Colombia: el incremento de la violencia armada, la pesada herencia de Iván Duque

Son más de 100 los líderes sociales asesinados en lo que va del año

El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz informó que al 12 de julio se cometieron 53 masacres que dejan 185 muertos. Una nueva masacre dejó cinco muertos y cuatro heridos en el Valle del Cauca.

En el marco de la creciente violencia armada que es una pesada herencia del gobierno saliente de Iván Duque, cinco personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas en la madrugada del domingo luego de que hombres armados tirotearan a un grupo de lugareños que conversaban en un barrio de La Unión, en el departamento del Valle del Cauca. El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz) informó que al 12 de julio de este año en Colombia se cometieron 53 masacres que dejan 185 muertos, uno de los legados más dramáticos de Duque, quien dejará su cargo el próximo domingo para que asuma Gustavo Petro

Sumado a la falta de respuesta ante el conflicto armado, el mandatario de derecha nunca realizó una autocrítica frente a las masivas movilizaciones que se multiplicaron contra su gestión desde 2018. Las protestas más fuertes fueron las del año pasado, en las que la represión policial y militar dejó miles de heridos, desaparecidos y más de 70 muertos. Al respecto, en una entrevista con un diario local Duque aseguró que hubo una "confabulación" para destruir al país y que, antes que con los bloqueos y las manifestaciones, prefería tener que lidiar con "tres pandemias".

53 masacres y más de 100 líderes asesinados

"Fueron cinco personas asesinadas y cuatro personas heridas, estamos confirmando si hay menores de edad, la Policía y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) están en el lugar de los hechos", dijo a periodistas la secretaria de gobierno del municipio de La Unión, Jhoana Ayala. El 25 de julio las autoridades informaron que tres personas, entre ellas un desmovilizado de las FARC, fueron asesinados a tiros en un establecimiento comercial del municipio de Puerto Rico, en el sur de Colombia, menos de 24 horas después de que un reconocido líder y ambientalista fuera asesinado en el municipio de La Dorada, en Caldas.

Al igual que las masacres, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos tampoco cesa y ya superó el centenar de homicidios en lo que va del año. Al exconcejal Raúl Alonso García lo asesinaron el siete de julio en un municipio de Arauca, en la frontera con Venezuela, y se suma a una trágica lista en la que aparecen otros nombres como el del líder comunal Jaime Losada en el Putumayo, en la frontera con Ecuador.

"Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019", aseguró Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio. A la "arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales" se le sumó el contexto de un año electoral que puso en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.

Preocupación de la ONU

La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó que la respuesta militar "no ha logrado frenar" la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en "un incremento progresivo de los homicidios". Así lo aseguró la diplomática el martes pasado durante la presentación del "Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo gobierno", que fue entregado a la actual administración así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo siete de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.

Entre 2016 y 2021, esta agencia de la ONU verificó 562 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. "Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia", explicó De Rivero, quien mostró su preocupación por el aumento de un 200 por ciento en la cantidad de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, así como por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.

Teniendo en cuenta esta situación, el informe concluye que "es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y para proteger a las poblaciones afectadas", ya que el enfoque hasta el momento utilizado "ha mostrado sus limitaciones", en palabras De Rivero. A esto se suma la falta de implementación de aspectos claves del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, se recoge en el informe de la ONU.

Reclutamiento y asesinato de menores

Naciones Unidas verificó que solo en 2021, 123 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron reclutados y usados por grupos armados. Los mayores reclutadores, según el último informe del Secretario General, fueron las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El informe de la ONU menciona cifras que pasaron desapercibidas en medio de la magnitud de la crisis humanitaria reciente: en el periodo analizado, 70 niños y niñas fueron víctimas de violencia en medio de reclutamiento: 31 menores de edad resultaron muertos y 39 mutilados. "Las bajas infantiles se produjeron por disparos de armas de fuego (31), minas terrestres, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra (30), ataques aéreos (seis) y tortura y tratos inhumanos (tres)", aporta el documento.

El reclutamiento de niños y adolescentes es una bomba que deberá desactivar el gobierno entrante de Gustavo Petro. Su exclusión de las filas y el compromiso de no involucrarlos en el conflicto será otro de los temas centrales de cara a los acercamientos con los grupos armados en búsqueda de lo que Petro ha definido como su propuesta de "paz total".

Duque denuncia una confabulación

A una semana de dejar la presidencia de Colombia y sin hacer ninguna autocrítica sobre su fallida política contra la violencia armada, Iván Duque evaluó que uno de los peores momentos de su gestión fue el estallido social de abril de 2021 y aseguró que hubo una "confabulación" para hacer "colapsar" al país. En esas semanas se produjo un paro nacional y manifestaciones en contra de una reforma tributaria regresiva impulsada por Duque y su equipo económico. 

"Me quedo con tres pandemias antes que ver todo ese instinto criminal que tenían muchos de bloquear el país y de afectar su institucionalidad", dijo Duque en una entrevista publicada este domingo en el diario El Colombiano. "Vemos lo que ha ocurrido en Ecuador, recientemente también en Panamá, que son orquestas, que son partituras que se articulan para tratar de debilitar a los gobiernos", afirmó.

Cuando se le consultó a Duque si se arrepentía de las objeciones que durante su gestión le realizó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la semana pasada le imputó cargos a 22 militares por 303 falsos positivos, el mandatario saliente se limitó a decir que le hubiera gustado "agotar el diálogo" y buscar acuerdos. Durante su gestión, Duque intentó sin éxito revisar la JEP con reformas que le quitaban sus facultades.

Recientemente, el líder de derecha se ausentó cuando la Comisión de la Verdad presentó su informe final ante el país, un extenso documento en el que varios comisionados entrevistaron a miles de ciudadanos afectados por la guerra. Días atrás la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército y a otras tres personas por el asesinato de 303 civiles en los denominados casos de falsos positivos, como se conoce en Colombia a las personas asesinadas por las fuerzas armadas y presentadas falsamente como guerrilleros.

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Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia
Este informe contiene cifras y datos recopilados entre enero y junio de 2022.
 

Las consecuencias humanitarias de los seis conflictos armados y la violencia que existen en el país siguen intensificándose de manera preocupante. En el primer semestre de 2022 se ha visto un aumento significativo de la violencia con el consecuente incremento del sufrimiento para la población civil.

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Entre enero y junio de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 377 víctimas de artefactos explosivos*, lo que representa un aumento del 43% respecto al mismo periodo de 2021. Los accidentes ocurrieron en 16 departamentos, siendo Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Meta las zonas de mayor impacto. En esos lugares se concentró el 67% de las víctimas.

El análisis de la información evidencia varios elementos que llaman la atención. Uno de ellos reveló que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de esta realidad, pues el 53% de las víctimas son civiles. Otro aspecto relevante es el aumento de la afectación por artefactos explosivos lanzados y de detonación controlada, ya que del total de víctimas reportadas el 77% fueron ocasionadas por este tipo de artefactos.

El número de víctimas directas muestra la gravedad de la problemática, sin embargo, también hay otras consecuencias de este fenómeno que transforman por completo la vida de las poblaciones, como las restricciones de movilidad, la imposibilidad de acceder a fuentes de subsistencia y la afectación psicosocial, entre otras.

En el primer semestre del año, el desplazamiento y confinamiento de comunidades también tuvo un impacto considerable en varias regiones del país. Según cifras oficiales**, 29.729 personas se desplazaron de manera masiva en 12 departamentos. Las zonas del Pacífico colombiano fueron las más afectadas por esta problemática, de manera particular el departamento de Nariño, el cual ocupó el primer lugar con el 43% de la población desplazada.

Así mismo, el desplazamiento individual afectó a 41.074 personas que tuvieron que abandonar sus hogares, la mayoría de las veces por amenazas directas de los actores armados. Por otro lado, 19.210 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios. En el departamento de Chocó se concentró el 57% de la población confinada.

La lectura de este fenómeno desde una perspectiva territorial evidencia que en algunas zonas las dinámicas se han mantenido, mientras que en otras se han profundizado considerablemente. Un ejemplo de ello es el departamento de Arauca, en el cual el confinamiento aumentó 10 veces respecto a todo el 2021 y el desplazamiento individual pasó de 763 personas reportadas en todo el año pasado a más de 11 mil personas desplazadas en lo que va de este año.

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Colombia-EE.UU. Poner fin al entrenamiento en la Escuela de las Américas

La militarización en América Latina es una realidad que tiene muchos rostros y no sólo se refiere al aumento en la compra de material bélico.

No sólo hay que detener la compra de más armamento militar y policial sino también hay que terminar con el entrenamiento que inyecta la ideología del enemigo interno, de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de la guerra y la represión como solución a los conflictos.

A lo anterior, sin duda, las políticas de Estado deben orientarse a trabajar para terminar con las raíces de fondo que encierran los conflictos sociales que son generados por el sistema neoliberal que es el responsable de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad estructural, de todo tipo de saqueo, de la destrucción de la naturaleza y de nuestros bienes comunes.

Desde Chile, y seguramente desde muchos lugares del mundo, seguimos con atención la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

Es importante mencionar que dentro de los hallazgos que aparecen en el Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia se establece que la relación con EE.UU. ha sido muy importante y ha incidido negativamente en el conflicto armado. Los hechos, confirman esa verdad. Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos.

El Informe Final (1) de la Comisión de la Verdad señala textualmente que:

«Las relaciones internacionales con Estados Unidos han sido fundamentales en la construcción del modelo de seguridad imperante en Colombia hasta hoy”.

“Colombia ha aceptado el marco discursivo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1950: primero, la guerra contra el comunismo; segundo, la guerra contra las drogas, y tercero, la guerra contra el terrorismo”.

“Los modelos contrainsurgente, antidrogas y antiterrorista han resultado funcionales a una mentalidad que se ha dirigido a la guerra, no a la apertura política y democrática ni a las reformas sociales…».

El informe indica cinco aspectos centrales de esta injerencia negociada:

  • “La doctrina contrainsurgente que ha tenido como centro la construcción de la idea del enemigo interno”.
  • “La privatización de la seguridad, primero recomendando la creación de grupos paramilitares y, luego, en menor medida, con el uso de compañías militares y de seguridad privada en el marco de la cooperación binacional”.
  • “La focalización de recursos para protección de intereses económicos de compañías multinacionales”.
  • “Los recursos y prioridades claras para combatir a las guerrillas, pero escasos contra el paramilitarismo”.
  • “La materialización de la asistencia militar en formación, armamento, recursos financieros y equipamiento, acompañada de metas y resultados esperados que, en la práctica, llevaron a cometer violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Esta asistencia tuvo una escasa fiscalización, tan solo algunas rendiciones de cuentas en el Congreso estadounidense».

El informe referido, indica que «en este contexto se reestructuró la fuerza pública, sus integrantes recibieron entrenamiento militar en la Escuela de las Américas y en bases militares estadounidenses, se ajustaron los manuales y reglamentos militares y de policía y se desarrolló la inteligencia contrainsurgente. Así mismo, se profundizó la militarización de la Policía”.

¿Qué es la Escuela de las Américas?

Para quienes no conozcan, la Escuela de las Américas es una academia militar del Ejército de los EE.UU. y fue fundada en 1946 en Panamá. Inicialmente se le conoció como Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los EE.UU.

En 1963 fue que adoptó el nombre propiamente tal de Escuela de las Américas (SOA o School of Americas, en inglés).

En 1984, por los Tratados Torrijos-Carter, tuvo que abandonar Panamá y se trasladó al Fuerte Benning, en Georgia, EE.UU., donde sigue operando.

Vale recordar que el presidente panameño Jorge Illueca describió a la Escuela de las Américas como «la base más grande para la desestabilización en América Latina».

En 1996 se conocieron públicamente los manuales de entrenamiento (2) que eran utilizados en la Escuela de las Américas del Ejército de los EE.UU. sobre contrainsurgencia, operaciones psicológicas, terrorismo, entre otros.

El diario The New York Times señaló entonces que “un manual de capacitación publicado por el Pentágono recomendaba técnicas de interrogatorio como la tortura, la ejecución, el chantaje y el arresto de los familiares de los interrogados” (3).

Muchos de los peores violadores de los derechos humanos de América Latina se han formado en esta academia militar y han seguido practicando y transmitiendo a otras generaciones las lecciones militares aprendidas en los Estados Unidos.

En enero de 2001, por las protestas y la mala reputación de la Escuela de las Américas, esta pasó a llamarse Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en sus siglas inglés).

Ese es su nombre actualmente y siguen dando entrenamiento a tropas de Colombia, de América Latina y el Caribe. Algunos piensan que se cerró pero simplemente fue un cambio de letrero, un cambio de nombre.

En octubre de 2020, SOA Watch en conjunto con FOR Peace Presence y con el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina «Óscar Romero» (SICSAL) presentó ante la Comisión de la Verdad de Colombia, el informe titulado “Desde el Inicio y hasta el Final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano” (4).

Colombia es, históricamente, el país número uno que hace más envíos de tropas a la Escuela de las Américas, ahora llamada WHINSEC, como también a otros centros de entrenamiento en los Estados Unidos.

Pero también, viajan instructores estadounidenses a Colombia como a diversos países del continente para dar entrenamiento militar.

Desde la fundación de la SOA, a la fecha, se calcula que más de 19.000 militares y policías colombianos han sido entrenados por la Escuela de las Américas – WHINSEC.

Entre 1999 y 2018, Estados Unidos dio capacitación militar a más de 110.000 efectivos de Colombia en diversos centros de entrenamiento militar.

El año 2021, se entrenaron 687 tropas colombianas en la SOA-WHINSEC (5).

Varios generales y militares involucrados en los casos de “falsos positivos” en Colombia han recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas. Los que lideraron el golpe de Estado en Honduras, el 2009, contra el presidente Manuel Zelaya, fueron entrenados en la Escuela de las Américas. Los militares que participaron en el golpe de Estado, el 2019, contra Evo Morales, en Bolivia, también fueron entrenados por EE.UU. Finalmente, varios de los mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron entrenados en la Escuela de las Américas.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia recomienda, entre otros, (1):

“Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana, que se centre en la protección de la vida de las personas y las comunidades sobre la base del respeto del principio de pluralismo democrático y del principio de la dignidad humana”.

“Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, en caso de tratados internacionales, someter los acuerdos de cooperación internacional en materia militar a procedimientos de debate público y transparente en el que participe la ciudadanía y los organismos de control según sus competencias. En particular, se deberán someter a este debate aquellos que brinden inmunidad a agentes extranjeros sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH cometidos en Colombia”.

Es importante que el nuevo gobierno de Colombia, que será presidido por Gustavo Petro, revise las políticas de defensa, de seguridad, y de “cooperación” militar que se mantienen con los EE.UU., desde la subordinación, para que se camine para la construcción de una política nacional de defensa propia a favor de la paz y el respeto de los derechos humanos.

Entre otros, se debiera terminar con los envíos de tropas colombianas a la Escuela de las Américas – WHINSEC. Seguro hay otras escuelas donde los militares y la policía de Colombia, y de todo nuestro continente, pueden ser enviados para aprender lecciones de paz, resolución no violenta de conflictos, y derechos humanos.

Finalmente, en La Esperanza, Intibucá, en Honduras, el año 2008, conocí a Berta Cáceres, una gran compañera, lideresa social, que fue asesinada el 2016. Entre sus asesinos hay algunos que fueron graduados de la Escuela de las Américas.

La conocí en el marco del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización y quiero terminar con un lema acuñado en esa reunión: “Para callar las armas, hablemos los pueblos”. Es la hora de ser escuchados y de comenzar a cambiar la historia.

Ponencia presentada virtualmente al “Seminario Internacional: Desarme Integral en América Latina y el Caribe” realizado el 26 de Julio en Colombia.

Foto: Archivo de SOAWatch

Referencias:

(1) Hay Futuro si hay Verdad, Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hallazgos y Recomendaciones.
https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad

(2) Los Manuales de la Escuela de las Américas.
https://soaw.org/wp-content/uploads/2021/01/CompilacionManualesSOA.pdf

(3) School of the Dictators, Sept. 28, 1996 The New York Times.
https://www.nytimes.com/1996/09/28/opinion/school-of-the-dictators.html

(4) Informe “Desde el Inicio y hasta el Final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano” presentado ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición el 7 de octubre de 2020.
https://soaw.org/wp-content/uploads/2020/10/InformeCEV.pdf

(5) Graduados SOA
https://soaw.org/graduados-de-soa

Pablo Ruiz: SOA-Watch

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Policías disparan contra manifestantes durante las protestas en las calles de Quito el pasado 27 de junio. — Adriano Machado / REUTERS

 

La organización de derechos humanos alerta sobre las vulneraciones registradas en el país durante las últimas semanas. Reclama además al Ejecutivo que informe si en el primer semestre de 2022 se ha vendido material antidisturbios a ese país.

 

El envío de armas españolas a países que reprimen las protestas ciudadanas vuelve a estar sobre la mesa. Amnistía Internacional ha dirigido el foco hacia Ecuador, donde el Gobierno del derechista Guillermo Lasso se ha visto involucrado en una oleada represiva contra manifestantes. Por tales motivos, la organización de derechos humanos ha pedido al Ejecutivo español que frene los negocios armamentísticos con Quito hasta que se aclare lo ocurrido.

Ecuador es uno de los clientes latinoamericanos de la industria militar española. Según datos oficiales, entre 2016 y 2021 el Gobierno español autorizó exportaciones de material de Defensa a ese país por un importe de 148 millones de euros. Se trató principalmente de partes, piezas y repuestos para aviones de transporte y repuestos para radares de vigilancia aérea.

En una carta remitida a la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), AI reclama que se informe si en el primer semestre de 2022 "ha habido alguna autorización o se ha realizado alguna exportación de las autorizaciones de material de defensa y, específicamente, de material antidisturbios" a Ecuador.

Del mismo modo, reclama al Gobierno que "suspenda las autorizaciones de material potencialmente letal, incluidas las de material policial y de seguridad para su revisión exhaustiva, así como la expedición de todo tipo de material letal de las autorizaciones concedidas que la policía y el ejército de Ecuador podrían utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos".

La petición tiene lugar tras los graves sucesos de las últimas semanas en las calles de Quito. Las protestas indígenas para pedir reformas sociales y económicas fueron respondidas con perdigones y gas lacrimógeno por parte de la Policía, lo que dejó un saldo de al menos cinco muertos. 

En la carta remitida a la JIMMDU, AI denuncia que la represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso contra manifestantes "está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos".

Destaca además que desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la "detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos", entre los que figuran el "uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil".

La represión policial ha estado acompañada por el estado de excepción decretado por Lasso en una serie de provincias. Asimismo, "el gobierno de Ecuador también ha emitido declaraciones que estigmatizan a quienes se manifiestan y los amenaza con el enjuiciamiento", apunta AI.

Amnistía recuerda que durante la represión de las protestas registradas en ese país en octubre de 2019 –con Lenín Moreno al frente del Ejecutivo–, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y AI "documentaron violaciones de derechos humanos similares que aún permanecen en la impunidad".

"Investigación exhaustiva"

Por tales motivos, reclama al Gobierno español que paralice los negocios armamentísticos con ese país hasta que "la Fiscal General lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre todas las muertes y denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la represión de las protestas".

Pide además que se "identifique a los sospechosos de responsabilidad penal, incluyendo a la cadena de mando, y de existir pruebas suficientes y admisibles, llevarlos ante la justicia en procesos justos y ante tribunales ordinarios" y subraya que las autoridades correspondientes "deben adecuadamente regular y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza en general y, en particular, el uso de 'armas menos letales', como lanzagranadas de gas lacrimógeno".

29/07/2022

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Al menos ocho personas han muerto hasta ahora por las inundaciones que afectan el estado de Kentucky. La imagen, en Jackson, cerca del río Kentucky. Foto Afp

Los estados tienen la obligación de respetarlo y protegerlo, indica

 

Madrid. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que avala que el derecho al medio ambiente sano sea reconocido a nivel mundial y se convierta en garante de un planeta sano, seguro y ­resiliente.

De este modo, la resolución dota al derecho al medio ambiente sano el carácter de derecho humano universal. La resolución reitera que todos los estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluido el recién aprobado, según informó SEO/BirdLife.

La resolución fue aprobada por 161 votos a favor, ocho abtenciones y ninguno en contra.

España fue uno de los más de 100 países patrocinadores de la resolución gracias al impulso de la sociedad civil y de la campaña #1Planet1Right que SEO/BirdLife puso en marcha con BirdLife International.

De su lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados advirtió que un clima cada vez más dañino, como consecuencia de la quema de carbón y de gases, intensifica una serie de desastres y desplaza a un promedio de 21.5 millones de personas cada año.

Y los científicos pronostican que las migraciones aumentarán con el calentamiento del planeta. Es previsible que en los próximos 30 años 143 millones de personas sean desplazadas por la crecida de los mares, las sequías, las altas temperaturas y otras catástrofes climáticas, de acuerdo con un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas publicado este año.

En Kentucky, al sureste de Estados Unidos, las lluvias torrenciales causaron inundaciones masivas, dejando al menos ocho muertos y personas desaparecidas, informaron las autoridades. "Estamos ante una de las peores, la más devastadora de las inundaciones de la historia del estado de Kentucky", dijo a periodistas el gobernador Andy Beshear.

El Mediterráneo occidental registra desde fines de mayo una "gran ola de calor marina" con temperaturas "excepcionales" unos 4 o 5 grados superiores a las habituales, que amenazan los ecosistemas marinos, según los expertos. "Esta gran ola de calor marina empezó a fines de mayo en el mar de Liguria", entre Italia y el sur de Francia, y continuó "en julio en el golfo de Tarento", en el sureste italiano, dice a la Afp la oceanógrafa Karina von Schuckmann.

En Gran Bretaña, la subida del nivel del mar se está acelerando, lo que hace que el litoral sea más vulnerable, según un informe de la Oficina Meteorológica del país. Este estudio, basado en la observación del clima y los eventos meteorológicos de 2021, constata el impacto del aumento global de las temperaturas sobre el clima en Reino Unido, destacando que "el cambio climático no es sólo un problema futuro sino que ya está influyendo en las condiciones que vivimos".

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Alerta de Unesco por los ataques a ambientalistas en América latina

Las tres cuartas partes de los homicidios registrados en 2021 sucedieron en la región, según la ONG Global Witness

La directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Fernanda Gil Lozano, aseguró que "estos ataques ocurren por lo general en un contexto de amenazas que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización".

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco) expresó su preocupación por "la cantidad de ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en América latina y el Caribe", al difundir a través de un comunicado los resultados del último informe realizado por la ONG internacional Global Witness. Según el estudio de dicha organización, las tres cuartas partes de los homicidios del planeta de activistas vinculados a la problemática del medio ambiente "sucedieron en Latinoamérica, mostrando que en 2021 hubo 165 asesinatos en la región por sobre un total de 227 ataques mortales registrados en todo el mundo".

Los datos muestran, además, un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo, con un promedio de más de cuatro asesinatos por semana, perpetrados sobre quienes defienden sus hogares, la tierra y los ecosistemas que son fundamentales para la biodiversidad y el clima. La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, advirtió que la última edición del monitoreo anual de Global Witness "volvió a mostrar cuantitativamente lo dramática que es la situación para los ambientalistas de la región" y planteó que "América latina y el Caribe constituyen el territorio donde se registra la estadística más alta en agresiones, persecución y asesinato de personas defensoras del ambiente".

"Entre las personas que fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70 por ciento trabajaba para defender los bosques de la deforestación", detalló Gil Lozano. Al respecto, la funcionaria también dijo que "estos ataques ocurren por lo general en un contexto de amenazas que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización".

Los países mas afectados

De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. Colombia aparece como el país con mayor cantidad de hechos, con 65 personas asesinadas. Un tercio de estos crímenes fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.

En Nicaragua se registraron 12 asesinatos por lo que, considerando los crímenes per cápita, se convirtió en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En México, la organización documenta 30 ataques letales contra defensores de la tierra y del medio ambiente, donde "la explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas".

En Filipinas, Global Witness enumera 29 asesinatos de líderes ambientales y destaca que "normalmente las personas que se oponen a las industrias perjudiciales son reprimidas violentamente por la policía y el Ejército". Por otra parte en Brasil y Perú, otros dos países muy afectados en la región, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de cada país. De acuerdo a Global Witness, casi el 30 por ciento de los ataques en Latinoamérica están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura.

La importancia del Acuerdo de Escazú

En ese marco, Gil Lozano exhortó a los Estados a "garantizar la protección de la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que pueden tener impacto en el ambiente". La titular del Cipdh-Unesco recordó que el organismo lanzó a fines de mayo el Programa de Formación Ejecutiva "Ambiente y Derechos Humanos", dirigido a los gobiernos locales de la región, para difundir los compromisos del Acuerdo de Escazú.

Este tratado, que lleva ese nombre por la localidad de Costa Rica en la que fue celebrado en marzo de 2018, contiene disposiciones específicas para defender los derechos humanos en materia de recursos naturales y prevención del cambio climático. Lo suscribieron 24 países y empezó a implementarse en Argentina, donde su primera cohorte contó con la participación de representantes de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Brandsen, Ezeiza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Morón, Ituzaingó, Merlo, General Rodríguez, San Antonio de Areco, Escobar y Chacabuco.

Las siguientes ediciones del programa se realizarán durante agosto y octubre, y en ellas podrán inscribirse todos los funcionarios de gobiernos locales y municipios de América latina y el Caribe. Gil Lozano explicó que "con este plan de formación se busca generar espacios de intercambio y cooperación entre todos los gobiernos, que permitan implementar mecanismos de participación pública y consoliden la democracia ambiental en toda la región".

La ONG Global Witness se fundó en 1993 con el objetivo de intervenir en las tramas de corrupción vinculadas a la explotación de los recursos naturales y en los últimos años ha impulsado denuncias y campañas ligadas a sectores como el petróleo, el gas, la minería y la madera. Desde 2012 recopila datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente y publica un informe anual. 

"En este tiempo se ha vislumbrado un panorama sombrío. La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta", alerta la organización con oficinas en Londres y Washington

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El proyecto de Gabriel Boric para asegurar el acceso gratuito de salud a cinco millones de chilenos

Plan Copago Cero

"Los derechos no tienen que ser negocios", sostuvo el presidente de Chile, Gabriel Boric, al presentar este miércoles el plan Copago Cero que asegurará el acceso gratuito al sistema público de salud a 5 millones de familias de ingresos medios. Hasta ahora, el plan del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cubría a quienes percibían ingresos inferiores a 415 dólares mensuales. 

Boric presentó el plan en el hospital Félix Bulnes, de Santiago de Chile, y sostuvo que el plan es parte del propósito de su gobierno de "bajar la carga que las familias tienen ante lo que deberían ser derechos" para un sistema de salud pública que antiende a 15 millones de chilenos, sobre una población cercano a los 20 millones.  

El plan Copago Cero que entrará en vigencia el 1 de septiembre significará una inversión por parte del Estado chileno de 23 millones de dólares, cerca de 21.000 millones de pesos chilenos. "Esos 21.000 millones que estamos instalando para que esta política pública se genere, estamos pensando que pueden tener sostenibilidad y, por tanto, esta política pública se sostendrá en el tiempo y nosotros esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder", advirtió la ministra de Salud, María Begoña Yarza.

El programa fue ordenado a través de una medida administrativa, por lo que no requiere una ley que pase por el Congreso  y permitirá un ahorro promedio anual equivalente a unos 290 dólares por hogar, según datos del Estudio de Caracterización del Gasto 2019, elaborado por el Fonasa.

Boric calificó la medida como un "avance histórico" en materia de salud, que viene a cumplir uno de los compromisos de su programa de gobierno. "Para eso nos la vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros, para que la salud, pensiones, la vivienda, la educación, sean accesibles para todos los ciudadanos de nuestra patria sin importar cuánta plata tengan en el bolsillo", aseguró.

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Los familiares de víctimas en la audiencia de reconocimiento de doce de los acusados.. Imagen: EFE

303 civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz condenó los crímenes y desapariciones forzadas a manos de la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con identidad de género diversa, menores y discapacitados.

La justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un agente de inteligencia y dos civiles por los llamados "falsos positivos" en el departamento de Casanare, donde 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros. Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con identidad de género diversa, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva. La imputación se da en el marco del caso de falsos positivos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que condenó las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008, que supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó la unidad militar en esa época.

La estructura y el modus operandi

En la Brigada XVI "se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008", advierte el informe de la JEP, que apunta a la "masividad de una conducta que permeó" la unidad. Los militares tuvieron "un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal", señaló esta instancia especial surgida del acuerdo de paz de 2016.

En este sentido, la JEP destacó que "los responsables seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia. No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea". Además, recogió los testimonios de varios miembros de la Brigada XVI que aseguraron que las bajas en combate eran un indicador del éxito militar, y que recibían a cambio "permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos".

Se trataba, por tanto, de "un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación que estuvo orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la región". El magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso, explicó en rueda de prensa que "alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y terceros civiles habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes". Parra aclaró que solo se imputó a 22 personas porque aún no había prueba de que los demás acusados fueran máximos responsables de los delitos.

Las víctimas

En su mayoría, las víctimas de los falsos positivos en Colombia (que la JEP estima en 6.402) fueron hombres entre los 18 y 25 años, aunque en el caso de Casanare la JEP obtuvo información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. 

Esto llevó a que, por primera vez, la justicia especial imputara el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. También es la primera vez que la JEP imputa el crimen de guerra de utilización de niños y adolescentes por involucrar a menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.

A su vez, la JEP constató que en su mayoría las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado. Está documentado que algunas de las víctimas fueron asesinadas en situación de total indefensión, a quienes los reclutadores "incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes". 

Los asesinatos de jóvenes en falsos positivos, como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares para presentarlos como bajas de guerrilleros y así conseguir ascensos, recompensas y dinero a cambio, se produjeron sobre todo entre 2002 y 2008, durante el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. En estos casos, las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. A estos implementos los miembros del Ejército los denominaban, en la jerga interna, "kits de legalización".

Los imputados

Entre los miembros de la Brigada XVI imputados están el mayor general Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coronel y otros diez oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos terceros civiles. Aunque Torres, que en 2016 se convirtió en el primer general detenido por su responsabilidad en falsos positivos, dijo que todo pasó a sus espaldas, las más de cien versiones voluntarias de militares y otros implicados que escuchó la JEP dan cuenta de que conocía de cerca lo que sucedía en cada unidad y grupo bajo su mando.

Además del general Torres Escalante, la JEP imputó al mayor Gustavo Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Casanare y se hizo célebre recientemente al confesar que el excomandante del Ejército, Mario Montoya, evaluaba el desempeño de sus subordinados "por litros de sangre". En su participación en la audiencia de la semana pasada ante los familiares de las víctimas, Bracamonte aseguró: "Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular. Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos".

Lo que sigue

Cuando la JEP concluyó en 2021 que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 falsos positivos, explicó que se priorizaría la investigación de lo sucedido en algunos departamentos que sufrieron esta práctica criminal con mayor crudeza. Por ese motivo los magistrados pusieron la lupa sobre lo ocurrido en Casanare, que tiene la tasa más alta de falsos positivos por número de habitantes de toda Colombia: 12 casos por cada 100 mil habitantes. Esta imputación de Casanare se suma a las de los departamentos de Catatumbo y Cesar.

Luego de ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. También pueden aportar argumentos o evidencia adicional. Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.

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Un demagógico pedido de "perdón" del Papa por los abusos de la Iglesia contra los indígenas en Canadá

El papa Francisco visitó este lunes el país para hacer un pedido de "perdón" por lo que llamó "el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas", evitando mencionar los abusos, especialmente de menores, por parte de la Iglesia.

 

"Muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido" dijo el Papa ante unos dos mil representantes indígenas de la comunidad Maskwacis, cerca de la ciudad de Edmonton, Canadá.

Luego pidió perdón "en particular, por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales". Las palabras elegidas no fueron casuales, buscaron deslindar la responsabilidad institucional de la Iglesia católica en el encubrimiento de los abusos.

165 años de abusos y crímenes contra los pueblos originarios

El pedido de “perdón” papal responde a los abusos que durante 165 años, sucedieron en varias escuelas residenciales de Canadá donde se separaron por la fuerza a menores indígenas de las Primeras Naciones, Métis e Inuit, de sus familias, sometiéndolos a desnutrición y abusos físicos y sexuales en lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá calificó de "genocidio cultural" en 2015. Más de 4.000 niños indígenas murieron.

La primera escuela residencial para indígenas comenzó a funcionar en Canadá a principios de 1830 y el último se cerró en 1996 en la reserva india de Gordon (Saskatchewan). Sus antecedentes, no obstante, se remontan a principios del siglo XVII. En esa época y hasta el siglo XIX, órdenes religiosas dirigieron escuelas misioneras para niños indígenas que serían las precursoras de este sistema de escuelas residenciales.

Este sistema de escuelas residenciales para indígenas de Canadá ha sido un elemento clave en las políticas genocidas del Estado canadiense durante más de 100 años. Era un sistema de internados que albergaba a decenas de miles de niños indígenas secuestrados de sus familias por la policía estatal, la Real Policía Montada de Canadá, una fuerza creada por primera vez para aplastar la rebelión de los pueblos metis e indios en la actual provincia de Saskatchewan.

Estos niños secuestrados fueron obligados a asistir a las escuelas bajo la ficción legal de la Ley Indígena que exigía que los niños indígenas fueran obligados a asistir a escuelas diurnas o residenciales. Como muchos de estos niños procedían de comunidades remotas o de reservas en las que no había instalaciones educativas, fueron entonces secuestrados "legalmente" por el Estado canadiense.

La responsabilidad de la Iglesia católica

En 2021 la jefa de la tribu Penelakut, Joan Brown, anunció que más de 160 tumbas sin identificar fueron encontrados en quien denunció "actos de genocidio" en la zona donde funcionó la Kuper Island Industrial School, una antigua escuela en la isla Penelakut, Columbia Británica (Canadá) que sirvió como un internado para niños indígenas.

Entre 1890 y 1969, la institución fue administrada por la Iglesia católica. Luego pasó a manos del Gobierno federal hasta su cierre, en 1975. El edificio fue demolido en la década de 1980.

Unos 80 internados fueron gestionados por diversas instituciones religiosas, siendo las principales organizaciones las confesiones religiosas católica (44 escuelas) y anglicana (21 escuelas). Las escuelas se establecieron lo más lejos posible de las comunidades indígenas para limitar el contacto entre los niños y sus padres y hermanos. Se trataba de una política deliberada, que formaba parte del objetivo político general de las escuelas, que consistía en asimilar a los niños indígenas a la cultura europea blanca, considerada por la ideología dominante como "más civilizada" que la variada vida cultural de los pueblos indígenas.

Sobre esto el Papa solo hizo referencia diciendo que lamentaba la "mentalidad colonialista" de miembros de la Iglesia que llevó a una "destrucción cultural" de los nativos, una forma suave de condenar las brutales acciones de la Iglesia canadiense que fue directamente parte del genocidio.

Luego, el Papa, agregó ante muchos de los sobrevivientes que habían desfilado con una bandera roja que llevaba los nombres de 4.120 víctimas identificadas de los internados, que había realizado el viaje “hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes".

La visita del Papa a Canadá, que responde a una demanda de la Comisión para la Reconciliación y la Verdad creada por el gobierno canadiense junto a instituciones indígenas, se da cuatro meses después de las visitas que hicieron delegaciones de First Nations, Métis e Inuit al Vaticano.

También se da luego de manifestaciones y protestas contra la impunidad que durante años encubrió el accionar del Estado canadiense y las instituciones religiosas. A mediados del 2021 varias iglesias fueron incendiadas luego del hallazgo de 750 cuerpos de niños indígenas en un internado.

Un demagógico perdón

En el viaje el Papa Francisco vuelve a usar la demagogía típica del Vaticano, pidiendo perdón varios años, incluso siglos, después de los crímenes cometidos. En la mayoría de los casos, el pedido de “perdón” llega como intento de mitigar la condena social contra la institución.

Pero el encubrimiento de los abusos y crímenes de la Iglesia no fueron cosa del pasado lejano. El papado de Francisco estuvo marcado por las denuncias e investigaciones que involucraron a importantes personajes de la curia en varios países. Las víctimas dejaban claro la complicidad de las autoridades de la Iglesia para ocultar y proteger a los abusadores.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 25 de julio

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Un inédito ejercicio de empalme en salud

Como en todo proceso de cambio de gobierno, en estos días en Colombia se ha llevado a cabo un ejercicio de empalme entre el gobierno saliente del presidente Iván Duque y el entrante del electo presidente Gustavo Petro[2]. Si bien este ejercicio ha seguido la costumbre de la presentación de informes y las conversaciones de oficina, el actual empalme ha tenido una particularidad, dado que se ha realizado en medio de una intensa dinámica de participación social.

Esto ha sido muy evidente en el sector salud donde durante quince días un nutrido grupo de personas, cerca de 235 voluntarios seleccionadas ad hoc por la comisión de empalme del sector salud designada por el presidente electo[3], asistieron a reuniones con funcionarios de diferentes instancias del Ministerio de Salud y Protección Social y de otras instituciones del sector, con el fin de entender las ejecutorias del gobierno que termina y valorar la situación que deberá afrontar el próximo gobierno.

Como parte de esa labor, los diferentes grupos repartidos en varias mesas de trabajo elaboraron unos breves informes que fueron sintetizados y socializados el pasado 14 de julio, en las instalaciones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá. Los resultados presentados, que serán recogidos y publicados en una página web (http://empalmeminsalud.com/ ), servirán de insumos para el informe final de empalme que le presentará la ministra de salud designada, Carolina Corcho, al electo presidente Petro y a la electa vicepresidenta Francia Márquez.

En este artículo, se presenta una visión general de lo ocurrido en dicho evento de socialización del trabajo de empalme en salud, en el cual se expusieron algunos de los hallazgos del ejercicio, se establecieron varias alertas y se formularon sugerencias para la acción mediata e inmediata.

La lógica del evento

La socialización se llevó a cabo en una jornada de medio día que, en términos generales, tuvo dos grandes momentos. En el primero, las personas que participaron en las 156 reuniones con funcionarios y en la lectura de informes y documentos se reunieron según la dependencia que tenían a su cargo, para organizar de manera conjunta los hallazgos obtenidos en el ejercicio, y definir la mejor manera de presentar el balance general por dependencia.

En el segundo, a modo de plenaria, se presentaron esos balances con el fin de tener una visión panorámica de la situación y se acordaron algunos tiempos específicos para entregar los insumos escritos y dar paso a una nueva fase del trabajo que tiene previsto el equipo de empalme del gobierno entrante.

En este momento se escucharon los informes referentes al trabajo realizado en el despacho ministerial y la secretaria general, el viceministerio de salud pública, el viceministerio de protección social, la superintendencia de salud, y algunos de los institutos que forman parte del sector (Invima, Instituto Nacional de Salud, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Cancerológico). Y también se escuchó el informe especial de un grupo de trabajo que analizó el tema étnico, como eje transversal de la labor que se hace en el sector salud.

En conjunto, el evento se tornó en un muy interesante escenario pedagógico, en el cual los diferentes participantes pudieron intercambiar sus experiencias y aprender acerca de la complejidad del sector salud y las dinámicas institucionales que se adelantan. Pero también se pudieron recoger algunas importantes lecciones, de cara a los retos que se le plantean al nuevo gobierno.

Por ahora, resulta de interés resaltar tres características del evento que reflejan, a su vez, la importancia que adquiere esta labor de empalme. En primer lugar, cabe señalar que el evento reunió conocedores del tema de la salud con formaciones técnicas y profesionales distintas y roles diferentes. De tal manera que el evento contó con la participación de activistas sociales, académicos, políticos profesionales y expertos técnicos en distintas áreas. Fue, por tanto, multidisciplinar, multiprofesional y plural.

En segundo lugar, el evento reunió personas de diferentes regiones del país así que fue un evento participativo y de alcance nacional aunque, claro está, muchas de las personas que participaron más activamente de la labor de empalme viven o trabajan en Bogotá, dado que la labor implicó reunirse con funcionarios que trabajan en esta ciudad.

En tercer lugar, el evento le dio mucha voz a las mujeres y a miembros de los grupos indígenas y afrodescendientes. En este sentido el evento fue plural y diverso. Y posibilitó que distintas personas analizaran la labor institucional del sector salud, valoraran qué tanta apertura existe frente a la diversidad y opinaran sobre lo que es posible hacer en el futuro inmediato.

Todo esto le dio una gran riqueza al trabajo, pero también hizo visible los enormes retos que se tienen por delante. En algunos instantes, los reclamos y las críticas en el actuar del sector salud se hicieron presentes, si bien los intercambios se orientaron a precisar elementos de análisis, llamados de alerta y sugerencias para la acción gubernamental.

Los llamados de alerta

 Como parte del proceder metodológico de los diferentes grupos de trabajo, se elaboró una guía de análisis que posibilitaba que todos los participantes en las reuniones con funcionarios y todos los analistas de documentos se enfocaran en algunos puntos esenciales, sin menoscabo de recurrir a su experticia personal para identificar retos, oportunidades, amenazas y riesgos.

Por ello, los cortos informes de los distintos grupos, que fueron reunidos por dependencia en el primer momento del evento, incluían una descripción de la situación y una identificación de alertas técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. Cada grupo quedó de entregar un reporte escrito de cada situación analizada y de todas las alertas. Por ello, estas no fueron presentadas en extenso en el segundo momento del evento, aunque adquieren una gran importancia en el ejercicio de empalme. Aun así, algunas de los llamados de alerta fueron conocidos por todos, y ellos hacen referencia a contratos que se están haciendo a último momento, deudas que tiene el sector, compromisos adquiridos, recientes recortes de personal y presupuestos con baja o nula ejecución.

Por ejemplo, se mencionó que el despacho del ministerio tiene una oficina de manejo de desastres y gestión territorial en la cual las labores de gestión territorial y participación social no son visibles, existen algunos recortes presupuestales identificados por quienes analizaron la labor de la oficina asesora de planeación y se hace necesario darle seguimiento a proyectos de baja ejecución. A su vez, el grupo que analizó la oficina de tecnología identificó problemas de seguridad informática.

También se mencionaron algunos problemas de contratación de personal, precarización del trabajo en salud, compromisos presupuestales para cumplir acuerdos internacionales y algunos aspectos que involucran seguimiento de patrimonios autónomos de algunas instituciones y cobros coactivos. Entre otros asuntos adicionales que se mencionaron, cabe resaltar el énfasis que se dio frente al hecho de que el presupuesto para la salud pública en el país tiene un déficit histórico que es necesario empezar a cubrir.

Además, se señaló que existe un problema de gobernanza de la salud pública en el país, que la Atención Primaria en Salud (APS) brilla por su ausencia y que existe una gran desarticulación dentro del sector. Por último, cabe mencionar tres alertas especiales de las que se habló: una referida a la asignación de recursos para la implementación del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP); otra al hecho de que el viceministerio de protección social ancla su enfoque en una visión empresarial y, por tanto, le cuesta pensar en una lógica propia de las entidades públicas garantes de derechos; y, una más, señaló que al sector salud le hace falta muchísima más acción intercultural.

Algunas de las sugerencias

También cabe señalar que en la plenaria se presentaron algunas sugerencias para la acción futura aunque, nuevamente, hay que decir que el propósito de la jornada, más que detenerse en el detalle de las propuestas de cada grupo de trabajo, fue socializar de manera breve lo trabajado por los diferentes grupos y organizar la continuación del proceso, en el cual los hallazgos específicos deben cumplir una función esencial como guía del accionar del nuevo gobierno.

Algunas de las sugerencias presentadas pasan por hacer seguimiento a proyectos de baja ejecución, fortalecer los procesos de desarrollo y monitoreo de los planes departamentales y municipales de salud, fortalecer el presupuesto para contratación del personal en salud, reorganizar algunas dependencias, reevaluar la política de participación social en el sector e invertir en tecnología de información y comunicación que posibilite la transformación digital en el sector salud y la articulación del sistema de información.

Otras sugerencias resaltan la necesidad de aumentar el financiamiento de las labores en salud pública, mejorar la gobernanza en salud, mejorar las condiciones del trabajo en salud y mejorar la autoridad sanitaria nacional. Se piensa también en rediseñar el sistema de información para poder gobernar adecuadamente y resulta indispensable revalorar el vínculo que tanto el PDSP como el Plan Nacional de Salud Rural tienen con el conjunto de acciones en salud. Y se señala que es fundamental iniciar un proceso de recuperación de la responsabilidad pública y estatal con la garantía del derecho a la salud, respetando y estimulando la diversidad cultural que se encuentra en el país.

En fin, aunque no hubo tiempo para decantar toda la labor de cada grupo y mucho menos discutir los detalles de sus hallazgos, el evento sirvió para compartir una visión general de los retos que se enfrentan y una oportunidad para que muchos de quienes han sido críticos de la acción gubernamental se enfrenten al reto de pensar en lo que significa ser gobierno.

La tarea sólo ha empezado, puesto que aún quedan muchas cosas por hacer antes de entrar en propiedad al trabajo gubernamental, pero el empalme en salud ha resultado inédito puesto que se articula con un proceso de movilización social previo, involucra nuevos actores en el ejercicio y reivindica de múltiples maneras y en todas las instancias la diversidad. Veremos si esto es suficiente para superar algunas de las resistencias institucionales presentes en nuestro sistema sanitario y para reencausar el trabajo del sector pensando de manera amplia, y ambiciosa en la posibilidad de lograr una sociedad sana, justa y en paz.

Bogotá, 18 de julio de 2022

 

Por Juan Carlos Eslava C[1]

 

[1] Profesor asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

[2]https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-definido-su-equipo-de-empalme-presidencial-683285 ; https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-29-2022-empalme-presidencial-privilegia-estudio-de-siete-sectores-claves

[3] Al final, la comisión de empalme quedó compuesta por las siguientes personas: Carolina Corcho, Claudia Beatriz Naranjo, Claudia Vaca, Tatiana Andia, Jaime Urrego, Mario Hernández, Aldo Cadena, Yoseth Ariza, Jhon Jairo Tapie, Luis Alberto Martínez, Sergio Isaza, Ulahy Dan Beltrán, Félix Martínez, Abdiel Mateus, Luz Marina Umbasia, Francisco Rossi. Mauricio Bustamante y Guillermo Alfonso Jaramillo.

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