Se reactivaron las protestas en Panamá por incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno

A una semana de la firma de los acuerdos por los que el Gobierno se comprometía a congelar precios de alimentos, combustibles y a otorgar mayor presupuesto al área de educación, los sindicatos comenzaron nuevas protestas por su incumplimiento. Docentes y trabajadores de la constucción seguiran en la calle contra una inflación que deteriora los salarios y el ajuste exigido por el FMI.

 

Sindicatos y gremios de Panamá ya habían anunciado el lunes que comenzarían nuevas protestas callejeras ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo con el Gobierno instalada el pasado 21 de julio, en medio de la mayor crisis social vivida en el país en años.

"Frente al incumplimiento de lo que se ha logrado pactar (en la mesa de diálogo) y frente a la actitud de no querer resolver los otros problemas, regresamos a las calles" este miércoles, dijo el líder del poderoso sindicato de la construcción Suntracs, y miembro de una de las alianzas populares que promovieron las protestas nacionales de julio pasado, Saúl Méndez.

Varios comercios y estaciones de combustibles no están vendiendo los alimentos y el combustible con los costos rebajados que habían sido acordados en la "mesa única de diálogo".

Desde la mañana de este miércoles obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) cerraron de manera intermitente varias avenidas en la capital panameña y la periferia, aunque en menor magnitud que los bloqueos del mes pasado. En tanto, en las provincias del interior grupos de educadores realizaron protestas callejeras, sin cerrar las vías.

“Se supone que ya en el tema de la canasta básica de alimentos debería el pueblo sentir que allí hay un alivio, pero no ha ocurrido… el gobierno no ha garantizado el cumplimiento” de los acuerdos, aseguró Marco Andrade, dirigente de la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical.

“La idea es que el gobierno dé respuestas concretas… el gobierno es el único responsable de ejecutar” los acuerdos, dijo por su parte Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, durante un encuentro de dirigentes de la Alianza Pueblo Unido que aglutina a organizaciones sindicales, magisteriales y sociales.

Con la mesa de diálogo el Gobierno solo buscó ganar algo de tiempo sin tocar varios de los aspectos fundamentales del ajuste en curso y otorgando algunas de las reivindicaciones de los manifestantes, como el congelamiento parcial de algunos productos y el combustible, pero que como se ve ni siquiera se puede garantizar.

Como señalábamos en un artículo previo, a pesar de haber conseguido estas reivindicaciones parciales las direcciones de las protestas nunca pusieron sobre la mesa tres temas cruciales, como la cuestión central de los salarios, los acuerdos con el FMI que es lo que está en la base de todo el ajuste que viene aplicando y lo seguirá haciendo el gobierno de Laurentino Cortizo, y sobre los despidos en la administración pública, parte de ajuste fiscal. En este marco, las concesiones que se le arrancaron al gobierno al ser una economía dolarizada pueden ser efímeros debido a la inflación internacional, pues el “congelamiento” de precios es relativo y seguirá aumentando a medida que aumenten los precios internacionales.

El Gobierno logró conseguir una semana de tregua para sacar a los trabajadores de la calle tras más de un mes de huelga docente, paralizaciones y movilizaciones. En este extenso período de lucha, fueron las bases las que consiguieron mantener las acciones en las calles logrando incluso que las direcciones se unificaran. Para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida será necesario no solo redoblar las acciones sino incorporar el en pliego de reclamos el conjunto de las demandas centrales como el aumento general de salarios y la ruptura de los acuerdos con el FMI que están detrás del ajuste perpetuo

Jueves 11 de agosto

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Miércoles, 10 Agosto 2022 05:32

Ecuador: ¿un nuevo Estado fallido?

Movilización en Ecuador. Foto: CONFENIAE

 

 

8 agosto 2022

Como sucedió en la década de 1990, la población ecuatoriana tomó las calles en los últimos años con dos formidables movilizaciones: la de octubre de 2019 contra el ajuste económico perpetrado por Lenin Moreno, y en junio de 2022 contra la política neoliberal y el desgobierno del banquero Guillermo Lasso.

Sin embargo, ambos períodos no son comparables. Tres décadas atrás existía una sociedad mucho más integrada que apenas empezaba a atisbar el modelo neoliberal que se instaló con fuerza hacia 2000, cuando una importante crisis política llevó a las elites a sustituir el sucre por el dólar, dando un mazazo a las economías populares pero cortando de raíz la híperinflación.

En 1990 aparecía por vez primera el movimiento indígena como actor colectivo, que era capaz de mover la agenda política e instalarse como interlocutor imprescindible para gobiernos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Fueron años de optimismo y esperanzas, ya que la renovación de los sujetos político-sociales removió los vetustos modos de hacer política.

En poco tiempo, comenzó a hablarse de comunidades indígenas, de las diversas nacionalidades y pueblos que existen en el país, acuñándose el concepto de plurinacionalidad para definir tanto una realidad diversa como los objetivos políticos de los movimientos. Buena parte de las demandas de los pueblos se fueron incorporando a las constituciones de 1998, primero, y de 2008 después.

En tres décadas, las cosas han cambiado radicalmente. Caminar las calles del centro de Quito supone encontrarse con carteles redactados por los comerciantes que advierten a los ladrones que «los mataremos con nuestras manos». Una advertencia temeraria que refleja el sentimiento de buena parte de la población ante el aumento de la violencia urbana, que lleva a los quiteños a encerrarse en sus casas cuando cae la noche.

La violencia se ha desbordado en los dos últimos años, hasta niveles insoportables, mediante el crecimiento de homicidios, robos y acciones del narcotráfico. Esto llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción en varias ocasiones por «grave conmoción interna», en las provincias más pobladas del país. Sin embargo, la tasa de homicidios en franco crecimiento es la mitad del pico registrado en 2008. Lo que ha cambiado es la actitud de las autoridades.

Las muertes en las cárceles, que suman casi 400 detenidos desde 2021, se deben según Human Rights Watch al hacinamiento y la falta de control estatal: «Estos hechos violentos son un recordatorio alarmante de la incapacidad de las autoridades para controlar eficazmente las prisiones y proteger la vida y la seguridad de los ecuatorianos», señaló la directora interina para las Américas de HRW Tamara Taraciuk Broner.

Los sucesivos gobiernos ecuatorianos, desde la década progresista de Rafael Correa (2007-2017), se han empeñado en fortalecer el aparato represivo del Estado que fue desplegado con brutalidad y contundencia en las batallas callejeras de 2019 y 2022, provocando once y siete muertos, respectivamente, miles de heridos y detenidos.

Pero ese aparato armado no es utilizado para controlar a las pandillas del narco que campan a sus anchas en cárceles y calles de las ciudades, en particular en Guayaquil donde se producen el 70% de los hechos violentos. Suena curioso ver cómo los aparatos estatales se fortalecen pero abdican del monopolio de la violencia, que es una de las claves de un Estado legítimo.

El actual desastre ecuatoriano –incluyendo la posibilidad de que sea realmente un Estado fallido– es responsabilidad de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI, de los gobiernos de Estados Unidos y de las elites locales, que han impulsado políticas que destruyeron el tejido social y la capacidad de articulación de las instituciones.

El panorama es dramático: un movimiento indígena y popular cada vez más potente y enfrente un Estado militarizado, clases medias y altas cada más racistas y violentas que sólo piensan en la salvación individual. El proyecto de país ya no existe, fue devorado por las ambiciones de arriba y el temor a los sectores populares. Lo peor es que se trata de una tendencia que atraviesa a toda la región.

El choque de trenes sociales y políticos parece inevitable en una región que, recordemos, ostenta las mayores tasas de desigualdad del planeta. Este sería el primer elemento a considerar, especialmente en Ecuador: en la medida que ningún gobierno pudo debilitar a los movimientos populares, pueblos y nacionalidades originarias, el conflicto tiende a desplegarse cada cierto tiempo.

En ocasión del paro de 18 días en junio, las cosas se hubieran calmado luego de dos o tres días, ya que ninguna de las organizaciones tenía previsto una movilización tan extensa. Sin embargo, la torpeza del gobierno al detener al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, encendió la pradera. Las comunidades desbordaron a sus dirigentes y se lanzaron a cortar carreteras, ocupar espacios públicos y marchar sobre Quito, como vienen haciendo desde hace tres décadas.

La tregua pactada para que sesionen diez comisiones que deben abordar otras tantas demandas del movimiento indígena, finaliza a principios de octubre. Pero es apenas eso, una tregua forzada por la potencia del movimiento y la fragilidad del gobierno, aunque ninguno de los dos actores estaban en condiciones de prolongar el conflicto.

Sobre el tema del título –Ecuador como Estado fallido– quisiera hacer una reflexión.

Cada vez que un movimiento social adquiere un nivel notable de fortaleza, aparecen las manadas de narcos, armadas y dispuestas a destripar el tejido social. Las modalidades cambian, pero esta película ya la vimos en Colombia, en México y en Guatemala. Ahora vemos un escenario similar desplegarse en Wall Mapu, territorio del pueblo mapuche en el sur de Chile. ¿Será casualidad?

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Entrevista. Un año de Gobierno de Pedro Castillo en Perú: giro a derecha y desilusión

Por arriba, dos intentos fallidos de destitución y el fantasma de un tercero. En las calles, una popularidad tan baja como la del Congreso que lo petardea. Cecilia Quiroz nos hace una radiografía de lo que pasa en el Perú de Pedro Castillo a un año de su asunción.

 

Hace unos días el Gobierno de Pedro Castillo cumplió su primer aniversario. Cargado con enormes expectativas populares, este dirigente sindical del magisterio, hombre del interior profundo, de una de las regiones más pobres de Perú, asumió un puesto que, a juzgar por el destino de sus antecesores, es por lo menos complicado. Cecilia Quiroz, dirigente de la Corriente Socialista de Trabajadorxs -grupo que impulsa La Izquierda Diario Perú- escribía entonces un artículo titulado Balotaje, polarización y crisis del régimen político en Perú, un análisis profundo con un título que condensaba bastante las claves de la victoria de Castillo y adelantaba las contradicciones que le esperaban. No habían pasado cuatro meses de su asunción y ya enfrentaba un primer intento de destitución parlamentaria. Cuatro meses después, el segundo. Mientras tanto, en las calles, su aprobación es tan baja como la del Congreso que busca destituirlo. A un año de la asunción de Pedro Castillo, le pedimos a Cecilia que nos haga una actualización del complejo panorama político del país andino.

LID: Pedro Castillo es ubicado generalmente dentro de lo que algunos llaman la nueva “ola rosa” o la “segunda oleada de gobiernos progresistas” de América Latina. Al menos esas eran las expectativas que muchos se hicieron alrededor de su figura y del partido que lo encumbró, Perú Libre. Sin embargo, muchas iniciativas de Castillo parecen indicar que va en el otro sentido de la flecha. ¿Hay un giro a la derecha del Gobierno de Castillo?

CQ: Si bien es cierto durante su campaña planteó algunos elementos vinculados a las propuestas progresistas cómo políticas de redistribución de la riqueza y fundamentalmente el cambio de la Constitución de 1993 vía una asamblea constituyente, desde el primer día de su mandato se retractó de estas iniciativas e hizo una serie de llamados a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros para que tengan confianza en su gobierno, el cual, a decir de Castillo, iba a respetar el estado de derecho y el marco jurídico vigente. Es por ello que en materia económica mantuvo los lineamientos del neoliberalismo y el endeudamiento con el FMI.

LID: Castillo catalizó las enormes expectativas populares, relacionadas con la difícil situación económica, con la salud luego de la pandemia que azotó con mucha fuerza al país, y también con la corrupción, que es propia de los países capitalistas pero que en Perú supuró en forma muy abierta. ¿Por qué cayó tanto su popularidad en tan poco tiempo?

CQ: Eran enormes las expectativas de la población, fue mucho lo que Castillo prometió en la campaña electoral, y es mucho lo que no ha cumplido en este año de gobierno. La continuidad neoliberal de Castillo ha llevado a que hoy los índices de desempleo, precarización laboral e inflación, además de la contaminación ambiental provocada por las industrias extractivas que afectan fundamentalmente a las comunidades campesinas e indígenas, genere el descontento en sectores importantes de la población. Una de las demandas importantes es la justicia y reparación por las víctimas de la feroz represión policial contra las movilizaciones del 14 de noviembre del 2020 contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino, que se cobró la vida de dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado. El presidente se había reunido en campaña con los familiares, no solamente de Inti y Brian sino de otros casos de Derechos Humanos, para indicar que en su gobierno se haría justicia, habría reparación, que se daría con los responsables tanto materiales como políticos. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Ese es un gran tema que hizo que importantes sectores de la población lo votasen, sin embargo, hasta el momento no hay justicia, no hay reparación, las causas no avanzan. Los familiares de trabajadores agrarios asesinados por la policía tampoco encuentran justicia.

Es decir, en materia de derechos humanos, en relación a las protestas campesinas, obreras, Castillo ha mantenido la misma política que los gobiernos anteriores de impunidad para la policía, los militares, para los responsables políticos y materiales de estos asesinatos y brutales represiones contra la población que se ha movilizado durante su gobierno. Castillo también se reunió con los familiares de Judith Machaca, un caso muy sonado donde presuntamente existía una red de trata de personas dirigida por efectivos policiales, indicó que su gobierno iba a dar las facilidades para las investigaciones dentro de la policía y que se dé con los responsables sin importar el rango jerárquico que tengan, y sin embargo eso tampoco ha sido así. Otro tema es el de los trabajadores contratados del sector de la Salud. Prometió que los iba a pasar a planta, o sea, a toda la primera línea que estuvo enfrentando la pandemia, y sin embargo, observó la ley que se aprobó en el Congreso producto de la movilización que realizaron los trabajadores. El Congreso tuvo que aprobarlo por insistencia, y ahora también está en veremos.

LID: Planteabas que tanto la crisis política por arriba como el descontento popular responden a una "crisis orgánica", en tu nota hablabas de algo así como el naufragio del barco neoliberal, y que eso tuvo su expresión política en la demanda de Asamblea Constituyente, que fue tomada por Castillo en la campaña electoral. ¿Hay alguna intención de algún sector político de ir hacia un cambio constitucional o más bien se ha retrocedido?

CQ: No hay intención de ningún sector de cambiar la Constitución. No está en la agenda de ninguna fuerza de derecha, ni del gobierno, tampoco del Congreso. Bueno, demagógicamente quizá algunos congresistas lo dicen, pero no tienen ningún planteamiento claro para que esto sea posible, ni siquiera un proceso como el que se vive en Chile, mucho menos pensar en una Asamblea Constituyente libre y soberana. Esa fue una propuesta de primera vuelta, una propuesta inicial de Castillo que sin duda le sirvió para tener una alta votación en regiones del centro y del sur del país, donde esta consigna está bastante instalada en el sentido común de la población. Sin embargo, hoy no hay una intención, se ha retrocedido en esta demanda, ya que por ejemplo en las movilizaciones que rechazaron el indulto a Fujimori en el 2017 se discutía el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente. En regiones del Sur, aquí donde estamos en Tacna, en Arequipa, fueron consignas muy reivindicadas por la población. Sin embargo, no solamente en 2017, sino también el propio 2020, cuando la población salió a manifestarse contra la asunción de Merino después que vacaron a Vizcarra, la población no salió a defender a la figura de Vizcarra, sino que también se movilizaron contra el Congreso, por el cambio de la Constitución, por una Asamblea Constituyente. Sin embargo esta propuesta se ha ido dejando en segundo plano. Hoy hay sectores vinculados al expresidente Francisco Sagasti que plantean “que se vayan todos”, es decir, que se cierre el Congreso, que renuncie el presidente Castillo y se convoque a nuevas elecciones generales.

LID: En el artículo que escribiste hace un año, explicabas que Castillo era elegido en el marco de una crisis política de largo aliento. Allí describías el derrotero de los distintos presidentes, desde el encarcelado Fujimori hasta los “vacanciados” (destituidos por el parlamento) Martín Viscarra y Manuel Merino, pasando por el renunciado Pedro Pablo Kuczinsky o el fugado Alejandro Toledo, el encarcelado Ollanta Humala e incluso el trágico suicidio de Alan García. Señalabas las disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y la incapacidad que tiene la clase dominante para arribar a consensos. Esa crisis política no se cerró sino más bien todo lo contrario, Castillo parece gobernar en una situación de gran inestabilidad política. ¿Cuál es la situación?

CQ: En Perú hay una profunda crisis política que se mantiene. Algunos sectores de la izquierda reformista sembraron la ilusión de que la llegada de Castillo iba a hacer que se termine la crisis política, pero no hay nada de eso. Por el contrario, se mantiene la crisis política, y vemos que además tiene muchos elementos de crisis orgánica. Actualmente el presidente tiene un promedio de 21% de aprobación en la población, lo cual es bastante bajo, considerando que estamos a un año de gestión. Lo que pasa es que este rechazo de la población no es solamente hacia el Ejecutivo, al presidente, sino que también es hacia el Congreso. Entonces la oposición en el Congreso tampoco tiene una alta popularidad. Ese es otro elemento de la crisis, el descrédito que hay de todas las instituciones, del Ejecutivo, del Congreso, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la misma policía, la desconfianza y el descrédito hacia los medios de comunicación, entonces hay una profunda crisis de lo establecido, ninguna instancia y ninguna institución es referencial para la población y tienen muy baja popularidad.

LID: ¿Cómo se configuran las fuerzas del oficialismo y de la oposición parlamentaria en este momento?

CQ: El conglomerado que llevó a Castillo a la presidencia era una nueva versión del frente anti fujimorista que se reedita desde hace 12 años. Desde Verónica Mendoza, candidata por el centroizquierdista Juntos por Perú, y la izquierda reformista en general, hasta sectores de derecha e intelectuales liberales apoyaron a Castillo con el argumento de que es mejor que gane Castillo a que gane Keiko. Este frente anti fujimorista hoy se encuentra dividido. Sectores de derecha liberales, quizá más ubicados en la capital, Lima, hoy están al margen del gobierno. Los sectores de la izquierda, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, le siguen dando un apoyo indirecto. En el partido Perú Libre, en el que estaba Castillo cuando llegó al poder, hay una ruptura. Castillo renunció a ese partido pero esta agrupación mantiene algunos puestos. El Frente Amplió también se sumó a votar por Castillo en segunda vuelta, de este espacio proviene la expremier Mirtha Vázquez, que asumió la presidencia del Congreso como parte del acuerdo entre su partido con Sagasti luego de la vacancia de Vizcarra y volvió a ocupar ese cargo con Castillo entre los meses de octubre de 2021 hasta enero del 2022.

El agrupamiento de Verónika Mendoza, muy relacionada al gobierno argentino, por ejemplo, en un principio tenía el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Comercio Exterior y también el Ministerio de Economía. Eso era parte del acuerdo político al que habían llegado en un primer momento. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, este frente se fue dividiendo. Sacaron algunos de sus ministros, por ejemplo Pedro Francke, un hombre de posiciones keynesianas. Sacaron a Anahí Durand del Ministerio de la Mujer. Como este frente Juntos por el Perú también se dividió, hoy se mantienen en el Ministerio del Comercio Exterior y el Ministerio de la Mujer, ya no con Anahí Durand sino con Diana Miloslavich, una referente del movimiento de mujeres acá que dirige una ONG feminista.

La oposición que hay en el Congreso es una oposición funcional al Ejecutivo. Si bien es cierto que el Gobierno tiene un discurso de victimizarse y decir que desde el Congreso no lo dejan hacer, esa es una media verdad, porque desde las diversas bancadas, no solamente de Perú Libre, que es el partido que lo llevó al gobierno, sino también de las distintas bancadas que se han ido construyendo en estos últimos meses, las bancadas más tradicionales de la derecha, como es el fujimorismo, sectores que vienen de Renovación Popular o Avanza País, son una oposición bastante funcional al gobierno. En materia económica, por ejemplo, tienen pleno acuerdo. Cuando el año pasado tuvo que aprobar el presupuesto nacional, también tuvieron mucho acuerdo, en realidad porque el gobierno no va a implementar una política económica distinta a la de sus antecesores, entonces hay puntos claves de la cuestión económica en la que sí tienen mucho acuerdo. Otro hecho simbólico de acuerdo fue la rectificación del neoliberal Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú.

LID: Pero Castillo ha sido sometido a dos mociones de vacancia -destitución parlamentaria- y hay una tercera moción en juego. ¿Qué sectores la impulsan?

CQ: Esta posición la impulsan los partidos de derecha, en general desde el fujimorismo, Renovación Popular y otras variantes. Lo dicen de manera declamativa porque incluso al momento de votar las mociones en el Congreso tampoco la aprueban, negocian con el presidente. Su propuesta es vacar a Castillo, que asuma la vicepresidenta pero que no se cierre el Congreso. Ahí evidentemente defienden sus privilegios de casta, porque los parlamentarios tienen muchísimos privilegios, tienen salarios muy elevados, sus asesores también, hay una enorme diferencia entre lo que ganan los trabajadores promedio y los salarios que se ofrecen en estas instituciones.

Además, producto de las investigaciones recientes por corrupción contra Castillo, el Ejecutivo ha puesto en marcha mecanismos para comprar los votos de diversas bancadas, de diversos congresistas, para evitar la vacancia. La moneda de cambio es la entrega de obras públicas a determinados congresistas en alianza con distintos empresarios, dar obras a determinadas autoridades locales de dónde provienen estos congresistas. Con todos los acuerdos de corrupción de por medio, es bastante escandalosa la forma como se vienen manejando las posiciones de los congresistas. Entonces esto también es percibido por la población y por ello, el Congreso tampoco tiene una alta popularidad. Ahí la popularidad, la aprobación del Congreso de acuerdo a algunas encuestadoras es del 20 al 25 %. Es muy baja, muy similar a la aprobación del presidente Castillo.

LID: ¿Y qué pasa en las calles? La bajísima popularidad o la enorme falta de confianza en las instituciones que hay por abajo, ¿se expresa de alguna manera?

CQ: Juntos por el Perú tiene a los viejos partidos políticos de la izquierda que dirigen las centrales sindicales, eso hace que el gobierno tenga en cierta medida todavía un apoyo social, más popular, pero sin embargo este apoyo de la izquierda le da sostenibilidad. Sin embargo eso no ha impedido que surjan movilizaciones. Por ejemplo aquí en el sur del país han habido importantes movilizaciones de los campesinos en la región de Moquegua contra Southern, una multinacional de la minería, y se han estado movilizando frente al avance de las operaciones de este centro minero y la afectación de sus fuentes naturales de agua. Frente a este conflicto, el gobierno declaró el estado de emergencia, reprimió brutalmente a los campesinos, a los pobladores de esta zona altoandina del sur del país.

De la misma forma actuó cuando en el conflicto en las comunidades de Apurímac que se enfrentaban a la multinacional MMG Las Bambas, que es una empresa del gobierno chino. Las comunidades exigían una serie de indemnizaciones, de acuerdos que la empresa había llegado con las comunidades para iniciar y continuar sus operaciones, y que gobierno tras gobierno se han venido incumpliendo por parte de la empresa. Y con este gobierno también. Los pobladores se movilizaron, inicialmente creyendo que podían encontrar algún respaldo desde el Ejecutivo. Sin embargo eso no ocurrió, se registraron brutales represiones, persecución a los dirigentes, campañas, desde los medios para desprestigiar la lucha. La izquierda como tal, me refiero a la izquierda parlamentaria y a los grandes partidos tradicionales -no grandes por su magnitud sino porque controlan por ejemplo la Central General de Trabajadores- simplemente no hicieron ninguna jornada de solidaridad con estas comunidades, no repudiaron enérgicamente el actuar del gobierno.

Las últimas grandes movilizaciones fueron las que se dieron en Huancayo, donde se mantuvo paro regional más de tres días, y donde también el gobierno actuó de forma muy violenta. Esta movilización fue contra el incremento del costo de vida, contra el aumento del precio de los combustibles, lo cual afecta directamente a la pequeña agricultura, la agricultura familiar, porque esto encarece los productos. De la misma forma reprimieron. En ese mismo momento también se registraron movilizaciones de los trabajadores agrarios, sobre todo al sur de Lima, en Ica y Chincha, donde producto de la represión murió un trabajador.

En Lima hay un descontento con el gobierno, sobre todo en los sectores populares, donde se instalaron cientos de ollas populares para sobrevivir a la crisis, y han venido peleando algo tan mínimo como tener un presupuesto del Estado. Pero al no tener respuesta, los sectores de derecha sí han implementado planes desde sus partidos, para acercarse a estos sectores.

Entonces, han habido diversos sectores que se movilizan, a quienes la izquierda reformista, al ser parte del gobierno, no puede dar voz o disputar estos espacios. La consecuencia es que las incipientes movilizaciones o descontentos que hay con el gobierno terminan siendo dirigidos, en muchos casos, por sectores de la derecha.

LID: ¿Por dónde ven ustedes que la clase trabajadora y los sectores populares de Perú podrían superar la trampa en la que se encuentran y avanzar hacia una salida que los favorezca?

CQ: Lo primero es sacarnos de encima la losa que es el frente antifujimorista y conquistar nuestra independencia política. Los que nos dicen que hay que mantener al “mal menor” terminan apoyando a un gobierno que de arranque jugó para los intereses del gran empresariado y no para los de la clase obrera y los sectores populares. Este discurso viene del balotaje del 2011, cuando Keiko Fujimori perdió ante Ollanta Humala, volvió a aparecer en el 2016 para apoyar a Pedro Pablo Kuczinsky. Esta vez, para que no gane Keiko Fujimori, este frente decidió apoyar a un candidato con un programa continuista del modelo económico, con un discurso conservador en relación a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, sin un planteamiento claro a favor de los sectores campesinos o indígenas del país.

Al no tener una política independiente, la izquierda reformista termina siendo parte de todo esto que la población empieza a repudiar. Además de estar en contra de los derechos de la clase obrera y de aplicar políticas continuistas en el plano económico, al gobierno de Castillo le interesan muy poco los derechos de las mujeres, es más, se ha aliado con partidos de derecha, de ultraderecha, para eliminar lo mínimo que había avanzado la lucha de las mujeres. Se ha eliminado por ejemplo el enfoque de género en la enseñanza, que era algo muy mínimo que tenía la currícula nacional de la educación. Es un gobierno claramente conservador. También lo era como candidato y sin embargo sorprende que algunas figuras del movimiento de mujeres sean parte de su gabinete, sabiendo que es un gobierno que está abiertamente contra los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Es difícil explicar esta permanencia por fuera de los privilegios que da ser alto funcionario del Estado.

Las compañeras y compañeros de la CST creemos que es necesario impulsar encuentros regionales y de todo el país para discutir un plan para enfrentar la crisis política y la crisis económica que vivimos. Las cifras de desempleo son muy altas, la inflación también, son cifras nunca antes vistas. Los salarios cada vez alcanzan menos, a la población le cuesta mucho llegar a fin de mes, se endeuda con los bancos, con las tarjetas de crédito, entonces hay una situación muy complicada. El gobierno no va a prestar ninguna atención a esto porque su interés es, por un lado, mantener los privilegios, las ganancias de los empresarios nacionales, e internacionales, y por otro lado, blindarse de las investigaciones que hay en su contra por malos manejos del aparato público, las licitaciones direccionadas de la obra pública para favorecer a determinados empresarios. Hay una profunda crisis. La exigencia es hacia las centrales sindicales, que convoquen a un gran paro nacional para poder implementar las demandas de la clase obrera y los sectores populares, para tener una salida favorable a sus intereses.

Lunes 8 de agosto

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Una imagen de Berlín poco iluminada. Esta es una de las medidas que se han tomado para ahorrar energía.. Imagen: AFP

Por la suba de los precios en todo el mundo 

Si bien la mayoría todavía no comunicó su estrategia oficial, ya se adelantaron algunas medidas que van en el sendero de regular las temperaturas de los aires acondicionados y calefacciones, el uso de espacios públicos y la iluminación urbana y de comercios y oficinas durante la madrugada. 

Europa se apaga con planes de ahorro energético en todo el continente. Lo hace en un contexto de fuertes subas en el costo de la electricidad, que se vieron agravadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el comienzo del conflicto, en febrero pasado, el precio se disparó en la región por las sanciones y contrasanciones entre la Unión Europea (UE) y el Kremlin, que redujeron la oferta de suministro de petróleo, pero sobre todo de gas ruso, que hasta antes de la guerra representaba más del 40 por ciento de las importaciones de ese combustible en el bloque.

Por su lado, Gazprom, el gigante energético ruso, redujo en un 31 por ciento sus exportaciones de gas hacia los países no pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), entre ellos los europeos. En su lugar, hubo un redireccionamiento del suministro hacia China e India. Por otro lado, en julio los flujos del gasoducto Nord Stream, que une Rusia y Alemania a través del mar Báltico, cayó a sólo un 20 por ciento.

Esta caída del volumen de gas amenaza con elevar aún más los precios de la energía e incrementar la inflación, a pocos meses de que Europa empiece a demandar más suministro por el comienzo del frío. Para evitar una escasez, los países europeos comenzaron a planificar el racionamiento de los suministros de este combustible y lanzaron también diversas medidas para ahorrar energía.

España

España, el último país en anunciar medidas de ahorro energético, lanzó el lunes pasado un plan para moderar el aire acondicionado y la calefacción en comercios, edificios culturales y estaciones de transporte.

"En estos inmuebles se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados y en verano como mínimo a 27 grados centígrados", anunció la titular para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras un consejo de ministros.

Las medidas, ya implementadas desde mayo para dependencias públicas, comprenden que los monumentos y las vidrieras de negocios apaguen sus luces a las 22, mientras que se exigirá el cierre automático de puertas en espacios climatizados y se fomentará el teletrabajo para "ahorrar en desplazamientos y consumo térmico de los edificios".

Francia

Francia, por su lado, pretende reducir en los próximos dos años un 10 por ciento de la energía consumida respecto de 2019. Para ello, el presidente Emmanuel Macron instó a guiarse por la "lógica de la sobriedad": “Debemos prepararnos para un escenario en el que todos vivamos sin gas ruso".

Aunque la estrategia está aún en desarrollo, el Gobierno instó a familias y empresas a hacer "pequeños gestos" y desconectar aparatos energéticos mientras no se usen o a apagar la luz en piezas vacías. 

En esta dirección, la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, adelantó que buscarán prohibir a las tiendas que mantengan sus puertas abiertas mientras usan el aire acondicionado o la calefacción. También se van a prohibir los anuncios luminosos y las vidrieras en todas las ciudades entre la 1 y las 6 hs.

Alemania

Alemania todavía no presentó un gran plan oficial para ahorrar energía, aunque a finales de julio se impulsaron una serie de recomendaciones. Entre ellas, los edificios públicos y de oficinas dejarán de acondicionar la temperatura en salas donde la gente no pasa mucho tiempo con regularidad, como grandes vestíbulos y pasillos. El Gobierno también le recomendó a las grandes industrias planes de ahorro para los próximos dos años. También se puso fin a la ley que obligaba a los inquilinos a mantener una temperatura mínima en los pisos.

En este contexto, algunas ciudades ya adoptaron sus propias medidas, como reducir el alumbrado urbano o límites al termostato en edificios públicos. En Múnich, por ejemplo, se van a mantener cerrados los saunas y se va a cortar el agua caliente en edificios públicos.

Italia

Italia, por su lado, tampoco anunció un plan oficial. El Gobierno adelantó que no va a promover medidas "severas". Sin embargo, la dirigencia de Roma aseguraba que estaba preparando un plan de emergencia. Entre otras medidas, también se buscaba limitar el uso de aires acondicionados entre 19 y 27 grados. También se planificaba la reducción del alumbrado urbano y adelantar la hora de cierre de comercios.

En concreto, sí existe la propuesta de reducir un 7 por ciento el consumo de gas antes de marzo. Para eso, se va a impulsar la producción de las centrales de carbón. Sin embargo, frente a este panorama la Agencia Nacional para Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible presentó un informe al Gobierno en julio que reclama mayor intervención para reducir la demanda. En todo caso, será un problema del Gobierno que surja de las elecciones en septiembre.

Polonia

En la misma línea se manifestó el gobierno polaco. Allí el primer ministro, Mateusz Morawiecki, anunció que el Gobierno destinaría "miles de millones adicionales" al programa de aire limpio que subvencionará las reformas para mejorar el aislamiento de las residencias privadas y la compra de sistemas de calefacción menos contaminantes.

Se debe tener en cuenta la particular influencia del faltante de energía en el país por la guerra en Ucrania: Rusia suministraba el 40 por ciento del gas que consumía Polonia. 

Además, el problema se agrava por la escasez de carbón, que, según los analistas, este invierno podría estar entre una y dos millones de toneladas para satisfacer su demanda.

Grecia

El plan de Grecia consiste en apagar un 10 por ciento del alumbrado público durante la madrugada, limitar el aire acondicionado a 27 grados y apagar las computadoras de las oficinas cuando no se usen.

República Checa

Finalmente, el Gobierno de República Checa, que depende casi totalmente del gas ruso, ofreció asesoramiento gratuito para renovaciones que mejoren la eficiencia energética y consejos para el ahorro. 

Además, impulsará el consumo de carbón en caso de emergencia mientras pone su mirada en el suministro de gas natural que pueda llegar de Países Bajos.

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Recesión en Estados Unidos: sí, no, tal vez

El pronóstico sobre una posible recesión en Estados Unidos se ha convertido en un dilema "sisifiano".

Lo que algunos especialistas afirman un día sobre la posibilidad de que ocurra, al siguiente rectifican dudándolo, y al día siguiente dicen que, de hecho, ya existe.

Uno de los artículos sobre el tema se publicó recientemente en la sección de negocios de The New York Times. (Ben Casselman, 6-7/22)

Tal vez podría ayudar a los no especialistas en cuestiones económicas, si no para entender plenamente ese fenómeno, al menos para aclarar un poco las dudas que suscita.

El artículo explica que la recesión se establece cuando el producto bruto de un país (PIB) disminuye durante por lo menos dos cuatrimestres, además de un aumento sustancial en el desempleo y de una alta inflación. En ausencia de uno o dos de esos factores, cabe dudar de que exista una recesión.

El organismo semioficial que, en cierta forma, da cuenta de tal fenómeno es la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés).

Una de sus limitaciones es que, por la complejidad propia de sus investigaciones, su dictamen lo da a conocer seis o 12 meses después de que la recesión pudo haber empezado.

En cambio, el sector financiero, el comercial y, desde luego, el Banco Central tienen otros medios y métodos para determinar si existe una recesión.

Frecuentemente, y en distintos momentos adelantan sus pronósticos sobre el momento en que se gesta una recesión, así como de su profundidad y extensión, aunque sin la precisión que caracteriza al que emite la NBER.

También entre algunos economistas hay diferencias para definir si la hay o no. Por si esto fuera poco, en cada medio de comunicación hay especialistas que ofrecen informaciones y análisis al respecto.

Todo esto vuelve a mucho más difícil saber a ciencia cierta cuándo y cómo el fenómeno afecta a la economía y, lo que es más importante para la sociedad en general.

A fin de cuentas, para amplias capas de la población, lo esencial no es la definición técnica de una recesión ni cuándo empieza o termina, sino la forma en que perjudica la subsistencia diaria de sus hogares, por el encarecimiento de la alimentación, la vivienda, y el transporte.

En este sentido, las diferencias entre distintos estratos económicos cobran una importancia vital, en el más profundo significado del término.

En un artículo reciente sobre la carestía que afecta a millones de familias en Estados Unidos, se describe el daño que la inflación inflige a quienes viven "al día".

Pone de manifiesto las condiciones de indigencia de quienes trabajan en los servicios, en la agricultura y el comercio, muchos de ellos migrantes provenientes del sur del río Bravo, quienes además carecen de vivienda, en una ciudad que alberga un exclusivo centro vacacional en el estado de Utah.

El contraste con la opulencia de los dueños de residencias, y de quienes vacacionan ahí, es abrumador. Sobra decir que el problema no es privativo de ese lugar.

El contraste, se torna más dramático cuando un proceso de carestía, como el actual, repercute en un aumento en el precio de los productos básicos.

El impacto que tiene en la salud, la educación y, en general en el nivel de vida de los sectores más precarios, es acumulativo y sus consecuencias son cada vez más difíciles de superar.

La fotografía que ilustra el artículo en referencia muestra la miseria de lo que de manera eufemística llaman "vivienda", que no es más que una lona en la que se hacinan para dormir y medio comer, o el crecimiento astronómico de vehículos improvisados como alojamiento en los que duermen familias completas, debido a la carencia de viviendas y su altísimo costo. ( NYT 7/8/22)

En síntesis, el concepto de inflación y recesión carecen de significado para el sector de los pobres, ya que ellos, al igual que millones en el mundo entero, han vivido en permanente recesión a lo largo de toda su vida.

La cruel paradoja es que cuando llega la recuperación, el auge económico y el progreso, casi siempre se les deja de lado, y con frecuencia se acentúan sus carencias.

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Lunes, 08 Agosto 2022 06:21

Discordancias económicas

Discordancias económicas

Datos: la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció el pasado 5 de agosto que el empleo (en nóminas) creció 528 mil plazas en julio pasado y que la tasa de desempleo se redujo a 3.5 por ciento. En ambos casos los indicadores habrían regresado a su nivel anterior a la pandemia.

El dato de julio es el mejor desde febrero cuando se crearon 714 mil empleos y está por encima del promedio de 387 mil entre marzo y junio. Además, se superó la previsión de 258 mil nuevas plazas que había hecho Dow Jones.

Las remuneraciones salariales también se incrementaron 0.5 por ciento en julio en los ingresos promedio por hora y 5.2 por ciento con respecto al mismo mes de 2021.

Así que el mercado de trabajo muestra un dinamismo que se contrapone a otras estadísticas relevantes que apuntan, en cambio, a un debilitamiento de la economía. El PIB decreció a una tasa de 1.6 por ciento en el primer trimestre del año y de 0.9 en el segundo. El discurso recesionista habrá de tener cuando menos algún ajuste.

El aumento de la capacidad de gasto en consumo, que impulsa la demanda por la mayor cantidad de gente empleada y el aumento de los ingresos del trabajo, alienta el alza de los precios en un escenario que no se daba desde principios de la década de 1980. Al final de junio, el índice de precios al consumidor creció 9.1 por ciento, el mayor registro anual desde noviembre de 1981. (El dato de la inflación de julio se conocerá el próximo 10 de agosto). El discurso antinflacionario está ya plenamente asentado junto con las medidas de los bancos centrales para elevar las tasas de interés.

En un apunte que pone de relieve el lenguaje notoriamente cauteloso con el que se trata una situación que gira en torno a la recesión por un lado y a la inflación, por el otro, el Banco de la Reserva Federal de Saint Louis afirma que: "La reciente generación de empleo indica que las empresas están contratando y eso puede significar que están creciendo. Los nuevos empleados aumentan sus ingresos personales lo que significa que su ingreso disponible podría estar creciendo también y, con ello, alentando una expansión económica" (FRED, agosto 6, 2022).

Hay, pues, espacio para una expansión de la actividad económica, lo que cambiaría una parte del dilema, tal y como se ha ido presentando durante ya muchas semanas. Puede, entonces que la economía no esté al borde de la recesión. Pero lo que persiste es una muy alta tasa de inflación que no cede y con los datos anteriores podría incluso aumentar.

La situación económica no se está comportando como se espera en el razonamiento convencional de la economía. Hay condiciones que han afectado a la oferta y la demanda derivadas del impacto de la pandemia en: las cadenas de abasto y el mayor ingreso creado por los programas públicos de apoyo a hogares y familias.

También se observan las consecuencias relevantes de un sector financiero hipertrofiado en el que se expresó el gran aumento de la liquidez y, con ello, el de los precios de los activos como son las acciones en el mercado de valores o los inmuebles, otra vez como ocurrió en 2007-08.

La mayor presión de la demanda sobre los precios apremia a la Fed a contenerlos. El Comité Federal del Mercado Abierto subió la tasa objetivo de los fondos federales 0.75 por ciento en junio, la mayor alza desde noviembre de 1994. Lo hizo otra vez en la misma proporción en la reunión del 26 y 27 de julio pasado. Con eso, la tasa de interés se situó en un rango de 2.25 a 2.50 por ciento.

El entorno de bajas tasas de interés, de prácticamente cero, se instaló en la economía estadunidense a finales del año 2008 y persistió hasta fines de 2015. A continuación, hubo un breve repunte hasta mediados de 2019 con niveles apenas por encima de 2 por ciento; de nuevo una disminución en junio 2020, otra vez en el orden de cero hasta marzo de 2022. Desde entonces ha ido subiendo progresivamente en medio de una creciente presión inflacionaria. Nunca, según los registros históricos la tasa de fondos federales se había desplomado como ocurrió en la crisis de 2008. Este no es un dato irrelevante.

Haya o no haya recesión económica, la Fed aplicará el alza de las tasas para contener la inflación y con ello habrá un efecto adverso en el nivel de la actividad económica con un ajuste en la demanda agregada (el nivel de empleo, el gasto en consumo e inversión). La recesión se impondrá.

La era de muy bajas tasas de interés se suspenderá cuando menos por un periodo. La situación está ligada al ajuste que será determinante para las condiciones económicas por su impacto en la producción y sus derivaciones especulativas.

Las repercusiones en la economía estadunidense serán sobre el valor del dólar y de ahí se transmitirán por todas partes. El mecanismo de subida de las tasas está ya instalado en todas partes. El Banco de Inglaterra llevó las tasas medio punto arriba hasta 1.75 por ciento, la mayor alza desde 1997. El Banco Central Europeo subió de cero hasta 0.50 por ciento, la mayor en 22 años.

¿Habrá una nueva vuelta que reproduzca, de alguna manera, la situación previa a este episodio de crisis? De ser así, habrá que seguir de cerca su configuración y sus consecuencias.

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Anibal Torres presentó su renuncia por "motivos personales".. Imagen: EFE

La renuncia del premier Anibal Torres arrastra a todo el elenco ministerial

La renuncia de Torres se da cuando se venía especulando con posibles cambios ministeriales y en medio de duras críticas al gobierno y una renovada ofensiva en las movidas exigiendo la dimisión o destitución del presidente por denuncias de corrupción que están bajo investigación. 

 

Desde Lima

El presidente Pedro Castillo inicia su segundo año de gobierno con una crisis ministerial. El jefe del gabinete de ministros, el abogado Anibal Torres, presentó este miércoles su renuncia al cargo, con lo que cae todo el equipo ministerial. De esta forma, se suma una nueva crisis a la convulsionada gestión de Castillo, que en su primer año de gobierno ha enfrentado situaciones muy complicadas, que han incluido acusaciones de corrupción y de ineficiencia, y una guerra sin tregua de la derecha para desestabilizar su gobierno, que ha incluido dos intentos frustrados en el Congreso para destituirlo del cargo. Ahora Castillo deberá formar un nuevo gabinete de ministros, el quinto en apenas un año y días de gobierno.

Renuncia

En su carta de renuncia, que hizo pública en sus redes sociales, Torres señala que abandona el cargo por “razones personales”, sin dar más explicaciones. Remarca su apoyo a Castillo y le desea “suerte” en lo que resta de su presidencia. La renuncia de Torres se da cuando se venía especulando con posibles cambios ministeriales y en medio de duras críticas al gobierno y una renovada ofensiva en las movidas exigiendo la dimisión o destitución del presidente por denuncias de corrupción que están bajo investigación. Con poco menos de seis meses en el cargo, Torres, que asumió la jefatura del gabinete el 8 de febrero pasado, ha sido el jefe de gabinete más longevo en un gobierno acostumbrado a cambiar ministros y gabinetes con una frecuencia sin precedentes. Antes de ocupar la jefatura del gabinete ministerial fue ministro de Justicia.

Abogado de 79 años, Torres es un jurista y maestro universitario que se vinculó con Castillo en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 que le dieron el triunfo al maestro rural. Nacido en la andina región de Cajamarca como Castillo, y con reconocimiento como abogado, Torres fue convocado para dirigir la defensa legal del entonces presidente electo frente a las demandas de la ultraderecha para desconocer el resultado electoral alegando un inexistente fraude en las elecciones. Se enfrentó a los estudios de abogados más poderosos del país -contratados por la derecha para defender la cadidatura de la derrotada Keiko Fujimori y armar una demanda de fraude electoral sin pruebas para desconocer el triunfo de Castillo- y salió airoso.

Protagonismo

Luego de su exitoso papel para desvirtuar con contundencia las demandas legales que buscaban robarle la presidencia a Castillo, Torres adquirió un importante protagonismo más allá de los círculos jurídicos y académicos en los que hasta entonces era conocido como un respetado abogado. Ese protagonismo, y el peso político que había ganado al interior del círculo cercano de Castillo, le valieron para ser nombrado ministro de Justicia en el primer gabinete de Castillo, a pesar de no tener una buena relación con el secretario general del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, al que había acusado de corrupto. Sobrevivió en el cargo cuando cayó ese primer gabinete, y en febrero de este año, cuando el tercer gabinete de Castillo se desmoronó antes de cumplir una semana, Torres fue llamado para asumir en medio de esa crisis la jefatura del cuarto gabinete ministerial del gobierno. Duró en el cargo más que sus tres predecesores.

Su gestión ha estado marcada por sus constantes enfrentamientos con la oposición, a la que ha acusado de golpista por sus reiterados intentos para destituir a Castillo. Asumió con locuacidad y temperamento para la confrontación el rol de principal defensor del gobierno. Con un presidente que suele optar por el silencio en momentos críticos, fue, en muchos episodios críticos, la voz del gobierno para enfrentrar a la oposición. Pero sus exabruptos verbales para pasar de la confrontación política al ataque personal le jugaron en contra. Protagonizó un escándalo mayúsculo cuando en un evento público, en el contexto de un paro agrario y de transportistas, sorprendió a todos poniendo a Hitler como ejemplo de un gobierno que había logrado el desarrollo de su país sacándalo de una grave crisis con trabajo y elogió la construcción de carreteras en el régimen nazi como un ejemplo a seguir. Las indignadas reacciones de rechazo desde todos los sectores no tardaron. Quiso arreglar las cosas diciendo que Hitler “fue un gran asesino”, pero el daño causado por sus inexplicables elogios a la Alemania nazi ya estaba hecho. Hubo una justificada condena generalizada. Se espearba su salida del cargo después de tan condenable afirmación, pero sobrevivió en el puesto varios meses más. Ese fue el peor momento de su gestión.

Al momento del envío de esta nota no se había nombrado al nuevo jefe del gabinete ministerial. La oposición ha recibido bien la renuncia de Torres, pero independientemente de esta salida y de quien sea su sucesor, la derecha parlamentaria sigue empeñada en su juego desestabilizador para buscar tumbarse al gobierno. En medio de la crisis política avanzan las investigaciones fiscales por la denuncias de corrupción contra el entorno de Castillo que salpican al mandatario. La permanencia en el cargo del presidente puede depender de cómo evolucionen esas investigaciones en los próximos meses. 

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Jueves, 04 Agosto 2022 08:13

Pizarra mágica

Margarita Isaza,Sentí de golpe la impresión de haber vivido ya aquel momento, 130 x 91 cm, mixta, carboncillo y acrílico (Cortesía de la autora)

Atribuirle todas las dificultades del momento a un motivo único ya era una práctica de la Roma Antigua. En esa época, Catón el Viejo finalizaba cada uno de sus discursos, cualquiera sea el asunto, reclamando que Cartago sea destruida. Más recientemente, en 1984, la televisión pública le encargó al actor Yves Montand la presentación de un programa, “Vive la crise!” [¡Viva la crisis!], destinado a hacerles comprender a los franceses que su fragilidad seguía proviniendo del Estado de Bienestar*. El remedio sería una purga social. Luego el terrorismo se convirtió en el temor cotidiano, la nueva pizarra mágica que permitía hacer desaparecer al resto. De hecho, una hora después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, algunos funcionarios británicos recibieron el siguiente mensaje de la asesora de un ministro: “Es un muy buen día para aprobar a escondidas todas las medidas que debemos tomar”. Bastaría con atribuirlas –“todas”– a la “guerra contra el terrorismo”, incluidas por supuesto las que no tenían ninguna relación con Osama Ben Laden. Y como la rueda sigue girando, actualmente en Rusia cada uno de los problemas presentes proviene necesariamente de las intrigas de Occidente. Mientras que en Occidente siempre se trata de “la culpa de Moscú”.


“Medidas de emergencia”

Es lo que ocurre con la caída del nivel de vida. El presidente Joseph Biden no deja de atribuirle al “impuesto de Putin” sobre la alimentación y la energía la brusca reanudación de la inflación en Estados Unidos. A su vez, su par Emmanuel Macron pretende que las actuales dificultades de sus compatriotas más pobres se explican por una “economía de guerra”. Pero si este fuera el caso, hace cuarenta años que los franceses ya no saben lo que es la paz. Ya que el fin de la indexación de los salarios sobre los precios se remonta a 1982, cuando François Mitterrand y su ministro Jacques Delors les regalaron a las empresas privadas el mayor regalo que jamás hayan recibido del Estado. En cambio, no armaron ningún árbol de Navidad para los asalariados, cuyo poder de compra se vio indefinidamente amputado. Sin embargo, en ese entonces, Ucrania y Rusia seguían siendo un mismo país y Putin todavía no había dejado su ciudad natal de Leningrado...

En definitiva, la “economía de guerra” no hará más que prolongar y acelerar este empobrecimiento de los más pobres precisamente cuando las ganancias del CAC40 (160.000 millones de euros en 2021) acaban de pulverizar un récord histórico alcanzado hace quince años. En fin, todo cambió excepto la jerarquía mundial entre dividendo y salario. Y la determinación de los gobernantes de privilegiar el primero ante el segundo (Rimbert, Rzepski). Oligarcas de todos los países...

La pizarra mágica también funciona para la ecología. Reactivación de la producción de carbón, sacrificio del transporte de carga ferroviario, fracturación hidráulica, contaminación digital, desenfreno publicitario de los joyeros en la prensa y en las paredes: en estas áreas también, la vida continúa. Pero esta vez “por culpa de Putin”.

El Estado les regalará sin embargo ventiladores y botellas de agua a los más pobres, descuentos sobre la nafta a aquellos que no van a hacer las compras en bicicleta. Las “medidas de emergencia” se suceden; las medidas urgentes tendrán que esperar.

 

* Pierre Rimbert, “Il y a quinze ans, ‘Vive la crise’”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 1999.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

 

 

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=255

Jueves, 04 Agosto 2022 08:01

Pizarra mágica

Margarita Isaza,Sentí de golpe la impresión de haber vivido ya aquel momento, 130 x 91 cm, mixta, carboncillo y acrílico (Cortesía de la autora)

Atribuirle todas las dificultades del momento a un motivo único ya era una práctica de la Roma Antigua. En esa época, Catón el Viejo finalizaba cada uno de sus discursos, cualquiera sea el asunto, reclamando que Cartago sea destruida. Más recientemente, en 1984, la televisión pública le encargó al actor Yves Montand la presentación de un programa, “Vive la crise!” [¡Viva la crisis!], destinado a hacerles comprender a los franceses que su fragilidad seguía proviniendo del Estado de Bienestar*. El remedio sería una purga social. Luego el terrorismo se convirtió en el temor cotidiano, la nueva pizarra mágica que permitía hacer desaparecer al resto. De hecho, una hora después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, algunos funcionarios británicos recibieron el siguiente mensaje de la asesora de un ministro: “Es un muy buen día para aprobar a escondidas todas las medidas que debemos tomar”. Bastaría con atribuirlas –“todas”– a la “guerra contra el terrorismo”, incluidas por supuesto las que no tenían ninguna relación con Osama Ben Laden. Y como la rueda sigue girando, actualmente en Rusia cada uno de los problemas presentes proviene necesariamente de las intrigas de Occidente. Mientras que en Occidente siempre se trata de “la culpa de Moscú”.


“Medidas de emergencia”

Es lo que ocurre con la caída del nivel de vida. El presidente Joseph Biden no deja de atribuirle al “impuesto de Putin” sobre la alimentación y la energía la brusca reanudación de la inflación en Estados Unidos. A su vez, su par Emmanuel Macron pretende que las actuales dificultades de sus compatriotas más pobres se explican por una “economía de guerra”. Pero si este fuera el caso, hace cuarenta años que los franceses ya no saben lo que es la paz. Ya que el fin de la indexación de los salarios sobre los precios se remonta a 1982, cuando François Mitterrand y su ministro Jacques Delors les regalaron a las empresas privadas el mayor regalo que jamás hayan recibido del Estado. En cambio, no armaron ningún árbol de Navidad para los asalariados, cuyo poder de compra se vio indefinidamente amputado. Sin embargo, en ese entonces, Ucrania y Rusia seguían siendo un mismo país y Putin todavía no había dejado su ciudad natal de Leningrado...

En definitiva, la “economía de guerra” no hará más que prolongar y acelerar este empobrecimiento de los más pobres precisamente cuando las ganancias del CAC40 (160.000 millones de euros en 2021) acaban de pulverizar un récord histórico alcanzado hace quince años. En fin, todo cambió excepto la jerarquía mundial entre dividendo y salario. Y la determinación de los gobernantes de privilegiar el primero ante el segundo (Rimbert, Rzepski). Oligarcas de todos los países...

La pizarra mágica también funciona para la ecología. Reactivación de la producción de carbón, sacrificio del transporte de carga ferroviario, fracturación hidráulica, contaminación digital, desenfreno publicitario de los joyeros en la prensa y en las paredes: en estas áreas también, la vida continúa. Pero esta vez “por culpa de Putin”.

El Estado les regalará sin embargo ventiladores y botellas de agua a los más pobres, descuentos sobre la nafta a aquellos que no van a hacer las compras en bicicleta. Las “medidas de emergencia” se suceden; las medidas urgentes tendrán que esperar.

 

* Pierre Rimbert, “Il y a quinze ans, ‘Vive la crise’”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 1999.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

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Miércoles, 03 Agosto 2022 06:16

Argentina y la montaña rusa peronista

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tras asumir como presidente y vicepresidenta de la Nación Argentina en 2019.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner formaron un extraño tándem para recuperar el gobierno tras el paso de Macri. Ahora Fernández se ha convertido en el primer presidente peronista que no tiene el poder

 

“Todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa y el presidente mira para otro lado”… “Usted [presidente] pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos… pero cada mentira es una palada de tierra que abre su fosa, y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo”… “Ahora va a ir a Estados Unidos… quiero saber qué va a hacer. Tenemos muchas riquezas todavía para entregar. ¿Qué les va a entregar?, ¿el litio?”… “Estamos en el medio del río sin salvavidas y con una sarta de hijos de recontra mil putas que nos quieren hundir”.

Las declaraciones pronunciadas el 30 de junio pasado son de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, que a sus 93 años se muestra muy activa en la política argentina, como una Pasionaria del kirchnerismo puro. Conociendo su tono radicalizado, podrían desecharse como un exceso más de alguien cuyo papel es más bien simbólico en el ecosistema político. Pero horas más tarde de pronunciar ese discurso, Hebe participaba en un acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Ensenada. El lugar que ocupó, en la estratégica primera fila, y la aclamación que recibió de la militancia no dejaba lugar a dudas sobre lo que el kirchnerismo piensa de su presidente.

Aquí residen algunas de las claves de la crisis actual. Argentina –y el peronismo– se mueve al ritmo de una montaña rusa. La ministra que reemplazó a Martín Guzmán en Economía, Silvina Batakis, duró 24 días en el cargo: viajó a Estados Unidos a presentarse ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mientras esperaba el avión de vuelta estaba siendo reemplazada. El excandidato presidencial y embajador en Brasil, Daniel Scioli, dejó la embajada –donde tejió relaciones de cordialidad tanto con Lula Da Silva como con Bolsonaro– y volvió al país para reemplazar a Matías Kulfas en el Ministerio de Producción. Asumió el 15 de junio; después de 43 días se anunció que volvía de embajador al país vecino. Entretanto, con un presidente con su poder licuado y una vicepresidenta que tiene más capacidad de veto y de daño que poder para definir un rumbo programático, recaló en el gobierno, como “superministro” de Economía, Sergio Massa, posiblemente el político más pragmático de Argentina.

Para entender la crisis intraperonista hay que retroceder un poco en el tiempo. En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con la Plaza de Mayo colmada de simpatizantes que la despidieron con la consigna “Vamos a volver” (“Volver”, en el peronismo, tiene una mística particular: Perón vuelve fue el lema que acompañó al movimiento durante los 17 años de exilio y proscripción del general). El problema era cómo. Pero eso quedaba para más adelante; tenía cuatro años para pensarlo.

Primero, esa posibilidad pareció disolverse mientras el nuevo gobierno de centroderecha liderado por el expresidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, se consolidaba en el poder y tenía a raya al peronismo en su bastión –también bastión de Cristina–: el populoso conurbano bonaerense. Pero la economía hizo lo suyo. La salida del “populismo” que Macri imaginó como un acto de magia que garantizaría baja inflación y crecimiento resultó menos milagrosa de lo esperado y el peronismo (y Cristina) empezó a olfatear las posibilidades de realmente “volver”.

Manteniendo meses de silencio –y publicando un libro, titulado Sinceramente, que fue un super éxito de ventas– la expresidenta (2007–2015) se dedicó a tejer relaciones y suturar heridas en el interior del peronismo. Las encuestas –y el clima en la calle– mostraron que, si bien tenía una masa de seguidores que la hacían imprescindible para una victoria, ese apoyo le resultaba insuficiente para una segunda vuelta. “Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza”, se resumió por esos días.

Fue entonces cuando, afecta a la guerra de movimientos y al secretismo político, Cristina anunció en mayo 2019 –de manera completamente sorpresiva en un cuidado vídeo distribuido en Twitter– que le había pedido a Alberto Fernández que la acompañe como candidato presidencial del peronismo para las elecciones de ese año.

La “anomalía” estaba a la vista. Como se repitió en las tertulias de esas jornadas, no es habitual que la “vicepresidenta” elija al “presidente”. Pero había algo más: tras ser jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y más brevemente de la expresidenta, entre 2003 y 2008, Alberto Fernández se terminaría distanciando de Cristina y lanzando sobre ella durísimas críticas, a veces lapidarias, como cuando sostuvo: “El peronismo a lo largo de la democracia fue todo. Y eso no vale. El peronismo fue conservador con [Ítalo] Luder, fue neoliberal con [Carlos] Menem, fue conservador-popular con [Eduardo] Duhalde, fue progresista con [Néstor] Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue patético, fue el partido de la obediencia”. Y repetiría balances similares en los medios más hostiles al kirchnerismo, como los del Grupo Clarín para más inri.

Pero durante el gobierno de Macri, ambos Fernández volvieron a acercarse, cada vez más. Alberto comenzó a relativizar las críticas, que decía mantener, y a asegurar que Cristina nunca había robado, un tema sensible en virtud de los procesos por enriquecimiento ilícito. Y la historia terminó con el ya famoso “Le he pedido…” a Alberto Fernández que encabece el binomio. La jugada sorprendió a propios y extraños. El gran traidor, acusado de lobbista de Clarín y de Repsol en los programas televisivos militantes del kirchnerismo, era ahora amnistiado y proyectado a la presidencia.

Se trató de una apuesta por un peronismo más centrista y casi nadie imaginó que la relación con Alberto Fernández pudiera terminar bien. Pero inicialmente funcionó, y el binomio Fernández-Fernández dejó sin reelección a Macri, decepcionó a los antiperonistas que durante cuatro años se acalambraron los dedos tuiteando #NoVuelvenMás, y mantuvo expectantes a los kirchneristas que seguían cantando “Vamos a volver”. ¿Pero cuánto se podía confiar en un “traidor”?

Tras las primeras semanas de la pandemia, en las que Fernández aparecía como un competente profesor, comenzaron los problemas. Y la vice empezó a lanzar mensajes a su propio gobierno, a veces con cartas publicadas en las redes. En una de ellas, habló de “los funcionarios que no funcionan” y todos comenzaron a especular sobre cuáles eran. Luego vendría el ansiado acuerdo con el FMI para refinanciar el megapréstamo de 50.000 millones de dólares que la entidad le dio, de manera “polémica”, al gobierno de Macri.

Para el kirchnerismo, acordar con el Fondo era intragable, y Máximo Kirchner –hijo de Cristina– renunció a la jefatura de la bancada peronista en la Cámara de Diputados para expresar su disidencia. Pero, curiosamente, el kirchnerismo no promovió alternativas a ese acuerdo que buscaba evitar los catastróficos efectos de un default. Se limitó a un discurso antiajuste. El ministro de Economía, Martín Guzmán, un discípulo de Joseph Stiglitz, se convirtió en la ficha a derribar. Los ataques desde el kirchnerismo comenzaron a lanzarse a la luz del día. Pero antes que él cayó Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, enfrentado con los funcionarios kirchneristas que controlan el área energética, y con la propia vicepresidenta, por los subsidios a la energía (que benefician a los sectores más pudientes) y por la lentitud en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para sacar el gas del yacimiento Vaca Muerta.

Cristina, que siempre tuvo a Kulfas entre ceja y ceja, no le perdonó haber escrito un libro en el que comparaba la política económica de los “tres kircherismos”, y reivindicaba la de Néstor y criticaba la de ella. “Había escrito un libro contra nosotros, imaginate”, dijo en una ocasión. Muchos salieron a buscar el ejemplar de la editorial Siglo XXI escrito con un tono de divulgación y a la vez con la sobriedad de un economista.

Hablando de libros, hay otra anécdota reveladora. Para el 63 cumpleaños del presidente, en abril pasado, la vice le obsequió el regalo más envenenado que pudo encontrar por esos días: Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín, del sociólogo Juan Carlos Torre, quien de joven fue funcionario en ese quinto piso del Ministerio de Economía.

La cosa empezó con sazón: “Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada”, dijo en un mitin Cristina tras revelaciones de Gabriela Cerruti de que la vicepresidenta no le respondía los mensajes al presidente. Luego vino el momentum del relato, por parte de una política que maneja los gestos y los tiempos con mucha eficacia: “Es un libro muy interesante, de extraordinaria actualidad”, prosiguió. Spoiler: el libro cuenta –entre otras cosas– cómo el gobierno de Raúl Alfonsín se fue a la mierda tras la firma de un memorándum con el FMI. Finalmente, tendría que entregar anticipadamente el poder en 1989 a Carlos Menem en medio de la hiperinflación… ¿Una extraordinaria actualidad?

Con una inflación a más del 60%, corrida cambiaria y hasta rumores de renuncia presidencial, el gobierno se encontró en un callejón sin salida. Alberto es el primer presidente peronista que no tiene el poder (o el segundo, si contamos la breve primavera de Héctor J. Cámpora en 1973).

“Cristina viene hablando cada quince días y en esa ‘gira’ se viene cargando de a una las columnas que sostenían a Alberto”, escribió el periodista Martín Rodríguez en una de las mejores columnas sobre el embrollo, que incluso fue comentada por el presidente. “Se sabe que el gabinete espera los discursos de CFK [Cristina Fernández de Kirchner] más o menos como los participantes de Gran Hermano esperaban los días de nominación”, prosigue la nota y pone el dedo en la dialéctica diabólica del gobierno: cuando Cristina le pide a Alberto que ejerza el poder (que “use la lapicera”, le dice), en realidad se lo está quitando. Algo así como: “¡Te ordeno que seas poderoso!”. Un gobierno en el que todos se pasan “discutiendo poder mientras nadie controla nada”. Y en el que si él realmente asumiera el poder, sería contra ella.

El epílogo provisorio de esta historia es paradójico: la llegada como “superministro” (veremos cuán pertinente es ese prefijo) de Sergio Massa, el epítome de los traidores según el kirchnerismo, posiblemente más que el propio Alberto en su momento. Massa no solo se alejó de Cristina, sino que formó el Frente Renovador, combatió electoralmente a la entonces presidenta y amenazó con meter presos a los corruptos (del gobierno cristinista) y barrer a los “ñoquis” (empleados que solo aparecen para cobrar a fin de mes) de la Cámpora, la agrupación juvenil liderada por Máximo Kirchner. Pero en 2019 Massa se sumó al Frente de Todos, la alianza panperonista tejida por ambos Fernández y, desde entonces, como presidente de la Cámara de Diputados, viene acercándose a Máximo Kirchner y a la vice, que a su vez es presidenta del Senado según establece la Constitución argentina.

Massa es un político con estrechos vínculos con Estados Unidos y con “los mercados”. Es un hijo político de los años 90, escribió Pablo Touzón, con niveles de pragmatismo que se volvieron memes y viene a tratar de salvar a un peronismo que dejó de rimar con orden y lo hace con caos autoproducido. Más allá de su título de abogado conseguido hace unos años, Massa es un político, y eso es lo que buscaba el peronismo para enfrentar la crisis. Veremos cómo funciona este gobierno peronista que pasó de tener dos a tres cabezas, aunque las tres no valen lo mismo.

Por Pablo Stefanoni 2/08/2022

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