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Hace un año, la isla vivió una jornada de protesta inédita

Lo que no funcionó con sanciones, ni con la lista de países parias diseñada en Washington, ni con un bloqueo de más de seis décadas, se intenta nuevamente desde las redes sociales con generoso apoyo externo.

 

Este 11 de julio Cuba volverá a vivir una agitación planificada 2.0. Resta saberse si superará la virtualidad y llegará a las calles de la isla como en 2021. Quienes pretenden terminar con el sistema socialista de una nación independiente se apoyan en Estados Unidos y su clásica injerencia política. Esa que funciona en otros países, pero no en su vecino ubicado a 90 millas náuticas. Para insistir otra vez, se apela a viejas recetas. Son las que están sintetizadas en lo que podría llamarse el manual de los golpes de Estado blandos del siglo XXI. Un libro del politólogo Gene Sharp (1928-2018) llamado De la dictadura a la democracia de 1993. Lo que no funcionó con sanciones diplomáticas, ni con la lista de países parias diseñada en Washington, ni con tareas de ablande, ni con un bloqueo de más de seis décadas, se intenta nuevamente desde las redes sociales con generoso apoyo externo.

Así como hace un año el gobierno de La Habana responsabilizó por las protestas a sectores organizados por EE.UU, ahora sucede otro tanto. Pasó también con sus líderes, como Yunior García Aguilera, hoy residente en España. El dramaturgo que tuitea a destajo contra la revolución cubana desde Madrid, tiene hoy quien lo acompaña, pero desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es Magdiel Jorge Castro, un joven licenciado en microbiología que se formó en la universidad pública habanera. Tomó protagonismo como su compañero en el Grupo Archipiélago. Los dos le dan voz a la consigna Patria y Vida que no consiguió los efectos buscados en un país asediado, con escasez de insumos básicos y una economía jaqueada por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Su utopía es que Cuba se convierta en Sri Lanka. Sueñan despiertos y lo divulgan en Twitter, la red donde están más activos.

“El imperio nunca descansa”, dijo una vez Noam Chomsky y con relación a Cuba se basa en evidencias empíricas. El sábado 9 de julio, por medio de su secretario de Estado, Antony Blinken, EE.UU comunicó que les retiraba las visas a 28 funcionarios del gobierno cubano. El argumento fue que “están implicados en la represión de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021”. Granma publicó ese día lo que el presidente Miguel Díaz Canel llamó “ridículo anuncio del gobierno imperial”.

Dos veces, en enero y junio de este año; y una más en noviembre de 2021, el Departamento de Estado había adoptado medidas similares “contra funcionarios del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, completó la agencia cubana Prensa Latina. Blinken justificó las restricciones de visados recientes a “las acciones de los funcionarios del gobierno cubano que limitan el disfrute de los derechos humanos y sus libertades fundamentales”.

Problemas cotidianos

Estas sanciones diplomáticas parecen poco comparadas con la escalada de problemas que afectan a la isla. Apagones por la caída de varias plantas termoeléctricas en pleno verano, la peor zafra del último siglo – según publicó en un artículo el director del portal Cubadebate, Randy Alonso, el 1° de julio -, ingresos en divisas para el país que todavía no recuperaron el nivel previo a la pandemia y la base de todos los males, el bloqueo que a Cuba le cuesta 12 millones de dólares diarios, según el mismo periodista. El incremento de los ingresos en la industria turística no alcanzó todavía los estándares del bienio 2017-2018, más allá de que levantó la entrada de viajeros.

Cuba sufre también un espiral de hostilidades en sus costas. El gobierno lleva interceptadas trece lanchas rápidas con 23 tripulantes provenientes de Estados Unidos dedicados al tráfico de personas. El Ministerio del Interior informó a fines de junio: “Además de la peligrosidad inherente a estos hechos, que implican riesgos y pérdidas de vidas humanas, recientemente han ocurrido situaciones de mayor violencia y agresividad con el empleo de armas de fuego contra las tripulaciones de unidades de superficie de Tropas Guarda-fronteras”.

A esto se le agrega la explosión del tradicional hotel Saratoga en La Habana el 6 de mayo pasado con 46 muertos, incendios en depósitos de tabaco, ataques a la empresa de telecomunicaciones ETECSA y el alza del precio del petróleo que pasó de 71 dólares el barril en junio de 2021 a casi 118 un año después, con las dificultades de abastecimiento que esto conlleva. Todas estas causas, sumadas a las sanciones económicas que Estados Unidos le aplica al país con método y persistencia, más los intentos desestabilizadores 2.0, transforman a Cuba en una Troya moderna, pero donde el caballo de madera nunca logró atravesar sus murallas. Aquella ciudad sitiada que inmortalizó Homero resistió diez años hasta que fue tomada. Cuba lleva ya más de sesenta. Lo que equivale a seis guerras de la antigua Grecia.

Ese es el contexto sobre el que operan los movimientos que llaman a la insurrección desde el exterior. Con base en Europa, algunos países de Latinoamérica y la plataforma de Miami, histórica sede de las maniobras más audaces contra la isla para ahogarla o tomarla por la fuerza.

García Aguilera y Castro salieron hacia España y Bolivia después de integrar el grupo Archipiélago al que abandonaron cuando dejaron Cuba. Los dos se mostraron muy activos en los días previos al primer aniversario del 11 J. Convocan por sus redes como si fueran a marchar, pero con consignas virtuales y algunas declaraciones que demuestran su horizonte político. El primero se reunió en noviembre del 2021 con el líder del Partido Popular español, Pablo Casado Blanco, quien le dio su apoyo. Yuri no gusta de ninguna expresión de izquierda, ni siquiera de las que ganan elecciones democráticas como las que exige para su país. Después de los comicios que ganó Gustavo Petro el 19 de junio, escribió en su cuenta de Twitter: “Colombia no ha votado con el cerebro o el corazón, ni siquiera con el estómago, ha votado con el hígado”.

Castro, que nada tiene que ver con los históricos dirigentes de la revolución cubana, se instaló en el departamento de Santa Cruz, bastión de los sectores golpistas que contribuyeron a la salida de Evo Morales del gobierno en noviembre de 2019. En esa región de Bolivia lo hicieron sentir uno más. Pese a que ingresó de manera ilegal al país, no pasó por el trance de los médicos cubanos que durante el golpe de Estado fueron detenidos por el régimen de Jeannine Áñez, hoy presa con condena.

En su nación de acogida, ya en democracia, Magdiel tuitea de manera sistemática casi todos los días contra el gobierno cubano. Regularizó su situación migratoria, obtuvo la residencia temporal por dos años y consiguió un empleo bien remunerado en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) santacruceño gracias a su diploma de microbiólogo.

Cercano a los Comités Cívicos que son el núcleo duro de la oposición al presidente Luis Arce, se unió también a la ONG Ríos de Pie financiada desde EE.UU. Esta organización tiene una joven dirigente que apoyó el golpe de Estado contra Evo y lo justificó públicamente en un discurso ante los representantes de la OEA. Se llama Jhanisse Daza Vaca y a diferencia de Castro, se graduó en Estados Unidos en la Universidad de Kent, Ohio. También estudió en la Harvard Kennedy School donde cursó el programa “Liderando movimientos no violentos para el progreso social”. La coartada que todos estos grupos tienen gracias al politólogo Sharp, a quien se atribuye la teoría de los golpes blandos. Esa que consiste en cinco pasos y que comienza con el ablandamiento de los gobiernos que no responden al comando de Washington.

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El presidente de Chile, Gabriel Boric, da un discurso en el Congreso Nacional, a 1 de junio de 2022, en Valparaíso. — Lucas Aguayo / SOPA Images via ZUM / DPA / Europa Press

La nueva norma, redactada por representantes de un amplio espectro de la sociedad civil, es pionera en cuestiones de género y propone un Estado social, intercultural y ecológico. Si se aprueba en el referéndum de septiembre, sustituirá a la Constitución pinochetista, pero las encuestas auguran un rechazo.

 

Un Chile plurinacional, concebido como un Estado social de derecho, intercultural, ecológico y paritario. Con esas banderas, el proceso constituyente de Chile ha llegado casi al final de un viaje frenético y algo accidentado tras un año de deliberaciones en la Convención Constitucional. La nueva norma, que pretende enterrar de una vez por todas el legado pinochetista, será sometida a referéndum el 4 de septiembre. Las encuestas pronostican un triunfo del "rechazo" frente al "apruebo". Los defensores de la nueva Constitución tienen por delante dos meses de campaña para tratar de convencer a la ciudadanía de las bondades de un texto que avanza considerablemente en derechos sociales, en línea con la agenda política del gobierno progresista de Gabriel Boric.

El viaje hacia un Chile más inclusivo comenzó en octubre de 2019. La subida de 30 pesos (0,035 euros) en el transporte público desencadenó una ola de protestas que fue creciendo en intensidad hasta convertirse en un estallido social sin precedentes. No por los 30 pesos sino por los 30 años de neoliberalismo, desigualdad social y desprecio a la dignidad de los más desfavorecidos.

Las protestas hicieron tambalearse al gobierno conservador de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), cuya respuesta fue una represión brutal. Hubo varios muertos y centenares de heridos y detenidos. Para poner fin al conflicto, se firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, suscrito por varias fuerzas políticas (Boric estampó su firma con la oposición de parte del Frente Amplio y el Partido Comunista).

Un año después, el 78% de la población optó en referéndum por dotarse de una nueva Constitución que sustituyera a la vigente, promulgada en 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en varias ocasiones. En mayo de 2021 fueron elegidos en las urnas los 155 hombres y mujeres que integrarían la Convención Constitucional, una asamblea paritaria, pionera en el mundo en ese sentido, y en la que también se incluyó a representantes de los pueblos indígenas. La naturaleza de la elección, con varias listas independientes y de movimientos sociales, otorgó una mayoría a la izquierda en detrimento de la derecha, que solo obtuvo 37 escaños. Un desequilibrio que, sin embargo, no se ve reflejado en el actual Congreso, donde la representación de la derecha continúa siendo muy sólida.

La Convención se disolvió el pasado 4 de julio tras entregar el texto de 388 artículos al presidente Boric. Dos días más tarde arrancaba una campaña que se prevé a cara de perro entre los detractores de la nueva Constitución (la derecha de Chile Vamos, los ultras del excandidato presidencial José Antonio Kast, las élites económicas y los grandes medios de comunicación, más un sector del centroizquierda) y los defensores del cambio (la izquierda, la mayoría de los exconstituyentes, los movimientos sociales y las organizaciones de los pueblos originarios).

Como todo proceso constituyente, la nueva norma propone una refundación del país que, en el caso chileno, se traduce en un rol preponderante del Estado a la hora de garantizar la salud, la educación, las pensiones, la vivienda o el acceso al agua, unos derechos que hoy están supeditados a los intereses privados. Si vence el "apruebo", Chile será una democracia paritaria (con al menos un 50% de mujeres en todos los organismos públicos) y un Estado plurinacional, donde quedarán reconocidos once naciones indígenas, que gozarán de autonomía territorial y sistemas jurídicos propios, bajo el paraguas, eso sí, del Estado chileno, único e indivisible.

Se reconoce así la diversidad de un país con un 13% de población indígena, históricamente marginada. La restitución de tierras que contempla la nueva norma busca allanar el camino hacia la pacificación de territorios como el de la Araucanía, en el sur del país, donde el pueblo mapuche lleva décadas soportando la represión estatal como única respuesta a sus demandas.

La protección del medio ambiente es otro de los pilares de la propuesta constitucional para hacer frente a la crisis climática y ecológica. El articulado de la norma, refrendado al menos por dos tercios de la asamblea, plantea también una descentralización del país, con la eliminación del Senado y la creación de una Cámara regional, y una apuesta por la democracia participativa, entre otras medidas innovadoras.

María Elisa Quinteros fue hasta hace una semana la presidenta de la Convención Constitucional. Esta académica de Salud Pública y activista en movimientos sociales resalta el trabajo colaborativo de la asamblea constituyente y el énfasis en las políticas públicas: "Lo más destacable del texto son los avances en los derechos sociales, como la salud, la educación, la vivienda. Ha sido un proceso transparente, un ejercicio político más cercano a la gente y no a las élites, como sucedía antes. Con sus luces y sombras, nos ha dado la oportunidad de hacer política y reencontrarnos como sociedad".

Para Tammy Pustilnick, abogada y coordinadora de la comisión de Armonización en la Convención, el desafío de acordar un nuevo contrato social fue complejo pero el resultado ha sido altamente satisfactorio: "En términos generales, (la Constitución) robustece la democracia, establece las bases para disminuir desigualdades en el país y visibiliza la diversidad para reconocernos en nuestras diferencias. Se avanza en el reconocimiento y garantía de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, y en la protección de la Naturaleza. Es un texto escrito en paridad y que propone una democracia paritaria, y esa perspectiva de género garantiza la igualdad de las actuales y las futuras generaciones".

El proceso constituyente ha suscitado también un reguero de críticas, principalmente por el desarrollo del mismo y el juicio negativo, alimentado por algunos medios de comunicación, de algunos constituyentes entre un sector de la ciudadanía. Hubo algún que otro comportamiento frívolo, como el del constituyente que fingió un cáncer (lo que dejó la asamblea con 154 miembros) y acusaciones cruzadas entre los integrantes de la Convención.

Hay también reparos al resultado final de la Constitución. Luis Eugenio García-Huidobro, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), considera que la Convención logró identificar una serie de problemas relevantes, pero no resolvió bien la ecuación al traducirlos en una propuesta institucional: "El proceso constituyente fracasó en distintos niveles -explica-. Era un proceso que auguraba muchas esperanzas. Pero ese 78% (partidario de reformar la actual Carta Magna) no es representativo de un solo sector político, y esta experiencia fue una oportunidad perdida para unir a los chilenos en torno a un texto". A su juicio, la norma tiene "elementos problemáticos de diseño institucional respecto a la forma del Estado o el poder judicial, entre otras cuestiones".

El 4 de septiembre será, en todo caso, la fecha más importante en la historia reciente de Chile. Así lo cree, al menos, Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Diego Portales: "Se trata de un texto muy trascendente. En el fondo, lo que se está poniendo en juego en el plebiscito son dos modelos de sociedad, uno que propone una democracia diversa, que reconoce a los pueblos indígenas, un Estado del bienestar a la europea, una protección de los recursos naturales... Y otro, basado en la Constitución de 1980 con sus reformas, que coloca el énfasis en el mercado, en mantener la salud, la educación o el agua en manos privadas, una democracia que no se hace cargo de las diferencias regionales o étnicas y que no menciona el tema medioambiental".

Rechazo al proceso

Las encuestas (Cadem, Criteria, Pulso Ciudadano) auguran un triunfo del "rechazo" frente al "apruebo" en la consulta de septiembre con unas diferencias que oscilan entre los 15 y los 20 puntos porcentuales, si bien también reflejan un alto número de indecisos, lo que podría inclinar la balanza en uno u otro sentido en estos casi dos meses de campaña por delante. La desaprobación se sustenta principalmente en cómo se ha desarrollado el proceso constituyente y en la conducta de algunos miembros de la Convención, más que en el contenido de las propuestas.

Quinteros reconoce que el proceso ha tenido aspectos positivos y algunos negativos, pero denuncia que desde el inicio se instaló una estrategia de desinformación que fue aumentando con el tiempo: "Los medios de comunicación están muy ligados a los poderes económicos y tengo la impresión de que las cosas positivas, el trabajo de la gran mayoría de los convencionales, quedaron subestimadas por unos medios que se centraron en hablar de los egos de algunos constituyentes".

Pustilnick, por su parte, cree que el proceso tuvo sus luces y sus grises, "y en ese sentido hubo conductas y episodios que por aislados que hayan sido y sin que fueran la regla general, no estuvieron a la altura de un espacio republicano y empañaron el gran esfuerzo de la gran mayoría de los convencionales". Pero resalta el esfuerzo realizado por esa mayoría y cree que ahora se debe analizar en profundidad "lo virtuoso del texto", separando la obra de su autor.

García-Huidobro, sin embargo, cree que el proceso sí importa para su legitimidad: "Hubo convencionales que rechazaron iniciativas populares de la ciudadanía en términos bastantes toscos; algunos buscaban un cambio de sistema, no una refundación sino un giro copernicano, y eso les produjo un cierto ensimismamiento".

La agenda de Boric

Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda el 11 de marzo con tan solo 36 años y un programa de transformaciones sociales no muy diferente a la propuesta constitucional. Si el "apruebo" vence en septiembre, supondría un espaldarazo a su agenda política (su aprobación ciudadana ha caído del 50% al 33% desde marzo). En las últimas semanas, el gobierno ha emitido algunas señales en el sentido de que su futuro no debería depender del resultado del plebiscito. Y, de todas formas, la victoria del "rechazo" no tendría por qué frenar las reformas en pensiones, salud o fiscalidad que Boric prometió en la campaña electoral, si bien, a juicio de Fuentes, el gobierno "tendría que acotar algunos temas". "Se apruebe o no la Constitución, va a haber una agenda política de reformas", sostiene el politólogo.

El nuevo proyecto constitucional ha generado las reticencias de la derecha y un sector del centroizquierda, que no ven con buenos ojos algunos de los planteamientos propuestos. Un grupo de exconstituyentes de derechas, descontentos con el texto final, publicó una declaración en la que aseguran que la Constitución pone en riesgo la convivencia democrática de los chilenos.

Algunas figuras del centroizquierda, como el exministro de Justicia socialista Isidro Solís, se han posicionado en contra de la nueva norma. Y el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) dijo que una Constitución "no puede ser partisana".

El coro de voces contrario al texto de la Convención sugiere una tercera vía para que no se perpetúe tampoco la Carta Magna del 80. Quinteros y Pustilnick advierten de las trampas que encierra esa estrategia. No hubo, recuerdan, reformas de calado durante los 30 años en que gobernaron la derecha y el centroizquierda con programas neoliberales.

Y no hay que olvidar que este viaje comenzó en las calles hace casi tres años con ese grito de rabia e indignación: "¡No son 30 pesos, son 30 años!". Un grito que reclamaba un país más solidario, más inclusivo, menos desigual. Un nuevo Chile.

09/07/2022

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Jueves, 07 Julio 2022 06:20

El hambre

El hambre

Casi una de cada 10 personas en el planeta viven en condición de hambre.

En sólo dos años –de 2019 a 2021–, el hambre atrapó a 150 millones de personas adicionales, para llegar a la brutal cifra de hasta 828 millones de seres humanos. En el orbe, 22 por ciento de las niñas y los niños padecen desnutrición crónica.

Un total de 56.5 millones de latinoamericanos y caribeños hacen parte de quienes en forma habitual no logran consumir alimentos que les brinden siquiera el mínimo de energía que necesita un ser humano para mantener una vida normal; es decir, viven en condición de subalimentación o, en palabras llanas, padecen hambre.

Suman 93.5 millones las personas que viven en condición de inseguridad alimentaria grave, y 267.7 millones en inseguridad alimentaria moderada o grave. En total, casi cuatro de cada 10 habitantes de América Latina y el Caribe no logran alimentarse ­suficientemente.

Al mismo tiempo, 106 millones de adultos viven con obesidad, en buena medida porque este es el lugar del planeta donde es más cara una dieta saludable: 22 por ciento por encima de lo que cuesta en Europa o Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Todo ello, en la región que es la principal exportadora neta de alimentos del planeta, y que produce suficiente comida para satisfacer los requerimientos básicos de energía de mil 300 millones de personas, el doble de su población.

Estas son algunas de las cifras incluidas en la nueva edición de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022, informe publicado por cinco agencias de la Organización de Naciones Unidas, bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Sumamos ya siete años de retroceso en la lucha contra el hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe. Ello se debe al cambio climático, a los conflictos y guerras, a la pandemia de covid-19, al débil crecimiento económico, y sobre todo a las desigualdades, pero (y esto hay que decirlo con fuerza) también a la indiferencia.

Un factor no menor que contribuye a agravar la inseguridad alimentaria y nutricional son los malos apoyos al sector agroalimentario en buena parte del mundo, en especial en los países de ingresos altos y medio-altos; cada año, se destinan 630 mil millones de dólares a apoyar al sector agroalimentario, principalmente mediante transferencias directas que suelen beneficiar desproporcionalmente a los agricultores de mayores recursos y a empresas de gran tamaño.

Otro gallo nos cantaría y no tendríamos que lamentar los números de horror con que se inicia este artículo, si ese mismo financiamiento se reorientara a promover el acceso de la población a una alimentación suficiente, inocua y saludable y a facilitar e incentivar innovaciones para que los sistemas agroalimentarios sean más eficientes, inclusivos, sostenibles y resilientes.

El nuevo informe de Naciones Unidas muestra cómo la reorientación de los actuales apoyos a la agricultura hacia otros objetivos y usos sería suficiente para mejorar el acceso económico a dietas saludables, incrementar los ingresos de los agricultores, y disminuir el hambre, la extrema pobreza y las emisiones de gases de efecto invernadero.

América Latina y el Caribe es una de las regiones que más se beneficiarían de un cambio en este tipo en las políticas ­agroalimentarias.

La tragedia, entonces, no es sólo el número creciente de niñas, niños y adultos que viven el drama del hambre y la malnutrición. Es también que la solución está ahí, al alcance de nuestra mano, pero no la vemos, o no la queremos ver.

Por Julio Berdegué, Subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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¿Por qué hay 100 millones de desplazados en el mundo?

Guerras, hambruna, xenofobia y redes de trata confluyen en el drama humanitarilo

La mayoría de los migrantes son recibidos por naciones de renta baja o media con muchos menos recursos que los países más desarrollados de Europa y Estados Unidos, sostiene ACNUR. 

 

Siglos de colonialismo, explotación de recursos, corrupción endémica y guerras de destrucción masiva – con la licencia de George W. Bush y su frase sobre las armas atribuidas a Irak -, provocaron quehoy se viva una tragedia humanitaria multiplicada por 100 millones de desplazadosen todo el planeta. La cifra es del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. No se trata de un tema migratorio estrictamente. Un concepto más amplio que a menudo se confunde con la situación de los perseguidos que buscan asilo en países diferentes a los de su lugar de nacimiento. Un dato dentro de un mundo de datos, basta para constatar de qué se habla. Hay 37 millones de niños entre los afectados según UNICEF y la cifra no contiene a los que padecen la guerra entre Rusia y Ucrania desde este año. Son el último torrente de menores que intentan llegar a un lugar seguro habida cuenta de otros padecimientos. El 28 por ciento de la población infantil es víctima de las redes de trata. 

La crisis en ascenso se percibe camino a 2023. La OIM (Organización Internacional de Migración) publica estadísticas que explican una parte del problema. El año próximo, según sus estimaciones, deberían ser reasentadas más de 2 millones de personas para no agravar la situación global. El desafío resulta imposible de cumplir si se considera que en 2021 más de 1,4 millones de seres humanos necesitaron reubicarse y solo 39.266 refugiados lo lograron. El contexto migratorio, desmesurado en sus cifras, tampoco ayuda. A 2020 había 281 millones de inmigrantes, el 3,6 % de la población mundial. Una cantidad superior en 128 millones a la cifra de 1990 y que triplica a la de 1970. Se disparó en las últimas cinco décadas.

Otro elemento que acentúa la debacle humanitaria esla desigual aceptación de refugiados según los países de acogida. Para Filippo Grandi, el alto comisionado de ACNUR, la mayoría de los desplazados son recibidos por naciones de renta baja o media con muchos menos recursos que los países más desarrollados de Europa y Estados Unidos.

Esta asimetría combinada con una noticia que difundió Naciones Unidas el 20 de junio pasado, empeoraría más la realidad de millones de personas. La información corrió por cuenta de David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Dijo que “mientras el hambre en el mundo se dispara muy por encima de los recursos disponibles para alimentar a todas las familias que necesitan desesperadamente la ayuda del PMA, nos vemos obligados a tomar la desgarradora decisión de recortar las raciones de alimentos para los refugiados que dependen de nosotros para su supervivencia”. Si la palabra hambruna comenzó a escucharse más en estos días, ya se sabe de donde proviene el alerta.

En ese contexto de calamidades, ni la guerra en Ucrania consiguió desalojar todavía a los refugiados sirios del primer lugar entre los desplazados. Según ACNUR son casi 5,7 millones y en 2023 deberían ser reasentados 777.800. A ellos les siguen los afganos, lo que llevó al Alto Comisionado “a publicar un aviso para detener los retornos forzosos, incluso para los afganos que previamente se consideraban no elegibles para la protección internacional”, según Naciones Unidas. La lista de países con mayor cantidad de desplazados la completan Congo, Sudán del Sur y Myanmar en ese orden.

Ahora, si se toman en cuenta las cifras de refugiados ucranianos desde el comienzo del conflicto con Rusia, se llega a 5,4 millones de personas, que en su mayoría escaparon hacia naciones vecinas. La OIM estima que además habría 7,5 millones de desplazados internos. Las estadísticas de esta guerra en Europa seguramente pondrán al tope el número de refugiados ucranianos cuando finalice 2022. Pero la gran diferencia con otras regiones del mundo está en cómo fueron recibidos esos ciudadanos en países como Polonia y Alemania y cómo los que en su misma condición debieron huir de guerras en África y Asia hacia el viejo continente.

A los primeros les abrieron las puertas de par en par basándose en una polémica mirada etnocéntrica sobre los pueblos. A los segundos los rechazaron o hacinaron en campamentos de refugiados en condiciones deplorables.

Las postales de la xenofobia y el racismo también se ven con nitidez en Latinoamérica. Aunque no entran en la dimensión cuantitativa de otros continentes. Según ACNUR, Venezuela continúa al frente en la cantidad de emigrados. Su alto comisionado Grandi declaró a principios de este mes que la situación “no tiene precedentes en la región” que recibió cerca de 5 millones de venezolanos en los últimos años. El funcionario elogió que “los estados continúan facilitando el acceso a sus territorios, asegurando derechos y también la atención en salud, incluyendo la vacunación contra la COVID-19”.

En Brasilia acaba de finalizar un encuentro del llamado Proceso de Quito, una plataforma de especialistas creada por trece países de América Latina para seguir la evolución del tema. El ACNUR valoró que el grupo integrado por México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, facilitó “el acceso al asilo y a la protección temporal” de los venezolanos desplazados. El 84 % de ellos ha sido recibido en la región, alrededor de 5,1 millones de personas. Argentina es el país más receptivo si se consideran a todos los migrantes, por delante de Colombia y Chile, según datos de 2020.

Estas cifras oficiales, básicamente obtenidas de organismos internacionales, suelen pasar inadvertidas hasta que las pantallas de TV o las redes sociales reproducen alguna tragedia con migrantes. Siempre hay una. En la última semana impactaron dos, una ocurrida en Texas, Estados Unidos y la otra en la frontera de Marruecos con los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

El hallazgo de un camión cerca de la ciudad de San Antonio con 53 migrantes muertos en su interior, la mayoría mexicanos, pero también de Guatemala, Honduras y El Salvador, le arrancó al presidente de EE.UU, Joe Biden, algunas palabras sobre los traficantes de personas: “una industria criminal que genera varios miles de millones de dólares”. Todos fallecieron por asfixia, deshidratación y hacinamiento en un camión cuyo aire acondicionado no funcionaba. En lo que va de 2022 la OIM ya contabilizó unos 500 migrantes muertos camino a Estados Unidos.

A miles de kilómetros de ahí, en otra frontera conflictiva, murieron – según datos oficiales - 23 refugiados del África Subsahariana que intentaban cruzar por Melilla hacia España. Otros 76 recibieron heridas y muchos más terminaron apilados en el suelo mientras los guardias marroquíes los apaleaban. Las imágenes recorrieron el mundo para la indignación de los espíritus políticamente correctos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMHD), en la provincia de Nador, calificó como “inhumana” la represión contra unos 2 mil desplazados que se lanzaron a saltar la valla de seguridad. Unos 133 lograron su objetivo y festejaban en territorio español. En la primavera del 2021 otros 8 mil habían conseguido cruzar por Ceuta.

La clase dirigente no puede entenderlo y sigue levantando muros alrededor del mundo. En ninguna frontera, nada detendrá a un desesperado. En la Edad Media “los ricos tuvieron miedo a los pobres”, dijo una vez el historiador francés Georges Duby. “Eran demasiado numerosos, inquietantes. Se sobrepasó el umbral de tolerancia de la miseria. En ese momento se produce el fenómeno del rechazo”, explicaba. Pasaron más de mil años.

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Especuladores duplican valor del agua; debate sobre capitalizar derechos

A finales de 2018 se creó un instrumento asociado al precio del agua en California. Cuando dos años más tarde entró a cotizar en lLos mercados de futuros, el tema elevó un breve debate de qué tan ético es que las bolsas de Estados Unidos capitalicen un derecho humano. Desde entonces, el valor de ese índice se duplicó.

Con una cotización de 511.33 dólares al ser creado, en octubre de 2018, el Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) incluso se depreció en sus dos primeros años desde que fue creado. El 7 de diciembre de 2020, al entrar a cotizar en el CME Group –la bolsa de derivados financieros más grande del mundo— su valor era de 486.53 dólares.

Al entrar al mercado abierto, el índice –que representa el valor de 325 mil 851 galones de agua en California— se disparó 104.2 por ciento en menos de dos años. A la fecha el NQH2O se cotiza en 998.95 dólares.

Presentado como un tipo de cobertura para productores, sobre todo agrícolas, que requieren grandes cantidades de agua y están sujetos a la incertidumbre ambiental, el NQH2O en el CME Group no es para vender el líquido, sino contratos sobre su precio dentro de cierto plazo a futuro.

En el mercado de Chicago por lo general se comercializan productos derivados, instrumentos financieros en los que se establece un precio de compra y de venta para una transacción que se realizará en el futuro, explica Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico en Monex, al ser consultada sobre cómo operan los mercados de futuros.

Detalla que al vencimiento del contrato se debe respetar el precio pactado, lo que muestran estos índices es la expectativa de cuál será el precio en ese plazo. No obstante, estos mercados se usan con dos fines. Uno es de cobertura, para reducir la incertidumbre, pero hay otro tipo de usuarios, los especuladores, que al final sí pueden distorsionar los precios del mercado real.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, refiere que casi ningún futuro cierra la operación en la fecha pactada. Con el fin de evitar riesgos, algunos inversionistas lo cierran antes, una vez que vieron que ya ganaron o redujeron sus pérdidas, dado que si el precio llega a ir muy por arriba del precio en el contrato pueden quebrar.

Un ejemplo de la participación de especuladores en mercados de sectores donde no tienen un beneficio directo fue lo ocurrido en abril de 2020, a inicios de la pandemia de coronavirus, cuando los futuros de petróleo se cotizaron con valores negativos para el precio del barril y muchos de los compradores no tenían dónde almacenar el hidrocarburo, incluso pagaron para que se lo llevaran (https://bit.ly/3ui3anI).

Más allá de los mercados de futuros, en la Bolsa Mexicana de Valores se puede invertir en el mercado del agua, que de acuerdo con Global Water Intelligence tendrá un valor de 914 mil 900 millones de dólares en 2023, proyección que anticipa un crecimiento de 18.8 por ciento en cinco años.

La bolsa mexicana reporta que se puede invertir en empresas internacionales de tratamiento, almacenamiento e innovación del agua a través de Exchange Traded Funds (ETF), los cuales son portafolios asociados a un sector y que están compuestos por porciones de activos de diversas compañías, lo cual los hace más baratos (https://bit.ly/3ygwg82).

Pero más allá de los procesos alrededor del tratamiento o su almacenamiento, al entrar el NQH2O al mercado de futuros, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua, Pedro Arrojo Agudo, condenó la cotización de futuros del líquido dado que, advirtió, invitaría al comercio especulativo.

Mientras una parte de los mercados financieros especula con su precio, 2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, muestran informes de Naciones Unidas.

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La universidad necesaria para América Latina

¿La enseñanza superior impartida hasta ahora ha generado resultados satisfactorios para el planeta y la humanidad? No, simplemente. De otra manera la Unesco no habría convocado en mayo pasado a la Conferencia Mundial de Educación Superior con una temática indudable sobre sus propósitos: "Reformular los ideales y prácticas de la educación superior" para asegurar el desarrollo sostenible del mundo y la humanidad.

Esa reformulación se enmarca en los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU; concretamente: "Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas, así como velar para que todos los seres humanos puedan explotar su potencial con dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable." Los Objetivos del Milenio planteaban hace dos décadas algo semejante. Nadie se atrevería a afirmar que se hayan cumplido en sus mínimos. Más bien se puede decir que han fracasado.

Si las agendas de la ONU y sus organismos especializados tuvieran cierto margen de concreción no seríamos testigos del mundo en que vivimos. Pobreza –al grado de causar hambrunas en algunas regiones–, violencia, emigración, racismo, discriminación social y, junto a ello, destrucción de recursos naturales (aguas, oxígeno, suelos, flora y fauna). Las consecuencias de esto último se comenzaron a sentir hace ya medio siglo: alteración en los ecosistemas naturales, extinción de especies, calentamiento ambiental. Y frente a unas y otras realidades, la incapacidad de los gobiernos para evitar profundas lesiones a la humanidad y a su hábitat.

En el último decenio del siglo XX, el balance sobre la educación que hacía la ONU, después de cuatro décadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, era francamente sombrío. Entre la población sin acceso a la escuela, analfabetos y ayunos de lectura y acceso a las tecnologías de la información, más de un tercio de la humanidad se hallaba al margen de los beneficios de una educación útil para la sobrevivencia digna y la capacidad de participar en cualquier cambio.

Pronto aparecieron las iniciativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que convirtieron a las instituciones de educación superior en maquiladoras cognitivas al servicio del mercado global. Las universidades fueron su blanco preferido. Un blanco al que habían preparado ciertos gobiernos, como el de Pinochet en Chile.

En la sostenibilidad ve la Unesco el gran recurso, si no es que la panacea, para evitar el deterioro creciente del planeta y de la humanidad que lo habita. Y llama a que la educación superior sea la que aporte las condiciones adecuadas para conseguir ese objetivo.

En su expresión más avanzada y consciente del suelo que pisan, los movimientos universitarios en el subcontinente americano –por lo general contrainstitucionales–, desde la reforma de Córdoba de 1918 han producido cambios cualitativos en la enseñanza superior y en el tejido político y social.

El espíritu de esa reforma –un espíritu imaginativo y democrático– se vino manifestando con gran vigor en varios países de América Latina durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Con frecuencia increíble, la respuesta de los gobiernos a las demandas universitarias era balazos y bombazos. Como editor de la revista Universidades, el órgano de difusión de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), me tocó conocer a numerosos y distinguidos universitarios que encontraban asilo en México debido a la violencia y la persecución de que eran objeto en sus naciones. Algunos de ellos nutrieron mi programa La universidad latinoamericana, que era difundido por Radio UNAM. Ambas instituciones, la Udual y Radio UNAM continúan siendo baluartes de lo mejor que ha producido el espíritu universitario de Córdoba.

Al contenido de la convocatoria de la Unesco, la propia Udual propuso un punto de vista específico sobre sus ejes temáticos. Esa especificidad geohumana se refería al ámbito de América Latina y el Caribe. Y en ella había una valoración insoslayable que no estaba en el documento oficial de la Conferencia. El énfasis de la Conferencia estuvo puesto en el covid-19 y sus efectos en la educación superior. “La educación superior en el mundo entero –dice el documento de la Udual– se ha visto afectada profundamente por la pandemia que, conviene recordar, surgió en un momento en el que enfrentábamos otra crisis sistémica derivada de un modelo civilizatorio excluyente y depredador, que afectaba de distintas maneras a nuestras universidades”.

Tal modelo excluyente y depredador, al que los numerosos eventos de la ONU suelen no aludir y menos llamar por su nombre es el que las universidades de América Latina y el Caribe deben cuestionar, so pena de ser cómplices de sus efectos contrarios a la vida y la naturaleza. No hay recetas para ello, pero con alentar el debate, la duda ("No nos enseñan a dudar", se quejaba Ortega y Gasset), el análisis de los problemas reales, la solidaridad con las causas que buscan su solución y la elaboración de propuestas que sirvan a ello se logrará que la educación por competencias –cara a la OCDE– modifique su carácter conductista por uno de crítica y discusión abierta al examen y al cambio.

Las universidades de América Latina y el Caribe no pueden atenerse a las decisiones de los organismos polinacionales que dominan a Occidente. Los suyos son problemas que esos organismos no han podido resolver a lo largo de tres cuartos de siglo.

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Miércoles, 29 Junio 2022 05:18

Assange y Solzhenitsyn

Assange y Solzhenitsyn

La persecución contra Julian Assange no es diferente en esencia a la que tuvo la Unión Soviética contra Solzhenitsyn. No lo persigue un Estado, cierto, pero sí un estado de cosas: gobiernos, empresas que han visto en sus filtraciones un sótano bastante pestilente que se niegan a mostrar.

Más que un periodista o editor, Assange es una conciencia que nos ha permitido conocer con detalle el horror de un mundo donde los poderes político y económico cierran filas para mantenerse a cualquier costo, una red micelial ponzoñosa donde todo bajo tierra se conecta.

Nada nuevo que no se haya supuesto en muchos casos y demostrado en algunos, pero sin duda la mejor prueba documentada con cientos de miles de archivos. Aunque a mayor escala hizo lo mismo que el jefe de la FBI Mark Felt, el famoso "Garganta profunda" del caso Watergate: abrir la cloaca para que las cosas cambien.

La brutal reacción contra Assange (persecución internacional, aislamiento absoluto en una cárcel de máxima seguridad en Londres y la promesa de cadena perpetua en Estados Unidos) nos muestra que el periodismo de investigación seguirá siendo un problema para los regímenes políticos con tentaciones autoritarias.

Mucho se juega con el caso Assange porque la libertad de expresión no es un elemento más de la democracia sino, me parece, su centro de gravedad. No hay democracia sin libertad de expresión.

No deja de sorprender que recientemente un país democrático como Inglaterra decidió entregar a otro país democrático como Estados Unidos a Julian Assange. Para condenarlo, así, a 175 años de prisión por las revelaciones que hizo en el portal WikiLeaks.

Lo acusan de espionaje. Esto significa que Londres y Washington consideran como acto de espionaje cualquier ejercicio periodístico de investigación que documente las violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el poder.

Miles de documentos militares filtrados por WikiLeaks sobre las guerras de Afganistán e Irak son la causa de la acusación. Pero también, y sobre todo, la evidencia de que, entre otras cosas, un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos matara a tiros a periodistas de Reuters y niños en Bagdad.

Y si la extradición se cumple no enfrentaríamos un caso judicial aislado, el de Julian Assange, sino el del precedente para que el gobierno de Estados Unidos solicite la extradición de cualquier periodista que considere nocivo.

Tendría razón Stella Moris, la pareja de Assange: la solicitud de extradición sería una represalia disfrazada, otro ejemplo de la invasión de Estados Unidos a la soberanía de otros países.

Me sorprende que los principales medios periodísticos en todo el mundo, que le dieron una gran cobertura a las revelaciones de WikiLeaks, no hayan reaccionado con la misma fuerza y claridad respecto a la persecución que ha padecido Assange. ¿Validarán con su silencio que el mensajero es el culpable?

La extradición de Assange y la reciente criminalización del aborto en Estados Unidos son muy malas noticias para la democracia en ese país y en el mundo. ¿Qué sigue? ¿La homofobia institucionalizada?

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La policía texana acordonó la zona e informó de la detención de tres personas. Foto Ap

San Antonio., Al menos 46 personas fueron encontradas muertas ayer dentro de un tráiler en una carretera en Texas, informó el Departamento de Bomberos de San Antonio en uno de los episodios más mortíferos de tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó de "tragedia" la muerte por asfixia de los migrantes y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias. Informó que el cónsul se dirigía al lugar.

"Aún no conocemos nacionalidades", tuiteó Ebrard, aunque después detalló que al menos dos son guatemaltecos.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente Joe Biden de la tragedia. "Estas muertes son responsabilidad de Biden, son el resultado de su mortal política de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley", tuiteó.

El acalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo a periodistas: "La difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria. Pero esta noche nos enfrentamos a una horrible tragedia humana".

El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, declaró a periodistas: "en este momento hemos procesado 46 cuerpos".

Indicó que 16 personas –12 adultos y cuatro niños– fueron trasladadas al hospital vivas y conscientes.

"Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento por el calor y sin señales de agua en el vehículo. Era un camión refrigerado, pero no había evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando", añadió.

Los oficiales dijeron que tres personas fueron detenidas. Un funcionario del departamento de bomberos detalló que no había niños entre los muertos.

Más temprano, la policía comenzó a buscar al conductor del tráiler que aparentemente abandonó a las afueras de San Antonio.

Las altas temperaturas en el área de San Antonio, a 250 kilómetros de la frontera con México, llegaron ayer hasta los 39 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El vehículo fue encontrado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, en un área remota al suroeste de la ciudad texana, en una carretera cercana a la autopista I-35, que llega directo a la frontera con México.

El Departamento de Seguridad Nacional se hará cargo de la pesquisa, que se investiga como un intento de contrabando de migrantes, indicó el jefe de policía de San Antonio, William McManus.

En los últimos meses se ha registrado un número récord de cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Diez migrantes fallecieron en 2017 después de quedar atrapados en un camión que estaba estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003 fueron hallados 19 migrantes dentro de un camión bajo intensas temperaturas al sureste de la misma ciudad.

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Lunes, 27 Junio 2022 07:00

Resistencia

Activistas por el derecho al aborto se reunieron ayer en el centro de Los Ángeles. La Suprema Corte de Estados Unidos anuló el derecho constitucional a la interrupción del embarazo que había estado vigente durante casi 50 años.Foto Ap

“Las nietas hoy no deberían tener que luchar las batallas que ya habían ganado sus abuelas”, declara una pancarta en las protestas de decenas de miles que estallaron alrededor del país ante el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos anulando el derecho constitucional al aborto, mientras en los desfiles anuales masivos de orgullo gay con pancartas señalando que "seguimos nosotros" con un amplio coro de representantes de las diversas fuerzas democratizadoras de este país advirtiendo que el fallo es sólo una parte del ataque contra los derechos y libertades civiles de este país.

Algunos proclaman que esta ofensiva derechista no es nada menos que el avance del "cristo-fascismo". El fallo sobre el aborto es sólo uno de una serie de triunfos derechistas a nivel federal y estatal recientes, a pesar de la expulsión de Trump y que los demócratas controlan la Casa Blanca y el Congreso. Esto incluye la imposición de prohibiciones contra libros que abordan temas gay o sobre el racismo e historia, reducción de restricciones sobre armas de fuego, suprimir el derecho al voto, reducción de libertades civiles de inmigrantes y de la comunidad gay en varios estados, entre otros avances ominosos. En parte, esta estrategia derechista ha prosperado porque los republicanos ahora controlan los congresos en 30 estados, los demócratas sólo 17.

Algunos advierten que este fallo es un paso más hacia detonar una "guerra civil" que muchos en la ultraderecha han promovido durante años, incluyendo organizar fuerzas paramilitares para ese propósito, y cuyo primer ensayo fue el intento de golpe de Estado por fuerzas neofascistas hace año y medio.

Los demócratas, desde el presidente para abajo, de inmediato usaron esa decisión para propósitos electorales (y junto con diversas ONG, para recaudar fondos), esperando que pueda cambiar la dinámica de las elecciones legislativas federales de noviembre donde hasta ahora el pronóstico era que los republicanos retomarían el control del Congreso.

Pero el problema con ese mensaje, expresaron diversos activistas, es que la gente ya votó para que los demócratas retomaran el control de la Casa Blanca y el Congreso hace menos de dos años y aun así, esto sucedió.

Vale subrayar que entre 60 y 70 por ciento del país apoya el derecho al aborto, así como las mayorías respaldan una reforma migratoria, control de armas, acceso universal servicios de salud, derechos laborales, medidas para combatir el cambio climático y la desigualdad económica y más. Pero como se demostró de nuevo la semana pasada, la voluntad del pueblo no es lo que impera en este "faro de la democracia".

Por cierto, con este fallo y otros fracasos democráticos continúa el deterioro de la legitimidad de las principales instituciones de la república. La confianza popular en la Suprema Corte se ha desplomado en 11 puntos desde el año pasado a su nivel más bajo con sólo 25 por ciento, según la encuesta más reciente de Gallup. La tasa de aprobación del presidente ahora oscila en alrededor de 39 por ciento; la del Congreso está en sólo 21 por ciento en el promedio de las principales encuestas más recientes.

Ante el avance de la derecha minoritaria, es cada vez más claro que sólo votar o salir a marchar sobre el tema de cada quien no es suficiente. El desfile del orgullo gay de Nueva York este domingo fue encabezado por la organización nacional de servicios de salud para las mujeres Planned Parenthood que marchó con pancartas que declaraban "juntos, luchamos para todos".

Rage Against the Machine, Olivia Rodrigo, Madonna y otros artistas denunciaron las últimas noticias y están recaudando fondos para apoyar de manera directa a organizaciones que ofrecen servicios de aborto en varios estados y para defender derechos civiles. Organizaciones y movimientos de defensa de derechos y libertades civiles dicen que están buscando como responder de una manera conjunta contra la violencia legal, política, social y física de la ofensiva derechista contra las mujeres, los gay, las minorías, los inmigrantes, los periodistas entre otros.

Algunos dicen que ahora inicia –o debería iniciar– un movimiento amplio de resistencia para el rescate democrático de Estados Unidos.

Aretha Franklin. Respect. https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0

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Bombardeo en Siria

Las intervenciones militares de la Alianza Atlántica han dejado un elevado saldo en términos de vidas humanas. Sus actuaciones no han sido objeto de ningún tipo de examen independiente. Sus crímenes tampoco han sido investigad

 

El precio de la guerra se mide en vidas. Lo saben en Afganistán y lo comprobaron en Irak. Lo sufrieron también en Libia, donde los misiles de la OTAN en nombre de la libertad dejaron un reguero de muerte entre aquellos que, paradójicamente, pretendían liberar. Unos y otros son los crímenes impunes que la Alianza Atlántica nunca ha querido aclarar.

A pocos días de que los atlantistas se reúnan en Madrid bajo estrictas medidas de seguridad, Público ha tenido acceso a un informe del Instituto Watson, un prestigioso centro de estudios sobre asuntos internacionales dependiente de la Universidad Brown, con sede en Rhode Island (EEUU).

El mencionado instituto realiza un detallado seguimiento sobre el número de muertes que dejaron como saldo las principales intervenciones militares lanzadas por EEUU y la OTANtras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esas campañas militares tuvieron lugar en escenarios como Afganistán, Pakistán, Irak o Siria.  

De acuerdo a las cifras que maneja ese informe –elaborado mediante el uso de distintas fuentes de datos consultadas por sus autores–, se calcula que 350.800 civiles de estos países "han muerto de forma violenta como consecuencia de las guerras". "Las personas que viven en las zonas de guerra han sido asesinadas en sus hogares, en los mercados y en las carreteras. Han muerto a causa de bombas, balas, fuego, artefactos explosivos improvisados y drones", describe el Instituto Watson.

Las víctimas civiles comprenden también a quienes "mueren en los puestos de control, cuando son sacados de la carretera por vehículos militares, cuando pisan minas o bombas de racimo, cuando recogen leña o cuidan sus campos, y cuando son secuestrados y ejecutados con fines de venganza o intimidación". Todos ellos "son asesinados por Estados Unidos, por sus aliados y por los insurgentes y sectarios en las guerras civiles engendradas por las invasiones".

La pesadilla no termina cuando explota la bomba o alguien dispara su arma. "La guerra también puede llevar a la muerte semanas o meses después de las batallas –describe–. Muchas veces han muerto más personas en las zonas de guerra como consecuencia de las infraestructuras maltrechas y las malas condiciones sanitarias derivadas de las guerras que directamente de su violencia".

Solo la aventura de Afganistán lanzada por EEUU y la OTAN en 2001 dejó un saldo de 46.319 civiles asesinados. Se estima que en Irak murieron otras 185.000 personas que no combatían en ningún bando. En Siria, el número llega a los 95.000. En Pakistán se contabilizaron hasta 24.099 fallecidos. 

Víctimas civiles en Libia

Libia fue otro escenario elegido por la OTAN para intervenir con sus máquinas de guerra. En marzo de 2011, varios Estados miembros de la Alianza Atlántica –entre los que se encontraban Estados Unidos, Reino Unido y Francia– iniciaron una serie de ataques por mar y aire contra las fuerzas del coronel Muamar al
Gadafi. 

"Según la OTAN, en su campaña militar aérea y marítima de siete meses se llevaron a cabo más de 9.700 misiones de combate y se destruyeron más de 5.900 objetivos militares", dice un informe publicado un año después por Amnistía Internacional (AI). 

La organización de derechos humanos documentó sobre el terreno que los ataques de la OTAN habían provocado la muerte de "decenas de civiles
libios
que no participaban directamente en las hostilidades", mientras que otros resultaron heridos. 

En enero y febrero de 2012, una delegación de AI visitó varios lugares situados dentro o cerca de las localidades de Trípoli, Zlitan, Sirte y Brega, "en los que parecían haberse producido víctimas civiles como consecuencia de ataques de la OTAN". Allí inspeccionó los daños causados y los restos de proyectiles, entrevistó a supervivientes de los ataques y a otros testigos y consiguió copias de los certificados de defunción de las víctimas.

Tras esa visita, AI consiguió documentar un total de 55 muertes de civiles, entre los que figuraban 16 niños y niñas y 14 mujeres. De hecho, "decenas de civiles murieron en ataques aéreos de la OTAN contra viviendas particulares de
zonas residenciales y rurales", apuntaba el informe. 

La Alianza Atlántica admitió que había matado civiles en Libia a raíz de un "fallo técnico". Hasta ahí llegó todo. No hubo investigación independiente ni consecuencias de ningún tipo para quienes cometieron tales atrocidades.

"La OTAN ni rinde cuentas ni repara daños en casos de operaciones como las realizadas en Libia. Nadie ha hecho ninguna investigación, mucho menos independiente, sobre cuánto sufrimiento ha costado esas intervenciones", afirma a Público Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y autor de La guerra contra el terror (Editorial Icaria). 

Desplazamientos

El trabajo realizado por la Universidad Brown incide también en el número de desplazamientos provocados por las intervenciones militares realizadas por EEUU y la OTAN desde 2001. De acuerdo a ese informe, las guerras posteriores al 11-S "han desplazado por la fuerza a al menos 38 millones de personas" en lugares como Afganistán, Irak, Pakistán, Libia o Siria. Este número, destaca el estudio, "supera a los desplazados por todas las guerras desde 1900, excepto la Segunda Guerra Mundial".

Entre otros aspectos, destaca que los refugiados de guerra "suelen perder el acceso a un suministro estable de alimentos o a sus puestos de trabajo, lo que provoca un aumento de la desnutrición y la vulnerabilidad a las enfermedades". Son las otras consecuencias de las guerras del siglo XXI.

26/06/2022 20:42

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