Estados Unidos: medidas draconianas para la crisis migratoria que se aproxima

El presidente Biden se juega en la frontera con México las chances del Partido Demócrata en las elecciones de medio término que se harán el 8 de noviembre.

Estados Unidos no puede superar el viejo problema de su frontera sur. Sigue limitado al uso de dos herramientas punitivas ante cada crisis migratoria que se le viene encima. Son la deportación inmediata de indocumentados o su detención durante varios meses en una cárcel ordinaria. No incluye este racconto la ampliación del muro que lo separa de México. La primera medida llamada Título 42 es hija de las políticas xenófobas de Donald Trump que se exacerbaron con la pandemia. Es muy posible que pierda vigencia el 23 de mayo si el gobierno de Joe Biden no la mantiene. Con lo que podrían suceder dos cosas: un aumento en el flujo de personas desde Centroamérica y el endurecimiento todavía mayor de otros dispositivos para frenarlas. Si la situación se volviera explosiva en el hemisferio norte camino al verano, el Partido Demócrata estaría en aprietos para mantener la módica ventaja que conserva en las dos cámaras del Congreso. 

El 8 de noviembre son las elecciones de medio término. El debate sobre la inmigración es un tema no saldado y hay republicanos que siguen aplicando mano dura como el gobernador de Texas, Greg Abbott. Su operación Estrella Solitaria (Lone Star) le permite realizar arrestos indiscriminados bajo cualquier cargo. Medios estadounidenses denunciaron que aun pagando fianza, hubo detenidos que no fueron liberados. Un grupo de ellos demandó al gobernante porque consideró que su estrategia para la frontera es inconstitucional.

Si se trazara una línea de tiempo en políticas migratorias, ni todos los demócratas han sido condescendientes con el fenómeno, ni la intolerancia es una condición exclusiva del Partido Republicano. El ejemplo clásico que suele citarse es el de Barack Obama. Cuando llegó a la Casa Blanca en 2009 deportó más latinoamericanos que Trump en su primer año de gobierno. Incluso en sus dos mandatos superó la cantidad de expulsados que George W. Bush provocó en sus ocho años de gobierno. 

Título 42

Ahora el dilema de qué hacer ante un problema que puede incidir en las legislativas de noviembre, lo tiene Biden. El llamado Título 42 aprobado en 2020 durante la presidencia del magnate republicano es un instrumento legal que a EE.UU le permite deportar antes de que un migrante presente el pedido de asilo. El trámite es expeditivo y así, en lo que va del año fiscal 2022 – se lo considera a partir del 1° de octubre de 2021 – el 51 % de los migrantes detenidos por cruzar la frontera fue deportado bajo la normativa del Título 42.

La aplicaba y continúa haciéndolo, la Policía de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) que desde el 20 de marzo de 2020 y por una cuestión de Salud Pública, impide la entrada de extranjeros que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Esa medida es la que hoy se está discutiendo, ya superada la peor etapa de la pandemia.

El gobierno de Biden todavía no definió qué hará porque el draconiano Título 42 es un disuasivo que no frena el incontenible flujo migratorio, pero le sirve para demorar el eventual desborde que se avecina. Especialistas en el tema ya lo vaticinan. El actual presidente había anticipado el final de la norma que permitió deportar poco más de un millón de personas en los últimos seis meses. Se basó en el criterio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que aconsejaron terminar con ella.

Pero entre quienes se oponen a la derogación del Título 42 se encuentra el gobernador texano. Abbott es un halcón republicano que el 3 de junio de 2021 ya había declarado en la cadena ultraconservadora Fox News: “Sigo la ley, y la que voy a usar será la forma legal en la que Texas comenzará a arrestar a todos los que crucen la frontera. No solo arrestarlos, sino que debido a que esto ahora será un allanamiento de morada con agravantes, pasarán medio año en la cárcel, o un año”.

La amenaza la puso en práctica bajo lo que se conoce como la operación Estrella Solitaria (Lone Star). Una investigación de los medios ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project aporta evidencias sobre presuntas irregularidades cometidas por Abbott con dinero público para mantener blindada la frontera de su estado, Texas.

Quienes padecen todavía el Título 42 o la incipiente política contenida en Lone Star, son los inmigrantes mexicanos o que provienen del denominado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y Salvador. Para justificar las medidas contra ellos, Abbott se basa en que “Biden no está asegurando la frontera, el estado de Texas tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes para hacer el trabajo del gobierno federal”.

Los medios que investigaron a Abbott publicaron que la operación Estrella Solitaria “ha contado arrestos por delitos sin conexión con la frontera e incluido recuentos de drogas capturadas en todo el estado en comunidades que no recibieron recursos adicionales de la iniciativa”. Los movimientos del gobernador que va por su reelección – y es muy crítico de Biden – continuarán hasta el 31 de mayo.

El republicano se opone a que el Título 42 desaparezca porque sería una decisión “sin precedentes y peligrosa”. También declaró: “Texas tomará sus propias medidas sin precedentes este mes para hacer lo que ningún estado de EE.UU ha hecho jamás en la historia de este país y asegurar mejor nuestro estado y nuestra nación”.

El gobernador es un dinosaurio cuyos planes contra la inmigración incluyen una batería de medidas adicionales: bloqueos de botes en el Río Grande, la colocación de alambres de púas en cruces de aguas bajas y autobuses financiados por el Estado para que trasladen a los solicitantes de asilo hasta el Capitolio en Washington. Aclara, “de forma voluntaria”, una manera de trasladarle el problema al gobierno federal que ejerce Biden.

Hoy los detenidos se cuentan por miles y las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos son reflejadas en medios de los estados fronterizos. El viernes, el presidente de EE.UU llamó a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. La conversación duró 45 minutos e incluyó los problemas migratorios irresueltos. La portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki declaró: “Fue planeada en parte por la Cumbre de las Américas y también por el próximo levantamiento del Título 42 y la anticipación y expectativa del Departamento de Seguridad Nacional sobre el aumento de la afluencia de migrantes que intentan cruzar la frontera”. Las oleadas de desesperados no se detendrán. Los esperan para esta primavera en Estados Unidos. Biden se juega en su frontera sur el futuro de su gobierno en los próximos dos años.

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Los falsos positivos, problema de fe y problema de todos

Durante los días 26 y 27 de abril, en Ocaña, tuvo lugar una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y lo que allí se dijo dejó estremecida a la Colombia sensible.  9 militares y un civil que colaboraba con ellos confesaron crímenes de lesa humanidad y dejaron patente lo que tanto se ha tratado de negar, y es que una estructura criminal se incrustó en nuestro ejército colombiano, y fue esa la que dio lugar a 6.402 ejecuciones extrajudiciales, aquí conocidas como “falsos positivos”,  y esto atendiendo sólo a los casos que han llegado al registro del mencionado tribunal, y es que, según los familiares de los desaparecidos, son todavía muchísimos más.  Después de lo que oímos no hay más lugar a negacionismo y los familiares saben que apenas empieza a destaparse lo que todos tenemos que saber y echarnos a la conciencia para poder construir un nuevo país.

Los militares confesaron que para tener contento a un gobierno que pedía resultados, esto es bajas, y presionaba para poder demostrar que ganaba la guerra, recurrieron a reclutar muchachos inocentes, a llevárselos con promesas de trabajo, y mientras todo esto lo hacían unos, los otros preparaban la escena de un supuesto combate, conseguían los uniformes de guerrilleros que les pondrían después de asesinarlos, se proveían de las armas que habría que dejar en los puños de los muertos y hacían los documentos para certificar su “triunfo”, los tenían unos días en casas que se prestaban para ello, y el día acordado los asesinaban borrando todo rastro de su identidad para que sus seres queridos no los encontraran.  Y la cosa no terminaba ahí, después de presentar los resultados, los asesinos recibían dinero, vacaciones, ascensos, condecoraciones, “la gloria militar”.

Víctima es la palabra que usamos para designar lo que se sacrifica en un altar, lo que se le ofrece a un ídolo.  Sólo los ídolos piden víctimas, Dios que es padre, no las quiere y no quiere la sangre de nadie;  si hay víctimas en Colombia es que hay ídolos puestos sobre nuestros altares y están diciéndonos, con sus gritos y su muerte, que, incluso cuando vamos a los templos y hacemos caridad, estamos no delante de Dios sino de muchos ídolos.  Dios es uno, los ídolos son muchos, son legión. Sangre derramada es siempre señal de ídolos apaciguados. Entonces, ¿cuáles son esos ídolos que nos han pedido sobre sus altares 6.402 “falsos positivos” y que se siguen tragando la sangre de 9.263.826 víctimas contadas en el Registro Único de Víctimas (RUV)? ¿Mientras las rodillas de las mayorías cristianas y católicas se doblan en los templos, delante de quien se arrodillan los corazones?

Hay una palabra que puede señalarnos la identidad de uno de estos ídolos, y es “seguridad”.  La invocamos a menudo y nuestros gobiernos se glorían de ella; a nombre de la seguridad se impusieron las dictaduras en nuestra América Latina y se persiguió, se torturó, se desapareció, se asesinó; la seguridad como un dios al que había que apaciguar y tener tranquilo.  Y esa misma palabra, que nombra un ídolo, tiene mucha historia en Colombia, y sigue siendo clave para atraer adoradores en la campaña electoral de estos días. 

Todo lo que promete un ídolo es mentira y aquí en esta palabra si que hay mentiras; por lo que hemos oído en la audiencia de esta semana llegamos a saber que la tal seguridad era sólo una falacia para cuidar capitales, pero no para cuidar a la gente.  Los dueños de fincas y de las empresas se arrodillaban ante la seguridad que les ofrecían los militares que cuidaban las carreteras para que pudieran salir a visitar sus predios, a hacer sus negocios y a divertirse, y desconocían, o ni les interesaba, que  muchachos desempleados y en la miseria no pudieran salir  a buscar trabajo porque los reclutaban miembros de las mismas fuerzas armadas para asesinarlos, vestirlos de guerrilleros, perder sus documentos, incluidas sus libretas militares, y lograr presentarlos como NN. muertos en combate, y como suceso de estrategia militar. La seguridad, ese dios al que los gobernantes y militares, ofrecían su culto, y al seguir negándololo siguen haciendo, puso la muerte en una institución que está para cuidar la vida de todos los colombianos.

Todo esto de los “falsos positivos” es para los creyentes, para los que seguimos a Jesús, no sólo un problema de política, sino sobre todo un problema de fe; no es un problema de los militares, sobre los que cae una tremenda responsabilidad, es un problema de todos los que hemos adorado este ídolo con la indiferencia, mirando desde lejos, alegando que los sacrificados “no estarían cogiendo café” y que “quién sabe en qué cosas andarían para que les haya pasado lo que los pasó”, gozando del privilegio de comer tres veces al día y sin interesarnos por los 21 millones de personas que en este país se ubican en la pobreza.  Sí, esto de los falsos positivos es problema de todos y es problema de fe.

Seguir adorando la seguridad pedirá siempre más víctimas, acaba de pasar la masacre del Putumayo, que nos da indicios de que todavía estamos arrodillados ante este altar de muerte.  El culto que Dios pide, si queremos ser coherentes con la fe que decimos profesar las mayorías colombianas, es el cuidado, cuidar de los más vulnerables, de los más pobres; por algo la palabra culto es pariente de la palabra cuidado.  Dar culto a Dios es cuidar lo que Dios cuida y Dios cuida a los pobres; hay pues que pasar de la seguridad al cuidado; del cuidado vendrá entre otras cosas seguridad, pero no como un ídolo para adorar, sino como un fruto para gozar esta vida y vivirla como hijos e hijas de Dios. La gloria de la patria no es inmarcesible, como cantamos orgullosos en el himno nacional, y aquí, asesinando así a estos muchachos, oficiando al dios seguridad, sí que se ha marchitado.  Mientras busquemos la seguridad de los capitales y no cuidemos de la vida de los más pobres seguiremos en estos altares de muerte y terminaremos todos sacrificados. La gloria que no se marchita es la de Dios, y esta no es otra que la vida de los pobres.

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Viernes, 29 Abril 2022 05:42

Escazú alza la voz

Capuchino de cara blanca en la isla de Gorgona, parque nacional de Colombia AFP, LUIS ROBAYO

Latinoamérica frente a su primer acuerdo ambiental

La cumbre que analizó el alcance del primer tratado ambiental de la región no estuvo exenta de debates. La participación de la sociedad civil y quiénes deberían conformarla fue uno de ellos.

«O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado», dijo Gabriel Boric al inaugurar la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, celebrada entre el 20 y el 22 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubicada en Santiago de Chile. Con esa frase, el presidente chileno sintetizó la expectativa que hay sobre el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, aprobado en 2018. Si bien a un año de su entrada en vigor solo lo ratificaron 12 países –entre ellos, Uruguay–, se espera que pronto lo hagan los 21 restantes.

El acuerdo lleva el nombre de Escazú porque en esa ciudad costarricense fue aprobado el texto definitivo, el 4 de marzo de 2018. Uruguay ha sido uno de los países más activos en el largo proceso de negociaciones del tratado. Como reconocimiento a esta labor diplomática y de promoción de derechos regionales, el gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, el abogado ambientalista Marcelo Cousillas, presidió la COP 1. En diálogo con Brecha, destacó que «Escazú aborda temas trascendentes, de forma innovadora», que le permitirán al país «corregir y adecuar varias disposiciones para que seamos más activos en los tres ámbitos de aplicación: acceso a la información, acceso a la Justicia y participación pública en asuntos ambientales», para que, por ejemplo, «la información ambiental esté disponible y no sea accesible solo bajo un pedido de acceso particular».

LA VOZ DEL PÚBLICO

Los objetivos principales de esta COP eran definir las reglas de procedimiento de la cumbre –incluyendo las modalidades «para la participación significativa del público»–, el financiamiento para la implementación del tratado y las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Al ser un texto que llevó varios años de negociaciones, no se esperaban mayores sobresaltos en los tres días de conferencia. Pero, luego de los saludos y los mensajes de rigor de la primera jornada, el jueves 21 fue bastante agitado, después de que el gobierno boliviano propusiera quitarle participación al público en la Mesa Directiva. Esto va directamente en contra de uno de los principales propósitos del acuerdo, que es contar con las ideas, las demandas y las opiniones de la sociedad civil, casi al mismo nivel que con las de los Estados parte.

La de Bolivia era una propuesta desconocida hasta el momento de su presentación y, viniendo de un país que ratificó el tratado, causó malestar entre los presentes. «El espacio para proponer algún cambio era la pre-COP que tuvimos el 4 de marzo, no ahora», dijo a Brecha Carmen Capriles, de Reacción Climática. Para esta y otras organizaciones ambientalistas bolivianas, el gobierno no hizo una consulta transparente antes de elaborar su propuesta de quitar la participación del público en la Mesa Directiva. Finalmente, la postura regresiva del gobierno de Luis Arce no avanzó. En cambio, fue aprobado al final del día, por aclamación, que el público cuente con voz (aunque no voto) en esa instancia, como estaba previsto. De esta manera, «las futuras COP tendrán ese piso de garantía para seguir fortaleciendo la participación directa del público», dijo la colombiana Natalia Gómez, de Earth Rights International, representante elegida por el público, en una conferencia de prensa realizada el viernes pasado con la finalidad de evaluar el encuentro.

¿TODAS LAS VOCES?

Garantizada la participación del público en la COP, el paso siguiente es definir quiénes formarán parte de esa representación. En la última jornada Cousillas remarcó que el público debe tener «el mayor alcance imaginado». El comentario responde, en parte, al reclamo, que se hizo sentir estos días, de organizaciones indígenas como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ante la falta de representación de los pueblos originarios en el evento. Para el representante kichwa Nadino Calapucha, «no hay nada que celebrar este 22 de abril, a 50 años de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra en Estocolmo». El integrante de la COICA denunció en la sesión de Santiago que en la cuenca amazónica ecuatoriana matan a un defensor del ambiente cada dos días. Esto continuará, afirmó, mientras los gobiernos basen sus economías «en un modelo de desarrollo extractivista, que sigue asesinando» a defensores de la tierra.

En aparente consonancia con estos reclamos, la exsecretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, presente en la apertura de la última jornada, dijo que esta COP debía dedicarse a los pueblos indígenas, por ser «los silenciosos guardianes de la tierra y de la biodiversidad». Sin embargo, también afirmó que para promover un desarrollo distinto, que garantice la participación plena de las comunidades, se debe invitar a más actores, como el sector privado. Si bien ya estaba previsto que los representantes empresariales formaran parte del público, en países como República Dominicana estos han manifestado sus resquemores con Escazú, pues temen que el tratado recorte los superpoderes que suelen tener en la instalación de megaproyectos. «Las grandes empresas deben entender que este acuerdo es el primero que promueve la protección de defensores. Y no queremos cualquier desarrollo ni inversión, como las zonas de sacrificio que están naturalizadas y son inaceptables», dijo Bárcena en su intervención. Y remarcó: «Tenemos un compromiso mundial enorme de proteger la integridad ecológica para las próximas generaciones».

La participación de empresarios o empresas como parte del público no tiene un apoyo claro entre las organizaciones que actualmente promueven la implementación de Escazú: «No podemos tener representantes del público que vayan en contra del bien común o de la representación de grupos afectados por empresas; tampoco de grupos que atentan contra los ecosistemas y los medios de vida de ciertas comunidades. El acuerdo es en favor de una agenda ambiental. Lo que tiene que primar es eso», opinó Capriles. Para participar, cualquier persona u organización puede registrarse en el Mecanismo Público Regional del Acuerdo de Escazú, que figura en el sitio web de la CEPAL. Para agosto de este año se prevé una nueva elección de representantes. Será una elección «abierta» y se espera que haya «diversidad de candidaturas (indígenas, jóvenes, feministas)», dijo Gómez.

Como el tratado es el primero en el mundo que tiene disposiciones específicas sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, las organizaciones sociales propusieron profundizar en el análisis y la denuncia sobre la situación de estas personas. Para eso, en esta COP lograron establecer un grupo de trabajo sobre defensores que cuenta especialmente con pueblos indígenas y comunidades locales, así como con grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Este grupo hará un foro anual sobre defensores ambientales con especialistas en el tema, del que saldrán insumos para el plan de acción que se presentará en la COP 2, que se realizará en abril de 2024 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.

MUJERES DEFENSORAS

En tanto, para que el acuerdo tenga una perspectiva de género, la iniciativa mexicana Ecofeminaria hizo llegar a la cancillería de su país –que encabezó la delegación que fue a Chile– su posicionamiento como defensoras, con un análisis del texto del tratado, que destaca: «Las mujeres somos el primer espacio donde los megaproyectos impactan». «Ya no tenemos donde estar, donde vivir con dignidad», dijo al portal mexicano Pie de Página Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Como defensora binnizá o zapoteca, Cruz cuestionó la manera intensiva en la que las autoridades de su país permiten la apertura de nuevos parques eólicos, prometiendo «progreso y desarrollo». Y se pregunta: «¿Progreso para quién? ¿Desarrollo para quién?». Según ella, estos proyectos se llevan adelante «con contratos leoninos, corrompiendo, deforestando, con consultas amañadas».

«En la región del istmo [en el sur de México] hay más de 500 mil hectáreas de la Selva de los Chimalapas. También tenemos la Selva Lacandona. Hay una gran riqueza ambiental. Tenemos fauna, flora, agua. Y todo lo quieren. Hay varias concesiones mineras en esta región, donde pretenden abrir proyectos de oro, plata y cobre. También están las autopistas y el tren. Quieren cambiar lo que somos. Lo que están haciendo es romper nuestros lazos y nuestras costumbres, donde las mujeres somos protagonistas. Somos muy importantes en la reproducción de nuestra identidad indígena, pero, cuando llegan los empresarios, para tomar decisiones hablan solamente con hombres», dijo Cruz.

México es uno de los diez países donde se cometen más asesinatos contra personas defensoras, según el último informe de Global Witness, organización que en 2020 registró 227 crímenes de este tipo en todo el mundo. Aunque ratificar el acuerdo no garantiza detener las amenazas ni los asesinatos, brinda un marco específico al que los defensores pueden apelar. Otros países que también tienen altos índices de estos crímenes aún no se adhirieron, como Brasil, Colombia y Honduras. Chile tuvo sus vaivenes, pero está próximo a ratificar el acuerdo. De esto no quedaron dudas después de que Boric sumara la firma del país días antes del comienzo de la COP y afirmara, en el discurso inaugural de la conferencia, que cree que el Acuerdo de Escazú «apunta a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos». «Hoy día Chile participa de esta conferencia como observador y anfitrión. Y espero que pronto nos convirtamos en un Estado parte. Hoy, con este acuerdo, la región avanza en su tarea de asegurar un crecimiento y un desarrollo en condiciones de estabilidad sustentables. […] Con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos vamos a trabajar en conjunto para enfrentar la crisis climática provocada por la acción del hombre, con criterios también de justicia climática», dijo.

Próximas COP

Las distintas ediciones de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se celebrarán cada dos años, pero, para seguir motorizando la implementación del tratado, se hará una COP extraordinaria en abril de 2023 en Buenos Aires. Se espera que allí siga tomando forma la conformación del Comité de Apoyo y Cumplimiento, «para asegurar el funcionamiento y apoyar la aplicación del tratado, señalar incumplimientos y garantizar la rendición de cuentas», detalló la representante Natalia Gómez. Será un comité autónomo, con miembros independientes e imparciales, a los que los representantes del público podrían hacer llegar denuncias y demandas de protección para defensores ambientales.

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Fuentes: CTXT [Imagen: Acumulación de barcos frente al puerto de Shanghai el 25 de abril de 2022. MARINETRAFFIC]

El confinamiento de la macrourbe china paraliza su puerto, el mayor del mundo. Gigantes como Apple, Xiaomi y Tesla se han visto obligados a paros parciales

Todos los días nos acercamos a nuestros comercios y al consumir, sin darnos cuenta, consumamos auténticas proezas. Raramente pensamos en la tecnología y en la planificación que implica que nuestras estanterías estén llenas de uvas de Chile, carne irlandesa, trigo ruso, lino africano o teléfonos made in China. Raramente nos detenemos a pensar que nuestro móvil utiliza metales procedentes de Zaire, Ruanda, Bolivia, Rusia…, que todos estos componentes han sido enviados en trenes y barcos a China, donde han sido ensamblados en macrofactorías y posteriormente embarcados a su vez y distribuidos por todo el planeta. Hemos normalizado vivir en ciudades que importan más del 94% de sus insumos desde más de 100 kilómetros de distancia y en las que la más mínima falla, unas estanterías vacías durante unos pocos días, se convierte en una ofensa a nuestro modo de vida, un síntoma de desorden y caos social. Exigimos (coléricamente) el abastecimiento continuo.

Desde hace poco más de un cuarto de siglo nos sostiene una compleja cadena de extracción, producción, logística y distribución. Una cadena que en realidad es una red, en la que se extraen materias primas de países africanos o latinoamericanos, se transforman en productos en las fábricas del mundo (China, India, Bangladesh, Corea…) y se distribuyen mayormente en el occidente europeo y norteamericano. Todo este entramado se sostiene por una hiperproducción en lugares claves como China, por mano de obra barata en países como Bangladesh, Vietnam, China, y por un tráfico marítimo que incrementa sus volúmenes exponencialmente cada año. El “milagro” económico se basa en el aprovechamiento de los costes más baratos en cualquier espacio del mundo y en una circulación continua de los recursos. Es por eso que en Europa hemos asistido al cierre progresivo de nuestras fábricas y a su traslado a países más económicos para las grandes corporaciones: la externalización. Somos rentistas financieros, países de servicios o productores sobrecualificados, pero ya no somos la Europa industrial del siglo XX. Ya tuve ocasión de reflexionar con ustedes sobre la llamada crisis de suministros, en realidad, los síntomas de que toda esta red comienza a llegar a sus límites y no puede prometer un crecimiento perpetuo. Es en este contexto en el que asistimos a los cuellos de botella o al fallo de los eslabones débiles del sistema, como el provocado por el cierre de Shanghai.

Lo habrán oído, el Gobierno chino ha cerrado la mayor parte de Shanghai por la expansión de la covid en la macrourbe. Hablamos de más de 26 millones de personas confinadas en lo que es uno de los núcleos centrales de la producción y logística de la cadena de suministros mundial. El cierre, lógicamente, ha afectado al puerto de Shanghai-Yangshan, el mayor del mundo: más de 24 kilómetros de instalaciones y muelles que dan entrada y salida a más de 52 millones de contenedores TEU cada año. Shanghai procesaba en febrero el 20% del tráfico mundial de contenedores cada día.

El 19 de abril, cerca de 506 barcos portacontenedores gigantes, decenas de petroleros y un gran número de graneleros y barcos mineraleros esperaban su oportunidad de cargar o descargar en las aguas cercanas al puerto. Un mero síntoma de lo que estaba ocurriendo. Tras decretar el cierre parcial de la ciudad a finales de marzo y el cierre total el 15 de abril, los trabajadores de las principales macrofactorías y los trabajadores portuarios fueron confinados en sus centros de producción. Es decir, para varios millones de trabajadores la burbuja de confinamiento no es su hogar, sino su empresa, en la cual quedan anclados para que continúe la cadena de producción y exportación, muchas veces en condiciones de salubridad y vida cercanas a la esclavitud. Tesla corp. anunció que procedía a poner duchas y a garantizar tres comidas al día a sus trabajadores, lo que nos da un indicio de que no todas las factorías o instalaciones están cumpliendo con este “estándar” de humanidad. Aun así, el transporte terrestre no circula normalmente, por lo que las factorías de producción de gigantes como Apple, Xiaomi, Tesla y otros se han visto abocadas a paros parciales. Los barcos asumen incrementos de demoras de un 75%, días de retraso, lo que a su vez supone un aumento de los fletes, los seguros marítimos, los pagos por estadía en los muelles, las operaciones de estiba y el propio sostenimiento de las tripulaciones. Miles de contenedores refrigerados con productos perecederos o con químicos peligrosos se acumulan, constituyendo una amenaza creciente. Pese a todos los esfuerzos, el número de contenedores en espera es un 195% mayor que en el mes de febrero y la desviación a otros puertos no es solución, porque las fábricas están ahí, deseando verter en las bodegas sus excedentes. Ninguna flota de transporte terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la avalancha de demanda procedente de Shanghai.

Ninguna flota terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la demanda procedente de Shanghai

Algún día nos llegarán los relatos de qué ha supuesto para los trabajadores de Shanghai este confinamiento. Qué precio humano ha tenido que sigamos recibiendo nuestros teléfonos y televisores. Pero, de momento, en los núcleos financieros de Occidente se hacen cuentas sobre lo que nos va a costar el cierre de Shanghai. Las agencias internacionales más prestigiosas ya nos explican que sólo la gran ciudad china podría aportar de un 1 a un 2% de inflación anual a la economía global. Lo que es más difícil saber es si alguien está haciendo cuentas sobre si el sistema de externalización es sostenible. Sobre si es razonable continuar concentrando la producción lejos de su destino, alargando las líneas de transporte, incrementando el volumen de los puertos hasta el infinito y dependiendo de unas líneas de suministro que, al final, son frágiles y pueden verse afectadas por circunstancias imprevisibles: un barco atascado en el canal de Suez, una epidemia en una ciudad, una guerra o una catástrofe natural, quizás. Nuestro ingenio para resolver de manera eficiente el problema de poner una manzana en su supermercado quizás debería comenzar a considerar con más humildad nuestros límites y pensar que la naturaleza está ahí para recordárnoslos. Mientras tanto, asistimos al espectáculo de un atasco en el mar de China.

27/04/2022

Marina Echebarría Sáenz es catedrática de Derecho Mercantil.

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Nicaragua se retiró anticipadamente de la OEA y cerró su oficina en Managua

"No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal", señaló el gobierno de Ortega a través del canciller Denis Moncada.

El gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de 2021. "Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamado OEA", señaló el gobierno de Nicaragua en una declaración pública.

"Nicaragua no es colonia de nadie"

En una carta leída a través de una transmisión oficial, el canciller nicaragüense Denis Moncada anunció que "a partir de esta fecha" Nicaragua deja de formar parte "de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas". Moncada agregó que "tampoco tendrá, este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país: su sede local ha sido cerrada".

"Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un ministerio de colonias. Al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad, ratificamos, eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento, a Cuba y Venezuela, heroicos, y a los pueblos que valientemente libran sus luchas, y que nos han acompañado y acompañan en las batallas", expresó el canciller nicaragüense.

Minutos después del anuncio, la policía nacional rodeó las oficinas de la OEA en Nicaragua, ubicadas a las afueras de Managua, mientras sus símbolos eran desmontados. La secretaría de la OEA, por su parte, denunció la "ocupación ilegítima" de sus oficinas, que calificó como una violación de las normas internacionales, según un comunicado.

Una decisión anticipada

El gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, había anunciado a finales del año pasado el retiro de Nicaragua de la OEA, que desconoció su elección para un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, con sus rivales y opositores presos. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos, la salida debía ocurrir en un lapso de dos años para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo.

"Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno y debe cumplir con todos sus compromisos", recordó el organismo y exigió a Managua "respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA", precisó el comunicado del foro regional, que también destacó que "sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad", por lo que "su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias".

La medida fue respaldada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que la describió como "la digna, soberana y coherente" decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA. También Venezuela saludó como "valiente" la renuncia de Nicaragua al foro hemisférico, al que calificó como "instrumento del imperialismo estadounidense".

"Cerrar la puerta a la paz"

El 23 de marzo, el entonces representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, durante su intervención en una sesión del Consejo Permanente calificó de "dictadura" a la gestión de Ortega y denunció las precarias condiciones en las que sus opositores estaban detenidos.

"No puedo entender los motivos del gobierno, pero este retiro se realiza al cumplirse un mes de mi discurso ante la OEA", manifestó McFields el domingo, quien también sostuvo que la decisión de Ortega de retirarse anticipadamente "es una gran victoria moral para el pueblo de Nicaragua y para los presos políticos que están en la cárcel de El Chipote". 

La OEA pidió en reiteradas ocasiones la libertad de los opositores. Las oficinas del foro regional "han estado históricamente en nuestro país y fueron parte de un proceso histórico de pacificación en Nicaragua. El gobierno está cerrando una puerta a la paz", agregó el diplomático nicaragüense.

La permanencia de Nicaragua en la OEA estaba en duda desde que el organismo aprobó el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por los señalamientos contra Ortega sobre violaciones a los derechos humanos en 2018, en el marco de las manifestaciones contra el gobierno que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 355 muertos. 

Hasta el momento la OEA no ha aplicado la Carta Democrática Interamericana. El retiro de Nicaragua se hará oficial en noviembre de 2023, una vez que se cumplan dos años desde el anuncio de su decisión.

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Castillo pide la castración química como pena para los acusados de violación sexual.

Una medida cuestionada por los organismos de derechos humanos

"La castración química es una opción, no podemos esperar más", apuntó Castillo, tras el caso del secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en Chiclayo. El rechazo de organizaciones sociales y los proyectos similares en Argentina.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que evalúa la aplicación de la castración química obligatoria como pena para los acusados de abuso sexual. "Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad", expresó el primer mandatario tras conocerse el caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en la ciudad norteña de Chiclayo, en la región Lambayeque, que generó la conmoción del país y motivó diferentes movilizaciones.

"Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños, y la castración química es una opción, no podemos esperar más", disparó Castillo, que vive inmerso en una crisis política interminable y acosado por las protestas sociales tras la subida del precio de los combustibles y de los alimentos.

Además, Castillo recordó que la propuesta debe ser aprobada por el Congreso nacional y luego incluida en el Código Penal. "Exhortamos al Congreso a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos", remarcó.

El debate se abrió en el país andino en el peor momento posible, con una sociedad en agitación permanente y con el cuarto Gobierno de Castillo con casi nula aceptación. Tal es así que, a poco de conocerse las declaraciones del Presidente, varias organizaciones sociales y derechos humanos se expresaron en contra de la medida punitivista.

"La castración química es una medida ineficiente para los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas y ¿ha disuadido esto a los agresores?", se cuestionó Matilde Cobeña, abogada adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo peruana.

"Entendemos la indignación, pero ni la castración química ni la pena de muerte son soluciones. Los sectores que proponen la castración son los mismos que bloquean los derechos de las mujeres", criticó Nuevo Perú, formación de izquierda moderada.

Qué es la castración química

Con un origen que se remonta a las campos de concentración nazi, la castración química es un método que se utiliza desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona.

Mediante el suministro de medicamentos se reduce la libido e inhibe el deseo sexual en las personas. De momento, se aplica en países como Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, así como en los estados de Texas, California y Montana, en Estados Unidos.

Proyectos similares en Argentina

A partir del anuncio de Castillo, es conveniente recordar que en Argentina se han presentado dos proyectos similares que fueron descartados por ir en contra de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional.

El más cercano en el tiempo había sido presentado por el diputado del PRO Alfredo Olmedo, quien en 2012 propuso incorporar al Código Penal la castración química y física para las personas condenadas por delitos de pedofilia, violación y violación seguida de muerte.

La iniciativa no prosperó por ser violatoria de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional. “La castración, sea física o química, es una mutilación, una medida que atenta contra la integridad y la dignidad humana", coincidían en aquel momento Mario Juliano, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, y la abogada, experta en Justicia internacional, Mariana Rodríguez-Pareja, directora del Área de Derechos Humanos de la organización Asuntos del Sur, quienes salieron a contrarrestar los dichos del diputado salteño.

“Además, este tipo de sanciones podrían ser consideradas como una forma de tortura, tratos degradantes o inhumanos”, apuntaron. “No tardaría un segundo en que nuestro país fuese condenado ante Tribunales internacionales”, habían advertido.

Una situación similar se dio en 2009, cuando el entonces gobernador de Mendoza, Celso Jaque, anunció que analizaba la posibilidad de aplicar en la provincia una solución penal farmacológica para los violadores reincidentes, y convocó a un “comité de expertos” (científicos y abogados) para que se analice la posible implementación.

Después del polémico anuncio, especialistas expresaron sus críticas al proyecto: no solo al considerar que va en contra de las libertades y los derechos humanos sino que, además, conllevaría una solución errónea para una problemática social profunda.

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  La policía israelí se enfrenta a los palestinos dentro del complejo de la mezquita de Al-Aqsa después de que la policía israelí ingresara al complejo antes del amanecer mientras miles de musulmanes se reunían para rezar durante el mes sagrado del Ramadán, Jerusalén, 15 de abril de 2022. — JAMAL AWAD / EFE/EPA

La tensión comenzó el 22 de mazo cuando cuatro civiles israelíes murieron en un ataque con cuchillo y continúa este 15 de abril con más de 150 palestinos heridos durante enfrentamientos con la Policía israelí en Jerusalén.

Desde el 22 de marzo, 39 personas han fallecido en Israel y Cisjordania ocupada en incidentes violentos entre las autoridades israelíes y ciudadanos palestinos, que comenzaron con una ola de ataques y siguieron con una serie de redadas y enfrentamientos, antes de desembocar este viernes en graves incidentes en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.

El 22 de marzo, cuatro civiles israelíes murieron en un ataque con cuchillo y atropello en la ciudad de Beer Sheva, en el sur del país. El atacante era un israelí de origen beduino y fue abatido por un civil. El ataque fue luego reivindicado por el Estado Islámico.

El 27 de marzo, dos policías israelíes murieron en un ataque con armas de fuego en la ciudad de Hadera, en el norte del país. Los atacantes eran palestinos con ciudadanía israelí y fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. El ataque fue luego reivindicado por el Estado Islámico y coincidió con el comienzo de una cumbre en el sur del país, que contó con la presencia de los jefes de la diplomacia de Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Egipto y Estados Unidos.

El 29 de marzo, cinco personas murieron en un ataque con arma de fuego en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, en el centro de Israel. Las víctimas fueron dos trabajadores extranjeros ucranianos, dos civiles israelíes y un policía. El atacante, un palestino proveniente de una aldea del norte de Cisjordania, fue abatido por la Policía. El ataque recibió una inusual condena por parte del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

El 30 de marzo, tras vivir una de las semanas más violentas desde la Segunda Intifada, las fuerzas de seguridad israelíes intensificaron sus operaciones tanto dentro de su territorio contra personas vinculadas al Estado Islámico como en Cisjordania ocupada. Se desplegaron más de mil tropas adicionales y el primer ministro, Naftali Benet, instó a la población a portar armas.

El 31 de marzo, dos palestinos murieron durante enfrentamientos armados con las tropas israelíes durante una redada del Ejército en el campo de refugiados de Jenín, en Cisjordania ocupada. Cerca de Belén, un palestino apuñaló e hirió gravemente a un israelí -que finalmente sobrevivió- antes de ser abatido.

El 1 de abril, un palestino murió por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes durante enfrentamientos en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada. Según el Ejército, las tropas le dispararon tras lanzarles un cóctel molotov durante una protesta.

El 2 de abril, tres milicianos palestinos pertenecientes al grupo Yihad Islámica murieron durante una operación de arresto por parte de las fuerzas de seguridad de Israel cerca de la ciudad de Jenín, en Cisjordania ocupada. Durante el incidente, cuatro policías israelíes resultaron heridos, uno de ellos grave.

El 3 de abril, al menos 10 palestinos fueron arrestados y 20 resultaron heridos durante choques con la Policía israelí en la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en lo que representó la segunda noche consecutiva de incidentes en el sitio en el marco de las celebraciones del mes sagrado musulmán de Ramadán.

El 7 de abril, un ataque con arma de fuego en el centro de la ciudad de Tel Aviv se saldó con la muerte de tres civiles israelíes. El atacante se dio a la fuga, generando el pánico de los residentes de la ciudad durante horas. La policía lo encontró y abatió junto a una mezquita cerca del lugar del ataque. El atacante era un palestino de la ciudad cisjordana de Jenín.

El 9 de abril, un palestino murió por disparos del Ejército israelí en el campo de refugiados de la ciudad de Jenín, en Cisjordania ocupada, durante enfrentamientos armados en el marco de una amplia operación de las tropas siguiendo el ataque en Tel Aviv.

El 10 de abril, dos mujeres palestinas murieron por disparos del Ejército israelí en Cisjordania ocupada en dos incidentes distintos. En el primero, las tropas abrieron fuego contra una mujer que corrió hacia ellas. Más tarde se confirmó que estaba desarmada. La segunda fallecida fue abatida por la Policía antes de apuñalar y herir a un oficial en la ciudad de Hebrón.

El 11 de abril: Dos palestinos murieron por disparos del Ejército israelí en dos incidentes en Cisjordania ocupada. El primero de ellos fue abatido tras presuntamente lanzar cócteles molotov contra vehículos civiles cerca de Belén. El segundo murió por las heridas sufridas el día anterior durante una operación militar israelí en la ciudad de Jenín.

El 12 de abril, un palestino de la ciudad de Hebrón murió por los disparos de un policía israelí al que intentó apuñalar durante una operación de arresto en la ciudad de Ashkelón, en el sur de Israel.

El 13 de abril, tres palestinos murieron por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en distintos incidentes en Cisjordania. El primero fue un abogado en la ciudad de Nablus, durante una redada militar. El segundo fue un menor de 14 años, en el marco de enfrentamientos cerca de Belén, durante los cuales habría lanzado un cóctel molotov hacia las tropas. El tercero fue un joven en la aldea de Silwad, al norte de Ramala, también durante enfrentamientos con las tropas israelíes.

El 14 de abril, tres palestinos murieron por disparos israelíes durante una operaciones del Ejército en el norte de Cisjordania ocupada. Uno de ellos había sido herido el día anterior en la aldea de Beita y los otros dos fueron abatidos en enfrentamientos cerca de Jenín.

El 15 de abril, más de 150 palestinos resultaron heridos durante enfrentamientos con la Policía israelí en la Explanada de las Mezquitas, además de tres policías. Un menor palestino de 17 años murió producto de las heridas ocasionadas por disparos de las tropas israelíes durante enfrentamientos en Jenín.

jerusalén

16/04/2022 13:29

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El informe sobre el apartheid de la Facultad de Derecho de Harvard deja a quienes defienden a Israel sin palabras

El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos (IHRC) de la Facultad de Derecho de Harvard publicó últimamente un informe que encuentra que el trato de Israel a las y los palestinos en Cisjordania equivale al delito del apartheid.

El estudio «Apartheid in the Occupied West Bank: A Legal Analysis of Israel’s Actions» salió a la luz el 28 de febrero a raíz de cinco informes más amplios sobre el apartheid publicados desde 2020, y justo antes de que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados publicara otro informe sobre el apartheid el 21 de marzo.

Preparado por el laboratorio de derechos humanos de la facultad de derecho, coordinado con la Asociación de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos Addameer, con sede en Ramalá, el informe se publicó sin eco mediático y recibió una cobertura mínima de prensa. Y, hasta ahora, no ha recibido ninguna condena pública por parte del lobby israelí. El Estado de Israel reaccionó solo con una declaración superficial y no sustantiva de su embajador en la ONU, Gilad Erdan, de que «los que escribieron el informe en nombre de Harvard… decidieron deslegitimar al estado judío debido a sus puntos de vista antisemitas».

Aunque solo tiene 22 páginas, el informe incluye 130 notas a pie de página que respaldan adecuadamente el texto y permiten a las y los lectores profundizar más. El enfoque estrecho del informe arroja luz sobre los instrumentos y procesos legales personalizados implementados desde 1967 para privar a las y los palestinos de Cisjordania de sus derechos humanos, civiles y políticos.

La descripción precisa de la guerra de leyes por la que Israel, con impunidad, ha intimidado, confundido, humillado, ultrajado, encarcelado, torturado y matado a palestinos y palestinas desde 1967 genera un impacto acumulativo irresistible. Los artículos individuales de la letanía no son en sí mismos nuevos, pero verlos representados en su totalidad coordinada es ver cómo la máquina israelí de la injusticia hace su trabajo antihumano.

Dada la potencia del informe y el prestigio de la marca Harvard, no hay duda de que el lobby finalmente perseguirá al IHRC. La formulación del embajador israelí en sus comentarios insinúa la probabilidad de que se intente presionar a Harvard y a la Facultad de Derecho de Harvard para que se desvinculen de «quienes lo han escrito en nombre de Harvard», es decir, el laboratorio internacional de los derechos humanos de la facultad de derecho de Harvard, el IHRC.

Mientras tanto, las y los autores del informe han sido circunspectos, al igual que el órgano de las Naciones Unidas al que se presentó el informe. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, que fue convocada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2021, había pedido a los grupos de la sociedad civil que documentaran posibles violaciones del apartheid. (Addameer y el grupo de asistencia jurídica e investigación Al-Haq habían enviado otro informe de este tipo en enero de este año, titulado «Afirmando y manteniendo un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino en su conjunto»).

Después de una descripción meticulosa del crimen de apartheid en el derecho internacional, incluida una explicación clara de cómo y por qué los grupos étnicos, como el palestino (o el Rohinga de Myanmar), se consideran «grupos raciales» según la ley, el estudio de Harvard-Addameer describe el «sistema legal dual que afianza la supremacía judía israelí» en Cisjordania.

Comienza citando lo que el comandante de las fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército israelí) en Cisjordania expresó a las y los palestinos en 1967:

«Todos los poderes del gobierno, legislación, nombramiento y administración pertenecientes a la región o a sus residentes ahora estarán exclusivamente en mis manos y serán ejercidos solo por mí o por cualquier persona designada por mí o que actúe en mi nombre».

Cincuenta y cinco años después, este poder dictatorial, que podría ser comprensible inmediatamente después de una reciente ocupación de un territorio enemigo, se ha ejercido e institucionalizado inquebrantablemente. El poder se despliega a través de órdenes militares, más de 1.800 de las cuales se han abatido sobre las y los palestinos, pero nunca sobre las y los colonos israelíes en asentamientos ilegales reservados a las y los judíos que se han extendido por todo el territorio palestino ocupado.

Las órdenes militares definen las “infracciones a la seguridad» que van desde el terrorismo hasta los delitos de tráfico. Son procesados en tribunales militares, cuyo funcionamiento está evidentemente sujeto al Tribunal Supremo de Israel, que, a lo largo de los años, ha hablado severamente de las muchas y estrictas garantías que deben controlar al poder militar. De hecho, sin embargo, el tribunal se remite a las conclusiones y determinaciones del ejército israelí. Así, por ejemplo, a partir de 2021, el informe dice que, de los cientos de revisiones del Tribunal Supremo de las órdenes de detención administrativa, solo una ha dado lugar a la revocación de una orden.

Según el informe Harvard-Addameer, las y los palestinos pueden ser procesados por cosas como:

«Entrar en una zona militar cerrada´, que puede ser una designación adjunta en el momento a una zona de protesta, o ‘pertenencia y actividad en una asociación ilegal’ (hay que tener en cuenta que el ejército israelí se ha arrogado el poder de declarar como ‘asociaciones ilegales’ grupos que abogan por «incitar al odio o al desprecio, o la excitación de la desafección contra” las autoridades de ocupación israelíes).

«Del mismo modo, hay órdenes militares que criminalizan las reuniones de más de 10 personas que ‘podrían interpretarse como políticas’ si tienen lugar sin permiso; la publicación de material que «tenga un significado político»; y la ostentación de «banderas o símbolos políticos» sin aprobación militar previa. La expresión pacífica de la oposición a la ocupación puede ir en contra de las órdenes militares que criminalicen a cualquier persona que «intente, oralmente o de otra manera, influir en la opinión pública en la región [Cisjordania] de una manera que pueda dañar la paz o el orden público»; «publique palabras de elogio, simpatía o apoyo a una organización hostil, a sus acciones o a sus objetivos”; o cometa un “acto o una omisión que provoque un perjuicio, un daño o una perturbación de la seguridad de la región o de las fuerzas de defensa israelíes”.

Si este conjunto de órdenes no cubre algún «acto u omisión», o un discurso o un silencio, que no les guste a los comandantes israelíes, los términos se modifican fácilmente o se puede emitir una nueva orden. Cualquier persona palestina que quiera discutir sobre su presunto delito es fácilmente detenida, y encarcelada, utilizando la detención administrativa, un proceso de encarcelamiento simplificado que, según el estudio:

«no está sujeto a una orden judicial y no es necesario revelar los cargos al detenido. La Orden Militar nº 1651 otorga además al ejército israelí amplios poderes para privar a un detenido del derecho a comunicarse con un abogado y a ser llevado ante un juez cuando debiera corresponder. En el curso de los procedimientos administrativos para confirmar una orden de detención administrativa, los tribunales militares pueden basarse exclusivamente en «pruebas secretas» no puestas a disposición de la persona detenida. Si se confirma la orden de detención, la ordenanza establece que el comandante militar puede prorrogar la orden de detención cada seis meses, sin límite de tiempo total».

Miles de hombres, mujeres, niñas y niños palestinos son encerrados de esta manera cada año. Durante su encarcelamiento, pueden experimentar «prácticas corrientes de tortura y malos tratos, incluidas palizas, agresión física y tortura posicional», dice el estudio, basándose en la larga historia de Addameer de defensa de los prisioneros contra los abusos.

En cuanto a la tortura, las decisiones del Tribunal Supremo de Israel son particularmente nobles en apariencia y completamente ineficaces en la práctica. Los jueces han declarado que «la tortura y los malos tratos a los detenidos son ilegales, haciendo hincapié en la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional», dice el estudio Harvard-Addameer. Pero el tribunal también ha «reconocido escenarios de ‘bomba de relojería’ en los que la ‘necesidad’ podría ser una posible defensa penal para usar ‘métodos de interrogatorio físico'». Los jueces han insistido en que la «defensa de necesidad» debe aplicarse solo si el trato de una persona no es tan severo como para constituir tortura, una determinación que dependería de las «circunstancias concretas» en cada caso. Por lo tanto, los interrogadores militares tienen la apertura que necesitan para justificar siempre los «interrogatorios de necesidad».

Recientemente, el tribunal ha aclarado que la excepción de «bomba de relojería» no significa que el peligro sea inminente, sino simplemente que hay una necesidad inmediata de obtener información. En otras palabras, no se necesita ninguna bomba. «En la práctica», dice el estudio, el tribunal «ha creado una grave laguna» que permite «el uso de la tortura y los malos tratos contra las y los detenidos palestinos con impunidad».

Según el estudio, las y los palestinos también están «privados del derecho a ser juzgados ante un tribunal independiente e imparcial». «Los fiscales, los oficiales administrativos y, lo que es más importante, los jueces de los tribunales militares son todos oficiales militares israelíes», escriben los autores, señalando que la imparcialidad de los jueces está «fundamentalmente socavada» porque están sujetos al «sistema de disciplina y promoción dentro del ejército».

Dada la sofocante opresión que este régimen impone a los palestinos de Cisjordania, se puede entender por qué a veces se dice que su suerte es peor en ciertos aspectos que la de quienes viven en la Franja de Gaza. Además, el informe señala cómo «la supresión de la libertad de asociación y reunión palestina se ha intensificado en los últimos años, y la criminalización de las asociaciones «ilegales» se ha extendido recientemente a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina», incluidas Al-Haq y la propia Addameer.

Irónicamente, se cree que la razón principal por la que los seis grupos han sido declarados ilegales es una represalia contra su colaboración con la ONU y la Corte Penal Internacional y otros organismos que buscan investigar las condiciones en Palestina-Israel.

Habiendo descrito la parodia de la justicia del apartheid, el informe concluye:

«Estos marcos e instituciones, junto con las políticas israelíes a largo plazo de confiscación y despojo de tierras, de restricción de la circulación de los palestinos y expansión de las colonias israelíes ilegales, sirven sistemáticamente al propósito de privilegiar y mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos».

A pesar de su silencioso despliegue, la alta calidad del estudio y su asociación con Harvard probablemente signifiquen que desempeñará un papel importante en el reconocimiento de la realidad del apartheid de Israel. Michael Lynk, el Relator Especial de las Naciones Unidas, me dijo que el estudio está «excepcionalmente bien investigado y razonado» y que «se basó en él en [su] informe de la ONU porque era convincente y riguroso». En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo, Lynk señaló las «características despiadadas del gobierno de “apartheid” de Israel en el territorio palestino ocupado, que no se practicaban en el Sudáfrica». Escribió que particular que: «Ante los propios ojos de la comunidad internacional, Israel ha impuesto a Palestina una realidad de apartheid en un mundo post-apartheid».

Su informe no encontró escasez de comentarios, «en su mayoría positivos y algunos injuriosos y con insultos, que realmente no añaden nada al debate», dice Lynk, en otras palabras, la ausencia habitual y completa de críticas sustantivas de cualquiera de las pruebas y de los análisis legales en los que se basa el veredicto de apartheid. Lynk se negó a especular sobre la falta de respuesta al informe Harvard-Addameer.

El silencio del lobby israelí puede explicarse por el hecho de que la prensa aún no ha publicado el informe, pero parece inconcebible que el lobby deje sin oposición la idea de que Harvard, el sanctasanctórum de la academia estadounidense, respalde una condena tan implacable de Israel. El IHRC puede tener que vérselas con algunos inconvenientes. Al menos, es probable que la relación del laboratorio con Addameer sea atacada.

La propia Addameer, por supuesto, corre el riesgo de sufrir represalias directas por parte de Israel, que, como se mencionó, ya la declaró una «asociación ilegal», junto con las otras cinco distinguidas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, en octubre de 2021. Israel no ha proporcionado pruebas concretas de los vínculos «terroristas» que afirma que justifican las prohibiciones. Solo se han invocado supuestas «pruebas secretas», lo que ha llevado a los países occidentales a retrasar la imposición de sus propias sanciones antiterroristas. Además, hasta la fecha, Israel ha retrasado en gran medida la ejecución de las órdenes.

Este enfoque in terrorem es análogo a la forma en que Israel utiliza miles de órdenes de demolición emitidas contra estructuras palestinas pero mantenidas en suspenso, a veces durante años, para mantener una amenaza continua de demolición repentina. Si Israel decide que Addameer, por ejemplo, ha ido demasiado lejos al exponer los crímenes de apartheid, podría, además de atacar físicamente las oficinas y al personal de Addameer, presionar a las personas arrestadas para que den falso testimonio contra Addameer a cambio de un indulgente acuerdo de declaración de culpabilidad. Tales pruebas podrían presentarse a otros países para que sancionaran a Addameer y a su personal (y, por supuesto, la falsa acusación contra Addameer, y tales pruebas, serían citadas por el lobby israelí en ataques contra la IHRC para que Harvard condenara el informe del apartheid).

Sin embargo, la publicación del informe es una victoria para los derechos humanos de las y los palestinos. Además, la cautela mostrada por los líderes del lobby israelí parece mostrar que están empezando a medir la creciente magnitud del movimiento contra el apartheid a medida que continúa creciendo, el potencial del concepto de apartheid para aclarar las percepciones públicas y desencadenar la indignación pública, y el riesgo de que los endebles ataques ad hominem contra quienes denuncian el apartheid solo puedan hacer crecer la atención sobre los informes y alienarse a las y los partidarios más desinformados del estado judío.

Por Steve France | 16/04/2022

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

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Ayer se llevó a cabo en Nueva York una de 12 movilizaciones que son el preámbulo de una magna marcha por los pobres programada para el 18 de junio. Foto La Jornada

Tienen bajos ingresos 140 millones de estadunidenses

Nueva York., "Fui hacia la casa del rico, / y le arrebaté lo que me había robado, /recuperé mi humanidad, / mi dignidad. / Fui a Wall Street y recuperé lo que me robaron. / No voy a dejar que el sistema me atropelle", cantaron cientos de manifestantes de la Campaña de los Pobres –la resucitacion de la última iniciativa del reverendo Martin Luther King hace medio siglo– al marchar ayer frente a la Bolsa de Valores de Nueva York.

Esta marcha, una de 12 movilizaciones regionales en preparación para una magna "marcha moral" nacional de y por los pobres y trabajadores de bajos ingresos, programada para el 18 de junio, para "irrumpir" y "transformar" este país desde abajo, culminó en un mitin en la histórica iglesia Trinity, que preside Wall Street, donde el codirector de la campaña, reverendo William Barber, declaró que el objetivo es "salvar a este país de sí mismo".

Con canciones viejas y nuevas de lucha social, la marcha sorprendió el corazón del sector financiero así como a turistas de todo el mundo al proceder por esta capital del capital, con el mosaico multiracial y transgeneracional de manifestantes repitiendo versos sobre solidaridad y dignidad social, y pancartas en las que se leía la proclama: "todos tienen el derecho de vivir" y "todos nos elevamos cuando nos levantamos desde abajo".

La voz retumbante, con acento sureño, del reverendo Barber, uno de los herederos de King, sonó dentro de la iglesia que "este país necesita un transplante de corazón", ya que algo está muy mal en una nación que pasó por una pandemia y sigue sin un seguro de salud universal.

Deploró el que “nuestra política esté atrapada en la mentira de la escasez, de la mentira neoliberal… donde culpan a los pobres de la pobreza”, un país en donde casi la mitad de la población –140 millones– vive en pobreza o con ingresos bajos, donde unos 250 mil mueren al año por pobreza y donde lo único que sí falta en éste, el país más rico del mundo, es "conciencia moral".

Denunció el racismo sistémico, la devastación ecológica, la economía de guerra y el militarismo, la "falsa narrativa de los cristianos nacionalistas", y reiteró que "necesitamos una resucitación moral".

La reverenda Liz Theoharis, codirectora de la Campaña de los Pobres, declaró que este movimiento de "fusión" de varios sectores y luchas sociales busca ser "perturbador" y tiene como demanda central "una redistribución radical del poder político y económico" en este país.

Durante la marcha que culminó en la iglesia, Barber y Theoharis invitaron a otros líderes religiosos –cristianos, judíos y musulmanes– a ofrecer breves mensajes del porqué están en este movimiento. A la vez, hubo "testimonios" de aquellos que han luchado contra sus condiciones de pobreza y marginalización, y que ahora son protagonistas en esta campaña, entre ellos una mujer indígena de Long Island, quien señaló que políticos ricos, como el ex alcalde de esta ciudad, el multimillonario Mike Bloomberg, siempre hablan de cómo "nos va ayudar, pero tienen sus mansiones sobre las tierras que nos robaron".

Una joven barista que trabaja en un Starbucks de Ithaca, Nueva York, anunció que hace tres días ella y sus compañeros se acababan de sindicalizar, a pesar de la ofensiva antisindical de esa empresa, afirmando que "nuestra solidaridad resulta ser más fuerte que la riqueza de los ejecutivos". Otros hablaron de sus luchas por justicia racial, por vivienda, por acceso a la salud, por los derechos gay.

"No nos moveremos", entonaron en español los versos de esa vieja canción de lucha social, la cual ahora tiene voces jóvenes, y con ello, el movimiento de justicia social y económica y antimperial de King permite soñar otra vez en este país.

Más información en https://www.poorpeoplescampaign.org/

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Lunes, 11 Abril 2022 05:22

Estos también huyen

Estos también huyen

En este tramo de la carretera que cruza el desierto de Coahuila hay un reguero de mochilas de todos los colores, cobijas y piezas de ropa, al pie de las puertas abiertas de un furgón de carga. Allí iban encerrados, a una temperatura infernal, 64 migrantes con destino a Estados Unidos. El sábado 5 de marzo, cerca del poblado de Monclova, y cuando faltaban 300 kilómetros de recorrido, fueron abandonados por los coyotes con los que habían contratado el viaje en la Ciudad de México.

Clorinda Alarcón, nicaragüense, tenía 20 años y ocho meses de embarazo. La madrugada del 12 de febrero había salido de su lejana comunidad del Hormiguero, en el mineral de Siuna, junto con su esposo Pedro Manzanares, una niña de tres años, y su hermano Saturnino. Vendieron la casa y sus enseres, y todo quedaba atrás en sus vidas. La noche del viernes 4 de marzo ella llamó desde algún lugar de Coahuila a Cenia, su hermana mayor, para decirle que se iban acercando a la frontera.

Se dieron cuenta de que los coyotes los habían abandonado porque el furgón no se movía. "Estábamos casi todos desmayados por la asfixia, y entonces decidimos abrir un hoyo en la parte trasera del tráiler y sacamos a un chavalo delgado para que pudiera abrir por fuera porque si no nos hubiéramos ahogado toditos", cuenta Pedro. En la angustia por salir, pisotearon el vientre de Clorinda, quien se había caído. Murió en el hospital al segundo día, víctima de "síndrome de disfunción multiorgánica". El niño también. "Muerte fetal", declararon los médicos.

El 4 de marzo, la noche en que Clorinda habló con su hermana Cenia por última vez, otro grupo de migrantes buscaba atravesar las aguas del río Bravo cerca de Piedras Negras, también en el estado de Coahuila. En la oscuridad, metidos en la corriente hasta la cintura, hacían una cadena con las manos para evitar ser arrastrados.

Angélica Silva, también nicaragüense, formaba parte de la cadena, y uno de los hombres que cruzaba con ella le había hecho el favor de cargar a su niña de cuatro años, Angélica Mariel. Casi al alcanzar la orilla del otro lado, la madre fue arrebatada por la corriente, pero logró alcanzar la otra orilla. El hombre fue arrastrado también, y no pudo retener a la niña.

Es lo que ella cuenta a la emisora La Rancherita del Aire, desde Eagle Pass, en Texas. Escuchó a la niña gritar pidiendo auxilio, y por alguna razón creyó que la habían rescatado del lado mexicano.

Al fin la encontró, aguas abajo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Fue identificada por la vestimenta que llevaba, una licra de color negro y una blusa de botones rosados y medias del mismo color.

A la madre le fue concedido asilo político. Su intención era llegar a Miami, donde tiene familiares. Ahora debió seguir el viaje sola.

Gabriela Espinoza, de 32 años, de Managua, también pereció en el río Bravo el 21 de marzo. Según La Voz, de Coahuila, un pescador intentó inútilmente rescatarla mientras era arrastrada por la corriente.

Había iniciado su viaje el 15 de febrero. Quería reunir dinero para mejorar la vida de su madre, María Mercedes Espinoza, dueña de una pulpería. "¿Para qué te vas a ir, mi hijita? Me estás dejando ya vieja, de 71 años, mejor quédate conmigo, sos mi única hija mujer", le suplicó, pero no pudo hacerla desistir. "Ella quería que yo viviera como una reina", dice.

El cuerpo se encuentra ahora en una morgue en México y la repatriación cuesta 7 mil dólares, que la familia no tiene.

Es un drama que se multiplica en miles de vidas. Sólo en diciembre de 2021 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó más de 15 mil detenciones de nicaragüenses que intentaban cruzar desde México, y en todo ese año la cifra llegó a 87 mil personas.

En El Paso, Texas, los nicaragüenses se entregan por centenares cada día a las autoridades con la esperanza de recibir asilo, pero no todos tienen suerte, y muchos son obligados a regresar a México. Y para llegar hasta los pasos fronterizos hay que exponerse a los engaños de los coyotes, a extorsiones de la policía, a los secuestros. Y al riesgo constante de la muerte.

Muchos huyen de la represión, de la venganza gubernamental que se ceba en los que disienten y son vigilados en sus barrios, o en sus trabajos en el gobierno. Haber estado presente en una marcha de protesta es ya un delito, opinar en las redes sociales también. Decir algo contra el régimen en un chat es suficiente para ser encarcelado.

Ahora que la atención mundial se concentra en los miles que huyen de sus hogares en Ucrania, para librarse de las bombas ultrasónicas de Putin, no olvidemos a estos otros refugiados que huyen de una dictadura de la que sólo se sabe muy de vez en cuando.

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