó el distanciamiento de Ankara con Washington. El Departamento de Estado utiliza en forma muy cambiante a los kurdos como prenda de negociación con el díscolo mandatario. Obama apuntaló a esa minoría, Trump retrajo los apoyos sin cortarlos y Biden aún no definió cuál será su línea de intervención. Pero en todos los escenarios Erdogan ha puesto de manifiesto que no acepta el lugar de satélite servil que le asigna la Casa Blanca.

Las tensiones entre ambos gobiernos se profundizaron por los intereses contrapuestos en el reparto de Libia. Para colmo, Erdogan desafió al Departamento de Estado con una compra de misiles rusos, que provocó la cancelación de inversiones estadounidenses.

El punto culminante del conflicto fue el fallido golpe de estado del 2016. Washington emitió varias señales de aprobación a una asonada que estalló en zonas próximas a las bases de la OTAN. Esa conspiración fue auspiciada por un pastor refugiado en Estados Unidos (Gulen), que lidera el sector más occidentalista del establishment turco. Erdogan descabezó de inmediato a todos los militares afines a ese sector. El fracasado golpe indicó hasta qué punto Estados Unidos aspira a imponer un gobierno títere en Turquía (Petras, 2017). En su respuesta Erdogan reafirmó su resistencia a la obediencia que exige la Casa Blanca.

Ambivalencias y rivales

El subimperialismo turco equilibra la permanencia en la OTAN con las aproximaciones a Rusia. Por eso Erdogan comenzó su mandato como un estrecho aliado de Estados Unidos y luego se involucró en el rumbo opuesto (Hearst, 2020).

En la guerra de Siria estuvo enfrentado con Rusia y escaló un gran choque cuando derribó un avión militar de ese país. Pero posteriormente retomó las relaciones con Moscú e incrementó la adquisición de armamento (Calvo, 2019). También tomó distancia de los principales peones de la OTAN (Bulgaria, Rumania) y negoció un gasoducto submarino para exportar combustible ruso a Europa sin pasar por Ucrania (TurkStream).

Putin es plenamente consciente de la escasa confiabilidad de un mandatario que entrena fuerzas azerbaiyanas en conflicto con Rusia. No olvida que Turquía integra la OTAN y alberga el mayor arsenal nuclear próximo a Rusia. Pero apuesta a negociar con Ankara la disuasión de una flota norteamericana permanente en el Mar Negro.

Las tensiones con Europa son igualmente significativas. Erdogan presiona a Bruselas para recibir aportes millonarios, a cambio de retener a los refugiados sirios en sus propias fronteras. Siempre amenaza con inundar el Viejo Continente con esa masa de desamparados, si Europa sube el tono de sus cuestionamientos al gobierno turco o retacea los fondos para el sostenimiento de esa marea humana.

A nivel regional Turquía confronta ante todo con Arabia Saudita. Los dos países enarbolan estandartes islámicos divergentes, dentro del propio conglomerado sunita. Erdogan difundió un perfil de islamismo liberal en contraste con la severidad del wahabismo saudita, pero no ha podido sostener esa imagen por el feroz comportamiento de sus propios gendarmes.

Los conflictos con Arabia Saudita se concentran en Qatar, que es el único emirato del Golfo aliado con Turquía. La monarquía saudita ha intentado encuadrar a ese díscolo mini-estado con varios complots. Pero no logró repetir la exitosa conspiración que destronó a Morsi en El Cairo, sepultando la principal apuesta geopolítica de Ankara en la región.

El otro rival estratégico de Turquía es Irán. La disputa incluye en este caso, un contrapunto de adhesiones religiosas diferenciadas entre vertientes sunitas y chiitas del islamismo. La confrontación entre ambos escaló en Irak, con la frustrada expectativa turca de conquistar alguna zona afín en ese territorio. Esa pretensión chocó con la continuada primacía de los sectores pro-iraníes. Erdogan hace valer igualmente su presencia, a través de las tropas afincadas en la frontera para doblegar a los kurdos.

El vaivén ha sido la nota dominante del subimperialismo turco. Estas oscilaciones fueron muy visibles en Siria. Erdogan intentó primero tumbar a su viejo competidor Assad, pero encaró un abrupto viraje hacia el sostenimiento de ese gobierno, cuando avizoró la peligrosa perspectiva de un estado kurdo.

Ankara albergó primero al Ejército Libre Sirio para crear un régimen afín en Damasco y chocó luego con los yihadistas, que Arabia Saudita envió con el mismo propósito. Finalmente ha creado una zona tapón en la frontera de Siria para utilizar a los refugiados como moneda de cambio, mientras entrena a sus propios bandoleros.

En otras áreas Turquía entreteje el mismo tipo de contradictorias alianzas. En Libia tomó partido por la fracción de Sarraj contra Haftar, en una coalición con Qatar e Italia contra Arabia Saudita, Rusia y Francia. Envió paramilitares y fragatas para lograr una mayor tajada en los contratos petroleros y ha resuelto erigir una base militar en Trípoli, para disputar su parte en el gas del Mediterráneo. Con el mismo propósito refuerza su presencia en la porción de Chipre bajo su influencia y rivaliza por esos yacimientos con Israel, Grecia, Egipto y Francia.

Las avanzadas subimperiales de Turquía se verifican también zonas más alejadas como Azerbaiyán, donde Ankara restableció lazos con las minorías de origen turco. Suministró armas a la dinastía de los Aliyev en Bakú y apuntaló los territorios ganados el año pasado en los enfrentamientos bélicos de Nagorno-Karabaj. El añorado expansionismo otomano cobra fuerza incluso en regiones más remotas. Turquía entrenó al ejército somalí, despachó un contingente a Afganistán y amplió su presencia en Sudán.

Pero Ankara cuenta con poco margen para jugar esas partidas geopolíticas. A lo sumo puede intentar sostener su autonomía en el rediseño de Medio Oriente. Su habitual oscilación expresa una combinación de arrogancia e impotencia, derivada de la fragilidad económica del país.

Las ambiciones militaristas externas requerirían una fortaleza productiva que Turquía no detenta. Los abultados pasivos financieros del país coexisten con un déficit comercial y un desbalance fiscal, que desatan periódicas convulsiones cambiarias y bursátiles (Roberts, 2018). Esa inconsistencia económica recrea, a su vez, la división entre los sectores atlantistas y euroasiáticos de las clases dominantes, que privilegian negocios en áreas geográficas contrapuestas.

Erdogan ha intentado unificar esa diversidad de intereses, pero sólo consiguió un equilibrio transitorio. Ha impuesto cierta reconciliación entre las elites seculares de la gran burguesía con el ascendente capitalismo del interior. Logró morigerar los desequilibrios estructurales de la economía turca, pero está muy lejos de poder corregirlos. Comanda un subimperio económicamente débil para las ambiciones geopolíticas que alienta. Por eso motoriza aventuras con abruptos repliegues, enredos y volteretas.

El potencial modelo saudita

Arabia Saudita no cuenta con antecedentes subimperiales, pero se encamina hacia esa configuración. Ha sido un sostén tradicional de la dominación estadounidense en Medio Oriente, pero la acumulación de rentas, las aventuras belicistas y las rivalidades con Turquía e Irán empujan al reino hacia ese conflictivo club.

Ese curso introduce mucho ruido en la relación privilegiada de la monarquía wahabita con el Pentágono. Arabia Saudita es la primera importadora de armas del mundo (12% del total) y destina el 8,8% de su PIB a la defensa. Estados Unidos coloca en la región el 52% de sus exportaciones bélicas totales y provee el 68% de las compras de los sauditas. Cada contrato suscripto entre ambos países tiene correlatos directos en inversiones norteamericanas. La monarquía wahabita aporta un sostén estratégico a la supremacía financiera de la divisa norteamericana.

Por la decisiva gravitación de esa élite arábiga, todos los mandatarios de la Casa Blanca han buscado armonizar la incidencia de lobby sionista con su equivalente saudita. Trump logró un punto máximo de equilibrio al aproximar ambos países a un eventual establecimiento de relaciones diplomáticas (Alexander, 2018).

El entrelazamiento estadounidense con la dinastía saudita se remonta a la posguerra y al protagonismo de esa monarquía en las campañas anticomunistas. Los jeques se involucraron en incontables acciones contrarrevolucionarias, para contener la irrupción de repúblicas en toda la región (Egipto-1952, Irak-1958, Yemen-1962, Libia-1969, Afganistán-1973). Cuando el Shah de Irán fue tumbado, los reyes wahabitas asumieron un papel más directo en la defensa del orden reaccionario en el mundo árabe.

Ese regresivo rol fue nuevamente visible durante la primavera árabe de la última década. El gendarme saudí y sus huestes yihadistas encabezaron todas las incursiones para aplastar esa rebelión.

Pero al cabo de muchos años de manejo de un excedente petrolero gigantesco, los monarcas de Riad han creado también un poder propio, asentado en la renta que generan los yacimientos de la península. Esos caudales enriquecieron a los emiratos organizados en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que consolidó un centro de acumulación para coordinar el uso de ese excedente.

En esa administración el viejo entramado semifeudal saudita adoptó modalidades más contemporáneas de rentismo, compatibles con el manejo despótico del estado. Las pocas familiares que monopolizan los negocios utilizan el poder monárquico para impedir la presencia de competidores. Pero el descomunal volumen de riquezas que gestionan, acrecienta las rivalidades por el control del Palacio y el consiguiente tesoro petrolero (Hanieh, 2020).

El poder económico de Riad ha incentivado las ambiciones geopolíticas de la monarquía y las incursiones de los militares sauditas, colocando al país en el sendero del subimperialismo.

Este curso ha sido acertadamente interpretado por los autores que aplican el concepto de Marini al actual perfil de Arabia Saudita. Retratan cómo ese reinado cumple con los tres requisitos señalados por el teórico brasileño, para identificar la presencia de ese status. El régimen wahabita motoriza activamente la inversión extranjera directa en las economías aledañas, mantiene una política de cooperación antagónica con el dominador norteamericano y despliega un manifiesto expansionismo militar (Sánchez, 2019).

El Cuerno de África es la zona privilegiada por los monarcas para esa intervención. Extendieron a esa región todas las disputas de Medio Oriente y dirimen allí quién controla el Mar Rojo, las conexiones de Asia con África y el transporte de los recursos energéticos consumidos por Occidente.

Los gendarmes sauditas participan activamente en las guerras que han devastado a Somalia, Eritrea y Sudán. Comandan el despojo de los recursos y el empobrecimiento de las poblaciones de esos países. Las brigadas que envía Riad demuelen estados para acrecentar el lucro del capital saudí en negocios de agricultura, turismo y finanzas.

De las regiones supervisadas por los monarcas proviene, además, una significativa porción de la fuerza de trabajo explotada en la península arábiga. Los inmigrantes sin derechos conforman entre el 56% y el 82% de la masa laboral de Arabia Saudita, Omán, Bahréin y Kuwait. Esos asalariados no pueden desplazase sin permiso y están sujetos al chantaje de expulsión y consiguiente corte de las remesas. En esa estratificada división del trabajo -en torno al género, la etnia y la nacionalidad- se asienta una monumental remisión de fondos desde esa región al exterior.

Las aspiraciones de primacía regional saudita confrontan con el protagonismo logrado por los ayatolás de Irán. Desde la ruptura de relaciones diplomáticas en el 2016, las tensiones entre ambos regímenes se han procesado a través de los choques militares, entre los aliados de ambos bandos. Esa confrontación ha sido particularmente sangrienta en Yemen, Sudán, Eritrea y Siria.

La actual disputa saudí-iraní retoma, a su vez, el divorcio entre dos procesos históricos disimiles de regresión feudal e incompleta modernización. Esa bifurcación moldeó las configuraciones estatales diferenciadas de ambos países (Armanian, 2019a).

Esa disparidad de trayectorias ha desembocado, además, en cursos capitalistas igualmente contrapuestos. Mientras Riad emerge como un centro internacionalizado de acumulación del Golfo, Teherán comanda un modelo auto-centrado de recuperación económica gradual. Esa diferencia se traduce cursos geopolíticos muy divergentes.

El peligroso descontrol de la teocracia

Los reyes sauditas encabezan el sistema político más oscurantista y opresivo del planeta. Ese régimen funciona desde los años 30´, mediante un compromiso entre la dinastía gobernante y una capa de clérigos retrógrados que supervisa la vida cotidiana de la población. Una división especial de la policía tiene atribuciones para azotar a las personas que permanecen en la calle a la hora de la oración. Ese modelo retrata una modalidad acabada de totalitarismo.

La prensa estadounidense cuestiona periódicamente el descarado sostén occidental de esa clique medieval y se congratula con las reformas cosméticas que prometen los monarcas. Pero en los hechos, ningún presidente norteamericano está dispuesto a distanciarse de un reinado tan impresentable como imprescindible, para la dominación de la primera potencia.

El principal problema de un régimen tan cerrado es la potencial explosividad de sus tensiones internas. Como todos los canales de expresión están clausurados, el descontento irrumpe con actos revulsivos. Esa impronta tuvo el estallido de 1979 en La Meca y el mismo efecto produjo el protagonismo de Bin Laden. Este personaje de la capa teocrática acumuló los típicos resentimientos de un sector desplazado y canalizó ese despecho hacia el padrino estadounidense (Achcar, 2008; cap 2).

La política imperial norteamericana debe lidiar también con las peligrosas aventuras externas de la teocracia gobernante. Los jeques que administran la principal reserva petrolera del planeta han sido fieles vasallos del Departamento de Estado. Pero en los últimos años asumieron apuestas propias, que Washington observa con gran temor.

Los monarcas ambicionan confluir en una alianza con Egipto e Israel para controlar un vasto territorio. Esa mortífera expansión ya encendió muchos polvorines que complican a los propios agresores.

Las tensiones escalaron a un punto crítico desde que el príncipe Bin Salman se alzó con el trono de Riad (2017) y puso en práctica su descontrolada violencia. Maneja la incuantificable fortuna de la monarquía con total discrecionalidad y alocadas ambiciones de poder regional.

Acrecentó primero su control del sistema político confesional, con una sucesión de purgas internas que incluyeron encarcelamientos y apropiaciones de riquezas ajenas. Posteriormente se embarcó en varios operativos militares para disputar poder geopolítico. Comanda la devastadora guerra del Yemen, amenaza a sus vecinos de Qatar, rivaliza con Turquía en Siria y exhibió un insólito grado de interferencia en el Líbano, al chantajear con el secuestro del presidente de ese país. Bin Salman está decidido a subir la apuesta bélica contra el régimen de Irán, especialmente luego de la derrota de sus milicias en Siria.

Las matanzas en Yemen encabezan la andanada saudita. La realeza arremetió contra ese país para capturar los pozos petroleros aún inexplorados de la península arábiga. Al cabo de muchas décadas de frenética extracción, los yacimientos tradicionales comienzan a enfrentar ciertos límites, que inducen a buscar otras vetas de abastecimiento. Riad pretende asegurar su primacía, con el acceso directo a los tres cruces estratégicos de la zona (Estrecho de Ormuz, Golfo de Adán y Bab el- Mandeb). Por eso rechazó la reunificación de Yemen y buscó romper a ese país en dos mitades (Armanian, 2016).

Pero la sangrienta batalla de Yemen se ha convertido en una trampa. La dinastía saudita afronta allí un pantano semejante al padecido por Estados Unidos en

Afganistán. Ha provocado la mayor tragedia humanitaria de la última década sin conseguir el control del país. No logra doblegar la resistencia, ni disuadir los ataques en su propia retaguardia. Los impactantes bombardeos con drones al corazón petrolero de Arabia Saudita ilustran la dimensión de esa adversidad.

Se ha demostrado que la alta tecnología en el uso de los misiles es un arma de doble filo cuando los enemigos descifran su manejo. La única respuesta de Riad ha sido acentuar el cerco alimentario y sanitario con muertos de hambruna al por mayor y 13 millones de afectados por epidemias de distinto tipo.

Esos crímenes son ocultados en la presentación corriente de esa guerra como una confrontación entre súbditos de Arabia Saudita e Irán. El sostén que aporta Teherán a la resistencia contra Riad, no es el factor determinante de un conflicto derivado del apetito expansivo de la monarquía.

Esa ambición explica también el ultimátum a Qatar, que estableció una alianza con Turquía. La monarquía wahabita no tolera esa independencia, ni la equidistancia con Irán o la variedad de posturas que exhibe la cadena Al Jazzera (Cockburn, 2017).

Los qataríes albergan una estratégica base norteamericana, pero han concertado importantes acuerdos energéticos con Rusia, mantienen intercambios con la India y no participan en la “OTAN sunita” que fomenta Riad (Glazebrook, 2017). Lograron, además, disfrazar su opresivo régimen interno con un operativo de “sportwashing” que los transformó en un gran auspiciante del futbol europeo. Bin Salman no ha podido lidiar con ese adversario y algunos analistas advierten que tiene en carpeta una operación militar para forzar el sometimiento de sus vecinos (Symonds, 2017).

Al borde del precipicio

El intervencionismo del príncipe saudita se afianza a un ritmo vertiginoso. En Egipto consolida su influencia multiplicando el financiamiento de la dictadura de Sisi. En Libia sostiene a la fracción de Haftar contra el rival que apadrina Ankara y espera la correspondiente retribución en contratos.

El monarca apuntala en Irak las contraofensivas de las fracciones sunitas para erosionar la primacía de Irán. Ese apoyo incluye el incentivo de masacres y guerras religiosas. En Siria buscó crear un califato sometido a Riad y enemistado con Ankara y Teherán. El fanatismo bélico del monarca se ha corporizado en la red de mercenarios que reclutó a través de la denominada “Alianza Militar Islámica”.

Arabia Saudita es una guarida internacional de los yihadistas que el Pentágono apadrinó con gran entusiasmo inicial. Pero los monarcas utilizan cada vez más a esos grupos como tropa propia, sin consultar a Estados Unidos y a veces en contrapunto con Washington.

En Somalia, Sudán y algunos países africanos la coordinación con el mandante norteamericano se quebró. Nunca se ha clarificado, además, el significado de los atentados de una organización como Al Qaeda, que contaba con el visto bueno de la monarquía. Las acciones terroristas de los yihadistas como fuerza transfronteriza son frecuentemente indescifrables y suelen desestabilizar a Occidente.

Ese descontrol chocó con la estrategia de Obama de aquietar las tensiones de la región, mediante sintonías con Turquía y tratativas con Irán. Trump apostó, en cambio, a favor del príncipe Salman con mayores ventas de armas, encubrimientos de masacres y convergencias con Israel.

Pero las imprevisibles acciones del monarca han generado crisis mayúsculas. El salvajismo que exhibió con el descuartizamiento del opositor Khashoggi desató un escándalo que no ha cicatrizado. El periodista era un fiel servidor de la monarquía, que posteriormente estrechó vínculos con los liberales de Estados Unidos. Trabajaba para el Washington Post y destapó datos de la criminalidad imperante bajo el régimen saudita.

El arrogante príncipe optó por asesinarlo en la propia embajada de Turquía y quedó expuesto como un vulgar criminal, cuando el presidente Erdogan transparentó el caso para su propia conveniencia. Trump hizo lo imposible para encubrir a su socio con algún cuento de alocados asesinos, pero no pudo ocultar la responsabilidad directa del joven reyezuelo.

Ese episodio retrató el carácter inmanejable de un mandatario aventurero, que con el ocaso de Trump perdió sostén directo en la Casa Blanca. Ahora Biden anunció un nuevo rumbo, pero sin aclarar cuál será ese sendero. Mientras tanto pospone la apertura de los archivos secretos que esclarecerían la relación de las cúpulas sauditas con el atentado a las Torres Gemelas.

En el establishment norteamericano se han multiplicado las prevenciones contra un aventurero, que dilapidó parte de las reservas del reino en belicosas andanzas. La factura de la guerra del Yemen ya está a la vista en el agujero presupuestario, que aceleró los proyectos de privatización de la empresa estatal de petróleo y gas.

La teocracia medieval se ha convertido en un dolor de cabeza para la política exterior norteamericana. Algunos artífices de esa orientación propician cambios más sustanciales en la monarquía, pero otros temen el efecto de esas mutaciones sobre el circuito internacional de los petrodólares. Washington terminó perdiendo la fidelidad de muchos países que aligeraron sus dictaduras o atemperaron sus reinados.

Esas disyuntivas no tienen soluciones preestablecidas. Nadie sabe si las acciones de Bin Salman son más peligrosas que su reemplazo por otro príncipe del mismo linaje. La existencia de un gran reinado en el entramado de los mini-estados que componen las dinastías del Golfo aporta más solidez, pero también mayores riesgos para la política imperialista.

Por esa razón los asesores de la Casa Blanca discrepan a la hora de auspiciar políticas de centralización o balcanización de los vasallos de Washington. En ambas opciones el deslizamiento de Arabia Saudita hacia un sendero subimperial entraña conflictos con el dominador norteamericano.

Contradictoria reconstitución en Irán

El status subimperial actual de Irán es más controvertido y permanece irresuelto. Incluye varios elementos de esa performance, pero también contiene rasgos que cuestionan esa ubicación.

Hasta los años 80 el país era un modelo de subimperialismo y Marini lo presentó como un ejemplo análogo al prototipo brasileño. El Shah era el principal socio regional de Estados Unidos en la guerra fría contra la URSS, pero al mismo tiempo desarrollaba su propio poder en disputa con otros aliados del Pentágono.

La dinastía de los Palhevi afianzó esa gravitación autónoma mediante un proceso de modernización con parámetros de occidentalismo anticlerical. Apuntaló la expansión de las reformas capitalistas en sucesivos conflictos con la casta religiosa.

El monarca pretendía gestar un polo de supremacía regional distanciado del mundo árabe y sentó las bases para un proyecto subimperial, que reconectaba con la raíz histórica de las confrontaciones que tuvieron los persas con los otomanos y los sauditas (Armanian 2019b).

Pero el desplome del Shah y su reemplazo por la teocracia de los Ayatolás modificaron radicalmente el status geopolítico del país. Un subimperio autónomo -pero estructuralmente asociado con Washington- se transformó en un régimen sacudido por la tensión permanente con Estados Unidos. Todos los mandatarios de la Casa Blanca han buscado destruir al enemigo iraní.

Ese conflicto altera el perfil de un modelo que ya no cumple con uno de los requisitos de la norma subimperial. La estrecha convivencia con el dominador norteamericano ha desaparecido y ese cambio confirma el carácter mutable de una categoría, que no comparte la perdurabilidad de las formas imperiales.

Los choques con Washington han modificado el perfil subimperial precedente de Irán. La vieja ambición de supremacía regional ha quedado articulada con la defensa frente al acoso norteamericano. Todas las acciones externas del país apuntan a crear un anillo protector, ante las agresiones que el Pentágono coordina con Israel y Arabia Saudita. Teherán interviene en los conflictos en curso con ese propósito de salvaguardar sus fronteras. Opta por alianzas con los adversarios de sus enemigos y busca multiplicar los incendios en la retaguardia de sus tres peligrosos atacantes.

Esta impronta defensiva determina una modalidad muy singular de eventual resurgimiento subimperial de Irán. La búsqueda de supremacía regional coexiste con la resistencia al acoso externo, determinando un curso geopolítico muy peculiar.

Defensas y rivalidades

El expansionismo suave de Irán en las zonas de conflicto refleja esa contradictoria situación del país. El régimen de los Ayatolás ciertamente comanda una red reclutamiento chiita con milicias adscriptas a esa identidad en toda la región. Pero en sintonía con la impronta defensiva de su política, actúa con mayor cautela que sus adversarios yihadistas.

La principal victoria del régimen fue lograda en Irak. Consiguieron colocar al país bajo su mando, luego de la devastación perpetrada por los invasores yanquis. Ahora utilizan el control de ese territorio como un gran tapón defensivo, para desalentar los ataques que Washington y Tel Aviv retoman una y otra vez.

El mismo propósito disuasivo ha guiado la intervención de Teherán en la guerra de Siria. Sostuvo a Assad y se involucró directamente en acciones armadas, pero buscó afianzar un cordón de seguridad para sus propias fronteras. Las milicias del Hezbollah libanés actuaron como los principales artífices de ese cinturón amortiguador.

Los sangrientos choques en Siria se desenvolvieron como ensayos de la conflagración mayor que los sionistas imaginan contra Irán. Por eso Israel descargó sus bombardeos sobre los destacamentos chiitas.

Washington ha denunciado reiteradamente la “agresividad de Irán” en Siria, cuando en los hechos Teherán refuerza su defensa frente a la presión estadounidense. En esa resistencia logró resultados satisfactorios. Trump jugó sus cartas a las distintas incursiones de Israel, Arabia Saudita y Turquía y terminó perdiendo la batalla. Ese fracaso corrobora la adversidad general que afronta Washington. Al cabo de incontables arremetidas no pudo someter a Irán y la madre de todas las batallas continúa pendiente.

En un plano más acotado, Irán disputa primacía regional con Arabia Saudita en las guerras de los países vecinos. En Siria los yihadistas de Riad privilegiaron los asaltos contra tropas adiestradas por su rival y en Yemen la monarquía wahabita ataca a las milicias que sintonizan con Teherán. En Qatar, Líbano e Irak se verifica la misma tensión, que tiende a dirimirse en la disputa por el estrecho de Ormuz. El control de ese pasaje puede consagrar al ganador de la partida entre los Ayatolás y la principal dinastía del Golfo. Por esa ruta -que conecta a los exportadores de Medio Oriente con los mercados del mundo- circula el 30% del petróleo comercializado en todo el planeta.

Al igual que su adversario saudita, el régimen iraní utiliza el velo religioso para encubrir sus ambiciones (Armanian, 2019b). Enmascara la intención de acrecentar su poder económico y geopolítico, alegando la superioridad de los postulados chiitas frente a las normas sunitas. En los hechos, las dos vertientes del islamismo se amoldan a regímenes igualmente controlados por oscurantistas capas de clérigos.

La rivalidad con Turquía no presenta hasta ahora contornos tan dramáticos. Incluye desinteligencias que están a la vista en Irak, pero no alteran el status quo, ni asumen la peligrosidad del choque con los sauditas. El gobierno pro-turco de los Hermanos Musulmanes en Egipto mantenía los equilibrios regionales que ansía Irán. Por el contrario la tiranía -que actualmente apadrinan Washington y Riad- se ha transformado en otro adversario activo de Teherán.

Al igual que Turquía y Arabia Saudita, Irán ha expandido su economía y el gobierno busca amoldar ese crecimiento a una presencia geopolítica más descollante. Pero Teherán ha seguido un desenvolvimiento autárquico adaptado a la prioridad de la defensa y a la resistencia del acoso externo. Las exportaciones petroleras han sido utilizadas para apuntalar un esquema que mixtura el intervencionismo estatal con el fomento de los negocios privados.

Todos los avances geopolíticos han sido transformados por la elite gobernante en esferas de lucro, manejadas por grandes empresarios asociados con la alta burocracia estatal. El control de Irak abrió un inesperado mercado para la burguesía iraní, que ahora también disputa el negocio de la reconstrucción de Siria.

En el tablero entre Irán y sus rivales hay numerosas incógnitas. Los Ayatolás han ganado y perdido batallas fuera de su país y afrontan disyuntivas económicas muy difíciles. La cúpula clerical-militar gobernante que prioriza el negocio petrolero debe lidiar con la desconexión financiera internacional que ha impuesto Estados Unidos. El régimen perdió la cohesión del pasado y debe definir respuestas frente a la decisión israelí de evitar la conversión del país en una potencia atómica.

Las dos principales alas del oficialismo impulsan estrategias diferenciadas de mayor negociación o creciente pulseada bélica. El primer rumbo prioriza los colchones defensivos en las zonas de conflicto. El segundo curso no rehúye repetir el desangre sufrido durante la guerra con Irak. La reconstitución subimperial depende de esas definiciones.

Escenarios críticos

El concepto de subimperialismo contribuye a clarificar el explosivo escenario de Medio Oriente y sus regiones aledañas. Permite registrar el protagonismo de las potencias regionales en los conflictos de la zona. Esos jugadores tienen mayor incidencia que en el pasado y no actúan en el mismo plano que las grandes potencias globales.

La noción de subimperialismo facilita la comprensión de esos procesos. Esclarece el papel de los países más relevantes y clarifica la continuada distancia que mantienen con Estados Unidos, Europa, Rusia y China. Explica, además, por qué razón las nuevas potencias regionales no reemplazan al dominador estadounidense y desenvuelven trayectorias frágiles corroídas por inmanejables tensiones.

Turquía, Arabia Saudita e Irán rivalizan entre sí desde configuraciones subimperiales y el desemboque de esa competencia es muy incierto. Si alguno de los contrincantes emerge como ganador doblegando a otros, podría introducir un cambio total en las jerarquías geopolíticas de la región. Si por el contrario las potencias en disputa se agotan en interminables batallas, terminarían anulando su propia condición subimperial.

Estas caracterizaciones y diagnósticos aportan el cimiento para otro debate clave. ¿Cuál es la singularidad de Israel en el tablero regional? ¿Cómo debería caracterizarse el rol de ese país? Abordaremos ese tema en nuestro próximo texto

Resumen

Tres países de la región reúnen las características del subimperialismo. Son economías intermedias que despliegan acciones militares y relaciones contradictorias con Estados Unidos. No sustituyen a los protagonistas globales y enlazan con raíces de larga data.

El concepto se aplica a Turquía. Clarifica su expansionismo externo, las ambigüedades frente a Washington y el autoritarismo de Erdogan. También esclarece las aventuras externas y la persecución de los kurdos.

La acumulación de rentas, las aventuras bélicas y las ambiciones de los monarcas encaminan a Arabia Saudita hacia el subimperialismo. Pero la teocracia incuba explosivas reacciones internas y afronta adversos resultados militares.

La eventual reconstitución del status subimperial de Irán se combina con una nueva tónica defensiva de tensiones con Estados Unidos. Las disputas entre subimperios modifican el status de todos los contrincantes.

 

29 septiembre 2021

 

Referencias

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El Salvador: en un año Nayib Bukele copó los tres poderes

En lo que va del año, Nayib Bukele tomó una serie de medidas que alarmaron a las organizaciones sociales salvadoreñas y provocaron un protesta masiva la semana pasada. Desde la reforma de la carrera judicial que implicaría la expulsión automática de un tercio de los casi 700 jueces de todo el país y la destitución de jueces para imponer magistrados afines al mandatario, hasta la decisión de no avanzar en proyectos de ley que podían significar la ampliación de derechos para las mujeres y la comunidad LGBTIQ en el país centroamericano, el avance sobre las instituciones del mandatario salvadoreño no parece tener límites.

Bicentenario salvadoreño

El año del bicentenario de la independencia centroamericana tuvo entre sus primeras marcas el triunfo del partido de Bukele, Nuevas Ideas, que consiguió una mayoría en la Asamblea Legislativa. La primera moción del congreso de mayoría oficialista resolvió la destitución de cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron sustituidos por magistrados cercanos al mandatario.

Para Saúl Baños, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el avance contra el modelo democrático comenzó en 2020 cuando Bukele buscaba la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad. “Lo que ocurrió el nueve de febrero de 2020 cuando el presidente de la república y miembros del ejército y la policía irrumpieron en el palacio legislativo. Un intento de golpe prácticamente y no hubo sanción”, afirmó Baños a Página/12.

En 2021, con el triunfo electoral del partido Nuevas Ideas, el mandatario volvió a avanzar. “En la primera sesión plenario, un sábado, inusual, nos sorprendió a toda la población ya que con dispensa de trámite la primera moción fue la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional. Los depusieron del cargo de manera inconstitucional y nombraron a los sustitutos”, explicó el experto. El paso siguiente fue la destitución del fiscal general y el nombramiento inmediato de un sustituto. “Con esa acción se hizo de buena parte del poder y con eso trastocó el régimen republicano”, subrayó.

Concentración de poderes

“Tienen el ejecutivo y la asamblea legislativa, que fue resultado de una elección pero que terminó cooptando la sala constitucional”, puntualizó Baños, quien también se refirió a las decisiones que tomó el congreso. “Van en retroceso de lo poco que se ha avanzado. Por ejemplo,aprobaron la ley Alabi, que da amparo de impunidad para que no se investiguen las compras estatales de 2020. Son decisiones que impiden que la ciudadanía solicite y conozca cómo se manejan los fondos públicos. La ley de bitcoin, (primer país delmundo que oficializa una criptomoneda) fue aprobada de manera inconsulta, sin discusión legislativa, en un madrugón”, recordó. Mientras que los nuevos magistrados le dieron luz verde a Bukele para que pueda aspirar a un nuevo mandato en 2024, a pesar de que la constitución salvadoreña prohibe expresamente las reelecciones presidenciales sucesivas.

“Tenían que transcurrir dos mandatos (10 años), pero con esa resolución de la sala impuesta permite la relección del presidente. Faltan dos años para que termine esta administración, pero la sala ya autorizó al presidente para que se pueda reelegir ignorando la jurisprudencia constitucional”, señaló Baños.

Reforma a la carrera judicial

Otra de las decisiones que preocupa a las organizaciones sociales fue la reforma de la ley de la carrera judicial, que según Baños también se introdujo con dispensa de trámite y sin deliberación. La semana pasada Bukele, de 40 años,  promulgó la ley que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una normativa similar para los fiscales. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso -de mayoría oficialista- el pasado 31 de agosto.

“Se establece que por esa reforma todos los jueces y juezas que tengan 60 años o más o que cumplieron 30 años de servicio deberán ser reemplazados”, explicó. Entre los jueces que deberán dejar su cargo a partir del 25 de septiembre, cuando entra en vigencia la reforma, está el juez Jorge Guzmán que investiga la matanza de El Mozote en 1981. En 2020 Guzmán pidió a la Fiscalía investigar y determinar si Bukele cometió algún delito en el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército. En los documentos el juez buscaba información sobre el operativo militar que derivó en la famosa masacre.

 “Hacer una reforma a la ley de la carrera judicial de esa manera no persigue hacer un proceso de depuración. Porqué únicamente a los jueces que tienen 60 años de edad, ahí se están yendo jueces con una experiencia enorme. Los propósitos son otros”, afirmó Baños. Los diputados de Nuevas Ideas habían promovido la reforma asegurando que la medida busca depurar el sistema judicial y combatir la corrupción. Pero en el texto no están mencionadas las presuntas prácticas de corrupción.

 “La corrupción es un argumento que les sirve. Pero hay un mecanismo para hacerlo, un debido proceso. Acá no se respetó lo que establece la Constitución. Distintas organizaciones como la que represento venimos planteando la necesaria depuración del sistema judicial, tanto altas cortes como jueces de primera instancia, pero se debe seguir respetando las normas para facultar el proceso”, indicó Baños.

Retroceso en derechos

Por otro lado, el presidente salvadoreño decidió eliminar la inclusión de la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia del proyecto de reforma constitucional de su gobierno. "He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia", escribió el mandatario en sus redes sociales.

El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al prohibir totalmente la interrupción del embarazo incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer. En este sentido, Morena Herrara, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, rechazó la decisión del mandatario salvadoreño. “Nosotras lamentamos la posición que ha expresado el presidente porque está negando los derechos de las mujeres y no advierte las consecuencias de una legislación draconiano y de unas políticas públicas que están condenando a niñas y a mujeres”, dijo en diálogo con Página/12. “Nosotras tenemos una visión de que las cosas no están cerradas, que este gobierno actúa por conveniencia política, por imagen en medios de comunicación y en redes sociales. Seguimos reivindicando la responsabilidad que tienen de garantizar la salud y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, así como los derechos de las personas que se identifican desde las disidencias sexo genéricas”, agregó.

Para Herrera es fundamental por un lado mantener vivas las demandas y aumentar la presión social y por otro lado la necesidad de que escuchen a la comunidad internacional. En este sentido explicó que en este momento hay dos demandas en el sistema interamericano de derechos humanos, una es la de una campesina llamada Manuela, condenada a 30añosdeprisión por abortar. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso se conocerá en los próximos meses. La otra causa se conoce como Beatriz vs El Salvador.

En el caso de Manuela está enfocada en la violación de derechos por la criminalización de mujeres que viven en situación de pobreza y que fueron acusadas de aborto y luego condenadas por homicidio agravado. Es un proceso que tiene relación con el contexto de penalización absoluta del aborto, pero no es específico sobre aborto. En el caso de Beatriz sí es una demanda específica sobre aborto y ahí pensamos que el carácter de obligado cumplimiento de las sentencias de la corte jugará un papel en las políticas y legislación de El Salvador”, afirmó Herrera, quien también reivindicó la necesidad de restablecer la institucionalidad democrática, de la separación de poderes.

“Vemos un panorama difícil en El Salvador, pero esta es la realidad en la que vivimos y en la que necesitamos construir alternativas. No es la primera vez que se cierran espacios y consideramos que no nos queda otro camino que continuar luchando, incidiendo y transformando la realidad, convenciendo a la población de la importancia de estos derechos”.

Protesta

El pasado 15 de septiembre entre 5000 y 8000 manifestantes salieron a las calles de San Salvador para intentar poner un freno a los abusos de poder en la primera protesta masiva del mandato de Bukele. "Más allá de la cantidad de gente," escribió el corrresponsal de El País de España.  "Bukele fue derrotado en dos escenarios en los que hasta ahora no tenía rival: la calle y las redes. La convocatoria se convirtió en tendencia desde el día anterior y terminó con el silencio después de varios meses de polémicas reformas que han suscitado el rechazo dentro y fuera del país; desde Estados Unidos, que lo comparó con Hugo Chávez, a Naciones Unidas, que pidió respeto a la independencia judicial."

La respuesta Bukele no se hizo esperar. Primero cambió la descripción de su cuenta de Twitter, autodefiniéndose como "dictador de El Salvador" y horas más tarde subió la apuesta: pasó a llamarse “el dictador más cool del mundo mundial”.

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Imagen de Sergio Ramírez. — PÚBLICO

Acusado por Daniel Ortega de un rimero de supuestos delitos en Nicaragua, Ramírez no se plantea regresar a su país mientras el actual mandatario siga en el poder. España será su destino hasta que decida su destino definitivo.

 

La vida de Sergio Ramírez (Masatepe, 1942) se asemeja a una de esas tramas de la literatura latinoamericana del siglo XX trufadas de personajes desmesurados y escenas hiperbólicas. Se exilió en Costa Rica durante la dictadura de Somoza a finales de los años 70 y hoy, casi medio siglo después, se ve de nuevo abocado al destierro por la persecución política que sufre en Nicaragua por parte de quien fuera su compañero de viaje en la última revolución romántica de América Latina. Acusado por Daniel Ortega de un rimero de supuestos delitos, Ramírez no se plantea regresar a su país mientras el actual mandatario siga en el poder. Compartió el gobierno con Ortega en la década de los 80, cuando los sandinistas tuvieron que hacer frente a las sanciones de Washington y a la guerrilla de la Contra financiada por la CIA. Durante ese tiempo vertiginoso, aprovechaba el silencio de las madrugadas para escribir una novela (Castigo divino).

Tras la derrota sandinista en 1990, Ramírez fue alejándose de Ortega, y también de la política, para dedicarse a escribir. Su última novela,Tongolele no sabía bailar (Alfaguara), acaba de publicarse en España mientras se prohíbe en Nicaragua, donde solo puede leerse de manera clandestina. La obra refleja los abusos de poder del régimen de Ortega, el antiguo revolucionario devenido autócrata esotérico. Ramírez, Premio Cervantes 2017, recibe a Público en un céntrico hotel de Madrid. Es consciente de que tendrá que vivir una buena temporada, tal vez el resto de su vida, fuera de su país. España será su refugio en los próximos meses, hasta que tome una decisión sobre su destino definitivo. Sobre su segundo exilio.

El régimen de Daniel Ortega lo ha acusado de varios delitos, entre ellos la conspiración y la incitación al odio. Una persecución que lo obliga a un nuevo exilio. El filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, exiliado español en México, decía que el exilio es una herida que no cicatriza. Usted ya acumula dos de esas heridas.

En la vida se presentan circunstancias que uno no busca, pero que hay que asumirlas cuando llegan. Uno no puede cambiar cosas que le imponen. Una dictadura te impone un exilio y entonces la única manera que yo tendría de no ser un exiliado sería ser un preso político, y no estoy dispuesto a ser un preso político. A la edad que yo tengo [79 años], la dureza del aislamiento en una cárcel, en una celda de castigo, como le han impuesto a gente de mi edad que está presa allí... Ni siquiera les dejan tomar sus medicamentos, no tienen asistencia médica, están deteriorando su salud, están sometidos a interrogatorios... No pienso darle ese gusto a la dictadura.

El lanzamiento de su nueva novela, 'Tongolele no sabía bailar', ha coincidido con las imputaciones en su contra por parte del régimen y la prohibición de su libro en Nicaragua, aunque circula ya de forma clandestina.

El hecho de que la gente haya copiado la novela de manera libre es algo que yo no puedo respaldar desde el punto de vista de un escritor que respeta las leyes de derechos de autor. Como un hecho político, me parece un acto de resistencia, que los jóvenes, sobre todo, hayan reproducido esta novela para leerla dentro de Nicaragua, donde está prohibida. Yo creo que los libros prohibidos son los que más llaman la atención, y el hecho de que se supiera que en la aduana de Nicaragua este libro no podía entrar, no podía ser leído, movió a muchos jóvenes a buscar cómo hacerlo. Unos compraron la edición digital y otros han acudido a la circulación de la novela por medio de PDF.

Galeano siempre recordaba cómo 'Las venas abiertas de América Latina' pasaba de mano en mano clandestinamente en las dictaduras del Cono Sur.

No hay que olvidar que la tradición de los libros de contrabando en América Latina viene desde la colonia. El Quijote estaba prohibido porque contaba mentiras, y para los poderes de entonces, la Corona, la Iglesia, no era conveniente que la gente leyera mentiras. Entonces El Quijote entraba en barriles de tocino, en barriles de vino, camuflados con tapas falsas, y así ha pasado con otros muchos libros que la gente busca cómo agenciarse y cómo leerlos.

Usted fue vicepresidente del gobierno de Ortega entre 1985 y 1990. Años después, alertó sobre la deriva autoritaria del líder sandinista, de sus pactos con personajes corruptos, como el derechista Arnoldo Alemán, y de la persecución de sus adversarios políticos. ¿Hacia dónde camina Nicaragua tras las próximas elecciones de noviembre?

Claramente hacia el partido único, pero no como en Cuba, donde solo existe el Partido Comunista, si no quizás como la RDA, que además del partido oficial comunista permitía la existencia de una serie de partidos que adornaban el paisaje político, pero no tenían ninguna incidencia. El régimen quería pretender con eso tener un carácter pluralista. Ahora, en Nicaragua, los que van a competir con Ortega en estas elecciones son partidos fabricados por él mismo de la antigua oleada, o de gente que se presta y a los que les prometen que, a cambio de este ardid, les van a dar uno o dos asientos en la Asamblea Nacional.

Ortega seguramente se va alzar con el 80 o el 90 por ciento de los asientos de la Asamblea, y el resto los va a repartir entre sus aliados. Esto es una canonjía personal: el salario de un diputado, más determinada cantidad de combustible, un vehículo libre de impuestos... Los diputados reciben también una cantidad de dinero para repartir a sus partidarios… Entonces, para muchos es un bonito negocio ser diputado. En Nicaragua, la gente llama a estas personas "zancudos", los mosquitos que chupan la sangre del presupuesto.

¿Cree usted entonces que se va a perpetuar el régimen después de las elecciones presidenciales de noviembre?

Creo que la ambición es quedarse solos en el poder, pero lo malo de estas ambiciones es que siempre demandan más acumulación de poder, porque el que actualmente tienen no les presta las seguridades que ellos buscan. El poder absoluto siempre es inseguro y eso lo lleva a su propio desastre.

Usted ha recibido el apoyo de muchos intelectuales. ¿Piensa que ese respaldo puede servirle como un escudo protector?

Bueno, no veo ninguna posibilidad de que Ortega vaya a ser doblegado pese al respaldo internacional, por muy abrumador que sea. Lo que siento es que, a través de la exposición de mi caso por parte de tanta gente, se pueda abrir la puerta de saber con mayor profundidad lo que está pasando en Nicaragua y la naturaleza que tiene la represión. Porque al fin y al cabo, el caso de Nicaragua no termina en Sergio Ramírez.

Es apenas un hueco para asomarse a las iniquidades que se cometen a diario con 140 presos políticos, centenares de miles de exiliados en Costa Rica, en los Estados Unidos o en México; gente que tiene que abandonar todo por miedo a ser prisionera. Estamos frente a una tiranía que no tiene límites, que no se pone límites, de manera que el hecho de que mi caso sirva para que la gente tome conciencia de lo que está pasando, eso me parece muy valioso.

Su nueva novela indaga en los abusos de poder en Nicaragua y en los acontecimientos de protestas y represión acaecidos en 2018. ¿Es un reflejo de la realidad del país?

Sí, yo creo que de alguna manera la literatura hispanoamericana está reflejando la realidad contemporánea y la realidad también del pasado, en la medida en que los ojos del novelista parecen ser capaces de entrar en el flujo de acontecimientos. Este es el sentido que para mí tiene abril de 2018. La novela tiene una dinámica también contemporánea, y la misma saga del inspector [Dolores] Morales lo va acercando al tiempo presente. Y al regresar a Nicaragua del exilio, en la frontera con Honduras, donde había quedado al final de Ya nadie llora por mí, pues es inevitable que se encontrara en el año 2018 con lo que estaba pasando en las calles.

¿El inspector Dolores Morales, que ya aparece en dos novelas anteriores, 'El cielo llora por mí' y 'Ya nadie llora por mí', es de alguna manera un 'alter ego' de Sergio Ramírez?

Pues de muchas maneras. Los dos entramos en el año 79 en acontecimientos que buscaban cambiar el país, solo que él era más joven, era un adolescente que había empuñado el fusil, había perdido una pierna, ahora usa una prótesis, pero él se ha venido haciendo mayor con el tiempo, a través de sus distintas experiencias de vida. Desde que termina el régimen sandinista en el 90, él tiene que enfrentarse desde su posición de investigador a todos los cambios políticos, primero desde la policía frente al narcotráfico, después al regreso de Ortega en 2006, a hechos de corrupción, ya marcados por la presencia de nuevos ricos creados por la misma revolución. Y esto de que la revolución cree nuevos ricos parece ser un destino inalienable de las revoluciones mismas.

¿Cree que la ficción es una herramienta más idónea que el ensayo para reflejar la realidad de América Latina?

Siempre ha sido la ficción un arma más poderosa. Primero, porque la gente lee más novelas que ensayos. En la trama de una novela, los hechos que tienen que ver con la historia resultan mucho más atractivos. Yo creo que, si buscamos un libro de historia que refleje el caudillismo del siglo XIX, por ejemplo, no sería fácil encontrarlo, pero sí en una novela como la de Sarmiento (Facundo). Ahí está esa figura del caudillo, pero es una novela. O si queremos saber lo que pasa con un revolucionario en México que se vuelve un banquero corrompido, poderoso, pues La Muerte de Artemio Cruz [de Carlos Fuentes] es lo mejor. Si buscamos encontrar la guerra de Canudos en Brasil, está La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa. Yo creo que la historia siempre está contada de forma muy atractiva por las novelas.

El régimen de Ortega muestra desde hace años, por influencia de Rosario Murillo, esposa del mandatario y vicepresidenta, una dimensión esotérica que parece salida de una ficción.

Yo creo que el ejemplo de un régimen como el de Ortega lo encontramos mucho en las novelas, de estas figuras que asumen el poder absoluto y se vuelven extravagantes. En El Salvador, en los años 30, el presidente Maximiliano Hernández Martínez practicaba él mismo la brujería, él se creía dueño de poderes extraordinarios, desde descubrir agua con un palo hasta controlar las pestes por medio de papeles de colores que mandaba pegar en el alumbrado público. Y tenía en la radio un programa diario sobre asuntos esotéricos, sobre la comunicación en el más allá con los espíritus. Y era el presidente de la República.

Algunos sectores de la izquierda todavía ven con cierto romanticismo la figura de Ortega por lo que significó en la revolución sandinista, y alegan que aún conserva una mirada social.

Esto me parece una especie de cinismo envejecido. En Nicaragua no hay programas sociales que Ortega esté desarrollando. Y aunque los hubiera, ningún programa social justifica el atropello a los derechos humanos. Me parece realmente una atrocidad que alguien pueda llamarse de izquierda y justifique violaciones a los derechos humanos, asesinatos de jóvenes por la espalda, cárcel, exilio, en nombre de una idea.

Eso ni siquiera es ya romanticismo. Yo lo veo como un oportunismo cínico muy trasnochado. Son gente que se quedó mirando al pasado, o sabe lo que [Ortega] está haciendo y tiene el cinismo suficiente para respaldar regímenes dictatoriales que no se diferencian en nada de los regímenes de derecha. No veo yo cuál es la diferencia entre la dictadura de Franco y la dictadura de Ortega. Cuando alguien usa los mecanismos de poder y se apodera de todas las instituciones, y tiene un control absoluto del Estado, y quiere tenerlo también de la sociedad, yo creo que no hay discusión ninguna. ¿Cuál es la diferencia entonces entre derecha e izquierda?

¿Cree que son comparables?

Hay brutalidades que no se pueden comparar, pero se pueden medir en intensidad. El hecho de que en tres o cuatro meses en Nicaragua hayan matado en la calle a 420 muchachos, me parece que es una atrocidad suficiente para que alguien que está pensando que en Nicaragua existe una revolución romántica, pudiera darse cuenta, si tiene ojos para ver.

¿Cómo se plantea su futuro en el exilio? ¿Dónde va a vivir y a escribir?

Estos meses me voy a quedar en España, después voy a regresar a Costa Rica y tengo que ir a México. No me he sentado a meditar sobre este tema aún. Estoy en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado. Para un escritor, el exilio no es más que una manera de cómo cambiar de lugar su ordenador. Comprarse una mesa firme sobre la cual asentar un ordenador. El acto de escribir es un acto solitario, y uno puede escribir en el lugar donde se asiente. El exilio tiene que ver con otra cosa. El exilio tiene que ver con la imposibilidad del retorno al país donde uno nació, donde uno tiene sus afectos, pero si uno es escritor, cargará con su escritura allá donde vaya.

madrid

17/09/2021 21:51 Actualizado: 17/09/2021 22:04

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Nicaragua: Ortega encabeza lista de candidatos presidenciales mientras sus opositores están en la cárcel

Managua. El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua presentó ayer la lista definitiva de candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre, marcadas hasta ahora por la detención de varios de los principales líderes de la oposición, y en las que el presidente, Daniel Ortega, intentará sumar un nuevo periodo, junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

La lista está formada por seis fórmulas presidenciales, entre las que no está la que se perfilaba como principal fuerza para desbancar a Ortega del poder, Ciudadanos por la Libertad, después de que la formación fue suspendida hace un mes a petición del también opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) "por violar constantemente la ley electoral".

Las candidaturas deben estar formadas por un hombre y una mujer, como marca la ley. Por el lado oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) vuelve a contar con Ortega, que aspira a su cuarto mandato, y con Murillo, que sería su segundo en caso de que obtuvieran el triunfo.

El resto de los aspirantes son Walter Espinoza y Mayra Argüello por el PLC, Guillermo Osorno y Violeta Martínez por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Marcelo Montiel y Jennyfer Espinoza por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Gerson Gutiérrez y Claudia Romero por la Alianza por la República (APRE) y Mauricio Orúe y Zobeyda Rodríguez por el Partido Liberal Independiente (PLI).

La otra formación que se presenta es el regionalista Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama), que debido a su carácter local sólo presentará candidatos a diputados por las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, informa La Gaceta, diario oficial del Estado nicaragüense.

Estados Unidos y la Unión Europea han cuestionado la legitimidad de estas elecciones presidenciales y han denunciado la deriva autoritaria del gobierno de Ortega por su persecución a líderes opositores, periodistas y colectivos de la sociedad civil críticos de sus políticas.

Hace unos días, la justicia de Nicaragua envió a juicio a 11 opositores por presuntos delitos de conspiración y decidió mantenerles en prisión. Entre ellos estaban algunos que se presentarían a las elecciones, como Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, el ex viceministro de Exteriores José Bernard Pallais y los antiguos guerrilleros sandinistas Hugo Torres y Dora María Téllez.

Unos 4.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar el 7 de noviembre, cuando además de la fórmula presidencial están en juego los 92 escaños de la Asamblea Nacional y otros 20 del Parlamento Centroamericano.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos informó que sus ciudadanos han sido objeto de "acoso y agresión" por "personas enmascaradas" en Nicaragua y recomendó a los estadunidenses no viajar a la nación centroamericana.

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Bukele saluda el 6 de junio después de una conferencia de prensa en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

A través de un fallo judicial de un órgano nombrado por él, el presidente de El Salvador apunta a reelegirse en 2024 y reaviva los temores de sus críticos

 

Unos meses después que el presidente Nayib Bukele comprometió la independencia de la justicia en El Salvador a golpe de giros autoritarios, la Sala de lo Constitucional que él instaló autorizó la noche de este viernes su reelección presidencial inmediata, cruzando una línea que los críticos del proyecto de Nuevas Ideas —el partido del mandatario— habían advertido con preocupación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño anunció este sábado que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que se permita la inscripción para competir por una reelección presidencial con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato.

Así, Bukele apunta a reelegirse en 2024 usando un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011. La diferencia es que el mandatario sandinista alegó que la prohibición constitucional de la reelección “violaba sus derechos humanos” y la justicia de Bukele invocó al pueblo para “que decidan sin presiones o coacciones indebidas”.

Hasta ahora, y según la Constitución del país, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo para un periodo inmediato. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional instalada en mayo pasado por Bukele arrolló el artículo 152 de la Carta Magna que señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.

Aunque la reelección presidencial era algo que se barajaba en El Salvador, tomando en cuenta los zarpazos de Bukele a la justicia destituyendo a través de la Asamblea Nacional a magistrados y recientemente a un tercio de los jueces y fiscales, lo sorpresivo es la celeridad con que el mandatario afianza su proyecto político tildado como autoritario por sus detractores.

“La Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele cooptó en mayo de este año—acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. La democracia en El Salvador está al borde del abismo”, expresó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

04 sept 2021 - 19:36 CEST

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París fue el centro de las protestas contra el pasaporte sanitario.. Imagen: EFE

Más de 230 mil personas salieron a las calles

Desde el lunes en adelante será necesario presentar un certificado de vacunación, un test PCR negativo o un certificado de recuperación de la enfermedad para poder acceder a los cafés y restaurantes, salas de espectáculo y ferias profesionales.

 

Más de 230 mil personas salieron a las calles en diferentes ciudades de Francia para protestar en contra de las medidas sanitarias para controlar la propagación de covid-19, como la vacunación obligatoria para el personal sanitario y el pase sanitario (certificado de vacunación o test negativo de coronavirus) para ingresar a cafés, restaurantes, y viajes de larga de distancia en bus, tren o avión.

Las marchas fueron convocadas en más de 150 ciudades de Francia y en total participaron cerca de 237 mil personas. La cifra total supera a las 204 mil personas que salieron a las calles la semana pasada.  En París se movilizaron unos 17 mil manifestantes, según informó el ministerio de Interior. En el departamento de Provenza-Alpes-Costa Azul, en la costa Mediterránea, al menos 37.000 personas se manifestaron en ciudades como Toulon, Niza o Marsella. La mayoría de marchas fueron pacíficas pero en Lyon hubo siete detenidos por lanzar proyectiles. El ministerio de Interior informó de 35 detenidos y siete agentes con heridas leves.

"Macron, no quiero tu pase (sanitario)" y "Macron, no queremos ni verte" fueron algunas de las consignas en el centro de París, en una protesta que contó con "chalecos amarillos" entre los participantes. "El problema con el pase sanitario es que nos lo están imponiendo", lamentaba Alexandre Fourez, un empleado de marketing de 34 años.

Las marchas  vuelven dos días después de la entrada en vigor de gran parte de las medidas. Este jueves el Tribunal Constitucional respaldó la extensión del pase sanitario a más espacios públicos y la obligación de que se vacune el personal sanitario.

A partir del próximo lunes, será necesario presentar un certificado de vacunación, un test PCR negativo o un certificado de recuperación de la enfermedad para poder acceder a los cafés y restaurantes, salas de espectáculo y ferias profesionales. Los empleados de escuelas y universidades, así como los estudiantes universitarios, también deberán tener este certificado que, a partir del 1 de septiembre, será necesario para vuelos domésticos y trenes de larga distancia.

Las medidas impulsadas por Macron buscan apurar la campaña de vacunación que hasta el momento alcanzó a 44 millones de franceses con al menos una dosis (cerca del 66 por ciento de la población) y como una forma de presionar a las personas renuentes a inmunizarse contra la covid-19. Según las autoridades sanitarias el país ya registra más de 120 mil muertes desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas hubo 32 muertes y más de 25 mil contagios. Según el sitio web Covid Tracker, actualmente Francia registra una media de 146 ingresos diarios a las Unidades de Cuidades Intensivos.

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Nicaragua: detuvieron a Berenice Quezada, candidata a vicepresidenta de la oposición

Fue inhabilitada para competir en los comicios del próximo siete de noviembre

El Ministerio Público presentó cargos contra la exMiss Nicaragua "por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia". La CIDH repudió la retención de Quezada y urgió "al Estado a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente".

 

La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, Berenice Quezada, fue retenida ilegalmente en su domicilio por la policía. El Ministerio Público informó este miércoles que la exMiss Nicaragua de 27 años fue inhabilitada para competir en los comicios del próximo siete de noviembre acusada de "incitar al odio y la violencia" en medio de una ola de arrestos de opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien aspira a la reelección.

En la noche del martes Quezada "fue notificada por las autoridades judiciales y el Ministerio Público que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria sin acceso a comunicación telefónica y con restricción migratoria", protestó la derechista CxL en su cuenta de Twitter. La agrupación dijo que su candidata también fue informada que estaba "inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular" y que debería permanecer en su casa, en la capital Managua, con custodia policial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió la retención de Quezada y exigió "al Estado de Nicaragua liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y reestablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses".

En cambio, el Ministerio Público de Nicaragua dijo en un comunicado: "Se presentó acusación en contra de Berenice Xuyamy Quezada Herrera por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas". 

El lunes Quezada había exigido la liberación de los "presos políticos" llamando al pueblo a votar "como lo ha hecho en las calles" en las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y dos mil heridos según organizaciones de derechos humanos. "Tenemos que demostrar en las elecciones del siete de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país", dijo la joven modelo en alusión al gobierno que preside Ortega desde 2007.

Quezada fue inscripta ese mismo día ante el tribunal electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Oscar Sobalvarro, un exguerrillero de la extinta contrarrevolución que Estados Unidos financió en los años 80 contra la revolución sandinista del actual presidente Ortega. Otros 31 opositores, incluyendo siete aspirantes presidenciales, están presos desde junio bajo cargos de "traición a la patria".

04/08/2021

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