Una de las marchas contra el fallo de la Corte, en Portland. . Imagen: AFP

Una de las más multitudinarias fue la de Washington. La interrupción del embarazo ya es ilegal en nueve jurisdicciones.

 

La Policía de Phoenix, Arizona, dispersó con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que se había concentrado durante la noche del viernes frente al parlamento estatal para protestar contra el controvertido fallo de la Corte Suprema que anuló los efectos de la sentencia de 1973 en favor del aborto.

Luego de la represión, las autoridades policiales emitieron un comunicado en el que reconocieron haber utilizado gas lacrimógeno, aunque aclararon que se vieron forzados a hacerlo luego de que varios protestantes "intentaran romper el cristal" de los grandes ventanales del parlamento.

Según un video publicado en Twitter por la senadora estatal republicana Michelle Ugenti-Rita, decenas de personas estaban fuera del edificio y algunas de ellas golpeaban con fuerza los vidrios, mientras los agentes les advertían que retrocedieran. Los incidentes derivaron en el uso de gas lacrimógeno y en la interrupción de la sesión

La senadora estatal republicana Kelly Townsend denunció en la red social que los manifestantes estaban manteniendo a los legisladores como "rehenes" dentro del edificio del Senado. "Se puede oler el gas lacrimógeno y los niños de uno de los miembros (del parlamento) están en su oficina llorando de miedo", se quejó.

La policía aseguró que los manifestantes atacaron algunos de los monumentos de la plaza frente al parlamento local, por lo que se volvió a usar gas lacrimógeno para detenerlos.

En el caso de Arizona, ya hay clínicas que han dejado de practicar abortos por miedo a enfrentarse a consecuencias penales. Esos centros de salud temen una ley de 1901, proclamada 11 años antes de que Arizona fuera un estado, y que establece que cualquiera que facilite un aborto puede ser sentenciado a entre dos y cinco años de prisión.

Algunos republicanos de Arizona argumentan que esa ley ha entrado en vigor automáticamente tras el fallo del Tribunal Supremo, aunque los demócratas difieren. Además, existe en el estado otra ley que prohíbe el aborto a las 15 semanas de gestación y que está previsto que entre en vigor en septiembre.

Las protestas contra el fallo que anuló la sentencia Roe vs. Wade se han sucedido por todo el país. Una de las más multitudinarias fue la de Washington, donde centenares de personas se concentraron durante horas frente al edificio de la Corte al grito de "¡Mi cuerpo, mi decisión!" o "¡Abortemos el Tribunal!".

Consignas similares se escucharon en decenas de ciudades. Algunas manifestaciones fueron organizadas por grupos como Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en Estados Unidos; pero otras surgieron de manera espontánea.

Las protestas fueron especialmente numerosas lugares como Nueva York, donde miles de personas se concentraron en el Washington Square Park, una céntrica plaza que tradicionalmente acoge mítines políticos y manifestaciones.

En Los Ángeles, los manifestantes bloquearon el tráfico del centro de la ciudad, mientras que en Filadelfia miles se concentraron frente al emblemático Ayuntamiento y en Austin Texas, hubo una protesta frente a la corte federal. Otros cientos de personas salieron a la calle en Atlanta, Georgia, en dos manifestaciones diferentes que se unieron a los pies del parlamento estatal.

Por otro lado, en Cedar Rapids, dos personas resultaron heridas al ser atropelladas por un coche durante una protesta. En un comunicado, el alcalde de esa ciudad, Tiffany O'Donnell, dijo que la policía estaba investigando el suceso.

El aborto ya es ilegal en nueve estados: Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. Todos ellos habían aprobado con anterioridad leyes destinadas a prohibir el aborto y que entraron en vigor tan pronto como se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo.

Planned Parenthood estima que 26 estados acabarán prohibiendo el derecho al aborto, en cuestión de días, semanas o meses.


El día después de cuando el aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos

Miles de personas, la mayoría mujeres, se concentran en el parque Washington Square de Nueva York. Han venido a quejarse y a gritar, porque oficialmente el aborto ya no es un derecho constitucional en Estados Unidos.

Marta Campabadal Graus

@MartaCampabadal

El Salto

26 jun 2022

Son las seis de la tarde del primer viernes de verano. Washington Square Park, el parque de Nueva York que ejerce de punto de encuentro de jóvenes, tatuadores, vendedores de marihuana y estudiantes con latas de cerveza, tiene hoy un aspecto muy diferente. Miles de personas, la mayoría mujeres, ocupan la plaza. Han venido a quejarse y a gritar, porque desde hoy oficialmente el aborto no es un derecho constitucional en los Estados Unidos.

El viernes 24 de junio, la Corte Suprema hacía público el fallo sobre el procedimiento judicial Dobbs vs Jackson Women's Health Organization, la anulación de Roe v. Wade, el caso que hace más de 50 años convirtió el aborto en una práctica legal en los Estados Unidos.

Las últimas cifras disponibles del Instituto Guttmacher, ​una organización sin ánimo de lucro que promueve la salud reproductiva son de 2020 y dicen que en ese año se practicaron 930.160 abortos en todo el país, frente a 916.460 en 2019. Cabe señalar que las cifras reportadas incluyen solo los abortos inducidos legales realizados por clínicas, hospitales o consultorios médicos, o que hacen uso de píldoras abortivas dispensadas en establecimientos certificados como clínicas o consultorios médicos. No tienen en cuenta el uso de píldoras abortivas que se obtuvieron fuera de los entornos clínicos.

Son días convulsos en el alto tribunal. Esta misma semana publicaban la resolución por la cual las armas son permitidas en la calle, para defensa propia, en estados como Nueva York, un “oasis” de las armas. El Tribunal, que espera a la última semana de trabajo antes de verano para publicar sus resoluciones más controvertidas, ha hecho pública la decisión de desproteger el aborto esta semana, aunque era ya un secreto a voces. El fallo fue “filtrado” y publicado el pasado 3 de mayo por el medio Politico, que sigue de cerca la vida gubernamental del país.

El think tankPew Research Center determinó en su última encuesta que el 61 % de los adultos estadounidenses dice que el aborto debería ser legal todo o la mayor parte del tiempo, mientras que el 37 % dice que debería ser ilegal todo o la mayor parte del tiempo.

Carol Sanger, profesora de derecho de Columbia University, especializada en derechos reproductivos, apunta que “esta es la primera vez en la historia moderna, y tal vez incluso en toda la historia de los Estados Unidos, que se anula un precedente establecido para rescindir los derechos de las personas”. La profesora añade que “los conservadores han estado esperando mucho tiempo, 50 años, para tener suficientes jueces de su ideología para que puedan salirse con la suya. Y se opusieron y odiaron a Roe V. Wade desde 1973. Así que este es su momento”.

De hecho, uno de los miembros más controvertidos, el juez Clarence Thomas ya ha dicho que el Tribunal Supremo “debería reconsiderar la contracepción, y las leyes sobre matrimonios del mismo sexo”.

“En 2015 tuve un aborto. Sin él, probablemente no me habría graduado de la universidad, y no estaría donde estoy hoy. Estoy muy triste y enfadada”, dice Annelise Eden en un tuit. Eden acaba de graduarse con matrícula de honor de un máster de periodista de la Universidad de Columbia.

La escritora Tiffany D. Jackson compartía en Twitter un pensamiento que también se palpaba en las protestas: “Vivimos en un país que nos obliga a parir pero que no tiene baja por maternidad obligatoria ni atención médica universal”.

Amanda Paige, una joven de Florida que vive y trabaja en el mundo editorial en Nueva York, reaccionó rápidamente ante la resolución del tribunal y publicó en sus redes el siguiente mensaje. “Hola, si conoces a alguien que necesite un lugar donde quedarse en el estado de Nueva York para abortar, puedo encargarme de darle una habitación, transporte y comida. Vivo en una ciudad pequeña a una hora de la ciudad de Nueva York. No me importa si casi no te conozco, o si no te conozco de nada. Puedes contar conmigo”.

Carol Sanger dice que “la gente con menos recursos necesitará ayuda de fuentes privadas, o posiblemente de sus empleadores”. De hecho ya hay varias empresas, como Amazon, Apple o Bumble, que han anunciado ayudas económicas y laborales a sus trabajadoras para poder abortar si así lo desean.

Símbolos como los pañuelos verdes —inspirado por la marea verde, la lucha de las proabortistas argentinas—, los pantalones blancos con manchas rojas y muchos carteles con mensajes claros. “My body, my choice” (Mi cuerpo, mi decisión), “Abortion is a human right” (Abortar es un derecho humano), y “Being pro life is regulating guns, no women’s bodies” (Protejer la vida es regular armas, no el cuerpo de las mujeres).

La manifestación de Nueva York y de la mayoría de ciudades del país fue organizada por Rise Up for Abortion Rights. Merle Hoffman es una de sus fundadoras y lleva vinculada al movimiento desde que en los años 80 empezó a colaborar con la clínica Choice’s Womens Medical Center del barrio de Queens, al este de la ciudad de Nueva York, que atiende en una variedad de servicios alrededor de la reproducción a más de 34.000 pacientes al año. “Ya no podemos ver al Tribunal Supremo como el Olimpo y a las personas que lo integran como dioses. Creo que la credibilidad de la corte se está perdiendo”.

Ryan Bess Winnick, vecina de Brooklyn de 34 años, lleva escrito en su camiseta “My body, my f* choice” (My cuerpo, mi jodida decisión). Desde Washington Square Park cuenta cómo tomará acción, participando en una asociación que llama a ciudadanos registrados como demócratas o independientes de los estados con empate, para que vayan a votar. “Cuando lo leí por la mañana en las redes y en medios, me sentí muy triste. Esto es muy trágico. Pero justo después mi reacción ha sido de enfurecimiento, y por eso estoy aquí”. Bess Winnick añade que “esto es solo el principio de un ataque a los derechos fundamentales”.

El revocamiento de Roe v. Wade no significa que a partir de ahora sea ilegal abortar en los Estados Unidos, pero ya no es un derecho universal y, por lo tanto, su regularización dependerá de cada estado. Los más liberales como Nueva York o California, ya han anunciado que van a blindar el derecho al aborto, y no solo eso, sino que van a poner facilidades a mujeres de otros estados que quieran abortar.

Hasta 26 estados tienen leyes que restringen o prohíben el aborto y que han entrado en vigencia o lo harán en los próximos días. Aun así, lo más probable que la demanda de abortos no cambie. Un análisis del NYT determinó que con la anulación de Roe, la distancia media de viaje para realizar el procedimiento aumentaría de 56 a 450 kilómetros. Lo que significa que los estados, incluidos Kansas, California e Illinois, verán sus clínicas inundadas con pacientes de otros estados. Illinois espera que su número de pacientes aumente entre dos y cinco veces, según ha calculado Bloomberg.

En las últimas semanas, también ha habido acción política proabortista. Y es que anticipando que muchos estados restringirán el acceso al aborto, los políticos en algunos estados con leyes de aborto permisivas como Nueva York, California y Oregón, han aprobado nuevas instancias para proteger y blindar aún más el derecho al aborto y esperan que más mujeres de estados con menos acceso al aborto viajen a sus estados para abortar.

Helmi Henkin es una joven activista que vive en Sant Louis, Missouri, uno de los estados que ha anunciado que prohibirá el aborto. Henkin empezó su activismo en 2016, como acompañante de mujeres que querían abortar en Tuscaloosa, donde hay una de las únicas tres clínicas de aborto de Alabama. Ahora se decida al activismo digital. “Me hice famosa en Twitter porque durante años si veía una noticia sobre algo relacionado con el aborto, respondía con un listado de lugares donde las personas podían donar para promocionar el aborto”. Luego lo convirtió en un documento, que hace aproximadametne un mes Squarespace le pidió si podía convertir en un sitio web que pudiera mantener gratis para siempre. Así que ahora es un sitio web, un documento creciente y vivo.

Las respuestas vienen también de organizaciones seculares que están reaccionando rápido. Nori Rost salió del armario en 1978. Tenía 16 años y vivía en el estado de Kansas, conversador y muy rural. Ahora es la presidenta de la New York Ethical Society, una alternativa secular a la religión, que se basa en la ética y los valores. “Aunque estemos en retroceso, la diferencia entre antes de Roe v. Wade y ahora es que las mujeres no recibían la atención médica adecuada y además estaban solas y avergonzadas en el proceso”. Rost explica que tras la decisión del tribunal, quiere crear una red entre las diferentes sociedades culturales e iglesias unitarias universales, para que las mujeres que están en estados que han perdido su acceso al aborto puedan acceder a fondos y ayudar con el viaje y la vivienda, y venir a un estado que lo permita como Nueva York.

En este sentido, Carol Sanger cree justamente que “si algo puede salir de esto, es una mayor solidaridad en temas reproductivos, porque tendremos que empezar de nuevo y volver a la década de 1950. Es increíble”. Sanger pone palabras a lo que ya se ha ido viendo en los últimos años. “Creo que Estados Unidos ha perdido estatus como líder en el mundo en muchos temas. Y creo que eso comenzó con Trump”.

Por su parte, Hoffman opina que “la libertad nunca es gratis y siempre hay que estar alerta, porque nada está escrito en piedra y nos han quitado el único lugar donde las mujeres tienen el poder de vida y muerte. Ahora vivimos en un estado de esclavitud”.

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Aborto eeuu

Las norteamericanas no dejarán de abortar, pero en muchos estados ahora lo harán de forma ilegal e insegura. La anulación del derecho al aborto es un triunfo del supremacismo blanco y las más perjudicadas serán las mujeres más vulnerables.

 

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección al derecho al aborto, dejará en manos de cada estado decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 26 de ellos, que están en manos de gobernadores conservadores o republicanos, ya han aprobado leyes  contrarias al aborto o que lo prohiben totalmente listas para ser aplicadas cuando la máxima corte de Justicia del país tumbara la mítica sentencia Roe contra Wade, cosa que ocurrió este viernes. De hecho, solo una hora después de que el Supremo tumbara el derecho al aborto, al menos tres estado ya habían prohibido el aborto en todas sus formas.

En Estados Unidos no existe una legislación nacional sobre el derecho al aborto. La protección de este derecho a la salud reproductiva la abrió una sentencia del Tribunal Supremo (el mismo que ahora la tumba). La sentencia, que se conoce como  Roe contra Wade, es de 1973. Es decir que data de hace casi 50 años. Los magistrados de la Corte Suprema en su fallo justifican la medida, afirmando que la Constitución, un texto escrito en el siglo XVIII cuando no existían los derechos humanos ni las mujeres eran sujetos de derecho, "no otorga" este derecho.

La decisión de la Corte Suprema, tendrá un efecto devastador sobre millones de mujeres, pero especialmente sobre las más pobres y sobre todo en las racializadas: las negras, latinas y en general en las de origen migrante. Según datos de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), la decisión del Supremo afectará a unas 40 millones de  mujeres y niñas en edad reproductiva, que podrían dejar de tener acceso al aborto. Esta organización calcula que la mortalidad de las mujeres podría incrementarse un 14%. La peor parte, añaden, la sufrirán las mujeres afroamericanas, en las que el riesgo de morir durante el parto se multiplica por tres en la actualidad.

La prohibición del aborto no supone que se realicen menos abortos, tal como han constatado los expertos en planificación familiar y de las organizaciones que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, sino que éstos serán más difíciles de realizar, ilegales y de alto riesgo para la vida de las mujeres.

"Sabemos con certeza que prohibir el aborto no significa menos abortos y que cuando se promulgan prohibiciones, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que aquellas que no pueden acceder a la atención del aborto legalmente se verán obligada a utilizar métodos no regulados e inseguros, lo que podría provocar daños graves o incluso la muerte", afirma Dr. Álvaro Bermejo, director de IPPF.

A partir de este fallo cada estado podrá decidir sus propias medidas y esto puede suponer que millones de mujeres no solo no tengan derecho a interrumpir sus embarazos, sino que pueden ser perseguidas, investigadas y criminalizadas, tal como ocurre en la actualidad en países como Nicaragua o el Salvador, donde muchas mujeres han acabado en prisión por sospecha de aborto. A partir de este fallo en muchos estados mujeres y niñas serán obligadas a llevar a término sus embarazos aunque éstos sean fruto de violación o incesto. A pesar de que el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida o de que la madre necesite tratamiento o un aborto por tener un enfermedad como un cáncer. Leyes de distintos estados republicanos permitirán la investigación de las mujeres, que pueden incluir las búsquedas que realicen en redes sociales o el uso de aplicaciones online para seguir su ciclo menstrual, o tener que comparecer ante a justicia por un aborto espontáneo en incluso acabar en prisión.

Un triunfo del supremacismo blanco

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no ha cogido por sorpresa a las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos. A principios de mayo de este año, el diario Politico, filtró un borrador de la propuesta del Alto Tribunal favorable a anular la histórica sentencia.

Para Almudena Rodríguez, de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya, el sentido del voto de la Corte era previsible "debido a la ideología de los magistrados que la componen, que es ultraconservadora. Esta fue una estrategia bien diseñada por [Donald] Trump, que ha metido a magistrados de esa ideología hasta el último día de su mandato, como fue el caso de Amy Coney Barret, en sustitución de la progresista Ruth Bader Ginsburg". [fallecida poco antes de las elecciones en las que Trump fue derrotado]. 

Rodriguez afirma que con esta medida el aborto inseguro aumentará y que tendrá consecuencias principalmente sobre las afrodesencidentes, las mexicanas, las mujeres migradas, porque las blancas o las que tengan medios podrán viajar o recurrir a otros medios".

del supremacismo blanco y tiene mucho que ver con el racismo. Es también una medida ejemplarizante para todo el mundo y nos dice muchas cosas de la geopolítica. Esto no solo ocurre en Estados Unidos, sino que se trata de grupos fundamentalistas y son acciones colectivas y se deciden en espacios internacionales donde planifican campañas y acciones. En este caso lo han conseguido. Esto es un aviso a navegantes, a todas", añade Rodríguez.

 Desde IPPF coinciden con este análisis. Para Elizabeth Schlachter, esto no se trata solo del movimiento contra el aborto en los EEUU, sino de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de extremistas religiosos y conservadores anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y anti-negritudes, que están usando dinero opaco y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención médica, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad".

Para Rodríguez en Europa tenemos metida a esta extrema derecha en los parlamentos desde hace años en algunos países y tenemos también el ejemplo de Polonia, que es el extremo paradigmático. Por ahora tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa han conseguido resistir, pero el auge de la extrema derecha es un hecho y acabar con el aborto es uno de sus grandes objetivos. En España hemos ampliado derechos, pero se trata de una victoria en un contexto que es peligroso y abierto. Por eso repito que es un aviso a navegantes".

 

24/06/2022 19:47

Marisa Kohan@kohanm

 

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El Acuerdo de Escazú o la ilusoria tregua en medio de una guerra total contra la vida

Es esencial empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuelvan los verdaderos problemas. (Murray Bookchin)

Nuestra derrota sólo quedará sellada si decidimos no escrutar los fundamentos de lo ocurrido, si no descubrimos con claridad lo que propiamente hemos de combatir. Precisamente por estas razones mis amigos y yo hemos de ir a las raíces de las cosas. (Günther Anders)

Aviso de incendio

Es un derecho inalienable de todo ser humano y una obligación de todo Estado garantizar el libre acceso a la información, la participación pública activa en la toma de decisiones y el irrestricto acceso a la justicia, principalmente cuando se trata de los temas que caracterizan al entorno que habitamos y compartimos con otras formas de vida. Esto debería ser así si asumimos que vivimos en democracia.

Al no ser así, todo instrumento jurídico y político que nos permita acceder a estos derechos debe ser entendido como necesario para continuar defendiendo la vida en el planeta. A partir de esta realidad es que consideramos que el llamado “Acuerdo de Escazú” es una herramienta que podría utilizarse como un mecanismo legal para garantizar el acceso a la justicia pronta y efectiva para todas aquellas singularidades y comunidades que se ven vulneradas por la violencia intrínseca del modelo de destrucción capitalista, al que consideramos irremediablemente insostenible.

Es necesario desarrollar una inteligencia compartida de la situación mundial que nos permita comprender a qué nos enfrentamos: El colapso mundial y la guerra total contra la vida. Esta inteligencia compartida posibilita la visión de las operaciones en curso que se ejecutan bajo una lógica de competencia por el control de los recursos estratégicos en acelerado agotamiento. Para ello es necesario el debate que invite a todas las voces a pronunciarse y a reflexionar sobre el rumbo de los acontecimientos.

Es a partir de la comprensión de nuestra situación actual que proponemos una crítica política al Acuerdo de Escazú con la intención de aportar herramientas y elementos para que tenga lugar este debate; NO con la intención de rechazar las garantías jurídicas que en él se contemplan para la protección de las vidas de las personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza en América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo, pero también la más rica en materia de bienes comunes.

Por el contrario, nuestra crítica se centra en algunos aspectos que se circunscriben al Acuerdo de Escazú, y que consideramos se deben tomar en cuenta en este debate. Específicamente nuestra crítica se enfoca en:

  1. El concepto de “Desarrollo Sostenible” en el que se inscribe la Cumbre de Rio+20 del que emana el Acuerdo de Escazú.
  2. Los promotores del acuerdo, principalmente las agencias financieras internacionales y los gobiernos latinoamericanos que participaron en su elaboración.
  3. El acceso a la información y la excepción bajo excusa de la seguridad nacional.
  4. El desmantelamiento de las instituciones públicas como una política neoliberal que coarta la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información y a la justicia.

Es este contexto latinoamericano en el cual nos situamos y las dinámicas imperialistas y coloniales que en él se desarrollan, lo que nos lleva a plantear nuestra crítica. No nos situamos en el ámbito del derecho para analizar al Acuerdo de Escazú, desde el cual ya se han expuesto todas sus bondades como una herramienta jurídica necesaria; sino desde lo político, ámbito de reflexión que ha sido considerado como superfluo, “porque se entiende que los mecanismos de control judicial «a posteriori» constituyen una vía suficiente para revisar los resultados de la actividad política” (Agapito, 2009, p. 12).

Pero la realidad y la misma actividad política no cesan de recordarnos que la visión dominante que se tiene de la Política es la de un ámbito definido exclusivamente por lo político, esto es, la lucha por el poder, entendiendo a éste como el poder matar y destruir, y “quien pueda hacerlo, sostiene Santiago López Petit, es quien tiene el poder” (2015, p.11).

El desarrollo como catástrofe

El crecimiento económico imparable e infinito que pretende el modelo capitalista no es acorde con la finitud de la vida y de lo que llaman bienes comunes planetarios. El capitalismo se sustenta en la lógica de la acumulación por destrucción y el despojo. Para expresarlo abiertamente, sin eufemismos, NO es posible un desarrollo sostenible. El desarrollo, sin importar que adjetivos le acompañen, debe ser entendido como catástrofe, siendo ésta, no sólo consecuencia del accionar humano, sino, el resultado intrínseco del capitalismo y de la clase parasitaria que se beneficia de la explotación y destrucción de otros seres humanos y otras formas de vida.

La magnitud de la catástrofe hace cada vez más evidente la urgencia de adoptar acciones más decididas para hacerle frente, asumiendo posturas éticas y políticas que nos permitan irrumpir en la realidad que nos ataca. Es por esta razón que hacemos eco de las alarmas que nos advierten que el planeta está experimentando “un gran episodio de disminución y extirpación de poblaciones, que tendrá consecuencias negativas en cascada en el funcionamiento y servicios de los ecosistemas que son vitales para el mantenimiento de la civilización. Describimos esto como una “aniquilación biológica” para resaltar la magnitud actual del sexto evento de extinción grave actualmente en curso en la Tierra” (Ceballos, Ehrlich, y Dirzo, 2017, p. 1. Énfasis nuestro).

Dicho con más contundencia, los procesos destructivos provocados por el modo de producción capitalista “eventualmente resultarán en la aniquilación de toda la vida en el planeta” (Strona y Bradshaw, 2018, p. 2). Y con ella, la sensación de no poder detener ese proceso de aniquilación, lo que nos coloca en medio de “la paradoja de unos beneficiarios que son incapaces de proteger al sistema que les beneficia” (George, 2003, p. 27).

Hablamos de aniquilación biológica y no del sinsentido del “desarrollo sostenible”, principalmente porque este concepto describe cabalmente al proceso de acumulación por destrucción infinita en un planeta de “recursos” finitos, mientras que términos como “desarrollo sostenible” nos refiere al mantenimiento del modo de destrucción capitalista, siguiendo su crecimiento ininterrumpido, pero gestionado de tal forma que pueda considerarse como “verde”, una suerte de catástrofe amigable con el entorno que destruye.

No es posible un desarrollo sostenible cuando la realidad evidencia un proceso histórico que solo puede comprenderse en términos de Maldesarrollo que “epitomiza la amplitud, la profundidad y la trágica realidad de un fracaso global” (Carmen, 2004, p. 37). No hay punto intermedio, hablar, por tanto, de “desarrollo sostenible”, no es otra cosa que una abdicación epistémica y un posicionamiento a favor del agresor y contra las singularidades y comunidades más vulnerables en esta guerra total contra la vida.

Cuando llamamos por su nombre real a los procesos destructivos que atentan contra la vida, advertimos sobre la urgencia de acciones más contundentes para hacer frente a la catástrofe resultante del modelo capitalista. Hablamos de Aniquilar, del latín annihilare, alteración de nihil, ‘nada’, que significa literalmente “reducir a nada” (Corominas, 1961, 52), acción que no se gesta por generación espontánea, ni mucho menos un error que escapa a todo cálculo. Hacemos referencia no solo a una fase sino a una acción que perfectamente se relaciona con la guerra que, como señaló Carl von Clausewitz, “en todas las circunstancias debemos considerar a la guerra no como algo independiente, sino como un instrumento político” (2004, p. 49).

La aniquilación biológica es una manifestación directa de una guerra total contra la vida, la de todos los seres que habitan en el planeta, incluida la humanidad. Al ser la guerra un instrumento político, debe entonces comprenderse como parte de un proyecto político, con objetivos claramente definidos, no es un hecho aislado, ni un error humano, mucho menos que estalla de improviso. Es un acto de fuerza llevado a cabo por la clase parasitaria capitalista, obsesionada con la acumulación de poder y el gobierno de las especies.

Conociendo al enemigo: De cuando el lobo ya no se disfraza de oveja, pero sí se pinta de verde

Queda claro que el contexto planetario que vivimos actualmente es de guerra y es un principio de ésta conocer al enemigo que se enfrenta. De ahí que el primer objetivo de nuestra crítica al Acuerdo de Escazú consiste en visibilizar a los promotores de este acuerdo, operarios de la destrucción; armas de guerra imperialista para la devastación de países y el saqueo de sus recursos considerados como estratégicos. Ahora se asumen, sospechosamente, como amigos de la naturaleza y protectores de comunidades y singularidades vulnerables; víctimas de sus propias políticas y directrices.

Que el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras agencias imperiales promuevan un acuerdo que parece más una suerte de tregua, debería encender todas nuestras alarmas y considerar la posibilidad de una paz con la naturaleza y con quienes la defienden como un rescate del sentido original de la pax imperii, esto es, la dominación y la rendición absoluta frente al dominador. No extraña, por tanto, que se acoja de tan buena gana conceptos engañosos como el de desarrollo sostenible. Pero lo que sí extraña es el silencio repentino de ciertos sectores que han dejado de cuestionar a estas agencias imperiales de la destrucción, y que, sin mediar una crítica profunda, ven su historial delictivo como “errores humanos” que son rectificados tras una suerte de epifanía institucional de la catástrofe.

Otros actores promotores de este Acuerdo dignos de toda sospecha son los gobiernos latinoamericanos firmantes, merecedores del epíteto de administradores coloniales de la destrucción de países y garantes del robo de los bienes comunes en detrimento del bienestar de sus propias poblaciones, tal como fue esgrimido por el ideólogo imperial George Kennan al referirse al rol colonial que deben cumplir los gobiernos latinoamericanos en beneficio de los intereses imperiales estadounidenses sobre la región. Para Kennan, “Para proteger nuestros recursos, debemos combatir una herejía peligrosa que, tal como señaló la inteligencia norteamericana, estaba proliferando en América Latina ‘la amplia aceptación de la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo” (Chomsky, 1988, p. 34).

Resulta paradójico que los gobiernos sean los principales garantes del respeto a la vida y los Derechos Humanos y de la Naturaleza a la vez que son los mayores violadores de esos mismos derechos. Su poco interés por avanzar en la resolución de los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de la vida, hace de los Estados, máquinas de impunidad al servicio del mayor postor. A pesar de esto, se les encomienda la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo estipulado en un acuerdo como el de Escazú.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 cuando algunos de los peores gobiernos latinoamericanos de la segunda década del siglo XXI estaban en el poder. El proceso de negociación fue copresidido por el Chile de Sebastián Piñera enemigo acérrimo del pueblo Mapuche y la Costa Rica del saliente Luis Guillermo Solís, para luego ser sustituido por Carlos Alvarado, periodos de tiempo en los que fueron asesinados los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.

Junto a estos dos países también fueron parte del Acuerdo el México del sanguinario régimen de Enrique Peña Nieto, la Argentina del impresentable Mauricio Macri, la Colombia de Juan Manuel Santos, el Ecuador de Lenin Moreno y el Brasil del golpista Michel Temer. Ninguno de ellos dignos de ser considerados garantes de la democracia, el Estado de Derecho, o de los derechos de los pueblos indígenas, mucho menos pueden ser considerados como adalides por la protección de la Naturaleza. ¿Se puede entonces confiar que un acuerdo elaborado por estas administraciones coloniales va a garantizarnos los derechos más elementales para la protección de la vida en el planeta?

Por otra parte, rechazamos contundentemente la instrumentalización de las violencias y las muertes de las personas que han puesto, y ponen su cuerpo y su vida en defensa de los derechos de la Naturaleza y de las singularidades y comunidades a vivir en un ambiente digno y saludable para la plenitud de la vida. Rechazamos que entidades como el Banco Mundial y otras agencias financieras internacionales y regionales, así como representantes de gobiernos neoliberales que se han encargado de custodiar y asegurar la destrucción de nuestros países y el saqueo de nuestros territorios, se valgan de los asesinatos de Berta Cáceres, Sergio Rojas, Jehry Rivera y muchas otras, para promover acuerdos marco que, en sus propias palabras, garanticen un “ambiente sano para las inversiones”, siendo estas entidades y gobiernos, los responsables de sus muertes y de la impunidad de esos delitos.

Siendo ellos los gestores de esta aniquilación de la vida, nos resulta sospechosa su renovada actitud “amigable con la naturaleza” y comprometida con la protección de nuestras vidas y la de otras formas-de-vida, cuando históricamente se han valido del principio realista-político “Necessitas non habet legem” (la necesidad no tiene ley) para justificar sus acciones y proteger sus intereses a costa del exterminio y de la destrucción de otras formas de vida, y el asesinato sistemático de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, como se manifiesta en las palabras del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el 6 de abril de 2016 en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York, cuando se le preguntó por el asesinato de Berta Cáceres, afirmando que “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer, y que alguno de estos incidentes no suceda” (“you cannot do the kind of work we are trying to do and not have some of these incidents happen”) (Knight, 2016).

Estas palabras de Kim evocan a la guerra total, la destrucción es llevada a cabo por todos los medios sin miramiento de sus consecuencias. Siguen la misma lógica que la del ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos de la era Trump, James Mattis, respondiendo al cuestionamiento sobre los bombardeos de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra Siria: “El asesinato de civiles es “una realidad de la vida en este tipo de situación” (HISPANTV, 2017). Los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, son más que daños colaterales en esta guerra total contra la vida, son objetivos militares…

Autopsia de un acuerdo demasiado perfecto

Nuestra crítica política no puede quedarse en la exposición de los operadores de la destrucción, autoproclamados como nuevos defensores de la vida en el planeta, sin que ello implique un análisis de algunos aspectos del acuerdo que deben ser pensados en el contexto actual de guerra global que padecemos.

En primer lugar, nos encontramos con el artículo 5 referente al acceso a la información ambiental que en su numeral 6 se desprende que el acceso a la información es limitado según lo establezca cada una de las legislaciones nacionales, o bien, en caso de no contar con ellas, el Acuerdo brinda una serie de excepciones que permiten denegar el acceso a información sin importar lo que previamente se había mencionado.

Entre las excepciones esgrimidas, no podía faltar la voluble excusa siempre presente de la seguridad nacional, definida en los manuales militares como el conjunto de condiciones que permiten alcanzar objetivos nacionales permanentes”, objetivos perpetuamente ligados al modelo capitalista y a la lógica de la acumulación por destrucción. No extraña que los doctrinarios de la Seguridad Nacional argumentaran panfletariamente que “la seguridad es la esencia del desarrollo”.

En un contexto de colapso mundial, caracterizado por la aniquilación biológica y el acelerado agotamiento de los recursos considerados estratégicos, aceptar la excusa de la seguridad nacional como una excepción a los derechos y garantías jurídicas necesarias para la defensa de la vida planetaria no sólo raya en la ingenuidad política, es una suerte de suicidio por parte de los movimientos ambientalistas.

Otro elemento de este acuerdo que nos genera sospecha y que consideramos como una especie de blanqueamiento y legitimación de la aniquilación biológica tiene que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones. No vivimos en democracia –el solo hecho de pensarlo ya da cuenta de mucha inocencia política-; el clamor popular no se impone sobre los objetivos estratégicos de los grupos de poder y su afán por la acumulación de poder y capital en un contexto de acelerado a agotamiento de los recursos. La participación ciudadana no significa “veto ciudadano” en la toma de decisiones a proyectos contrarios a sus interés o destructores de la naturaleza. Es sencillamente, una “garantía de participación”. Un ejemplo de ello fue la experiencia del Movimiento Ríos Vivos entre los años 2013 y 2018, cuando imperaba la amenaza de la construcción de Proyectos Hidroeléctricos, la ARESEP llegó a organizar audiencias públicas en las que alrededor de 400 personas se opusieron al PH San Rafael, frente a solo 10 que lo apoyaban, a pesar de esto la entidad les otorgó la autorización para su construcción. La lección fue obvia: la sociedad civil solo sirvió para legitimar el proceso por medio de su participación.

El acuerdo parece a primera vista, un gran avance en materia de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Lo sería realmente si no fuera por el hecho de que no menciona, ni siquiera toma en cuenta un factor elemental, las instituciones estatales garantes de esos derechos han sido, y continúan siendo, desmanteladas por los mismos gobiernos neoliberales que elaboraron el acuerdo.

En Costa Rica, a pesar del ímpetu de la administración de Carlos Alvarado respecto al Acuerdo de Escazú, no hizo nada para contrarrestar la impunidad del asesinato de Jhery Rivera ni para eliminar o al menos reducir el racismo institucional y social que impera en el país. Si lo analizamos en detalle según la base de datos del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto nacional, bajo la excusa de la reducción del déficit fiscal y el saneamiento de la economía, este gobierno se dedicó a recortar el presupuesto de instituciones encargadas de la protección ambiental, como es el caso de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), que pasó de contar con un presupuesto de ¢2.326.948.000 en 2018, a ¢1.926.766.046 en 2022. Práctica que se puede ver en casi todas las entidades gubernamentales, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo presupuesto se ha mantenido constante, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, pero cuyos efectivos terminan siendo utilizados contra las poblaciones que se movilizan.

A modo de conclusión

En definitiva, muy a pesar de que el Acuerdo de Escazú pueda ser considerado como una herramienta jurídica para garantizar el acceso a derechos elementales para la defensa de la vida en todas sus formas, puede que este mecanismo no sea más que una ilusión, una falsa tregua publicitada como lo mejor, y por tanto, defendida y promovida inocentemente por los mismos movimientos ambientalistas. Por ello, puede terminar siendo una trampa finamente elaborada por los operarios de la destrucción para crear “un ambiente sano” para la ejecución de sus planes a pesar de la oposición social que pueda surgir para hacerles frente.

Por ello, consideramos que todo mecanismo e instrumento que sea útil para garantizar el acceso irrestricto a nuestros derechos, debe emanar de nosotros mismos, de las comunidades y las singularidades en movimiento, nunca como una concesión del poder, de los verdaderos enemigos de la vida en el planeta.

Situarnos en el colapso mundial implica denunciar la ideología y los procesos que definen a esa sistemática acumulación por destrucción y exponer las operaciones en curso que son parte de la guerra total contra la vida bajo la consigna de una gestión compartida del riesgo.

Ante esto es importante recordar las palabras de Günther Anders: “estamos en peligro de muerte por actos de terrorismo perpetrados por hombres (sic) sin imaginación y analfabetos sentimentales que son hoy omni-potentes” (2007, p. 160). El dilema que se nos presenta en este contexto de catástrofes por responsabilidad de las jerarquías y las estructuras de poder, es, parafraseando al mismo Anders, “¿cómo detener a quienes no se detendrán ante nada?”

 

Referencias:

Agapito, R. (2009) Prefacio. En Schmitt, C. (2009) El concepto de lo político. Trad. Agapito, R. Madrid: Alianza Editorial.

Anders, G. (2007). Filosofía de la situación. Madrid, España: Los libros de la Catarata.

Bookchin, M. (2015). Ecología Social. Apuntes desde un anarquismo verde. Concepción, Chile: Editorial Novena Ola.

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Ceballos, G; Ehrlich, P; Dirzo, R. (2017) Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1704949114

Chomsky, N. (1988). Nuestra pequeña región de por aquí: Política de Seguridad de los Estados Unidos. Trad. Alegría, C; Flakoll, D. Managua, Nicaragua: Editorial Nueva Nicaragua.

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Strona, G. y Bradshaw, C. (2018). Co-extinctions annihilate planetary life during extreme environmental change. Scientific Reports 8 (1), pp. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-35068-1

Por Bryan González Hernández, Jiri Spendlingwimmer | 23/06/2022

Bryan González y Jiri Spendlingwimmer son miembros del Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica.

Publicado enMedio Ambiente
Una bandera chilena desplegada durante una movilización contra el expresidente Sebastián Piñaera en Santiago de Chile. (Marcelo Hernandez / Getty Images)

Entrevista cion Elisa Giustinianovich

Una mirada desde adentro del debate en la Comisión de Normas Transitorias, responsable de articular la larga y compleja transición entre la Constitución pinochetista y la aprobada este año, después de la inmensa revuelta social chilena.

Este martes 14 de junio se aprobaron las últimas Normas Transitorias que establecen los términos en los cuales se implementará la nueva Constitución de Chile. De entre esas normas destacan la obligación del gobierno de presentar proyectos legislativos para instaurar sistemas nacionales que garanticen derechos sociales. Además, se establece el fin del Senado en el año 2026, dando paso a un nuevo período en la historia política del país, con una representación regional más profunda en la nueva Cámara de las Regiones. Finalmente, todavía se siente en el aire la tensión por el debate por el quórum y el mecanismo de reforma constitucional, que dejó claro que la implementación de la nueva Constitución no va a ser un proceso pacífico sino uno de fuertes disputas entre los sectores populares y la elite.

Pablo Abufom, de Jacobin, conversó con Elisa Giustinianovich, convencional constituyente por la Coordinadora Social de Magallanes, en el extremo sur de Chile, participante del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, quien fuera coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias. En esta conversación se explora la importancia de las normas transitorias para los próximos años, la conducta de los bloques políticos al interior de la Comisión, y los desafíos que abre esta transición para los sectores populares. 

 

PAS

Sabemos que una vez terminada la redacción del borrador de la Constitución se crearon tres comisiones: de Normas Transitorias, de Armonización y de Preámbulo. ¿Podrías contarnos cuál fue la tarea de la Comisión de Normas Transitorias y por qué es tan importante? 

EG

Se ha creado una comisión ad hoc para poder construir las normas transitorias. En principio llegaron propuestas preliminares aprobadas en general desde las comisiones temáticas, pero era muy necesario crear una comisión transitoria para poder profundizar y dar una visión más sistémica, considerando el borrador completo de la nueva Constitución, con todo el sistema de normas aprobadas y poder pensar en normas de carácter general que permitieran acompañar a la nueva Constitución en sus primeros años de vida. Esto último es muy importante: un sistema de normas transitorias ayuda en el tránsito de habilitación de un nuevo orden constitucional y permite acompañar este cambio del actual orden al nuevo orden constitucional. Ese tránsito efectivamente está en manos de los poderes constituidos, pero evidentemente ayuda muchísimo poder pensar desde el poder constituyente en las eventualidades, en las dificultades, y en cualquier problema que pudieran tener aquellos poderes en el momento de habilitación.

Hay ciertos nudos que tienen que ser resueltos, idealmente de manera anticipada, para no generar conflictos de carácter técnico, administrativo e incluso político a la hora de generar o implementar estos cambios y transformaciones, ya sean de orden orgánico o adecuaciones legislativas. Hay varias materias que hay que anticipar, porque efectivamente una Constitución entra en vigencia in actum, pero hay que abordar todo lo que tiene que ver con el derecho anterior. Uno podría hacer una analogía con un corazón y su sistema circulatorio: tú estás haciendo una cirugía de trasplante de corazón, pero todo el engranaje, todo el sistema circulatorio que es infra constitucional, infra corazón, por así decirlo, y hay partes que tienen que mantenerse vigentes, tienen que compatibilizar de alguna manera, mientras que todo aquello que no es compatible requiere una vía para poder transformarlo, adecuarlo o derogarlo. El sistema de normas transitorias tiene que prever ese tipo de dificultades, anticiparlas y proponer una solución. 

En términos más jurídicos, efectivamente, hay normas que son más características, más tradicionales en el derecho constitucional, que por lo general están siempre contenidas en el sistema de normas transitorias. Por ejemplo, la clásica norma que habla de la entrada en vigencia de la nueva constitución y la derogación de la anterior. Y la clásica norma de recepción del derecho anterior, que la forma en que este nuevo corazón recibe todo lo que es infra constitucional y lo adapta a la normativa constitucional de manera de no dejar un vacío normativo. Y bueno, de ahí en adelante vienen todas las materias más específicas, que responden evidentemente al momento histórico donde se genera este cambio. Entonces hay que hacer una lectura del momento y de las excepcionalidades para tomar decisiones, unas principalmente políticas y otras de carácter más técnico, para construir un sistema íntegro y coherente. 

PAS

Es claro que esta Convención es un fenómeno inédito en nuestra historia: no ha habido convenciones o asambleas constituyentes que sean tan democráticas y que tengan este carácter en el marco de una crisis social y política tan profunda. Naturalmente, eso implica que existan tensiones, polarizaciones, bloques. ¿Podrías relatarnos cuáles han sido los principales nudos del debate sobre Normas Transitorias? ¿Cómo fue discutir sobre la democracia participativa, plurinacionalidad, derechos sociales o el rol de los recursos naturales en la economía chilena?

EG

Las disputas más fuertes no se dieron con los temas específicos. En general hubo una buena disposición para abordar los temas específicos más urgentes, los relativos a derechos sociales, las aguas y los bienes comunes. Creo que los principales nudos políticos se dan con las normas de carácter general que son las que generan un marco de acción, que condicionan todo el sistema de normas transitorias. Esas normas más complejas de carácter general tienen que ver con la recepción del derecho anterior y con el quórum de reforma constitucional transitoria para el actual Congreso. 

Y eso es porque el cambio constitucional genera una situación de excepcionalidad, es un contexto en el que va a entrar en vigencia la nueva Constitución pero habiendo tenido hace muy poco el último evento electoral (parlamentario y presidencial). En el momento previo a la gestación de esta vía institucional para canalizar finalmente la revuelta social del 2019 jamás se anticipó que tuviéramos que retrasar el inicio y el cierre de la Convención Constitucional. Se pensaba en un principio que durara como máximo un año para finalizar antes del siguiente evento electoral, lo que hubiera sido lo ideal. La secuencia debió ser: fin de la Convención, plebiscito de salida, ingreso de la nueva Constitución y siguiente evento electoral. Pero, por la pandemia, no fue eso lo que ocurrió. 

Así que estamos en una situación anómala, donde va a entrar en vigencia el nuevo texto después de la elección de las nuevas autoridades, lo que nos ha provocado una dificultad mayor. Genera complicaciones frente a la posibilidad de poder llamar o no a nuevas elecciones en forma inmediata para habilitar el nuevo orden político, el Estado regional, las autonomías territoriales, etc. Y es una decisión política importante porque efectivamente estamos en un contexto de democracia, donde el único ejercicio democrático al cual tenemos acceso es el sufragio, ya que todavía no tenemos otros elementos democráticos participativos y vinculantes. Sería complejo llamar a elecciones anticipadas siendo que las autoridades fueron electas democráticamente hace menos de un año. Es por eso que se toma la decisión de respetar los mandatos de las autoridades recientemente electas, reconociendo que hay un periodo de transición donde tenemos un Congreso bajo las viejas reglas, con toda la normativa actualmente vigente. En ese periodo de transición se abordarán materias de carácter más urgente para las que se requieran adecuaciones legales y normativas, de tal modo que en el siguiente ciclo político podamos habilitar de forma plena todos los mandatos constitucionales. Creemos que es un diseño lógico, que permite preparar la habilitación de nuevos capítulos constitucionales como sistema político, como forma de Estado. Por ejemplo, se respeta el calendario electoral, excepto en el caso del Senado. Las próximas elecciones a nivel regional y local se realizan en 2024 y las nacionales en 2025, pero mientras no se pueda habilitar este nuevo Congreso o estos nuevos gobiernos regionales o gobiernos locales se generan todas las adecuaciones para que puedan habilitarse plenamente en el siguiente ciclo. Ese fue un primer gran nudo, que estaba muy vinculado a un acto electoral con una alta concurrencia de votantes. 

En segundo lugar, la norma de recepción del derecho anterior tiene dos formas más tradicionales de hacerlo. Una pasa por recibir toda la normativa infraconstitucional, excepto aquella contradictoria con la nueva Constitución —para lo que es contradictorio, se pueden generar mandatos para adecuarlo, modificarlo o derogarlo, y se puede indicar una derogación tácita frente a la que tendrán que actuar rápidamente las instituciones y tribunales—, otra implica una recepción de todo lo acorde a la nueva Constitución, mientras que lo que fuera contradictorio se recibe de manera transitoria, mientras no sea derogado, adecuado o modificado por parte de los poderes e instituciones que corresponda.  

Eso fue un nudo político, uno de los nudos más densos de resolver dentro de la comisión porque efectivamente había muchas alternativas. Se podían establecer acciones para la ciudadanía ante la Corte Constitucional para declarar ciertas normas como inconstitucionales. Se podía dar mandato a los altos funcionarios de la administración pública para que hicieran adecuaciones desde el momento en que se promulga la nueva Constitución. En general nuestra posición desde Movimientos Sociales Constituyentes fue la de canalizar acciones ante la Corte Constitucional, pero lamentablemente la posición del oficialismo fue la más conservadora y quisieron dejarlo exclusivamente en manos del Congreso, sin intervención del Poder Judicial, con la excusa de que eso podía saturar los tribunales. Logramos, eso sí, incluir el mandato a los altos funcionarios y funcionarias de la administración pública para generar adecuaciones, y una cláusula que permitiera a la ciudadanía desde el primer momento interponer Iniciativas de Derogación de Ley para todo el derecho anterior. Eso permitiría de alguna manera meterle presión al Legislativo para que derogue las leyes que contrarias a la nueva Constitución. 

PAS

Hay normas transitorias aprobadas que efectivamente dan un mandato al Ejecutivo para que en cierto plazo tenga que tener una iniciativa legislativa sobre distintos Sistemas Nacionales muy vinculados a la garantía de derechos sociales, lo que fue muy demandado por los pueblos en las últimas décadas ¿Podrías hablarnos de algunas de esas normas transitorias? 

EG

Efectivamente, hay muchas vías de proponer adecuaciones legales o la creación de nuevas leyes. Entonces, para poder hacerse cargo de las urgencias, existen estas normas de carácter excepcional. Para derechos fundamentales se escogió lo prioritario, que es la habilitación de los sistemas nacionales —Sistema Nacional de Seguridad Social, Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Educación Pública, Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional Integrado de Suelos—, lo que permitirá la habilitación del derecho a la vivienda. Esto también se aplicó para el derecho al agua. Y eso quedó planteado con una fórmula que establece un plazo para que el presidente proponga los proyectos al Congreso y, una vez cumplido ese plazo, se abre una etapa de dos años para que el Congreso los tramite y promulgue. También será posible levantar Iniciativas Populares de Ley para estas materias.

Hubo un consenso bastante amplio para sacar adelante esas normas porque había que dar una señal muy clara respecto de las urgencias que nos trajeron acá. Son normas que sirven para generar un mandato a los poderes constituidos, sabiendo que desde el 4 de julio la aplicación va a estar en sus manos porque ese día la Convención termina sus funciones. De allí en adelante queda todo en manos del poder constituido. Sin embargo, hay un mandato constitucional claro respecto de cuáles son las acciones en este periodo de transición, con fechas establecidas, lo que le permite a la ciudadanía tener algo así como una carta de respaldo que dice: «Nosotros generamos un mandato a través del poder constituyente para que de aquí a dos años tengas que proponer un proyecto de ley y tramitarlo en otros dos años». Entonces en la Constitución ese respaldo de alguna manera queda en manos de la ciudadanía. En la redacción del pacto social de los pueblos de Chile tienes una carta de garantía y si los poderes constituidos no cumplieran tendremos motivos de sobra para salir a la calle a protestar nuevamente. 

Bueno, para eso también sirven las normas transitorias, como una especie de seguro de cumplimiento de la nueva Constitución frente a un mandato que deben respetar los poderes constituidos. Por eso para nosotras era muy importante incidir en estas normas, porque efectivamente les corresponde a ellos llevar a cabo esta habilitación pero necesitamos un mandato claro que nos entregue cierta seguridad y una garantía para poder exigir más adelante que estos plazos se cumplan.

PAS

Hablemos sobre los bloques políticos de la Convención. ¿Qué sectores encarnaban las distintas posiciones con respecto de esos nudos? ¿Hubo ciertos sectores que siempre tomaron una posición más conservadora y otros que no? 

EG

Bueno, la derecha se restó y en este último mes han estado distantes del proceso, con la gran mayoría manifestando públicamente su postura de rechazar la nueva Constitución. Hubo un bloque que, bajo el pretexto de supuestas irregularidades en la tramitación de las normas dentro de la Comisión, incluso dejó de votar y estuvo bastante ausente del proceso. Por eso, para las normas transitorias se constituyó un bloque con todos los colectivos menos con la derecha, desde el Colectivo del Apruebo hacia la izquierda. Y el bloque oficialista, incluyendo al Frente Amplio y el Colectivo Socialista, son los que han tomado una posición bastante conservadora. A mí me da la impresión de que tiene que ver con generar ciertas garantías o estabilidad al gobierno, o con dar señales para las negociaciones legislativas que necesitan para implementar su plan de gobierno. Esa es una lectura que hago en términos personales. Lo digo porque es extraño que luego de haber tenido posiciones más progresistas a lo largo del debate sobre la nueva Constitución luego hayan llegado a esta Comisión con posiciones más conservadoras de lo habitual. Probablemente hubiese sido distinto si hubieran sido oposición, ¿no? Si este mismo debate se hubiese dado en el gobierno de Sebastián Piñera yo creo que este bloque oficialista hubiese adoptado posiciones más progresistas. De todos modos, era previsible que siendo gobierno llegaran con estas posiciones. 

Pese a todo, se ha hecho un gran contrapeso desde el bloque popular de la Comisión, lo que ha permitido avanzar en otras materias e incorporar medidas dentro de las normas más generales que le permiten al pueblo accionar frente a la necesidad de habilitar, de transformar y de adecuar la reglamentación que se requiera para la habilitación de determinadas normas constitucionales. 

PAS

¿Cuáles son las fuerzas del bloque popular? 

EG

En el bloque popular estamos Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Pueblo Constituyente (PUCO), la Coordinadora Plurinacional y Popular, y los Escaños Reservados (de pueblos originarios). Con ese bloque finalmente logramos tensionar un poquito más hacia la izquierda, hacia posiciones más progresistas respecto de lo que en general manifestaba el bloque del Frente Amplio, el Partido Socialista e Independientes Nueva Constitución, que en general se plegaron a la posición del Partido Socialista. En el caso del Colectivo del Apruebo, la verdad es que es bastante difuso porque en la Comisión tienes por una parte a Fuad Chahín (Democracia Cristiana) y por otra a Eduardo Castillo (Partido Por la Democracia), quien como coordinador tal vez tuvo un peso mayor para encontrar consensos dentro de este grupo y en varias oportunidades terminó sumándose a la mayoría más que a la tendencia conservadora del bloque de centro. 

En definitiva, lo que se logró con el bloque popular fue la incorporación de más normas de carácter específico, como las relacionadas el agua, la habilitación de derechos sociales, normas relativas al financiamiento de estos derechos, normas relativas a planes regionales o políticas vinculadas con la reforestación, el resguardo de bosques nativos y ecosistemas. Son demandas que tienen que ver con las resistencias socioambientales, por ejemplo. Se podrá implementar una comisión ad hoc para hacer catastros y recolectar todos los antecedentes que permitan hacerse cargo finalmente de las normas del capítulo de la Constitución sobre Naturaleza y Medio Ambiente. También aportamos normas relativas a los derechos indígenas contenidos en la nueva Constitución, como la norma transitoria que propone la creación de una Comisión Indígena para todo lo que tiene que ver con la restitución territorial. 

Esas son algunas de las más emblemáticas respecto de las luchas que portamos desde el bloque popular, que hemos logrado traducir en normas transitorias para permitir una habilitación más inmediata, más visible dentro de los próximos años, de estas normas más urgentes y significativas relacionadas con las demandas populares. Todas esas fueron cosas que negociamos como bloque frente a la articulación más partidista del oficialismo. 

PAS

Uno de los temas más polémicos, que ha estado muy en boga en el debate público, ha sido el tema del quórum para la reforma constitucional. ¿Cuáles fueron las posiciones y en qué quedó finalmente?

EG

Para el bloque popular efectivamente era un tema muy complejo el de las reformas constitucionales por parte del actual Congreso. En primer lugar porque es un Congreso que se rige bajo las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución y no es el Congreso que fue diseñado para llevar a cabo el mecanismo de reforma que propone esta nueva Constitución. Entonces, un Congreso que se rige por las antiguas normas también debiera reformar utilizando las viejas normas. Por otra parte, está la cuestión de cómo es posible que se permita la reforma de un texto que está recién habilitándose, o sea, cómo vas a reformar algo que recién cobra vida. Es otra cuestión muy importante porque pareciera contradictorio que exista la posibilidad de reformar algo que ni siquiera se habilitó. Y en tercer lugar está el cuestionamiento del carácter democrático o antidemocrático que tendría prohibir a un órgano democráticamente electo hacer su trabajo. Y es que dentro de su trabajo también está hacer modificaciones, mejoras, adecuaciones o lo que sea en cuanto a las leyes o a cualquier normativa constitucional. Entonces, para nosotras evidentemente fue una posición política no permitir reformas para el actual Congreso, porque no es el Congreso que dispone la nueva Constitución sino uno electo bajo las normas anteriores. Y además planteamos que se necesita un periodo de protección de la nueva Constitución durante el cual se habilita, considerando que hay muchos Capítulos que van a entrar en vigor de forma diferida. Como te mencionaba anteriormente, el Capítulo de forma de estado del sistema político recién entra en vigencia en el 2025-2026, entonces para nosotras eso era motivo suficiente como para generar un marco de protección frente a eventuales reformas durante el periodo de habilitación, porque hay capítulos que recién van a entrar en vigencia años después. Entonces, en esa tensión de las posiciones sobre la irreformabilidad y las reformas había que encontrar un término medio. Nosotras propusimos que las reformas requieran un mínimo de dos tercios, un quórum que en definitiva requiera grandes acuerdos para reformar un texto que está recién salido del horno. 

Ahora, como evidentemente para el bloque popular es difícil defender un quórum supra mayoritario entonces también había una tensión. Y además frente a una opinión pública de lo que significaba dejar un quórum mayoritario para el actual Congreso, para nosotras fue sensato pensar que, más que un quórum supra mayoritario, lo que necesitamos son garantías que den protección al nuevo texto, garantías necesarias para que efectivamente sea el soberano quien tenga la palabra en torno a una eventual reforma. ¿Y qué significa darle poder de soberano al pueblo? Que cualquier reforma que se quiera realizar tenga que pasar por un plebiscito o referéndum. Esa es la fórmula que está en la nueva Constitución para materias sustantivas, que las reformas deben ser aprobadas por 4/7 y ratificadas por referéndum. Pero además incorporamos el Capítulo de Naturaleza a esas materias sustantivas. Con eso generamos un marco de protección que entrega la llave al pueblo mediante plebiscito para viabilizar un eventual proyecto de reforma a la nueva Constitución durante este periodo de transición. 

De alguna manera nos genera cierta tranquilidad que va a ser muy difícil proponer o llevar adelante una reforma por parte del actual Congreso a una Constitución que está recientemente aprobada por parte de la ciudadanía. En ese sentido preferimos enfocar nuestros esfuerzos en una campaña que sea potente para que el resultado del Apruebo en el plebiscito de salida sea lo que termine protegiendo la nueva Constitución durante sus primeros años de vida. Si efectivamente el resultado es altamente favorable para aprobar la nueva Constitución eso ya genera un marco de protección mucho más potente que cualquier quórum o cláusula para reformar el nuevo texto. Porque nos imaginamos que si uno vota Apruebo es un Apruebo para habilitar y no para reformar. 

PAS

Señalaste que ahora se acaba la Convención y que este periodo de implementación y habilitación queda en gran medida en manos de los poderes constituidos, particularmente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, elegidos con la Constitución anterior. Eso quiere decir que hay vastos sectores populares que no están ni en el gobierno ni en el Legislativo y que en sus manos van a tener la experiencia constituyente y que con la nueva Constitución como carta podrán exigir ciertas cosas. ¿Cuáles serían las tareas que se abren para estos sectores populares que lograron hacer el proyecto constituyente, incidiendo de manera contundente y sustantiva, que ahora quedan en esa posición durante un tiempo? 

EG

Algo muy positivo que pasa desde la revuelta en adelante es que se acelera la construcción del tejido social que venía haciéndose a un paso lento durante las últimas décadas, después de la dictadura, lo que ha sido una tarea monumental. Creo que hay que seguir fortaleciendo lo que hemos logrado reconstruir. El proceso constituyente y el ingreso de los sectores populares y organizados socialmente de manera previa ha permitido generar confianza y entrelazar territorios. El hecho de habernos encontrado en esta convención con asambleas y organizaciones que van desde Arica a Magallanes es algo que tenemos que seguir fortaleciendo, porque lo que tenemos que empujar ahora, no solo a nivel de nuestros propios territorios sino de todo el país, es un desafío mayor. Entonces tenemos que regresar con todas las energías para poder fortalecer a nivel territorial nuestras propias organizaciones. 

Ha sido bastante desgastante estar en la Convención Constitucional y seguir manteniendo los activismos territoriales, pero no nos hemos soltado y hemos intentado fortalecer estas redes y lazos. Lo que nos toca ahora es utilizar todas estas nuevas herramientas democráticas, y para eso necesitamos fortaleza, voluntad y, por sobre todo, trabajar de manera colaborativa para empujar estos cambios. La Constitución efectivamente es muy importante, pero no deja de ser un papel, no deja de ser un texto, que perfectamente podría quedar como un texto muerto si es que no empujamos la habilitación de sus normas. Y para ese empuje vamos a tener varias herramientas nuevas que tenemos que aprender a usar. Entonces tiene que haber una especie de alfabetización institucional para que la ciudadanía pueda utilizarlas y esa va a ser nuestra principal labor. 

¿Cuáles son estas nuevas herramientas democráticas? La Iniciativa Popular de Ley, la Iniciativa de Derogación de Ley, los mecanismos de participación directa y vinculantes que van a estar a disposición en nuestros territorios, la exigencia a nuestras autoridades actuales de que esos mecanismos empiecen a habilitarse. Y para eso tienen que armarse movimientos ciudadanos constituyentes, para que ese texto constitucional comience a concretarse. Por otra parte, me parece fundamental que todos estos nuevos sectores organizados y populares que lograron entrar a la Convención se puedan seguir organizando para discutir y disputar la nueva institucionalidad, porque sin duda no va a ser lo mismo disputar el congreso con la Constitución del 80 que hacerlo con la Constitución del 22. Porque si nosotras abrimos las puertas es importante que entremos, ¿no? Si no, van a seguir ocupando los puestos los mismos de siempre. Yo creo que eso va a ser fundamental para empujar las transformaciones. Entonces, frente a estas falsas dicotomías entre la vía institucional o la vía de la calle, yo creo que es importante ahora más que nunca disputar y ocupar todos los espacios posibles, porque estamos en un contexto donde necesitamos con urgencia que el texto cobre vida y eso se hace principalmente desde la habilitación de las nuevas leyes, las adecuaciones, las modificaciones y la creación de nuevas leyes e instituciones. Y eso lamentablemente se hace desde la institucionalidad. Esa disputa es una tremenda tarea que tenemos por delante.

PAS

Para terminar, ¿cuánto crees que nos va a tomar este proceso de habilitación? 

EG

Yo te diría que unos 10 años, que es lo que toma la habilitación de los nuevos órdenes constitucionales a nivel global. Pero eso es una cosa y otra es que realmente se comience a percibir ese cambio. Yo creo que en una década ya se van a sentir de una manera plena los cambios, sobre todo en lo relativo a los derechos sociales, porque el financiamiento es progresivo. Hay que recordar que estamos en un contexto de desmantelamiento de lo público, en un periodo en que ha habido una acción sistemática por desmantelar el aparato público en nuestro país, producto de la Constitución que instala un Estado subsidiario en Chile. Entonces nos encontramos en un punto de partida difícil, bastante precario. 

En ese contexto hay que armarse de paciencia y empujar las transformaciones, sacándose un poquito la ansiedad de encima y tratando de generar ese proceso de educación popular sobre lo que significa un cambio constitucional, porque en el fondo lo que hicimos es permitir que el Estado pueda hacerse cargo. Lo que hace la Constitución actual es ponerle una camisa de once varas al Estado para que no actúe salvo donde los privados no lo hacen, entonces hay que acompañar al Estado, por decirlo de alguna manera, en este proceso de comenzar a tomar acciones y empezar a llenar esos vacíos. Así que yo creo que tienen que pasar unos dos o tres gobiernos, a los que habrá que acompañar con disputas populares, para que efectivamente se hagan cargo de la implementación. Es un trecho largo, pero lo importante es que se abre un camino de avances efectivos y no solamente de resistencia. Eso es lo importante. 

Serie: Convención Constitucional 2022

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Una persona sostiene una pancarta en apoyo a Julian Assange frente a la Corte de Westminster, en una imagen de archivo tomada en Londres en abril de 2022. — Tom Nicholson / REUTERS

La ministra británica de Interior, Priti Patel, ha firmado la orden necesaria para extraditar al fundador de WikiLeaks. Aún cabe la posibilidad de un nuevo recurso a esta decisión.

 

Llegó el día. El Gobierno británico ha dado el paso que faltaba en el caso Julian Assange. La ministra de Interior, Priti Patel, ha firmado la orden necesaria para extraditar al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos.

Assange está requerido por cargos de espionaje por la filtración de documentos secretos, según informó este viernes la cartera de Interior. No obstante, cabe la posibilidad de un nuevo recurso a esta decisión.

Fue el pasado 20 de abril cuando un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano a EEUU para ser considerada por el Gobierno del Reino Unido.

"En virtud de la Ley de Extradición de 2003, el ministro del Interior debe firmar una orden de extradición si no encuentra argumentos para prohibir que se emita la orden", indicó un portavoz del ministerio en un comunicado divulgado este viernes.

En dicho escrito se añade que "las solicitudes de extradición solo se envían a la ministra del Interior una vez un juez ha decidido que se puede proceder tras haber valorado varios aspectos del caso".

"El 17 de junio, tras la valoración de los jueces de la Corte de Magistrados de Westminster y del Tribunal Superior, se ordenó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Assange mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días", continúa el comunicado.

"Las cortes británicas no han encontrado que el proceso de extraditar a Assange sea opresivo, injusto o suponga un abuso de proceso", ha asegurado el portavoz de Interior.

Asimismo, puntualiza que "tampoco han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos vaya a ser tratado de manera apropiada, como en lo referido a su salud".

A su vez, en relación con las alegaciones del acusado, Reino Unido espera que Assange reciba un trato "adecuado" por parte de EEUU también "en lo referente a la salud".

"Esto es solo el inicio de una nueva batalla legal"

Wikileaks ha reaccionado a esta decisión del Gobierno británico en un comunicado difundido en sus redes sociales. "Es un día oscuro para la libertad de prensa y para la democracia británica", arranca un texto que deja claro: "Hoy no es el final de la lucha, es solo el inicio de una nueva batalla legal". 

"Apelaremos a través del sistema legal, la próxima apelación será ante el Tribunal Superior. Lucharemos más fuerte y gritaremos más fuerte en las calles, nos organizaremos y haremos que la historia de Julian sea conocida por todos", anuncian.

"Julian no hizo nada mal. Él no ha cometido ningún crimen y no es un criminal. Es un periodista y un informador y es castigado por hacer su trabajo. Estaba en el poder de Priti Patel hacer lo correcto. En cambio, siempre será recordada como cómplice de Estados Unidos en su plan para convertir el periodismo de investigación en una empresa criminal", añaden. 

"Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición de Julian Assange a EEUU, el país que planeó su asesinato", apuntan.

El pasado mes de abril, el abogado Aitor Martínez, del bufete Iload que dirige Baltasar Garzón que ejerce la defensa de Assange, ya apuntaba a que en la "fase gubernativa pueden esgrimirse diversas causales que bloqueen la entrega, como es, por ejemplo, el principio de especialidad, es decir, el temor de que una vez fuese entregado a Estados Unidos pudiera proceder por otras causas penales que no hayan sido sometidas a extradición, algo que parece evidente".

Asimismo, señalaba que hay más elementos objeto de apelación, como "lo relativo al principio de proporcionalidad, atendiendo a que se dilucidan potenciales penas de 175 años de cárcel bajo la Ley de Espionaje contra un periodista que simplemente desplegó su labor o el abuso de la extraterritorialidad penal, ya que la jurisdicción norteamericana persigue a un ciudadano extranjero, por publicar en el extranjero; o diversos aspectos relacionados con el despliegue de herramientas brutales de espionaje contra Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres".

Amnistía alerta del "gran riesgo" para Assange

En el mismo sentido que Wikileaks y su letrado se ha pronunciado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. "Permitir que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos lo colocaría ante un gran riesgo", ha asegurado en un comunicado.

Asegura además que esta decisión "envía un mensaje escalofriante a los periodistas de todo el mundo".

Callamard ha apuntado que "si la extradición procede, Amnistía Internacional está extremadamente preocupada porque Assange afronte un alto riesgo de confinamiento en solitario prolongado, que violaría la prohibición de ejercer tortura u otro tratamiento vejatorio".

Remarca además que "las garantías diplomáticas proporcionadas por Estados Unidos de que Assange no será puesto en confinamiento en solitario no pueden tomarse en serio dado su historial previo".

"Pedimos al Reino Unido que se abstenga de extraditar a Julian Assange, que Estados Unidos abandone los cargos, y que Assange sea liberado", ha zanjado


La tortura de Assange y la defunción del periodismo; sin ir más lejos, en Ucrania

por Víctor Sampedro Blanco, catedrático de Comunicación Política en la URJC

 

Un boceto de la artista Elizabeth Cook muestra al fundador de Wikileaks, Julian Assange (derecha), asistiendo a su juicio de extradición en el Tribunal Penal Central. Un juez dictaminó que Assange no puede ser extraditado a Estados Unidos. Foto: Elizabeth Cook/PA Wire/dpa

Por enésima vez los medios publicitan lo que la ONU calificó de tortura: el trato que recibe Julian Assange en el Guantánamo británico en el que está recluido. Debemos haber leído ya una decena de veces que el Reino Unido lo extraditará a EE.UU. Y que, una vez allí, le condenarían a 175 años de cárcel. Eso después de más de una década de confinamiento domiciliario y aislamiento carcelario. Las "noticias" sobre Assange apenas son notas judiciales. Dan cuenta del destrozo que le han provocado. Es un paria enajenado, un asperger deprimido al borde del suicidio.

A Assange lo ajustician en bucle. Los medios que se lucraron con sus filtraciones publicitan su castigo y encubren su gesta. Apenas ejercen de notarios correveidiles y perros falderos de los torturadores. Assange sería libre si tan siquiera uno de los directores que publicaron sus filtraciones – pongamos en El País,Le Monde, The New York Times o The Guardian – se hubiera auto-inculpado de los cargos que pesan sobre el hacker australiano. Asumir como propio el delito de investigar y revelar verdades habilita para ejercer el periodismo. Autoincúlpándose las feministas lograron el derecho al aborto y los insumisos acabaron con el servicio militar.

No abundan los periodistas activistas de la transparencia (algo que les va en el oficio), sino los relaciones públicas del poder. Las redacciones ya no hacen periodismo, sino publicidad corporativa y propaganda política disfrazada de noticias. Solo así se explica tanto silencio cobarde: la aquiescencia del cómplice. Y así también se entiende que la cobertura que recibieron las filtraciones de Wikileaks desactivase su carga crítica. Tras conocerlas, el periodismo y el mundo debieran ser otros: información fundamentada en bases de datos incontestables y una globalización de los derechos humanos defendidos desde un Cuarto Poder en Red.

Eso es lo que el castigo a Assange invisibiliza: la alianza entre filtradores anónimos y medios que colaboran entre sí. Se trata de blindar la privacidad de la ciudadanía con la encriptación. Y de aplicar la transparencia a los poderosos. El último libro de Assange fue la transcripción de su entrevista con Eric Schmidt, el CEO de Google. Una llamada a que la ciudadanía asumiese el control de sus comunicaciones y a que filtrásemos los bancos de datos que desnudan el poder.

La represión de Assange es proporcional a la grandeza de su gesta. No resulta sencillo enterrar la denuncia incontestable, sin réplica posible, de los crímenes de guerra del Pentágono. Tampoco el neo-imperialismo de la red diplomática más poderosa del mundo. Ese era el significado último de los cables de Irak y Afganistán y del Cable Gate. Y hacerlo desde Internet, desde una comunidad libre como es Wikileaks que crea una zona de autonomía insobornable e imparable. ¿Se los imaginan informando sobre Ucrania? ¿Creen que estaríamos en guerra? Ya les digo que no.

Wikileaks practica un periodismo que supera todo ejemplo previo o posterior: se erige en contrapoder mancomunado. Llevamos diez años postulando ese periodismo de código libre. Y Assange, purgando el haberlo hecho realidad.

No ladran, sino que le muerden la yugular, porque aún cabalgan. ¿Quiénes? Los criptopunks que han hackeado decenas de empresas y organismos gubernamentales rusos en represalia por la invasión de Ucrania. Y quienes denuncian la campaña prebélica de Putin y de la OTAN, los crímenes de guerra de ambos bandos, el negocio que generan para los traficantes de armas, los monopolios energéticos y de materias primas... la muerte y el hambre que todo ello provoca. Pero lo hacen sin poder aportar datos.

Las pantallas rusas ensalzan al carnicero Putin. Y las europeas y estadounidenses, al comediante Zelensky. Si es que esos roles no son ya intercambiables. Tampoco es casualidad que el mandato de Donald Trump sentara las bases para masacrar jurídicamente a Assange. Y que sea el gobierno de Boris Johnson (quizás el líder más belicista junto con Putin), el que dé luz verde a su extradición. Reivindicar a Assange es desnudarlos. Solo cabe retomar, ahora con Ucrania, el testigo que el australiano-ecuatoriano recogió. El asumió que el Vietnam de su generación eran Irak y Afganistán. Quien no siga su ejemplo, que entregue el carnet de periodista.

17/06/2022

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El número de refugiados y desplazados internos supera los 100 millones en 2022

Más de 89 millones de desplazamientos forzados se registraron en el mundo en 2021, un récord histórico que se agravó aún más con la guerra en Ucrania, elevando esa cifra a 100 millones. La reconquista de Afganistán por parte de los talibanes, el golpe de Estado en Myanmar, la continuidad de la guerra en Yemen y las violencias insurgentes islamistas en la región del Sahel Central, son algunos de los conflictos que motivaron la suba de refugiados y desplazados internos por décimo año consecutivo, de acuerdo con el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) presentado este jueves. 


"El siglo XXI se va a caracterizar por ser el siglo del desplazamiento forzado y, en consecuencia, creo que es sumamente preocupante que 1 de cada 78 personas en el mundo sea una persona desarraigada", asegura en diálogo con PáginaI12 Juan Carlos Murillo, representante regional de Acnur para el Sur de América latina. Murillo celebra la respuesta internacional para ayudar a los ucranianos, que incluyó por parte de la Unión Europea una protección temporal aprobada en 2001 pero utilizada por primera vez en este conflicto, aunque exige una movilización similar para otras crisis humanitarias globales.


Venezuela, Colombia y la migración a Estados Unidos


En Latinoamérica el informe destaca el éxodo de venezolanos que durante 2021 continuaron yéndose principalmente a otros países de la región, producto de una delicada situación social y económica. "Las cifras más recientes de la Plataforma R4V que lideramos conjuntamente el Acnur y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) dan cuenta de 6,1 millones de personas refugiadas y migrantes. Los venezolanos no solamente están viniendo hacia el sur, cruzando toda América del Sur yendo al Caribe, sino que igualmente hay una tendencia creciente que tenemos de movimientos a través de Centroamérica hacia México y Estados Unidos", explica Murillo.


Dentro de la cifra de 53 millones de personas desplazadas en el mundo preocupa también la situación de Colombia. Los desplazamientos siguen en aumento debido al control que los grupos armados ilegales están ejerciendo sobre algunas zonas del país, en especial en las comunidades indígenas de zonas rurales. "Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados internos (6,8 millones) después de Siria (6,9 millones)", señala el representante regional de Acnur. El informe presentado el jueves aporta, que solo en 2021, otras 124 mil personas se vieron desplazadas dentro de las fronteras de Colombia.


En los últimos años, cientos de miles de centroamericanos han cruzado por México en su camino a Estados Unidos. Cada vez más inmigrantes de otros países como Cuba o Haití utilizan esa misma ruta en caravanas interminables y desgastantes. El número de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentó por cuarto mes consecutivo durante mayo, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pese a la relativa esperanza que había generado la asunción del presidente Joe Biden.


"En este momento hay una gran presión sobre el sistema de asilo y de respuesta migratoria de los Estados Unidos, debido al incremento significativo en el número de llegadas, tanto de personas que necesitan protección internacional como refugiados, como de migrantes en general", afirma Murillo, quien destaca una declaración recientemente adoptada en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Angeles que pone de manifiesto la "necesidad de trabajar conjuntamente con todos los países de la región para brindar soluciones".


El impacto de la guerra en Ucrania


Si bien se concentra en lo ocurrido durante 2021, el informe de Acnur subraya que "es imposible ignorar" las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania iniciada con la invasión rusa el 24 de febrero pasado, con más de siete millones de personas forzadas a movilizarse dentro del país y más de seis millones en el exterior en "una de las mayores y más rápidas crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial".


La crisis en Ucrania también reveló una intensa respuesta humanitaria de Europa, y puso de manifiesto un llamativo cambio de postura en países como Hungría o Polonia, que hasta el momento ponían trabas al ingreso de ciudadanos afganos, sirios o iraquíes a su territorio. Desde Acnur, el costarricense Murillo festeja que la Unión Europea y todos sus países miembros hayan decidido activar por primera vez la directiva de protección internacional, aunque "quisiéramos ver esa misma respuesta por parte de la comunidad internacional para todas las crisis humanitarias que tenemos alrededor del mundo, ya sea en Asia, Oceanía, África o América".


El contraste entre la respuesta a la crisis humanitaria en Ucrania y las otras que hay en el mundo también se refleja en las cifras que revela este último informe de Acnur: un 83 por ciento de los refugiados están alojados en países de ingresos medios y bajos. Turquía sigue siendo el país que más refugiados acoge (3,8 millones, en su mayoría procedentes de Siria), seguido de Colombia (1,8 millones, principalmente venezolanos), Uganda (1,5 millones procedentes de la República Democrática del Congo) y Pakistán (1,5 millones de afganos). Recién en el quinto lugar se sitúa el primer país desarrollado de la lista, Alemania (1,3 millones).


En cuanto a un análisis demográfico, el informe de Acnur también señala diferencias con "las mujeres y niños desproporcionadamente expuestos a una discriminación muy arraigada y a una extrema vulnerabilidad". En particular, los menores representan el 30 por ciento de la población mundial, pero el 42 por ciento de todas las personas obligadas a irse del lugar en el que vivían.


Otro de los fenómenos que más inquieta a Acnur es el crecimiento de los movimientos de extrema derecha que suelen desplegar una retórica antiinmigrante, un fenómeno que se está desplegando más allá del continente europeo. "Efectivamente nos preocupa mucho el incremento en la discriminación, la xenofobia, y sobre todo que se utilice a las personas refugiadas o a las personas migrantes como parte de la agenda que busca que tenga réditos políticos. Por eso al conmemorar este 20 de junio el Día Mundial del Refugiado, lo que buscamos es generar más solidaridad, más respeto, más tolerancia y más hospitalidad", señala Murillo en ese sentido.

El "error" del Reino Unido con Ruanda


El informe de tendencias globales se publica en un momento de gran polémica por el intento británico de deportar solicitantes de asilo a Ruanda, merced a un acuerdo firmado entre Londres y Kigali en abril que ha sido muy criticado desde instancias internacionales, incluida la propia Acnur. El acuerdo es un "error" que podría sentar "precedentes catastróficos", afirmó este miércoles el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, destacando que "es básicamente un traspaso de responsabilidades desde un país con estructuras y recursos a otro, Ruanda, que no tiene las estructuras para esta tarea en particular".


Grandi advirtió que muchos países de África, América y otras regiones que acogen a grandes poblaciones de refugiados "podrían verse tentados a hacer lo mismo que el Reino Unido", algo que en su opinión "podría hacer el trabajo de Acnur muy difícil". Por su parte, Murillo expresa a este diario que no hay que pasar por alto que los refugiados "son víctimas que necesitan protección internacional porque no cuentan con la protección de su gobierno". Y reitera el llamado a que se mantenga esa voluntad de continuar brindando protección independientemente de a quién sea, de dónde venga o cuándo la necesite".

 

 

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Jueves, 16 Junio 2022 07:23

Dignificando a los ausentes

Dignificando a los ausentes

que traspasan arena, ríos y montañas dejando florecer sus semillas en generaciones de pensamiento, política, arte y cultura

 

Desde una “perspectiva anacrónica” e “internacional”, Didi Huberman planteó una relación entre los distintos periodos históricos al demostrar que, aun teniendo las peculiaridades cada uno de su “historia precisa”, compartían un denominador común. Y es que, aunque la historia nunca se repite -escribía Trullén Floría- existe en ella “una tendencia circular a la rima”.

Si reflexionamos de la mano de estas premisas, observamos que con el paso de las décadas la violencia física y verbal contra la izquierda, y su proyecto social, ha sido diseñada, planificada y ejecutada de manera ininterrumpida. Explicaba el historiador Francisco Espinosa que el modelo de represión utilizado en las dictaduras latinoamericanas imitó al que se inauguró en España, donde los hallazgos de Serrulla Rech estiman que podrían existir alrededor de 14.755 fosas, en las que estarían inhumadas 130.000 víctimas de la represión franquista durante la guerra: maestras, jornaleros, menores de edad...

Siguen ahí, arrojados, frente al corazón encogido de las generaciones de sus seres queridos que continúan sin poder darles cobijo.

Fue en el territorio de la llamada Iberoamérica -designada recientemente como “Iberoesfera” por una ultraderecha española íntimamente vinculada a la extrema derecha latinoamericana-, que las desapariciones forzosas poblaron de pupitres vacíos las universidades, de madres velando en la oscuridad, y cuerpos bajo los montes.

Desafortunadamente, basta con cambiar el método: los modelos de opresión se adaptan; sobreviven vociferando una falsa libertad y aplican la represión de forma encubierta, aunque las prácticas de corte pinochetista que se ejercieron con sevicia contra los manifestantes de Colombia, retrocedieron décadas.

A sí mismo, en esta “tendencia circular a la rima”, la violencia verbal se nutre inyectando odio a través de campañas de desinformación -maquilladas de rigor periodístico por grandes grupos mediáticos-, que tergiversan las ideas de izquierda y difaman a quienes las llevan. Ya cuestionaban Noam Chomsky y Edward S. Herman en Los guardianes de la Libertad la supuesta actuación “desinteresada” del sistema periodístico al explicar su imbricación en las élites políticas y empresariales.

Otra “tendencia circular a la rima” es el plan de ocultación y negación de la verdad, que se erige como una violencia añadida al revictimizar a los ausentes y a sus seres queridos; una estrategia del olvido diseñada para borrar la historia de las víctimas, y acallar futuras canciones de libertad y justicia social.

Inmersos en este bucle de la historia, nos plantamos en una actualidad donde el atardecer sigue acariciando, sigiloso, las cunetas de las carreteras, las explanadas de los valles, el reflejo de los ríos, la hierba mojada: la tierra. Allí están, hablando a través del viento... “ven pasar árboles y pájaros”, el susurro de Benedetti se hace presente: “cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos a desaparecer sin últimas palabras tenían en sus manos los trozos de cosas que querían”. Permanecen entre la savia, en algunos lugares más que en otros, aferrados a esos pequeños “trozos de cosas que querían”; destellos que perduran, entre la tierra y sus huesos, para hablarnos de ellos en vida: de su presente arrebatado y desahogar su verdad.

Son los ausentes, los desaparecidos, aquellos que vivieron la experiencia hasta el final, los que tocaron fondo y no sobrevivieron para contarlo, nombrados por Giorgio Agamben como “los verdaderos testigos”. Aquí o allá: están en todas partes, silenciados por defender los derechos del otro -que también fueron los suyos-, por querer construir solidaridad y caminar con una mirada inquieta, rebosante de dignidad.

Recuperar su voz rota, liberar su cuerpo atado y sacar a la luz lo negado, lo oculto, lo demasiado doloroso para ser creíble: los restos de quienes fueron sumergidos en un silencio obligado, en la profundidad de un hueco impersonal, con su cuerpo secuestrado y el esqueleto enraizado en un subsuelo que no eligió, se torna una responsabilidad social.

Dejar una rosa roja, amarilla y azul, o violetas, sobre ese pedazo de tierra fértil, sembrado de ideas, donde permanecieron los ausentes, demanda escucharlos y reivindicar su historia. De lo contrario, cobrarían vigencia las palabras de Walter Benjamin cuando pronosticó: “ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence”. Efectivamente, la estrategia de negación y tergiversación de la verdad que impulsaron los victimarios, todavía, en algunos países: “no ha cesado de vencer”.

Si bien, la estela de los ausentes ha logrado traspasar la arena, los ríos y montañas, dejando florecer sus semillas en generaciones de pensamiento, política, arte y cultura: impulsando ese renacer perseverante y vivo, de conciencia social.

Hemos escuchamos a Francia Márquez animando a cambiar la historia con un lapicero: un objeto, de poderoso simbolismo, cuyo potencial ha demostrado ser el vehículo más eficaz contra la sumisión: aquel que tiene pálpito y pensamiento. Esos lapiceros que sueñan ideas y crean democracia quizás logren, con su voto, dignificar a los ausentes; a la bruma de aquellas hermosas y profundas montañas de Colombia donde tanto dolor merece ser arropado por el amor de todo un pueblo.

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Sábado, 11 Junio 2022 05:47

Condenan a Jeanine Añez

Jeanine Añez

Recibió una pena de 10 años por el golpe a Evo Morales en Bolivia 

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó la noche de este viernes a 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, informó el diario La Razón de Bolivia.

Inicialmente, en noviembre de 2021, el Ministerio Público había informado que solicitará “la pena máxima” de 10 años contra Áñez, luego planteó 12 años de cárcel y en mayo de este año el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que su condena puede llegar incluso a 15 años de prisión.

Pena máxima

Finalmente, el pasado lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales, que investigó este caso, pedirá 15 años de cárcel para la exmandataria transitoria, mientras la defensa de la exmandataria solicitó su absolución.

El juicio oral en contra de Áñez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo y la mañana de este viernes, en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la exsenadora insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” lo que hizo en la crisis de noviembre de 2019, cuando se proclamó mandataria en medio de un caos político y social.

“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; (…) y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad; lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento, para estar en las buenas y en las malas, para estar en situaciones de tranquilidad y situaciones de violencia, eso es tener compromiso”, sostuvo.

Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

El otro proceso

Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II.

Este segundo proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Áñez fue juzgada por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como mandataria transitoria en la crisis de noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado

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Jueves, 09 Junio 2022 05:15

Internet debe ser un bien público

ENIAC, acrónimo de Electronic Numerical Integrator And Computer, fue una de las primeras computadoras de propósito general. Ejército de los Estados Unidos.

Si Internet fue construido por instituciones públicas, ¿por qué es controlado por corporaciones privadas? Para revertir esto, debemos conocer la historia de la privatización de la red.

 

El 1 de octubre de 2016 Internet cambió, pero nadie lo notó. Esta transformación invisible afecta al componente más importante que hace que Internet sea utilizable: el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Cuando usted escribe el nombre de un sitio web en su navegador, el DNS es el que convierte ese nombre en la cadena de números que especifica la ubicación real del sitio web. Al igual que una guía telefónica, el DNS relaciona los nombres que son significativos para nosotros con los números que no lo son.

Durante años, el gobierno estadounidense ha controlado el DNS. Pero en 2016 el sistema pasó a ser responsabilidad de una organización sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles llamada Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). En realidad, la ICANN lleva gestionando el DNS desde finales de los años 90 en virtud de un contrato con el Departamento de Comercio. La novedad es que la ICANN ahora tiene una autoridad independiente sobre el DNS, según un modelo de «múltiples partes interesadas» que supuestamente hacen más internacional la gobernanza de Internet.

Es probable que el impacto real haya sido pequeño. Por ejemplo, se mantuvieron las medidas de protección de marcas que vigilan el DNS en nombre de las empresas. Y el hecho de que la ICANN tenga su sede en Los Ángeles y esté constituida de acuerdo con la legislación estadounidense significa que el gobierno de ese país siguió ejerciendo su influencia, aunque de forma menos directa.

Pero el significado simbólico es enorme. El traspaso marcó el último capítulo de la privatización de Internet. Concluye un proceso que comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno estadounidense privatizó una red construida con un enorme gasto público. A cambio, el gobierno no exigió nada: ninguna compensación, y ninguna restricción o condición sobre la forma que tomaría Internet.

No había nada inevitable en este resultado: reflejaba una opción ideológica, no una necesidad técnica. En lugar de enfrentarse a cuestiones críticas de supervisión y acceso popular, la privatización excluyó la posibilidad de encaminar Internet por una vía más democrática. Pero la lucha no ha terminado. Para comenzar a revertir la situación y reclamar Internet como un bien público debemos revisar la historia, en gran parte desconocida, de cómo se produjo la privatización.

Los orígenes públicos de Internet

A Silicon Valley a menudo le gusta fingir que la innovación es el resultado de los empresarios que juguetean en los garajes. Pero la mayor parte de la innovación de la que depende Silicon Valley procede de la investigación gubernamental, por la sencilla razón de que el sector público puede permitirse asumir riesgos que el sector privado no puede.

Es precisamente el aislamiento de las fuerzas del mercado lo que permite al gobierno financiar el trabajo científico a largo plazo que acaba produciendo muchos de los inventos más rentables.

Esto es especialmente cierto en el caso de Internet. Internet fue una idea tan radical e improbable que solo décadas de financiación y planificación públicas pudieron hacerla realidad. No solo hubo que inventar la tecnología básica, sino que hubo que construir la infraestructura, formar a los especialistas y dotar de personal a los contratistas, financiarlos y, en algunos casos, desprenderse directamente de las agencias gubernamentales.

A veces se compara Internet con la red de carreteras interestatales, otro gran proyecto público. Pero como señala el activista jurídico Nathan Newman, la comparación solo tiene sentido si el gobierno «hubiera imaginado primero la posibilidad de los coches, subvencionado la invención de la industria automovilística, financiado la tecnología del hormigón y el alquitrán, y construido todo el sistema inicial».

La Guerra Fría proporcionó el pretexto para esta ambiciosa empresa. Nada aflojó tanto las cuerdas del bolsillo de los políticos estadounidenses como el miedo a quedarse atrás con respecto a la Unión Soviética. Este temor se disparó en 1957, cuando los soviéticos pusieron el primer satélite en el espacio. El lanzamiento del Sputnik provocó una auténtica sensación de crisis en la clase dirigente estadounidense y condujo a un aumento sustancial de los fondos federales para la investigación.

Una de las consecuencias fue la creación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), que más tarde cambiaría su nombre por el de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA). ARPA se convirtió en el brazo de I+D del Departamento de Defensa. En lugar de centralizar la investigación en los laboratorios del gobierno, ARPA adoptó un enfoque más distribuido, cultivando una comunidad de contratistas tanto del mundo académico como del sector privado.

A principios de la década de 1960, ARPA comenzó a invertir fuertemente en informática, construyendo grandes ordenadores centrales en universidades y otros centros de investigación. Pero incluso para una agencia tan generosamente financiada como ARPA, este gasto desmedido no era sostenible. En aquella época, un ordenador costaba cientos de miles, si no millones, de dólares. Así que ARPA ideó una forma de compartir sus recursos informáticos de forma más eficiente entre sus contratistas: construyó una red.

Esta red era ARPANET, y sentó las bases de Internet. ARPANET conectaba los ordenadores a través de una tecnología experimental llamada conmutación de paquetes, que consistía en dividir los mensajes en pequeños trozos llamados «paquetes», dirigirlos a través de un laberinto de conmutadores y volver a ensamblarlos en el otro extremo.

Hoy en día, este es el mecanismo que mueve los datos a través de Internet, pero en aquel momento, la industria de las telecomunicaciones lo consideraba absurdamente poco práctico. Años antes, las Fuerzas Aéreas habían intentado persuadir a AT&T para que construyera una red de este tipo, sin éxito. ARPA incluso ofreció ARPANET a AT&T después de que estuviera en funcionamiento, prefiriendo comprar tiempo en la red en lugar de gestionarla ellos mismos.

Ante la oportunidad de adquirir la red informática más sofisticada del mundo, AT&T se negó. Los ejecutivos simplemente no veían el dinero en ello. Su miopía fue una suerte para el resto de nosotros. Bajo gestión pública, ARPANET floreció. El control gubernamental dio a la red dos grandes ventajas. La primera era el dinero: ARPA podía inyectar dinero en el sistema sin tener que preocuparse por la rentabilidad. La agencia encargó investigaciones pioneras a los informáticos de más talento del país a una escala que habría sido suicida para una empresa privada.

Y, lo que es igual de importante, ARPA aplicó una ética de código abierto que fomentaba la colaboración y la experimentación. Los contratistas que contribuían a ARPANET tenían que compartir el código fuente de sus creaciones o se arriesgaban a perder sus contratos. Esto catalizó la creatividad científica, ya que los investigadores de una serie de instituciones diferentes podían perfeccionar y ampliar el trabajo de los demás sin vivir con el temor de la ley de propiedad intelectual.

La innovación más importante que se produjo fue la de los protocolos de Internet, que surgieron a mediados de la década de 1970. Estos protocolos hicieron posible que ARPANET se convirtiera en Internet, al proporcionar un lenguaje común que permitía que redes muy diferentes se comunicaran entre sí.

La naturaleza abierta y no propietaria de Internet aumentó enormemente su utilidad. Prometía un único estándar interoperable para la comunicación digital: un medio universal, en lugar de un mosaico de dialectos comerciales incompatibles.

Promovida por ARPA y adoptada por los investigadores, Internet creció rápidamente. Su popularidad pronto hizo que científicos ajenos al ejército y al selecto círculo de contratistas de ARPA exigieran acceso. En respuesta, la National Science Foundation (NSF) emprendió una serie de iniciativas destinadas a llevar Internet a casi todas las universidades del país. Estas iniciativas culminaron en NSFNET, una red nacional que se convirtió en la nueva «columna vertebral» de Internet.

La columna vertebral era un conjunto de cables y ordenadores que formaban la arteria principal de Internet. Se asemejaba a un río: los datos fluían de un extremo a otro, alimentando afluentes, que a su vez se ramificaban en arroyos cada vez más pequeños. Estos flujos servían a los usuarios individuales, que nunca tocaban la red troncal directamente. Si enviaban datos a otra parte de Internet, éstos subían por la cadena de afluentes hasta la red troncal, y luego bajaban por otra cadena, hasta llegar al flujo que servía al destinatario.

Una de las lecciones de este modelo es que Internet necesita muchas redes en sus márgenes. El río es inútil sin afluentes que amplíen su alcance. Por eso la NSF, para garantizar la mayor conectividad posible, también subvencionó una serie de redes regionales que enlazaban las universidades y otras instituciones participantes con la red troncal de la NSFNET.

Todo esto no fue barato, pero funcionó. Los académicos Jay P. Kesan y Rajiv C. Shah han calculado que el programa NSFNET costó más de 200 millones de dólares. Otras fuentes públicas, como los gobiernos estatales, las universidades subvencionadas por el Estado y las agencias federales, probablemente contribuyeron con otros 2000 millones de dólares a la creación de redes con la NSFNET.

Gracias a esta avalancha de dinero público, una tecnología de comunicaciones de vanguardia incubada por ARPA se puso a disposición de los investigadores estadounidenses a finales de la década de 1980.

El camino hacia la privatización

Pero a principios de los noventa, Internet se estaba convirtiendo en víctima de su propio éxito. La congestión plagaba la red, y cada vez que la NSF la actualizaba, se acumulaba más gente. En 1988, los usuarios enviaban menos de un millón de paquetes al mes. En 1992, enviaban 150 000 millones. Al igual que las nuevas autopistas producen más tráfico, las mejoras de la NSF no hicieron más que avivar la demanda, sobrecargando el sistema.

Está claro que a la gente le gustaba Internet. Y estas cifras habrían sido aún mayores si la NSF hubiera impuesto menos restricciones a sus usuarios. La Política de Uso Aceptable (AUP) de la NSFNET prohibía el tráfico comercial, preservando la red sólo para fines de investigación y educación. La NSF consideraba que esto era una necesidad política, ya que el Congreso podría recortar la financiación si se consideraba que el dinero de los contribuyentes estaba subvencionando a la industria.

En la práctica, la AUP era en gran medida inaplicable, ya que las empresas utilizaban regularmente la NSFNET. Además, el sector privado llevaba décadas ganando dinero con Internet, tanto como contratista como beneficiario del software, el hardware, la infraestructura y el talento de los ingenieros desarrollados con fondos públicos.

La AUP puede haber sido una ficción legal, pero tuvo un efecto. Al excluir formalmente la actividad comercial, generó un sistema paralelo de redes privadas. A principios de la década de 1990, surgieron en todo el país diversos proveedores comerciales que ofrecían servicios digitales sin restricciones sobre el tipo de tráfico que podían transportar.

La mayoría de estas redes tenían su origen en la financiación gubernamental y contaban con veteranos de la ARPA por su experiencia técnica. Pero, sean cuales sean sus ventajas, las redes comerciales tenían prohibido por la AUP conectarse a Internet, lo que inevitablemente limitaba su valor.

Internet había prosperado bajo propiedad pública, pero estaba llegando a un punto de ruptura. El aumento de la demanda por parte de los investigadores ponía a prueba la red, mientras que la AUP impedía que llegara a un público aún más amplio.

No eran problemas fáciles de resolver. Abrir Internet a todo el mundo, y crear la capacidad necesaria para acogerlos, planteaba importantes retos políticos y técnicos.

El director de la NSFNET, Stephen Wolff, llegó a ver la privatización como la respuesta. Creía que ceder Internet al sector privado aportaría dos grandes beneficios: Aliviaría la congestión provocando una afluencia de nuevas inversiones y suprimiría la AUP, permitiendo a los proveedores comerciales integrar sus redes en NSFNET. Liberada del control gubernamental, Internet podría convertirse por fin en un medio de comunicación de masas.

El primer paso tuvo lugar en 1991. Unos años antes, la NSF había adjudicado el contrato de explotación de su red a un consorcio de universidades de Michigan llamado Merit, en asociación con IBM y MCI. Este grupo había hecho una oferta significativamente inferior, percibiendo una oportunidad de negocio. En 1991, decidieron sacar provecho, creando una filial con ánimo de lucro que empezó a vender acceso comercial a NSFNET con la bendición de Wolff.

La medida enfureció al resto del sector de las redes. Las empresas acusaron con razón a la NSF de hacer un trato secreto para conceder a sus contratistas un monopolio comercial, y armaron el suficiente alboroto como para que se celebraran audiencias en el Congreso en 1992. Estas audiencias no cuestionaron la conveniencia de la privatización, sino sus condiciones. Ahora que Wolff había puesto en marcha la privatización, los otros proveedores comerciales simplemente querían una parte de la acción.

Uno de sus directores ejecutivos, William Schrader, testificó que las acciones de la NSF eran similares a «dar un parque federal a K-mart». Sin embargo, la solución no era conservar el parque, sino dividirlo en múltiples K-marts.

Las audiencias obligaron a la NSF a aceptar un mayor papel de la industria en el diseño del futuro de la red. Como era de esperar, esto produjo una privatización aún más rápida y profunda. Anteriormente, la NSF había considerado la posibilidad de reestructurar NSFNET para permitir que más contratistas la dirigieran.

En 1993, en respuesta a las aportaciones de la industria, la NSF decidió dar un paso mucho más radical: eliminar NSFNET por completo. En lugar de una red troncal nacional, habría varias, todas ellas propiedad de proveedores comerciales y gestionadas por ellos. Los líderes de la industria afirmaron que el rediseño garantizaba la «igualdad de condiciones». Para ser más exactos, el campo seguía estando inclinado, pero abierto a unos cuantos jugadores más. Si la antigua arquitectura de Internet había favorecido el monopolio, la nueva está hecha a medida para el oligopolio.

No había tantas empresas que hubieran consolidado una infraestructura suficiente para operar una red troncal. Cinco, para ser exactos. La NSF no estaba abriendo Internet a la competencia, sino transfiriéndola a un pequeño puñado de empresas que esperaban. Sorprendentemente, esta transferencia vino sin condiciones. No habría supervisión federal de las nuevas redes troncales de Internet, ni normas que regulasen el funcionamiento de la infraestructura de los proveedores comerciales.

Tampoco habría más subvenciones para las redes regionales sin ánimo de lucro que habían conectado los campus y las comunidades a Internet en los días de la NSFNET. Pronto fueron adquiridas o quebradas por empresas con ánimo de lucro. En 1995, la NSF puso fin a NSFNET. En unos pocos años, la privatización fue completa.

La rápida privatización de Internet no suscitó ninguna oposición ni apenas debate. Aunque Wolff abrió el camino, actuó desde un amplio consenso ideológico.

El triunfalismo del libre mercado de los años 90 y el clima político intensamente desregulador fomentado por los demócratas de Bill Clinton y los republicanos de Newt Gingrich enmarcaron la plena propiedad privada de Internet como algo beneficioso e inevitable.

El colapso de la Unión Soviética reforzó este punto de vista, ya que la justificación de la Guerra Fría para una planificación pública más sólida desapareció. Por último, la profunda influencia de la industria sobre el proceso garantizó que la privatización adoptara una forma especialmente extrema.

Tal vez el factor más decisivo en la cesión fue la ausencia de una campaña organizada que exigiera una alternativa. Un movimiento de este tipo podría haber propuesto una serie de medidas destinadas a popularizar Internet sin privatizarla por completo. En lugar de abandonar las redes regionales sin ánimo de lucro, el gobierno podría haberlas ampliado.

Estas redes, financiadas con las tasas que se cobran a los proveedores de redes troncales comerciales, permitirían al gobierno garantizar el acceso a Internet de alta velocidad y bajo coste a todos los estadounidenses como un derecho social. Mientras tanto, la FCC podría regular las redes troncales, fijando las tarifas que se cobran entre sí por transportar el tráfico de Internet y supervisándolas como un servicio público.

Pero promulgar incluso una fracción de estas políticas habría requerido una movilización popular, e Internet era todavía relativamente oscura a principios de los noventa, en gran parte confinada a los académicos y especialistas. Era difícil crear una coalición en torno a la democratización de una tecnología que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía.

En este panorama, la privatización obtuvo una victoria tan completa que se hizo casi invisible, y revolucionó silenciosamente la tecnología que pronto revolucionaría el mundo.

Reclamando la plataforma del pueblo

Casi treinta años después, Internet ha crecido enormemente, pero la estructura de propiedad de su infraestructura principal es prácticamente la misma. En 1995, cinco empresas eran propietarias de la red troncal de Internet. Hoy en día, hay entre siete y doce proveedores principales de redes troncales en Estados Unidos, dependiendo de cómo se cuente, y más en el extranjero. Aunque una larga cadena de fusiones y adquisiciones ha provocado cambios de marca y reorganización, muchas de las mayores empresas estadounidenses tienen vínculos con el oligopolio original, como AT&T, Cogent, Sprint y Verizon.

Las condiciones de la privatización han facilitado a los titulares la protección de su posición. Para formar una Internet unificada, las redes troncales deben interconectarse entre sí y con proveedores más pequeños. Así es como el tráfico viaja de una parte de Internet a otra. Sin embargo, como el gobierno no especificó ninguna política de interconexión cuando privatizó Internet, los backbones pueden negociar el acuerdo que quieran.

Por lo general, se permiten la interconexión de forma gratuita, porque les beneficia mutuamente, pero cobran a los proveedores más pequeños por transportar el tráfico. Estos contratos no solo no están regulados, sino que suelen ser secretos. Negociados a puerta cerrada con la ayuda de acuerdos de confidencialidad, garantizan que el funcionamiento profundo de Internet no sólo está controlado por las grandes empresas, sino que se oculta a la vista del público.

Más recientemente han surgido nuevas concentraciones de poder. La red troncal no es la única pieza de Internet que está en manos de relativamente pocas personas. En la actualidad, más de la mitad de los datos que llegan a los usuarios estadounidenses en las horas punta proceden de sólo treinta empresas, de las que Netflix ocupa una parte especialmente importante.

Del mismo modo, gigantes de las telecomunicaciones y el cable como Comcast, Verizon y Time Warner Cable dominan el mercado de los servicios de banda ancha. Estas dos industrias han transformado la arquitectura de Internet construyendo accesos directos a las redes de cada una de ellas, evitando la red troncal. Proveedores de contenidos como Netflix envían ahora su vídeo directamente a proveedores de banda ancha como Comcast, evitando una ruta tortuosa por las entrañas de Internet.

Estos acuerdos han desencadenado una tormenta de controversia y han contribuido a dar los primeros pasos hacia la regulación de Internet en Estados Unidos. En 2015, la FCC anunció su resolución más contundente hasta la fecha para hacer cumplir la «neutralidad de la red», el principio de que los proveedores de servicios de Internet deben tratar todos los datos de la misma manera, independientemente de si provienen de Netflix o del blog de alguien. En la práctica, la neutralidad de la red es imposible dada la estructura actual de Internet. Pero como grito de guerra, ha centrado la atención pública en el control corporativo de Internet, y ha producido victorias reales.

La resolución de la FCC reclasificó a los proveedores de banda ancha como «transportistas comunes», lo que los somete por primera vez a la regulación de las telecomunicaciones. Y la agencia ha prometido utilizar estos nuevos poderes para prohibir a las empresas de banda ancha que bloqueen el tráfico a determinados sitios, reduzcan la velocidad de los clientes y acepten la «priorización pagada» de los proveedores de contenidos.

La decisión de la FCC es un buen comienzo, pero no va lo suficientemente lejos. Rechaza explícitamente la «regulación prescriptiva de las tarifas en todo el sector» y exime a los proveedores de banda ancha de muchas de las disposiciones de la Ley de Comunicaciones de 1934, que data del New Deal. También se centra en la banda ancha, dejando de lado la red troncal de Internet. Pero la decisión es una cuña que puede ampliarse, sobre todo porque la FCC ha dejado abiertas muchas de las especificidades en torno a su aplicación.

Otro frente prometedor es la banda ancha municipal. En 2010, la empresa municipal de electricidad de Chattanooga (Tennessee) empezó a vender a los residentes un servicio de Internet de alta velocidad asequible. Gracias a una red de fibra óptica construida en parte con fondos federales de estímulo, la empresa ofrece algunas de las velocidades de Internet residencial más rápidas del mundo.

La industria de la banda ancha ha respondido con fuerza, presionando a las legislaturas estatales para que prohíban o limiten experimentos similares. Pero el éxito del modelo de Chattanooga ha inspirado movimientos a favor de la banda ancha municipal en otras ciudades, como Seattle, donde la concejala socialista Kshama Sawant lleva tiempo defendiendo la idea.

Pueden parecer pequeños pasos, pero apuntan a la posibilidad de construir un movimiento popular para revertir la privatización. Esto implica no sólo agitar para ampliar la supervisión de la FCC y los servicios públicos de banda ancha de propiedad pública, sino cambiar la retórica en torno a la reforma de Internet.

Una de las obsesiones más dañinas entre los reformistas de Internet es la noción de que una mayor competencia democratizará Internet. Internet necesita mucha infraestructura para funcionar. Rebanar las grandes corporaciones propietarias de esta infraestructura en empresas cada vez más pequeñas con la esperanza de que el mercado acabe por crear mejores resultados es un error.

En lugar de intentar escapar de la grandeza de Internet, deberíamos aceptarla y ponerla bajo control democrático. Esto significa sustituir a los proveedores privados por alternativas públicas cuando sea factible, y regularlas cuando no lo sea.

No hay nada en las tuberías ni en los protocolos de Internet que le obligue a producir inmensas concentraciones de poder corporativo. Se trata de una elección política, y podemos elegir otra cosa.

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Qué hay detrás de la propuesta del Reino Unido de trabajar 4 días a la semana

La pandemia expuso nuevas formas de trabajar, las empresas están probando una prueba piloto para pagar el mismo salario por el mismo trabajo en menos tiempo. Pero qué hay detrás de esta propuesta.

 

Se trata de la prueba más grande del mundo para cambiar las formas de trabajo tras las modificaciones expuestas por la pandemia y tiene el objetivo de reducir de 5 a 4 días la jornada laboral como prueba piloto. Si bien es presentado como la posibilidad de disfrutar de más tiempo libre trabajando un día menos, lo cierto es que las empresas van a exigir que se garantice la misma producción en 32 horas de trabajo (4 días) en lugar de las 40 que se venían realizando hasta ahora (5 días). Esto permite a las empresas garantizar la misma producción que antes y ahorrarse los costos de mantener las oficinas abiertas y en funcionamiento un día a la semana.

Sin embargo, el proyecto no deja de ser un “sinceramiento” de que el avance de la técnica, la robótica, la inteligencia artificial, la informática y la digitalización podría servir para que toda la humanidad reduzca la cantidad de horas de trabajo, evitando que mientras que un sector está sobreocupado, trabajando hasta 12 o 14 horas diarias, hay otro que está subocupado o directamente desocupado, o con trabajos totalmente precarizados. Pero, este proyecto está lejos de ser un plan que tenga el objetivo de repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para acabar con ese flagelo, sino que busca mantenerlo y justificarlo.

Es por esto que el plan no aplica a las grandes fábricas, donde la introducción de tecnología no sólo no redujo las horas de trabajo sino que las extendió y las mantuvo estables con un aumento importante de la productividad. La propuesta actual está pensada centralmente para el trabajo de oficina donde el “home office” durante la pandemia demostró que se podía concentrar el tiempo y los empresarios podían ahorrar en energía, materiales y alquiler de oficinas, refrigerio o almuerzo, etc. Esto no tiene nada que ver con repartir la totalidad de las horas de trabajo entre los "sobreocupados" y los desocupados o subocupados.

Cómo es la prueba Piloto

Como informa The Guardian, en Reino Unido se incorporarán a esta prueba más de 3.300 trabajadores en 70 empresas, que van desde tiendas de chips locales hasta grandes firmas financieras, donde comenzarán a trabajar una semana de cuatro días a partir del lunes sin pérdida de salario.

La prueba piloto la organizan 4 Day Week Global en asociación con el grupo de expertos Autonomy, 4 Day Week Campaign e investigadores de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y el Boston College y tendrá una duración de seis meses.

Según indica la página de 4 Day Week Global: "Abogamos por el modelo 100-80-100: el 100 % del salario, el 80 % del tiempo, pero fundamentalmente a cambio del 100 % de la productividad". Pero esto implica una trampa discursiva que ya veremos.

Las empresas que participan son de alta tecnología, diseño tecnológico y servicios complejos (seguros y estudios jurídicos corporativos, finanzas, etc) lo que genera que sus tareas sean mucho más difíciles de cuantificar a diferencia de las tareas manuales de producción industrial.

Algunas de las empresas que están participando son Platten’s Fish and Chips en Wells-next-the-Sea en la costa norte de Norfolk, junto con la firma de software de Sheffield Rivelin Robotics, los especialistas en impuestos de sucesiones con sede en Londres Stellar Asset Management y Charity Bank en Tonbridge, Kent.
El director ejecutivo, Joe O’Connor, del grupo sin fines de lucro 4 Day Week Global, dijo con un tono humanista que el Reino Unido estaba en la vanguardia de la semana de cuatro días: "A medida que salimos de la pandemia, cada vez más empresas reconocen que la nueva frontera para la competencia es la calidad de vida, y ese trabajo de horas reducidas y centrado en el rendimiento es el vehículo para darles una ventaja competitiva”.

Las curiosas declaraciones de Ed Siegel, director ejecutivo de Charity Bank, al The Guardian son ilustrativas, “Durante mucho tiempo hemos sido defensores del trabajo flexible, pero la pandemia realmente movió los postes de la portería en este sentido. Para Charity Bank, el cambio a una semana de cuatro días parece un próximo paso natural."

“El concepto del siglo XX de una semana laboral de cinco días ya no es el más adecuado para los negocios del siglo XXI. Creemos firmemente que una semana de cuatro días sin cambios en el salario o los beneficios creará una fuerza laboral más feliz y tendrá un impacto igualmente positivo en la productividad comercial, la experiencia del cliente y nuestra misión social”.

Hace parecer que se trata de empresarios que brindan concesiones, pero de fondo hay un ajuste de recursos y una revalorización del tiempo trabajado. O sea, se logra una intensificación del trabajo, misma cantidad de productos en menos tiempo, con optimización de recursos. Esto es menos utilización de energía eléctrica en los edificios centrales. Y si le agregamos el teletrabajo, muchos de estos costos recaen sobre los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, existe un aumento de la productividad que trae un aumento de ganancias.

Entonces es necesario tener en cuenta que se trata de una forma para las empresas de flexibilizar y descentralizar el trabajo, no como una visión humanista hacia los trabajadores. La pandemia expuso que es posible trabajar desde el hogar por ejemplo, donde las empresas de oficinas que alquilan o son dueñas de enormes rascacielos tienen gastos gigantescos en infraestructura, energía y comida para los trabajadores. Por eso, esta reducción de horas no significa un “regalo” a los trabajadores sino un ajuste de costos edilicios para las empresas.

Por otro lado, este tipo de regulaciones sólo son posibles en los trabajos que pueden lograrse remotamente (vía internet) o en una oficina. En las fábricas, en el transporte, los trabajadores viven otra realidad. Allí las tendencias de las empresas son aumentar la intensidad de las máquinas en la misma cantidad de horas de trabajo (o aumentarlas) manteniendo salarios (o reducirlos). En el mismo caso de Gran Bretaña se vienen dando huelgas en petroleros y ferroviarios por aumento de salarios ante la inflación además de mejoras en las condiciones ambientales de trabajo. Curiosamente este sector no entró en las pruebas de reducción de jornada.

A diferencia de esta burguesía globalista, la izquierda plantea una propuesta que toque las ganancias de los capitalistas. Que implique reducir la jornada laboral en las fábricas, el transporte, en los pozos petroleros, en la construcción, ahí donde las ganancias son siderales y los trabajadores salen cada vez más rotos. Pero esa reducción de horas es manteniendo el mismo salario ajustado según la inflación real, pero para dividir el tiempo restante con los trabajadores desocupados que están sufriendo aún las consecuencias de las crisis económicas en todo el mundo.

Martes 7 de junio

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