Alerta de Unesco por los ataques a ambientalistas en América latina

Las tres cuartas partes de los homicidios registrados en 2021 sucedieron en la región, según la ONG Global Witness

La directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Fernanda Gil Lozano, aseguró que "estos ataques ocurren por lo general en un contexto de amenazas que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización".

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco) expresó su preocupación por "la cantidad de ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en América latina y el Caribe", al difundir a través de un comunicado los resultados del último informe realizado por la ONG internacional Global Witness. Según el estudio de dicha organización, las tres cuartas partes de los homicidios del planeta de activistas vinculados a la problemática del medio ambiente "sucedieron en Latinoamérica, mostrando que en 2021 hubo 165 asesinatos en la región por sobre un total de 227 ataques mortales registrados en todo el mundo".

Los datos muestran, además, un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo, con un promedio de más de cuatro asesinatos por semana, perpetrados sobre quienes defienden sus hogares, la tierra y los ecosistemas que son fundamentales para la biodiversidad y el clima. La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, advirtió que la última edición del monitoreo anual de Global Witness "volvió a mostrar cuantitativamente lo dramática que es la situación para los ambientalistas de la región" y planteó que "América latina y el Caribe constituyen el territorio donde se registra la estadística más alta en agresiones, persecución y asesinato de personas defensoras del ambiente".

"Entre las personas que fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70 por ciento trabajaba para defender los bosques de la deforestación", detalló Gil Lozano. Al respecto, la funcionaria también dijo que "estos ataques ocurren por lo general en un contexto de amenazas que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización".

Los países mas afectados

De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. Colombia aparece como el país con mayor cantidad de hechos, con 65 personas asesinadas. Un tercio de estos crímenes fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.

En Nicaragua se registraron 12 asesinatos por lo que, considerando los crímenes per cápita, se convirtió en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En México, la organización documenta 30 ataques letales contra defensores de la tierra y del medio ambiente, donde "la explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas".

En Filipinas, Global Witness enumera 29 asesinatos de líderes ambientales y destaca que "normalmente las personas que se oponen a las industrias perjudiciales son reprimidas violentamente por la policía y el Ejército". Por otra parte en Brasil y Perú, otros dos países muy afectados en la región, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de cada país. De acuerdo a Global Witness, casi el 30 por ciento de los ataques en Latinoamérica están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura.

La importancia del Acuerdo de Escazú

En ese marco, Gil Lozano exhortó a los Estados a "garantizar la protección de la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que pueden tener impacto en el ambiente". La titular del Cipdh-Unesco recordó que el organismo lanzó a fines de mayo el Programa de Formación Ejecutiva "Ambiente y Derechos Humanos", dirigido a los gobiernos locales de la región, para difundir los compromisos del Acuerdo de Escazú.

Este tratado, que lleva ese nombre por la localidad de Costa Rica en la que fue celebrado en marzo de 2018, contiene disposiciones específicas para defender los derechos humanos en materia de recursos naturales y prevención del cambio climático. Lo suscribieron 24 países y empezó a implementarse en Argentina, donde su primera cohorte contó con la participación de representantes de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Brandsen, Ezeiza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Morón, Ituzaingó, Merlo, General Rodríguez, San Antonio de Areco, Escobar y Chacabuco.

Las siguientes ediciones del programa se realizarán durante agosto y octubre, y en ellas podrán inscribirse todos los funcionarios de gobiernos locales y municipios de América latina y el Caribe. Gil Lozano explicó que "con este plan de formación se busca generar espacios de intercambio y cooperación entre todos los gobiernos, que permitan implementar mecanismos de participación pública y consoliden la democracia ambiental en toda la región".

La ONG Global Witness se fundó en 1993 con el objetivo de intervenir en las tramas de corrupción vinculadas a la explotación de los recursos naturales y en los últimos años ha impulsado denuncias y campañas ligadas a sectores como el petróleo, el gas, la minería y la madera. Desde 2012 recopila datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente y publica un informe anual. 

"En este tiempo se ha vislumbrado un panorama sombrío. La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta", alerta la organización con oficinas en Londres y Washington

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El proyecto de Gabriel Boric para asegurar el acceso gratuito de salud a cinco millones de chilenos

Plan Copago Cero

"Los derechos no tienen que ser negocios", sostuvo el presidente de Chile, Gabriel Boric, al presentar este miércoles el plan Copago Cero que asegurará el acceso gratuito al sistema público de salud a 5 millones de familias de ingresos medios. Hasta ahora, el plan del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cubría a quienes percibían ingresos inferiores a 415 dólares mensuales. 

Boric presentó el plan en el hospital Félix Bulnes, de Santiago de Chile, y sostuvo que el plan es parte del propósito de su gobierno de "bajar la carga que las familias tienen ante lo que deberían ser derechos" para un sistema de salud pública que antiende a 15 millones de chilenos, sobre una población cercano a los 20 millones.  

El plan Copago Cero que entrará en vigencia el 1 de septiembre significará una inversión por parte del Estado chileno de 23 millones de dólares, cerca de 21.000 millones de pesos chilenos. "Esos 21.000 millones que estamos instalando para que esta política pública se genere, estamos pensando que pueden tener sostenibilidad y, por tanto, esta política pública se sostendrá en el tiempo y nosotros esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder", advirtió la ministra de Salud, María Begoña Yarza.

El programa fue ordenado a través de una medida administrativa, por lo que no requiere una ley que pase por el Congreso  y permitirá un ahorro promedio anual equivalente a unos 290 dólares por hogar, según datos del Estudio de Caracterización del Gasto 2019, elaborado por el Fonasa.

Boric calificó la medida como un "avance histórico" en materia de salud, que viene a cumplir uno de los compromisos de su programa de gobierno. "Para eso nos la vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros, para que la salud, pensiones, la vivienda, la educación, sean accesibles para todos los ciudadanos de nuestra patria sin importar cuánta plata tengan en el bolsillo", aseguró.

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Los familiares de víctimas en la audiencia de reconocimiento de doce de los acusados.. Imagen: EFE

303 civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz condenó los crímenes y desapariciones forzadas a manos de la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con identidad de género diversa, menores y discapacitados.

La justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un agente de inteligencia y dos civiles por los llamados "falsos positivos" en el departamento de Casanare, donde 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros. Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con identidad de género diversa, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva. La imputación se da en el marco del caso de falsos positivos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que condenó las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008, que supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó la unidad militar en esa época.

La estructura y el modus operandi

En la Brigada XVI "se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008", advierte el informe de la JEP, que apunta a la "masividad de una conducta que permeó" la unidad. Los militares tuvieron "un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal", señaló esta instancia especial surgida del acuerdo de paz de 2016.

En este sentido, la JEP destacó que "los responsables seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia. No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea". Además, recogió los testimonios de varios miembros de la Brigada XVI que aseguraron que las bajas en combate eran un indicador del éxito militar, y que recibían a cambio "permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos".

Se trataba, por tanto, de "un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación que estuvo orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la región". El magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso, explicó en rueda de prensa que "alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y terceros civiles habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes". Parra aclaró que solo se imputó a 22 personas porque aún no había prueba de que los demás acusados fueran máximos responsables de los delitos.

Las víctimas

En su mayoría, las víctimas de los falsos positivos en Colombia (que la JEP estima en 6.402) fueron hombres entre los 18 y 25 años, aunque en el caso de Casanare la JEP obtuvo información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. 

Esto llevó a que, por primera vez, la justicia especial imputara el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. También es la primera vez que la JEP imputa el crimen de guerra de utilización de niños y adolescentes por involucrar a menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.

A su vez, la JEP constató que en su mayoría las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado. Está documentado que algunas de las víctimas fueron asesinadas en situación de total indefensión, a quienes los reclutadores "incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes". 

Los asesinatos de jóvenes en falsos positivos, como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares para presentarlos como bajas de guerrilleros y así conseguir ascensos, recompensas y dinero a cambio, se produjeron sobre todo entre 2002 y 2008, durante el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. En estos casos, las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. A estos implementos los miembros del Ejército los denominaban, en la jerga interna, "kits de legalización".

Los imputados

Entre los miembros de la Brigada XVI imputados están el mayor general Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coronel y otros diez oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos terceros civiles. Aunque Torres, que en 2016 se convirtió en el primer general detenido por su responsabilidad en falsos positivos, dijo que todo pasó a sus espaldas, las más de cien versiones voluntarias de militares y otros implicados que escuchó la JEP dan cuenta de que conocía de cerca lo que sucedía en cada unidad y grupo bajo su mando.

Además del general Torres Escalante, la JEP imputó al mayor Gustavo Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Casanare y se hizo célebre recientemente al confesar que el excomandante del Ejército, Mario Montoya, evaluaba el desempeño de sus subordinados "por litros de sangre". En su participación en la audiencia de la semana pasada ante los familiares de las víctimas, Bracamonte aseguró: "Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular. Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos".

Lo que sigue

Cuando la JEP concluyó en 2021 que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 falsos positivos, explicó que se priorizaría la investigación de lo sucedido en algunos departamentos que sufrieron esta práctica criminal con mayor crudeza. Por ese motivo los magistrados pusieron la lupa sobre lo ocurrido en Casanare, que tiene la tasa más alta de falsos positivos por número de habitantes de toda Colombia: 12 casos por cada 100 mil habitantes. Esta imputación de Casanare se suma a las de los departamentos de Catatumbo y Cesar.

Luego de ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. También pueden aportar argumentos o evidencia adicional. Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.

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Un demagógico pedido de "perdón" del Papa por los abusos de la Iglesia contra los indígenas en Canadá

El papa Francisco visitó este lunes el país para hacer un pedido de "perdón" por lo que llamó "el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas", evitando mencionar los abusos, especialmente de menores, por parte de la Iglesia.

 

"Muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido" dijo el Papa ante unos dos mil representantes indígenas de la comunidad Maskwacis, cerca de la ciudad de Edmonton, Canadá.

Luego pidió perdón "en particular, por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales". Las palabras elegidas no fueron casuales, buscaron deslindar la responsabilidad institucional de la Iglesia católica en el encubrimiento de los abusos.

165 años de abusos y crímenes contra los pueblos originarios

El pedido de “perdón” papal responde a los abusos que durante 165 años, sucedieron en varias escuelas residenciales de Canadá donde se separaron por la fuerza a menores indígenas de las Primeras Naciones, Métis e Inuit, de sus familias, sometiéndolos a desnutrición y abusos físicos y sexuales en lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá calificó de "genocidio cultural" en 2015. Más de 4.000 niños indígenas murieron.

La primera escuela residencial para indígenas comenzó a funcionar en Canadá a principios de 1830 y el último se cerró en 1996 en la reserva india de Gordon (Saskatchewan). Sus antecedentes, no obstante, se remontan a principios del siglo XVII. En esa época y hasta el siglo XIX, órdenes religiosas dirigieron escuelas misioneras para niños indígenas que serían las precursoras de este sistema de escuelas residenciales.

Este sistema de escuelas residenciales para indígenas de Canadá ha sido un elemento clave en las políticas genocidas del Estado canadiense durante más de 100 años. Era un sistema de internados que albergaba a decenas de miles de niños indígenas secuestrados de sus familias por la policía estatal, la Real Policía Montada de Canadá, una fuerza creada por primera vez para aplastar la rebelión de los pueblos metis e indios en la actual provincia de Saskatchewan.

Estos niños secuestrados fueron obligados a asistir a las escuelas bajo la ficción legal de la Ley Indígena que exigía que los niños indígenas fueran obligados a asistir a escuelas diurnas o residenciales. Como muchos de estos niños procedían de comunidades remotas o de reservas en las que no había instalaciones educativas, fueron entonces secuestrados "legalmente" por el Estado canadiense.

La responsabilidad de la Iglesia católica

En 2021 la jefa de la tribu Penelakut, Joan Brown, anunció que más de 160 tumbas sin identificar fueron encontrados en quien denunció "actos de genocidio" en la zona donde funcionó la Kuper Island Industrial School, una antigua escuela en la isla Penelakut, Columbia Británica (Canadá) que sirvió como un internado para niños indígenas.

Entre 1890 y 1969, la institución fue administrada por la Iglesia católica. Luego pasó a manos del Gobierno federal hasta su cierre, en 1975. El edificio fue demolido en la década de 1980.

Unos 80 internados fueron gestionados por diversas instituciones religiosas, siendo las principales organizaciones las confesiones religiosas católica (44 escuelas) y anglicana (21 escuelas). Las escuelas se establecieron lo más lejos posible de las comunidades indígenas para limitar el contacto entre los niños y sus padres y hermanos. Se trataba de una política deliberada, que formaba parte del objetivo político general de las escuelas, que consistía en asimilar a los niños indígenas a la cultura europea blanca, considerada por la ideología dominante como "más civilizada" que la variada vida cultural de los pueblos indígenas.

Sobre esto el Papa solo hizo referencia diciendo que lamentaba la "mentalidad colonialista" de miembros de la Iglesia que llevó a una "destrucción cultural" de los nativos, una forma suave de condenar las brutales acciones de la Iglesia canadiense que fue directamente parte del genocidio.

Luego, el Papa, agregó ante muchos de los sobrevivientes que habían desfilado con una bandera roja que llevaba los nombres de 4.120 víctimas identificadas de los internados, que había realizado el viaje “hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes".

La visita del Papa a Canadá, que responde a una demanda de la Comisión para la Reconciliación y la Verdad creada por el gobierno canadiense junto a instituciones indígenas, se da cuatro meses después de las visitas que hicieron delegaciones de First Nations, Métis e Inuit al Vaticano.

También se da luego de manifestaciones y protestas contra la impunidad que durante años encubrió el accionar del Estado canadiense y las instituciones religiosas. A mediados del 2021 varias iglesias fueron incendiadas luego del hallazgo de 750 cuerpos de niños indígenas en un internado.

Un demagógico perdón

En el viaje el Papa Francisco vuelve a usar la demagogía típica del Vaticano, pidiendo perdón varios años, incluso siglos, después de los crímenes cometidos. En la mayoría de los casos, el pedido de “perdón” llega como intento de mitigar la condena social contra la institución.

Pero el encubrimiento de los abusos y crímenes de la Iglesia no fueron cosa del pasado lejano. El papado de Francisco estuvo marcado por las denuncias e investigaciones que involucraron a importantes personajes de la curia en varios países. Las víctimas dejaban claro la complicidad de las autoridades de la Iglesia para ocultar y proteger a los abusadores.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 25 de julio

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Un inédito ejercicio de empalme en salud

Como en todo proceso de cambio de gobierno, en estos días en Colombia se ha llevado a cabo un ejercicio de empalme entre el gobierno saliente del presidente Iván Duque y el entrante del electo presidente Gustavo Petro[2]. Si bien este ejercicio ha seguido la costumbre de la presentación de informes y las conversaciones de oficina, el actual empalme ha tenido una particularidad, dado que se ha realizado en medio de una intensa dinámica de participación social.

Esto ha sido muy evidente en el sector salud donde durante quince días un nutrido grupo de personas, cerca de 235 voluntarios seleccionadas ad hoc por la comisión de empalme del sector salud designada por el presidente electo[3], asistieron a reuniones con funcionarios de diferentes instancias del Ministerio de Salud y Protección Social y de otras instituciones del sector, con el fin de entender las ejecutorias del gobierno que termina y valorar la situación que deberá afrontar el próximo gobierno.

Como parte de esa labor, los diferentes grupos repartidos en varias mesas de trabajo elaboraron unos breves informes que fueron sintetizados y socializados el pasado 14 de julio, en las instalaciones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá. Los resultados presentados, que serán recogidos y publicados en una página web (http://empalmeminsalud.com/ ), servirán de insumos para el informe final de empalme que le presentará la ministra de salud designada, Carolina Corcho, al electo presidente Petro y a la electa vicepresidenta Francia Márquez.

En este artículo, se presenta una visión general de lo ocurrido en dicho evento de socialización del trabajo de empalme en salud, en el cual se expusieron algunos de los hallazgos del ejercicio, se establecieron varias alertas y se formularon sugerencias para la acción mediata e inmediata.

La lógica del evento

La socialización se llevó a cabo en una jornada de medio día que, en términos generales, tuvo dos grandes momentos. En el primero, las personas que participaron en las 156 reuniones con funcionarios y en la lectura de informes y documentos se reunieron según la dependencia que tenían a su cargo, para organizar de manera conjunta los hallazgos obtenidos en el ejercicio, y definir la mejor manera de presentar el balance general por dependencia.

En el segundo, a modo de plenaria, se presentaron esos balances con el fin de tener una visión panorámica de la situación y se acordaron algunos tiempos específicos para entregar los insumos escritos y dar paso a una nueva fase del trabajo que tiene previsto el equipo de empalme del gobierno entrante.

En este momento se escucharon los informes referentes al trabajo realizado en el despacho ministerial y la secretaria general, el viceministerio de salud pública, el viceministerio de protección social, la superintendencia de salud, y algunos de los institutos que forman parte del sector (Invima, Instituto Nacional de Salud, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Cancerológico). Y también se escuchó el informe especial de un grupo de trabajo que analizó el tema étnico, como eje transversal de la labor que se hace en el sector salud.

En conjunto, el evento se tornó en un muy interesante escenario pedagógico, en el cual los diferentes participantes pudieron intercambiar sus experiencias y aprender acerca de la complejidad del sector salud y las dinámicas institucionales que se adelantan. Pero también se pudieron recoger algunas importantes lecciones, de cara a los retos que se le plantean al nuevo gobierno.

Por ahora, resulta de interés resaltar tres características del evento que reflejan, a su vez, la importancia que adquiere esta labor de empalme. En primer lugar, cabe señalar que el evento reunió conocedores del tema de la salud con formaciones técnicas y profesionales distintas y roles diferentes. De tal manera que el evento contó con la participación de activistas sociales, académicos, políticos profesionales y expertos técnicos en distintas áreas. Fue, por tanto, multidisciplinar, multiprofesional y plural.

En segundo lugar, el evento reunió personas de diferentes regiones del país así que fue un evento participativo y de alcance nacional aunque, claro está, muchas de las personas que participaron más activamente de la labor de empalme viven o trabajan en Bogotá, dado que la labor implicó reunirse con funcionarios que trabajan en esta ciudad.

En tercer lugar, el evento le dio mucha voz a las mujeres y a miembros de los grupos indígenas y afrodescendientes. En este sentido el evento fue plural y diverso. Y posibilitó que distintas personas analizaran la labor institucional del sector salud, valoraran qué tanta apertura existe frente a la diversidad y opinaran sobre lo que es posible hacer en el futuro inmediato.

Todo esto le dio una gran riqueza al trabajo, pero también hizo visible los enormes retos que se tienen por delante. En algunos instantes, los reclamos y las críticas en el actuar del sector salud se hicieron presentes, si bien los intercambios se orientaron a precisar elementos de análisis, llamados de alerta y sugerencias para la acción gubernamental.

Los llamados de alerta

 Como parte del proceder metodológico de los diferentes grupos de trabajo, se elaboró una guía de análisis que posibilitaba que todos los participantes en las reuniones con funcionarios y todos los analistas de documentos se enfocaran en algunos puntos esenciales, sin menoscabo de recurrir a su experticia personal para identificar retos, oportunidades, amenazas y riesgos.

Por ello, los cortos informes de los distintos grupos, que fueron reunidos por dependencia en el primer momento del evento, incluían una descripción de la situación y una identificación de alertas técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. Cada grupo quedó de entregar un reporte escrito de cada situación analizada y de todas las alertas. Por ello, estas no fueron presentadas en extenso en el segundo momento del evento, aunque adquieren una gran importancia en el ejercicio de empalme. Aun así, algunas de los llamados de alerta fueron conocidos por todos, y ellos hacen referencia a contratos que se están haciendo a último momento, deudas que tiene el sector, compromisos adquiridos, recientes recortes de personal y presupuestos con baja o nula ejecución.

Por ejemplo, se mencionó que el despacho del ministerio tiene una oficina de manejo de desastres y gestión territorial en la cual las labores de gestión territorial y participación social no son visibles, existen algunos recortes presupuestales identificados por quienes analizaron la labor de la oficina asesora de planeación y se hace necesario darle seguimiento a proyectos de baja ejecución. A su vez, el grupo que analizó la oficina de tecnología identificó problemas de seguridad informática.

También se mencionaron algunos problemas de contratación de personal, precarización del trabajo en salud, compromisos presupuestales para cumplir acuerdos internacionales y algunos aspectos que involucran seguimiento de patrimonios autónomos de algunas instituciones y cobros coactivos. Entre otros asuntos adicionales que se mencionaron, cabe resaltar el énfasis que se dio frente al hecho de que el presupuesto para la salud pública en el país tiene un déficit histórico que es necesario empezar a cubrir.

Además, se señaló que existe un problema de gobernanza de la salud pública en el país, que la Atención Primaria en Salud (APS) brilla por su ausencia y que existe una gran desarticulación dentro del sector. Por último, cabe mencionar tres alertas especiales de las que se habló: una referida a la asignación de recursos para la implementación del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP); otra al hecho de que el viceministerio de protección social ancla su enfoque en una visión empresarial y, por tanto, le cuesta pensar en una lógica propia de las entidades públicas garantes de derechos; y, una más, señaló que al sector salud le hace falta muchísima más acción intercultural.

Algunas de las sugerencias

También cabe señalar que en la plenaria se presentaron algunas sugerencias para la acción futura aunque, nuevamente, hay que decir que el propósito de la jornada, más que detenerse en el detalle de las propuestas de cada grupo de trabajo, fue socializar de manera breve lo trabajado por los diferentes grupos y organizar la continuación del proceso, en el cual los hallazgos específicos deben cumplir una función esencial como guía del accionar del nuevo gobierno.

Algunas de las sugerencias presentadas pasan por hacer seguimiento a proyectos de baja ejecución, fortalecer los procesos de desarrollo y monitoreo de los planes departamentales y municipales de salud, fortalecer el presupuesto para contratación del personal en salud, reorganizar algunas dependencias, reevaluar la política de participación social en el sector e invertir en tecnología de información y comunicación que posibilite la transformación digital en el sector salud y la articulación del sistema de información.

Otras sugerencias resaltan la necesidad de aumentar el financiamiento de las labores en salud pública, mejorar la gobernanza en salud, mejorar las condiciones del trabajo en salud y mejorar la autoridad sanitaria nacional. Se piensa también en rediseñar el sistema de información para poder gobernar adecuadamente y resulta indispensable revalorar el vínculo que tanto el PDSP como el Plan Nacional de Salud Rural tienen con el conjunto de acciones en salud. Y se señala que es fundamental iniciar un proceso de recuperación de la responsabilidad pública y estatal con la garantía del derecho a la salud, respetando y estimulando la diversidad cultural que se encuentra en el país.

En fin, aunque no hubo tiempo para decantar toda la labor de cada grupo y mucho menos discutir los detalles de sus hallazgos, el evento sirvió para compartir una visión general de los retos que se enfrentan y una oportunidad para que muchos de quienes han sido críticos de la acción gubernamental se enfrenten al reto de pensar en lo que significa ser gobierno.

La tarea sólo ha empezado, puesto que aún quedan muchas cosas por hacer antes de entrar en propiedad al trabajo gubernamental, pero el empalme en salud ha resultado inédito puesto que se articula con un proceso de movilización social previo, involucra nuevos actores en el ejercicio y reivindica de múltiples maneras y en todas las instancias la diversidad. Veremos si esto es suficiente para superar algunas de las resistencias institucionales presentes en nuestro sistema sanitario y para reencausar el trabajo del sector pensando de manera amplia, y ambiciosa en la posibilidad de lograr una sociedad sana, justa y en paz.

Bogotá, 18 de julio de 2022

 

Por Juan Carlos Eslava C[1]

 

[1] Profesor asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

[2]https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-definido-su-equipo-de-empalme-presidencial-683285 ; https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-29-2022-empalme-presidencial-privilegia-estudio-de-siete-sectores-claves

[3] Al final, la comisión de empalme quedó compuesta por las siguientes personas: Carolina Corcho, Claudia Beatriz Naranjo, Claudia Vaca, Tatiana Andia, Jaime Urrego, Mario Hernández, Aldo Cadena, Yoseth Ariza, Jhon Jairo Tapie, Luis Alberto Martínez, Sergio Isaza, Ulahy Dan Beltrán, Félix Martínez, Abdiel Mateus, Luz Marina Umbasia, Francisco Rossi. Mauricio Bustamante y Guillermo Alfonso Jaramillo.

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La financiarización, responsable última de la inflación y de los beneficios extraordinarios

Frente al cuento de terror de que la inflación es un fenómeno monetario, ofrecemos una alternativa que se ajusta a los datos. La financiarización está detrás del repunte de inflación actual.

 

Los análisis económicos que pululan por distintos medios de comunicación patrios, siendo muy benévolos, son, en términos generales, mediocres, dejando mucho que desear. En muchos casos nos sorprenden con simples gráficos que relacionan dos variables, y que los ofertan como curvas empíricas, cuando en realidad, si controlamos por una tercera variable, tal relación desaparece. Esos gráficos, en definitiva, solo recogen meras correlaciones espurias. Aún recuerdo una curva empírica, publicada por el servicio de estudios de un banco privado español, que relacionaba salarios y desempleo, a partir de la cual se nos vendía que una bajada de sueldos iniciaría una especie de círculo virtuoso. El problema es que cuando controlabas por el ciclo de deuda privada de la economía española la curva empírica que estaba detrás de dicha receta, desaparecía. Ahora me imagino que nos relatarán lo malo que resultará para nuestra salud el impuesto que grava los beneficios extraordinarios de energéticas y banca.

Pero los cuentos infantiles que nos relatan en la actualidad, y que devienen finalmente en cuentos de terror, son abundantes. Aún sigo atónito cuando dichos medios dan voz a quienes afirman, aún a fecha de hoy, que la inflación es un fenómeno monetario, especialmente cuando la expansión de los bancos centrales sirve para financiar en el mercado secundario a los Tesoros de sus países. La teoría del multiplicador monetario, en la que se apoya, es falsa. Tanto el Banco de Inglaterra como la Reserva Federal de los Estados Unidos ya han abandonado este relato. En septiembre de 2021 la Reserva Federal de St. Louis publicó el documento Teaching the Linkage Between Banks and the Fed: R.I.P. Money Multiplier. Pero les da igual. Solo venden ideología.

Financiarización: repunte de la inflación y de la extracción de rentas

Frente a estas explicaciones, que no se sustentan con los datos, planteamos unas hipótesis alternativas. Por un lado, la financiarización está detrás de los repuntes de inflación actuales. Por otro, dicha financiarización ha favorecido el crecimiento en el reparto de la tarta de los beneficios puros, extractores de rentas, mientras que disminuía fuertemente la participación de los salarios y del capital productivo.

En un artículo previo, detallamos en qué consistía el concepto de financiarización. Dicha acepción resume un amplio conjunto de cambios en la relación entre los sectores financiero y real que dan más peso que antes a los actores o motivos financieros (Stockhammer, 2010). Como detallamos, abarca diferentes fenómenos, interconectados pero distintos, como la globalización de los mercados financieros, el aumento de la inversión financiera y de los ingresos procedentes de dicha inversión, la creciente importancia del valor para los accionistas en las decisiones económicas; la estructura cambiante del gobierno corporativo; la creciente deuda de los hogares; la creciente frecuencia de las crisis financieras y la movilidad internacional del capital.

Lo más dramático, frente a la inacción de la política pública, es que este proceso de financiarización y/o mercantilización se ha extendido a ciertos derechos humanos. Desde el acceso a la energía, la alimentación, o la vivienda, hasta, recientemente, al agua, pasando por las pensiones públicas, todos y cada uno de estos derechos humanos básicos han sido, están siendo, y serán sometidos, si no existe una política pública decidida que lo impida, a un intenso proceso de financiarización, con la extracción de rentas y aumento de la desigualdad y pobreza que ello conlleva. Lo último, la idea de extenderlo en un futuro no muy lejano, aprovechando la lucha contra el cambio climático, a la misma biosfera.

Pues bien, frente al cuento de terror de que la inflación es un fenómeno monetario, ofrecemos una alternativa que se ajusta a los datos. La financiarización está detrás del repunte de inflación actual. Por un lado, la financiarización de la energía y productos agrícolas. La expansión y el acceso a los mercados derivados de materias primas a especuladores y a fondos institucionales se ha traducido en que en determinados momentos la evolución de sus precios no obedece a fundamentales económicos sino a burbujas especulativas.

Por otro lado, paralelo a la desregulación de los mercados derivados de materias primas energéticas y agrícolas, se produjo una reestructuración radical de los sectores industriales, de los que el eléctrico es un ejemplo destacadísimo. Detrás de dicha reestructuración, la financiarización, desplegada a través de la globalización de los mercados financieros y las decisiones basadas en la maximización del valor para los accionistas, con el consiguiente aumento del pago de dividendos y de las inversiones financieras. Ya estamos viendo, en cada dato de inflación, los resultados de dicho proceso, contrarios a los beneficios que los entusiastas de la liberalización proclamaron, produciéndose una rápida escalada de los precios de la electricidad en los hogares y empresas.

Pero, además, la financiarización ha contribuido a aumentar los beneficios extraordinarios de banca y energéticas. Vayamos de nuevo a los datos. En “Declining Labor and Capital Shares”, publicado en 2020 en The Journal of Finance, el autor, Simcha Barcai, muestra que la participación del capital, igual a la relación entre los costes de capital y el valor añadido bruto, no compensa el descenso de la participación del trabajo. En cambio, un gran aumento de la participación de los beneficios puros compensa los descensos en la participación del trabajo y del capital.

Los beneficios puros son lo que una empresa gana por encima de todos los costes de producción (materias primas, mano de obra y costes de capital). Las empresas que invierten mucho en bienes y equipos tienen altos costes de capital. Las empresas que cobran a los consumidores precios elevados en relación con los costes de producción tienen unos beneficios puros elevados. Un aumento de la cuota de beneficios puros, igual a la relación de los beneficios puros con respecto al valor añadido bruto, indica un aumento del poder de mercado y una disminución de la competencia. Por lo tanto, como corolario, en la situación actual, el pacto de rentas debería hacer recaer el coste derivado de la invasión de Ucrania y los clamorosos errores de occidente alrededor de Rusia en los beneficios puros, es decir, en los beneficios extraordinarios, entre otros, pero no solo, de energéticas y bancos.

Por Juan Laborda

@JuanLabordah

23 jul 2022

Publicado enEconomía
¿Hay que abandonar el feminismo? Potencias y límites en la coyuntura actual

Desde el grupo coordinador del espacio “Tranfeminismos y luchas queer” de Communia, planteamos estas líneas surcadas de preguntas para utilizar como material en los debates

 

Cuando el feminismo se vuelve institucional, clasista y punitivista –y esto está ocurriendo incluso en muchos movimientos contraculturales europeos–, este feminismo  –que hoy es hegemónico– ¿nos resulta útil para afrontar las luchas en las que estamos?

Después de unos años de gran potencia del movimiento feminista parece que nos encontramos con algunos de sus límites. La fuerza que hemos sido capaces de desplegar no está exenta de peligros si apostamos por un feminismo que sirva para transformar la sociedad y no para apuntalar el statu quo. El primero al que se enfrenta es el de su institucionalización: el de su conversión en ideología que sirva para dar legitimidad “feminista” a políticas neoliberales, gobiernos, instituciones y al propio Estado –que también sostiene nuestra opresión–. A veces parece que esta configuración del poder en la que estamos lo asume todo siempre que nuestras luchas no aparezcan como suficientemente trabadas con la redistribución del poder y la riqueza. ¿Lo están las luchas feministas? ¿Todas? ¿O necesitamos un feminismo “con apellidos”? También hemos visto como este movimiento es utilizado para impulsar políticas de carácter punitivo y de reforzamiento del sistema penal –como aquellas que criminalizan la prostitución o las que buscan nuevas penas o el castigo como única vía de solución para la cuestión de la violencia machista–. ¿El feminismo mainstream solo genera víctimas necesitadas de protección estatal? Y si es así ¿cómo cortocircuitamos estos planteamientos?

Frente a este feminismo de Estado, luchas feministas de base –como las de carácter sindical o de clase– proponen una agenda autónoma hermanándose con aquellos feminismos latinoamericanos con fuertes componentes de feminismos comunitarios, decoloniales y populares –de pobres, de putas, de trans…–, capaces de desbordar la agenda de paridad neoliberal. Por tanto, la principal fractura del feminismo hoy no es la cuestión de la prostitución o de los derechos trans, sino aquella que separa a un feminismo del poder –que sirve como herramienta de gobierno– y uno de base o autónomo –capaz quizás de generar contrapoder–.

Pero, ¿qué podría ser un feminismo autónomo más allá de definir por contraposición a lo que no está en las instituciones? ¿Podemos hablar de unos contornos definidos que nos permitan lanzar propuestas conjuntas? ¿A la potencia de esta oleada feminista le ha correspondido un nivel equiparable de nuevas organizaciones de base? ¿Qué “demandas” se han visibilizado estos años de lucha? ¿Hemos generado una agenda propia? ¿Cuáles serían sus contenidos? ¿Se han transformado en conquistas? ¿A qué otros desafíos nos enfrentamos con la popularización del feminismo? ¿Necesitamos un feminismo que ponga en el centro el reparto de la riqueza aunque no parezcan temas “de mujeres”? ¿Esta nueva ola ha relanzado los nuevos pánicos morales sobre el sexo, nuevos puritanismos, intentos de criminalización del trabajo sexual o que han impulsado un aumento de la transfobia? ¿Puede que nuestros discursos estén reforzando algunos de los efectos indeseables de esta nueva ola? ¿Estamos asistiendo a un declive de esta ola y qué lo provoca? ¿Esto constituye solo un problema o abre nuevas oportunidades?

Punitivismo, represión y pánicos sexuales

En los últimos años, el #Metoo y la insistencia en poner en primer plano la violencia sexual ha tenido resultados ambivalentes. Por un lado, hemos puesto en la agenda la violencia sexual y los abusos en todos los ámbitos, también los militantes. Cosas que estaban normalizadas por fin se verbalizan, por fin dejan de excusarse. Probablemente este cambio cultural es uno de los mayores logros de este último ciclo de movilización feminista. Sin embargo, quizás hemos construido sin querer un imaginario de pánico sobre la sexualidad. Quizás la hemos dibujado como un ámbito únicamente de peligro y no de disfrute, de exploración. Nos ha faltado (y mucho) hablar del placer, de lo que implica conquistar ese espacio siendo mujeres, de lo que ganamos en libertad, en autonomía, en goce.

Vale también la pena abrir el debate sobre nuestra categorización como víctimas porque esta concepción católica y pasiva de la sexualidad de las mujeres también es un pilar que sujeta el orden de género, enquista sus lógicas y refuerza los marcos estructurales de la violencia de género. A ellos se les presupone un deseo siempre despierto y el pleno dominio de su voluntad y sexualidad. Aunque a veces esta se representa también como algo salvaje e incontenible, un argumento que ha servido históricamente tanto para legitimar la violación, como para sexualizar el racismo -los moros, los negros, los “otros” racializados de turno, esencialmente incapaces de contener sus impulsos sexuales-. A nosotras, por el contrario, se nos presupone pasivas, atesoradoras de un deseo celosamente guardado para recompensar, para agradecer con él a un varón. De ahí provienen algunas de las objeciones feministas a la Ley del Sí es Sí, que tal y cómo está formulada nos ata a esta concepción de la sexualidad femenina, mientras sitúa la agencia y el deseo en el terreno masculino. Nos envía un mensaje inequívoco: el sexo y el placer son dominios de los hombres, territorios hostiles para las mujeres.

Asistimos también a esos peligros: de la victimización y el mojigatismo sexual. Las campañas de terror sexual desatadas en los medios después de violaciones y asesinatos son funcionales a la limitación de los comportamientos y movimientos de las mujeres; a su contención, personal y sexual. El miedo nos hace más pequeñas, nos encierra, nos hace restringir movimientos y dejar escapar oportunidades.

También inaugura un nuevo peligro de reforzamiento del sistema penal, tanto por la cuestión de las violencias machistas, como por los llamados “delitos de odio” –que se han impulsado en parte por una demanda de colectivos LGTBIQ–. Aquí, en vez de atender a una dimensión política que tiene como horizonte la transformación social, se buscan respuestas en un sistema judicial que es patriarcal y que pone en el centro el castigo y la victimización; se individualizan los casos y las soluciones mientras se deja de lado su dimensión estructural.

¿Qué hemos ganado y qué nos queda por ganar en la lucha contra todas las violencias? ¿Hay que volver a hablar de sexo o simplemente confiar en que la sociedad ya está en lugares distintos? ¿Los discursos reaccionarios respecto de la sexualidad/identidades no normativas pueden tener consecuencias más allá de lo simbólico? ¿Cómo trascendemos la victimización? ¿Qué soluciones más allá del Estado somos capaces de imaginar y de poner en marcha? ¿Qué significa realmente tener una visión antipunitiva, se refiere solo a rechazar el ámbito penal –como solución privilegiada– o podemos estar reproduciendo su marco político/afectivo en nuestros entornos y organizaciones? ¿Qué pasa con la violencia que recibimos las disidentes sexuales o de género? ¿Cómo se combaten? ¿Cuando hablamos de violencia machista estamos incluyéndolas? ¿Por qué no?

La cuestión del sujeto

El feminismo ilustrado de la órbita PSOE –pero también sectores de los nuevos feminismos radfem– quieren erigirse en vigilantes de las fronteras del sexo: quién puede definir qué es una mujer podrá convertirse en portavoz de sus demandas –sobre todo en portavoz institucional–. En el feminismo de base, que hace bandera de la diversidad de su composición, hay menos debate pero lo hay ¿hemos retrocedido en esta cuestión? Tanto esta guerra como la de la prostitución en muchos sitios también se han lanzado para romper las asambleas del 8M –cuyas demandas les resultan demasiado radicales- y descomponer parte de la fuerza del movimiento con el objetivo de obtener un feminismo más “manejable” para el poder. Además, sabemos que no es un debate teórico porque el sujeto del feminismo (como cualquier otro sujeto de transformación) se forma en las propias luchas.

Cuando los fundamentalismos cristianos y las extremas derechas hablan de ideología de género no distinguen, hacen causa común contra los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales: ambos desestabilizan el orden social. Entienden, mejor que algunas feministas, que es parte de la misma guerra. Desde una perspectiva de las visiones más emancipadoras, no podemos pensar un feminismo como exclusivo de las mujeres, de sus cuerpos o de sus experiencias. ¿Ha dejado de tener valencia política la categoría mujer? ¿Es útil? ¿Podemos superarla incluyendo a todos los sujetos que desafían el orden de género? ¿Y a los hombres? ¿Siguen siendo útiles estas identidades? ¿Cómo rompemos fronteras identitarias de nuestras luchas que nos impiden lanzar luchas más fuertes? ¿Se pueden tratar de derrocar el orden social desde luchas compartimentadas? ¿O cómo se podrían componer entre sí? ¿Tenemos que abandonar estas luchas compartimentadas y sumarnos a movimientos de transformación más amplios? ¿Las llevamos al interior de las organizaciones por la vivienda, el trabajo, a los espacios de apoyo mutuo, etc…)? ¿O seguimos en espacios “separatistas”?

La cuestión de la clase

El feminismo institucional se mueve mejor en las cuestiones sexuales. Si el eje que explica la desigualdad de género es el sexual, todas estamos oprimidas por igual, mientras que si se le da centralidad a la división sexual del trabajo quizás hay que empezar a reconocer las diferencias entre nosotras. No somos todas iguales. Hacerse con el capital político del feminismo se vuelve así más resbaloso cuando su contenido se une a cuestiones materiales y redistributivas como pretende el movimiento de base. Desde ese feminismo nos llegan demandas que son ignoradas o arrinconadas por los partidos “feministas” de gobierno, como las sindicales, muchas de ellas relacionadas con el sector de cuidados, –las de las trabajadoras domésticas que no tienen todos los derechos o las de las Kellys, descontentas con la reforma laboral, entre otras–. También se omiten las luchas que tienen que ver con la desprotección en la que quedan las migrantes sin papeles o las que están sujetas a las restricciones que les impone la Ley de Extranjería. El feminismo como ideología de gobierno tiene muchas dificultades para asumir estas demandas.

Nosotras creemos que desestabilizar el orden de género tiene que hacer parte de un proyecto más amplio de transformación de carácter universalista que se oponga al capitalismo y al colonialismo. ¿Sirve el feminismo para hacer esto? ¿Por qué? ¿Es deseable seguir apoyando un feminismo interclasista como la alianza que se materializa en las grandes manifestaciones del 8M donde caminamos junto a ministras, empresarias y aquellas que quieren su 50% del infierno? ¿Para qué nos es útil? ¿Justifica la ofensiva reaccionaria la necesidad de estas alianzas? ¿Cómo avanzar entonces con nuestras propias propuestas?

Organización y herramientas de lucha

Hablar de organización es hablar de cómo imaginamos las luchas presentes y futuras, sus conflictos y los espacios de articulación y potencia que despliegan. A nuestro modo de ver es pensar los lugares posibles de creación de contrapoder y actualizar nuestras prácticas para ir construyendo otra sociedad posible. Si abandonamos cualquier ilusión de lo que se puede alcanzar mediante la política institucional ¿cómo construimos estos otros espacios que articulen unas prácticas autónomas, antipunitivistas capaces de poner la reproducción de la vida, la clase, las luchas antiracistas en el centro? ¿Cómo generamos contrapoderes que transformen la realidad existente? ¿Tiene el feminismo que atravesar otras luchas en marcha o debe configurarse en espacios separatistas que impulsen una agenda feminista específica? ¿Deben acaso estos espacios hacerse eco de las otras luchas de transformación social o de ampliación de los sujetos políticos? ¿Se puede hacer una política de transformación efectiva desde el identitarismo? ¿Qué fuerzas nos dejamos fuera si definimos estrechamente los límites del sujeto de lucha? Si decimos que nuestra lucha es por cambiar la sociedad, ¿acaso para eso no necesitamos también a los hombres cis?

21 jul 2022

Publicado enSociedad
-Dora María Téllez, la antigua heroína sandinista, sobrevive demacrada y en la oscuridad en la prisión de El Chipote, mientras Ortega celebra el aniversario de la revolución con sus antiguos compañeros de armas encarcelados

Las columnas guerrilleras sandinistas entraron eufóricas en Managua el 19 de julio de 1979 y a 93 kilómetros de distancia, en León, la nueva junta revolucionaria de gobierno se reunió para asumir el poder recién conquistado. Meses atrás un comando liderado por una mujer de pelo corto y boina había derrotado a las fuerzas somocistas en esa ciudad en una victoria estratégica para el derrocamiento de la dinastía. La mujer es Dora María Téllez, en ese entonces estudiante de medicina de 23 años y audaz combatiente que ya había participado en el asalto al Palacio Nacional. A la mañana siguiente del triunfo, el 20, Téllez marchó con la junta a Managua para unirse al júbilo y recuperar las posiciones que había abandonado Anastasio Somoza Debayle con su huida de Nicaragua. Ahora, 43 años después de este episodio trascendental en la historia reciente de Nicaragua, la Comandante Dos está encerrada en una cárcel del país que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo en régimen de aislamiento, oscuridad y con una significativa pérdida de peso a sus 66 años.


La delgadez y la palidez de Téllez, figura histórica del sandinismo aborrecida por la actual pareja presidencial, se aprecia con nitidez en un retrato hablado elaborado a partir de los testimonios de las escasas visitas recibidas, que su familia recogió y compartió en exclusiva con EL PAÍS este 19 de julio. La exguerrillera e historiadora mantiene su pelo corto, ya muy cano, la piel de su cara adherida a los pómulos, pero sin perder la agudeza de su mirada. “Ha perdido más del 15% de su peso corporal, pero ha sobrellevado bien la cárcel por su experiencia”, asegura un familiar de la presa política.

Téllez fue arrestada en junio de 2021 junto con otros exguerrilleros históricos sandinistas, opositores, periodistas y todos los precandidatos presidenciales, quienes aspiraban a desafiar en las urnas a Ortega y Murillo. La escalada represiva de ese año facilitó a Ortega y Murillo perpetuarse en el poder. La conmemoración del 43 aniversario de la revolución sandinista está marcada este año por un ambiente represivo y la consolidación de un régimen de partido único, en el que la persecución, la cárcel o el exilio son la condena de las voces críticas.

Los presos políticos de 2021 ya han cumplido más de un año en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote. Un reclusorio lúgubre en el que las principales figuras opositoras, según han denunciado varios organismos internacionales en defensa de los derechos humanos con Naciones Unidas a la cabeza, son sometidas a tratos crueles e inhumanos. Un compendio de prácticas que van desde interrogatorios continuos, aislamiento total e indefinido, luces prendidas perpetuamente o, por el contrario, penumbra constante; chantaje psicólogo, falta de cobijas, de atención médica y una precaria alimentación que ha mellado en la mayoría de los reos: algunos han perdido entre 11 a 27 kilos, según las denuncias.

Junto a Téllez, en El Chipote estuvieron otras figuras históricas que Ortega y Murillo han encerrado, como el excanciller Víctor Hugo Tinoco y el general en retiro Hugo Torres, conocido como Comandante Uno en el asalto al Palacio de 1978, que derivó en la liberación guerrilleros sandinistas que mantenía Somoza, entre ellos el mismo Ortega. Estos dos compañeros de Téllez ya no están en El Chipote porque el primero, Tinoco, fue enviado a casa por cárcel después que Torres falleciera bajo custodia penitenciaria el 12 de febrero pasado.

El Comandante Uno no recibió atención médica oportuna para tratar una enfermedad preexistente y colapsó en la celda, algo que Téllez pudo ver. Fue trasladado a un hospital, pero ya era muy tarde. La muerte de Torres conmocionó y puso de manifiesto las precarias condiciones de los presos políticos, en especial la veintena más mayor. Ortega y Murillo decidieron imponer casa por cárcel a presos políticos que presentaban padecimientos delicados, aunque en otros casos los tratos inhumanos se han mantenido.

En más de un año de encierro, a los presos políticos solo les han permitido ocho visitas, espacios breves que no duran más de dos horas y que los guardas de El Chipote vigilan. Los más de 47 líderes opositores han sido condenados a penas de prisión que oscilan entre los 8 a 14 años por los supuestos delitos de “traición a la patria” y “menoscabo a la integridad nacional”, en juicios políticos en los que no permitieron a los acusados el derecho pleno a la defensa.

El deterioro de las condiciones en la prisión ha empujado a los familiares, pese al miedo a que les suspendan las visitas, la difusión de retratos hablados como el de Téllez. Los familiares han lanzado una campaña cuyo fin lo condensa su nombre: “Sé humano”, un alarido por la liberación de los presos por razones humanitarias. Una petición que ha ignorado el Gobierno ya que, en palabras de Ortega, quienes están en El Chipote y en el sistema penitenciario son “hijos de perra del imperialismo”.

“Lo que Dora no soporta es estar en la oscuridad todo el tiempo, no puede ni ver la palma de su mano. Prácticamente no la sacan al sol y está traslúcida… No en el sentido poético sino una palidez preocupante. Aunque se mantiene haciendo ejercicio y le da ánimo a otros presos políticos. La muerte de Hugo Torres la golpeó muchísimo”, describe el familiar de la exguerrillera, quien hace unos meses sufrió una severa infección cutánea en uno de sus brazos que derivó en una quemadura de segundo grado. “Después de ese episodio en la piel dijo sentirse débil y durmió toda una semana, hasta que se recuperó y volvió a los ejercicios”, agrega la fuente familiar.

“Un régimen que practica la tortura”
Mónica Baltodano es otra exguerrillera sandinista histórica y está libre porque se exilió en Costa Rica. Hoy historiadora, rechaza el encarcelamiento de sus compañeros de lucha y reivindica los nombres de otros presos políticos ligados al sandinismo de la revolución no tan reconocidos como Téllez y Torres. “En El Chipote está Irving Larios, el padre César Parrales, que fue embajador de los revolución ante la OEA; también hay presas hijas de otros luchadores de la época del ochenta como Tamara Dávila, a quien mantienen incomunicada desde hace un año”, dice.

Un hermano de Baltodano, Ricardo, también fue un preso político de Ortega en 2018, en la primera oleada de detenciones tras las protestas sociales de 2018 que cimbraron al régimen. De modo que la exguerrillera conoce de primera mano los malos tratos que denuncian familiares y derechos humanos. “Yo estuve presa bajo la dictadura de Somoza. Estábamos aisladas pero podíamos ver a nuestros hijos, no como ahora, como Tamara Dávila y otras presas. El régimen de Ortega sí practica la tortura. En 2018 hubo violaciones de muchachas, como documentan organismos de derechos humanos. Este régimen ha aplicado torturas abiertas y descarnadas como las de Somoza. Sin embargo, con los presos políticos de 2021, que son figuras, han tenido más cuidado en términos de no llegar a los golpes y aplicación de choques eléctricos. Pero es algo más perverso porque mantener a una persona aislada totalmente es una de las peores torturas en la cárcel. No tienen ninguna posibilidad de saber lo que ocurre en el exterior ni hablar entre ellos”, lamenta Baltodano.

A 43 años del triunfo de la revolución sandinista, Baltodano lo ve todo pervertido. Sobre todo al ver a sus compañeros de lucha en una prisión y no disfrutando de una vejez tranquila. A la exguerrillera le parece una infamia que Ortega y Murillo prodiguen tanta crueldad disfrazada de retórica revolucionaria.

“Daniel Ortega ha convertido al Frente Sandinista en un aparato a su servicio; un aparato electorero cuyos principios fundamentales ya son ajenos. El único objetivo y obsesión es el poder para defender los intereses y privilegios de su familia”, afirma Baltodano. “Aquella fuerza que fundó Carlos Fonseca, con propósitos de justicia social, liberación y avanzar en la democracia, ya no existe. Ha sido pervertida por el orteguismo, así como lo ha hecho con el Ejército, la policía, el Poder Judicial y todas las instituciones. Todo funciona como una correa del poder familiar”.

19-07-22.

Publicado enInternacional
Imagen de presentación del Proyecto Pegasus. — Forbidden Stories / Amnistía Internacional

 

Amnistía Internacinal señala que el programa de espionaje se sigue usando para espiar "en países como El Salvador, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Polonia y España".

Hace justo un año que se destapó el escándalo del programa de ciberespionaje Pegasus, usado para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y profesionales del derecho. Hoy, Amnistía denuncia que no hay ninguna medida nueva que restrinja la venta global de programas informáticos espías, mientras asegura que Pegasus sigue usándose en España y otros países.

La directora adjunta del área de tecnología de la citada ONG, Danna Ingleton, asegura que "un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global".

El controvertido programa de la firma israelí NSO Group salpicó de lleno a España; el propio presidente Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, sufrieron robos de datos de sus móviles. Aquel caso de ciberespionaje al Gobierno coincidió con el momento en el que debía decidir si indultaba a los líderes del procés y con la crisis con Marruecos que derivó en una avalancha de migrantes en Ceuta.

Posteriormente, una investigación periodística sobre Pegasus destapó el llamado Catalangate, el espionaje con este software a líderes independentistas; gracias al revuelo causado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuvo que reconocer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados los casos de escuchas a políticos catalanes con autorización judicial, incluido el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El asunto le costó el puesto a la directora del CNI, Paz Esteban. en mitad de una grave crisis que enfrentó al ministro de Presidencia y anterior directo del Gabinete del presidente, Félix Bolaños, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, de cuya cartera depende orgánicamente el CNI.

Periodismo ciberespiado

También hubo periodistas víctimas de Pegasus. En España, Ignacio Cembrero fue uno de los profesionales de la información cuyo teléfono estuvo infectado por este sistema de cibervigilancia. Concretamente, tuvo "confirmación" de haber sido "objetivo de Marruecos el domingo 18 de julio de 2021", cuando el consorcio de Forbidden Strories publicó su nombre en el marco de su investigación sobre Pegasus/NSO.

Cembrero es uno de los mejores especialistas en la cobertura informativa del Magreb, especialmente Marruecos, lo que le ha colocado en muchas ocasiones en el punto de mira de las autoridades de Rabat por publicar información incómoda para el régimen, contrastada y veraz.

Preguntado por Público, Cembrero explica que tuvo que tomar medidas drásticas: "Cambié de móvil y de ordenador", explica, y añade que compró un modelo de móvil recomendado por los expertos en seguridad informática a los que consultó. "Recibí consejos de seguridad que pongo en práctica", añade, y entre las herramientas que también utiliza se encuentra una potente red virtual (VPN) para sus comunicaciones.

Para alguien que maneja información sensible "lo mejor es que te compres un móvil barato y lo cambies cada diez o 12 meses", añade este veterano corresponsal, que concluye que con el tiempo uno se vuelve "más prudente en el uso del móvil o del ordenador" conectado a internet.

Investigación de la Eurocámara

Mientras tanto, el comité específico del Parlamento Europeo que investiga  el escándalo Pegasus arranca precisamente al año de destaparse una serie de visitas a ciertos países afectados por el caso, informa Elnacional.cat. Estos viajes arrancan precisamente hoy y en Israel, en donde está la sede de NSO Group (empresa creadora de Pegasus). El citado medio asegura que no hay previsto viaje a España por desinterés de Populares y Socialdemócratas.

Tal y como recuerda Amnistía Internacional, el Proyecto Pegasus fue una iniciativa de colaboración entre periodistas de 17 empresas de comunicación, procedentes de 10 países, cuya coordinación corrió a cargo de Forbidden Stories.

A lo largo del último año, el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional ha descubierto nuevos ataques con Pegasus en Marruecos y el Sáhara Occidental y en Polonia. Además, el laboratorio ha confirmado por su cuenta que, en numerosos casos, se seguía utilizando Pegasus para atacar de manera ilegítima a determinadas personas en países como El Salvador, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Polonia y España.

Es más, la ONG apunta que "L3Harris, empresa contratista de defensa de Estados Unidos, está negociando para hacerse con la propiedad del 'software' Pegasus".

Amnistía Internacional recuerda que "la vigilancia ilegítima viola el derecho a la intimidad, y puede violar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica".

Madrid

18/07/2022 13:56 

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Lunes, 18 Julio 2022 05:46

La batalla

Activistas en favor del aborto se moviliza-ron el sábado para defender las oficinas de Planned Parenthood, en Santa Mónica, California. La semana pasada opositores a esa práctica marcharon contra la misma clínica obligándola a cerrar temprano. Foto Ap

La actual batalla titánica por el futuro del país más poderoso del mundo, buena parte de la cual nace de las consecuencias del neoliberalismo, se está librando todos los días a lo largo y ancho del país entre fuerzas democratizadoras y partidarios de un proyecto neofascista.

Por un lado están las fuerzas progresistas estadunidenses que están en uno de sus momentos más fuertes (aunque fragmentado) en décadas, con una creciente presencia electoral a nivel local, estatal y nacional -–el llamado Caucus Progresista del Congreso federal tiene casi 100 miembros, algo sin precedente– mientras en diversas ciudades, condados y estados han elegido elencos de políticos progresistas, como por otro lado luchas sociales con nueva vitalidad en el ámbito sindical, ambiental y por la justicia económica como en defensa de derechos de inmigrantes. A la vez, vale repetir que una mayoría de jóvenes estadunidenses dicen que favorecen el socialismo sobre el capitalismo y, cómo ha sido el caso durante años, mayorías en este país siguen favoreciendo propuestas progresistas en torno a la salud, educación, derechos laborales, migración y medio ambiente.

Por el otro lado, la ofensiva derechista feroz con sus tintes neofascistas –incluyendo sus fuerzas paramilitares armadas, algunas de las cuales participaron ya en un primer intento de golpe de Estado– continúa librando su ataque frontal contra libertades y derechos civiles y sus defensores. A nivel local y estatal impulsan nuevas leyes para prohibir el aborto y perseguir a las mujeres (y niñas), implementan medidas para censurar versiones "antipatriotas" de la historia en las aulas y las bibliotecas, promueven la abierta supresión del voto de minorías y opositores e incluso reformando el sistema electoral estatal para revertir resultados no deseados (lo cual pone en riesgo las elecciones federales ya que se administran a nivel estatal), y al nivel federal, ahora con su control de la Suprema Corte, está desmantelando conquistas sociales y políticas logradas a lo largo de medio siglo mientras no cesan de nutrir el clima antimigrante y la xenofobia. Varios expertos advierten que estas fuerzas están sembrando las condiciones para provocar una guerra civil.

"Lo que estamos atestiguando en Estados Unidos no es sólo una amenaza a la democracia, sino una expresión modernizada y peligrosa de extremismo derechista que es preludio a una versión plena de política fascista", resume Henry Giroux, profesor en la Universidad McMaster, y comentarista sobre educación, política y cultura.

Angela Davis, la gran veterana de luchas progresistas, comenta: “lo que estamos atestiguando… es un choque profundo entre las fuerzas del pasado y las del futuro… son un esfuerzo de las fuerzas supremacistas blancas para recuperar un control que más o menos tenían en el pasado”.

En medio de esta batalla, una mayoría de estadunidenses opinan que su sistema de gobierno no funciona, con 58 por ciento que piensa que se requieren reformas mayores o una renovación estructural, según una encuesta del New York Times/ Siena College divulgada la semana pasada.

Mientras tanto, una mitad de los republicanos y 64 por ciento de los demócratas prefieren que sus respectivos líderes -–el presidente Biden y el ex presidente Trump– no se postulen para las próximas elecciones presidenciales de 2024, según la misma encuesta.

Las tasas de desaprobación de las instituciones políticas, empezando por cada uno de los tres poderes federales –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– siguen en grave deterioro. Igual la confianza en los medios de noticias, la cual se ha desplomado a su punto más bajo jamás registrado: 26 por ciento, según el informe más reciente del Instituto Reuters.

Estados Unidos nunca antes ha enfrentado una amenaza fascista de estas dimensiones, pero a la vez las fuerzas democratizadoras y de resistencia antiderecha nunca han estado potencialmente tan fuertes en estas últimas décadas. No hay neutrales en esta batalla.

Gogol Bordello. Forces of Victory. https://open.spotify.com/track/6ZBNRc5Z8bNoyGDKV01W2G?si=e2b756dab2924770

(Y para celebrar sus 60 años como banda:) Rolling Stones. Shine a Light. https://open.spotify.com/track/3JATo1wuknvNy3SCdkza8w?si=2a3dbe5cda8b4f36

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