Vivienda destruida en Pereira. Falso positivo

Aureliano Buendía era un artesano de pescaditos de oro. García Márquez escribió que "desde que decidió no venderlos, seguía fabricando los pescaditos al día, y cuando completaba 25 volvía a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo". Pareciera que la guerra en Colombia es una distorsión distópica del relato: el oro que se forja en la crueldad y la rudeza del calor moldea las manos de campesinos, las piernas de los indígenas y negros, las espaldas de los jóvenes y las cabezas de los ancianos, para en la noche fundirlos otra vez. Esa es la guerra en Colombia.

A nuestros ministros de Defensa les gusta esta alquimia, son ministros alquimistas. En las últimas semanas, el ministro de Defensa colombiano entró diariamente a su taller de fundición. En Pereira le destruyó la casa a una anciana de 93 años que padecía demencia senil y que acababa de ser trasladada a una casa hogar. La policía engañó a la familia y grabó un video con habitantes de la calle en la casa consumiendo drogas, al otro día llegaron con una máquina para demoler la vivienda. El ministro, al frente de los medios, dio una especie de rueda de prensa en la que adujo que su casa se había convertido en "una guarida de atracadores, en un sitio de consumo". El show terminó en la demolición, en aplausos gracias a los "logros de la lucha contra el microtráfico". Contradictoriamente, después la anciana y su familia recibieron amenazas de los microtraficantes de drogas por hacerles competencia.

Diez días después, en el Putumayo, frontera con Ecuador, un comando del ejército disfrazado de uniforme negro atacó una fiesta de la vereda en la que estaban recogiendo fondos los pobladores para mejorar su región. Tres días de celebración prometían los volantes de invitación que habían circulado en redes sociales invitando a la gente al bazar. En ésta participaban personas de los resguardos indígenas y de las juntas campesinas; había niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Después del comando armado que asesinó, hirió y retuvo a la población, llegó el ejército maltratando y acusando a la gente de ser actores armados; recogió en sus helicópteros los cuerpos de los asesinados, a los heridos y, paradójicamente, al frente de todos, también al comando armado. Fueron asesinadas 11 personas entre ellas el presidente de la junta campesina, el gobernador del resguardo y un niño de 16 años, y fue herida entre otros una adolescente embarazada que fue acusada de pertenecer a grupos armados. Además, el ejército se robó el dinero recaudado por la gente.

El ministro volvió a aparecer en medios para imponer la "verdad oficial". Eran unos narcococaleros, "criminales", era una "fiesta de actores armados borrachos" que le dispararon al ejército. Desde el primer momento se lograron conocer los relatos de la población que valientemente informó al país lo que había ocurrido; la organización indígena OPIAC y AlaOrillaDelRío mostraron las pruebas de que era un bazar y días después las misiones humanitarias mostraron que había sido un crimen por parte del ejército. El ministro respondió en Twitter con unos videos de hombres armados sin ubicar ni lugar ni momento de la grabación.

Una semana después en el Caquetá, los campesinos habían citado al gobierno para dialogar y tratar de detener la destrucción de casas y hostilidad del ejército en el contexto de la Operación Artemisa, la nueva campaña del gobierno de "lucha contra la deforestación". Habían acordado con la Defensoría del Pueblo encontrarse con el viceministro de manera formal y ese día, la reunión se convirtió en una operación militar. En un show desproporcionado, un helicóptero de-sembarcó y capturó al gobernador del resguardo, Reinaldo Quebrada Quilcué, reconocido como víctima del conflicto armado y poblador de territorios indígenas. Según el ministro, era conocido con el alias de El Indio o Rei, en un acto abierto de racismo, y acusó al gobernador de ser el mayor deforestador de la región. La jueza tampoco reconoció su condición de líder indígena y en este momento está en la cárcel.

Los ministros alquimistas los funde en la noche, en el día los moldea; entra al taller, toma las figuritas del indígena, del campesino, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños y moldea al calor con un poco de ejército allá, un comando acá, lleva a la policía a un lado, mueve una brigada al otro, unos polvos de criminalización. En las noches aplica todo al tiempo y deja el oro derretido en el recipiente. El pueblo quiere parar la violencia en Colombia, pero los ministros alquimistas quieren hacer de la guerra en Colombia el eterno retorno.

Por Estefanía Ciro, doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, AlaOrillaDelRío. Su libro más reciente es Levantados de la selva

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Militares ucranianos trasladan a una víctima tras el bombardeo en la estación de tren de Kramatorsk.

Hay también un centenar de heridos. El ataque se produjo cuando miles de personas se agolpaban en la estación intentando salir de la ciudad. Un alto mando ucraniano dice que hay "decenas de muertos".

 

Al menos 30 personas han muerto y otro centenar han resultado heridas tras un ataque ruso contra la estación de tren de Kramatorsk, localidad situada al norte de la región separatista de Donetsk, en el este de Ucrania, informa la agencia EFE. Un misil impactó en la estación este viernes por la mañana en el marco de una ofensiva de las tropas rusas sobre la ciudad.

El ataque se produjo cuando miles de personas se agolpaban en la estación de Kramatorsk intentando huir de la ciudad a zonas más seguras del país, según ha publicado en su cuenta de Telegram el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko. "Miles de personas se encontraban en la estación en el momento del ataque con misiles, mientras los residentes de Donetsk eran evacuados a las regiones más seguras de Ucrania", ha explicado el mando ucraniano. 

Kirilenko ha asegurado que el número de víctimas irá en aumento  y habla de "decenas de muertos". "Los fascistas rusos atacaron la estación de tren de Kramatorsk con un Iskander. Policías y guardias sobre el terreno informan de decenas de muertos y heridos", escribe en Telegram sobre el ataque contra la estación.

"Los racistas sabían bien a dónde apuntaban y lo que querían", ha añadido Kirilenko en su mensaje.  "Rusia es un país de villanos y criminales, quiere destruir todo lo ucraniano. El mal debe ser detenido y castigado", ha remachado.

El ataque también ha sido condenado por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha acusado a "los ocupantes" de disparar un misil contra la estación, donde "miles de ucranianos pacíficos esperaban a ser evacuados".

"Cerca de 30 personas han muerto y alrededor de cien han resultado heridas de diversa consideración", ha informado Zelenski en su cuenta en Telegram, al tiempo que ha denunciado que "los inhumanos rusos no abandonan sus métodos". "Al no tener la fuerza y el valor para hacernos frente en el campo de batalla, están destruyendo de forma cínica a la población civil. Es una maldad que no tiene límites y que, si no es castigada, nunca se detendrá", ha asegurado el presidente ucraniano.

En una nota publicada en su cuenta de Facebook, la compañía de ferrocariles también ha afirmado: "Este es un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y los residentes de Kramatorsk". La empresa ferroviaria publica, además, una fotografía en la que se puede ver un cuerpo tendido en el suelo cerca de varios automóviles destrozados en el aparcamiento de la estación, con bolsas y equipaje esparcidos por la calzada.

Por su parte, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, cuya independencia fue reconocida por Moscú días antes del inicio de la invasión, han acusado a las Fuerzas Armadas ucranianas de estar detrás del lanzamiento del misil

 

08/04/2022 11:28

 

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Tanques rusos destruidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania a principios de marzo en Bucha. Foto By Mvs.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org

Occidente condena sin paliativos las imágenes de la retirada del ejército ruso en Bucha, donde testigos independientes refieren asesinatos indiscriminados de civiles. Human Rights Watch emite un informe en el que recoge otros posibles crímenes de guerra.

 

Las evidencias de la masacre en Bucha, una localidad a menos de 30 kilómetros de la capital, Kyiv, tienen consecuencias en el curso de la guerra en toda Europa. El sábado 2 de abril, la agencia AFP verificó que sus corresponsales habían encontrado “al menos 20 muertos” en las calles de esta localidad, uno de ellos con las manos atadas. 

El alcalde de la ciudad ha declarado que hay 300 cuerpos, de civiles, en su mayoría, en fosas comunes improvisadas excavadas en la ciudad. Algunos de los cuerpos están “a medio quemar” y también se han encontrado cadáveres con signos de tortura, según testimonios directos. Según declaró a Reuters el alcalde, Anatoliy Fedoruk, los muertos fueron ejecutados con disparos en la cabeza y no es seguro levantarlos por la sospecha de que los soldados rusos, en su retirada de la ciudad, hayan escondido minas en los cuerpos de los cadáveres. Ucrania refiere haber encontrado 410 cadáveres en las ciudades alrededor del perímetro de Kyiv, incluida Bucha, tras la retirada de las fuerzas armadas rusas.

Igor Konashenkov portavoz ruso del Ministerio de Defensa ha confirmado que las tropas han evacuado la ciudad pero el Kremlin niega los asesinatos indiscriminados de civiles y se limita a decir que se trata de “noticias falsas”, un montaje y una provocación.

Rusia ha mantenido su propia versión a lo largo de la mañana de hoy, 4 de abril, y otro de sus portavoces ha calificado como una “atroz provocación de los radicales ucranianos” lo sucedido en Bucha antes de anunciar que Rusia ha solicitado “una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes 4 de abril“.

El Gobierno ucraniano ha reaccionado acusando al ejército ruso de crímenes de guerra. Volodimir Zelensky se ha dirigido a la población con un mensaje en el que asegura que el Consejo de Seguridad de la ONU examinará el martes “los crímenes de guerra cometidos en Bucha y otras ciudades durante la ocupación rusa”.

Los líderes de Occidente han mostrado su consternación con las imágenes que han llegado de Bucha. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha emitido un mensaje en el que dice que los responsables del “indecible horror” deben pagar por ello. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha calificado las imágenes como un “puñetazo en el intestino” y ha declarado que su administración “investigará” si Rusia ha cometido genocidio durante el mes largo de guerra. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, calificó las imágenes como “una brutalidad contra los civiles que no hemos visto en Europa desde hace décadas”.

En España, Pedro Sánchez ha abundado en la posibilidad de que los crímenes de Bucha sean considerados crímenes de guerra y “por qué no decirlo, genocidio”. Se trata de uno de los primeros líderes que menciona la palabra genocidio en el contexto de la guerra de Ucrania.

Al margen de las condenas, la consecuencia de las imágenes publicadas esta semana parece orientarse a una nueva batería de sanciones. Emmanuel Macron, presidente francés, ha sido uno de los que han propuesto nuevas sanciones y ha dicho que se deben orientar a las importaciones de carbón y petróleo. La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha ido un paso más allá y ha pedido que la UE se plantee renunciar a las importaciones de gas ruso como represalia, algo que hasta ahora no se ha barajado por la dependencia que tienen Alemania, Polonia y otros países del Este del combustible ruso.

Entre las personas que han dado testimonio de la masacre en Bucha está el periodista independiente Santi Palacios, quien ha publicado en la revista 5W algunas de las fotografías que han dado la vuelta al mundo en las últimas 48 horas. En ellas se puede observar el horror perpetrado en la localidad, que se corresponde con la descripción dada por el alcalde de Bucha: cadáveres desperdigados por la calle, algunos de ellos maniatados, muertos enterrados en los patios traseros de algunas casas: “Vimos 22 muertos en esta misma calle. Son los que vimos. Pero eran más”, termina el relato de Palacios.

Informe humanitario

Antes de que se conocieran los hechos de Bucha, una serie de ONG encabezadas por Human Rights Watch publicaron un informe sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Chernihiv, Kharkiv y Kyiv y confirmaron la veracidad de testimonios en “un caso de violación reiterada; dos casos de ejecución sumaria, uno de seis hombres y el otro de un hombre; y otros casos de violencia ilegal y amenazas contra civiles entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022”.

Uno de los casos documentados por HRW sí tuvo lugar en Bucha. El 4 de marzo, las fuerzas rusas en esa localidad “acorralaron a cinco hombres y ejecutaron sumariamente a uno de ellos. Un testigo dijo a Human Rights Watch que los soldados obligaron a los cinco hombres a arrodillarse a un lado de la carretera, les taparon la cabeza con sus camisetas y dispararon a uno de ellos en la nuca”.

Otro de los casos documentados por HRW se refiere a una mujer que denunció que un soldado ruso la violó repetidamente en una escuela de la región de Járkiv donde ella y su familia se habían refugiado el 13 de marzo. Dijo que la golpeó y le cortó la cara, el cuello y el pelo con un cuchillo. Human Rights Watch revisó dos fotografías, que la mujer compartió, en las que se muestran sus lesiones faciales.

“Las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles detenidos”, recuerda Human Rights Watch. “También están prohibidos el pillaje y el saqueo. Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos, o que los ayude o instigue, es responsable de crímenes de guerra”.

“Rusia tiene la obligación jurídica internacional de investigar imparcialmente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados”, declaró Hugh Williamson, director de la organización en Europa y Asia Central.

Redacción El Salto

4 abr 2022

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Viernes, 01 Abril 2022 05:59

El interruptor principal

El interruptor principal

Fred Friendly, ex presidente de CBS News, dejó en claro que, antes de pontificar sobre la libertad de expresión, habría que responder una pregunta simple: "¿Quién controla el interruptor principal?"

En la guerra entre Rusia y Ucrania la respuesta es bastante obvia y ha dejado la sensación terrible de lo que pueden lograr los poderes de la manipulación política, la estupidez humana y la venganza cuando se disfrazan de causa mayor. De cómo pueden, incluso, condicionar la justicia y, más aún, la verdad.

Cuando hablo de interruptor principal no aludo a una metáfora. En la era de Internet, con megacorporaciones dueñas de las rutas y de los datos, existe literalmente un dispositivo que deja pasar o no la información, y que se usa a discreción contra millones de personas.

Pocos han reparado en que las prohibiciones y bloqueos que las grandes tecnológicas han aplicado a Rusia ya tuvieron un polígono de pruebas: Cuba. Aquí no funcionan Twitter, ni Facebook (ahora Meta), ni Google como en el resto del planeta, y ni por casualidad las publicaciones más populares de la isla aparecen en las primeras páginas referenciadas por los buscadores. Algoritmos diseñados para reducir u omitir los alcances de medios, palabras e informaciones, mientras Apple, Spotify, Amazon y la mayoría de las más de 450 compañías estadunidenses que han sancionado a Rusia, no pueden comerciar con Cuba por las leyes del bloqueo estadunidense. Las fake news, los ciberataques y la guerra por el conocimiento y la información, tan cara en estos días a la OTAN, han sido moneda corriente de Estados Unidos para triturar a la isla del Caribe y esto ha ocurrido sin causar demasiada alarma.

El telón de acero digital e informativo no es un invento nuevo. Sin embargo, no tiene precedentes que proveedores de la llamada espina dorsal de Internet desconecten a sus clientes en un país de 144 millones de habitantes como Rusia. Lo hicieron Lumen y Cogent, dos gigantes de la red troncal ( backbone) más grande del mundo. Estas empresas integran la exclusiva Zona de Tránsito Libre (TFZ, por sus siglas en inglés), un pequeño grupo de compañías de telecomunicaciones globales tan grandes que no pagan a nadie más por el tránsito (ancho de banda internacional).

Que el interruptor haya entrado en escena demuestra que Internet no es el fantasma infinitamente elástico y virtual que la gente imagina, sino una entidad física que puede deformarse o romperse a conveniencia de los intereses de un grupo, un gobierno o un conglomerado militar como la OTAN. De hecho, la intervención de Occidente en el conflicto ha acelerado la remodelación de Internet, de un sistema global al que se ha conectado todo el mundo, a un universo fracturado.

Los expertos tiemblan porque la guerra en Ucrania parece instaurar definitivamente la splinternet, como se conoce la fragmentación del ciberespacio en reinos dispares intervenidos por bloques políticos autónomos. O configurados por cualquier otro poder, como los oligopolios de la tecnología y el comercio electrónico, o por países que intentan mantener distancia del control estadunidense.

El ostracismo que castiga a Rusia en realidad amenaza seriamente la arquitectura de Internet, red de redes mundial con poder distribuido que no hay manera de romper en una esquina sin destruir rutas de información y sin congestionar las autopistas que quedan en pie.

La gran paradoja de todo esto es que, tras haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo supuestamente a intentar romper el telón de acero de los rusos y los chinos en nombre de la libertad, los diseñadores de políticas occidentales y los halcones militares se están aislando del mundo a marcha forzada, mientras desmantelan la red que ellos mismos crearon. Es más barato destruir que construir muros. La metáfora del cibermuro para Rusia sugiere falsamente que, una vez eliminadas las barreras digitales, se erigirán en su lugar otras nuevas más convenientes a la alianza atlántica y que la reacción de Vladimir Putin de blindar RusNet, la red nacional, es alocada y torpe. Nada más lejos de la realidad.

Independientemente de lo que surja después de este conflicto, ya murió el Internet que conocimos. Los que tienen en sus manos el interruptor principal deberían admitir que están jugando con fuego y que, mientras enseñan su verdadero talante autoritario, revelan quizás la forma más costosa e ineficaz de ejercer el poder.

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Pandilleros esperan fuera de sus celdas durante un registro en la cárcel de Ciudad Barrios, en El Salvador. — Secretaria de Prensa de la Presidencia / REUTERS

 

El estado de excepción decretado por el gobernante tras la ofensiva criminal de las pandillas traspasa todos los límites democráticos al cercenar los derechos fundamentales de los salvadoreños.

 

El Salvador vive desde el domingo en estado de excepción. La medida fue decretada por el Congreso a petición del presidente, Nayib Bukele, tras la terrible ola de asesinatos del fin de semana. Los salvadoreños pagan así los errores del mandatario en su intento de someter a unas pandillas criminales con las que había llegado a una suerte de tregua no declarada oficialmente. El asesinato indiscriminado de decenas de ciudadanos en los últimos días sugiere algún tipo de incumplimiento en ese pacto secreto entre Bukele y los jefes de las pandillas.

El estado de excepción planteado por Bukele fue aprobado por un Congreso dominado por el oficialismo. Desde la madrugada del domingo han quedado suspendidas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión o la confidencialidad de las telecomunicaciones y la correspondencia. El plazo de detención sin acusaciones se amplía de tres a 15 días y se restringen los derechos de defensa de los arrestados. El estado de excepción se prolongará durante 30 días y contempla también restricciones a la entrada y salida del país. Las pandillas hicieron estragos durante el fin de semana. El viernes mataron a 14 personas y el sábado, a 62, el récord de homicidios en un solo día. Más de mil presuntos pandilleros han sido detenidos desde el fin de semana, según el gobierno.

Bukele, un amante de las redes sociales como herramienta política, ha amenazado a los pandilleros por Twitter: "Tenemos 16.000 homeboys (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también". El ejército pandillero, sin embargo, abarca un contingente mucho mayor de los 17.000 miembros encerrados en las cárceles. Se calcula que las tres principales organizaciones criminales del país (MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) cuentan con unos 70.000 efectivos, una tropa en la que se alistan jóvenes arrastrados por la miseria y la falta de oportunidades en uno de los países más pobres de América Latina.

La ofensiva criminal constata una gran laguna en la política de seguridad de Bukele, bajo cuyo mandato había descendido drásticamente la tasa de homicidios. Hace un año y medio, el periódico El Faro sacaba a la luz los entresijos de un supuesto pacto entre el gobierno y las principales pandillas. Bukele negó que hubiera una tregua y que se hubieran otorgado concesiones a los delincuentes. La tasa de homicidios se desplomaba así, según el relato gubernamental, por arte de birlibirloque.

El Salvador llegó a contabilizar en 2015 la tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental (103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes) tras el fin de la tregua firmada entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Los asesinatos, que habían caído de 14 a cinco al día, volvieron a repuntar en 2015 hasta la veintena diaria. Bukele ha logrado reducir esa cifra a unos cuatro homicidios al día y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, la más baja de los últimos 25 años. Esa paz en las calles le ha supuesto una gran popularidad entre una población exhausta ante las acciones violentas de las pandillas. El gobierno asegura que la reducción de la criminalidad se debe a la aprobación hace tres años del Plan Control Territorial (PCT), un programa de seguridad que, en teoría, reforzaba los medios policiales y militares para el control de los barrios más conflictivos del país.

La negociación fallida

Para El Faro, sin embargo, el PCT no ha sido más que la coartada de Bukele para ocultar un pacto secreto con las pandillas. En un editorial publicado el lunes, el periódico independiente da por finiquitado ese plan: "El engaño del llamado Plan Control Territorial ha terminado con un baño de sangre inédito en lo que va del siglo XXI y el grupo que gobierna detrás de Bukele ha recurrido a los trucos de siempre para hacer frente a la crisis: el histrionismo mediático y la mentira para ocultar la negligencia y la improvisación. Los salvadoreños amanecimos este lunes con nuestras garantías cercenadas y con un gobierno autoritario que ya no necesita órdenes judiciales para abrir nuestra correspondencia o escuchar nuestras conversaciones o detenernos hasta por quince días sin acusación. ¿Por qué? Porque a Bukele le falló su negociación secreta con las pandillas".

Según el diario salvadoreño -una de las escasas voces independientes que quedan en El Salvador-, la ola salvaje de homicidios del fin de semana responde a la manera en que las pandillas expresan su fuerza en una negociación que parece haberse roto con el gobierno. Una válvula que los criminales abren cada vez que ven incumplidas determinadas promesas inconfesables.

Desde que ganó las elecciones hace tres años con el 53% de los votos, la popularidad de Bukele no paró de crecer hasta finales del año pasado, cuando cayó levemente. Su forma de gobernar a golpe de tuit y su discurso populista calaron en un amplio sector de la población muy decepcionado con las prácticas corruptas de los partidos tradicionales. Bukele apuntaló su poder hace un año tras arrasar en las elecciones legislativas, en las que su partido, Nuevas Ideas, cosechó el 66% de los votos. La vieja política quedaba marginada. El derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo el 12% y el progresista FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), apenas el 7%. Tras el control del Parlamento, el autócrata centroamericano estrechó el cerco a la justicia al destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado.

Como ocurriera cuando El Faro publicó el pacto secreto con las pandillas, Bukele, poco amigo de las críticas, carga contra sus detractores. Si entonces amenazó al periódico con una investigación por un supuesto caso de blanqueo de capitales, ahora acusa sin pruebas a la oposición de ser responsable de la oleada criminal de las pandillas, y arremete contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), verificadores del acuerdo de Funes con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2012. "Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la 'Tregua' que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento, y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país", ha escrito Bukele en su cuenta de Twitter. Previamente, Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, había tildado de "populismo penal" las medidas aprobadas por el presidente salvadoreño".

El paso dado por Bukele es de una extrema gravedad al cercenar derechos constitucionales de los seis millones y medio de salvadoreños. Su autoritarismo ya había quedado acreditado desde el inicio de su mandato, pero el estado de excepción decretado ahora traspasa todos los límites democráticos. Es hora de que los organismos regionales e internacionales pongan freno al autócrata centroamericano.

madrid

29/03/2022 21:46

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Los prisioneros "no verán el sol", ordenó el gobernante, mientras arrestan a los responsables de una ola de homicidios. Foto grama del video del Twitter del jefe del Ejecutivo

 

Muestra video de decenas de pandilleros encarcelados sometidos a castigos

 

San Salvador., El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio ayer un ultimátum a las pandillas consideradas responsables de 87 homicidios en tres días, bajo la amenaza de aumentar aún más los castigos a sus más de 16 mil miembros encarcelados.

"Paren de matar ya, o ellos (los presos) la van a pagar también", tuiteó Bukele, y acompañó su publicación con el video de la redada en una cárcel donde los custodios sacan de sus celdas a los presos semidesnudos, los fuerzan a correr y los revisan en los patios.

En las imágenes, los uniformados llevan con prisa a los reos, esposados, descalzos, con el torso desnudo y sólo vistiendo una trusa blanca. Algunos de ellos se caen en el camino. La grabación muestra a cientos sentados en el piso, uno pegado al otro.

La reacción del mandatario llega un día después de la declaratoria nacional de estado de excepción, tras una ola de homicidios presuntamente ordenados por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

El régimen de excepción restringe las libertades civiles y amplía los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público.

“Tenemos 16 mil homeboys (pandilleros) en nuestro poder, aparte de los mil arrestados en estos días”, recordó Bukele.

Los reos están sometidos desde el domingo a un estricto estado de emergencia en las cárceles, por lo que soportan, entre otras medidas, el encierro permanente en sus celdas. "Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir; además, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol", enfatizó.

La disposición fue criticada por el ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. "Populismo penal: ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries", tuiteó.

De inmediato, Bukele le respondió a Abrão: "ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la tregua (entre pandillas) que sólo fortaleció a las bandas y les permitió acumular recursos, dinero (y) armamento (...)".

"Llévense su peste (las pandillas) de nuestro país", enfatizó. En 2012, el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) facilitó una tregua entre pandillas, la cual fue apoyada por la OEA con el fin de reducir los homicidios.

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70 mil miembros en El Salvador. De acuerdo con las autoridades, operan en la comisión de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales. El Salvador cerró 2021 con la tasa más baja de homicidios desde el fin de la guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales. El total de homicidios, mil 147, también presentó una reducción frente a 2020, cuando hubo mil 341

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▲ Con los reflectores en la nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo merecen titulares cuando les llega la muerte, como los que habitan en el campamento de refugiados más grande del mundo creado en 1992 en Bangladesh, donde más de 923 mil personas sobreviven en 194 mil viviendas improvisadas, levantadas con trozos de bambú y plástico, o con láminas, según datos de la ONU. El éxodo se acentuó en 2017, cuando los insurgentes rohingyas atacaron puestos policiacos y militares de Myanmar. Fotos Acnur/ Andrew McConnell y Roger Arnold / Arturo Cano

Una frase resume el "cambio de actitud" frente a las migraciones. Se ha repetido de mil formas en televisoras de todo el mundo, a propósito de la guerra de Ucrania: "Son rubios, como nosotros".

La Europa que acoge con entusiasmo a los ucranios es la misma que rechaza a los desplazados por otros conflictos bélicos (13 millones de sirios, por ejemplo).

Con los reflectores en la nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo merecen titulares cuando les llega la muerte.

La trágica noticia es la misma, una y otra vez, cuando se trata del campo de refugiados más grande del mundo: "Se confirma que 15 refugiados murieron en el incendio y más de 560 resultaron heridos" (marzo de 2021); "El fuego arrasó mil 200 viviendas" (enero de 2022); "Sexto incendio en el campo cobró la vida de dos niños y dejó sin vivienda a centenares de familias" (marzo de 2022).

Los titulares se refieren al campamento de refugiados Kutupalong, en Bangladesh, donde sobreviven cientos de miles de personas. En la actualidad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que en Kutupalong y otros campamentos ubicados en el distrito Cox’s Bazar, de Bangladesh, hay poco más de 923 mil refugiados.

Una buena parte de ellos, 700 mil, cruzaron la frontera en 2017, cuando arreció la "limpieza étnica" contra el pueblo rohingya, de mayoría musulmana, conducida por el gobierno de Myanmar (antes Birmania). El golpe militar de 2021 en esa nación de mayoría budista no ha mejorado la situación.

Según la ONG Acción contra el Hambre, la inestabilidad política de Myanmar ha tenido entre sus principales víctimas a las minorías étnicas. Es el caso del pueblo rohingya, "que ha tenido que huir durante décadas del hambre, la violencia y las torturas del régimen militar y sus políticas de limpieza étnica" (desde 1982, los rohingyas son tratados como inmigrantes ilegales).

Odisea, hallar un árbol

Kutupalong se encuentra a unos 400 kilómetros de la capital de Bangladesh, Dhaka, en el golfo de Bengala, y es considerado por el Acnur el campo de refugiados más grande del mundo. Para el organismo internacional, se trata de la crisis humanitaria de mayor magnitud en las recientes décadas.

Un reporte de Médicos sin Fronteras da cuenta de la situación. Hacia 2018, describe, el gigantesco campo estaba dividido en 22 pequeños que seguían creciendo. Conseguir agua o leña para cocinar resulta toda una odisea. "No quedan árboles en los alrededores; para encontrar alguno se puede tardar unas tres horas a pie"; en los campos nuevos, muchas familias no son tan afortunadas y tienen que caminar lejos hasta llegar a los escasos pozos y letrinas”.

En los 22 campos de Kutupalong-Balukhali, el organismo humanitario ha levantado cinco hospitales, 10 puestos de salud y tres centros médicos.

La tragedia es persistente. Apenas hace unos días, las redes sociales se llenaron nuevamente de las terribles imágenes de un nuevo incendio.

Kutupalong fue creado en 1992. Pero alrededor de lo que fue el campamento original fueron creciendo, con el correr de los años, asentamientos todavía más precarios (el Acnur contabiliza 194 mil viviendas en todos los campos de la zona). Hoy es un amontonamiento de viviendas improvisadas, levantadas con trozos de bambú y plástico, o con láminas. Ahí vive una población equivalente a la de Morelia, Michoacán.

El escaso interés mundial frente a la tragedia de los refugiados puede explicarse cuando la Organización de Naciones Unidas asegura que los rohingyas son un pueblo "sin Estado" y "virtualmente sin amigos".

Limpieza étnica y crisis humanitaria

Hacia agosto de 2018, el Acnur reseñaba así el drama: “En el punto más alto de la crisis, miles de personas cruzaban diariamente a Bangladesh. La mayoría caminó durante días a través de junglas y montañas, o desafió peligrosos viajes por mar… Llegaron exhaustos, hambrientos y enfermos, necesitados de protección internacional y asistencia humanitaria”.

Un año antes, los despachos de las agencias internacionales explicaban los motivos del masivo desplazamiento: “La violencia y el éxodo comenzaron después de que insurgentes rohingyas atacaron puestos policiales y paramilitares de Myanmar, en lo que describieron como un intento de proteger a su minoría étnica de la persecución de las fuerzas de seguridad, en un país de mayoría budista. En respuesta, el ejército lanzó operaciones de limpieza para expulsar a los insurgentes” (La Jornada, 4 de septiembre de 2017).

De cuando en cuando, una celebridad visita los campos a invitación de la ONU y atrae los reflectores. En marzo de 2018 fue la ganadora del Óscar Cate Blanchet quien alertó sobre una "catástrofe programada" con la llegada de las lluvias monzónicas, otro de los riesgos que deben afrontar los refugiados.

Cuando no es el agua, es el fuego, pues son frecuentes los incendios que dejan muertos y heridos, además de acabar con las precarias viviendas. Apenas el pasado 8 de marzo, un incendio en Kutupalong 05 (los asentamientos han sido numerados para efectos del reparto de la ayuda) dejó dos menores muertos, decenas de heridos y unas 250 viviendas destruidas.

Los llamados de organismos internacionales son siempre insuficientes para atender las necesidades básicas de los refugiados.

Diferente trato para morenos y negros

Un reporte del Acnur aborda una crisis derivada, la de refugiados que han buscado dejar Bangladesh por vía marítima y que se han quedado en el océano durante meses: “En Bangladesh encontraron refugio, pero apenas tenían capacidad para decidir su propio futuro… cavaron zanjas y fortificaron albergues en preparación para los monzones y visitaron a sus vecinos para compartir información sobre el covid-19. Y aun así vivían en condiciones muy duras, en campamentos masificados en Kutupalong, sin posibilidad de conseguir educación formal o permisos de trabajo ni de moverse libremente”.

El Acnur ha señalado que la crisis de refugiados de Ucrania debe abrir la discusión sobre el crecimiento de la xenofobia, la discriminación y la exclusión, así como sobre las políticas "tóxicas" hacia los desplazados.

Lo puso de otro modo Judith Sunderland, directora de Human Rights Watch para Europa y Asia Central: "La maravillosa muestra de solidaridad con los refugiados ucranios contrasta fuertemente con el trato que reciben los migrantes y refugiados de otras partes del mundo, la mayoría de ellos morenos y negros".

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Misión imposible: servir a dos señores en Chile

El gobierno de Boric no puede escapar a una definición. Tendrá que tomar partido: o con el gran empresariado o con el pueblo.

No cabe duda que la “Historia Universal de la Desfachatez” consignará con letras mayúsculas la reciente amenaza de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). El jefe del estado mayor de la burguesía declaró insuficientes las garantías que el gobierno ofrece al empresariado.

“Tenemos que hablar -dijo- de un acuerdo de gobernabilidad que dé certezas jurídicas” (1). Se trata, por supuesto, de exigir privilegios para las inversiones privadas y los mecanismos que permiten operar sin límite a la codicia del gran empresariado. Sutil no se anda con sutilezas en sus demandas. El gobierno, sostiene, debe ir “más allá de una reforma tributaria” y abandonar proyectos tales como empresas estatales de ferretería, farmacia, construcción e inmobiliarias.

¡Qué patudez la de este tipo! Plantea -ni más ni menos- que rehacer a la medida del gran empresariado el programa de gobierno. Hace solo tres meses más de 4 millones y medio de chilenos votaron por ese programa y la oligarquía ya quiere echarlo abajo. ¿Cómo se atreve la CPC y su jerarca a desafiar la voluntad democrática del 56% del electorado? Esa mayoría votó un programa de por sí moderado a fin de asegurar la derrota del fascismo e instalar un gobierno que garantice el tránsito a la nueva institucionalidad que propondrá la Convención Constitucional.

La piedra en el zapato del gran empresariado es precisamente la Convención. Teme que de allí salga una Constitución “demasiado” democrática en lo político y “muy” avanzada en lo social. O sea que la Convención dé a luz instituciones y leyes como nunca antes tuvo la República. Pero en vez de compartir las expectativas del pueblo, Sutil afirma que la Convención “genera inestabilidad”. Esa es la maniobra fundamental que impulsa la derecha: crear condiciones que hagan fracasar la Convención. Su arsenal mediático dispara en esa dirección y utiliza todo tipo de sofismas, incluso ridiculizar las polémicas de los convencionales.

La televisión es el ariete más eficaz de esta guerra sicológica. El propio Sutil negocia la compra de CNN Chile a la empresa norteamericana WarnerMedia. Quien domina la imagen domina las conciencias. Mientras los medios de comunicación, incluyendo el espectro radioeléctrico, sean propiedad privada de unos pocos, ignorando su función social, la estabilidad de ningún gobierno democrático estará asegurada. Lo demuestra nuestra propia historia.

El gobierno del presidente Boric tendrá que tomar partido. Ceder al “acuerdo de gobernabilidad” con el gran empresariado o cumplir su compromiso con el pobrerío y la clase media empobrecida que lo llevaron a La Moneda.

Chile, según la CEPAL, es el país de América Latina en que el patrimonio de los ricos representa la mayor tajada del Producto Interno Bruto (PIB): 16,1%. En países enormes y de grandes fortunas como Brasil y México el porcentaje es inferior: 14,2% y 12,2%, respectivamente.

Los super ricos chilenos se las han arreglado -incluyendo golpe de estado y terrorismo de estado- para aumentar sus fortunas mediante una codicia insaciable, extorsionando gobiernos, parlamentos e instituciones del Estado. La conducta mezquina y mafiosa del gran empresariado ha convertido a Chile en uno de los países con mayor desigualdad del mundo. El año pasado, mientras la mayoría se debatía en el desempleo y el endeudamiento, los más ricos duplicaban sus fortunas. El grupo Luksic se encaramó a los 23.300 millones de dólares, Ponce Lerou a los 4.100 millones, Paulmann a los 3.300, Piñera a los 2.900, y así también los Angelini, Saieh y Yarur. El mismo salto tuvieron las ganancias de los bancos y grandes empresas.

¡Chile es Jauja para el empresariado pero no le basta! Intenta además someter al nuevo gobierno a un “acuerdo de gobernabilidad” que convertirá en liliputienses las ya modestas reformas planteadas en su programa.

El gobierno, si se empeña, podría resistir el asedio oligárquico defendiendo sus compromisos electorales, asegurando a la vez respeto a las resoluciones de la Convención Constitucional.

Sin embargo, también es tarea de las organizaciones sociales oponerse al “acuerdo de gobernabilidad” que plantea el gran empresariado. El próximo Primero de Mayo puede ser la oportunidad de una gran movilización de trabajadores, pobladores, mujeres, desempleados, estudiantes, jubilados, pequeños y medianos empresarios, etc., para rechazar la imposición oligárquica.

El gobierno del presidente Boric no puede escapar a una definición. Tendrá que tomar partido: o con el gran empresariado o con el pueblo.

Ningún gobierno puede servir a la vez a la oligarquía y a quienes necesitan desesperadamente igualdad de derechos. Es una realidad confirmada por la historia. Hace ya dos mil años un rico recaudador de impuestos, algo así como un director de Impuestos Internos de la época, escribió en su evangelio: “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá menos a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza” (2). No lo habría dicho mejor Carlos Marx.

26 marzo 2022

Notas

(1) EMOL, 20 de marzo 2022.

(2) Mateo 6:24-34.

*Periodista y escritor, director de Punto Final. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE

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Sábado, 26 Marzo 2022 06:09

Guerra y alimentos

Guerra y alimentos

Los precios de los alimentos van en rápido aumento, aparentemente como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. Grave impacto para muchas poblaciones, que expone la vulnerabilidad global en que nos coloca el sistema agroalimentario industrial dominado por corporaciones trasnacionales.

Según fuentes de Naciones Unidas estamos al borde una nueva crisis global por altos precios de los alimentos y hambrunas, como efecto dominó del encarecimiento de los combustibles, las restricciones de exportaciones de fertilizantes sintéticos de los que Rusia es un productor principal, así como de trigo, maíz y aceite de girasol desde Rusia y Ucrania. Entre ambos países representan 28 por ciento de las exportaciones mundiales de trigo.

Paradójicamente, el principal importador de trigo del mundo es Egipto, que es parte del centro de origen del cultivo, al igual que Turquía, otro de los mayores importadores. Egipto importa más de 60 por ciento del trigo que consume, 80 por ciento desde Rusia y Ucrania ahora suspendidas por la guerra. México, centro de origen del maíz, es el principal importador global de maíz, fundamentalmente por una demanda de grandes industrias pecuarias, en su mayoría trasnacionales.

No se trata de falta de condiciones para la producción de estos dos cultivos para abastecer el consumo humano, sino de estrategias corporativas cuya meta es la ganancia, no la seguridad alimentaria, en el marco de políticas nacionales e internacionales que facilitan y permiten tales tropelías (https://bit.ly/3uqPN3X).

Aunque los porcentajes de importación en algunos países son altos –como los nombrados y otros en Medio Oriente y África (norte, países subsaharianos y cuerno de África) y algunos asiáticos, haciendo a esos países muy vulnerables–, en realidad las exportaciones son un porcentaje menor de la producción global de trigo y maíz. El trigo, el maíz y el arroz, principales cereales base de la alimentación en el mundo, se producen a nivel nacional entre 75 y 90 por ciento. En el volumen de producción mundial, lo que Ucrania exporta de trigo es cerca de 3 por ciento y menos de maíz. En el caso de las exportaciones rusas, se trata de 4.5 por ciento para el trigo y de 0.5 por ciento para el maíz (https://www.csm4cfs.org/).

No obstante y pese a que no escasea, porque aún se están comercializando las cosechas de la estación pasada, en el último mes el trigo aumentó 35 por ciento ante la especulación por supuestas incertidumbres. Por tanto, el volumen de las exportaciones no explica por sí mismo el vertiginoso aumento del precio de los alimentos. Sí lo hace la convergencia de factores, fundamentalmente la especulación –escudada en las guerras– de las trasnacionales de agronegocios, desde las de insumos en campo (semillas, agrotóxicos y fertilizantes), a las de distribución, comercio de cereales, procesamiento y ventas al consumidor.

Estas empresas aprovechan la coyuntura para subir precios arbitrariamente y avanzar con medidas que agregan impactos negativos. Por un lado, presionan por abrir más tierras a grandes extensiones de cultivos industriales, en desmedro de ecosistemas naturales, zonas de pastoreo campesino y otros usos no industriales, así como usar intensivamente tierras que están en barbecho (en descanso para regeneración después de cosechas). Estados Unidos relajó las restricciones federales al respecto y países europeos lo consideran.

Para esas tierras, las trasnacionales de agronegocios alegan que se deben usar cultivos transgénicos y con alto uso de insumos agrotóxicos y ante la eventual falta de fertilizantes sintéticos, avizoran uso de microbios modificados genéticamente. El cabildeo de las empresas de forrajes para cría industrial de animales logró que desde este 24 de marzo España y Portugal abrieran la importación de cultivos transgénicos desde Argentina, algo que hasta ahora estaba prohibido en Europa.

En esos dos países, tal como en México, las importaciones de maíz y soya no son para la población, sino mayoritariamente para forrajes industriales destinados a la cría animal a gran escala, que se podría hacer en forma decentralizada y basada en otros piensos. Ahora, con la excusa del futuro desabasto por la guerra en Ucrania, aumenta la presión para que Europa se abra también a la importación de trigo transgénico desde Argentina.

Todas las medidas que propone la industria y consideran EU y Europa implican una grave vuelta atrás en los límites de uso de plaguicidas en cultivos y de residuos de agrotóxicos y transgénicos en alimentos.

Raj Patel, analista de la industria alimentaria y autor del libro Obesos y famélicos, plantea que el aumento de precios de los alimentos en curso afectará sobre todo a las poblaciones del sur global y marginados en el norte global, por la convergencia de impactos de las "4 C": Covid, conflictos, cambio climático y capitalismo (https://bit.ly/3JKdM4G).

No es la guerra en Ucrania –terrible en sí misma por las muertes y devastación que conlleva– la principal causa de la crisis alimentaria global en ciernes, sino su convergencia con el sistema alimentario agroindustrial y los intereses de las trasnacionales que lo controlan, causantes de caos climático, obesidad, pandemias y enfermedades de la gente y el planeta. Existen alternativas que requieren urgente apoyo y más ahora, basadas en la agroecología campesina para la soberanía alimentaria.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Cepal: con una cultura del privilegio, en AL la desigualdad conspira

No hay ningún país que haya logrado elevar su producto interno bruto (PIB) sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al presentar El Trimestre Económico número 353, señaló que la región atraviesa una cultura del privilegio, en donde "la desigualdad conspira", además de ser injusta e ineficiente.

"La igualdad no solo se trata de titularidad de derechos, es necesario igualar para crecer y crecer para igualar", apuntó.

Destacó que existe una desigualdad en la distribución personal y funcional del ingreso y la riqueza, pues recordó que 104 personas en América Latina poseen el equivalente a 11 por ciento del PIB de riqueza, concentración que aumentó en la pandemia del covid-19.

"De todos los países del mundo ninguno ha sido capaz de crecer con descarbonización o con menor reducción de emisiones y, por tanto, después de la pandemia hemos sufrido la mayor contracción económica desde la posguerra."

Señaló que la heterogeneidad estructural "es la gran fábrica de la desigualdad; no hemos analizado a profundidad los mercados con los monopolios y los oligopolios que están en la frontera tecnológica y contribuyen al PIB, pero que no generan el empleo formal necesario, sólo uno muy precario".

Consideró que los países desarrollados tienen una "deuda histórica" y no pueden obligar a los que están en vías de desarrollo a no crecer, por lo que deben proporcionar las tecnologías y patentes para lograrlo.

José Valenzuela Feijóo, integrante del consejo directivo de la revista editada por el Fondo de Cultura Económica, señaló que el gran aporte de Cepal es atreverse a observar a América Latina con ojos propios, a conectar el dato de la coyuntura con el estructural.

El catedrático de la UAM-I hizo énfasis en la falta de inversión, herramienta masiva que consideró como la única que puede sacar a los pobres del sector informal y "la única manera de mejorar la distribución del ingreso".

"En el país la inversión pública es muy bajita, muy por debajo de la necesario para resolver los problemas y el gobierno privilegia el subsidio, me atrevería a hablar hasta de una limosna estatal, no se me confunda con un panista yo soy partidario de este gobierno", dijo.

Bárcena destacó que América Latina es la zona geográfica con el nivel más bajo de inversión, pues hasta 2021 era de 19.5 por ciento respecto al PIB, mientras el promedio en los países en vías de desarrollo es de 33.2 por ciento, por lo que apremió a trabajar en la inversión y aumentar la productividad.

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