Viernes, 29 Julio 2022 05:55

Un mundo sin potencia hegemónica

Un mundo sin potencia hegemónica

En vez de lamentarnos o alegrarnos por la deriva de la guerra en Ucrania, en favor o en contra de uno u otro bando, creo que deberíamos comprender cómo los cambios en el orden mundial están afectando a los pueblos y a los movimientos populares. La geopolítica debe sernos de utilidad para definir los modos de actuar de los de abajo ante las tormentas en curso.

Un reciente artículo de José Luis Fiori, investigador brasileño en el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Petróleo, Gas y Biocombustibles, destaca en un artículo en IHU Unisinos que el mundo está transitando desde un "unilateralismo casi absoluto" hacia un "multilateralismo oligárquico agresivo", en un periodo en el cual el mundo "vivirá por un tiempo sin una potencia hegemónica" (https://bit.ly/3PwEctf).

Esta afirmación me parece tan ajustada como importante. Durante unas décadas viviremos en un mundo donde ninguna potencia podrá definir de forma unilateral las reglas y, por tanto, entramos en un periodo de caos y descomposición del sistema-mundo. Las reglas las impondrán muy a menudo las bandas o manadas armadas de asesinos paraestatales.

Un periodo relativamente breve, en términos históricos, de convulsiones profundas y gigantescas tormentas como ya lo ha analizado el zapatismo. Algo así ha sucedido durante las guerras de independencia, transición entre las hegemonías española y británica, o en la primera mitad del siglo XX, con dos guerras mundiales y múltiples revoluciones en el tercer mundo, que jalonaron el ascenso de Estados Unidos.

Aunque ahora las cosas no serán idénticas (por la suma de crisis climática, las armas nucleares, el ascenso de potencias no occidentales y la crisis del capitalismo, entre otras), la historia puede servirnos de espejo e inspiración, porque los sectores populares del mundo fueron brutalmente agredidos y no pudieron hacer prevalecer sus propios proyectos, cuando los tuvieron.

A partir de constatar que estamos ingresando en un mundo sin potencia hegemónica, quisiera exponer algunas ideas sobre el papel que podemos jugar los de abajo en esta convulsionada etapa.

El primer punto es que debemos rechazar tanto a la vieja potencia decadente como a las aspirantes a sustituirla. Se trata de guerras entre imperios y clases dominantes en las cuales nuestros intereses están ausentes. En las guerras de independencia latinoamericanas los pueblos originarios, negros y mestizos se jugaron la vida para que los criollos se hicieran con el poder.

Para ellos nada cambió. Peor aún, en muchos casos las nuevas repúblicas fueron más brutales que los virreinatos, como demuestra el caso del pueblo mapuche que sufrió despojo y genocidio en la mal llamada Pacificación de la Araucanía.

El segundo es que resulta imprescin­dible abrir espacios propios de los pueblos, poner en marcha proyectos de larga duración que no beneficien ni a las viejas élites ni a las nuevas emergentes. Si no pudiéramos enarbolar proyectos propios, seremos absorbidos por las clases dominantes que utilizarán la propaganda mediática para sumarnos a alguno de sus proyectos de dominación, como sucede en estos momentos ante la invasión de Ucrania.

El tercero es que nadie nos va a defender y muchos nos están asesinando o intentando domesticar. La existencia de múltiples violencias ejercidas por todo tipo de cuadrillas armadas –desde el narcotráfico hasta los paramilitares y las fuerzas estatales– son producto de un sistema en descomposición, del mismo modo que los feminicidios muestran un patriarcado herido y decadente, más brutal por tanto.

Por lo pronto, debemos crear los modos de autodefensa de los pueblos y sectores sociales que decidan defenderse, utilizando las formas que cada quien considere adecuados. Aunque podemos elegir la resistencia no violenta y pacífica, cuando se trata de defender la vida deberíamos ser flexibles a la hora de elegir las maneras.

Por último, en un mundo caótico atravesado por múltiples violencias, donde se suceden hambrunas, guerras y catástrofes de todo tipo (los incendios de este verano boreal son una pequeña muestra de lo que vendrá), podemos sobrevivir si creamos arcas autónomas colectivas capaces de navegar en las tormentas.

No son pocos los pueblos que ya están recorriendo este camino. Desde los pueblos originarios y barrios agrupados en el Concejo Indígena de Gobierno en México, hasta decenas de pueblos amazónicos, mapuche en Chile y Argentina, nasa y misak, en Colombia, entre otros. Como siempre sucedió en la historia, es en las periferias donde nace lo nuevo, donde nos enseñan modos que podemos replicar sin imitar.

Para recorrer el camino de las autonomías de abajo, debemos dejar de mirar hacia arriba, de entusiasmarnos con los circos electorales, con los candidatos del sistema y aún con las constituyentes, porque nos restan energías para la tarea más importante, que puede pavimentar nuestra sobrevivencia colectiva: la construcción de múltiples y diversas autonomías integrales.

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Castillo le habla al Congreso peruano al cumplir un año de mandato.. Imagen: EFE

El presidente habló ante el Congreso al cumplirse el primer año de su mandato

"Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas, se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar", aseguró el maestro rural en relación a las denuncias en su contra.

 

El presidente de Perú, Pedro Castillo, defendió este jueves su primer año de gestión con un discurso ante el Congreso en el que rechazó de plano las acusaciones de corrupción que le endilgan la oposición y los medios de comunicación y aseguró que no lo harán retroceder "pese a las amenazas". Castillo dijo que se someterá a la justicia y, aunque llamó a la unidad para construir "un país mejor", recibió el rechazo de las bancadas opositoras que lo despidieron con gritos y pedidos de renuncia.

"Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legitimamente en las elecciones presidenciales", empezó diciendo Castillo, quien aseguró que en este segundo año no pondrá la otra mejilla sino que tenderá la "mano para trabajar juntos". De inmediato, el mandatario reconoció que cometió "errores en algunas designaciones". 

En sus primeros doce meses de gestión, Castillo nombró a 59 ministros. Fueron varios los miembros del gabinete los que tuvieron que renunciar, algunos por añejos vínculos políticos y otros por declaraciones controvertidas que fueron potenciadas por la prensa En el fragor de las denuncias y por el desgaste de gobernar, la popularidad del mandatario se ubica en torno a un 20 por ciento. 

Las cinco denuncias que lo persiguen

Castillo también se refirió a las denuncias que hay en su contra. "Reclaman la vacancia no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones, sino por intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir", dijo Castillo ante el Congreso, dominado por los tres partidos de la derecha y la ultraderecha peruanas: Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP).

"Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas, se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar", agregó el presidente, un maestro rural y dirigente sindical de Cajamarca de 52 años que apareció en la escena política como independiente pero llegó al gobierno de la mano del izquierdista partido Perú Libre, al que luego renunció.

El mandatario cumplía este jueves, en coincidencia con el 201 aniversario de la independencia de Perú, el primero de sus cinco años de mandato con un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y el obstinado asedio del Congreso, que busca su renuncia a cualquier precio.

La reciente decisión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación por "obstrucción a la justicia" al proteger a tres miembros de su entorno prófugos no hizo más que avivar las brasas para un tercer pedido de destitución en doce meses. 

Mientras tanto, las investigaciones en curso que apuntan al mandatario contemplan un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior. También se lo acusa de tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; de corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública; y, finalmente, de plagio en su tesis universitaria.

Castillo niega enfáticamente todos los cargos. Además el Ministerio Público no puede llevar al presidente ante los tribunales porque tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026. 

Crecimiento económico con redistribución

A la hora de destacar su gestión, Castillo expresó que la economía peruana creció un 3,5 por ciento en lo que va del año, por encima de la proyección del 2,5 por ciento, y que más de un millón de habitantes pudieron salir de la pobreza. Además aseguró que se recuperaron los niveles de empleo prepandemia, con 5,5 millones de puestos de trabajo activos, lo que incluye 352 mil nuevos.

El mandatario dijo que la inversión privada nacional y extranjera está garantizada con "justicia redistributiva". Realizó un balance sobre los programas sociales emprendidos por diversos sectores del Ejecutivo, entre los cuales anunció el incremento del presupuesto para la alimentación en escuelas, de las ollas comunes en zonas vulnerables, y de los bonos económicos para familias pobres.

"Los convoco a construir juntos un país mejor, más próspero, democrático, inclusivo y solidario; sin discriminación de ninguna índole, con igualdad de derechos y oportunidades para todos", afirmó Castillo apuntando a la oposición, y agregó: "Solo unidos lo podremos lograr, por eso queremos una transformación que les conviene incluso a los que se oponen". 

Voces a favor y en contra

La tensión planeó durante varios pasajes del discurso de Castillo, como cuando una veintena de los 130 congresistas se retiró en protesta y otro grupo le dió la espalda sentado desde su curul.

"¡Corrupto!", exclamó a viva voz en el hemiciclo la legisladora conservadora Patricia Chirinos, interrumpiendo las palabras de Castillo. "¡Fujimori nunca más!", replicó la minoritaria bancada de la coalición izquierdista que apoya a Castillo.

Afuera del Congreso, cientos de manifestantes marcharon reclamando su renuncia. En paralelo, una menos nutrida movilización de colectivos y sindicatos se movilizó en apoyo al presidente también hacia la sede legislativa.

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Jueves, 28 Julio 2022 05:54

Crisis hegemónica y climática

Crisis hegemónica y climática

No es sólo por el freno de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (EU) al plan de Biden contra el "cambio climático" (CC), más bien es una Casa Blanca hundida en las ganancias de las grandes corporaciones orquestadas por el Pentágono, producto del "acoso" estratégico de la OTAN, acercándose cada vez más a las vecindades de las fronteras de Rusia con despliegues de tropas y emplazamientos de equipos de alto nivel, mientras el planeta sigue calentándose en medio del brutal omnicidio, de la posposición de toda urgente regulación de los gases de efecto invernadero de más de mil 500 millones de motores de combustión interna.

Hasta ahora, el único comentario valioso sobre el alarmante CC vino del ex vicepresidente Al Gore, mientras Biden sigue con sus hasta ahora débiles y poco nutridas expresiones públicas al respecto, por el escaso alcance de su propuesta centrada en el automóvil eléctrico privado, que, me atrevo a caracterizar hasta ahora como la versión "gentrificada" (clasista) de la estrategia imperial frente al calentamiento planetario en curso, ya expresándose en intensas, catastróficas y más frecuentes y letales olas de calor acompañadas de graves y furiosos incendios forestales, inundaciones y el preocupante aumento en el nivel de los mares. Apenas la semana pasada en Groenlandia, en dos días, se derritieron 5 mil millones de toneladas de hielo.

Todo esto ya ha generado un creciente número de víctimas y daños a edificaciones y viviendas, acompañadas del desplazamiento masivo de familias, muchas de las cuales –en casi todas las grandes ciudades del mundo– viven a la orilla de los océanos, ademas de un sinnúmero de plantas nucleoeléctricas a lo largo de las costas de Boston aWashington.

La expresa posposición de medidas efectivas y coordinadas a nivel local, nacional y mundial es en verdad una falla omnicida del capitalismo monopólico: un déficit de acción creativa y efectiva y la absorción del liderato de EU en las fabulosas ganancias de sus mil millonarios inversionistas gracias a la guerra en Ucrania

"Eso" equivale a jugar y casi apretar el botón nuclear-termonuclear, dejando a un lado la drástica y necesaria restructuración y apoyos a la ampliación y lanzamientos constructivos a todo nivel.

La ola de calor que está sofocando a Europa y a EU, calificada por la cadena británica BBC Mundo como histórica, marca un punto de inflexión en el creciente y expansivo deterioro climático.El Reino Unido llego a 40.3 grados Celsius, una cifra jamás registrada ahí, junto con las insólitas imágenes de trenes cancelados, vías ferroviarias que se incendian, pistas de aterrizaje derretidas e incendios en algunas localidades inglesas. El Metro de Londres carece de aire acondicionado y se dice que lo que entra por las ventanas no es aire, sino fuego (BBC Mundo, 19/7/22).

Los incendios forestales en Francia, Portugal, España y Grecia han expulsado a miles de sus hogares, no se sabe aún la cifra de fallecidos, pero según el medio argentino Télam, en España ha habido 510 muertes, mientras en algunas localidades francesas la temperatura rebasó el récord anterior de 35.1 grados, alcanzando 42.6 en Biscarrosse, por lo que algunas zonas del suroeste francés "podrían vivir un apocalipsis de calor con hasta 44 grados" (Télam, 18/7/22).

Desde Meteored que unifica a varias estaciones metereológicas del Reino Unido, el profesor Stephen Belcher, científico en jefe de la Met Office y el profesor Paul Davies, meteorólogo en jefe de la misma organización, colocaron esta ola de calor en un contexto global, dando el primer aviso rojo por calor extremo anunciado el pasado 15 de julio, incluyendo las noches excepcionalmente cálidas, especialmente en áreas urbanas, creando un nuevo récord provisional de temperatura máxima nocturna. China ha soportado tres olas de calor en lo que va del verano también batiendo récords de temperatura (Francisco Martín, tiempo.com, 21/07/22).

A las olas de calor no se las trata con nombres, como los huracanes, ¿para que pasen inadvertidas? El calor extremo de este año en Europa está aumentando en frecuencia e intensidad a un ritmo mas rápido que en el oeste de Estados Unidos y aquí el CC juega un importante papel, pues las temperaturas actuales son en promedio 1.1 grados Celsius más altas que a finales del siglo XIX, antes de que se generalizaran las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que atrapan el calor, como el metano, así que el calor extremo ya tiene un punto de partida más alto ( NYT, 19/7/22).

En EU, de mantenerse la sequía prolongada, según CNN, se advierte una "ola de calor peligrosa y letal" (8/07/22). Andone y Wolfe, señalan que el incendio en el Parque Nacional de Yosemite, en California, no tiene precedente: ya devastó 16 mil 700 acres y provocó el desalojo de 3 mil personas.Si bien se combate el fuego con 2 mil 500 bomberos y voluntarios, se avanza lento.

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Enfila AL a la inflación más alta en un cuarto de siglo

América Latina y el Caribe se enfilan a la inflación más alta en 25 años. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el encarecimiento generalizado de bienes alcanzará 12.1 por ciento este año y 8.7 por ciento el próximo.

Esto implica que, al menos en las economías más grandes de la región –Brasil, Chile, Colombia, México y Perú–, la inflación se encontrará por arriba de los objetivos de los bancos centrales este año y el próximo.

Como parte de la actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales, economistas del FMI advirtieron que “la inflación podría resultar persistente a raíz de la acumulación de shocks y la ampliación de las presiones sobre los precios”.

Esta situación se podría agravar si se debilitan las monedas de la región como consecuencia de condiciones financieras mundiales más severas y si aumentan las presiones salariales de remuneraciones que se ajustan con base en la inflación.

"En medio de un endurecimiento monetario mundial y una mayor incertidumbre económica, las condiciones financieras externas para América Latina y el Caribe están empeorando, lo que lleva a un aumento de los costos de endeudamiento y presiones cambiarias", recalcaron economistas del FMI, entre ellos Ilan Goldfajn, director del Departamento del Hemisferio Occidental.

En este contexto, los integrantes del organismo recomiendan fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda mientras se apoya con medidas temporales a la población más vulnerable, y la política monetaria se enfoca en controlar la inflación y anclar sus expectativas.

El FMI reconoce que la región tuvo una "sólida primera mitad" de 2022, tan sólo en el primer trimestre alcanzó un crecimiento anual de 2.8 por ciento, por encima del 1.7 por ciento promedio de años previos a la pandemia.

Sin embargo, "los vientos están cambiando a medida que las condiciones financieras mundiales se endurecen y los precios de las materias primas revierten su tendencia alcista, mientras persisten las presiones inflacionarias".

En 2022 se prevé que la economía latinoamericana crecerá 3 por ciento, por encima del 2.5 por ciento previsto en abril, mientras el próximo año, con "condiciones financieras globales más estrictas, menor crecimiento global, inflación persistente y crecientes tensiones sociales en medio de una creciente inseguridad alimentaria y energética", la expansión será de 2 por ciento, por debajo del 2.5 pronosticado previamente.

El FMI subraya que, si bien Chile y Colombia "han experimentado un repunte particularmente dinámico, impulsado por un fuerte crecimiento en los servicios", México aún debe recuperar su nivel previo a la pandemia, ya que el sector terciario continúa rezagado.

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  El presidente peruano, Pedro Castillo, a 5 de junio de 2022. — Archivo

Ha sido una gestión dubitativa y con nombramientos de ministros sin capacidades para el cargo, lo que alimentó los ataques opositores. Ha habido cuatro gabinetes y la derecha parlamentaria ha intentado hasta dos veces destituir al presidente.

 

Lima (perú).Un año de esperanzas y desilusión, de expectativas y frustraciones, de incertidumbre, de maniobras desestabilizadoras desde una derecha golpista que no aceptó su derrota electoral, y de una sucesión de errores, inoperancia y escándalos de corrupción en el Gobierno.

Así ha sido el primer año del Gobierno del maestro rural y sindicalista de izquierda Pedro Castillo, que se cumple este jueves 28. Un año de polarización extrema en una guerra sin pausa entre el Ejecutivo y el Congreso controlado por la derecha, en el cual el fujimorismo y otros grupos de ultraderecha marcan la pauta. Un primer año de Gobierno que abre un escenario de muchas dudas de que Castillo pueda terminar su presidencia.

La llegada al poder de Castillo, un campesino que viene de una de las zonas más pobres y excluidas del país, supuso una reivindicación de las poblaciones andinas, rurales, de las provincias y los sectores populares históricamente marginados, que en las elecciones derrotaron a los grupos de poder económico y los sectores sociales y políticos dominantes concentrados en Lima que tuvieron como candidata a Keiko Fujimori.

Una reivindicación que llegó en el año del bicentenario de la independencia del país y que despertó la ilusión del inicio de un cambio histórico. La derecha y los grupos dominantes le declararon la guerra desde el primer día. Las esperanzas y expectativas con el nuevo Gobierno de corte popular y reivindicativo eran muchas, y el reto enorme. Pero Castillo no ha estado a la altura de ese reto.

Con una gestión dubitativa, débil, sin convicción para implementar las promesas de cambio, que fueron abandonadas, una notoria carencia de reflejos y capacidades políticas para enfrentar la guerra declarada por la derecha, un entorno implicado en denuncias de corrupción, la insistencia en nombramientos de ministros sin capacidades para el cargo convertidos en presa fácil para los ataques opositores, y una vocación por el sectarismo y la división en el partido de Gobierno, Castillo ha terminado, involuntariamente, jugando a favor de la derecha y su apuesta para desacreditar y destruir no solamente su Gobierno, sino cualquier opción de cambio.

Ha sido un año convulsionado. Castillo inició su gestión convocando a otros sectores de izquierda para armar un frente progresista. Fue un buen comienzo. Pero duró poco. Desde su propio frente interno se encargaron de dinamitar esa alianza de Gobierno. El secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, empeñado en monopolizar el Gobierno para su partido y para él mismo, se convirtió en el principal enemigo de ese frente progresista que le podía dar estabilidad al Gobierno. Su prioridad fue atacar a los aliados de Castillo que no eran de su partido, para lo que no dudó en aliarse con la ultraderecha.

El sectarismo de Cerrón, quien se declara marxista-leninista y le gusta usar un lenguaje pretendidamente de izquierdas pero hace pactos con la extrema derecha, sumado a las denuncias de corrupción que se comenzaron a conocer y el abandono de las promesas de cambio, terminaron en unos pocos meses con el frente progresista.

Las ambiciones de poder de Cerrón lo han distanciado de Castillo. En las últimas votaciones en el Congreso los legisladores cerronistas han votado de la mano con la derecha en contra del Gobierno. Así, Castillo llega a su primer año en la presidencia cada vez más solo y aislado.

En este primer año de Gobierno, Castillo ha tenido cuatro gabinetes ministeriales, todo un récord. Uno de sus jefes de gabinete fue un legislador de ultraderecha, que duró apenas unos días. Un nombramiento que revela la falta de convicciones de Castillo. Ha cambiado ministros una y otra vez. Una muestra de esa alta rotación son los siete ministros que en un año han pasado por el Ministerio del Interior.

En sus primeros meses de gestión, los del frente progresista, Castillo pudo mostrar éxitos en la política económica y la campaña de vacunación contra la covid, pero bajo la presión de Cerrón, y la guerra de la derecha, sacó a sus dos ministros más exitosos, los de Economía y Salud. El Ministerio de Economía pasó del reconocido economista de izquierda Pedro Francke, que impulsaba una reforma tributaria para aumentar los impuestos a las grandes empresas mineras y a la riqueza, a un tecnócrata neoliberal, el actual ministro Oscar Graham, que archivó esa reforma.

La derecha parlamentaria ha intentado dos veces destituir a Castillo utilizando arbitrariamente la ambigua figura de la "incapacidad moral". En ambos casos fracasó en conseguir los dos tercios de los votos del Congreso unicameral para consumar el golpe parlamentario. Ahora esa derecha promueve dos acusaciones constitucionales contra el mandatario para destituirlo. Una es por el absurdo cargo de traición por haber declarado en una entrevista periodística su simpatía con facilitar una salida al mar a Bolivia.

La otra es por cargos de corrupción que están en investigación. Para aprobar una acusación constitucional y remover al jefe de Estado por esa razón no se necesitan dos tercios de los votos sino solamente la mitad más uno de los 130 congresistas. Por eso la derecha apuesta ahora a esta vía. Y también pretende destituir por este mismo mecanismo a la vicepresidenta Dina Boluarte, para así despejar el terreno para capturar desde el Congreso el poder que perdió en las elecciones.

En un país donde los últimos presidentes están presos o procesados por corrupción, la aparición de una figura como Castillo, ajeno a la clase política, fue vista como una opción de cambio también en este terreno. Pero en esto Castillo también ha sido una decepción. Su entorno, incluidos su exsecretario personal, ministros y dos de sus sobrinos, están acusados de corrupción. Las denuncias de malversación en la asignación de obras públicas y el cobro de comisiones en los ascensos policiales salpican a Castillo. El presidente asegura que es inocente, mientras las denuncias están en investigación en la Fiscalía.

Si a Castillo le ha ido mal en su primer año de Gobierno, al Congreso opositor le ha ido peor. Según un encuesta de Ipsos de este mes, Castillo tiene un rechazo del 74% y una aprobación del 20%, mientras en el caso del Congreso controlado por la derecha el rechazo ciudadano se eleva a 79% y su aceptación baja a 14%. En este escenario, se escucha con cada vez más insistencia el "que se vayan todos". Y eso pasa por un adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Hay una pregunta que domina el debate político y las charlas en las calles al cumplirse el primer año del Gobierno de Castillo: ¿Podrá el presidente terminar el mandato de cinco años para el que fue elegido? La insistencia en este interrogante es un reflejo de la debilidad de un Gobierno que camina en la cornisa, amenazado por sus opositores que lo quieren hacer caer y por sus propias carencias y problemas internos. Las apuestas de si Castillo termina o no su Gobierno no favorecen al presidente.

 

28/07/2022 10:52  

Carlos Noriega

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Miércoles, 27 Julio 2022 05:36

El imperio se rompe por dentro

El imperio se rompe por dentro

La lógica «amigo y enemigo», constitutiva de las relaciones entre comunidades políticas distintas, está ganando terreno como forma de dirimir las diferencias al interior de la comunidad política estadounidense. ¿Hay salida?

Las recientes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre temas como el aborto, protección medioambiental, derecho al voto de minorías y porte de armas se inscriben en una disputa de tipo existencial que está teniendo lugar al interior de la sociedad estadounidense.

Eventos como la elección de un presidente negro, la irrupción de minorías raciales en el Congreso federal y el avance de movimientos subalternos como el BLM (siglas de Black Lives Matter) han hecho creer a una parte importante de los estadounidenses blancos que su marco identitario esencial está amenazado. A ello se le suma un progresivo proceso de debilitamiento de las instituciones públicas como resultado de décadas de implantación de políticas neoliberales en el país.

La presencia de jueces ultraderechistas, las recurrentes masacres en manos de supremacistas blancos, la violencia policial selectiva y la imparable lógica política trumpista son los emergentes más visibles de un proceso subterráneo que ha ido transformando lentamente el imaginario social. Para comprender estos cambios en toda su dimensión, entonces, debemos analizarlos en un doble plano: por un lado, el de la disputa existencial; por otro, el de la debilidad institucional.

La disputa existencial estadounidense

Para evitar la guerra o la descomposición interna, las disputas dentro de una comunidad política deben procesarse en términos de adversarios legítimos y no de enemigos irreconciliables. A su vez, los miembros de esa comunidad de alguna forma deben asumirse parte de lo que Carl Schmitt (2009) denominaba una «igualdad sustancial», lo que implica reconocer la existencia de un marco histórico común que fundamenta un presente y un futuro compartido.

Así, las instituciones formales funcionan como el mecanismo mediante el cual los actores sociales procesan sus diferencias; para ello, dicho marco institucionalidad debe gozar de legitimidad en el sentido weberiano, esto es, aceptación interna. Que las personas interpreten esas instituciones en un registro positivo porque en ellas ven la materialización de ciertos ideales nucleares del grupo como lo son la patria, la identidad, el bienestar colectivo, etc. De este modo, las instituciones son legítimas en tanto proyecten, y en cierta medida materialicen, un ideal de lo que es común a todos.

Cuando las diferencias dominantes no se pueden procesar en términos de adversarios, en cambio, esa comunidad política ha pasado a la lógica de amigo y enemigo. La cual, citando nuevamente a Schmitt, concierne no a la política interna sino a la externa. El enemigo no puede ser parte de la comunidad porque la existencia de este implica un exterior constitutivo en el sentido derridiano. Es decir, es ese otro externo cuya presencia da forma al nosotros interno.

Toda identidad colectiva, sostienen Laclau y Mouffe (2015), implica «lógicas de frontera». De modo que no hay identidad que adquiera el rango de política —en el sentido schmtiano de que agrupe en términos de «ellos» y «nosotros» a un grupo grande, como una nación— que no se establezca a partir de dinámicas fronterizas y exteriores constitutivos. Somos un «nosotros» en la medida que no somos «ellos».  

Mantener, pues, las diferencias internas fuera de la lógica amigo y enemigo permite que las discrepancias entre los diversos actores de la comunidad política no socaven la legitimidad que entre adversarios deben reconocerse. Ello da estabilidad al orden institucional al tiempo que posibilita el mencionado marco de proyecto común. 

Una vez que el «ellos» y el «nosotros» emergen internamente no es posible procesarlos institucionalmente, ya que significa que una parte de la comunidad política desconoce la legitimidad de la otra. Las instituciones se interpretan en registros opuestos según el lugar de cada grupo en disputa. En tales contextos, la historia es clara: lo que sobreviene es la guerra civil. Sin un marco legítimo donde entre grupos amplios y diferentes de una comunidad resuelvan sus querellas y equilibren sus aspiraciones, lo que queda es la violencia. Y, con ello, la descomposición interna. Tal es el escenario que, en nuestra opinión, se está configurando actualmente en los Estados Unidos.

«Ellos o nosotros»

Para un amplio sector de los estadounidenses blancos hay una parte de su sociedad que constituye un «ellos» antagónico a su «nosotros» esencial. O, lo que es lo mismo, un enemigo al cual se debe derrotar con todos los medios que sean necesarios —incluyendo la eliminación física, como creyó el genocida de Búfalo hace poco—.

Ese «otro» dejó de ser un adversario con el que, aunque se sepa que nunca se coincidirá en lo fundamental, se puede establecer un marco de legitimidad compartida. Así era cuando entre demócratas y republicanos luchaban políticamente dentro de claves institucionales: ganara quien ganara, cada cuatro años lo fundamental del país seguía igual. Y ello porque la comunidad política estadounidense, a nivel interno, se gestionaba fuera de la lógica de la disputa existencial. Ya no es el caso.

La «nación existencial» (Villacañas, 2014) es la que establece relaciones de amigo y enemigo. Esta forma de nación está siempre latente dentro de toda comunidad política. Aparece de tiempo en tiempo. Y le compete a cada orden institucional mantenerla contenida mediante mecanismos adecuados.

En Estados Unidos sucede que hoy día ese tipo de nación, encarnada en buena parte de su mayoría blanca, ha irrumpido con una fuerza e ímpetu significativos (en un país con una historia de violencia racial constitutiva). El trumpismo es un significante vacío que agrupa diversas demandas de buena parte de los estadounidenses blancos descontentos. 

La lógica política trumpista es un elemento estructurante que da unidad y conducción para que sus idearios obtengan resultados políticos concretos. Y el Partido Republicano, en tanto tomado totalmente por el trumpismo (según encuestas, más del 90% de votantes republicanos es favorable a Trump), está trasladando a las instituciones —Congreso, Corte Suprema, tribunales federales y otras— esa lógica de disputa existencial. He ahí, pues, la clave fundamental desde la que entender la radicalidad de los jueces supremos.

Cuando Barack Obama llegó a la presidencia cambiaron muchas cosas. Visto en retrospectiva, sin embargo, podemos decir que ese fue el momento en que la lógica existencial de los blancos tomó su impulso decisivo. No es fortuito que al primer presidente negro le sustituyera en la Casa Blanca el primer presidente de ultraderecha. 

Donald Trump, multimillonario devenido en mesías del populismo reaccionario, se hizo políticamente relevante cuando encabezó aquella rocambolesca campaña que sostenía que Obama no era estadounidense sino africano. En la perspectiva demócrata, anclada en la lógica del «votante medio», aquello se interpretó como una locura sin más. Incluso hubo una ocasión en la que el presidente Obama, en un evento social, se mofó frente al propio Trump de ese bulo.

Pero se equivocaron —ellos y casi todos nosotros— al minimizar esa narrativa, puesto que la misma contenía algo más profundo. Algo estaba cambiando en el «votante medio», y una parte significativa de los estadounidenses blancos se estaba radicalizando, estaba pasando a una lógica existencial en la que las cosas no se miden en términos de veracidad ni de hechos sino de percepciones guiadas por factores emocionales. Lo cual proyecta a la lucha política hacia planos que superan los clivajes tradicionales de «demócratas versus republicanos» o «liberales (en el sentido norteamericano) contra conservadores».

Desde ese entonces, Trump logró erigirse en la figura que expresa el sentido común de una parte de la llamada Deep America, en la que el descontento blanco ya no se vehiculiza mediante búsqueda de consensos sino de rupturas radicales. El primer presidente negro, dentro de esa subjetividad, desde luego no podía ser un estadounidense legítimo. Trump, el varón blanco nacionalista y agresivo que rompe los moldes de la conducta institucional, fue el justiciero que volvió a poner cada cosa en su sitio, a retrotraer las cosas a la «América grande» donde mandan los blancos y, por tanto, las personas negras y otros «ellos» están en su lugar correspondiente.

Moral, libertad y raza

El trumpismo se convirtió en una lógica política hegemónica, esto es, capaz de articular demandas diversas y de establecer fronteras antagónicas frente a otras hegemonías (en este caso, ante la hegemonía centrista tradicional). Movió las coordenadas del conflicto político estadounidense hacia superficies de disputa existencial. De ahí la elección de jueces de ultraderecha —y evidentemente supremacistas— a la Corte Suprema bajo su presidencia, rompiendo abiertamente con el hasta entonces hegemónico consenso de la moderación centrista.

En tal contexto, los senadores republicanos, que otrora se inscribían en dicho consenso, tenían dos opciones: o apoyaban a los jueces propuestos por el mesías de su partido radicalizado existencialmente o simplemente no volvían a ganar una elección en sus estados. Aun en el contexto de lógicas políticas existenciales, el pragmatismo electoral pesa.

Así las cosas, los jueces electos por el trumpismo emprenden desde las cortes una lucha contra el enemigo existencial de la «América auténtica». En el plano moral-religioso se trata de desmontar leyes a favor del aborto y de matrimonios LGBTQ+ y racialmente mixtos que, en el contexto de correlaciones políticas anteriores, sectores subalternos lograron se aprobasen. En el plano de la libertad (significante político constitutivo de este país) implica acabar con todos los límites que, en los mismos términos anteriormente señalados, se han venido imponiendo en las últimas décadas respecto al porte de armas y el uso indiscriminado de dinero para financiar campañas políticas. Y, en cuanto a lo racial, significa eliminar prohibiciones como las que dictaminaron varios tribunales estatales en lo que respecta a la manipulación distritos electorales (gerrymandering) para evitar que, aun siendo mayoría, los negros siguieran casi sin representación en varios congresos locales.

He aquí tres aspectos centrales: moral, libertad y raza. La concepción de mundo blanco-anglosajona estadounidense se construyó históricamente, en lo fundamental, sobre esos tres pilares. Y ello fue lo que, como sostiene Howard Zinn (2003), utilizaron las élites de principios del siglo XIX para fomentar el racismo del blanco pobre contra el negro en momentos en que entre estos dos grupos comenzaban a tejerse relaciones de hermandad y solidaridad a resultas de la creciente desigualdad que sufrían. El trumpismo en su versión judicial, desde la Corte Suprema, trabaja directamente para recomponer el país en claves del siglo XIX. 

El presidente Joe Biden, tras conocerse la decisión que anuló el precedente de casi 50 años de Roe vs Wade en relación al derecho al aborto, dijo que esta era una Corte «extrema». La otrora sacrosanta Corte Suprema, que simbolizaba imperio de la ley y solemnidad republicana, es ahora tratada como un ente partidista más. Con el agravante de que se la ubica en el extremo del espectro político; esto es, no se le reconoce legitimidad. Como vimos, una vez las instituciones pierden legitimidad entendida como aceptación el conflicto político-social pasa a otros ámbitos. Lo que hace que la idea del «todos» como horizonte común al interior de la comunidad política se derruya.

Para los demócratas, tanto del ala centrista-neoliberal como de la izquierdista-socialista, esta Corte Suprema no forma parte del «nosotros». La expresión institucional del trumpismo condujo a los demócratas a inscribirse, en forma de reacción, en una dinámica también existencial. Las luchas electorales que se avecinan, en tal contexto, no estarán inscritas solo en política contingente, sino que —y esto es lo decisivo— estarán signadas por la pugna entre dos Estados Unidos que no se reconocen legitimidad el uno al otro.

De ahí que entre demócratas y republicanos actualmente no se pueden poner de acuerdo en casi nada. La lógica amigo y enemigo, constitutiva de las relaciones entre comunidades políticas distintas, está operando al interior de la comunidad política estadounidense. Lo cual no hace sino evidenciar que Estados Unidos es un país roto por dentro. 

El neoliberalismo contra el bien común

En los últimos cuarenta años, Estados Unidos ha vivido bajo un sistemático ataque neoliberal contra lo público (Brown, 2016; Harvey, 2007; Zuboff, 2020) que ha debilitado considerablemente la capacidad de respuesta de las instituciones para atender las causas de la disputa existencial actual. Ahora bien, este avance neoliberal debe entenderse en dos planos: la estructura cultural-ideológica sobre la que se asentó y su cristalización en el nivel de políticas concretas.

En primer lugar, el neoliberalismo estadounidense vino de la mano de lo que George Lakoff (2007) caracteriza como la articulación entre el Partido Republicano y ciertas élites económicas para desmontar a nivel de los «marcos mentales» del ciudadano medio el consenso del New Deal. Para ello se sirvieron del aparato conceptual-discusivo que les proveyeron autores como Hayek, Rothbard y Friedman en su versión más propagandística. Las ideas (y elucubraciones) de estos referentes neoliberales fundamentaron los marcos mediáticos que fueron colocándose en la opinión pública. 

Lo público y el Estado eran presentados como «enemigos de la libertad» y, por consiguiente, contrarios a la creación de riqueza. Esa convergencia entre libertarismo y conservadurismo estadounidenses dio lugar al «paleolibertarismo», marco de análisis político, social, económico y cultural en el que se formaron diversas figuras que luego pasaron a ocupar cargos de dirección en administraciones republicanas desde Reagan y demócratas con Clinton (Zuboff, 2020). 

Esa sistemática operación mediática —vehiculizada mediante el incentivo de marcos mentales que vincularan valores morales y costumbres preexistentes con idearios neoliberales (Lakoff, 2007)— dio como resultado que millones de estadounidenses de clase media y baja asumieran la narrativa antiestatal y antirregulación, que en los hechos solo es favorable a los ricos. Tal identificación construyó un sentido común tendencialmente mayoritario que naturalizó el neoliberalismo, instalando así una hegemónica y ubicua matriz subjetiva neoliberal.

A partir de ese punto, lo que se inició con Reagan fue un amplio proceso de desregulación financiera, desmonte de protecciones medioambientales, baja de impuestos a las rentas altas y ganancias de capital, etcétera, que continuó indemne en las administraciones subsiguientes de ambos partidos. Esta «neoliberalización de la sociedad estadounidense», a nivel subjetivo y estructural, debilitó decisivamente el marco institucional surgido del New Deal que, entre 1945 y 1975 (la época de mayor prosperidad de la historia norteamericana y occidental) había asegurado la existencia de una sociedad cohesionada en base a clases medias fuertes, derechos sociales garantizados y separación entre intereses corporativos e intereses de Estado.

Desintegración

Estados Unidos entra hoy a la fase de desintegración interna probablemente más peligrosa de su historia desde la guerra civil de 1861 a 1865. Y lo hace en medio del auge de un sentido común de época neoliberalizado, individualista y extremadamente poco solidario. 

Pareciera que las preocupaciones del conservador Samuel Huntington contenidas en su libro Who are we? cristalizan hoy en el trumpismo. Pero, a diferencia de lo que afirmaba allí el autor, lo que amenaza a la sociedad estadounidense no es el reto demográfico hispano sino la respuesta de una parte de la mayoría blanca ante las identidades no blancas (racial y culturalmente) y subalternas (feministas, LGBTQ+, antirracistas, socialistas) que emergen frente al orden anglosajón históricamente hegemónico.

La disputa existencial que en los Estados Unidos de hoy se afirma como tendencia dominante para la resolución de conflictos políticos, entraña una peligrosidad inédita. Porque el enemigo contra el que lucha el trumpismo no es un «ellos» homogéneo. Es algo mucho más grande, que ya está respondiendo, y que el Partido Demócrata y sectores liberales no logran canalizar institucionalmente.

¿Se evitará la guerra civil? Existen observadores que afirman que, aunque en forma de guerra de baja intensidad, esa conflagración ya comenzó. El mundo se juega mucho en cómo los estadounidenses logren procesar su conflictividad interna sin desintegrarse.

Referencias 

Brown, Wendy (2016). El pueblo sin atributos. Barcelona: Malpaso. 

Harvey, David (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chatal (2015). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid: Siglo XXI. 

Lakoff, George (2007). No pienses en un elefante. Madrid: Complutense. 

Schmitt, Carl (2009). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial. 

Villacañas, José Luis (2014). Historia del poder político en España. Barcelona: RBA. 

Zinn, Howard (2003). La otra historia de los Estados Unidos. Guipúzcoa: Argitaletxe Hiru.

Zuboff, Shoshana (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Madrid: Paidós. 

Publicado enInternacional
Miércoles, 27 Julio 2022 05:21

La pasokización del peronismo

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

Argentina lleva a cuestas una larga y multifacética crisis. La retirada de Martín Guzmán del ministerio de Economía y la asunción de Silvina Batakis no tuerce el rumbo de austeridad y sumisión al FMI escogido por el gobierno. ¿Es el fin del peronismo?

El domingo 4 de octubre de 2009, el centro de Atenas se había teñido de banderas verdes. PASOK, el gran partido de masas de la socialdemocracia griega, había ganado las elecciones de forma rotunda, aplastando a la derecha bajo la promesa de dar vuelta de página a las políticas de austeridad que habían comenzado a implementarse un año atrás. Poco menos de tres años después, la imagen se revirtió por completo. En las elecciones de mayo de 2012, el PASOK sufrió uno de los mayores descalabros electorales de la historia política reciente: perdió 7 de cada 10 de sus votantes y llegó apenas al 13% de los votos. Un mes después confirmó su descomposición, cayendo al 12% de los votos, para llegar al 4% de los votos en las elecciones de 2015, la última elección del PASOK como tal. 

A este rápido y fulminante proceso de declive lo conocemos como «pasokización», es decir, el agotamiento histórico, la caída política y la descomposición institucional de un partido de masas, usualmente ubicado ideológicamente en la centroizquierda. ¿Cómo pasó esto? PASOK, a fin de cuentas, fue el principal partido político de Grecia desde la caída de la dictadura de los coroneles (1967-1973). Fue el partido que, bajo el lema de Independencia Nacional, Soberanía Popular y Emancipación Social, construyó el nada despreciable «Estado de bienestar» griego, firmemente apoyado en el movimiento sindical. La respuesta es simple: PASOK incumplió las promesas electorales que lo llevaron al poder en 2009. Giorgos Papandreou, primer ministro y líder del partido, gobernó contra su propia base de sustentación y contra la historia misma de su propio partido.

Cuando la crisis griega terminó por reventar en abril de 2010, el PASOK pactó con el Eurogrupo y con el Fondo Monetario Internacional un programa de austeridad que se ubica entre los más draconianos de la historia económica. Al gran partido del Estado de bienestar y de los grandes sindicatos griegos no le tembló el pulso para reducir un 20% el salario de los trabajadores del sector público, para privatizar el 66% de las empresas estatales, subir la edad jubilatoria y promover una reforma laboral para flexibilizar las condiciones de contratación y despido.

***

Es sabido que las comparaciones son odiosas, que dejan puntos ciegos y que difícilmente reflejen cabalmente realidades políticas, sociales y económicas que tienen más puntos de quiebre que de contacto. Aun así, repasar otras experiencias sirve para extraer algunas lecciones.

En efecto, resulta tentador analizar la actualidad de la crisis política en la que se encuentra sumergida la Argentina desde el prisma ofrecido por la crisis griega. Primero, porque hay aspectos que coinciden de forma evidente: tanto la contundente victoria como la paupérrima imagen de desconcierto del PASOK frente al estallido de la crisis mantiene una llamativa similitud respecto al gobierno de Alberto Fernández y al Frente de Todos. Segundo, porque el desenlace trágico de la crisis griega en una espiral de desasosiego permanente —que se extiende hasta hoy— es un buen espejo en el que podemos mirar cómo será el futuro si no logramos torcer el rumbo.

Grecia cumplió sus acuerdos con el FMI y la austeridad se impuso como paradigma incontestable mediante la sumisión de los sucesivos gobiernos y la desarticulación de las resistencias. En Argentina, la imposición del programa político, económico y social del FMI todavía —y a pesar de todo— puede ser disputada. 

El peronismo y la «primera incorporación»

Se dice que nadie que no haya vivido en Argentina es capaz de entender al peronismo. A pesar de que buena parte de América Latina han emergido durante la segunda posguerra movimientos de masas predominantemente urbanos y centrados en la clase obrera que intentaron modernizar los capitalismos periféricos mediante la sustitución de importaciones, la experiencia peronista se narra como una singularidad absoluta. Es probable que algunos de los problemas actuales para definir al peronismo radiquen en el mito de ese excepcionalismo. También, es probable que algunos de los problemas del actual gobierno peronista radiquen asimismo en un error de lectura: intentando traer al presente una imagen del peronismo histórico que es, al menos, incompleta.

Como señaló la investigadora canadiense Louise Doyon, el peronismo ha sido usualmente presentado como una experiencia de regimentación política de la clase obrera. Esto significa que si bien los trabajadores lograron revertir la situación de exclusión en la que se encontraban durante el período de la historia argentina conocida como el orden oligárquico (1880-1916) y la restauración conservadora (1930-1943), el costo de ello fue su encuadramiento en sindicatos patrocinados por el Estado que, sin ningún tipo de autonomía, reconocieron solo parcialmente sus intereses. 

Para esto, según la tesis de Gino Germani y Torcuato Di Tella, el peronismo se concentró en representar a los migrantes internos que se trasladaron del interior rural del país hacia los cordones industriales de la provincia de Buenos Aires. Estos migrantes internos, sin experiencia política previa, desarraigados de sus lugares de origen y acostumbrados a relaciones más cercanas al patronazgo agrario que a las relaciones capitalistas, encontraron en el liderazgo carismático de Juan Domingo Perón a un líder capaz de suplir el desconcierto en el que se encontraban, y convirtiéndose en una masa disponible para el populismo peronista.

Frente a esto, Doyon nos presenta una visión alternativa acerca del peronismo, cuestionando la centralidad de los migrantes internos en su origen, así como también menguando la brecha de estos con los trabajadores industriales de las décadas anteriores. En efecto, buena parte de los migrantes internos contaban con algún tipo de experiencia urbana antes de migrar hacia Buenos Aires; por otro lado, los sindicatos promovidos desde el Estado contaron con la participación activa de trabajadores que contaban con —al menos— una década de trabajo fabril. En resumen, que la clase obrera argentina estuviera dispuesta a incorporarse a un nuevo movimiento político se corresponde no con la pasividad de su composición orgánica, sino a la situación de relegamiento político por parte de los partidos mayoritarios que se convirtieron en cómplices de un orden social excluyente. 

Lo anterior se complementa con lo señalado por Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, quienes señalan que el núcleo de trabajadores con experiencia sindical previa cumplió un rol fundamental tanto en el origen del peronismo como movimiento popular de masas, otorgando al peronismo una dinámica interna marcada por la interlocución entre los cuadros estatales y las bases obreras movilizadas.

Así, la lógica política del primer gobierno peronista se basó, a grandes rasgos, en una dialéctica de presión de las bases y dirigismo estatal, donde las bases obreras lucharon por sus intereses de clase, aunque a costas de su plena independencia política y organizacional; lo que no significa para nada haber renegado de su protagonismo político. Los intentos de centralismo y subordinación de los trabajadores ejecutados por Perón como la disolución del Partido Laborista en 1946 y la supresión del derecho a huelga en la Constitución de 1949, fueron consecuentemente contestados por la clase obrera con una enorme oleada de movilización y huelgas entre 1946 y 1948, que tensionaron la coalición interna de un movimiento político que pretendía garantizar una alianza de hierro entre capitalistas industriales y los sindicatos. 

Estas tensiones entre Perón y los trabajadores quedaron manifestadas de forma evidente durante su segunda presidencia, cuando las condiciones internacionales que habían permitido la expansión del capitalismo con un progreso material simultáneo para empresarios y trabajadores se volvieron materialmente insostenibles. A pesar que el peronismo intentó por todas las vías la supresión de la independencia de clase trabajadora y se enfrentó con dureza al movimiento comunista y socialista con métodos que van desde la represión abierta hasta la promoción del nacionalismo –vale recordar que durante el gobierno de Perón se implementó el izamiento de la bandera y el canto del himno nacional hasta en los partidos de fútbol–, ese objetivo nunca fue logrado.

Paradójicamente, la salvaguarda de algunos elementos de autonomía para la clase obrera fue la clave para la continuidad del peronismo sociológico, durante los dieciocho años de proscripción. Cabe destacar también, que la resistencia peronista tampoco fue un bloque monolítico a las órdenes de Perón. Por ejemplo, la tendencia hacia la independencia de la clase obrera quedó demostrada en las elecciones de 1958, cuando a pesar de las órdenes de Perón de votar a uno de los candidatos habilitados por el régimen, el radical Arturo Frondizi, el voto en blanco alcanzó el 9%, lo que señala que una fracción no despreciable del voto obrero que se negó a votar por un partido «antiobrero».

El peronismo, entonces, más que un simple fenómeno populista o de liderazgo carismático, responde a una realidad sociopolítica compleja en la que los trabajadores cumplieron un rol central. Aquí también vale aclarar que la hegemonía que alcanzó el peronismo original no se basó en ningún tipo de mito productivista, ni de convertir a Argentina en una potencia mundial. Muy por el contrario, el peronismo se consolidó a base de mejorar las condiciones mínimas de existencia de una gran masa de trabajadores, quienes pelearon por esas conquistas y fueron mayoritariamente reconocidos por el gobierno del Estado en esas reivindicaciones. No hay peronismo triunfante sin movilización y presión constante de una fracción mayoritaria de la clase obrera.

Por otro lado, el gran objetivo político del peronismo, el ideal de una sociedad sin conflictos entre el capital y el trabajo, jamás fue logrado, ni siquiera en el cénit de su hegemonía. Más bien todo lo contrario: de 1946 a 1955 los conflictos de clase se agudizaron de una forma inédita en la historia argentina. Más aún, desde 1952, buena parte de las críticas fueron hacia la propia dirigencia estatal peronista, proceso que alcanzó su punto cúlmine durante el ciclo de movilización entre 1969 y 1971, cuando el capitalismo argentino fue cuestionado mediante la acción de masas. Incluso es posible pensar en el golpe de estado de 1955 —ejecutado por las facciones más reaccionarias de la burguesía y del ejército— como un intento desesperado para frenar la dinámica de la presión y la movilización obrera que el peronismo traía aparejado por su propia dinámica sociopolítica. En ese mismo escenario, la resistencia peronista (1955-1973) debe ser leída como la pelea descarnada de la fracción mayoritaria de la clase obrera por defender la posición política conquistada durante los dos gobiernos de Perón.

La caída del paradigma peronista

Cuando en 1973 Juan Domingo Perón volvió al país luego de su exilio, las tensiones que habían resquebrajado su coalición durante su segunda presidencia, veinte años atrás, habían llegado a su punto más alto. La clase obrera argentina había llegado a su pico de lucha y organización. A pesar de que el peronismo mantenía la hegemonía política dentro de los trabajadores, las izquierdas habían conquistado importantes sindicatos, surgieron partidos revolucionarios de masas y hasta organizaciones guerrilleras. El retorno mismo de Perón, que terminó en la masacre de Ezeiza, mostró los límites para recrear la añeja alianza peronista. Frente a esto, Perón tomó una decisión: abrió un proceso de represión abierta hacia las izquierdas —inclusive a la izquierda peronista, que reivindicaba su figura como un líder revolucionario—, incluyendo la persecución paramilitar por parte de ministros de su propio gobierno. La nueva escalada de represión ilegal sentó las bases para el inicio de la represión ilegal a gran escala durante el gobierno de su esposa, Isabel Martínez (que lo sucedió en el gobierno luego de su muerte), y que se espiralizó posteriormente con la instauración de la dictadura militar (1976-1983), que rediseñó a la sociedad argentina mediante el terrorismo de Estado.

El fracaso orgánico del «tercer peronismo» (1972-1976), significó la transformación del principal movimiento de masas de Argentina en lo que el histórico dirigente trotskista Jorge Altamira llamó un «cadáver insepulto». Esto significa la pérdida de la perspectiva histórica, de adecuación lógica a las condiciones materiales de la sociedad y la economía, y el agotamiento de un paradigma político ideacional capaz de hacer progresar las relaciones sociales capitalistas, mediante el empuje de un grupo social o fracción de clase que aporte algún tipo de sustancia dinámica a ese proceso. Para el caso argentino, esto significa que el peronismo continuó existiendo en tanto una identidad política petrificada en buena parte de la memoria colectiva de la clase obrera, quienes siguieron ligadas a buena parte de sus símbolos, organizaciones y estructuras político discursivas arraigadas en el corolario del peronismo clásico, pero sin ningún programa ni perspectiva política que pudiera aportar una salida popular o progresista a la actualidad de un capitalismo argentino en crisis. 

A final de cuentas, el modelo que el peronismo como su objetivo último —la sociedad organizada— no era más que una reedición de un tipo particular de democracia social semicorporativa, donde un Estado benefactor adquiría la tarea de limitar la lucha de clases mediante el dirigismo tanto de las asociaciones patronales como de los sindicatos mayoritarios. La tendencia propia del capitalismo mundial desde la década de los 70 se mostraba en franca contradicción con cualquier perspectiva de construcción de un capitalismo «de rostro humano». 

El cierre de ese paradigma y la desestabilización del sistema de ideas consecuente para el peronismo es uno de los factores que explica la razón por la que haya sido un peronista, Carlos Menem, el que ejecutó el programa de reformas neoliberales más extenso y ambicioso de toda América Latina en la década de los 90. Que el peronismo se haya revelado como «cadáver insepulto» es una arista importante que nos permite pensar porqué en Argentina el neoliberalismo se instaló mediante la adopción del paradigma liberal de parte de un partido popular y no mediante la popularización de un partido liberal. En este punto es donde la vacancia ideológica del peronismo se encontró frente a un escenario global de reestructuración de las relaciones capitalistas en clave neoliberal. 

Si el peronismo clásico logró una expansión de la clase obrera mediante un proceso de industrialización por sustitución, el peronismo menemista dejó como resultado final un nuevo piso de pobreza estructural, pauperización y desempleo crónico que Argentina no ha logrado revertir hasta hoy en día. Como el PASOK de Papandreou, el peronismo de Menem gobernó contra los intereses colectivos de la base de sustentación de su gobierno. Su modelo de ultra ortodoxia neoliberal mostró señales tempranas de alarma en la periferia argentina, para convertirse en una crisis general desde 1998. El peronismo perdió las elecciones legislativas de 1997 y fue expulsado de la presidencia en 1999. 

Pero ¿por qué el peronismo no encontró su pasokización luego del menemismo? Hay tres elementos que nos permiten explicarlo. Primero, el factor consensual del menemismo descansó en una importante expansión del consumo a todos los sectores de la sociedad gracias a la sumamente costosa paridad cambiaria artificial entre el peso y el dólar, un apoyo que además debe ser contextualizado en el pánico social generalizado durante el proceso hiperinflacionario de 1989/1990. Un sector relativamente importante de la sociedad —principalmente las clases medias con capacidad de ahorro y capitalización— continuó apoyando al menemismo inclusive luego de la exteriorización de la crisis de la convertibilidad en 1998, lo que explica el apoyo posterior a la candidatura presidencial de Menem en el año 2003. 

Segundo, ninguna fuerza política se encontró en condiciones de aglutinar el descontento popular producido por décadas de austeridad, y de un cambio en la situación orgánica de la clase obrera. Cuando el peronismo menemista fue derrotado electoralmente de forma directa en 1997 y de forma indirecta en 1999, el gobierno argentino fue capturado una vez más por una fuerza política agotada, el radicalismo, que no tenía ninguna capacidad para abrir un nuevo proceso de desarrollo ni, mucho menos, plantear una alternativa que contradijera la dependencia estructural de un capitalismo argentino en ruinas. Conviene recordar que, la desorientación del radicalismo fue tal que en la campaña presidencial recordó en cada uno de sus spots la continuidad de la convertibilidad, en medio de una recesión brutal. La constante crisis hegemónica y los quiebres sucesivos de la representación política argentina son el resultado lógico de la falta de energía vital de las principales fuerzas políticas del país. 

Por último, el menemismo no logró sostener la plena unidad del movimiento peronista a lo largo de su ciclo de hegemonía interna. En un principio, el peronismo menemista sufrió una pequeña pero ruidosa ruptura en el congreso, cuando abandonó sus promesas originales de aumentar el valor los salarios y generar una «revolución productiva» por un primer paquete de reformas laborales, privatizaciones de empresas públicas, y cuando decretó el indulto de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, y que se efectivizó con la formación de un bloque independiente —el Grupo de los Ocho— dando origen a la proliferación de grupos neoperonistas que desafiaron al menemismo reivindicando las banderas históricas del peronismo.

A pesar de que la oposición de estos grupos fue en los hechos pocos efectiva, sí funcionó para generar un espacio de referencia de una suerte de peronismo en los márgenes que fue clave para la generación del locus kirchnerista (recordemos, por ejemplo, la reversión de la marcha peronista hecha desde kirchnerismo que reza «resistimos en los 90, volvimos en 2003»). Por otro lado, como recopilan los estudios del grupo PIMSA, el período menemista también fue un periodo marcado por la conflictividad obrera, a pesar de la adhesión al menemismo de una parte importante del movimiento sindical, en particular de la CGT. Pero, de la misma forma, que fue la unidad del movimiento sindical en 1996, con la convocatoria a dos huelgas generales y la amenaza de una tercera por tiempo indeterminado, fue crucial para enterrar el proyecto del menemismo de una reforma laboral integral en favor de los empleadores. Si bien luego de la derrota electoral del menemismo en 1997, el movimiento huelguístico entra en reflujo, y la unidad del movimiento obrero se diluye.

Lo importante aquí es señalar que, primero, el activismo sindical también funcionó como un salvoconducto para la ligazón del peronismo a la defensa de los trabajadores y, más importante todavía, la derrota de la reforma laboral significó un resorte de contención involuntario para vincular definitivamente al peronismo con la destrucción integral de los derechos colectivos de los trabajadores. Cabe decir que, unos años después, una reforma laboral parcial se lograría implementar únicamente mediante el soborno a los legisladores e inclusive con el escándalo inclasificable de un «diputado trucho» votando en el recinto, bajo el gobierno de la Alianza, comandado por la Unión Cívica Radical (1999-2001)

El kirchnerismo y la «segunda incorporación»

Luego de la expulsión del presidente De la Rúa del poder, Argentina tomó juramento a cinco presidentes en el transcurso de una semana, revelando la descomposición total de la dirigencia política. En ese contexto, la presidencia cayó fortuitamente en las manos de Eduardo Duhalde, quien inició un nuevo proceso de represión de la protesta social callejera. Esto marcó el declive de las movilizaciones populares, lo que coincidió con el agotamiento de las asambleas populares que se habían diseminado a lo largo del país luego de diciembre de 2001. Los argentinos volvieron a las urnas en el 2003, donde Menem volvió a ganar las elecciones con el 25% de los votos, en un escenario de fraccionamiento tanto de los partidos como de las identidades políticas. A pesar de haber ganado la primera vuelta, el profundo rechazo social que producía su figura lo imposibilitaba de cualquier perspectiva de triunfo en una segunda vuelta. Así, Menem se retiró del ballotage y Néstor Kirchner, quién había salido segundo con el 21% de los votos, se convirtió en presidente de la nación, sin haber ganado elección alguna. 

Con Kirchner en el poder, el peronismo ensayó su último intento de regeneración. Si el peronismo clásico había incorporado a la clase trabajadora a la vida democrática del país, el kirchnerismo inició una «segunda incorporación», reconociendo la agencia política de las organizaciones de desempleados y de los nuevos movimientos sociales que se organizaron como producto del desgarro social producido durante el menemismo. Kirchner logró un proceso exitoso de renegociación de la deuda externa que se encontraba en default desde 2001, inició una política de asistencia social de emergencia para los desempleados, y disfrutó de un rápido empujón fiscal gracias al inicio del boom de las exportaciones agropecuarias. Sumado a esto, Kirchner derogó las leyes de impunidad con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, ganándose la simpatía de todo el progresismo argentino. 

Durante los años del kirchnerismo (2003-2015) se produjo una modificación discursiva del peronismo en la que se reconoció la agencia de las organizaciones de desempleados, pero sin actualización programática. En lugar de eso, se volvió a insistir con la misión imposible de construir un «capitalismo popular» donde los trabajadores –empleados y desempleados– y empresarios gozaran de los beneficios del crecimiento económico. El peronismo kirchnerista chocó así contra los mismos obstáculos del peronismo clásico.

Luego de un primer periodo de «contra reformas» que comprendieron la recuperación de empresas públicas y la estatización del sistema privado de jubilaciones y pensiones, los límites del modelo económico basado en la captación estatal de la renta diferencial generada por las exportaciones agropecuarias comenzaron a crujir en 2008, cuando la crisis financiera internacional volvió a modificar la lógica del crecimiento económico a escala global, deteniendo el crecimiento de la economía y reactivando las tensiones distributivas entre el capital y el trabajo. El fin del boom de los precios de las materias primas como producto de la pérdida del dinamismo del crecimiento económico en la República Popular China, recordaron el rol dependiente del capitalismo argentino que se quedó sin muchas herramientas para hacer frente a una crisis en puertas. 

Como señaló Adrián Piva, la economía argentina entró desde 2012 en un largo proceso de estancamiento económico con una clara tendencia hacia la crisis. Sin el esplendor de los años anteriores, el kirchnerismo buscó evitar un ajuste ortodoxo que castigara a su base de sustentación, pero sin una alternativa para iniciar un nuevo ciclo de expansión económica. El intento de llevar adelante un ajuste de rostro humano durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner mediante la «sintonía fina» llevó a una ruptura entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios lo que postergó los planes y forzó a continuar con la tendencia de estancamiento. Producto de esto, la coalición kirchnerista continuó con su proceso de desgaste hasta la elección de 2015, cuando se optó por una salida conservadora a la crisis con la candidatura de Daniel Scioli, quien fue derrotado por Mauricio Macri luego de una ciertamente pobre performance electoral en la primera vuelta electoral. 

Alberto Fernández y la crisis de la identidad peronista

Luego del desastre social y económico generado por el gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández llegó al poder con una coalición que selló la unidad de todos los sectores del peronismo (kirchneristas, no kirchneristas e inclusive antikirchneristas). Con una campaña tanto popular como populista, Fernández sintonizó con el profundo malestar de la sociedad, prometió defender el valor de los salarios revirtiendo las políticas de ajuste sobre los ingresos y renegociar con firmeza la insoportable deuda heredada con el FMI. 

Lejos de eso, el gobierno ha incumplido con el mandato electoral que recibió y contradice sus dichos con sus actos de gobiernos. Durante la pandemia, el gobierno de Fernández fue reticente a sostener las políticas extraordinarias de transferencia de ingresos hacia las familias pobres, en un contexto de destrucción del empleo precario, es decir a las capas de trabajadores pobres que no cuentan con ningún resorte de resistencia para evitar su empobrecimiento. El «rebote» de la economía y de los niveles de empleo se produjeron con una profundización de la precariedad, y en medio de una nueva espiral inflacionaria que asesta otro mazazo a los ingresos. Por otro lado, y luego de dos años de idas y vueltas en las que la gestión económica de Martín Guzmán logro poco y nada, el gobierno rechazó todas las posibilidades para investigar el carácter fraudulento del préstamo otorgado por el FMI a la gestión de Mauricio Macri, firmando un Memorándum de Entendimiento (MdE) ruinoso para la economía argentina y de estricto carácter recesivo. 

En 2021, con los efectos de la pandemia todavía a flor de piel, el gobierno del Frente de Todos recibió una auténtica paliza electoral en las elecciones de medio término, sufriendo la fuga de cuatro millones de votos en las elecciones primarias, algo que pudo revertir parcialmente en las elecciones generales, consiguiendo una «derrota digna» en las elecciones generales un mes después. Aun así, el golpe a la gestión del Frente de Todos fue certero, abriendo una pelea interna profunda desde lo discursivo, pero vacía tanto en el contenido como en los hechos. La derrota electoral forzó a hacer cambios en el gabinete nacional, aunque sin más efecto que la rotación de los cuadros dirigenciales del peronismo. Inclusive, el recambio de algunas figuras dentro de varios ministerios efectivizó un giro conservador más que un avance de los sectores más progresistas del peronismo, como ocurrió en la Jefatura de Gabinete, y en los ministerios de Seguridad, Producción y Agricultura. Este último, clave en la relación con los sectores ligados a la exportación agropecuaria es hoy directamente controlado por representantes de las patronales agrarias, en un acto pleno de sumisión a la élite económica del país. 

A diferencia de lo ocurrido en los años de Menem, esta vez todos los sectores del peronismo se encuentran estructuralmente comprometidos en la administración del gobierno del Estado. Esto alcanza no solo al Partido Justicialista y a las organizaciones kirchneristas, sino a una gama amplia de movimientos sociales y sindicatos, que se mantienen en una costosa pasividad frente a la continuidad de una política económica que sacrifica el valor de los salarios y el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población. Esta vez, el peronismo no tiene válvula de escape. A pesar de las declaraciones, los comunicados y las cartas publicadas por referentes kirchnerismo, en particular por la vicepresidenta y su hijo Máximo Kirchner, ex jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, la unidad se del frente electoral se mantiene a pesar de las «insalvables» diferencias con la gestión económica del presidente Fernández.

Inclusive, esta instancia del peronismo nos ha regalado la imagen patética de diputados que fingieron su voto negativo al acuerdo de Guzmán con el FMI, en un acto inaudito de cinismo. Es probable que el pobre resultado de las elecciones de medio término funcione como un aglutinante del peronismo para conservar la unidad, ante la posibilidad de que una hipotética división genere un daño todavía mayor en todos los distritos electorales y en todas las escalas del Estado. Aun así, y a pesar de todas las estrategias desplegadas, el peronismo se encamina hacia una debacle electoral generada por una incompatibilidad cada vez más amplia entre su paradigma de representación simbólico y su actual forma óntica. Desde una perspectiva ideológica diferente, Juan Carlos Torre se pregunta por el fracaso del gobierno del Frente de Todos y llega a una conclusión similar, catalogando a este proceso en curso como «el 2001 del peronismo».

Para nosotros —por el origen, las características y la profundidad de este proceso— el peronismo se acerca a su pasokización. Esto es el resultado de que, una vez más, el mayor campo de identificación de las clases populares en Argentina revela su carácter de «cadáver insepulto», ya que no hay ningún sector del peronismo que ofrezca a la sociedad una alternativa clara al rol de sumisión y dependencia que la argentina cumple en el concierto del capitalismo global. Inclusive desde el kirchnerismo, y a través de la vicepresidenta, se sigue con alegando una y otra vez a la voluntad del peronismo para reeditar la fantasía de un capitalismo popular donde trabajadores y capitalistas ganen por igual. La reedición del mito jamás logrado por el peronismo clásico deviene tanto anacrónico como incompatible con la realidad objetiva. No hay en Argentina ninguna fuerza social comprometida con ese tipo de empresa. 

El peronismo, más allá de funcionar como una herramienta electoral de bloqueo para las pretensiones de la derecha de consolidar su rol al frente del aparato de Estado, ofrece una y otra vez algo con lo que no puede cumplir. Aquí hace falta volver a ser claro: el rol de Argentina dentro del orden global capitalista radica en convertirse en un productor de recursos primarios producto de la actividad minería, la extracción de gas y petróleo, y la producción de granos y cereales, a lo que se puede agregar a lo sumo el rubro de la producción de los servicios digitales. Un orden socioeconómico en el que solo entramos, con suerte, un tercio de quienes habitamos en Argentina.

Torcer ese lúgubre destino requeriría de un amplio movimiento de reivindicación de la dignidad nacional, que contradiga las presiones del sistema financiero internacional que se ejercer mediante el eterna espiral de la deuda y la presión constante del FMI, a los designios del imperialismo para la región y de los sectores locales que se encuentran plenamente integrados a las cadenas internacionales de producción de valor. El peronismo no está interesado en esa empresa, y al apostar a todo o nada por la construcción de un capitalismo «de rostro humano» en un contexto en el que esa vía está completamente clausurada, su carácter históricamente agotado sale inexcusablemente a flote. 

La caída de Martín Guzmán, el ministro de economía y la estrella del gabinete de Alberto Fernández, y su reemplazo por Silvina Batakis debe leerse en ese mismo sentido. Un cambio estético y discursivo, más que sustancial. Por eso, no es de sorprenderse que menos de veinticuatro horas se haya diluido la probada heterodoxia de la flamante ministra, en un discurso que pareció mucho más un pliego de rendición ante los mercados que el inicio de un camino alternativo para el destino de la Argentina.

El recambio en el ministerio de economía muestra la confirmación de una nueva forma de estatalidad en Argentina, lo que Wolfgang Streeck llamó el Estado de Consolidación, es decir la concentración de toda la actividad del Estado para asegurar el repago de la deuda externa mediante las políticas de ajuste fiscal y presupuestario, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Esta etapa de estatalidad en Argentina había comenzado con Mauricio Macri, y se consolidó con el gobierno de Alberto Fernández cuando el cambio de signo político no coincidió con una transformación en esa perspectiva. Todo indica que el próximo gobierno será un capítulo más de esa fase de estatalidad ligada al endeudamiento externo crónico. 

Por otro lado, que el peronismo —y también parte de la oposición— pueda leerse como un «cadáver insepulto» no significa su desaparición del panorama político argentino. Mientras los sectores populares no cuenten con una herramienta política capaz de enfrentar el avance de la ofensiva contra sus intereses, puede recaer una y otra vez en optar por la opción que interprete como «menos dañina». Obviamente, esa estrategia tiene un límite claro, y probablemente lo estamos viendo ahora mismo. Que estemos ante la competencia de fuerzas políticas agotadas explica en buena medida por qué Argentina se encuentra en una situación de estancamiento crónico, en un proceso de decadencia social que lleva, al menos, desde mediados de la década de los 70.

Por otro lado, contra todo excepcionalismo, este tampoco es un fenómeno únicamente argentino. El PRI mexicano se convirtió en un cadáver insepulto desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. El APRA peruano se transformó en un cadáver insepulto desde la primera presidencia de Alana García y se arrastró por décadas el sistema político peruano hasta su desaparición de hecho. El peronismo, el PRI y el APRA fueron enormes movimientos populares marcaron un sentido de época, fueron un canal para la consecución de conquistas obreras y mejoras objetivas en las condiciones de vida de las mayorías, pero, cada una a su tiempo, terminaron por agotarse. 

Puede parecer paradójico, pero lo más probable es que, hasta este momento, sean los sectores más radicalizados de la ultraderecha los únicos que se encuentran plenamente adaptados a la realidad histórica del país, adoptando abiertamente la postura de los sectores más dinámicos de las élites agroexportadoras que presionan por un rediseño de la sociedad argentina a costa de los derechos colectivos de los trabajadores, mediante una reforma laboral, fiscal y previsional.

Si frente a esta ofensiva, que también está siendo recogida por un sector cada vez más amplio de la derecha mayoritaria, la única estrategia de contención que disponemos es rogar clemencia, estamos en serios problemas. Construir una alternativa real costará sangre, sudor y lágrimas. Que valga la pena.

Por Leonardo Frieiro 27.07.22

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Putin, Raisi y Erdogan. . Imagen: AFP

Las derivaciones del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN son cada vez más amplias. Además de las consecuencias principalmente económicas de las sanciones a Rusia, vividas con particular intensidad en Europa Occidental, últimamente se han producido también distintos resultados en el campo político, sobre todo, en el escenario siempre complejo de Medio Oriente.

La reciente cumbre producida en Teherán entre los presidentes Vladimir Putin, de Rusia, Ebrahim Raisi, de Irán, y Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, no sólo evidenció la existencia de una entente con clara influencia en el Medio Oriente sino también capaz de desafiar a los países occidentales, y principalmente a los Estados Unidos, casi al mismo tiempo en que Joe Biden realizaba una gira por Israel y Arabia Saudita para demostrar que Estados Unidos todavía sigue teniendo un peso decisivo en la región. 

Más allá del diálogo en torno a Siria, el principal eje del encuentro se centró en el conflicto en Ucrania. Raisi y Erdogan no sólo le demostraron su apoyo a Putin (ya que, en palabras del gobernante iraní, resultaba “inevitable” el enfrentamiento con la OTAN). Según información de Washington, el apoyo se traduciría en expresiones de ayuda militar a través de la utilización de drones de fabricación iraní. El gobierno de Raisi no desmintió esta información que, en caso de ser cierta, llevaría a la guerra a una nueva fase.

Dejando de lado el aspecto militar, el principal resultado del encuentro en Teherán se produjo en términos económicos y energéticos. Las compañías nacionales de energía de Irán y Rusia, firmaron un Memorando de Entendimiento, considerado como “histórico”, según el cual la empresa rusa participará en la extracción de petróleo y gas en varios sitios de la nación persa por un valor potencial de 40 mil millones de dólares.

El acuerdo energético supone toda una novedad para dos gobiernos que han sido sancionados por distintos motivos, con impacto en sus propias economías, y que en la actualidad buscan dar señales de fortaleza (y que, más allá de la prédica lanzada constantemente desde Occidente, no necesariamente son “amigos” ni tampoco han forjado una unidad indisoluble).

Lo que en todo caso sí podría considerarse como una novedad de estos tiempos, marcados por conflictos, realineamientos y, sobre todo, incertidumbre en el corto plazo, es la intención de Washington de comprar petróleo de procedencia iraní, en parte, para contribuir a la baja del precio de un recurso cuya escasez, promovida por la política de sanciones aplicada desde Occidente, vivió una importante alza desde el inicio del conflicto en Ucrania.

En efecto, el gobierno de Biden está realizando evaluaciones para disminuir las sanciones a Irán bajo el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). Con esta iniciativa, busca obtener un mayor volumen de petróleo en el mercado global sin aumentar su extracción, un elemento fundamental en la agenda verde del gobernante. A cambio, Teherán encontraría concesiones para continuar con su política nuclear.

Así lo expresó, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, cuando anunció que un nuevo acuerdo nuclear con Irán tendría “efectos colaterales positivos” que incluirían precios más bajos para la gasolina. En los mismos términos se expresó la subsecretaria de Estado Wendy Sherman en una entrevista el pasado 12 de julio al mencionar que todavía era posible conseguir un nuevo acuerdo con el gobierno de Irán, el que “sólo tiene que decir que sí”.

Sherman concluyó su intervención afirmando que los iraníes “obtendrían un alivio de las sanciones. Podrían mejorar su economía y vender su petróleo nuevamente y el mundo necesita el petróleo, para poder obtener un buen precio por él (…). La Unión Europea, los franceses, los alemanes, los británicos que han negociado este acuerdo, junto con Rusia y China, todos quieren este acuerdo”.

Por supuesto, la iniciativa de Biden ha generado una amplia oposición interna, desde empresas que buscan aumentar la extracción petrolera en Estados Unidos a dirigentes demócratas y republicanos que se oponen a una política blanda hacia Teherán. Los mismos resquemores se perciben en naciones de Medio Oriente como Israel y Arabia Saudita, cada vez más relacionados en su común aprensión hacia el régimen chiíta. Justamente, la reciente gira de Biden por estos países bien pudo ser un intento por apaciguar los ánimos.

En definitiva, la disputa geopolítica por el petróleo iraní constituye el último paso de una trama de sanciones totalmente irracional que, en un mundo cada vez más globalizado, termina afectando también a los gobiernos promotores de embargos y penalidades, como actualmente se puede observar en Europa, y como un preanuncio de lo que seguramente ocurrirá en el próximo invierno boreal.

Pese a la crisis creciente en los que se ven inmersos con el correr de los días por la falta de insumos energéticos, los mandatarios de la OTAN persisten así en una política firmemente hostil hacia Rusia antes que favorecer el diálogo e iniciativas concretas de pacificación en el trágico escenario ucraniano.

Daniel Kersffeld es doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Investigador CONICET-Universidad Torcuato di Tella. 

Los familiares de víctimas en la audiencia de reconocimiento de doce de los acusados.. Imagen: EFE

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Economía global desinflada // FMI recortará perspectivas // Salud y derechos humanos

Los videntes financieros, que pululan, no la vieron venir y del entusiasmo casi desbordado por ellos mostrado a principios del presente año (contagios por covid-19 en descenso, reactivación económica, incremento del intercambio comercial, mayor empleo, etcétera) pasaron a "un estado de cautela" (el ambiente global no es el deseado) y de ahí al abierto ataque de pánico ante la posibilidad de que el mundo enfrente una nueva recesión, en medio de la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania y un modelo económico inservible.

Mañana martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgará su "actualización de las perspectivas de la economía mundial" (una de las primeras que se conocerán por estos días) y el ambiente prevaleciente en el circuito financiero no resulta nada grato, pues desde ya el propio organismo advierte que el panorama global "se ha deteriorado significativamente y el nivel de incertidumbre es muy elevado. Los riesgos de contracción (léase recesión, especialmente en Estados Unidos) son hoy una realidad".

La guerra en Ucrania ha "colaborado" para empeorar el panorama económico global y lo propio han provocado las alocadas e interminables sanciones a Rusia impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, con el ya conocido efecto búmeran: niveles de inflación no registrados en décadas, crisis energética y desabasto de alimentos, entre tantas otras cosas, que han generado una ola de protestas ciudadanas en los países sancionadores ante la impotencia de sus respectivos gobiernos de enderezar el barco.

Previo a la divulgación de las nuevas estimaciones del FMI, la directora gerente de esa institución, Kristalina Georgieva, advirtió que "las condiciones financieras mundiales se están endureciendo más de lo previsto, y las continuas alteraciones asociadas con la pandemia y los nuevos cuellos de botella en las cadenas mundiales de suministro están afectando la actividad económica".

Así, la "actualización de las perspectivas de la economía mundial" del FMI de nueva cuenta recortará las proyecciones de crecimiento mundial para el presente año y el próximo, toda vez que “los riesgos de contracción continuarán y podrían incluso agravarse –en especial si persiste la inflación–, requiriendo políticas de intervención más contundentes que podrían eventualmente impactar en el crecimiento y exacerbar los efectos secundarios, en particular para los países emergentes y en desarrollo. Los países con alto nivel de endeudamiento y poco espacio para políticas enfrentarán presiones adicionales”, subraya Georgieva.

A lo anterior se suma la acelerada fuga de capitales del otrora llamado Tercer Mundo hacia paraísos fiscales y Estados Unidos, país que supuestamente es (era, en realidad) "refugio seguro" y "motor del mundo" (ahora ubicado en Asia Oriental, concretamente en China), actualmente destartalado, al igual que sus "aliados" europeos, quienes ya no sienten lo duro sino lo tupido.

Queda claro que el modelo neoliberal (defendido a capa y espada por, entre otros, el FMI) fracasó rotundamente (los privilegiados del minúsculo mundillo de los multimillonarios dirán exactamente lo contrario) y debe ser reemplazado de inmediato. Crisis tras crisis, recesión tras recesión, el único resultado ha sido que la voluminosa factura es pagada por la mayoría, mientras la minoría no deja de acumular riqueza y poder.

Crimen De lesa humanidad es que un selecto grupúsculo concentre el ingreso, la riqueza y el poder en el planeta, con gobiernos a su servicio, mientras el resto de los habitantes del planeta no tiene ni para lo más elemental. Por eso, la economía global –lo mismo que las nacionales– no puede seguir dependiendo –ni permitiendo– de los excesos, la voracidad, el saqueo, la mezquindad y los caprichos de una minoría igual de rapaz que de indolente ante una realidad social verdaderamente apabullante.

Habrá que ver la magnitud del recorte que aplica el FMI a la economía global y sus nuevos pronósticos, pero lo cierto es que el horno no está para bollos.

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Lunes, 25 Julio 2022 05:51

Tiempos de cambio

Tiempos de cambio

El acuerdo al que se llegó entre Ucrania y Rusia para movilizar el trigo de uno y los fertilizantes del otro fue efímero. La tinta con la que se firmó el documento estaba todavía fresca cuando Putin, a traición, bombardeó Odesa, en el mar Negro.

Esto será un duro golpe para las expectativas de mejoría en el abasto de dichos productos y el alivio de la escasez que se ceba con diversos países e, incluso, evitar una crisis alimentaria extendida. También se entorpece el impulso para atemperar la alta inflación global. Ahora es incierto, en el mejor de los casos, cómo se transmitirán estas condiciones en las cadenas de producción y el abasto al menudeo. Un empeoramiento sería previsible.

La intempestiva violación del acuerdo agrava la situación entre los dos países en guerra declarada desde el 24 de febrero pasado; en medio de un conflicto que tiene como antecedentes la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la escalada militar en la frontera desde principios de 2021.

El fiasco del acuerdo podría alterar las condiciones de la guerra. El apoyo europeo a Ucrania, con el suministro de armas, equipo y apoyos logísticos y políticos podría replantearse por razones diversas.

Una de ellas tiene que ver con la provisión suficiente de gas para sobrellevar las tórridas temperaturas veraniegas en los países de la parte occidental y a las bajas del invierno.

El precio del gas sigue siendo muy alto y en las semanas recientes ha ido para arriba. El abasto se negocia mediante gestiones de la Unión Europea y, también, por parte de cada país. Por ejemplo, en la península ibérica se ha acordado el flujo desde el norte de África. En Alemania, se trata con Rusia en torno al uso del gasoducto Nordstream. Hasta ahora se habla de un aprovisionamiento a 40 por ciento de las corrientes usuales, lo que pone a ese país en una situación muy riesgosa. Ya se habla de la solidaridad que se requerirá para compartir las condiciones de escasez entre los países de la Unión. Con ello, se plantea otro modo de riesgo social y político de difícil previsión.

La voluntad de la Unión Europea ante la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia estará a prueba cada día más. A eso contribuyen hoy dos cuestiones destacables. Una es financiera y se desprende de que, finalmente, el Banco Central Europeo anunció la subida de la tasa de interés de referencia en medio por ciento para contener la inflación. El Euribor, la tasa interbancaria, repercutirá en el precio de los préstamos y de inmediato en las hipotecas. En este periodo de alta inflación, la reacción en cada país de la UE puede no ser convergente y lo mismo ocurrirá con las condiciones de una recesión esperada en unos meses.

Otra cuestión es política y con diversas aristas. Hoy, se centra en Italia, con la caída reciente del gobierno de coalición de Mario Draghi. Habrá nuevas elecciones, cosa muy poco notoria en ese país, el 25 de septiembre y según las encuestas se perfilan para llegar al gobierno los partidos de la derecha radical Los Hermanos de Italia y la Liga, también el disfuncional Movimiento 5 Estrellas y, sin faltar, Forza Italia, del eterno Silvio Berlusconi y ahora en un entorno interno de poca cohesión.

Un resultado favorable a la derecha extrema haría la situación política más propenso a Putin. El escenario muestra también la persistente inclinación autoritaria del primer ministro de Hungría Viktor Orbán y las constantes fricciones que se generan con el gobierno de la UE en Bruselas.

Así pues, el consenso general que ha prevalecido en la UE podría hacerse más frágil e incluso romperse. Si esa fractura fuese muy grande se puede llevar por delante diversos acuerdos políticos, sociales y diplomáticos armados durante muchos años. Hasta el mismo euro como moneda común podría estar en riesgo.

Las voluntades de los ciudadanos, los políticos y el poder económico europeos se pondrán a prueba irremediablemente, y como dijera el poeta de Portugal Luis de Camôes: "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda se a confiança". Este me parece un muy buen marco de referencia para pensar en Europa, tan diversa, en esta etapa de conflictos y contradicciones.

Europa en guerra es, sin duda, un escenario que genera fuertes tensiones en distintos ámbitos. La secuencia de los hechos militares y sus repercusiones políticas y económicas será de mayor tensión. Entretanto las piezas del tablero mundial se siguen moviendo y se redefinen los espacios disponibles. El caso de China y su zona de influencia en Asia es de primera importancia y se puede citar a la India o el Medio Oriente con la creciente participación de Irán y Turquía. Un caso como el recientemente ocurrido con la protesta social en Sri Lanka tiene que estar en la mira.

Las naciones tendrán que tomar decisiones de gran relevancia para acomodarse en el nuevo tablero mundial. Así ocurre en el caso de México y, por ejemplo, las fricciones que se están dando en el marco del T-MEC. La responsabilidad última del gobierno está en ampliar las condiciones del bienestar y no en la reproducción de la pobreza y la falta de oportunidades. En este caso no se trata sólo de voluntades, por mejores que esas sean. Se trata de una visión estratégica de largo plazo, de los recursos que se puedan movilizar para generar riqueza y distribuirla mejor. Eso se sujeta a una condición insalvable que se deriva de los medios disponibles y los costos reales e implícitos de lo que se pretende hacer.

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