Volkswagen, acusada en Brasil de esclavizar a miles de campesinos en la dictadura

Una denuncia por violaciones a los derechos humanos contra la automotriz alemana

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional.

La automotriz alemana Volkswagen (VW) adquirió tierras en la selva amazónica por recomendación de la dictadura militar para diversificar sus operaciones comerciales en Brasil entre 1970 y 1980 con el objetivo de desarrollar la ganadería, para lo cual ejerció tráfico de personas, torturas, muertes y sometió a miles de campesinos a la esclavitud, denunció este martes la fiscalía.

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional alemana durante la dictadura de Brasil (1964-1985).

El caso, que había sido denunciado por la prensa alemana, se da en el marco de acuerdos de reparación histórica que la automotriz alemana está realizando en Brasil.

La empresa ya hizo un acuerdo de unos 7 millones de dólares de indemnización porque la compañía colaboró con la dictadura para detener a cinco trabajadores que encabezaban reclamos salariales y reconoció haber cedido la unidad de Sao Bernardo do Campo, en el Gran San Pablo, para que se torturara a un trabajador.

Ahora, el Ministerio Público del Trabajo de Brasilia anunció una reunión el 14 de junio con directivos de VW para que la empresa ofrezca detalles de otro crimen cometido en la época por sus directivos: una suerte de campo de concentración en una hacienda del sur del estado de Pará, en la Amazonía brasileña.

"Concluimos que hay pruebas suficientes para caracterizar la responsabilidad de VW con las graves violaciones a los derechos humanos en la década del 70 en Pará", dijo el fiscal García Rodrigues.

Las denuncias surgieron a partir de un trabajo hecho por la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica en 2019, que recogió relatos de los trabajadores sometidos a la esclavitud, tras lo cual la fiscalía de Brasilia creó un grupo de investigación sobre esta violación a los derechos humanos.

Durante la presidencia del dictador Emilio Garrastazú Médici, Brasil lanzó el plan nacional llamado "integrar para no entregar", que consistió en enviar a cientos de miles de miserables campesinos del sur y centro del país a la selva amazónica.

Con la construcción de la ruta transamazónica, el objetivo era deforestar y crear grandes campos para la cría de ganado a cambio de la entrega de títulos de propiedad.

La Comisión de la Verdad indicó que 8.000 indígenas de pueblos originarios fueron asesinados para abrir paso a la transamazónica y al agronegocio. Este es considerado el momento fundacional de la devastación amazónica a gran escala.

El caso de la hacienda de Volkswagen está vinculado a una misma oferta del régimen de facto para que la compañía lleve adelante proyectos agropecuarios en Brasil y ayude al programa nacional de integración del Gobierno de Médici.

En el interior del estado de Pará hay todavía hoy una ciudad llamada Medicilandia, en homenaje al dictador que llevó allí a los llamados "pioneros" de otras regiones del país con la obligación de eliminar selva y criar ganado.

"El trabajo que hacía la empresa era derribar la selva y preparar el campo para el ganado. Volkswagen contrataba capataces para reclutar trabajadores golondrina a los que les prometía excelentes condiciones de trabajo", dijo el fiscal.

Según éste, los trabajadores llegaban a la hacienda de esa región, que todavía no estaba dividida en municipios sino que eran tierras fiscales federales, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y salud.

"Tampoco había acceso a comida, agua fresca o un médico", dijo, y apuntó que sobrevivientes relataron cómo sus compañeros murieron por malaria.

En un comunicado enviado a la TV Globo, Volkswagen informó que "refuerza su compromiso de contribuir con las investigaciones involucrando derechos humanos de manera muy seria", aunque aclaró que no quiere comentar el asunto hasta conocer toda la acusación de la fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, VW había montado también una suerte de ejército particular para evitar la fuga de los esclavizados.

La única forma de salir era pagando una deuda a la que la empresa obligaba a adquirir a los trabajadores. El trabajador debía endeudarse para adquirir alimento y ropa y nunca lograba pagar esa deuda, con lo cual estaba impedido de salir.

"Los trabajadores que son parte de la denuncia narran las diversas formas de violencia, con el Estado ausente, y que hubo trabajadores asesinados intentando huir y que fueron atados a árboles por día como forma de tortura ejemplificadora", dijo a la prensa el fiscal, que cuenta con el testimonio de 20 sobrevivientes.

García Rodrígues aclaró que el caso es motivo de una audiencia con VW para intentar llegar a un acuerdo pre-judicial para indemnizar a las víctimas.

En Brasil, la Ley de Amnistía de 1979 sancionada por el entonces dictador Joao Baptista FIgueiredo permitió la apertura política y sindical, pero también evitó la apertura de procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad.

Es por ello que Brasil nunca juzgó a los represores, uno de los cuales es considerado un héroe nacional por el presidente Jair Bolsonaro, el coronel Carlos Eduardo Brilhante Ustra, jefe de los torturadores del régimen de facto.

El caso salió a la luz por primera vez en Alemania en 2017, con un libro del historiador Antoine Acker llamado Volkswagen en la Amazonía: La tragedia del desarrollo global en el Brasil moderno.

En el libro se aborda la responsabilidad de los directivos alemanes de la automotriz en Brasil para crear una suerte de "ganadería del futuro" colaborando con la colonización y devastación amazónica impulsada por el dictador Médici.

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Miércoles, 01 Junio 2022 05:17

La Constitución del pueblo

La Constitución del pueblo

Una entrevista con Karina Nohales. Entrevista Pablo Abufom

El borrador de la nueva Constitución chilena fue aprobado el 16 de mayo. Consagra grandes cambios para la sociedad, que van desde derechos laborales colectivos hasta la creación de un sistema público de cuidados.

 

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico. 

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile. 

PA

Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN

En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga. 

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

PA

Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN

Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

PA

Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN

Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

PA

En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN

Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

PA

Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN

Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

PA

En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN

Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

PA

Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN

Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA

Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN

Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

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Un viaje a través de la libertad: Nydia Tobón

Para Nydia, Mi madre (1929-2022-¿?)

A las aladas almas de las rosas/ del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas,/compañera del alma, compañera. M. Hernández

Et par le pouvoir d'un mot/Je recommence ma vie/ Je suis né pour te connaître/Pour te nommer/Liberté. Paul Eluard.

 

Ahora que llega ese momento que no quisiéramos que pasara, ese golpe que nos dice que la vida siempre tiene un límite, me habita ese mar profundo y áspero de la tristeza y el vacío. Con ese sentido de lo trágico, vuelvo a entender que “el sol no mostrará su rostro a causa de su duelo” en este instante que el tiempo se desvanece en dolores de segundos, en que pasan los minutos y se acumulan tristezas, y en que las hojas no caerán entonces de los árboles. Pero es precisamente a través de esa ausencia tan grande, de esa cortina de lágrimas, en la que se filtran los recuerdos de una vida que fue un elogio a la libertad, desde sus primeros pasos en Viotá, ese pueblo en el extremo sur occidental de Cundinamarca en el que se enorgullecía de haber nacido, pasando por Bogotá, Londres, París, su retorno y todos sus viajes.   Alguna vez le dije que era lo más cercano al embajador del Gran Khan trayéndonos noticias de la redondez del mundo y presentes de otras tierras; no era solo el viaje y las fotos sino el sentido de lo humano y lo universal que comprendía, el contexto y su momento.   De allí emergían relatos fascinantes y curiosas anécdotas de personajes y ciudades que nos embelesaban cada año.

Fue una libertad que, desde muy joven, en esa Viotá del alma, entendió asociada a la justicia social y de allí su militancia de lo que se entendía como revolucionario. El coronel Rico, su abuelo, había luchado en los ejércitos liberales en la Guerra de los Mil Días, mi abuela, María, había sido flor del trabajo en ese beligerante municipio. Después se encendió ese fervor comunista que vivió intensamente en los tiempos agrestes de dictaduras y frentes, junto a mi padre Alfonso Romero Buj, quien sería asesinado en 1976, tiempos de persecuciones, de estado de sitio y capturas presidenciales a discreción, lo que fui conociendo a pedazos, cuando me contó que me había llevado a visitarlo en la Cárcel Modelo y que había interpuesto habeas corpus para que lo liberaran. Pero no podía quedarse quieta y su libertad se extendió contra el opresivo patriarcalismo, contra esa negación de los derechos de las mujeres. La vi cómo lloraba en la casa de mi abuela cuando se marchaba para Londres huyendo de todo lo que implicaba su unión; sintió que tenía que irse y dejar la jaula, volar. Después fueron los sucesos de Carlos Ilich Ramírez y su prisión por más de ocho meses bajo el cargo de complicidad con el buscado “terrorista”, hoy en día preso de los franceses.

Regresaría a Colombia con ese INRI, que nunca negó, y entre sus bellas quimeras libertarias fue directora de la primera revista Fotografía en el país, Fotografía Contemporánea, una utopía en la que participaron Jorge Mario Múnera y Hernán Díaz. En esa fascinante versatilidad de vida, desempolvó su tarjeta de abogada, modelo 64, para asesorar a poseedores que eran tildados como invasores en los predios en lo que ahora es la avenida circunvalar. Allí desplegó lo mejor de sus conocimientos como abogada litigante.  

Los días pasaron velozmente en esas décadas de violencia voraz, asesinatos diarios como el de mi tío Henry, y tuvo que buscar un nuevo exilio, en su París del corazón. Y no fue fácil. Debía luchar entonces contra su historia y lo logró empecinadamente, después de muchos años, hasta conseguir la ciudadanía. Allá presenció el derrumbe de esa visión del mundo que se desvaneció como un castillo de naipes; aún así, se mantuvo fiel a esos principios, desde su propia orilla, en los márgenes de esos partidos y agrupaciones y con su libertad querida. Allá desembarcamos un tiempo con la pequeña Nydia, aún de brazos, y empezamos a conocer ese mundo de ella de las rue, el metro, la torre y el París para los no turistas del barrio 20 y sus contornos, de los célebres comunards de 1871. Pude comprender, como dijera Baudelaire que uno ama a esa ciudad por lo infame: porque sentí con ella toda la nostalgia de ese espejismo diario que amanece en la Rue Malar y estalla afuera. Conocí de su mano ese París hasta el desgaste con sus bonjours, ça va, merci et excuse moi de vous dérenger.

Así empezamos a reconstruir los lazos. Yo afincado en poemas y dibujos y ella iniciando su fase de pintura y máscaras sin dejar esas otras actividades en Droit Solidarité, una organización en defensa de los excluidos. En las tardes hacía escritos y estaba en reuniones con su admirado Rolland Weyl, muy cerca de Bastilla, y en las mañanas recibía clases de pintura …No paraba entonces pues me hablaba de un grupo del té, de la asociación de los sonidos de la ballena, del tai chi. Era una sinfonía diaria que nos dejaba exhaustos. La fui entendiendo más y recuperando ese amor que me transmitía con su dimensión protectora que sabía y presentía todo. Así descubrí que podíamos contemplar los atardeceres y muchas puestas de sol sin musitar palabra, como en ese refugio de olas de Palomino en que estuvimos con Sofía, mi segunda hija.   Entendí que no se es, sino que va siendo y que, como lo dijera Machado, se hace camino al andar.

La pude entender cuando se desgranó con la muerte de mi hermano mayor, Alfonso, y se recompuso de ese golpe, llevando ese dolor sin límites por esa desaparición temprana. Hay golpes en la vida, tan fuertes… Ella pudo seguir con ese ángel guardián en que se convirtió su hijo, apoyada por mi primo Elías y soportada por Francia, su hermana, y saber que la vida sigue a pesar de ese absurdo.   No dejó de lado sus entrañables manifestaciones del simbólico 1° de Mayo y, hace tres años, viviría esa tragedia de un trombo que la dejó pérdida todo un día en las calles de París entre las refriegas de los Chalecos Amarillos y ocho horas en un metro, como me alcanzó a escribir. Regresó a nosotros como otra oportunidad para tejer lazos más fuertes. Lo hicimos hasta ese último minuto en que dos neumonías la socavaron para escoger su viaje y abrir la puerta a la eternidad este 1° de Mayo.

Por eso puede decir que fue, sin ostentación, diploma o reconocimiento, una de las grandes luchadoras de este país que fueron rompiendo las oprobiosas cadenas de la sumisión. Por eso es posible decir de ella, parodiando a Berthold Brecht, que “Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero los hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles”.

Les hablo, entonces, lacerado con la desolación, reconociendo que quedará mucho por decir de ella que era un continente. Una persona de estas proporciones nunca muere, no pasa por la tumba –como lo dijera Artaud–, porque no fue solo ese bello cuerpo que habitó y que ahora sembramos en la tierra. Estará en esa otra dimensión en sus luchas cotidianas, sabiendo que nos dio eso que el zorro, el curioso personaje de El Principito, confiesa que recibió de su compañero: el color del trigo.   Mi epitafio es el siguiente:

Nada detendrá tu viaje por las ensenadas,

Penínsulas y archipiélagos de la libertad:

Viotá, Bogotá, Londres, París.

Ni este momento

Navegarás en esa travesía eterna

En el barco azul de nuestros recuerdos.

 

Por Juan Fernando Romero Tobón, 3 de mayo de 2022

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Foto:  Enrique García Medina

El ministro de Educación boliviano trabaja sobre una "reestructuración curricular que responda a la pospandemia"

El profesor oriundo de Potosí asegura que el gobierno de facto de Jeanine Áñez fue "nefasto". Define a Luis Arce como un presidente que "responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos"

Para Edgar Pary, ministro de Educación de Bolivia desde el 19 de noviembre de 2021, el gran desafío del presente pasa por emprender una "reestructuración curricular que responda a la pospandemia". De visita en Buenos Aires para participar de la 3º Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, Pary habló con Página/12 y destacó que su cartera está luchando contra la pesada herencia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, un periodo "nefasto" en el que "han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas".

Este profesor y político nacido en el departamento de Potosí rechaza sin dudarlo la implementación de las pruebas PISA, "una institución transnacional que nos puede venir a decir que nuestra educación está mal", teniendo disponible al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, "una instancia descentralizada e independiente" contemplada en la Constitución. Pary recuerda que, hasta la asunción de Evo Morales en 2006, la educación se encontraba muy deteriorada: "Teníamos 36 pueblos indígenas en donde la enseñanza era homogénea para todos, no respondía a ese contexto diverso que tenemos en Bolivia". Por eso el ministro celebra la continuidad del proyecto transformador de Morales, ahora bajo el mando de Luis Arce, un presidente que "responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos".

- ¿Cómo se hizo visible el impacto del gobierno de Jeanine Áñez en la educación?

- Cuando tomó el poder el gobierno golpista, la inversión pública definitivamente se quitó y ahí se produjo el desastre económico, particularmente para nuestra gente que trabajaba, que vendía, que tenía pocos recursos económicos en el bolsillo. En educación nosotros desarrollamos un modelo sociocomunitario productivo. Esa educación productiva está basada en el modelo de la escuela Ayllu de Warisata, que se estableció durante los años 50. Era un modelo educativo que respondía a los pueblos indígenas originarios campesinos. Y eso se establece en la Ley 070 de Educación, pero lamentablemente en 2020 han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas, y lamentablemente todo el avance que tuvimos durante la gestión iniciada en 2006 se cortó. Nuestras hermanas y hermanos comprendieron que el modelo que intentó implementar el gobierno golpista de la derecha no resulta, no va a resultar nunca porque Bolivia necesita trabajar para su pueblo, para la gente pobre que realmente necesita. Por eso recuperamos la democracia con el hermano Luis Arce Catacora y el hermano David Choquehuanca.

- ¿Y cómo están revirtiendo ese retroceso educativo que menciona?

- Ni bien ingresamos al gobierno devolvimos el derecho a la educación. Abrimos nuevamente las unidades educativas en plena pandemia, teníamos que buscar alternativas para poder responder a la educación y eso es lo que hicimos. Implementamos las modalidades de atención, coordinamos con nuestros gobiernos subnacionales, con los gobiernos municipales, con quienes trabajamos para poder poner en condiciones las unidades educativas, implementamos modalidades de atención. Implementamos la educación a distancia en contextos urbanos, donde había mayor contagio del covid-19, y también la educación semipresencial y la presencial en contextos en donde no había contagios. Tenemos que hacer una reestructuración curricular para que responda justamente a una educación pospandemia, identificando nuevas formas de atender a la educación. Y ese trabajo es justamente el que está haciendo en este momento el ministerio de Educación con cursos de actualización para las maestras y los maestros de manera permanente.

- Imagino que una de las mayores dificultades en materia educativa debe ser llegar en igualdad de condiciones a las áreas rurales o a aquellas que están más alejadas de las grandes ciudades.

- Desde el gobierno central se está implementando la dotación de textos educativos de manera universal. Tenemos cerca de tres millones de estudiantes y tenemos que llegar desde el nivel inicial, primario y secundario, educación alternativa y especial a todos. Desarrollamos bibliografía de manera gratuita para los estudiantes y para los maestros, que no tiene ningún costo al ingresar a la plataforma educativa. De la misma forma estamos trabajando con tele-educación para contextos urbanos donde hay señales de televisión, pero para los lugares donde no llegan las señales de televisión estamos implementando la radio-educación a través de radios comunitarias que tenemos en contextos rurales. Estos son complementos al desarrollo de la educación presencial, no podemos nosotros quitar ni mucho menos dejar de seguir desarrollando esto porque sabemos muy bien que se viene la quinta ola y pueden venir más olas.

- Bolivia no realiza las pruebas PISA desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Cómo evalúan entonces la calidad educativa?

- Nuestra Ley 070, dentro de su estructura organizativa, tiene lo que es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, una instancia descentralizada e independiente que debe trabajar en ese tema, pero hoy en día no podemos desarrollarlo. ¿Por qué? Porque en 2021 recién estamos empezando casi de cero. Mas bien hay que prepararse para el futuro. Cuando hablamos de PISA, es una instancia privada que desarrolla una evaluación estandarizada que no se puede desarrollar en Bolivia porque Bolivia es diversa. Nosotros desarrollamos una educación diversa para 36 pueblos indígenas originarios, y PISA desarrolla la evaluación de la calidad educativa de manera estandarizada para todos desde la lógica de unidades educativas privadas. En Bolivia desde la Constitución Política del Estado y la Ley 070 se establece que la educación es completamente gratuita desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Nosotros tenemos la suficiente capacidad para poder desarrollar nuestra evaluación, no queremos que pueda ingresar una institución transnacional para que nos venga a decir que nuestra educación está mal y nos pueda condicionar financiamiento.

- Algunos sectores del MAS-IPSP piden una mayor intensidad de gobierno en algunas áreas. ¿Cómo ve usted al gobierno desde adentro?

- Nuestro gobierno está trabajando más que nada en seguir avanzando en el desarrollo socioeconómico. Es fuerte el desafío que tiene nuestro hermano presidente Luis Arce en los diferentes ministerios, y tenemos que trabajar de acuerdo a la propuesta de gobierno que se ha establecido en un principio y hay que responder, porque esa es la confianza y el desafío que nos ha depositado nuestro pueblo. El presidente está trabajando día y noche sin descanso. Obviamente existieron algunos temas de división y demás cosas, pero para nosotros el instrumento político está prácticamente unido en todas sus instancias. Es importante destacar este trabajo mancomunado en equipo desde la mirada del pueblo, juntamente con nuestras organizaciones sociales. Vemos, y ustedes seguramente también en medios de prensa y demás, cómo es recibido nuestro hermano presidente cuando visita cada departamento de Bolivia. Arce responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos, y eso es lo que caracteriza a nuestro gobierno.

- ¿No le da miedo que haya otro intento golpista como el de 2019?

- El pueblo no lo va a permitir tomando en cuenta la experiencia de la gestión 2020, de ninguna manera. Obviamente hay sectores de la derecha que han intentado rearticularse y demás pero el pueblo es el pueblo, es el soberano, el que define y el que puede aplacar si es que hubiera algunas amenazas de la derecha. Algunos medios de prensa han estado trabajando para intentar rearticular desde diferentes instancias, pero eso no ha resultado. Estamos fortalecidos pero obviamente no nos podemos descuidar. El pueblo necesita trabajo, obras, desarrollo y estabilidad, y para nosotros la garantía es el hermano Luis Arce. 

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Muertes por desnutrición no cesan en el norte de Colombia

Uribia. Bajo el inclemente sol de La Guajira, al norte de Colombia, mueren cada año decenas de niños por desnutrición, a pesar de que una sentencia de la Corte colombiana obligó a las instituciones a garantizar el agua, la alimentación y la salud al pueblo indígena wayú, que sufre las peores consecuencias de la pobreza.

Numerosos políticos han hecho campaña en La Guajira durante el actual periodo electoral, pero los pobladores denuncian que cuando sean elegidos se olvidarán de ellos.

"Una tiene que seguir adelante, por sus otros niños. Hay que ser fuerte. Yo soy fuerte", dice la wayú Sonia Epieyú, mientras vela a su hijo de apenas nueve meses de edad sobre las vías del tren que conduce a la mina de carbón El Cerrejón.

El pequeño murió en un hospital de la capital regional, Riohacha, después de haber sido trasladado desde su comunidad rural de origen, conocida como Toolomana, tras sufrir numerosos vómitos. Sus familiares aseguran que estaba desnutrido.

"Cuando los funcionarios llegaban a la comunidad me lo pesaban y me daban la tallita. Nada más. Me ofrecieron una receta de una fórmula (de vitaminas, alimenticia) pero no me la quisieron dar en la tienda porque me dijeron que quien tiene que hacer el documento es la nutricionista", denuncia Sonia.

El pequeño ataúd blanco al que todos miran da cuenta de la tragedia que se vive en La Guajira. No es un caso aislado. En lo que va del año han fallecido 21 niños menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas a ésta, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

El flagelo tampoco es nuevo. Al menos 118 niños murieron por las mismas dolencias en 2018, 84 en 2019, 65 en 2020 y una veintena el año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Son las consecuencias de la miseria en una región donde 63 por ciento de los habitantes sufren pobreza monetaria y 52 por ciento multidimensional.

La mayoría del departamento, situado en el extremo norte colombiano –y sudamericano– tiene un clima semidesértico, con muy escasas precipitaciones que impiden el acceso al agua potable, garantizado para apenas 20 por ciento de la población, una posibilidad casi nula en las zonas alejadas de centros urbanos de la media y la alta Guajira

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Un perro callejero camina en una escuela destruida en la aldea de Vilkhivka, cerca de Kharkiv, el 25 de mayo de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. SERGEY BOBOK / AFP

Durante la llamada por Putin "Operación militar especial", las fuerzas rusas manifiestan haber descubierto pruebas que demostrarían que el Ministerio de Salud de Ucrania estaría empeñado en una limpieza de emergencia con la tarea de llevar a cabo una destrucción completa de bioagentes; también manifiestan haber descubierto documentos semidestruidos relacionados con una operación secreta de Estados Unidos en laboratorios en Kharkiv y Poltava, insistiendo en el carácter altamente militarizado de los biolaboratorios ucranianos y en un exceso de patógenos.

A este respecto, China ha solicitado una investigación internacional sobre las actividades biológicas militares en Ucrania. Ucrania, por su parte, insiste en que las instalaciones  eran civiles y se dedicaban a la salud pública, y que por las indicaciones de la OMS destruyeron cualquier agente altamente peligroso para evitar el riesgo de brotes en caso de que algún laboratorio sea golpeado por las fuerzas rusas.

Mientras, las respuestas de Washington solo aumentan la preocupación y sospechas. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, reconoce la existencia de biolaboratorios secretos estadounidenses en Ucrania, así como haber recomendado destruir las pruebas antes de que cayeran en manos rusas ("Estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas", ha declarado). Por supuesto, no falta la acusación a la otra parte; así, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusa a Rusia de buscar un pretexto para lanzar su propio ataque con armas biológicas contra Ucrania.

La guerra biológica, o guerra de gérmenes, es el uso de toxinas biológicas o agentes infecciosos como bacterias, virus, insectos y hongos con la intención de matar, dañar o incapacitar a humanos, animales o plantas como un acto de guerra.

Pasaron muchos siglos hasta que a algún mando militar se le ocurrió utilizar dardos envenenados para matar con sufrimiento a las tropas enemigas; más tarde, se perfeccionaron las armas enviando a los enfermos de tularemia a tierras enemigas, se envenenaron los pozos enemigos con el hongo cornezuelo de centeno o a los caballos del adversario. Ya más cerca de nuestros tiempos, se le ocurrió al comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del Norte, Sir Jeffrey Amherst, enviar viruela a las "tribus de indios descontentas", aunque ha sido el ántrax el bioarma más utilizado desde el inicio del siglo XX.

Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania usó ántrax y muermo para enfermar a los caballos de las tropas de Estados Unidos y Francia, y los franceses infectaron a los pobres animales de la caballería alemana con burkholderia. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohíbe el uso, pero no la posesión, el desarrollo y almacenamiento de armas biológicas y químicas. Además, los estados podrían recurrir a estas armas como represalia a un bioataque.

El ejército imperial japonés produjo armas biológicas y las usó contra soldados y civiles chinos  durante las Segunda Guerra: bombardeó Ning-Bó con bombas llenas de pulgas que transportaron la peste bubónica. Reino Unido hizo lo mismo probando tularemia, ántrax, brucelosis y botulismo en la isla Gruinard de Escocia.

Las bioguerras de Estados Unidos

A pesar de que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética firmaron la Convención sobre Armas Biológicas en 1972, que prohíbe el desarrollo, la producción, la adquisición, la transferencia, el almacenamiento y el uso de armas biológicas, continuaron con sus proyectos, aunque el país norteamericano es el único en utilizarlas de forma masiva, tanto contra su propia población como contra otras naciones.

Entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950, en la llamada Operación Sea-Spray, la Marina estadounidense lanzó, desde mangueras gigantes a bordo de un dragaminas, una fuerte dosis de bacterias Serratia Marcescens  y Bacillus Globigii en forma de nube, sobre 800.000 habitantes de la bahía de San Francisco, con el objetivo de monitorear la vulnerabilidad de una gran urbe a un ataque biológico, su huella sobre el medio ambiente y la forma adecuada de detenerlo. Se trata de uno de los mayores experimentos con armas bacteriológicas de la historia, y se supo en 1976 por una investigación del diario Longday Newsday. En otra Operación, la Big Buzz (1955), el Pentágono produjo un millón de mosquitos A. Aegupti y colocó 300 mil de ellos en municiones para lanzarlos desde aviones al estado de Georgia, en busca de la sangre humana.

Y las "operaciones" continuaron: Bajo la clave de la operación Ranch Hand (1962-1971), lanzada contra Vietnam, Estados Unidos utilizó bioherbicidas y micoherbicidas (agente naranja) para destruir bosques y cultivos del país asiático, dejando a su paso tres millones de muertos y medio millón de niños nacidos con malformaciones congénitas. Bajo la presión de la opinión pública, Nixon prohibió en 1969 las investigaciones de dichas armas para su uso ofensivo, aunque no defensivo.

Pero quizás ninguna de estas armas pueden ser tan baratas como lo que ha ido viniendo después. Tras décadas de investigación, han llegado a la conclusión de que se podrá matar a 600.000 personas por solo 0.29 dólares de coste por cabeza, aunque el afán de las compañías de armas no es matar a más gente, sino ganar más dinero: mejor una mini bomba nuclear de 16 kilos que cuesta 10 millones de dólares. Según Newsweek, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) de Estados Unidos está creando una nueva clase de armas biológicas que se enviarían a través de insectos infectados con virus: la guerra entomológica (de insectos).

Según China, Estados Unidos, que insiste en la destrucción de estas armas químicas y biológicas de otros países, es el único país que las posee y se niega a destruir las propias.

En 1982, el ejército de estadounidense realizó un experimento con las moscas de la arena para que portasen el virus del dengue, el zika, el chikungunya y la encefalitis equina oriental; obviamente, no se trata precisamente de un arma "defensiva".

Y mientras en 2002 acusaba a Irak de la tenencia de armas químicas y bacteriológicas como ántrax, ocultaba al mundo que los sobres con esporas de esta bacteria y destinatarios civiles estadounidenses se echaban en el buzón desde el propio suelo de Estados Unidos (laboratorio bioterrorista de la base militar de Fort Detrick) por un militar compatriota llamado Bruce Ivins. Años después, en 2015, un laboratorio estadounidense en Utah había enviado "por error" muestras de ántrax vivo a una de sus bases militares en Corea del Sur.

Después de la muerte masiva de ganado por una enfermedad extraña cerca del laboratorio del Pentágono en Alma-Ata, Kazajistán, en julio de 2021, los partidos socialistas y comunistas de Kazajstán, Georgia, Letonia y Pakistán exigieron el cierre de los laboratorios biológicos militares de Estados Unidos en Asia Central, certificando las actividades criminales de los biolaboratorios militares.

La peligrosidad del ántrax  es tal que durante  un incidente en Sverdlovsk, Unión Soviética, al liberarse  accidentalmente esporas de ántrax de una instalación militar el 2 de abril de 1979, murieron un centenar de personas. Este accidente se denominó "el Chernóbil biológico"

¿Cómo protegernos de este tipo de armas y de investigación destinada no a objetivos militares legítimos, sino a población civil y a causar daños innecesarios desde el punto de vista militar? El sistema de protección de los derechos humanos, una arquitectura construida a lo largo de muchos decenios, prevé instrumentos que en caso de funcionar con efectividad evitarían la mayoría de los conflictos internacionales, y en particular los conflictos bélicos, verdadera finalidad de la creación de las Naciones Unidas ("Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…", dice la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas). Los tres pilares de la protección de los derechos humanos -El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario- han surgido tras un largo proceso en el que han intervenido juristas de extraordinario prestigio y méritos: Desde Lemkin y Lauterpacht para idear los crímenes de genocidio y contra la humanidad, hasta Louis Joinet con su informe contra la impunidad, pasando por el jurista ruso F.F. Martens (autor de la famosa "cláusula Martens" todavía citada en autos). El enorme y talentoso trabajo de juristas de esta categoría es pisoteado por la realpolitik. Una reciente conferencia del diplomático José Antonio Zorrilla recordaba el principio por el que se rige la política internacional, que no es otro que la lucha descarnada por el poder en función de los intereses nacionales, sin consideraciones morales ni jurídicas.

Desgraciadamente, en materia de derechos humanos el derecho internacional no dispone de medios de coerción ni de sanción para castigar los crímenes internacionales (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión) más que en los casos de criminales pertenecientes a países débiles. Es así como la Corte Penal Internacional en más de dos décadas solo ha resuelto nueve casos; es así como el delito de genocidio, aprobado en 1948 no se ha aplicado hasta 1998 (caso Ruanda). Las guerras y los numerosos atropellos instigados por la OTAN, los crímenes cometidos por sus tropas han quedado fuera del radar de la Corte Penal Internacional.

Si algún día se consiguiera que el aparato sancionador funcionara y los crímenes fuesen castigados fueran quienes fueran sus autores, sin dobles raseros, quizás estaríamos a un paso de evitar las guerras. Esta evolución permitiría, además de que la Corte Penal Internacional fuera respetada por los países poderosos -en el sentido de que gobernantes y altos militares de estos países pudieran ser encausados-, contemplar actuaciones que deberían ser delictivas y que no son contempladas hoy por hoy en la descripción de las conductas que conforman los crímenes de genocidio o contra la humanidad, o bien que aunque sean contemplados no son objeto de vigilancia. Es el caso de lo que pueden ser considerados crímenes económicos contra la humanidad (decisiones que se toman a sabiendas de que van a costar miles o millones de vidas, como en el caso de especulación con alimentos o con fármacos), o bien la negligencia en controlar el tráfico de armas hacia países que no respetan los derechos humanos (empresas españolas exportando armas a Arabia Saudí, por ejemplo), o las actividades de investigación sobre armas prohibidas, como las químicas y bacteriológicas, por ejemplo.

Como hemos visto más arriba, se van acumulando datos y pruebas de la existencia de laboratorios biológicos secretos que investigan este tipo de armamento, prohibido por la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (1972), cuyo control dista de ser satisfactorio. Seguramente esto parte de que investigar sobre el desarrollo de este tipo de armas altamente letales y lógicamente prohibidas puede ser complicado y requiere una voluntad política que a día de hoy no existe. No obstante, el derecho penal internacional considera que "la realización de experimentos médicos y científicos es penalizada cuando no obedece a fines terapéuticos, sino solo a la obtención de conocimientos científicos" (Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, § 904). Por otro lado, una enmienda de 2017 al artículo 8 del Estatuto (crímenes de guerra, armas biológicas) "insertó un artículo que define como crimen de guerra el uso de armas que utilizan agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, cualquiera sea su origen o método de producción".

Cuando se hallan casos de lo que Occidente considera enemigos (p. ej., Saddam Hussein, Bashar al Assad o en estos días Putin), recibimos informaciones detalladas (a veces falsas) de cómo han utilizado armamento prohibido, pero cuando el uso ha estado a cargo de "los nuestros", las informaciones no se encuentran en los medios hegemónicos. Son casos como Iraq (el documental Faluya, la masacre escondida, en la que se muestran los devastadores efectos de armas químicas utilizadas por Estados Unidos, curiosamente, es difícil de encontrar) o Afganistán, donde fueron empleadas armas químicas prohibidas por la Convención sobre las Armas Químicas (1993).

Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,  se permite declarar recientemente con total indignación que en estos días en Ucrania "cualquier uso de armas químicas cambiaría enormemente la naturaleza del conflicto, sería una flagrante violación de la ley internacional y tendría consecuencias generalizadas y severas". Hay que resaltar que Estados Unidos es parte tanto de la Convención sobre Armas Bacteriológicas como de la Convención sobre Armas Químicas.

Es particularmente preocupante la existencia de laboratorios biológicos secretos tanto en Ucrania como en otros lugares. Que la actividad sea secreta no augura nada bueno, evidentemente no es necesaria la clandestinidad para realizar actividades legales y legítimas. De manera que el desarrollo de una investigación destinada a fabricar armamento biológico, considerado criminal por el Estatuto de Roma y otras normas, debe ser calificado como una actividad criminal, y por tanto, lo lógico es que sea una actividad punible dada su gravedad.

¿Para cuándo la comunidad internacional estará dispuesta a perseguir eficazmente actividades clandestinas de investigación de armamento prohibido por su alta criminalidad? Para ello, es necesaria voluntad política y acuerdos tanto en el castigo como en el control. Quizás contribuiríamos con ello a forjar una sociedad algo más decente que la que tenemos.

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Miércoles, 18 Mayo 2022 05:02

El asesinato y la ocupación de Palestina

El asesinato y la ocupación de Palestina

La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh conmocionó a la opinión pública mundial. Aunque el gobierno de Israel niega su responsabilidad sobre los hechos, no son pocos los que lo sindican como autor del crimen y piden que se lo excluya como parte de cualquier investigación, sobre todo tras la feroz represión de las fuerzas policiales durante el funeral de la reportera. Este caso ha reavivado las iniquidades de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

En esta ocasión no hubo calma que precediera a la tormenta. Luego de un turbulento mes de Ramadán con una ola de atentados en ciudades israelíes y una conducta extremadamente violenta de sus fuerzas de seguridad contra militantes palestinos en Cisjordania y fieles musulmanes que rezaban en su mes santo, sucedió lo que nadie se había imaginado: el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh mientras cubría una redada del ejército israelí contra milicianos en la ciudad cisjordana de Jenin. 

El miércoles 11 de mayo por la mañana, la periodista palestina que trabajaba desde hace 25 años en la cadena qatarí Al Jazeera, había salido como de costumbre desde su casa en Jerusalén Este (la parte árabe de la ciudad) hacia el norte de la Cisjordania ocupada. Su misión era cubrir las intensas operaciones de las fuerzas israelíes contra la insurgencia palestina. Mientras trataba de acercarse a la escena de los enfrentamientos junto a su productor Ali Al-Samudi (quien también resultó herido y se encuentra estable), Abu Akleh fue asesinada de un tiro en la cabeza a pesar de estar provista de un chaleco antibalas que llevaba en letras grandes la leyenda «PRENSA» sobre el pecho.

A partir de ese momento, aparecieron diversas versiones sobre el asesinato. Sin embargo, todos los periodistas que se encontraban trabajando junto a Shireen no dudaron en colocar unánimemente la responsabilidad del crimen en manos del ejército, argumentando que ellos se encontraban mucho más cerca del lado israelí que del palestino. A solo media hora del asesinato de Abu Akleh, el aparato de relaciones públicas de Israel comenzó a desarrollar en una estrategia de desvío de información. 

El periodista israelí Barak Ravid reveló en un informe en hebreo en el sitio web Walla que «hubo una consulta urgente de la Sede Nacional de Hasbara (órgano de propaganda) junto con representantes de la oficina del primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas de Defensa de Israel. Decidieron que el objetivo principal era tratar de defenderse de la narrativa que comenzaba a aparecer en los medios de comunicación internacionales, según la cual Abu Akleh había sido asesinada por fuego israelí». 

Así, horas después de su muerte, la Cancillería israelí publicó un video que mostraba a guerrilleros palestinos disparando contra blancos no definidos, al mismo tiempo que comentaban entre ellos que creían que habían herido a un soldado israelí. Para el Ministerio de Relaciones israelí esto era prueba suficiente de una supuesta responsabilidad palestina, debido a que en ese día no se habían reportado heridos en las fuerzas ocupantes. No obstante, la organización de derechos humanos israelí B'Tselem contradijo rápidamente la versión de su servicio exterior y mediante otra filmación que geolocalizaba de manera precisa la escena de los dos hechos (el asesinato y los disparos de los militantes) dejaba en claro que los protagonistas palestinos del video se encontraban demasiado lejos de la escena y no tenían ninguna trayectoria posible para realizar los disparos que  causaron el deceso de Abu Akleh. Incluso en un vergonzoso tuit, la Cancillería de Israel elucubraba que el chaleco y el casco que comúnmente utilizan los periodistas en zonas de conflicto habría confundido a los militantes palestinos. Pero la renombrada organización de investigación periodística Bellingcat –conocida por su estudio del uso de armas químicas por parte del gobierno sirio y los ataques rusos contra civiles en Ucrania– estableció las diferentes ubicaciones de los protagonistas del incidente, incluidos Shireem Abu Akleh, el ejército israelí y los militantes palestinos a través de un análisis forense de audio. 

A través de ese análisis se pudo indicar fehacientemente que los posteriores disparos contra un hombre que intentaba rescatar a la ya moribunda Shireen se realizaron desde unos 180 metros de distancia. Esto colocaba al tirador cerca de las posiciones del ejército israelí y muy lejos de las posiciones militantes palestinas. El informe agrega que las fuerzas israelíes estaban en una posición más directa para realizar el disparo, en contraste con «las posiciones más obstruidas y distantes de los grupos armados palestinos».

Rápidamente, las máximas autoridades de Israel se sumaron a la rauda negativa sobre la responsabilidad en los hechos. El primer ministro Naftali Bennett, sostuvo que existía la «posibilidad considerable» de que los culpables hayan sido «palestinos armados, que dispararon salvajemente». Con más experiencia en cuestiones de responsabilidad, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo: «pueden ser los palestinos quienes le dispararon. Trágicamente, también podría ser alguien de nuestro lado. Lo estamos investigando». 

En lo que sí coincidieron las autoridades israelíes es en que debía existir una investigación conjunta entre israelíes y palestinos. Los líderes palestinos se negaron terminantemente a ello. La Autoridad Palestina afirmó el sábado pasado que agradecería la participación de organizaciones internacionales en la investigación sobre la muerte de la reportera, pero sostuvo que a Israel aún no se le permitiría unirse a su investigación, citando el pasado israelí de autoexculparse en casi todos los casos en los que fue acusado de atacar, deliberadamente o no, a la prensa y a civiles palestinos. Asimismo, los propios familiares de la periodista palestina asesinada, quienes creen firmemente que los soldados israelíes son los responsables de su muerte, rechazaron los pedidos israelíes para una investigación compartida. «Apoyamos la participación de cualquier parte en la investigación, excepto de los israelíes. Si te acusan de un delito, no tiene sentido que lo investigues», sentenciaron. Estados Unidos, el aliado más cercano que tiene Israel, se sumó a los pedidos de una investigación rápida y efectiva, debido a que Abu Akleh era también ciudadana estadounidense. Sin embargo, Washington no se hace ilusiones con los resultados de la investigación. Y no le faltan razones. En enero de este año el palestino Omar Andalmajeed As'ad, que había vuelto a Cisjordania después de vivir cuatro décadas en Estados Unidos, perdió la vida luego al ser detenido en el norte de Ramallah mientras se dirigía tarde en la noche de regreso a su casa. Abdalmajeed As'ad murió de un paro cardiaco, esposado en el suelo en medio del frío y dentro de una obra en construcción donde los soldados israelíes lo habían amordazado y vendado los ojos después de golpearlo. El comandante del pelotón y el de la compañía de las tropas fueron reprendidos y excluidos de cualquier puesto de mando por los próximos dos años, pero los soldados no fueron castigados. 

Los palestinos también citan los casos del periodista Yasser Murtaja, del joven de 14 años Mohamed Ayoub y de la médica Razan al Najar, todos asesinados por francotiradores israelíes durante las protestas contra el bloqueo de Gaza en 2018. El primero fue muerto por una bala en el abdomen mientras lucía un chaleco protector con la leyenda de «Prensa», el segundo recibió un tiro en la cabeza mientras estaba a una distancia considerable de la cerca que separa a la Franja de Gaza de Israel y la tercera fue abatida mientras atendía a un grupo de heridos. El caso de Al Najar mereció una exhaustiva pesquisa del respetado Equipo de Investigaciones Visuales del New York Times, que dejó en claro la responsabilidad de francotiradores israelíes en su deceso. 180 palestinos fueron asesinados por balas israelíes en el marco de las protestas de ese año en Gaza, lo que suscitó una investigación interna del propio ejército israelí encabezada por el brigadier general Moti Baruch, quien concluyó que ninguna de todas esas muertes fueron «intencionales», sino producto de «percances operativos».

Vale la pena recordar que, de acuerdo a la organización Reporteros sin Fronteras, 35 periodistas fueron asesinados trabajando en Israel y los territorios palestinos desde 2000. El año pasado, en medio de una guerra de baja intensidad entre Israel y el grupo islámico Hamas, misiles israelíes derribaron un edificio de 11 pisos donde se ubicaban las redes de medios palestinos y la agencia estadounidense Associated Press. Israel justificó la destrucción diciendo que Hamás estaba utilizando el edificio para refugiarse, pero aún no ha aportado pruebas concluyentes para sostener la acusación. «Con el debido respeto hacia nosotros, digamos que la credibilidad de Israel no es muy alta en tales eventos», afirmó Nachman Shai, actual ministro de Asuntos de la Diáspora Judía y famoso ex-portavoz del ejército durante la Guerra del Golfo de 1991. A solo dos días del asesinato de Shireen Abu Akleh, en una discusión interna del Estado Mayor de Israel se sostenía que «la posibilidad de que soldado israelí le haya disparado (de manera no intencional) a la periodista de Al Jazeera es muy razonable».

El mismo 13 de mayo se vieron imágenes que dieron la vuelta al mundo e hicieron desconfiar aún más a la comunidad internacional de que los israelíes pudiesen realizar una investigación justa y transparente. Todo empezó la misma tarde del asesinato de Abu Akleh, cuando la policía israelí se apersonó en un velorio improvisado sin el cuerpo y le exigió a la familia de la periodista que bajasen las banderas palestinas de la puerta del recinto donde se realizaba el servicio fúnebre. Ante la negativa, se desplegó a la temida policía de frontera israelí que, junto al oficial a cargo, procedió a secuestrar las banderas. Es importante recalcar que, desde la sanción de los Acuerdos de Oslo, no está penado por la ley mostrar o flamear las banderas palestinas en Israel, por lo que la policía se atribuyó una peligrosa prerrogativa que la coloca por encima de la propia ley del estado judío. No contentos con ese vergonzoso atropello sobre los dolientes, lo peor estaba aún por llegar. 

Durante el funeral de Abu Akleh, que sin duda ha sido uno de los más concurridos de la historia palestina de los últimos 50 años (personalmente solo recuerdo el de Faisal Husseini con una cantidad de concurrentes similar), la policía israelí procedió a reprimir no solo a los asistentes, sino también a quienes llevaban en andas al féretro hacia el cementerio cristiano del Monte Zion en Jerusalén (la periodista profesaba esa confesión religiosa y vivía en la histórica ciudad). Aún para quienes desde hace décadas cubrimos desde el terreno las terribles vicisitudes del conflicto israelí-palestino, las imágenes de las fuerzas de seguridad israelíes golpeando violentamente con bastones a los portadores del féretro en un día de recogimiento fueron brutalmente singulares y serán difíciles de olvidar. En esta ocasión, la policía también intentó ensayar una justificación de lo injustificable, esgrimiendo que había intervenido a pedido de la familia (que supuestamente no quería que se llevase el féretro en andas hasta el cementerio) y solo luego de que la multitud hubiera agredido a los oficiales. Para respaldar la acusación, la policía volvió a compartir otro video, en este caso filmado por un dron, en el que se ve a un hombre arrojando una botella (sin que esté claro si es de vidrio o plástico) desde detrás de la multitud. Pero el video no explica que el acto se produjo solo luego de que la policía irrumpiese en el hospital donde estaba el cuerpo ni da razones de la violencia de los uniformados contra las personas que cargaban el ataúd, pues no hay imagen alguna donde se muestre que ellos hayan iniciado un ataque contra la policía. El mismo video muestra a un hombre utilizando una bandera palestina contra la policía, aunque esa acción se produce como acto de defensa después de que la policía comenzara con los golpes.

Anton Abu Akleh, el hermano mayor de Shireem que trabaja para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descartó de plano las declaraciones de las fuerzas israelíes: «Les informamos [a las fuerzas de seguridad] sobre los arreglos que habíamos hecho, los caminos que planeábamos hacer, desde la Puerta de Jaffa hasta el Monte Sion. Exigieron que no levantáramos la bandera palestina ni coreáramos consignas alusivas». Anton Abu Akleh también rechazó terminantemente los pedidos israelíes para una investigación conjunta y dijo que cree que los soldados israelíes son los responsables de matar a su hermana. Observando las imágenes de la represión en el funeral donde se ve a la policía israelí arrancar la bandera palestina del coche fúnebre queda claro que no sería apropiado confiar en un actor que trata a los palestinos de esa manera (y que se encuentra comprometido en la acusación) para realizar una investigación imparcial. ¿O acaso alguien exigiría una investigación conjunta ruso-ucraniana por cada uno de los siete periodistas asesinados por las fuerzas rusas en Ucrania?

¿Cómo puede Israel animarse a reprimir en el mismo funeral de la persona de la que está acusada de asesinar (de manera intencional o involuntaria)? ¿Por qué hace esto Israel? La respuesta es simple: porque puede. La gran mayoría de los ciudadanos israelíes no le han prestado la más mínima atención al asesinato de la periodista palestina, que solo ocupa un pequeño segmento de los clásicos noticieros del país. Es evidente que Israel no sufrirá ninguna condena internacional efectiva y que la situación seguirá siendo igual. De hecho, el mismo día del asesinato de Shireem Abu Akleh, colonos judíos en la ciudad palestina de Hebrón –donde 800 israelíes viven custodiados entre 250.000 palestinos– tomaron una casa palestina sin los permisos necesarios para hacerlo. En esa misma jornada, otros colonos israelíes de un asentamiento en las colinas del sur de Hebrón golpearon a palestinos y a activistas israelíes que protestaban por una decisión de la Corte Suprema que avaló la destrucción de ocho poblados palestinos en áreas ocupadas y administradas por el poder militar israelí (Israel gobierna la Cisjordania ocupada con un órgano militar llamado, en lo que parece un verdadero chiste, «Administración Civil»). La excusa empleada por Israel para la expulsión de 1.800 personas –lo que constituye el mayor desplazamiento de palestinos desde la década de 1970– resulta difícil de comprender: arguye que los palestinos tienen sus poblados en una zona reservada por el ejército para la «práctica de tiro» en territorio ocupado. 

La ocupación militar israelí sobre los palestinos ya ha durado demasiado. De los 74 años de vida del Estado de Israel, 55 han sido de ocupación militar sobre los palestinos. Durante dicha dictadura militar sobre otro pueblo, Israel ha desarrollado uno de sus mayores proyectos nacionales: la construcción de más de 120 asentamientos (hay otros cien que aún no han recibido autorización oficial, pero todo parece indicar que solo es cuestión de tiempo) donde 700.000 israelíes gozan de derechos exclusivos entre millones de palestinos. Las colonias no son pequeños parajes, sino que algunos ya se han convertido en ciudades (Modin Illit, Maaleh Adumin, Ariel, etc.). 

Israel se considera a sí misma una democracia para todos, pero no lo es: se trata de una democracia con derechos de privilegio para los judíos (cualquier judío del mundo que quiera emigrar a  puede convertirse en ciudadano israelí al instante), pero limitada e imperfecta para los árabes que viven dentro de Israel (que estuvieron bajo dominio militar dentro de Israel desde la fundación del estado hasta 1966 y al día de hoy no pueden instalarse en cualquier zona del país). Los palestinos de Cisjordania y Gaza están en el último peldaño de la pirámide. Son ellos quienes deben lidiar día a día con el sistema que «la única democracia en  Medio Oriente» ideó para ellos: un régimen pergeñado para que este sector nunca experimente tal democracia.

La gran mayoría de los palestinos está dispuesta a aceptar un compromiso que les otorgue todos los territorios previos a la conquista israelí en la Guerra de los Seis Días de 1967, es decir solo 22% de todo lo que ellos mismos denominan como la «Palestina Histórica» (concepto de por sí controvertido, pero que comprende lo que hoy es Israel, Cisjordania y Gaza). Esta constituye una concesión enorme de su parte. Sin embargo, los israelíes sostienen que no es suficiente y continúan votando masivamente a representantes que consideran a Cisjordania (los israelíes llaman a esa zona con el nombre bíblico de Judea y Samaria) como parte de Israel. Si se  conduce por cualquier ruta israelí, en los carteles que indican cómo ir a Tel Aviv o Haifa también se señala como llegar a las colonias de Betar Illit o Alfei Menashe, entre muchas otras. Muchos israelíes argumentan que es imposible la paz con los palestinos, algo que será difícil corroborar mientras Israel mantenga su presencia militar y civil en sus territorios. Incluso si los palestinos no quisieran tener paz con los israelíes, no existe excusa alguna para desarrollar un enorme y millonario proyecto colonial en sus tierras. Líbano, por ejemplo, no desea hoy la paz con Israel y dicho país no fue perforado como un queso por colonias judías durante la pasada ocupación israelí. Israel podría incluso esgrimir que mantiene su presencia militar en Cisjordania para garantizar una supuesta seguridad, pero los asentamientos israelíes indican otra cosa. No es solo una lucha por la supervivencia, sino una guerra de dominio y control.

La periodista palestina Shireem Abu Akleh no tenía por qué estar en Jenin relatando cómo el ejército israelí daba caza a «terroristas», que es como cualquier noticiero televisivo de Israel denomina a los palestinos armados, sin importar que operen o no en ciudades israelíes o que resistan contra una potencia militar en territorio colonizado. Uno puede estar en completo desacuerdo con la estrategia armada de lucha palestina (siete décadas de ella comprueban que la misma solo consigue polarizar el sentimiento israelí de estar constantemente amenazados), pero Israel tampoco ve con buenos ojos la forma no violenta de la desobediencia civil palestina. Es más, esta estrategia pone aún más nervioso al gobierno y sus fuerzas de seguridad, pues no saben cómo contrarrestarla, lo que quedó en evidencia en la Primera Intifada o en el funeral de Shireem. 

El asesinato de Abu Akleh y la extrema represión de su procesión fúnebre han generado una indignación mundial que los israelíes no deben ignorar. Sin la protesta extranjera, la muerte de la reconocida periodista hubiese sido un número más entre las víctimas palestinas. No existe algo parecido a una ocupación militar justa o a un colonialismo sano. Es un contrasentido. Es preciso terminar con la dictadura militar sobre los palestinos lo más pronto posible, primero por su derecho a la autodeterminación, pero también por el propio bienestar israelí. Lo cierto es que, al contrario de lo esperado por muchos, la ocupación no se suavizará. Pero solo hay dos alternativas: o Israel termina con la ocupación o la ocupación terminará desde adentro con el Estado de Israel y el refugio que tienen los judíos en el mundo. Ya no hay tiempo que perder.

Este artículo fue escrito desde Jerusalén

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Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia. Imagen de archivo. EFE/Martin Divisek/

La decisión del alto tribunal fue tomada teniendo en cuenta que este mecanismo no califica como delito y que, por el contrario, está amparado por la Constitución Política

 

La Corte Constitucional, a través de un fallo histórico debido a la discusión suscitada en diferentes sectores sociales y políticos, legalizó el Suicidio Médicamente Asistido como procedimiento permitido en Colombia para tener una muerte digna.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta una ponencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo que registró una votación de seis votos a favor y tres en contra. Al togado lo acompañaron en su tesis, Diana Fajardo, Natalia Ángel, Gloria Ortiz y Alejandro Linares, quienes a través del fallo, sacaron del Código Penal una prohibición que pesaba sobre los médicos al momento de asistir a personas con el deseo de morir dignamente

Cabe señalar que esta determinación de la Corte se produjo tras el estudio de una demanda presentada por los ciudadanos Camila Jaramillo Salazar y Lucas Correa Montoya, ambos miembros del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DescLAB-, contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, el cual castiga la inducción al suicidio otorgando penas carcelarias de entre 16 y 36 meses a quienes guíen a una persona hacia el suicidio con el fin de terminar con intenso sufrimiento producto de enfermedades graves o incurables.

Ante esto, el alto tribunal ratificó que el hecho de asistir a un paciente que desea morir dignamente no se configura como un delito y que, por el contrario, es un proceso amparado por la Constitución en las condiciones ya mencionadas.

Asimismo, la demanda precisaba que penalizar el suicidio médicamente asistido vulnera el derecho a morir con dignidad, así como el libre desarrollo de la personalidad por impedir el acceso a una ayuda médica para poner fin a la vida del paciente bajo consenso.

La demanda señala que, “Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, añadiendo que la legalización del SMA lo vuelve un acto transparente y seguro.

¿Qué diferencia hay entre el Suicidio Médicamente Asistido y la eutanasia?

Básicamente, mientras que en el primer mecanismo el paciente se autoadministra el medicamento para causar la muerte, en la eutanasia, el médico es quien facilita el deceso. En ese sentido, los demandantes promovieron varias iniciativas indicando que, así como la eutanasia se puede ejecutar bajo determinados parámetros, para el suicidio médicamente asistido deben cumplirse las mismas normas.

Vale resaltar, además, que durante el estudio de la demanda el ministro de Salud Fernando Ruiz, dijo que, en Colombia, “la inclusión de otra opción de muerte médicamente asistida en el país, requiere una discusión a profundidad, cuya competencia recae en el Legislador”.

El jefe de la cartera de la salud añadió en su momento que el Congreso debe abordar este tema “con un desarrollo por vía estatutaria, en especial, teniendo en cuenta la complejidad que supondría la inclusión del SMA como proceso asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Misma conclusión tuvo la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, el SMA no es una alternativa desconocida; sin embargo, es el legislativo el que debe reconocerlo como válido, pero teniendo en cuenta la decisión tomada este miércoles por la Corte, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.

En el mundo, los países que tienen ambos procedimientos reglamentados son Suiza, Canadá, Luxemburgo, España, los estados de Western Australia y Victoria, en Australia y Suiza, así como también Países Bajos y Luxemburgo.

11 de Mayo de 2022

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La venta de armas en EU creció durante la pandemia, de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades y Prevención.Foto Afp

Nueva York. Las muertes por armas de fuego alcanzaron la cifra más alta jamás registrada en Estados Unidos durante 2020, con un incremento de 35 por ciento en homicidios, cantidad no reportada desde 1994, reportaron los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (CDC), principal autoridad federal sobre salud pública.

Más de 45 mil personas murieron en incidentes relacionados con armas de fuego durante el primer año de la pandemia. "Este es un incremento histórico", declaró Debra Houry, subdirectora de los CDC, al divulgar los datos en conferencia de prensa.

Aunque más de la mitad de las muertes por armas de fuego son suicidios, ese número se mantuvo casi igual en 2020, comparado con 2019. Pero fue el dramático incremento de homicidios con armas de fuego lo que elevó el total a niveles sin precedente.

Según los CDC, 79 por ciento de los homicidios y 53 por ciento de los suicidios estaban relacionados con armas en 2020. Excluyendo los suicidios, más de 19 mil personas murieron por balas en 2020, comparado con las más de 14 mil del año anterior.

Los CDC indicaron que las estadísticas demuestran "amplias disparidades" donde los homicidios con armas de fuego afectaron más a comunidades pobres, y sobre todo a jóvenes afroestadunidenses. A la vez, los homicidios por armas se incrementaron entre gente de todas edades, razas y género, y tanto en ciudades como zonas rurales en todas las regiones del país.

Los afroestadunidenses sufrieron más que cualquier otro segmento con un incremento de 40 por ciento en la tasa de homicidios, sobre todo los jóvenes; entre indígenas del país hubo un incremento de 27 por ciento y de casi 26 por ciento entre latinos, y 28 por ciento entre blancos. El único grupo donde hubo una reducción fue entre los asiático-estadunidenses, según las cifras de los CDC.

El incremento en muertes por armas de fuego está relacionado con la venta acelerada de armas en el país, con estadunidenses comprando armas más de lo normal al ampliarse la pandemia en 2020 y 2021, de acuerdo con los CDC (ver el informe: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7119e1.htm?s_cid=mm7119e1_w).

Es el incremento anual en homicidios por armas más grande en la historia moderna del país, indicó el Centro para Soluciones de Violencia de Armas de la Universidad Johns Hopkins. "En 2020 se perdieron casi 5 mil vidas más en homicidios con armas que en 2019".

Las armas fueron la causa principal de muerte entre niños y adolescentes en 2020, tomando más vidas que el covid-19, accidentes automovilísticos o cáncer” para los menores de edad, afirma un informe de ese centro (https://publichealth.jhu.edu/2022/new-report-highlights-us-2020-gun-related-deaths-highest-number-ever-recorded-by-cdc-gun-homicides-increase-by-more-than-one-third).

Expertos e investigadores no han identificado las razones del incremento de la violencia, y sobre todo de los homicidios con armas de fuego en los últimos dos años, pero algunos señalan que la pandemia exacerbó muchas condiciones prexistentes, sobre todo en algunas comunidades más marginadas, que han elevado el nivel de violencia, incluyendo factores como la desigualdad económica y condiciones de pobreza, comentaron los CDC.

Otros sugieren que la polarización política en el país, ira contra la violencia oficial y el racismo sistémico, y la expresión más explícita de agrupaciones armadas, sobre todo las derechistas, han cultivado mayor violencia.

Los estadunidenses se matan entre sí con armas 25 veces más que otros países desarrollados, señala el centro Brady Campaign to Prevent Gun Violence.

La razón más citada por los que adquieren armas de fuego es la defensa individual, pero investigaciones de los últimos años confirman que en los hogares que tienen armas se incrementa de tres a cinco veces el riesgo de homicidio y suicidio.

Se calcula que hay más armas en manos privadas en Estados Unidos que población –de hecho, 120.5 armas por cada 100 residentes–, más de 390 millones, según cifras de 2018 por el Small Arms Survey. El Brady Campaign calcula que uno de cada tres adultos en Estados Unidos es dueño de un arma.

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Ecuador: tras la masacre, la ONU exigió una reforma urgente del sistema penitenciario

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su "alarma" por la situación penitenciaria de Ecuador luego de que se registraran 44 muertos en un motín que tuvo lugar el lunes, y reclamó una reforma "urgente" que involucre también al sistema judicial. El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno de Guillermo Lasso atribuye a una encarnizada lucha de bandas ligadas al narcotráfico.

Decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban este martes noticias de sus familiares presos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito, donde un choque entre pandillas dejó 44 muertos y decenas de heridos, mientras que las autoridades empezaban a recapturar a parte de los 220 detenidos que escaparon durante los desmanes.

Responsabilidad estatal y reforma urgente

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo Bachelet en un comunicado leído por su vocera en una rueda de prensa en Ginebra. El gobierno ecuatoriano debe considerar una hoja de ruta que le propusieron "para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción", precisó la expresidenta chilena.

En el caso de lo ocurrido el lunes, la violencia habría estallado en la cárcel de Santo Domingo por el traslado de un preso, pero Bachelet destacó que no se trata de un caso aislado. "Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario", manifestó la funcionaria de la ONU, quien recordó que todo Estado tiene como "responsabilidad" la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurre en las cárceles y debe emprender una "plena investigación".

La espera de los familiares

Decenas de familiares de los reclusos se desesperaban por segundo día frente a las puertas del penal sin tener noticias de sus seres queridos, mientras militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones. "No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes que se escaparon por salvar sus vidas van a ser trasladados y entre esos está un hermano mío", afirmó Leisi Zambrano. "Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus hijos, de si están vivos", agregó la mujer ama de casa, de 48 años.

Ni bien supo de los enfrentamientos, Zambrano dijo haber acudido con otros familiares al penal en la madrugada y escuchaba que desde el interior "los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir", y definió la escena como una "carnicería".

En el motín en Santo Domingo en un principio se había confirmado la muerte de 41 reclusos. Minutos después la Fiscalía volvió a actualizar la cifra a 43, y al cierre de la jornada se confirmó otra muerte. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó temprano el mismo lunes que la mayoría de los cuerpos "fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas".

La mayoría de las víctimas murió por armas blancas en sus celdas, y luego algunos presos usaron armas de fuego en su intento de fuga. Las autoridades hallaron fusiles, pistolas, cuatro granadas y municiones en el penal. En este nuevo motín, que se inició en torno a la 1.30 hora local, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea para salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112.

El ministro Carrillo señaló que los responsables de este motín pertenecen a la misma organización delictiva que llevó a cabo otra masacre en la cárcel de El Turi, un mes atrás. Según las autoridades, los enfrentamientos del lunes fueron provocados por el traslado a Bellavista de unos de los líderes del denominado grupo "R7", gracias a una medida judicial. "Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios", dijo el jefe de los servicios penitenciarios, Pablo Ramírez.

El gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste (Guayas, Manabí y Esmeraldas), las más golpeadas por el tráfico de drogas, ante la violencia en las calles del país atribuida al narcotráfico.

Una crisis sistémica

Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos. Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro Carrillo en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar al grupo disidente que se hace llamar R7.

Antes de estos episodios el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90 por ciento sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.

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