Miércoles, 07 Septiembre 2022 06:27

Encarar juntos la crisis alimentaria mundial

Encarar juntos la crisis alimentaria mundial

Para millones de personas de todo el mundo que padecen inseguridad alimentaria, los últimos años han sido extraordinariamente difíciles, y el hambre y la desnutrición a escala mundial han alcanzado niveles nunca vistos. Los conflictos, el cambio climático y el covid-19 elevaron el número de personas que sufrían inseguridad alimentaria a 828 millones en 2021.

Esto ya era así antes de la invasión injustificable de Ucrania por Vladimir Putin, que ha provocado una enorme perturbación añadida en el sistema alimentario mundial. Su agresión ha causado una subida del precio de los alimentos, del combustible y de los fertilizantes, lo que ha acarreado la mayor crisis del coste de la vida del siglo XXI.

Si bien ayudamos a Ucrania y a su valiente pueblo frente a una agresión injustificable y no provocada, la Unión Europea y Canadá no darán la espalda a nuestros socios del sur global y a sus ciudadanos más vulnerables. Hemos intensificado desde el principio nuestra solidaridad y nuestras medidas para encarar la crisis alimentaria mundial, tratando al mismo tiempo de mejorar la seguridad y la autonomía alimentarias del sur global a largo plazo.

La propaganda controlada por el Estado ruso ha intentado sugerir que las sanciones contra Rusia son la causa de la creciente inseguridad alimentaria y nutricional. Nada más lejos de la realidad.

Al destruir las infraestructuras agrícolas y de transporte de Ucrania, al minar las tierras agrícolas y limitar radicalmente el comercio a través del mar Negro, Rusia ha puesto intencionadamente en peligro la vida de las personas más vulnerables del sur global y el comercio y la seguridad alimentaria internacionales. La campaña de hambre del presidente Putin se está librando contra el sur global y millones de vidas están en el aire.

Sabemos que muchos países dependen en gran medida de Rusia y Ucrania para sus productos básicos agrícolas. También entendemos que la inflación de los precios de los alimentos reduce el poder adquisitivo de los pobres, lo que agrava la pobreza y el hambre en todo el mundo.

Hacer frente a la situación actual exige forjar asociaciones más estrechas para encontrar soluciones a escala mundial. Canadá está colaborando con otros miembros del G-7 en pro de una respuesta global a través de la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria. Canadá también ha sido un importante contribuyente al Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria, un fondo multilateral encaminado a sostener los esfuerzos de los países de renta baja por llevar a la práctica estrategias nacionales de agricultura y seguridad alimentaria.

La UE ha puesto en marcha la estrategia Global Gateway (Pasarela Mundial), que representa la oferta de Europa para la creación de vínculos sostenibles y asociaciones reforzadas basadas en valores comunes. La UE, sus estados miembros y Canadá siguen intensificando la ayuda de emergencia y su apoyo a las iniciativas dirigidas a impulsar la producción local de alimentos y crear sistemas alimentarios sostenibles y más resilientes.

Nos esforzamos por mantener los mercados abiertos y hacer llegar los cereales ucranios a los países que más los necesitan. Se calcula que la UE gastará 7 mil 700 millones de euros de aquí a 2024 en respuesta a la inseguridad alimentaria mundial, y las contribuciones de los distintos estados miembros se sumarán a ese importe. Además de los 824 millones de dólares concedidos en 2021 para programas de refuerzo de la seguridad alimentaria, Canadá anunció un aumento de 250 millones de dólares en apoyo de la seguridad alimentaria en África en la reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth celebrada en Ruanda.

En vísperas de la reunión ministerial sobre desarrollo del G-20 que se celebrará en septiembre en Indonesia y en cuyo orden del día la seguridad alimentaria ocupa un lugar destacado, y de la COP 27 que se celebrará en noviembre, la UE y Canadá están firmemente comprometidas con acabar con el hambre y aportar seguridad alimentaria a las personas vulnerables de todo el mundo.

No obstante, sabemos que no podemos hacerlo solos. Como señaló el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, esta crisis exige que actuemos "juntos, con urgencia y con solidaridad". Nos comprometemos a colaborar con nuestros socios de América, Asia, Oriente Próximo y África para sostener los esfuerzos por combatir el hambre y crear sistemas alimentarios más resilientes y preparados para resistir las perturbaciones externas como las provocadas por la invasión rusa de Ucrania, y también los efectos del cambio climático, tales como sequías, inundaciones, plagas y enfermedades.

Por Jutta Urpilainen* y Harjit S. Sajjan**

* Comisaria Europea para Asociaciones Internacionales

**Ministro de Desarrollo Internacional y ministro responsable de la Agencia de Desarrollo Económico del Pacífico de Canadá

Publicado enSociedad
Miércoles, 07 Septiembre 2022 05:26

¿La era de la reforma agraria?

A Gustavo Petro y Francia Márquez los eligieron los actores que han liderado las luchas agrarias, pero al mismo tiempo gobernarán a partir de acuerdos políticos con quienes han truncado esos anhelos de reforma.

Colombia es uno de los países con la tenencia de la tierra más desigual del mundo. El nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tiene el mandato popular para encarar una tarea históricamente postergada: la reforma agraria.

El problema de la tierra en Colombia ha puesto en evidencia el contrapunteo entre las iniciativas institucionales de reforma y las apuestas de cambio agrario desde el campo popular que se extiende a lo largo del siglo XX. En primer lugar, la ley 200 de 1936 promulgada durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-38) entregó parcialmente tierra a pequeños propietarios a través de créditos pero enfatizó principalmente la explotación de la tierra por hacendados en lugar de colonos[1]. Esta política no alteró lo que el economista socialista colombiano Antonio García Nossa llamó la «ideología señorial» que caracterizaba la estructura agraria del siglo XIX, en la cual el campesinado no tenía representación política ni acceso a los bienes asociados a la tierra.

Los conflictos agrarios de los años 30 ocurrieron donde la situación de campesinos y colonos no mejoró. Un hito organizativo popular fueron las ligas y sindicatos agrarios y las invasiones de tierras en el Caribe, algunas lideradas por el anarco-socialista italiano Vicente Ádamo (1876-s.f.) y la líder campesina Juana Julia Guzmán (1892-1975), «La robatierra». Adicionalmente, los límites de la ideología señorial a las modificaciones de la estructura agraria, sumados a la falta de representación política campesina, cristalizaron otros procesos organizativos de autodefensas campesinas como las guerrillas liberales, antesala del movimiento guerrillero en los años sesenta.

Colombia se unió en 1961 a la ola reformista latinoamericana que tenía como antecedentes la revolución boliviana (1952) y cubana (1959). Especialmente como reacción en contra de esta última, el gobierno estadounidense inició un proceso de reformismo agrario con la Alianza para el Progreso, y Colombia fue uno de los países que más financiación recibió. En este marco, la Ley 135 de Reforma Social Agraria del gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-62) continuó —al menos en los papeles— las pautas generales de la Ley 200 de 1936 y propuso modificar la estructura de tenencia de la tierra vía extinción de dominio a predios improductivos. Según Magdalena León y Carmen Diana Deere, esta política benefició solamente a una persona por hogar y esto se concentró en el hombre jefe del hogar[2]. Este segundo intento de reforma fue limitado por el veto de las élites rurales a la apuesta redistributiva. Este veto se expresó en el Pacto de Chicoral, un acuerdo promovido por el gobierno conservador de Misael Pastrana (1970-1974) entre los partidos tradicionales y los gremios económicos que hizo más difícil la expropiación de tierras.

A finales de los años 60, el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-70) impulsó la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), buscando crear una base popular de dimensión nacional que respaldara al gobierno. Esta organización trascendió las intenciones paternalistas y brindó un nuevo lenguaje de protesta. Por la ineficiencia de la reforma e inspirados en la lucha de los años 30, un sector de la ANUC trabajó en los 70 con sociólogos como Orlando Fals Borda en apuestas de investigación acción y de reforma agraria de facto que resultaron en varias ocupaciones de tierras en la Costa Caribe. 

Finalmente, la tercera iniciativa institucional ocurrió en los años 90 durante el gobierno de César Gaviria (1990-94). La Ley 160 de 1994 —impulsada por el actual Ministro de Hacienda de Petro— fue una reforma agraria de mercado que, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, priorizó la promoción de un mercado «libre» de compra y venta de tierras. A finales de los 80 y durante los 90 se llevaron a cabo movilizaciones de campesinos cocaleros que exigieron la titulación de predios, el acceso a créditos y la asistencia técnica, así como la delimitación de una Zona de Reserva Campesina. La figura de las Zonas de Reserva Campesina fue recogida por la mencionada ley en uno de sus capítulos y es una de las herramientas que tiene el campesinado para permanecer en el territorio, enfrentar el acaparamiento de tierras y conservar los ecosistemas que habitan

Pero ninguno de estos intentos de reforma logró cambiar la estructura agraria del país. Distintas organizaciones internacionales y entidades nacionales estiman que el índice Gini de tierras en Colombia se ubica entre el 0,8 y el 0,9; en otras palabras, es prácticamente la desigualdad absoluta. Aunque no se han dado esfuerzos de reforma recientemente, las luchas populares siguen insistiendo en lograr una redistribución de la tierra productiva y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, indígenas y afrocolombianos. Esto se ha evidenciado por lo menos en el Mandato Agrario del 2003, los paros agrarios y cívicos que se han desarrollado desde 2013 y las diferentes mingas o convergencias populares en distintas regiones del país como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Algunas de estas demandas también se vieron reflejadas en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, cuyo primer punto es una reforma rural e integral; también en la plataforma política que respaldó la victoria de Petro y Márquez. Lo que está por verse es cómo el mandato popular por la implementación de una reforma agraria logra cristalizarse en este nuevo gobierno, que tiene la voluntad política de llevarla a cabo y además contará con la participación de muchos actores sociales y populares que históricamente han luchado por la tierra.

Apuestas y retos

El programa de gobierno de Petro y Márquez perfila un cambio evidente de la política agraria a través de «la distribución equitativa de la tierra». Este cambio tomará forma una vez se estructure el Plan Nacional de Desarrollo para el siguiente cuatrienio, mismo que se ha dicho será el resultado de diálogos regionales que combinen el saber técnico con el popular. Por ahora, el informe técnico de empalme para el sector agro nos da ciertas luces sobre las políticas y acciones que serán priorizadas. En últimas, lo que está en juego es si este nuevo gobierno —que tiene una mayor representación de las luchas populares y agrarias no institucionales—, logrará evitar los vetos de la élite terrateniente rural y la politiquería tradicional para finalmente implementar una reforma agraria. Esta reforma deberá ser verdaderamente redistributiva, y esto solo se alcanza, como señala Saturnino Borras, si se logra afectar la estructura agraria, particularmente en cuanto a la tenencia de la tierra y el control sobre los recursos de ella[3].

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) más de 11 millones de hectáreas son aptas para agricultura en Colombia; sin embargo, solamente se usan para estas actividades el 35%. En contraste, para actividades de pastoreo de dedican 38 millones de hectáreas, aunque solamente 8 millones cuentan con vocación ganadera. Una de las principales apuestas del nuevo gobierno es pasar del uso inadecuado del suelo a un uso acorde con su vocación productiva. Esto implica, según el programa, superar la ganadería extensiva y avanzar en la producción agroalimentaria y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles. Una de las medidas clave que el equipo de empalme sugiere para acompasar la producción de alimentos con el uso eficiente del suelo es fortalecer las entidades responsables de capturar información sobre la vocación del suelo para poder articularla al catastro rural.

La ministra de agricultura designada, Cecilia López, ha dicho que las tierras de la reforma agraria del gobierno electo no serán expropiadas sino que serán compradas a sus actuales propietarios y los recursos para ello provendrán en gran medida de los nuevos gravámenes al latifundio improductivo. Aquí resulta fundamental definir los criterios relativos a la «productividad». Además, se debe tener en cuenta el desafío administrativo que significa la compra de tierras cuando el país enfrenta su mayor déficit fiscal. A pesar de no tener certeza sobre el proceso de compra, el equipo de empalme identifica claramente los elementos que deben acompañarlo: establecer mecanismos que impidan la especulación, garantizar el acceso de las mujeres a las tierras, priorizar la compra de tierras aptas para la producción agroalimentaria y en aquellas franjas territoriales ubicadas en zonas aledañas a centros urbanos.

Otra herramienta para el acceso a tierras que está contemplada en el Acuerdo de Paz es el Fondo de Tierras, que aspira a tener 3 millones de hectáreas. Sin embargo, un informe multipartidista de seguimiento a la implementación del proceso de paz señala que, del total de hectáreas ingresadas al Fondo (1.912.868), solo el 25,3% han sido distribuidas y únicamente el 2,5% se han entregado a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Además, se debe tener en cuenta que la principal fuente de tierra para este Fondo son los baldíos, y muchos de ellos están indebidamente ocupados e incluso podrían ser disputados por la agroindustria anteriormente beneficiada por la institucionalidad.

Sumado al reto del acceso a la tierra está el de la informalidad en su tenencia. Este no es un reto menor: el punto de partida es la formalización pendiente de las 7 millones de hectáreas que identificó el Acuerdo de Paz. El grupo de empalme resalta también tensiones y conflictos relativos a la titulación en al menos tres niveles: entre ciudadanos, entre comunidades y el Estado, y entre ciudadanos-comunidades-Estado y actores armados. Lo anterior sin dejar de lado que la titulación debe estar acompañada de una modificación profunda del acceso a recursos fundamentales, como el agua, además de una mejor infraestructura y garantía de bienes públicos. De no hacerlo, esto podría desembocar en una mayor concentración de la tierra, dado que la formalización de tierras que estaban por fuera del mercado implica su disponibilidad  para ser compradas y vendidas al mejor postor[4].

Los retos de la distribución y la formalización de las tierras se tornan aún mayores en un contexto de inestabilidad social y control territorial por parte de distintos grupos armados en varias zonas del país, como la selva amazónica y la selva chocoana. En estas zonas se requiere la materialización de medidas que impidan nuevos mecanismos de despojo violento por parte de estos actores y sus terratenientes aliados. Estas dinámicas de despojo están ligadas a procesos profundos de deforestación (solamente durante 2021 se deforestaron más de 174.000 hectáreas). El nuevo gobierno también deberá entonces considerar estrategias concretas para evitar la destrucción y praderización de los bosques, que suman cerca de 60 millones de hectáreas —más de la mitad del país—. En estos esfuerzos, los indígenas, afrodescendientes y campesinos que los habitan deberán ser reconocidos como actores fundamentales en su conservación y deberán contar con un respaldo estatal decidido a la hora de consolidar alternativas productivas que mejoren sus condiciones de vida.

En resumen, los retos mencionados se desarrollan en tres niveles que se yuxaponen: un primer nivel institucional, en el que será necesario armonizar los instrumentos de política que se requieren para los cambios radicales pero posibles. Un segundo nivel estructural, en el que el nuevo escenario político de mayorías progresistas en el Congreso y en otras fracciones del Estado podría minimizar el impacto de la agenda hasta hoy dominante de los grandes tenedores de tierras que se opondrán a la reforma. Y un tercer nivel territorial, donde una agenda de seguridad integral y de paz total deberá ir de la mano con medidas de justicia ambiental y social.

Hacia un horizonte reformista

El nuevo gobierno podría ser un catalizador de las fuerzas de cambio agrario. Esto dependerá de los acuerdos y las disputas entre los distintos actores que están definiendo hoy el camino hacia el reformismo agrario. El futuro de ese reformismo depende del hecho de que a Gustavo Petro y a Francia Márquez los eligieron en parte los actores y organizaciones que han liderado las luchas agrarias, pero —al mismo tiempo— ellos gobernarán a partir de acuerdos políticos con quienes anteriormente han truncado esos anhelos de reforma. Solón Barraclough coincide con Antonio García Nossa en que la reforma agraria no es una política simplemente de cambio rural, sino que implica un proceso estratégico que exige tanto la actividad estatal como la movilización conflictiva de otras fuerzas sociales[5].

En ese mismo sentido, no debemos creer que las consecuencias y el alcance de la reforma dependerán exclusivamente de su implementación institucional «desde arriba», o de la voluntad política del nuevo gobierno progresista. Como resalta Jonathan Fox, si las reformas desde arriba cuentan con una movilización social persistente desde abajo, pueden permitir a los campesinos pobres victorias sucesivas y permanentes[6].

Por lo tanto, el resultado de este nuevo intento reformista no se debe reducir, como se ha hecho en el pasado, al simple binomio fracaso-éxito. Es clave preguntarnos qué entendemos por «reforma agraria», no necesariamente para compartir el mismo horizonte de expectativas, sino para orientar —y celebrar— esos cambios agrarios que dejarán de ser esquivos para las fuerzas populares que hoy tienen un pie en la institucionalidad y que exigirán desde las calles, campos y carreteras que se cumpla su mandato. 

[*] Agradecemos a nuestro compañero Julián Barajas Jaimes por sus comentarios y sugerencias a una versión previa de este escrito.

Notas

1

Ver Machado, Absalón. 2017. El problema de la tierra. Conflicto y desarrollo en Colombia. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.

2

Ver León, Magdalena y Deere, Carmen Diana. 1997. “La mujer rural y la reforma agraria en Colombia.” Cuadernos de Desarrollo Rural. Nos. 38 y 39. Primer y segundo semestre. Bogotá, pp. 7-23.

3

Borras, Saturnino. 2007. Pro-poor Land Reform: A Critique. University of Ottawa Press: Ottawa.

4

Hay varios estudios que esbozan las complejas relaciones que rodean la formalización de las tierras y el despojo. Uno de ellos estudia las relaciones entre acaparamiento de tierras y formalización en África.

5

Ver Barraclough, Solon (2007). The Legacy of Latin American Land Reform. NACLA; García Nossa, Antonio. 1970. Dinámica de las reformas agrarias en la América latina. Colombia: La Oveja Negra.

6

Ver Fox, Jonathan. 1992. The Politics of Food in Mexico. State Power and Social Mobilization. Ithaca and London: Cornell University Press.

Publicado enColombia
Jueves, 01 Septiembre 2022 06:29

La historia (no) redimida

La historia (no) redimida

La relación entre un cambio de régimen y los órdenes constitucionales en los que obra es compleja. La Constitución francesa de 1793, en la que la revolución encontró su mayor y más radical expresión, nunca entró en vigor. Su nombre oficial contrae la vanidad de un acto fundacional: "La constitución del año I". Le siguieron tres constituciones (1795, 1799, 1892) hasta desembocar en el Código Civil de Napoleón (1804). Cada una cercenó derechos y libertades consagradas en la de 1793. ¿Por qué no entró en vigor? La respuesta no es sencilla: el antiguo régimen se encontraba prácticamente intacto. Y, sin embargo, su texto impregnó todo el imaginario político y social de Francia en la primera mitad del siglo XIX, y después en el espíritu que desembocaría en las revoluciones de 1848. Marx la llamó "la ofrenda más indeleble de la revolución francesa para la humanidad". Napoleón, que siempre consideró al código "la balanza de sensatez de la locura de 1793", lo vio como su principal legado: "Mi gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil". En principio ambos tuvieron razón. El texto de 1793 creó los lenguajes de las insurrecciones que siguieron; y el Código Civil, la lógica de la moderna razón de Estado. Aunque tocó a Marx escribir el más certero de los epitafios del primero: "Hasta ahora todas las revoluciones no han hecho más que perfeccionar la maquinaria del Estado".

¿Cuál será el destino de la nueva Constitución chilena, que emergió de la rebelión de 2019 contra el orden neoliberal y la ominosa memoria de Augusto Pinochet, su fundador? Sin duda, ese destino es incierto. El próximo 4 de septiembre enfrentará su prueba máxima: el referendo que debe aprobarla o no. La situación no es halagadora. Las encuestas indican que el "No apruebo" mantiene una mayoría ostensible. ¿Por qué en 2020 más de 60 por ciento de chilenos votaron en favor de la necesidad de una nueva Constitución y ahora dudan sobre la consistencia de la versión que concluyó la Convención Constitucional?

La razón no es difícil de adivinar. En 2020 una amplia gama de múltiples y diversas corrientes políticas e ideológicas expresaron su repudio a la extrema derecha de Piñeira. En cambio, la propuesta actual de Constitución es un texto eminentemente orientado hacia el lado izquierdo del corazón de Chile, que fue quien encabezó la revuelta y llevó a uno de los suyos a la presidencia de la República.

Visto desde la perspectiva del texto que produjo la convención, se trata de una joya invaluable. Un texto insólito y revolucionario para el siglo XXI. Parte de seis premisas:

1) El paso de la "república democrática" a la "democracia paritaria". Sus páginas otorgan a las mujeres una representación en todos los órganos de elección del Estado.

2) Un nuevo "Estado plurinacional e intercultural". La Constitución define como "naciones" a 11 pueblos originarios y les concede derecho de autonomía política, muy lejos de las replicas liberales contra el derecho a la diferencia.

3) Garantiza a las mujeres el derecho a elegir el destino del embarazo.

4) Prevé el tránsito a un "Estado social y democrático de derecho", con la intención de recobrar la dignidad social que sepultó la lógica de los mercados inscrita en la Constitución de Pinochet desde 1980.

5) Establece el "agua" como bien común e "inapropiable", cerrando el paso a su privatización.

6) Hay también un cambio radical en el sistema político. Se cancela la existencia de la Cámara de Senadores y se sustituye con una cámara de las regiones para terminar con la simulación federativa del Senado. Es decir, cambia el concepto mismo de república.

Un gran y sorpresivo documento. Acaso, la Constitución más audaz del siglo XXI. Se trata de marcar una ruptura con el régimen que inició la dictadura y se preservó en la era pospinochetista. Cada uno de los sujetos de la rebelión de 2019 fijó su identidad en él. Y, sobre todo, conjuga el derecho a la diferencia con los que hoy demandan obreros y trabajadores, algo realmente difícil de lograr.

Sin embargo, en la virtud puede a veces encontrarse la penitencia. Someter una propuesta de esta naturaleza a un referendo (un mandato expreso desde el momento en que se inició su elaboración), que apunta a un cambio general de régimen, implica afectar los más disímbolos intereses de gente que podría estar de acuerdo con 90 por ciento del documento, pero que el desacuerdo con el restante 10 por ciento los llevaría a votar un "no". Sobre todo, si el orden pospinochetista sigue dominando la escena.

Es el destino de las rebeliones que inauguran una época. Por algún lugar deben comenzar a traducir sus propósitos al ámbito de las transformaciones de la vida cotidiana. Aun si se trata del más inhóspito de todos. Por lo pronto se trata del comienzo de una historia que aún está por redimir el legado de Salvador Allende.

Publicado enPolítica
Jueves, 18 Agosto 2022 08:45

Mariné y los desaparecidos del Darién

Mariné y los desaparecidos del Darién

La frontera que separa Colombia de Panamá es una de las más peligrosas del continente americano, sobre todo si eres mujer. Cada año decenas de personas son abusadas sexualmente o pierden la vida en esa travesía. Las más afortunadas son almacenadas en morgues o enterradas en fosas comunes. El resto quedan para siempre atrapadas en la selva.

En este rincón del cementerio de Agua Fría está el silencio de 15 personas que en 2021 intentaron cruzar uno de los pasos fronterizos más peligrosos de América y no lo lograron. No se sabe cuántos cuerpos más esconde el Tapón del Darién, la selva panameño-colombiana, el único punto en todo el continente donde la carretera Panamericana se interrumpe. Los que sí se saben, los otros 31 que perdieron la vida en 2021, están repartidos por diferentes morgues y fosas comunes en Panamá. Restos de seres humanos sin nombre porque la mayoría no han podido ser identificados. 

Ese es el saldo de un muro natural de 579.000 hectáreas de jungla donde jaguares, leopardos tigre y serpientes cohabitan con grupos armados que en muchas ocasiones roban y abusan sexualmente de quienes se arriesgan a pasar por allí. 

Mariné está dentro de ese saldo, pero tiene un nombre y una historia. Mariné se apellidaba Castellano, vivía en Cabimas, y delgada y de pelo liso, negro y largo, cuando era adolescente se escapaba del colegio para ir a escondidas a ver a Andrés. Se había enamorado. A los 19 tuvo miedo de contarle a sus padres que estaba embarazada, pero acabó haciéndolo. A los 26, con Andrés ya su marido, y con Franklin, su hijo, salió de Venezuela y comenzó a caminar hacia los Estados Unidos. Pero a esos mismos 26 también tuvo que correr junto a José Enrique, que atravesaba con ella y otras decenas de personas el Darién, porque si volvían hacia atrás les mataban. A esos 26 abusaron de ella hombres armados mientras también abusaban de otras mujeres, incluso de niñas de tan solo 12 y 14 años, como las hijas de Marina. Y a esos 26 fue enterrada en la selva con la ayuda de Jonathan, de Mariana, de Andrés y de unos machetes.

Mariné se convertía así, a mediados de febrero, en la primera persona que perdía la vida intentando cruzar el Tapón del Darién en 2022. La información que baraja el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá dice que hasta mayo, siete cuerpos, probablemente de migrantes, han llegado a la morgue de La Palma, en la provincia del Darién.

De los 46 contabilizados en total en 2021 no se sabe mucho. Son 22 hombres, 17 mujeres, y siete más cuyo sexo fue imposible adivinar tras el análisis de unos restos demasiado deteriorados. 36 adultos, tres menores y siete sin determinar. Ocho identificados, 38 sin identificar. Lo cuenta José Vicente Pachar a través de sus gafas de montura oscura, vestido de negro de arriba a abajo, camiseta, pantalones y zapatos: el uniforme de médico forense donde solo destaca en blanco su nombre —“Dr José V. Pachar”— estampado en un bolsillo a la altura del corazón.

Comparte los detalles de los 46 fallecidos sentado en una mesa de reuniones alargada, en su despacho de director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las puertas de esa institución se le abrieron a principios de los años 90, aunque lo primero que pisó de Panamá fue el norte: la provincia de Chiriquí, a orillas del Pacífico. Llegó en 1981 desde su Ecuador natal, a trabajar como médico. Por eso se siente identificado con esta situación, porque él mismo fue migrante. “Pero yo vine a Panamá hace 40 años, yo soy panameño ahora. Mi esposa, mis hijos, mis nietos, son panameños”, dice. Al principio no fue fácil adaptarse al choque cultural y climático. Él es de Quito, una ciudad a más de 2.800 metros de altura, y el calor tropical a ras de mar de la costa panameña le costó: “A tal punto que cuando empecé a trabajar, yo no salía en el día, solo salía en la noche. Me decían el vampiro”.

Es consciente de que su trayectoria es muy diferente a la de esos 46 que murieron cruzando el Darién y de los que no se sabe casi nada.

De Mariné, en cambio, sí se sabe algo más, porque Andrés quiere contarlo. Porque José Enrique, Marina, Jonathan y Mariana también quieren contarlo, aunque solo compartieran con ella un pedazo del camino. 

José Enrique

Pese a todos los peligros, en lo que va de 2022, cada día siguen arriesgándose a atravesar la selva del Darién una media de 219 personas. Una torre de babel con piernas y pies que avanza formada principalmente por venezolanos, haitianos como segundo grupo mayoritario, y luego un popurrí de nacionalidades que incluye a personas de diferentes países latinoamericanos, africanos y otras que vienen de lugares tan lejanos como Nepal, Uzbekistán o India. Una torre que en 2021 se convertía en rascacielos con cerca de 134.000 afortunados logrando llegar al otro lado de este embudo y puerta espinada a Centroamérica. Una cifra que supera a la de los tres años anteriores juntos, según los datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá. El recuento de 2022 dice que hasta finales de mayo ya han cruzado más de 32.700, y que un 26% son mujeres y un 15% menores.

Una de esas 32.700 personas es José Enrique. Él no recuerda el nombre de la mujer del suéter negro y rosa, de ojos oscuros y piel clara que murió en el camino. O quizás nunca lo supo. Por eso cuando hace referencia a ella la llama ‘la chica’ o ‘la mujer de Andrés’. Estaban en el mismo grupo cuando les robaron. Corrió con ella y vio cómo el agua se la llevaba. Pero eso no lo cuenta ahora, eso lo contará después. Ahora se mueve a saltos con la fuerza de una sola pierna. Lleva una bolsa de basura en la mano, al final de un brazo fibrado en un cuerpo también fibrado, de exmilitar venezolano, y pasa entre las mesas de madera donde descansa mucha gente en el campamento de migrantes de San Vicente, en la provincia panameña de Darién. 

Alguien le grita: “¡Ese Mocho es una inspiración!”. En el campamento todos le llaman el Mocho. Él saluda, sonríe y sigue avanzando entre pies y mochilas, pidiendo permiso para recoger plásticos, tapones de botellas y todo lo que sea desperdicio: labores sociales. Es el requisito para conseguir gratis el pasaje en bus hasta Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. Allí les hospedan en una estación de recepción migratoria que está siendo investigada internamente por denuncias de supuestos abusos y presiones a migrantes. 

Esa es la estrategia panameña para controlar el flujo migratorio y evitar que nadie se quede en este país de poco más de 4,2 millones de habitantes. Un país que primero registra y luego encierra entre vallas a las personas que están migrando y que define como ‘irregulares’, igual que la mayoría de países del mundo. La diferencia es que, después, Panamá les ahorra una parte del camino, transportando esos cuerpos hasta cerca de la frontera con Costa Rica, en autobuses de compañías privadas, fletados en San Vicente y que cuestan 40 dólares por persona. Si la persona no tiene esos 40 dólares, o los tenía pero le robaron a punta de pistola mientras cruzaba la selva, deberá trabajar en el campamento en labores sociales lo suficiente como para ganarse el pasaje gratis. Como José Enrique. Las autoridades de San Vicente no hacen excepciones. 

Él perdió una pierna en un accidente de moto hace ya un tiempo y con la ayuda de unas muletas y con mucha fuerza —física y de voluntad— ha conseguido marchar desde Venezuela y pidiendo en el camino llegar hasta aquí, adentrándose y saliendo de la selva sin ser ya el mismo. 

—¿Qué te pasó en el Darién?— pregunto.

—Me pasaron muchas cosas, demasiadas —y baja la mirada y se le contrae la cara de niño, aunque José Enrique tiene ya 29 años—. Vi muchas cosas que no había visto en mi vida, como violaciones, como pérdida de una chica, como caídas… 

Cuenta también que pasó días caminando, a veces largas horas solo, llorando, y gritándole a Dios para conseguir subir y bajar tramos muy duros.

—¿Vas hacia Estados Unidos? 

—Viajé a Colombia, pero allí no me pudieron ayudar. Eran muchos recursos para la prótesis. Por eso voy a Estados Unidos, para que me den la oportunidad, a ver si puedo lograrlo. Así como me dijeron que no podría pasar el Darién, pero sí lo pude lograr.

Marina y sus dos hijas 

David Foster Wallace escribió hace ya un tiempo que “todo el mundo tendría que echar un vistazo a los ojos de un hombre que se encuentra subiendo hacia lo que quisiera bajar hasta sí”. En el albergue de San Vicente hay mucha gente subiendo hacia lo que quisieran bajar. Y cogiendo impulso para saltar el precipicio que separa lo probable de lo posible en estas rutas migratorias. 

En la travesía por la selva, el punto que la mayoría describe como el más duro es el que llaman la Montaña de la Muerte. Un tramo muy empinado, embarrado y difícil de caminar, donde muchos han perdido la vida al resbalar y caer. Algunos de esos cuerpos siguen allí, en los márgenes del camino. Pero también hay peligros más adelante.

“Nos apartaron, los hombres pa’ un lado y las mujeres pa’ otro. Ahí fue cuando se llevaron a las dos niñas mías. Nos dejaron ahí y a una me la trajeron como a la media hora y a la más pequeña me la trajeron a la hora”. Es el testimonio de una madre, Marina, que huyó de Venezuela para conseguir una vida digna y cruzando el Darién tuvo que sufrir y esperar mientras abusaban sexualmente de sus hijas de 12 y 14 años. Los asaltantes eran un grupo de diez hombres armados que les robaron todo lo que llevaban. Hasta los zapatos. 

Marina recuerda que mientras abusaban de sus dos hijas también lo hacían de Mariné, y que después de aquello Mariné “iba llora que llora”, dice. Hasta mayo de 2022 la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha atendido a 112 supervivientes de violencia sexual en este camino. En 2021 fueron 328.

Cuando Marina vio que la más pequeña de sus dos niñas volvía llorando y gritando, fue a levantarse para abrazarla, pero ni eso le concedieron. La frenó uno de los asaltantes apuntándole con un arma y amenazó con dispararle si no se callaba. “Ellos ya saben quién va a venir, cuántas mujeres, quién trae plata, quién no. Ellos lo saben todo. Lo tienen todo fríamente calculado. Eso es horrible, yo no se lo deseo a nadie”. 

Cuenta Marina que los asaltantes aparecieron desde diferentes puntos de la selva, creando un embudo y acorralando y uniendo a grupos que no habían empezado la travesía juntos. En uno de esos grupos iba José Enrique con sus muletas. Fue uno de los primeros a los que liberaron, pero se quedó esperando a que llegara su guía y el resto de compañeros de ruta. Entre ellos, Mariné. Llegó y se puso a su lado y los asaltantes les mandaron avanzar y correr. Corrieron y acabaron topando con el río. Estaba empezando a llover muy fuerte y el caudal crecía demasiado rápido. Aquello se estaba volviendo peligroso, pero no había otra opción: tenían que cruzar, “porque si regresábamos nos mataban a todos”, dice José Enrique. 

Mariana y Jonathan

Mariana y su marido Jonathan hallaron a Andrés en el margen del río, llorando, con su hijo de seis años al lado. Y empezaron a caminar con él para intentar encontrar a Mariné: “Le decíamos: ‘Tranquilo que si no la vemos es porque está bien’”, cuenta Jonathan. Pasaron una noche entera esperando a que bajara el caudal del río y cuando amaneció, siguieron caminando durante horas y horas, todavía convencidos de volver a verla con vida, hasta que llegó un guía y les entregó el suéter negro y rosa de Mariné. “Nos dijo que estaba muerta,” recuerda Jonathan. Al escuchar aquello y ver ese suéter, el suéter de su mujer, Andrés se derrumbó. Franklin, el niño, entendió y rompió a llorar también. “Más adelante la vimos”, continúa Jonathan, “la sacamos del río y le dimos sepultura”. La enterraron de la mejor manera que pudieron, ayudándose con sus manos y unos machetes, y le rezaron una oración.

Andrés, Franklin y Mariné

48 horas después, en la mañana del 14 de febrero, el día de los enamorados, en el campamento de San Vicente el calor empieza a apretar y expulsa a la gente fuera de sus tiendas de campaña y barracones. Un día nuevo, cada vez un poco más cerca de su objetivo: Estados Unidos. Andrés deambula entre todos ellos con la tristeza más tremenda que puede haber. La tristeza de haber perdido a su mujer y de intentar seguir adelante en esa larga ruta que debería ofrecerle a su hijo una vida con más posibilidades, pero que hasta el momento solo se la está destrozando. 

Para llegar al Darién habían cruzado en lancha desde Necoclí hasta Capurganá, en Colombia, acercándose al máximo a la frontera panameña. Eso suele costar unos 50 dólares, aunque depende de las habilidades de cada uno para negociar. Desde allí se habían adentrado en la selva, tomando el camino largo. 

Según los registros de las personas que cruzan esa frontera, esta opción cuesta entre 100 y 180 dólares, que es lo que vale el guía en la selva. Eso conlleva pasar una media de seis días atravesando el Darién. La opción más corta y más segura cuesta alrededor de 350 dólares e incluye una lancha de Necoclí a Carreto, ya en Panamá, en la provincia de la comunidad indígena de los Kuna Yala. Por ese dinero el guía te acompaña los dos o tres días que se tarda en llegar caminando hasta Canaán Membrillo, el primer punto donde las autoridades panameñas atienden a los migrantes. Allí, como denunciaba MSF a finales de mayo de 2022, las personas que llegan “no reciben atención médica”, aunque se trate de problemas graves. 

Después deben montar primero en una lancha y luego en un camión, para acabar llegando al albergue de San Vicente. A este último punto es al único al que las autoridades panameñas dejan acceder a los periodistas, salvo contadas excepciones, y no sin poner trabas. En ese albergue, MSF ha sido testigo “de las enormes carencias de protección, de atención médica o de servicios básicos, entre otras, con las que la población itinerante que llega a Panamá es recibida”. 

Andrés, Franklin y Mariné estaban lejos de San Vicente, pero no les faltaba mucho para llegar a la estación de recepción en Canaán. Antes tenían que cruzar el río. 

Después del robo, después de los abusos, habían llegado hasta allí junto a José Enrique y tenían que seguir avanzando bajo un diluvio cada vez más peligroso. El río se estaba convirtiendo en una masa de agua cada vez más grande que bajaba con fuerza. Andrés hizo todo lo que pudo pero no logró salvar a su mujer: “También se iba a ir el niño y agarré a los dos y pude sacar primero al niño. Me ayudó un amigo. Pero ella se me volvió a soltar. La volví a agarrar, la metí en unas piedras y vino una creciente más grande y me la zafó y se la llevó”. Ya no volvería a verla hasta muchas horas después.

Otras personas han pasado por horrores similares antes que ellos. Los torrentes y las crecidas de los ríos son la principal causa de muerte en el Darién. Aunque en la experiencia del doctor Pachar, también son un riesgo los problemas de salud previos: “A medida que pasa el tiempo se van descompensado y pueden fallecer de causas naturales en el trayecto o pueden llegar enfermos y pese a la atención médica pueden fallecer. También están los que se caen, y finalmente los que son agredidos y sufren lesiones mortales”.

Todo eso el doctor Pachar solo puede investigarlo si se lo solicita el Ministerio Público de Panamá. El instituto forense únicamente puede actuar a petición de ese Ministerio.

Los desaparecidos y Mariné 

Son las 13:13h del último jueves de septiembre de 2021. La tierra removida en una esquina del cementerio de Agua Fría muestra el revés de la hierba. Al final de esa zanja alargada, un cura oficia la colocación de las bolsas blancas con cuerpos cuyos nombres han pasado a ser: “Desconocida de Bajo Grande”, “Desconocido de Río Turquesa”, “Infanta desconocida” u “Osamenta desconocida”. La ceremonia, que las autoridades panameñas llaman “entierro de solemnidad”, no se alarga demasiado y a las 13:50h la excavadora ya está empezando a tirar tierra encima de esas 15 personas que en 2021 no consiguieron sobrevivir al Tapón del Darién. 

Meses después, solo una rosa blanca artificial indicará que a los pies de un árbol, bajo esa hierba verde y esos rastrojos, hay restos humanos. Sus familiares probablemente nunca lo sabrán. Por eso esas 15 personas de la fosa de Agua Fría se podrán llamar desaparecidos. Porque aunque hayan aparecido, aunque estén registrados y ubicados y si algún día alguien quisiera se podrían desenterrar, eso son de momento para sus seres queridos.

Sobre las personas que fallecen cruzando el Darién no hay estadísticas exactas porque los equipos son escasos y es peligroso adentrarse en la selva a contabilizar y a recoger. Eso es lo que cuenta el doctor Pachar y en lo que coinciden desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja: les faltan recursos. El director del instituto forense lo argumenta con números: “En la provincia de Darién solo tenemos un médico forense y en todo el país solo un antropólogo forense. Es una tarea que sobrepasa las posibilidades del Instituto”. Por eso han pedido ayuda internacional y están intentando montar un equipo junto con la Cruz Roja para poder recorrer ese terreno de forma segura. Porque, como dice el doctor Pachar, “según las especulaciones ahí debe de haber decenas de restos humanos”. Y aclara que ese apoyo es necesario porque se trata de “un compromiso internacional del país. Una cuestión de derecho humanitario”. 

Entre esas decenas de restos humanos atrapados en la selva está Mariné, aunque a ella sí pudieron enterrarla. Desde el campamento de San Vicente, su marido, Andrés, se pasa las horas hablando con quien sea y pidiendo ayuda para conseguir que el Gobierno panameño repatríe el cuerpo, para que pueda descansar en paz junto a sus familiares, a orillas del lago Maracaibo al norte de Venezuela. No va a ser fácil. A Andrés las autoridades ya le han dicho que ese es un proceso largo y a él eso le hace desconfiar. Y en su queja, sin darse cuenta, resume en pocas palabras la dureza de migrar como le ha tocado hacerlo a él pero también a millones de personas más: “Como uno no es panameño, no es nada”.

18 ago 2022

Publicado enColombia
Escocia da un primer paso para erradicar la "pobreza menstrual"

Es el primer país en declarar gratuito el acceso a este tipo de productos de higiene

Este lunes entró en vigencia la ley que establece la gratuidad de toallas higiénicas y tampones. "Ninguna mujer o persona menstruante debería enfrentarse a la indignidad", aseguró la diputada laborista Monica Lennon, que impulsó la iniciativa.

Desde este lunes, Escocia es el primer país del mundo en declarar una ley de acceso gratuito en productos de gestión menstrual. Los edificios públicos e instituciones educativas serán los responsables de distribuir los artículos a la población. 

El proyecto de la legisladora laborista Monica Lennon fue aprobado por unanimidad en noviembre de 2020, pero entró en vigencia esta semana. La iniciativa busca erradicar la "pobreza menstrual", un fenómeno que, según la impulsora del proyecto, se profundizó en la pandemia. 

Recientemente, en sus redes sociales, Lennon aseguró que "ninguna mujer o persona menstruante debería enfrentarse a la indignidad de la pobreza menstrual". 

Desde 2014 el país lleva invertidos 30 millones de dólares en productos de gestión menstrual. Hasta ahora, dichos artículos eran entregados gratuitamente solamente a alumnas de escuela secundaria y universitaria. 

Además, la iniciativa prevé el desarrollo de una aplicación llamada PickupMyPeriod, con la que se puede encontrar el punto más cercano en donde solicitar los artículos de higiene personal. 

Publicado enInternacional
Colombia: el incremento de la violencia armada, la pesada herencia de Iván Duque

Son más de 100 los líderes sociales asesinados en lo que va del año

El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz informó que al 12 de julio se cometieron 53 masacres que dejan 185 muertos. Una nueva masacre dejó cinco muertos y cuatro heridos en el Valle del Cauca.

En el marco de la creciente violencia armada que es una pesada herencia del gobierno saliente de Iván Duque, cinco personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas en la madrugada del domingo luego de que hombres armados tirotearan a un grupo de lugareños que conversaban en un barrio de La Unión, en el departamento del Valle del Cauca. El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz) informó que al 12 de julio de este año en Colombia se cometieron 53 masacres que dejan 185 muertos, uno de los legados más dramáticos de Duque, quien dejará su cargo el próximo domingo para que asuma Gustavo Petro

Sumado a la falta de respuesta ante el conflicto armado, el mandatario de derecha nunca realizó una autocrítica frente a las masivas movilizaciones que se multiplicaron contra su gestión desde 2018. Las protestas más fuertes fueron las del año pasado, en las que la represión policial y militar dejó miles de heridos, desaparecidos y más de 70 muertos. Al respecto, en una entrevista con un diario local Duque aseguró que hubo una "confabulación" para destruir al país y que, antes que con los bloqueos y las manifestaciones, prefería tener que lidiar con "tres pandemias".

53 masacres y más de 100 líderes asesinados

"Fueron cinco personas asesinadas y cuatro personas heridas, estamos confirmando si hay menores de edad, la Policía y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) están en el lugar de los hechos", dijo a periodistas la secretaria de gobierno del municipio de La Unión, Jhoana Ayala. El 25 de julio las autoridades informaron que tres personas, entre ellas un desmovilizado de las FARC, fueron asesinados a tiros en un establecimiento comercial del municipio de Puerto Rico, en el sur de Colombia, menos de 24 horas después de que un reconocido líder y ambientalista fuera asesinado en el municipio de La Dorada, en Caldas.

Al igual que las masacres, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos tampoco cesa y ya superó el centenar de homicidios en lo que va del año. Al exconcejal Raúl Alonso García lo asesinaron el siete de julio en un municipio de Arauca, en la frontera con Venezuela, y se suma a una trágica lista en la que aparecen otros nombres como el del líder comunal Jaime Losada en el Putumayo, en la frontera con Ecuador.

"Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019", aseguró Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio. A la "arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales" se le sumó el contexto de un año electoral que puso en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.

Preocupación de la ONU

La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó que la respuesta militar "no ha logrado frenar" la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en "un incremento progresivo de los homicidios". Así lo aseguró la diplomática el martes pasado durante la presentación del "Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo gobierno", que fue entregado a la actual administración así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo siete de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.

Entre 2016 y 2021, esta agencia de la ONU verificó 562 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. "Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia", explicó De Rivero, quien mostró su preocupación por el aumento de un 200 por ciento en la cantidad de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, así como por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.

Teniendo en cuenta esta situación, el informe concluye que "es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y para proteger a las poblaciones afectadas", ya que el enfoque hasta el momento utilizado "ha mostrado sus limitaciones", en palabras De Rivero. A esto se suma la falta de implementación de aspectos claves del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, se recoge en el informe de la ONU.

Reclutamiento y asesinato de menores

Naciones Unidas verificó que solo en 2021, 123 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron reclutados y usados por grupos armados. Los mayores reclutadores, según el último informe del Secretario General, fueron las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El informe de la ONU menciona cifras que pasaron desapercibidas en medio de la magnitud de la crisis humanitaria reciente: en el periodo analizado, 70 niños y niñas fueron víctimas de violencia en medio de reclutamiento: 31 menores de edad resultaron muertos y 39 mutilados. "Las bajas infantiles se produjeron por disparos de armas de fuego (31), minas terrestres, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra (30), ataques aéreos (seis) y tortura y tratos inhumanos (tres)", aporta el documento.

El reclutamiento de niños y adolescentes es una bomba que deberá desactivar el gobierno entrante de Gustavo Petro. Su exclusión de las filas y el compromiso de no involucrarlos en el conflicto será otro de los temas centrales de cara a los acercamientos con los grupos armados en búsqueda de lo que Petro ha definido como su propuesta de "paz total".

Duque denuncia una confabulación

A una semana de dejar la presidencia de Colombia y sin hacer ninguna autocrítica sobre su fallida política contra la violencia armada, Iván Duque evaluó que uno de los peores momentos de su gestión fue el estallido social de abril de 2021 y aseguró que hubo una "confabulación" para hacer "colapsar" al país. En esas semanas se produjo un paro nacional y manifestaciones en contra de una reforma tributaria regresiva impulsada por Duque y su equipo económico. 

"Me quedo con tres pandemias antes que ver todo ese instinto criminal que tenían muchos de bloquear el país y de afectar su institucionalidad", dijo Duque en una entrevista publicada este domingo en el diario El Colombiano. "Vemos lo que ha ocurrido en Ecuador, recientemente también en Panamá, que son orquestas, que son partituras que se articulan para tratar de debilitar a los gobiernos", afirmó.

Cuando se le consultó a Duque si se arrepentía de las objeciones que durante su gestión le realizó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la semana pasada le imputó cargos a 22 militares por 303 falsos positivos, el mandatario saliente se limitó a decir que le hubiera gustado "agotar el diálogo" y buscar acuerdos. Durante su gestión, Duque intentó sin éxito revisar la JEP con reformas que le quitaban sus facultades.

Recientemente, el líder de derecha se ausentó cuando la Comisión de la Verdad presentó su informe final ante el país, un extenso documento en el que varios comisionados entrevistaron a miles de ciudadanos afectados por la guerra. Días atrás la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército y a otras tres personas por el asesinato de 303 civiles en los denominados casos de falsos positivos, como se conoce en Colombia a las personas asesinadas por las fuerzas armadas y presentadas falsamente como guerrilleros.

Publicado enColombia
Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia
Este informe contiene cifras y datos recopilados entre enero y junio de 2022.
 

Las consecuencias humanitarias de los seis conflictos armados y la violencia que existen en el país siguen intensificándose de manera preocupante. En el primer semestre de 2022 se ha visto un aumento significativo de la violencia con el consecuente incremento del sufrimiento para la población civil.

Descargar PDF Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia

Entre enero y junio de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 377 víctimas de artefactos explosivos*, lo que representa un aumento del 43% respecto al mismo periodo de 2021. Los accidentes ocurrieron en 16 departamentos, siendo Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Meta las zonas de mayor impacto. En esos lugares se concentró el 67% de las víctimas.

El análisis de la información evidencia varios elementos que llaman la atención. Uno de ellos reveló que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de esta realidad, pues el 53% de las víctimas son civiles. Otro aspecto relevante es el aumento de la afectación por artefactos explosivos lanzados y de detonación controlada, ya que del total de víctimas reportadas el 77% fueron ocasionadas por este tipo de artefactos.

El número de víctimas directas muestra la gravedad de la problemática, sin embargo, también hay otras consecuencias de este fenómeno que transforman por completo la vida de las poblaciones, como las restricciones de movilidad, la imposibilidad de acceder a fuentes de subsistencia y la afectación psicosocial, entre otras.

En el primer semestre del año, el desplazamiento y confinamiento de comunidades también tuvo un impacto considerable en varias regiones del país. Según cifras oficiales**, 29.729 personas se desplazaron de manera masiva en 12 departamentos. Las zonas del Pacífico colombiano fueron las más afectadas por esta problemática, de manera particular el departamento de Nariño, el cual ocupó el primer lugar con el 43% de la población desplazada.

Así mismo, el desplazamiento individual afectó a 41.074 personas que tuvieron que abandonar sus hogares, la mayoría de las veces por amenazas directas de los actores armados. Por otro lado, 19.210 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios. En el departamento de Chocó se concentró el 57% de la población confinada.

La lectura de este fenómeno desde una perspectiva territorial evidencia que en algunas zonas las dinámicas se han mantenido, mientras que en otras se han profundizado considerablemente. Un ejemplo de ello es el departamento de Arauca, en el cual el confinamiento aumentó 10 veces respecto a todo el 2021 y el desplazamiento individual pasó de 763 personas reportadas en todo el año pasado a más de 11 mil personas desplazadas en lo que va de este año.

Publicado enColombia
Colombia-EE.UU. Poner fin al entrenamiento en la Escuela de las Américas

La militarización en América Latina es una realidad que tiene muchos rostros y no sólo se refiere al aumento en la compra de material bélico.

No sólo hay que detener la compra de más armamento militar y policial sino también hay que terminar con el entrenamiento que inyecta la ideología del enemigo interno, de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de la guerra y la represión como solución a los conflictos.

A lo anterior, sin duda, las políticas de Estado deben orientarse a trabajar para terminar con las raíces de fondo que encierran los conflictos sociales que son generados por el sistema neoliberal que es el responsable de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad estructural, de todo tipo de saqueo, de la destrucción de la naturaleza y de nuestros bienes comunes.

Desde Chile, y seguramente desde muchos lugares del mundo, seguimos con atención la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

Es importante mencionar que dentro de los hallazgos que aparecen en el Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia se establece que la relación con EE.UU. ha sido muy importante y ha incidido negativamente en el conflicto armado. Los hechos, confirman esa verdad. Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos.

El Informe Final (1) de la Comisión de la Verdad señala textualmente que:

«Las relaciones internacionales con Estados Unidos han sido fundamentales en la construcción del modelo de seguridad imperante en Colombia hasta hoy”.

“Colombia ha aceptado el marco discursivo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1950: primero, la guerra contra el comunismo; segundo, la guerra contra las drogas, y tercero, la guerra contra el terrorismo”.

“Los modelos contrainsurgente, antidrogas y antiterrorista han resultado funcionales a una mentalidad que se ha dirigido a la guerra, no a la apertura política y democrática ni a las reformas sociales…».

El informe indica cinco aspectos centrales de esta injerencia negociada:

  • “La doctrina contrainsurgente que ha tenido como centro la construcción de la idea del enemigo interno”.
  • “La privatización de la seguridad, primero recomendando la creación de grupos paramilitares y, luego, en menor medida, con el uso de compañías militares y de seguridad privada en el marco de la cooperación binacional”.
  • “La focalización de recursos para protección de intereses económicos de compañías multinacionales”.
  • “Los recursos y prioridades claras para combatir a las guerrillas, pero escasos contra el paramilitarismo”.
  • “La materialización de la asistencia militar en formación, armamento, recursos financieros y equipamiento, acompañada de metas y resultados esperados que, en la práctica, llevaron a cometer violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Esta asistencia tuvo una escasa fiscalización, tan solo algunas rendiciones de cuentas en el Congreso estadounidense».

El informe referido, indica que «en este contexto se reestructuró la fuerza pública, sus integrantes recibieron entrenamiento militar en la Escuela de las Américas y en bases militares estadounidenses, se ajustaron los manuales y reglamentos militares y de policía y se desarrolló la inteligencia contrainsurgente. Así mismo, se profundizó la militarización de la Policía”.

¿Qué es la Escuela de las Américas?

Para quienes no conozcan, la Escuela de las Américas es una academia militar del Ejército de los EE.UU. y fue fundada en 1946 en Panamá. Inicialmente se le conoció como Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los EE.UU.

En 1963 fue que adoptó el nombre propiamente tal de Escuela de las Américas (SOA o School of Americas, en inglés).

En 1984, por los Tratados Torrijos-Carter, tuvo que abandonar Panamá y se trasladó al Fuerte Benning, en Georgia, EE.UU., donde sigue operando.

Vale recordar que el presidente panameño Jorge Illueca describió a la Escuela de las Américas como «la base más grande para la desestabilización en América Latina».

En 1996 se conocieron públicamente los manuales de entrenamiento (2) que eran utilizados en la Escuela de las Américas del Ejército de los EE.UU. sobre contrainsurgencia, operaciones psicológicas, terrorismo, entre otros.

El diario The New York Times señaló entonces que “un manual de capacitación publicado por el Pentágono recomendaba técnicas de interrogatorio como la tortura, la ejecución, el chantaje y el arresto de los familiares de los interrogados” (3).

Muchos de los peores violadores de los derechos humanos de América Latina se han formado en esta academia militar y han seguido practicando y transmitiendo a otras generaciones las lecciones militares aprendidas en los Estados Unidos.

En enero de 2001, por las protestas y la mala reputación de la Escuela de las Américas, esta pasó a llamarse Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en sus siglas inglés).

Ese es su nombre actualmente y siguen dando entrenamiento a tropas de Colombia, de América Latina y el Caribe. Algunos piensan que se cerró pero simplemente fue un cambio de letrero, un cambio de nombre.

En octubre de 2020, SOA Watch en conjunto con FOR Peace Presence y con el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina «Óscar Romero» (SICSAL) presentó ante la Comisión de la Verdad de Colombia, el informe titulado “Desde el Inicio y hasta el Final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano” (4).

Colombia es, históricamente, el país número uno que hace más envíos de tropas a la Escuela de las Américas, ahora llamada WHINSEC, como también a otros centros de entrenamiento en los Estados Unidos.

Pero también, viajan instructores estadounidenses a Colombia como a diversos países del continente para dar entrenamiento militar.

Desde la fundación de la SOA, a la fecha, se calcula que más de 19.000 militares y policías colombianos han sido entrenados por la Escuela de las Américas – WHINSEC.

Entre 1999 y 2018, Estados Unidos dio capacitación militar a más de 110.000 efectivos de Colombia en diversos centros de entrenamiento militar.

El año 2021, se entrenaron 687 tropas colombianas en la SOA-WHINSEC (5).

Varios generales y militares involucrados en los casos de “falsos positivos” en Colombia han recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas. Los que lideraron el golpe de Estado en Honduras, el 2009, contra el presidente Manuel Zelaya, fueron entrenados en la Escuela de las Américas. Los militares que participaron en el golpe de Estado, el 2019, contra Evo Morales, en Bolivia, también fueron entrenados por EE.UU. Finalmente, varios de los mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron entrenados en la Escuela de las Américas.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia recomienda, entre otros, (1):

“Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana, que se centre en la protección de la vida de las personas y las comunidades sobre la base del respeto del principio de pluralismo democrático y del principio de la dignidad humana”.

“Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, en caso de tratados internacionales, someter los acuerdos de cooperación internacional en materia militar a procedimientos de debate público y transparente en el que participe la ciudadanía y los organismos de control según sus competencias. En particular, se deberán someter a este debate aquellos que brinden inmunidad a agentes extranjeros sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH cometidos en Colombia”.

Es importante que el nuevo gobierno de Colombia, que será presidido por Gustavo Petro, revise las políticas de defensa, de seguridad, y de “cooperación” militar que se mantienen con los EE.UU., desde la subordinación, para que se camine para la construcción de una política nacional de defensa propia a favor de la paz y el respeto de los derechos humanos.

Entre otros, se debiera terminar con los envíos de tropas colombianas a la Escuela de las Américas – WHINSEC. Seguro hay otras escuelas donde los militares y la policía de Colombia, y de todo nuestro continente, pueden ser enviados para aprender lecciones de paz, resolución no violenta de conflictos, y derechos humanos.

Finalmente, en La Esperanza, Intibucá, en Honduras, el año 2008, conocí a Berta Cáceres, una gran compañera, lideresa social, que fue asesinada el 2016. Entre sus asesinos hay algunos que fueron graduados de la Escuela de las Américas.

La conocí en el marco del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización y quiero terminar con un lema acuñado en esa reunión: “Para callar las armas, hablemos los pueblos”. Es la hora de ser escuchados y de comenzar a cambiar la historia.

Ponencia presentada virtualmente al “Seminario Internacional: Desarme Integral en América Latina y el Caribe” realizado el 26 de Julio en Colombia.

Foto: Archivo de SOAWatch

Referencias:

(1) Hay Futuro si hay Verdad, Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hallazgos y Recomendaciones.
https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad

(2) Los Manuales de la Escuela de las Américas.
https://soaw.org/wp-content/uploads/2021/01/CompilacionManualesSOA.pdf

(3) School of the Dictators, Sept. 28, 1996 The New York Times.
https://www.nytimes.com/1996/09/28/opinion/school-of-the-dictators.html

(4) Informe “Desde el Inicio y hasta el Final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano” presentado ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición el 7 de octubre de 2020.
https://soaw.org/wp-content/uploads/2020/10/InformeCEV.pdf

(5) Graduados SOA
https://soaw.org/graduados-de-soa

Pablo Ruiz: SOA-Watch

Publicado enColombia
Policías disparan contra manifestantes durante las protestas en las calles de Quito el pasado 27 de junio. — Adriano Machado / REUTERS

 

La organización de derechos humanos alerta sobre las vulneraciones registradas en el país durante las últimas semanas. Reclama además al Ejecutivo que informe si en el primer semestre de 2022 se ha vendido material antidisturbios a ese país.

 

El envío de armas españolas a países que reprimen las protestas ciudadanas vuelve a estar sobre la mesa. Amnistía Internacional ha dirigido el foco hacia Ecuador, donde el Gobierno del derechista Guillermo Lasso se ha visto involucrado en una oleada represiva contra manifestantes. Por tales motivos, la organización de derechos humanos ha pedido al Ejecutivo español que frene los negocios armamentísticos con Quito hasta que se aclare lo ocurrido.

Ecuador es uno de los clientes latinoamericanos de la industria militar española. Según datos oficiales, entre 2016 y 2021 el Gobierno español autorizó exportaciones de material de Defensa a ese país por un importe de 148 millones de euros. Se trató principalmente de partes, piezas y repuestos para aviones de transporte y repuestos para radares de vigilancia aérea.

En una carta remitida a la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), AI reclama que se informe si en el primer semestre de 2022 "ha habido alguna autorización o se ha realizado alguna exportación de las autorizaciones de material de defensa y, específicamente, de material antidisturbios" a Ecuador.

Del mismo modo, reclama al Gobierno que "suspenda las autorizaciones de material potencialmente letal, incluidas las de material policial y de seguridad para su revisión exhaustiva, así como la expedición de todo tipo de material letal de las autorizaciones concedidas que la policía y el ejército de Ecuador podrían utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos".

La petición tiene lugar tras los graves sucesos de las últimas semanas en las calles de Quito. Las protestas indígenas para pedir reformas sociales y económicas fueron respondidas con perdigones y gas lacrimógeno por parte de la Policía, lo que dejó un saldo de al menos cinco muertos. 

En la carta remitida a la JIMMDU, AI denuncia que la represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso contra manifestantes "está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos".

Destaca además que desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la "detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos", entre los que figuran el "uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil".

La represión policial ha estado acompañada por el estado de excepción decretado por Lasso en una serie de provincias. Asimismo, "el gobierno de Ecuador también ha emitido declaraciones que estigmatizan a quienes se manifiestan y los amenaza con el enjuiciamiento", apunta AI.

Amnistía recuerda que durante la represión de las protestas registradas en ese país en octubre de 2019 –con Lenín Moreno al frente del Ejecutivo–, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y AI "documentaron violaciones de derechos humanos similares que aún permanecen en la impunidad".

"Investigación exhaustiva"

Por tales motivos, reclama al Gobierno español que paralice los negocios armamentísticos con ese país hasta que "la Fiscal General lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre todas las muertes y denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la represión de las protestas".

Pide además que se "identifique a los sospechosos de responsabilidad penal, incluyendo a la cadena de mando, y de existir pruebas suficientes y admisibles, llevarlos ante la justicia en procesos justos y ante tribunales ordinarios" y subraya que las autoridades correspondientes "deben adecuadamente regular y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza en general y, en particular, el uso de 'armas menos letales', como lanzagranadas de gas lacrimógeno".

29/07/2022

Publicado enInternacional
Al menos ocho personas han muerto hasta ahora por las inundaciones que afectan el estado de Kentucky. La imagen, en Jackson, cerca del río Kentucky. Foto Afp

Los estados tienen la obligación de respetarlo y protegerlo, indica

 

Madrid. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que avala que el derecho al medio ambiente sano sea reconocido a nivel mundial y se convierta en garante de un planeta sano, seguro y ­resiliente.

De este modo, la resolución dota al derecho al medio ambiente sano el carácter de derecho humano universal. La resolución reitera que todos los estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluido el recién aprobado, según informó SEO/BirdLife.

La resolución fue aprobada por 161 votos a favor, ocho abtenciones y ninguno en contra.

España fue uno de los más de 100 países patrocinadores de la resolución gracias al impulso de la sociedad civil y de la campaña #1Planet1Right que SEO/BirdLife puso en marcha con BirdLife International.

De su lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados advirtió que un clima cada vez más dañino, como consecuencia de la quema de carbón y de gases, intensifica una serie de desastres y desplaza a un promedio de 21.5 millones de personas cada año.

Y los científicos pronostican que las migraciones aumentarán con el calentamiento del planeta. Es previsible que en los próximos 30 años 143 millones de personas sean desplazadas por la crecida de los mares, las sequías, las altas temperaturas y otras catástrofes climáticas, de acuerdo con un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas publicado este año.

En Kentucky, al sureste de Estados Unidos, las lluvias torrenciales causaron inundaciones masivas, dejando al menos ocho muertos y personas desaparecidas, informaron las autoridades. "Estamos ante una de las peores, la más devastadora de las inundaciones de la historia del estado de Kentucky", dijo a periodistas el gobernador Andy Beshear.

El Mediterráneo occidental registra desde fines de mayo una "gran ola de calor marina" con temperaturas "excepcionales" unos 4 o 5 grados superiores a las habituales, que amenazan los ecosistemas marinos, según los expertos. "Esta gran ola de calor marina empezó a fines de mayo en el mar de Liguria", entre Italia y el sur de Francia, y continuó "en julio en el golfo de Tarento", en el sureste italiano, dice a la Afp la oceanógrafa Karina von Schuckmann.

En Gran Bretaña, la subida del nivel del mar se está acelerando, lo que hace que el litoral sea más vulnerable, según un informe de la Oficina Meteorológica del país. Este estudio, basado en la observación del clima y los eventos meteorológicos de 2021, constata el impacto del aumento global de las temperaturas sobre el clima en Reino Unido, destacando que "el cambio climático no es sólo un problema futuro sino que ya está influyendo en las condiciones que vivimos".

Publicado enMedio Ambiente