Sábado, 26 Marzo 2022 05:20

Nicaragua echó al jefe de la Cruz Roja

Thomas Ess, jefe de misión de la Cruz Roja.

Familiares de presos denuncian la medida del gobierno de Ortega

La Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) condenó este viernes la expulsión de Nicaragua del jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Thomas Ess, según confirmó el organismo, sin explicaciones por parte del Gobierno de Daniel Ortega. “El régimen Ortega Murillo ha cometido una nueva violación sobre los derechos humanos de los nicaragüenses, principalmente quienes se encargan de velar y proteger los mismos. Hemos conocido que se expulsó de forma arbitraria, sin motivos o fundamentos, al señor Ess”, indicó la AFPP, en una declaración pública.

Ess era el segundo jefe de misión del CICR en Nicaragua desde marzo de 2019, cuando la organización estableció una oficina en el país para dar seguimiento a los presos políticos. Su expulsión fue confirmada por el CICR, tras recibir una notificación del Gobierno nicaragüense, en la que “decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua”, según informó un portavoz.

Protestas

“Desde el inicio de las protestas cívicas de abril de 2018 la Cruz Roja ha venido acompañando al pueblo nicaragüense a brindarles asistencia humanitaria de forma segura y veraz, a raíz del inicio de los encarcelamientos ilegales ha tenido un papel importante para los presos políticos y sus familiares, haciendo coordinaciones para constatar la situación de salud dentro de las cárceles de los presos”, indicó la AFPP.

La labor del CICR en Nicaragua consiste en inspeccionar las condiciones de los presos políticos en las cárceles del país. El CICR brindaba “información del estado de los detenidos a los familiares para contar noticias específicas de lo que necesitaba cada uno de los presos, porque los familiares no tenemos informes acorde la situación de cada uno, porque el régimen lo impide”, agregó la organización. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay al menos 179 “presos políticos”, quienes sufren “torturas y malos tratos” en prisión.

Premios y castigos

El CICR afirmó que pese a la expulsión de su representante continuará “su labor humanitaria en Nicaragua”, lo cual fue agradecido por la AFPP en su pronunciamiento. El organismo internacional manifestó su “sorpresa”  por la expulsión, dado que hace menos de dos semanas el mismo Gobierno nicaragüense otorgó al jefe regional del CICR, Jordi Raich, la orden “José de Marcoleta” en grado de “Gran Cruz”, el máximo reconocimiento que otorga Nicaragua a un extranjero, por su “colaboración respetuosa” y su “visión de acompañamiento a las prioridades del Gobierno”.

Este mismo mes el Gobierno de Nicaragua expulsó al entonces nuncio WaldemarStanislaw Sommertag, de forma repentina y sin explicaciones, decisión que el Vaticano recibió con “sorpresa y dolor”. En 2018 también fueron expulsadas las misiones de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), de la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)

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La ocupación israelí de los territorios palestinos desde hace 55 años es apartheid

Según el Relator Especial de NNUU

GINEBRA (25 de marzo de 2022) – Un experto de Naciones Unidas ha solicitado hoy a la comunidad internacional que acepte y adopte las conclusiones de su informe [A/HRC/49/8, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967], en el que se hace eco de recientes conclusiones de organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales, al respecto de que Israel practica apartheid en el territorio palestino ocupado.

“Hoy en día, en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, existe un sistema jurídico y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales construidos por Israel en Jerusalén Oriental y Cisjordania”, ha declarado Michael Lynk, relator especial de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967.

“Viviendo en el mismo espacio geográfico pero separados por muros, puestos de control, carreteras y una arraigada presencia militar, hay más de tres millones de palestinos y palestinas que carecen de derechos, viven bajo un régimen opresivo de discriminación institucional y sin vías de alcanzar el derecho a un auténtico Estado palestino tal y como la comunidad internacional les ha prometido desde hace tiempo.

“Otros dos millones de palestinos y palestinas viven en Gaza, descrita habitualmente como una ‘cárcel al aire libre’, sin acceso adecuado a la electricidad, el agua o la sanidad, con una economía colapsada, y sin autorización para viajar libremente al resto de Palestina o al mundo exterior”.

El Relator Especial sostiene que un régimen político que prioriza de forma tan intencionada y clara los derechos políticos, legales y sociales fundamentales de un grupo sobre otro dentro de la misma unidad geográfica y sobre la base de su identidad racial-nacional-étnica cumple la definición legal internacional de apartheid.

“El apartheid no es lamentablemente un fenómeno confinado a los libros de historia de Sudáfrica”, declara en su informe al Consejo de Derechos Humanos. “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 entró en vigor tras el colapso de la antigua Sudáfrica. Es un instrumento jurídico con visión de futuro que prohíbe el apartheid como crimen contra la humanidad hoy y en el futuro, dondequiera que exista”.

Lynk declara que en los territorios palestinos ocupados se aplica la administración militar de Israel con la intención deliberada de perpetuar sobre el terreno hechos consumados –principalmente a través de los asentamientos y los check points– para manipular la composición demográfica y realizar una aspiración permanente e ilegal israelí que cerca a los y las palestinas en reservas más pequeñas y confinadas de tierras desconectadas entre sí.

Ello se ha logrado mediante una combinación de acciones inhumanas que, aplicadas desde hace mucho tiempo por el ejército israelí contra la población palestina, forman parte integral de la ocupación, añade. Señala Lynk las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, la tortura, la denegación de derechos fundamentales, una tasa abismal de muertes de menores, los castigos colectivos, un sistema judicial militar abusivo, períodos de intensa violencia militar israelí en Gaza y demoliciones de viviendas.

Lynk afirma que varios informes y opiniones recientemente emitidos por respetadas organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales han llegado a la misma conclusión sobre la práctica del apartheid por parte de Israel. Añade que destacadas personalidades internacionales –como el ex secretario general de Naciones UNidas Ban Ki-Moon, el arzobispo Desmond Tutu, la ministra de Asuntos Exteriores sudafricana Naledi Pandor y el ex fiscal general israelí Michael Ben-Yair– también han calificado estas prácticas como apartheid.

El Relator Especial denuncia que buena parte de la responsabilidad de esta situación descansa en la comunidad internacional. “Durante más de 40 años, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas han declarado en cientos de resoluciones que la anexión de los territorios ocupados por parte de Israel es ilegal, que la construcción de cientos de asentamientos judíos es ilegal y que la negación de la autodeterminación palestina viola el derecho internacional”.

“El Consejo y la Asamblea han criticado reiteradamente a Israel por violar sus resoluciones. Han amenazado con consecuencias. Pero nunca se han exigido responsabilidades. Si la comunidad internacional hubiera actuado de verdad en sus resoluciones hace 40 o 30 años, hoy no estaríamos hablando de apartheid”.

Para poner fin a la práctica del apartheid en los territorios palestinos ocupados, el Relator Especial reclama a la comunidad internacional que imponga [a Israel] medidas contundentes e imaginativas de rendición de cuentas con el fin de que ponga fin por completo a la ocupación israelí y a sus prácticas de apartheid en los territorios palestinos ocupados.

El Sr. S. Michael Lynk es Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967.

26/03/2022

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Fotografía de Andrés Peña. Tomada en el marco del paro nacional,7 de mayo del 2021.

Con un total de 238 agresiones (107 hombres, 78 mujeres, 3 Lgbtiq+ y 50 de carácter colectivo), Antioquia ocupó en el 2021 el segundo lugar en el país como la región donde más peligra el derecho a la vida de quienes defienden los derechos humanos. Homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos y estigmatización son la forma en que se concretan estas acciones violentas, cuyos principales victimarios son la Policía Nacional y las estructuras paramilitares especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En materia de Derechos Humanos padece la sociedad antioqueña una realidad con particularidades. Por ejemplo, en las agresiones contra los liderazgos Lgbtiq+ se presentó, con un caso, un descenso en las cifras en el 2021, ya que en 2020 los registrados fueron cinco casos, entre ellos dos homicidios.

Pero no en todos los particulares marcó esa característica. En 2020 se reportaron 47 casos de agresión contra mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, en 2021 fueron 78, la mayoría de ellas perpetradas en los contextos de protestas sociales ya que muchas de las personas afectadas estuvieron integrando las Comisiones de Verificación en terreno. Ellas fueron víctimas principalmente de la Policía Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– de: tortura, tratos crueles y degradantes –Ttcd–, violencias basadas en género, amenazas, estigmatización, etcétera, debido a su labor. Se resalta los casos de homicidios: mientras que en el año inmediatamente anterior se contabilizaron tres hechos, en 2021 fueron cuatro, tres en zonas rural de Urabá, Bajo Cauca y Norte. El otro caso se reportó en Bello.


Los principales responsables de las agresiones en Antioquia son la Policía Nacional (86 casos) y las estructuras paramilitares (72 casos), especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –Agc. El año pasado las organizaciones de derechos humanos y sociales del departamento1 advirtieron que la avanzada de las Agc en Antioquia sigue desarrollándose y el Estado no ha realizado ningún esfuerzo para contenerla como tampoco cumplió con el Acuerdo de Paz en materia del desmonte de estas estructuras, permitiendo que actúen sin restricción alguna, como en la época de finales de los años 90 y 2000, moviendo tropas de hasta 200 hombres entre subregiones2.

Los territorios con más niveles de agresión contra los liderazgos y la labor de defensa de los derechos fueron aquellos en donde existieron acciones de protesta social (Valle de Aburrá), actividades en defensa del punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz (Bajo Cauca) y la denuncia de la actividad paramilitar (Urabá). En los casos del Suroeste y Oriente se presentaron ataques por denunciar los impactos negativos de los megaproyectos hidroeléctricos (Oriente) y por participar de las marchas (Oriente y Suroeste).

Las víctimas de las agresiones son aquellas que: 1) son voces disidentes u opositoras que promueven proyectos políticos alternativos de cambio 2) luchan por la defensa de los derechos humanos, la tierra, los territorios y la naturaleza contra las lógicas de dominación-autoritarismo, el modelo extractivita y financiero 3) exigen los derechos de las mujeres y de las identidades diversas, 4) luchan por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y por una paz completa y 5) firmaron la entrega de hicieron la entrega de armas como contribución a la construcción de una paz estable y duradera.

Para 2021, en Antioquia las personas defensoras de derechos humanos fueron las más agredidas ya que muchas de ellas integraron las Comisiones de verificación en contextos de protestas y en razón de su labor fueron atacados por el Esmad-Policía Nacional4, pero también por el Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos3 (contextos de erradicación de cultivos de usos ilícitos).

Las agresiones contra las lideresas y los líderes comunales sucedieron en todas las subregiones del departamento, es importante resaltar el caso del Norte, en el municipio de Ituango, más de 30 Juntas de Acción Comunal fueron amenazadas en el marco del desplazamiento masivo de 4.099 campesinas y campesinos (julio-agosto) a causa de la avanzada paramilitar de las AGC (Plan Mil)5 y las amenazas de las Disidencias de las Farc (Frente 18).

Una realidad pese a la cual el alcalde de Ituango, Mauricio Mira, públicamente minimizó la grave situación humanitaria e hizo señalamientos contra los líderes y lideresas comunales al sostener: “Ningún líder nos dio una razón del porqué permanecen en el casco urbano, simplemente que los amenazaron, esto nos lleva a pensar que hay otros intereses”6.

En cuanto a los liderazgos campesinos, la mayoría fueron objeto de amenazas y desplazamiento forzados por parte de los paramilitares, pero también de las disidencias de las Farc, esto en razón de su labor de denuncia, por negarse a asistir a reuniones a los que fueron convocado y por exigir el respeto de los derechos humanos y el DIH a todos los actores armados que en la actualidad hacen presencia en sus territorios. También se registraron homicidios.

Una realidad con agravantes, como la padecida por los líderes y lideresas indígenas del Bajo Cauca, Occidente y Urabá, que es crítica. Durante 2021, junto a sus comunidades, fueron víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos y estigmatización por parte de los paramilitares de las Agc y los Caparrapos, y también de la guerrilla del Eln. Agresiones sucedidas cuando los líderes y lideresas de las comunidades denuncian a estos grupos por: 1) ocupar los territorios, 2) por desarrollar combates poniendo en riesgo a la población, 3) por minar los caminos, 4) por ocupar bienes de la población civil, 5) por realizar reclutamiento forzado y 6) en ocasiones por el presunto patrullaje conjunto entre Agc y Unidades del Ejército Nacional.

Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas (2006), las agresiones son entonces una forma de retaliación y represión en consecuencia, de una labor democrática, la cual hacen hombres, mujeres y poblaciones diversas que de manera organizada buscan cambiar los contextos de desigualdad. Esta violencia genera indiscutiblemente efectos directos en los contextos organizativos y en la incidencia de lo público.

 


Ataques contra la vida, la integridad personal, la libertad y la labor de defensa de los derechos humanos.

De las 228 agresiones registradas en Antioquia, en por ciento, el 11 fueron contra la vida, 12 contra la integridad personal, 5 contra la libertad y 72 contra la labor de defensa de los derechos humanos.

El derecho a la vida: Según cifras de Indepaz, en Colombia se han registrado 1.286 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), De ese total, 888 han ocurrido bajo el gobierno de Iván Duque y 171 sucedieron en 20217. Antioquia después del departamento del Cauca, es la región con más agresiones contra el derecho a la vida de las personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con los registros del Observatorio sobre el Nivel de Riesgo de la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, en 2021 hubo 25 homicidios y tres atentados. El 90 por ciento fueron en zonas rurales, el otro 10 por ciento en zonas urbanas del Valle de Aburrá: Medellín y Bello. Del total de víctimas 4 eran mujeres y 24 hombres. Bajo Cauca fue la subregión con más número de homicidios (seis casos).

Los paramilitares de las Agc, Caparrapos y los Triana son responsables de 11 casos de homicidio; de otro tanto se desconoce el responsable y en tres casos ha sido el Eln. El 50 por ciento de las víctimas pertenecían al sector comunal, un 28 por ciento estaban ejerciendo liderazgos campesinos (entre ellos están los casos de líderes del Programa nacional integral de sustitución de cultivos –Pnis), un 12 por ciento eran indígenas de comunidades del Occidente y Urabá y el 10 por ciento restante eran sindicalistas o hacían parte de procesos de Veeduría ciudadana.

En cinco casos de homicidio hubo prácticas de desaparición forzada, ya que las víctimas fueron sustraídas de las viviendas o de los lugares donde se encontraban y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en ríos, quebradas o parajes rurales. Los responsables de estos hechos son los paramilitares de las Agc y los Triana; en un caso fue el Eln. Dos de estos hechos fueron en contexto de masacre y la cual afectó a la lideresa Diana Jaramillo del municipio de Bello, quien fue víctima de desaparición forzada, asesinato y desmembramiento, junto con otra mujer y un hombre, y cuyos cuerpos fueron hallados en costales en los límites entre Copacabana y Bello8.

El otro caso en contexto de masacres es el de Luis Hernando Castrillón, en el municipio de Yolombó, quien fue asesinado junto a su esposa María Piedad Ramírez, y su hijo Esneyder. Otra de las víctimas fue Fray Zapata, un joven con dificultades cognitivas9.

Desde 2018, la Organización Indígena en Antioquia –OIA, la Iglesia Católica10, la CIJP11, el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos12 denunciaron la grave situación de Dabeiba y Murindó, especialmente porque los grupos paramilitares, la insurgencia y el Ejército Nacional, disputan estas zonas, poniendo en grave riesgo a las comunidades indígenas. Pese al llamado de NO sembrar más minas en las comunidades, durante 2021 una lideresa indígena13 y un guardia indígena14 perdieron la vida al pisar estos artefactos.

Un leve respiro. Respecto a 2020 hubo un tenue descenso en las cifras de homicidios, pasando de 27 casos, a 25, no obstante, es preocupante la persistencia de los homicidios en Bajo Cauca, aunque estos también disminuyeron, pasando de 14 casos en 2020 a seis en 2021, descenso que puede explicarse por la actual hegemonía de las Agc frente a los Caparrapos y el declive que esto implica para la confrontación armada pero no así para el desplazamiento forzado de líderes y lideresas en esta zona, el cual aumentó. En el Oriente también hubo un descenso en los casos de homicidio, en el cual se reportaron tres casos el año anterior, para 2021, se presentó un caso.

 

 

Un aire que no se inhala igual en todas partes. Es así como en la subregión Norte del departamento, los homicidios aumentaron pasando de un caso en 2020 a cuatro en 2021. En Occidente se presentaron dos casos, mientras que en 2020 no hubo reportes. En el Nordeste (2020, 3 casos), Urabá (2020, 2 casos) y Valle de Aburrá (2020, 2 casos), aumentaron los homicidios, en un caso por cada subregión. En el Suroeste no hubo aumentó, se registró un solo caso, idéntico que en 2020.

Durante el 2021 se registraron tres atentados. En dos casos el responsable es desconocido, y el otro corresponde al grupo paramilitar AGC. De la totalidad de los casos, dos fueron contra líderes sociales, las víctimas fueron abordadas en caminos veredales y amenazadas. Posteriormente los victimarios les dispararon. El tercer ataque fue contra un periodista asociado a la Fundación para la libertad de prensa –Flip–, que residía en la ciudad de Medellín: “El día de los hechos la víctima se encontraba en su vivienda, en donde está ubicada también la sede de la emisora, hasta ese lugar llegaron ocho hombres armados, que se movilizaban en cuatro motos. Los hombres dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda e intentaron ingresar a la misma. El periodista se encontraba en ese momento al interior de la casa con su esposa y su hijo, quienes resultaron ilesos”15. La víctima había recibido amenazas días antes del atentado.

Derecho a la integridad personal: Durante 2021 se registraron 29 ataques contra el derecho a la integridad y la dignidad ocasionando daños y afectaciones físicas y psicológicas en las víctimas. Entre estos se encuentran 26 casos de Ttcd y de violencias basadas en género (12 mujeres, 11 hombres, y 3 colectivas) perpetrados por la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional y tres víctimas de lesiones personales –heridos.

Sobre las Ttcd perpetradas durante el desarrollo del Paro Nacional 2021, debe señalarse que este dispositivo de poder-acto político16 fue generalizado en los contextos de protesta, buscando con ello no solo generar sufrimiento-dolor-terror en las víctimas sino también disciplinar tanto a manifestantes, No manifestantes (ciudadanía en general) y a las y los defensores, buscando que estos últimos abandonaran su actividad de documentar, grabar, denunciar, exigir el respeto de las garantías fundamentales en los contextos de movilización y acompañar a las personas detenidas y/o judicializadas.

Los casos de Ttcd fueron documentados ampliamente no solo por las organizaciones de derechos humanos y las Comisiones de Verificación en terreno, sino también por las tres Misiones Internacionales que hicieron presencia en el país en 2021 (Misión Argentina, Misión Catalana y Misión S.O.S) y la Visita de Trabajo de la Cidh. En el caso de Antioquia, se denunció 205 casos de Ttcd contra manifestantes, con responsabilidad principal del Esmad.

En lo que respecta a las personas defensoras, de Atención Pre Hospitalaria –APH– y de medios alternativos de comunicación, sistemáticamente fueron víctimas de violencia física y psicológica por parte de la Policía Nacional-Esmad quien en diversas ocasiones puso en riesgo la vida e integridad de estas, al lanzarles gases lacrimógenos, perseguirlos con sus motos, apuntar y disparar con sus armas de dotación contra los cuerpos y rostros de las y los defensores cuando estos reclamaban que se ciñeran a los protocolos, cuando se atendía por parte de APH a los manifestantes heridos o se grababa la violencia estatal. De estas actuaciones se reportaron cinco casos de gravedad.

 

 

Las mujeres defensoras fueron agredidas constantemente, además de sometidas a violencias basadas en género, ya que era constante los insultos sexistas y denigrantes; además de infantilizarlas y desconocer su labor, solo por el hecho de ser mujeres. También se documentaron casos en los que la Policía Nacional (Fuerza disponible) y el Esmad golpearon con sus macanas a hombres y mujeres de las Comisiones de Verificación para húrtales los celulares, cámaras de video y fotográficas donde había evidencia de su comportamiento arbitrario.

En uno de los casos de Ttcd, participaron civiles sin identificar: “Siendo las 5:40 p.m. en el viaducto entre las estaciones del Metro Cisneros y San Antonio, la Fuerza Pública presente, en connivencia con civiles armados de palos y varillas, deliberadamente acorralaron y atentaron contra las defensoras y defensores de Derechos Humanos, prensa y APH de las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil, hurtando sus celulares, golpeándolos con bolillos, electrocutándolos con taser y agrediéndoles psicológicamente”.

En el contexto rural, en la zona rural de Anorí la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia, denunció en varias ocasiones los ataques por parte del Esmad, la Policía Antinarcóticos y Ejército Nacional a los Refugio Humanitarios que decidieron construir a raíz de los operativos de erradicación forzada en algunas veredas17. En ese contexto, en el mes de octubre la lideresa Luz Mery López fue retenida por efectivos del Esmad cuando se encontraba cargando agua para el Refugio, posteriormente fue sometida a Ttcd y obligada a subir por un peñasco, a lo cual ella se rehusó. En este caso se denunció también señalamientos y estigmatización por parte de la fuerza pública contra las directivas de la Asociación18.

En este conjunto de hechos de Ttcd, cuyos responsables son agentes estatales, no se conoce de avances en las investigaciones disciplinarias ni penales, generando un marco de impunidad. Además, con la implementación de la Ley 2197 del 25 de enero de 2022, mal llamada de seguridad ciudadana, el mensaje para el país ha sido claro, No habrá sanciones ni limitaciones a la actuación arbitraria de los agentes de Estado –Policía Nacional, por el contrario aumentaron las penas contra las y los manifestantes– en la protesta social y se han legalizado nuevamente las acciones contrainsurgentes de estructuras paramilitares y de civiles a quienes les permiten dotarse de armas para que, bajo el eufemismo de la defensa de la propiedad privada, ataquen a las personas manifestantes.

En lo que respecta al tema de las lesiones personales, se contabilizan tres casos. En dos de ellos no pudo establecerse los responsables (Norte y Valle de Aburrá); y en el tercer hecho se responsabilizó al Ejército Nacional (Bajo Cauca). Una de las víctimas hacia parte de la Mesa de Trabajo de la Población Lgtbiq+ y fue herido con arma blanca en el municipio de Bello.

Derecho a la libertad: De acuerdo con el Observatorio sobre el nivel de riesgo, 5 mujeres y 7 hombres defensoras y defensores de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente cuando realizaban su labor en contextos de protesta social en el Valle de Aburrá, no solo en el marco del Paro Nacional, sino también en contextos de desalojos. Estas detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía Nacional. En tres casos se presentaron Ttcd.

Estas detenciones arbitrarias han sido una práctica continua con el propósito de coartar el derecho a protestar y, de paso, vulnerar múltiples derechos individuales en un intento de amedrentar a quienes se movilizan y defienden los derechos humanos, desconociendo lo contemplado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se establece que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, lo que es reiterado en el artículo 25 de la Declaración Americana “Derecho de protección contra la detención arbitraria” y en el artículo 7 “Derecho a la Libertad” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se consagra “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

En lo que respecta a la desaparición forzada, como se dio cuenta en el apartado del derecho a la vida, en cinco casos las víctimas fueron desaparecidas forzadamente antes de ser asesinadas. En agosto de 2021 se denunció la desaparición forzada del líder y gestor cultura de Cañasgordas (Occidente), Ramón Emilio López, quien fue visto por última vez el 29 del mismo mes en compañía de Jesús Emilio Mazo mientras realizaban una caminata ecológica hacia el Alto del Águila. En el territorio donde fueron desaparecidos tienen presencia: Ejército Nacional, Eln, AGC y disidencias de las Farc. Pese a los llamados de las organizaciones al Estado y demás actores para determinar su paradero no se tiene ninguna información hasta la fecha.

Como se constató en el marco del Paro Nacional, existió la práctica de la desaparición forzada en el Valle de Aburrá, donde se reportaron 242 personas desaparecidas, de 188 ya se estableció su paradero (todas vivas), en los restantes casos no. En este contexto, debe decirse que muchas de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, sometidas a Ttcd e incomunicada por horas y hasta por días. Los principales responsables son la Policía Nacional pero también se han reportado casos del Ejército Nacional19.

Derecho a defender los derechos humanos: En 2021 se registraron 169 casos de agresión contra esta labor legítima reconocida y garantizada por instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Del total, 63 fueron contra hombres, 57 contra mujeres, 2 contra Lgbtiq+ y 47 fueron agresiones colectivas. Las amenazas continúan siendo la principal práctica para generar temor y tensión entre quienes se dedican a actividades democráticas y organizativas en los territorios.

En cuanto a los responsables, se tiene que en 56 casos se desconoce el autor, en 54 son las estructuras paramilitares de las Agc, Caparrapos, Mondongueros y Oficina del Valle de Aburrá; en 50 casos fue la Policía Nacional, principalmente el Esmad en contexto de protesta social. En tres casos la responsabilidad recae en las Autoridades Civiles del Valle de Aburrá (Secretará de Educación de Itagüí), Oriente (funcionarios de la Alcaldía de Rionegro) y del Suroeste (Alcalde de Támesis). Las disidencias de la Nueva Marquetalia son responsables de 3 agresiones, el Eln de una agresión, al igual que la Seguridad Privada.

Mientras en 2020 se reportaron 67 amenazas individuales y colectivas, en 2021 fueron 83 casos. En el 48 por ciento se desconoce los responsables, en un 44 por ciento la responsabilidad es de las estructuras paramilitares, el restante porcentaje es de la Policía Nacional, el Eln, las disidencias de las Farc y Seguridad Privada. Permanentemente se ha denunciado que las amenazas, tanto individuales como colectivas, pocas veces son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Como lo han advertido los líderes y lideresas, las amenazas son generalmente la antesala de los homicidios y desapariciones forzadas.

Respecto a los móviles de las amenazas, se ha conocido que: 1) reciben estas amenazas porque se oponen a los intereses de los grupos armados tanto legales como ilegales, 2) porque denuncian la actuación arbitraria de los actores armados tanto legales como ilegales, 3) porque luchan por el Pnis, 4) porque se movilizan y participan de las protestas sociales 5) porque son señalados de pertenecer a la guerrilla 6) por realizar acciones humanitarias como levantar los cuerpos de personas que han sido asesinadas y 7) por denunciar los megaproyectos y sus daños a los territorios.

 

 

Los desplazamientos forzados de lideresas y líderes sociales también han tenido como antecedente amenazas: en 2021, 22 personas del sector comunitario, campesino, estudiantil, de víctimas e indígena, tuvieron que salir de sus territorios. Cuatro víctimas vivían en zonas urbanas y las restantes pertenecían a la ruralidad de las subregiones del Bajo Cauca (9 víctimas), Norte (4 víctimas), Occidente (3 víctimas), Oriente (2 víctimas) y Suroeste (1 víctima).

El caso de la Asocbac es preocupante, ya que durante 2021 seis de sus integrantes fueron amenazados y obligados a abandonar el territorio. Estas agresiones fueron perpetradas por las Agc. Los cinco líderes y una lideresa desempeñaban cargos en Juntas de Acción Comunal y estaban activos dentro de la Asociación. Pese a los constantes ataques la organización continúa luchando para que el campesinado permanezca en el territorio, por el cumplimiento del punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz y por la defensa de los derechos humanos y la paz completa.

En lo que respecta a la obstrucción a la labor de las y los defensores, como fue documentado por la Corporación Jurídica Libertad, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías, la Campaña No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados y la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, durante los meses de protesta más intensos de la movilización, se registraron 1.772 casos de agresión, de estos, 106 fueron contra la labor de defensoras, defensores, personal médico –APH y prensa.

 

 

Estos ataques se materializaron en empadronamientos, hostigamientos individuales y colectivos, hurtos, extorsiones y daño en bien privado; además de obstaculizar la labor de personal médico, abogados y periodistas, al impedirles cumplir su labor informativa. Todos estos casos son de responsabilidad de efectivos del Esmad, institución también denunciada públicamente por hurtar celulares, memorias de cámaras fotográficas de las y los defensores de derechos humanos y periodistas. En otros casos provocaron daños a los equipos de los medios de comunicación como forma de borrar la evidencia que había sobre brutalidad policial.

En los seis casos de señalamiento individual y colectivo, resaltan los que afectaron a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Asociación Campesina de San José de Apartadó y la Comunidad Embera Eyabida del Río León, quienes continuamente son víctimas de la actuación paramilitar de las Agc. En especial la Comunidad de San José ha denunciado el copamiento paramilitar y a los ocupantes por sus nexos con agentes estatales; también han evidenciado como la estrategia contrainsurgente termina siendo favorable a los intereses extractivos que existente por el tema de los bienes comunes que hay en la zona.

¿Genocidio sin límite?

Como lo constatara el Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP, 2021–, en su sesión 48, en el devenir del cual se estudió y escuchó (testimonios) más de 50 casos de procesos políticos, organizativos y étnicos del país, quienes dieron cuenta de las diversas prácticas de persecución y terror a las que han sido sometidos por parte del Estado y el paramilitarismo. En Colombia ha existido un genocidio político dirigido y continuado desde 1912 contra el movimiento social y político opositor, en resistencia y crítico. Así lo dictaminó:

El genocidio ha tenido proyección específica en distintos sectores del grupo nacional, en particular los movimientos sindicales y campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y los movimientos y grupos políticos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el ambiente, así como a sus respectivos líderes y lideresas. Dicho genocidio se ha manifestado especialmente en sus modalidades de: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial20.

Una de las preguntas que abordó el TPP, fue la razón por la cual tras la firma de los Acuerdos en Colombia y de procesos de Amnistías con hombres y mujeres rebeldes, el país siempre ha asistido a un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden la vida, los derechos, el territorio, la paz y la democracia. Y no es para menos la pregunta, ya que hace 40 años tras varios procesos de diálogo con las insurgencias colombianas, el Estado a través de la guerra sucia y el paramilitarismo declaró como enemigo todas aquellas propuestas políticas y sociales democráticas y críticas como fue la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, organizaciones de derechos humanos, Comunidades Eclesiales de Base, organizaciones que se dedicaban a la defensa de las y los presos políticos y de Víctimas de Crímenes de Estado, a los sindicatos obreros y agrarios, al magisterio, Juntas de Acción Comunal, etc.

Luego de cuatro décadas, y tras haberse alcanzado la firma del Acuerdo de Paz entre las otrora Farc-Ep y el Estado Colombiano (2016), el genocidio continúa, lo que se denomina como “el nuevo ciclo de violencia tras lograr el Acuerdo” ha evidenciado que no importa cuántos documentos de paz se firmen, si las bases que estructuran y ejecutan el genocidio continúan incólumes, entre ellas: la persistencia de la doctrina contrainsurgente que tiene por enemigo a las y los defensores de derechos humanos, la continuidad del paramilitarismo y su relación orgánica con el Estado, la impunidad en los delitos contra las personas que ejercen liderazgos sociales y un aspecto crucial, mientras el régimen político y las élites económicas de este país se coordinen para impedir la implementación del Acuerdo de Paz y las reformas económicas, políticas y sociales que garanticen la construcción de una paz estable y duradera.

 

1 Ver informe la Paz Confinada de la CJL, Fundación Sumapaz, Nodo Antioquia de la Cceeu. 2021. Disponible en: https://bit.ly/3LOkW9x
2 Entre 2020 y 2021 se han registrado por parte del Observatorio Sobre el Nivel de Riesgo ocho incursiones paramilitares en Bajo Cauca, Nordeste y Suroeste con grande movimiento de tropa.
3 Ver boletines de mayo, junio y julio publicados por la Corporación Jurídica Libertad – Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos– Proceso Social de garantías– Campaña No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados – Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.
4 Ver El Colombiano, 02/02/2021, disponible en: https://bit.ly/3rSyzfI
5 Desde junio de 2020, la Corporación Jurídica Libertad y el Proceso Social de Garantías denunciaron ante las autoridades civiles y militares el Plan Mil de las AGC, con el cual buscaban ocupar los antiguos territorios donde hacia presencia las Farc, en Ituango. Estas denuncias no fueron tenidas en cuenta como tampoco la AT del Sistema de Alertas de la Defensoría del Pueblo N° 004-2020.
6 Obtenido de Caracol Radio Medellín: https://bit.ly/3BpOmpr, 30/07/2021.
7 Indepaz. Cifras de la violencia en las regiones. 2021. Bogotá.
8 Lideresa comunitaria fue una de las víctimas de homicidio en el Valle de Aburrá. El Espectador. 21/06/2021.
9 Asesinan a un líder social y a su familia en una nueva masacre en Colombia. RT Noticias, 19/07/2021.
10 Ver revista Semana del 17 de marzo de 2021, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/obispos-denuncian-grave-situacion-humanitaria-de-indigenas-en-murindo-y-mutata-antioquia/202113/
11 Ver denuncia de la CIJ del 27 de marzo de 2020, disponible en: https://bit.ly/3rQL1fQ
12 Ver denuncia sobre la crisis de Murindó del el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, disponible en: https://bit.ly/3GU7zk6
13 La lideresa indígena, Remilda Benítez Domicó de 22 años, fue víctima mortal de una mina antipersonal [...] cuando se desplazaba el 20 de junio con sus 5 hijos en las inmediaciones de los asentamientos de las comunidades EmberaEyabida del resguardo Río Murindó. Obtenido de Contagio Radio: https://bit.ly/3GUtyaN. 29/06/2021.
14 Denuncia de la OIA: “El pasado lunes 5 de julio, el guardia indígena, Higinio Bailarín, escuchó una explosión que llamó su atención, seguida a ésta, a lo lejos, un grito desesperado de auxilio de una mujer, sin dudarlo, decidió salir de su tambo en auxilio de Eulalia Bailarín y justo cuando la estaba atendiendo, detonó de manera accidental otra de las minas antipersonales, que son instaladas en resguardos indígenas de Antioquia, por presuntos integrantes del Eln, violando claramente el derecho a la vida, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y fundamentales de los pueblos indígenas”. Obtenido de ONIC: https://bit.ly/3sCt1VG. 07/ 07/2021.
15 Obtenido de Flip: https://bit.ly/3LG1M5E. 10/06/ 2021.
16 Ver texto: “La tortura en Colombia, un susurro incesante. Impactos psicosociales de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en Colombia”. Prácticas significativas en atención y rehabilitación. Mazzoldi, G –Corporación AVRE. 2011.
17 Ver artículo de Caracol Radio del 15 de marzo de 2021, disponible en: Campesinos de Anorí protestan por erradicación forzada del Ejército; Ver Alerta Temprana N° 2 de 2021 emitida por ASCNA disponible en: https://bit.ly/3gQ63oM.
18 Ver denuncia de: Corporación Jurídica Libertad, Corporación Nibaru, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, disponible en: https://bit.ly/3oRe4yh. 28/20/2021.
19 Ver comunicado de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia alerta sobre 471 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 5 de mayo en Colombia, en el marco del #ParoNacional. 379 de ellas continúan desaparecidas. #DóndeEstán. Disponible en: https://bit.ly/3JzVq5V.
20 TPP. (17 de 6 de 2021). TPP. Obtenido de TPP: https://www.tppcolombia.com/, p. 111.
* Texto elaborado por: Astrid Torres Ramírez, Winston Gallego Pamplona. Integrantes del Equipo de Garantías de la Corporación Jurídica Libertad.

 

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Un triunfo de los movimientos feministas. Colombia. Despenalizan el aborto, posible incluso hasta la semana 24


El fallo cayó como crema refrescante sobre una herida que por momentos da muestras de mejoría pero que pese al paso del tiempo no sana del todo. En la tarde del lunes 21 de febrero la Corte Constitucional, luego de meses de dilación (debido a variedad de causas, entre ellas el impedimento de un juez por haber adelantado ante un medio de comunicación su opinión sobre el particular), falló sobre una demanda interpuesta por Causa Justa, movimiento que “[…] busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida”. Además, Causa Justa “[…] reconoce la urgente necesidad de eliminar el delito de aborto del Cógido Penal como un avance para los derechos de las mujeres”. El movimento es una confluencia de organziaciones, entre ellas: La mesa por la vida y la salud de las mujeres, otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos, entre otras y otros que integran esta coalición.


El fallo de la Corte Constitucional, con sorpresa para muchas y muchos, no solo refrendó el derecho al aborto sin estar condicionado como hasta ahora a malformación del feto o que la mujer corriera peligro o hubiese sido abusada sexualmente, y solo posible hasta la 8 semana de gestación, sino que fue mucho más allá y amplió el tiempo para la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Pensando en prevención del embarazo, los jueces también entregaron una serie de recomendaciones que deben concretarse a través de políticas educativas y de salud pública. (Ver recuadro)


Con este fallo, en un país donde la Iglesia católica como parte del poder que ha propiciado violencia, exclusión, empobrecimiento generalizado, y otros muchos males que marcan al país, ha determinado y deformado por siglos la vida diaria de millones de personas, la máxima instancia judicial marca una tendencia por seguir en América Latina y gran parte del mundo. Una decisión que hace honor a la lucha de las mujeres, lideradas por variedad de organizaciones feministas, por el derecho a decidir sobre sus cuerpos.


Como lo aseguró Causa Justa, organización que interpuso la demanda que llevó al alto tribunal al fallo acá comentado, y una vez conocido el mismo: “La decisión supone un avance en el reconocimiento de la libertad y autonomía reproductiva y sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio de todo el continente. El fallo también trae beneficios a las y los prestadores de servicios de salud, pues podrán realizar el procedimiento de aborto/IVE hasta la semana 24 sin enfrentar la amenaza de una persecución penal”.


Causa Justa enfatizó a través de Ana Cristina González Vélez, una de las pioneras del movimiento, que: “Seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente. Los plazos sin duda reconocen en cierta medida la autonomía de las mujeres hasta una cierta etapa del embarazo, pero no se sustentan en razones científicas y niegan la capacidad de las mujeres para decidir como sujetos morales plenos”.


Lo decidido por los jueces da cuenta de la situación de violencia que afecta a la mujer colombiana, país donde la marca del patriarcado aún se siente en el día a día por todos sus poros, y en particular por medio de violaciones, país donde menores de edad son madres precoces. Por ejemplo, según datos oficiales, en 2020, al menos 4.268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres, en muchos casos por acto sexual no consentido. Colombia, país donde el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna y donde el 10 por ciento de los 400.000 abortos que se realizan al año, son llevados a cabo en condiciones de clandestinidad y sin garantía de condiciones sanitarias.


Por último, llamó la atención de este fallo que entre los 4 votos emitidos en contra de reconocer este derecho figuran los de tres mujeres, las magistradas: Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Evidenciando, de esta manera, que no por el simple hecho de ser mujeres se lucha a favor de ellas. O lo que es lo mismo, que el feminismo no es una prolongación del género sino, y esto es lo fundamental, una construcción social, cultural, política, una opción ante la vida, en lucha contra el poder, el capitalismo, el patriarcado, el sexismo, la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenimo, lucha por igualdad de derechos y condiciones de vida que su par masculino. Una lucha que se libra a la par de otras muchas y en unión de todas las personas por erradicar de la faz de la Tierra la opresión, la explotación, la injusticia, la desigualdad social, entre otros muchos males que son consustanciales al capitalismo y al poder en general.

 



La Corte Constitucional no solo decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, sino que también llamó al poder legislativo y al gobierno nacional para que diseñen y pongan en marcha una política pública frente al derecho aprobado. La Corte llamó a que este proceso se surta en el menor tiempo posible, sin que el tiempo que se tomen para ello implica la no realización del derecho que instituyeron. Derecho para hacer real la dignidad y los derchos de las mujeres gestantes.


Para el diseño de esa política pública la Corte marcó seis aspectos básicos por tener en cuenta:


— La divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo
— La eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia.
— La existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación
— El desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas.
— Medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras.
— Medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.

Publicado enColombia
Nicaragua: Hugo Torres y las torturas sufridas por los presos políticos

En un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa (https://www.laprensani.com/2022/02/18/opinion/2953314-companero-hugo-torres), Humberto Ortega destacó los hitos que como guerrillero logró el general de brigada en retiro Hugo Torres, incluida la operación con la que se logró la liberación de varios presos políticos de la dictadura de Anastasio Somoza en 1974, entre los que se encontraba Daniel Ortega.

“El más inhumano de sus encierros (de Daniel Ortega), durante siete años, logra alivio a las duras condiciones carcelarias y visitas familiares, gracias a las luchas de las ejemplares madres de reos políticos acusados de terroristas, entre ellas, doña Lidia, nuestra madre”, describe. Además, resaltó que en sus últimos días, Torres no rehuyó al sacrificio y a la cárcel, en su lucha cívica. “Una vez más demuestra sus convicciones revolucionarias, y muere, como cualquiera a su edad y condiciones físicas, al ser expuesto en el cruel encierro”.

En el mismo artículo, el exjefe del Ejército también pidió por la liberación de los presos políticos, que describe como “un punto inicial de un proceso que resuelva la crisis en Nicaragua”.

“Este lamentable, doloroso desenlace de un compañero de luchas debe contribuir en la ruta de solución a la crisis política que padece nuestra patria, que requiere urgentemente un clima de reconciliación, que lo genera de ser puestos en libertad los encarcelados políticos, por medio de cualquiera de los instrumentos jurídicos, legales requeridos”, escribe.

En julio de 2021, Humberto Ortega  se refirió a los presos políticos de su hermano y aseguró que “estos que están detenidos no son terroristas, no han atentado en contra de la estabilidad del país; simplemente son opositores que tienen su punto de vista como yo lo tengo”. Asimismo, señaló con firmeza que el mismo podría ser catalogado como terrorista o traidor a la patria por las críticas que hecho a su gestión.

Dos años atrás, cuando el régimen de Daniel Ortega comenzó a detener a los primeros presos políticos, Humberto también se pronunció y en consecuencia su hermano mayor lo acusó de ser un peón de la “oligarquía” y del “imperio”.

Ejército de Nicaragua guarda silencio

Días antes de la misiva de Humberto Ortega, cinco exmilitares de alto rango entre ellos dos generales en retiro, un coronel, un teniente coronel y un alto oficial también reaccionaron con indignación ante la muerte como preso político del general de brigada en retiro Hugo Torres. En una entrevista publicada en Confidencial, cuestionaron el “silencio y la cobardía”, de la institución militar, que no reconoció los méritos de uno de los fundadores del Ejército.

“No puedo imaginar más crueldad que a un héroe a sus 73 años lo dejen morir bajo prisión, me cuesta imaginar en qué corazón cabe semejante odio, sabiendo que está enfermo de gravedad no lo dejan reposar los últimos días en su casa al lado de sus hijos”, reclamó un oficial en retiro, que pidió mantener su identidad en el anonimato.

Asimismo, destacaron que en las filas del Ejército hay un profundo silencio como reacción a la muerte de Torres, pues a lo interno se conoce “la calidad intachable del militar” que fue.

“El silencio en el Ejército es debido a lo ocurrido a Hugo Torres y a Carlos Brenes, la persecución, la tortura y el encarcelamiento. El silencio es debido a una gran prudencia y temor entre la oficialidad actual”, señaló un exgeneral del Ejército.

Confidencial consultó al Ejército de Nicaragua su posición institucional ante la muerte de un general en retiro, fundador de la institución, preso político del régimen desde el 13 de junio de 2021, pero no obtuvimos ninguna respuesta. La institución ni siquiera emitió una nota de condolencia a los familiares.

Publicado en Confidencial el 18/02/2022

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Los presos políticos en Nicaragua están en peligro de muerte

 Señoras y señores miembros del Consejo Permanente de la OEA, estoy aquí para informarles sobre la grave situación que enfrentan los presos políticos en Nicaragua. No estoy exagerando cuando les digo que muchos de ellos están enfrentando una situación de vida o muerte; hoy día, la vida de 177 presos políticos está en manos del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por esa razón, he venido a pedirles que hagan todo lo posible para evitar que haya más muertos. Como ustedes bien saben, el régimen de Ortega y Murillo ha sido claro en expresar su rechazo a encontrar por la vía pacífica una solución al conflicto en Nicaragua. Por el contrario, ha incrementado la represión, los crímenes de lesa humanidad, y las graves violaciones de los derechos humanos. El régimen está convencido que la comunidad internacional no va a responder proporcionalmente a sus acciones. ¡Hay que demostrar que están equivocados!

La muerte de Hugo Torres

La repentina y misteriosa muerte del General de Brigada en retiro Hugo Torres, el pasado 12 de febrero, ha impactado a la opinión pública en Nicaragua y a nivel internacional. Hugo Torres pasó de ser un heroico dirigente Sandinista que rescató de la prisión a Daniel Ortega en los años 70, a ser una víctima más de la dictadura de Ortega.

La doctora Vilma Núñez, de la organización de derechos humanos CENIDH, planteó varias interrogantes sobre la muerte de Hugo Torres en una reciente entrevista en La Prensa: Hugo Torres fue capturado el 13 de junio del 2021. Su captura fue ilegal, arbitraria, sin orden judicial y con violencia. Fue trasladado al centro de seguridad conocido como El Chipote, y lo mantuvieron incomunicado de sus familiares. Fue sometido a torturas, a tratos crueles e inhumanos. No le permitieron que sus familiares le suministraran alimentos, y fue sometido al racionamiento del sistema judicial. Los familiares indicaron que Torres era una persona sana antes de ser detenido. Muchos de sus compañeros mencionaron que no era una persona que se doblegara en la cárcel, él era un hombre disciplinado y hacía ejercicios a menudo.

Repentinamente, Torres empezó a ponerse mal en la cárcel, se le inflamaron las piernas a tal punto que ya no podía moverse por sí mismo. Algunas veces llegó a verlo un médico del centro de seguridad. No se sabe cuánto tiempo estuvo en esa situación, hasta que un día se desmayó y fue cuando finalmente lo sacaron. “Nunca informó Auxilio Judicial que este reo que estaba bajo su resguardo y competencia en El Chipote que fue trasladado a un hospital” denunció la doctora Vilma Núñez.

Rumores de la hospitalización de Torres y su grave estado de salud circularon entre diciembre de 2021 y en los primeros días de 2022. El CENIDH junto a otras organizaciones exigieron públicamente que se revelara dónde estaba Torres y las circunstancias. Pero jamás hubo una respuesta. Según la doctora Núñez, ahí está lo anómalo, ¿por qué se lo llevaron escondido, que ocultaban? Se lo llevaron violando el debido proceso legal, cometiendo más abusos de autoridad ya que un reo que está bajo la jurisdicción de la Policía no puede ser trasladado a otro lugar porque se les ocurre.

El régimen ha manejado el caso de Hugo Torres en absoluto secreto. No ha habido un dictamen médico legal que indique la causa de su muerte. Hasta los médicos del hospital están siendo omisos en sus responsabilidades y ningún juez ha ordenado un diagnóstico sobre este caso.

Los riesgos de los presos políticos

Los presos políticos en Nicaragua están corriendo riesgo de muerte. Su situación en las celdas de los diferentes centros del Sistema Penitenciario es cada día más grave y preocupante. Hoy día hay 177 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, y 10 de ellos están presos desde antes del estallido sociopolítico del 2018.

A partir de mayo del 2021, el régimen incrementó la persecución a candidatos presidenciales, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociopolíticos y cualquier persona que exprese una opinión en contra del régimen. En ocho meses, la policía ha apresado ilegalmente a 55 personas pasando de 112 personas presas políticas a 167. De este total, 154 son hombres y 13 son mujeres. Una persona tiene menos de 20 años. 72 personas están entre 20 y 34 años. 41 personas entre 35 y 49 años. 38 personas entre 50 y 64 años; y 15 personas tienen entre 65 y 79 años.

Cada una de las detenciones ilegales que se han llevado a cabo en los últimos años en Nicaragua están llenas de graves violaciones a los derechos humanos, como el uso desproporcionado de la fuerza durante la captura, detenciones por policías y parapolicías sin orden judicial, desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación, recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley.

Tras ser capturados, los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas. Los presos políticos continúan secuestrados en distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, como la cárcel El Chipote y La Modelo, conocidos por ser centros de torturas. Las torturas: Los prisioneros políticos están sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos, y degradantes: Recluidos en condiciones de máxima seguridad, aislamiento y castigo con acceso restringido al sol.

Están expuestos a condiciones infrahumanas, sus celdas tienen poca ventilación y durante el día las temperaturas son muy altas. Hay 44 personas en celdas de diferentes tipos de reclusión en aislamiento, viviendo bajo esas condiciones. Mantener a prisioneros en estas circunstancias por períodos prolongados constituye no solo tortura, si no que tortura agravada.

Tenemos el ejemplo de cuatro mujeres defensoras de derechos humanos y activistas políticas: Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona, que permanecen desde hace más de 8 meses en casi absoluto aislamiento, enfrentando restricciones de visita de sus familiares. Uno de los aspectos más deplorables es la falta de atención médica adecuada para los presos políticos, lo cual está poniendo en peligro sus vidas. El panorama se vuelve más crítico ante la pandemia del COVID, el hacinamiento, la insuficiente atención médica y muchas veces la restricción a paquetería, hace que la situación se vuelva crítica para ellos. En últimos meses al menos 48 de las 96 personas que se ha monitoreado por las organizaciones de derechos humanos en el país han tenido COVID o síntomas relacionados al virus. Actualmente 11 presos políticos de distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional están con síntomas de COVID y sin recibir atención adecuada.

El racionamiento de la alimentación y su poco contenido nutricional ha causado drásticas pérdidas de peso y daños permanentes a la salud poniendo sus vidas en peligro. Por ejemplo, el caso de José Pallais, quien ha perdido 90 libras, lo que ha puesto su vida en grave riesgo por ser hipertenso, diabético y tener apnea del sueño. El pasado 15 de febrero durante su juicio, Pallais se descompensó y desmayó. Hay muchos otros casos de violaciones a la salud y bloqueos a una adecuada atención médica.

Muchas son las historias que podría relatar sobre las deplorables situaciones de las presas y los presos políticos. Entre las situaciones más graves están tres personas que son sobrevivientes de cáncer y ameritan una serie de atenciones especiales por su estado como adultos mayores: Edgar Parrales, Evelyn Pinto y Marvin Vargas, este último está en máxima seguridad en la Modelo.

Padecimientos como enfermedades renales, síndrome nefrítico, convulsiones, derrame cerebral, como el caso de Don Eliseo de Jesús Castro de 57 años quien se encuentra en cuidados intensivos desde hace dos meses y otros casos de depresión y pensamientos suicidas, como el de Róger Reyes (abogado defensor de Félix Maradiaga, también preso político) que presenta pérdida de memoria y psicosis.. Dentro los padecimientos de salud de los presos políticos están enfermedades de cáncer, parkinson, padecimientos del corazón y del sistema circulatorio, así como problemas de la vista. 44 personas sufren con algún problema asociado a estas enfermedades. Debido a las terribles condiciones y el tiempo en la cárcel, muchas de sus enfermedades se han agudizado. Mientras más pasa el tiempo, el deterioro de su salud continúan y en algunos casos hasta ha provocado la muerte.

Se conoce que por lo menos cuatro presos políticos han tenido que ser hospitalizados por complicaciones de salud, incluyendo el caso de Hugo Torres. Esto es una situación de gran preocupación para muchos de nosotros, pensar que la vida de personas que han levantado sus voces para rescatar la democracia en Nicaragua corre riesgo de muerte.

No se puede seguir permitiendo que las familias nicaragüenses continúen sufriendo. La situación en que viven los familiares de las presas y los presos políticas es lamentable. Son asediados, reciben malos tratos en los Sistemas Penitenciarios y se les niega acceso y comunicación con sus familiares. Como es el caso de Max Jerez, a quien la Policía le negó la visita a su madre estando enferma y no le permitieron asistir a su entierro. La misma situación le sucedió a José Adán Aguerri, a quien tampoco le fue permitido asistir al entierro de su madre. Esta es una clara violación a la legislación de Nicaragua. Todas estas formas de tortura están siendo usadas para tratar de quebrantar la moral de los presos políticos.

La violación al debido proceso y la impunidad

La impunidad en la que se encuentra el país incluye la transgresión al debido proceso legal. Primero, los juicios políticos se están realizando fuera del sistema judicial: dentro de las cárceles mismas. esta es una violación al artículo 121 del código penal. Segundo, el régimen ha dado órdenes directas a jueces pro-Gobierno de rechazar todo tipo de argumentación legal de parte de la defensa, de refutar la solicitud de eliminar información presentada como evidencia por no ser vinculante a la ley, y de utilizar como testigos a policías que desconocen del caso y que fueron instruidos y preparados para dar testimonios falsos. Por ejemplo, la policía aduce que la prueba de promover injerencia extranjera por parte de los jóvenes activistas en una foto con el secretario general Luis Almagro! o tuits llamando a un estado de derecho, o fotos con personas notables como Laura Chinchilla, o José Manuel Vivanco.

Bajo estos términos a 30 personas le han sido ya impuestas penas de 8 y 15 años. 27. Tercero, el entorno en el que se produce el proceso judicial en un marco intimidador. La policía realiza requisas a familiares y abogadas mujeres con acoso sexual, concentración policial en los lugares donde se realizan las sesiones. Esta transgresión evidencia la magnitud de castigos crueles e inusuales típicos de la impunidad del régimen.

Me uno a los llamados de las diferentes organizaciones que demandan (la Organización Víctimas de Abril, Grupo Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Pro liberación de Presas y Presos Políticos, y Familiares de presos políticos en El Chipote desde mayo 2021) por la inmediata liberación de los presos y las presas políticas en mi país.

Yo acuso al dictador Daniel Ortega y a su cómplice Rosario Murillo por las condiciones inhumanas en las que se encuentran las presas y presos políticos. Sus vidas corren serio peligro. No queremos más muertes, como la de Hugo Torres (febrero 2022), como la de Eddy Montes (preso político que murió al recibir un balazo el 16 de mayo del 2019, por un custodio en el Sistema Penitenciario Nacional) o como la de Santos Flores (quien denunció a Daniel Ortega por la violación sexual de su hermana Elvia Flores, desde que tenía 15 años), él estuvo encarcelado y torturado desde el 2013. Falleció por causas desconocidas y misteriosas el pasado noviembre del 2021.

En múltiples ocasiones se ha pedido que se autorice al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a evaluar el estado de salud de las presas y presos políticos. Esta solicitud no ha tenido respuesta. Esto viola el memorándum de entendimiento entre el CICR y las autoridades de Nicaragua en el cual se acordó las visitas del comité a los centros de detenciones.

Propongo y solicito: Exigir al Gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a todos los presos políticos y que acepte una misión de alto nivel de Estados miembros, autorizada por el Consejo Permanente de la OEA, con el mandato de visitar Nicaragua para verificar la situación de los presos políticos y seguir abogando por una solución justa y pacífica al conflicto actual. En 1979 el dictador Somoza me permitió visitar las cárceles, acompañando a la Cruz Roja nicaragüense.

Urgir al Gobierno de Nicaragua que de acceso a la Iglesia Católica para visitar y asistir a los presos políticos en las cárceles.

Que el régimen permita una investigación de la CIDH sobre las causas de la muerte de Hugo Torres, y de las condiciones físicas y mentales de cada uno de los presos políticos.

Es de vital importancia que la CIDH y la OACDH de Naciones Unidas, y otras organizaciones de derechos humanos, regresen a Nicaragua.

Es imperativo que los Estados miembros de la OEA transmitan al régimen Ortega Murillo de forma inequívoca que la comunidad interamericana rechaza su actuación dictatorial, sus crímenes de lesa humanidad, sus graves violaciones a los derechos humanos, y sus transgresiones a los principios de la Carta Interamericana

Es urgente convocar una Asamblea General extraordinaria para abordar la situación de Nicaragua y aplicar el Art. 21 contra el régimen.

Hago un llamado a todos los países miembros de la OEA, a ponerse al lado de la democracia y de los derechos humanos, apoyando al pueblo de Nicaragua en estos momentos cruciales de su historia. La comunidad interamericana tiene que decidir si está al lado de la dictadura, o al lado de una población indefensa a la que se le está violando sus derechos fundamentales, y donde se ha producido la ruptura del orden democrático.

Más allá de la OEA, la comunidad internacional debe tomar acciones concretas para demandar la liberación inmediata de los presos políticos y lograr el retorno de la democracia en Nicaragua

En este Consejo están representados gobiernos que también deciden el financiamiento hacia Nicaragua en el BID y en el BCIE (y también el Banco Mundial). El BCIE es el principal sostén financiero del régimen. Es importante que el financiamiento que recibe el régimen sea condicionado al respeto de los DDHH. Cualquier recurso ya aprobado o por aprobarse, debe ser monitoreado por un cuerpo internacional independiente, que asegure el uso correcto de fondos.

Estados Unidos debe de implementar de inmediato el contenido completo de la Ley Renacer, que fue aprobada con respaldo bipartidista por su Congreso. No hay razones para no aplicar de inmediato lo que dicta esa ley.

* Testimonio de Bianca Jagger en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA 18 febrero 2022

Publicado en Confidencial 19/02/2022

Publicado enInternacional
La experiencia de Bélgica reconoce antecedentes en muchos países.

Tras su adopción en Bélgica

Bélgica sorprendió esta semana al anunciar una reforma laboral que incluye la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días por semana. La noticia fue presentada como una oportunidad de dar mayor libertad a los trabajadores, aunque lo cierto es que en el caso belga no se reducen las horas laborales sino que se pueden organizar de otra forma.

La posibilidad de achicar la semana laboral se empezó a discutir en muchos países a raíz de las nuevas formas de trabajo que trajo la pandemia, aunque decenas de empresas en todo el mundo ya lo venían experimentando, cada una a su manera.

Los casos de Bélgica y España

Según el acuerdo alcanzado entre los ministros de la coalición gobernante, que tiene asegurada su aprobación en el Parlamento, el trabajador podrá elegir concentrar sus 40 horas semanales en cuatro días o podrá optar por un régimen semanal variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente.

El caso de España, uno de los primeros países en hablar de semana de cuatro días, es diferente porque a lo que se apunta es a reducir las horas de trabajo, tal como señaló el diputado español Íñigo Errejón, impulsor del proyecto en su país.

"Trabajar 10 horas diarias para librar un día es un atentado a la conciliación y a la calidad de vida. Han ido por el camino contrario" alertó Errejón, aunque se alegró de que la posibilidad de tener tres días de descanso ya no sea un tabú y cada vez más empresas o países lo estén intentando.

El proyecto que impulsa Más País, el partido que dirige Errejón, supone una rebaja de las horas y se le está dando impulso mediante proyectos piloto acordados con el Ejecutivo.

El Gobierno español aportará 10 millones de euros a unas 200 empresas que participarán de la prueba para implantar, este año, la jornada laboral de 32 horas semanales o cuatro días. Se estima que alcanzará a entre 3.000 y 6.000 trabajadores.

Los principales gremios apoyan la medida impulsada por Errejón subrayando que se trata de una "reivindicación histórica del movimiento sindical". La patronal española, en cambio, rechaza ese modelo de trabajo porque teme que afecte la productividad.

Las ventajas de la semana reducida

Sin embargo, según la ONG 4 Day Week Global (4DWG, Semana de cuatro días mundial), aquellos que lo hicieron mejoraron no solo la productividad sino también la salud de los trabajadores y sus familias.

Además, comprobaron que ese esquema también sirve para resolver problemas de igualdad de género, permitiendo un reparto más equitativo de las tareas de cuidado entre madres y padres y favorecieron el camino hacia un trabajo más sostenible.

En diálogo con la agencia Télam, un representante de 4DWG reveló que un resultado inesperado para las empresas fue que les resultó más fácil atraer y retener talento.

El primer país en implementar la jornada reducida fue Islandia, tras una prueba de cuatro años (2015-2019) entre los empleados del sector público de la capital, Reikiavik.

Las 2.500 personas que trabajaron menos horas sin que se les reduzca el salario tuvieron menos estrés y agotamiento, mejoraron su salud y su equilibrio de vida y empleo sin disminuir la productividad y la recaudación del Estado.

Hoy, el 86% de los islandeses trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón horario, algo que los sindicatos ya están negociando.

Más experiencias en todo el mundo

En Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian aprobó la semana laboral de cuatro días desde 2018 y Unilever lo hizo en 2021. En plena pandemia y con las fronteras del país selladas, la primera ministra, Jacinda Ardern, prometió extenderlo a todo el territorio para fomentar el turismo interno y la economía.

En el Reino Unido, en tanto, está en marcha la iniciativa a través de 30 empresas que, si logran su cometido, podrían ayudar a que el Parlamento adopte por ley la semana laboral de 32 horas a nivel nacional.

Suecia, por su parte, probó reducir la jornada laboral en 2015 en varios centros de cuidados de ancianos, un sector al que le cuesta reclutar personal.

Las 70 enfermeras que participaron de una prueba registraron menos licencias por enfermedad, mejores condiciones de salud y aumentaron la productividad. Además, se crearon empleos adicionales y se redujeron los costos de cobertura por problemas de salud.

Sin embargo, los resultados fueron cuestionados por sus altos costos y fue descartado por el Gobierno, aunque algunas empresas, entre ellas Toyota, lo mantienen hasta el día de hoy.

En Japón, Microsoft es la primera en aplicar la jornada laboral de cuatro días y comprobó que los trabajadores mejoraron su productividad en hasta un 40% y aumentaron las ventas, a la vez que redujeron los gastos de electricidad y de tinta y papel, entre otros.

En Estados Unidos y Alemania también son las empresas las que han estado impulsando la reducción horaria, cada una con sus diferencias, como la estadounidense Basecamp, que lo hace solo durante el verano.

En España, en cambio, la empresa que atrajo todas las miradas es DelSol Software, que hace varios años viene practicando este esquema, que se tradujo en mayor rendimiento, más facturación y menor ausentismo.

La situación en Argentina

En el país, donde el tope de horas de trabajo a la semana es de 48 horas, hay en curso dos proyectos para reducir la jornada laboral:

  • El de la diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, que propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales. 
  • El del legislador también del oficialismo y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral con un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales.

Los problemas del exceso de trabajo

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el exceso de trabajo genera pérdidas de hasta un 3% del PBI.

La falta de descanso impacta de distintas maneras: baja la productividad, aumenta el ausentismo, aumenta el riesgo de contraer enfermedades crónicas, cardíacas, cáncer, abortos espontáneos en el primer trimestre y nacimientos prematuros.

Para 4DWG, está demostrado que reducir la semana laboral de 40 a 32 horas funciona para empleados y empleadores.

"Hace 100 años pasamos de trabajar seis días a la semana a cinco", recordó la ONG antes de subrayar que no se debe perder tiempo en esa discusión: "Ya estamos atrasados para una actualización".

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Replantear las políticas de bienestar Dilemas y tensiones entre igualdad y diversidad

La transición tecnológica, la financiarización del sistema, la emergencia climática y nuevas y más complejas formas de desigualdad y exclusión social, ciclos vitales más largos y menos previsibles, concentración urbana y paralela despoblación en otros espacios territoriales obligan a repensar las políticas de bienestar, que fueron concebidas a partir de premisas estatalistas y homogeneizantes. Al mismo tiempo, plantean serios desafíos a la democracia y a las formas de participación política y social.

 

En su obra clave, La gran transformación, Karl Polanyi advertía, en un lejano 1944, que el profundo movimiento de mercantilización de la vida que se había ido generando a lo largo del siglo xix e inicios del xx tuvo como respuesta un contramovimiento, que demandaba protección frente a la pérdida de referentes y capacidades sociales capaces de compensar las dinámicas empobrecedoras y competitivas que el capitalismo generaba1. La renovada difusión del pensamiento y las reflexiones de Polanyi se vincula con la continuidad, con otros formatos y concreciones, de esos dos movimientos en la actualidad. Lo podemos constatar en la dificultad de los Estados para responder adecuadamente a las demandas de protección frente a las incertidumbres, penalidades, miedos y situaciones de empobrecimiento y exclusión que la Gran Recesión de 2008 provocó al agravar los efectos que el neoliberalismo y la globalización desregulada habían ido generando.

Recordemos que la sociedad industrial se caracterizó por una ruptura clara entre trabajo y subsistencia; por fuertes dosis de innovación tecnológica llegada «desde fuera» de las experiencias laborales cotidianas; por dolorosas transiciones de campo a ciudad; por reducción de formatos familiares; y por fuertes segmentaciones en la división sexual del trabajo. Se establecieron con mayor nitidez fases o etapas vitales que separan formación, trabajo y retiro o abandono de la labor asalariada. Fue entonces, a finales del siglo xix e inicios del siglo xx, cuando los poderes públicos asumieron progresivamente labores de protección y de sustentabilidad vital, como una forma de generar transiciones menos conflictivas y socialmente soportables. Las políticas públicas fueron conformándose como la respuesta institucional (bismarckiana primero, del Estado de Bienestar después) a la dimisión forzada de la familia/comunidad con relación a esas tareas de sostén y protección vital. De esta manera, con distintas concreciones y ritmos según los países y las diversas correlaciones de fuerzas, las responsabilidades sobre las (nuevas) «problemáticas» sociales se fueron trasladando de la esfera colectiva-social (familias, comunidad, barrio, lugar de trabajo) a la esfera institucional-individual (ayudas y subvenciones de los poderes públicos, compra/mercantilización de servicios) y se mantuvo al mismo tiempo la responsabilidad del individuo, la familia y la mujer sobre los aspectos de cuidado y atención, con la colaboración económico-sanitaria de los poderes públicos.

En los últimos años se reconfiguran muchos escenarios superpuestos, que generan un auténtico cambio de época, en el que se modifican tanto las trayectorias personales como las de carácter colectivo: transición tecnológica, financiarización del sistema, nuevas y más complejas formas de desigualdad y exclusión social, menores continuidades en ciclos vitales más largos y menos previsibles, estallidos de emergencia climática cada vez más frecuentes, concentración urbana y despoblación en otros espacios territoriales, y como consecuencia de todo ello, nuevos ejes de conflicto político y social.

En ese contexto, se pone más de relieve el desajuste entre esas nuevas complejidades y los sistemas de protección construidos por los Estados-nación con un fuerte contenido homogeneizador. Estos sistemas casan hoy mal con la exigencia de emancipación y autonomía por un lado, y de reconocimiento de la diversidad por otro2. Y es precisamente en ese escenario donde la necesidad de nuevos pactos sociales, que incorporen vínculos entre autonomía, igualdad y reconocimiento de la diversidad, se vuelve patente. Pero, al mismo tiempo, alcanzar estos pactos exige la colaboración institucional con entidades sociales y de acción comunitaria, así como renovar el protagonismo de las ciudades aprovechando el valor de la proximidad. De esta manera, por un lado, se revivifica el papel de las instituciones para reforzar la capacidad de defensa de las condiciones de vida y de subsistencia de la mayoría de la ciudadanía, y, al mismo tiempo, ello no impide poner en pie procesos y dinámicas mutualistas y comunitarias de protección y de cuidado desde abajo.

Políticas sociales y desigualdad persistente

Como sabemos, se tiende a relacionar el nivel de bienestar general de una sociedad con el nivel de desigualdad existente en ella. En este sentido, podríamos afirmar que las políticas de bienestar o políticas sociales son la expresión del poder organizado para responder de forma explícita (tanto política como administrativamente) a los efectos derivados de la economía de mercado. Se busca garantizar así a individuos y familias un mínimo de protección considerado como indispensable, reducir la inseguridad que generan ciertas contingencias recurrentes (enfermedad, falta de trabajo, vejez) y asegurar el acceso universal a ciertos servicios sociales considerados en cada momento y en cada sociedad concreta como indispensables. De esta forma, la existencia de políticas sociales implica el desplazamiento de ciertas áreas del conflicto social a la esfera de la acción pública en su sentido más amplio.

Sin embargo, conviene entender que el bienestar y la cohesión social no dependen solo de políticas sociales que interactúan entre Estado y mercado, o que su impacto no se limita a la mera corrección de desigualdades materiales. En primer lugar, debemos aceptar que el mercado no es el único espacio generador de desigualdades ni es la única esfera social más allá de los poderes públicos. El nivel de bienestar de una sociedad, así como la propia dinámica de actuación de las políticas sociales, se juegan de hecho en el complejo espacio formado por las esferas pública, mercantil, familiar y asociativa. Las políticas sociales, en este escenario, pueden favorecer o no ciertos procesos de mercantilización y pueden contribuir o no a desplazar al ámbito del Estado actividades previamente asumidas por las familias o el tejido asociativo o comunitario. Y puede también ocurrir que las actuaciones que se lleven a cabo terminen operando como factor de mercantilización o de privatización familiarista o comunitaria de funciones o acciones de bienestar anteriormente asumidas por la esfera pública.

Podríamos por tanto afirmar que las políticas sociales son, de hecho, espacios de gestión colectiva de los numerosos ejes de desigualdad (de clase, de ciudadanía, de género, etc.) que atraviesan las diferentes esferas (pública, mercantil, asociativa, familiar) que presentan las sociedades contemporáneas. En la bibliografía más divulgada sobre políticas sociales y Estados de Bienestar, no ha sido habitual tratar sobre las especificidades tipológicas de los modelos de países de Europa del Sur (España, Grecia, Portugal y en parte Italia) y América Latina. A partir de las transiciones democráticas en esos países y de la consolidación de sistemas políticos democráticos, se ha ido produciendo la lenta incorporación, con evidentes diferencias entre ellos, en el universo tipológico de las políticas de bienestar. Para algunos, el modelo de estos países se define sobre todo por los bajos niveles de gasto social, con regímenes de protección social y empleo que tienen incrustaciones social-caritativas.

Lo que constatamos, por un lado, es que los parámetros globales relacionados con pobreza, enfermedad, acceso a la educación y servicios de salud han ido mejorando en los últimos años gracias a la implementación (desigual y parcial, si atendemos a los diversos territorios del mundo) de las lógicas redistributivas y compensatorias ya mencionadas. Pero, por otro lado, los estudios de Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty y otros especialistas han puesto claramente de relieve que la desigualdad interna de los países y la desigualdad global entre ricos y pobres han aumentado, con graves problemas en términos de desocupación y de reducción de las posibilidades de ascenso social3. La globalización, la facilidad de movimiento de capitales y la falta de capacidad para hacer pagar impuestos a las grandes fortunas han roto o debilitado significativamente el pacto redistributivo que estaba en la base de las políticas de bienestar.

¿Tenemos las políticas sociales adecuadas para los tiempos en que vivimos?

Más allá de la pregunta retórica que encabeza este apartado, lo cierto es que, en ese nuevo escenario, marcado por la incertidumbre y la volatilidad, se va produciendo un proceso de reestructuración de las políticas sociales que tiene notables dosis de complejidad y presenta una dimensión múltiple, con ritmos distintos en diferentes áreas geográficas. Como hemos apuntado de forma esquemática al inicio de este artículo, desde diferentes ópticas se ha coincidido en caracterizar este ciclo de reestructuración como una fase de cambio del paradigma social de alcance similar al que representó la transición del Antiguo Régimen al Estado liberal-industrial, o de este al Estado de Bienestar en pleno fordismo.

Desde el punto de vista productivo, el impacto de los grandes cambios tecnológicos ha modificado en su totalidad las coordenadas del industrialismo. La mundialización económica, combinada con la facilidad de comunicación y compra a distancia, ha permitido el aprovechamiento de los costos diferenciales a escala planetaria, desarticulando empresas y plantas de producción. Palabras como «flexibilización», «adaptabilidad» o «movilidad» han reemplazado a «especialización», «estabilidad» o «continuidad». La sociedad del conocimiento y la comunicación busca el valor diferencial, la fuente del beneficio y de la productividad en el capital intelectual y en la conectividad, frente a las lógicas anteriores centradas en el capital físico y humano, pero al mismo tiempo genera precarización y reducción salarial de forma generalizada. Incluso lo que parece estar en juego es la propia concepción del trabajo como elemento estructurante de la vida, de la inserción y del conjunto de las relaciones sociales. En este sentido, las consecuencias más inmediatas de esta reconsideración del trabajo afectan en primer lugar lo que podríamos denominar la propia calidad del trabajo disponible y, en consecuencia, la capacidad del trabajo de seguir siendo el factor clave para la supervivencia y el bienestar. El capital se nos ha hecho global y permanentemente movilizable y movilizado, mientras que el trabajo solo es local, y cada vez es menos permanente, más condicionado por la volatilidad del espacio productivo. El proceso de terciarización ha sido también evidente, reforzado por el paso de tareas antes internalizadas en las industrias y ahora subcontratadas externamente. Por consiguiente, el valor final de un determinado producto incorpora el valor producido por una multiplicidad de figuras laborales que no forman parte de una misma organización: desde las que extraen las materias primas hasta las que las transforman inicialmente, las que diseñan o ensamblan, las que produjeron el software que alimenta la robotización o la logística de distribución, etc. La financiarización de todo el proceso obliga asimismo a integrar en el esquema de análisis los distintos intereses financieros que se asignan a cada fase productiva, y todo ello cruzado además por fronteras nacionales en las que se sitúan esas distintas fases de extracción-diseño-producción-distribución-financiarización. Lo que antes estaba integrado en el universo «fábrica-empresa» queda ahora tremendamente fragmentado y segmentado, a partir de la combinación de distintos regímenes laborales, tipos de contrato y salarios y, por tanto, hay una muy difícil articulación de los trabajadores frente a los intereses corporativos o patronales, a su vez, fragmentados y diversificados, pero todos ellos financieramente dependientes. El resultado final es una sensación generalizada de desprotección frente a los cambios que se van produciendo4. El desajuste entre esta situación y políticas sociales pensadas e implementadas desde otros parámetros y en otro contexto resulta palmario.

Un efecto evidente de todo ello es la proliferación de situaciones en las que determinados colectivos permanecen en situación de pobreza a pesar de estar trabajando. Es el caso de la pobreza laboral, encarnada por los denominados working poor [trabajadores y trabajadoras pobres] o in-work poverty [pobreza activa]. La concepción tradicional del empleo lo situaba como garante del bienestar de manera multidimensional y, en cambio, concebía la pobreza como básicamente ligada al desempleo y a la inactividad laboral5. De esta forma, los sistemas de protección diferenciaban a los colectivos construidos sobre la base de su relación con el empleo, descartando, de alguna manera, que podían acabar mezclándose. Las ayudas se planteaban para quienes no tenían trabajo y, habiendo cotizado, tenían derecho a esa ayuda. Las ayudas no contributivas o asistenciales estaban pensadas para aquellos no trabajadores que presentaban situaciones de necesidad.

Frente a la concepción tradicional de la pobreza entendida como la carencia de ingresos económicos suficientes, los estudios sobre la exclusión social aportaron una mirada multidimensional a las situaciones de dificultad. La exclusión social puede ayudar a describir con mayor precisión el carácter heterogéneo, multidimensional, procesual y estructural de determinadas situaciones de dificultad experimentadas en las sociedades contemporáneas6. Pero, en cambio, genera la necesidad de superar la lógica tradicional de las administraciones públicas de basarse en la jerarquía entre esferas de gobierno y en una división competencial, cuando, de hecho, acomodar la acción pública a la lógica de exclusión exige trabajar de manera más integral (entre esferas de gobierno) y transversal (entre espacios competenciales distintos). Y, además, todo ello funciona mejor si se actúa desde cerca de los problemas, mientras que en general se acostumbra tomar las decisiones significativas en políticas sociales en la esfera del gobierno estatal-nacional, lo que implica decidir desde lejos y, forzosamente, con lógicas homogéneas. Lo cierto es que la gran mayoría de los parámetros socioeconómicos y culturales que fundamentaron durante muchos años la sociedad industrial están quedando atrás, y ello es visible en todas partes. Asistimos a una época de transformaciones de fondo y a gran velocidad. Los vectores de cambio, en cualquier tamaño de la realidad, predominan sobre los factores de estabilidad. Los instrumentos de análisis y reflexión que hemos ido desgranando, y que dieron lugar a lo que se conoce como modelo fordista y keynesiano de bienestar, resultan cada vez más obsoletos. Tenemos problemas sociales específicos del siglo xxi, a los que tratamos de dar respuesta con conceptos y estrategias más propias del siglo xx, y en no pocas ocasiones utilizando instrumentos de administración y control más propios del siglo xix y la concepción weberiana del Estado.

Igualdad, diversidad, autonomía

Las políticas de bienestar se construyeron desde lógicas de respuesta a demandas que se presumían homogéneas y diferenciadas, y se gestionaron, como decíamos, de forma rígida y burocrática. Hoy, en cambio, tenemos un escenario en el que las demandas, por las razones apuntadas más arriba, son cada vez más heterogéneas, caracterizadas por una multiplicidad que parece requerir formas de gestión flexibles y desburocratizadas. Vivimos en un mundo en el que la cuestión de la diversidad como valor va a ser clave, y no podemos olvidar que muchas veces hay una cierta confusión entre igualdad y homogeneidad. Lo contrario de la igualdad es la desigualdad, y lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. Se puede tratar de mejorar los aspectos relacionados con la igualdad entre las personas sin por ello tratar a todo el mundo de la misma forma. Es esta una problemática que afecta a todas las edades y situaciones. Crece la exigencia de que se reconozcan las distintas maneras de ser persona. En cuestiones culturales, religiosas, lingüísticas, pero también de identidad y opción sexual, así como de consumo alimentario, o en decisiones que afecten a la salud y a sus tratamientos, aparece la cuestión de la diversidad.

Las aportaciones desde la perspectiva de la interseccionalidad han tratado de generar un marco en el cual situar las desigualdades sociales y de poder como un tema multifacético y cambiante. Las experiencias de desigualdad y de poder no son unívocas, sino que las identidades de género o las posiciones de clase o racializadas se cruzan y combinan con las distintas situaciones de poder existentes en cada momento o circunstancia. La aportación analítica esencial es que raza, género o clase no pueden ser entendidos como variables singulares, ni tan solo como elementos incrementales de desigualdad, sino como modalidades interconectadas de poder a través de las cuales reconstruir identidades, experiencias y prácticas7. De esta manera, se trató de evitar los problemas de invisibilidad que afectaban al colectivo feminista afroestadounidense en los años 808. Esta orientación exige atender la complejidad de las situaciones de desigualdad en momentos en que hay una exigencia de reconocimiento de las distintas opciones vitales que personas y colectivos ejercen cada vez con más convicción y fuerza, tratando asimismo de entender los escenarios de cambio y de fluidez de situaciones que contrastan con visiones más fijas y esencialistas. Ha crecido la influencia de esta orientación en el debate de las políticas sociales, aunque también se cuestiona que genera una gran fragmentación de situaciones y posiciones que debilita el eje central de conflicto, centrado en el sistema capitalista y su intrínseca consecuencia inequitativa9. La reconstrucción de derechos es prioritaria, pero conviene hacerla desde parámetros distintos a los que impulsaron los paradigmas de la segunda posguerra. Sigue teniendo plena vigencia y perentoriedad la construcción de escenarios de equidad que permitan compensar la desigualdad de condiciones (y, por tanto, la insuficiencia de la lógica de igualdad de oportunidades). Pero ello ha de hacerse compatible con las dinámicas de reconocimiento de la diversidad, ya que parece irreversible la exigencia de que cada quien tenga derecho a ser como quiera ser, siendo al mismo tiempo igual que los demás en su condición de ciudadano. Y todo ello desde el fundamento de la autonomía personal, una autonomía no desvinculada, articulada comunitariamente, para evitar lógicas de individualización sin compromisos ni responsabilidades. La conjunción de grandes cambios sociales genera, como hemos venido insistiendo, nuevas complejidades, y aumentan las incertidumbres. Los padecimientos del día a día de la gente no encuentran acomodo en sistemas de protección pensados e implementados en un escenario distinto, como el que caracterizó la segunda mitad del siglo xx. En muchos países del sur de Europa y de otras partes del mundo, la familia (y la mujer en especial) ha jugado un papel clave no solo de vínculo, sino también de cuidado, seguridad y protección, y se planteó de esta manera en la propia política social10. En la práctica, ello significó que el sistema público de protección no se ocupara de los cuidados, sino que los trasladara de manera informal a las mujeres11. La mayor calificación de las mujeres, la diversificación de los esquemas familiares y el aumento en la necesidad de cuidados como resultado de la mayor longevidad han ido generando una clara crisis en la posible continuidad de ese modelo familiarista. 

Estamos pues ante una crisis profunda de la organización patriarcal de los cuidados, que no es ajena al cambio demográfico. Por otro lado, la cada vez más plural composición cultural e identitaria de las sociedades contemporáneas es una nueva palanca de exigencia de reconocimiento de la diversidad. E incluso la crisis ambiental genera problemas de desigualdad e injusticia, al afectar más a poblaciones que se ven obligadas a vivir cerca de enclaves más vulnerables o que presentan más riesgos para la salud12.

Las crisis de la familia, el trabajo y la naturaleza, además del debilitamiento de la homogeneidad nacional en virtud del fenómeno global de la inmigración, tiene puntos en común y tiene, además, dinámicas que interactúan unas con otras. La conjunción de tales dinámicas va poniendo en aprietos a las respuestas estrictamente basadas en el mantenimiento de las lógicas tradicionales de las políticas sociales o las recetas neoliberales cada vez con menor recorrido. Se necesitan respuestas que reconozcan la interdependencia entre políticas sociales, políticas de necesidades básicas y políticas de sostenibilidad, en un marco general de reconocimiento de la diversidad. La aproximación interseccional puede ayudar a identificar mejor situaciones de exclusión y desigualdad y, al mismo tiempo, facilitar alianzas entre distintos sectores que, de no tener ese marco común, tendrían más dificultades en reconocerse y actuar de manera conjunta13.

¿Crisis de la democracia?

En definitiva, los interrogantes planteados son muchos y no solo afectan a los fundamentos y el despliegue de las políticas sociales, sino que además, por la propia concepción de la democracia como una forma de gobierno en la que el funcionamiento del sistema reposa sobre un «nosotros» común y equitativo, afectan a la misma democracia. La fuerte erosión de los valores democráticos de igualdad y, por ende, de representación, ante la dificultad de mantener la capacidad redistributiva y protectora de manera generalizada, por un lado, y la indudable capacidad de las elites financieras para influir en todo tipo de decisiones en cualquier parte del mundo, por el otro, han colocado al sistema democrático en una difícil situación. Si se sigue de cerca la bibliografía académica sobre el estado de la democracia en el mundo, se observa que ese tipo de afirmaciones no son en absoluto nuevas. La democracia es una sucesión de experiencias históricas que nunca ha tenido una vida fácil, y que siempre ha tenido que vérselas con multitud de adversarios. De hecho, como afirma Nadia Urbinati, la democracia nació al mismo tiempo que sus adversarios14. Pero si bien todo ello es cierto, también lo es el hecho de que últimamente han proliferado los ensayos que apuntan a que la crisis actual de la democracia es más bien aguda o incluso terminal15.

Las sombras que ese conjunto de reflexiones proyecta sobre el devenir democrático son muy importantes. La gente se siente más vulnerable, tiene más temor en relación con el futuro, no acaba de ver cómo colocarse en un contexto crecientemente segmentado, fruto de una explosión de diversidad, y no percibe que el mensaje que le llega desde el poder constituido muestre claridad y proyecte una perspectiva creíble y sólida. La situación es preocupante, en el sentido de que esa fatiga democrática puede verse reforzada y alimentada por quienes no tienen capacidades para hacer frente a la situación por sí mismos y simplemente confían en que las instituciones públicas sigan manteniendo su dinámica de protección. Pero precisamente esa lógica de protección es demasiado genérica y no logra dar respuesta específica a la diversidad de preocupaciones que emergen. La política sigue siendo necesaria en ese escenario aparentemente bloqueado. Una política que solo puede ser democrática si queremos evitar los autoritarismos de signo distinto, autoritario populista o jerárquico tecnocrático, pero autoritarismos al fin. La política democrática ha de recuperar capacidad de protección y ha de hacerlo de manera no jerárquica ni patriarcal. Deberíamos ser capaces de lograr salidas colectivas a las emociones individuales sin posibilidad de conexión. Vivir en igualdad no significa ser homogéneamente iguales, ni excavar sin cesar en lo que nos diferencia. Implica aceptar ese vivir entre semejantes, querer vivir en igualdad reivindicando mi ser distinto y aceptando el de los demás. Se trata de una democracia reforzada desde la aceptación de su complejidad y de una incertidumbre que nos ha acompañado siempre como género humano16.

En esa encrucijada, hay quienes apuestan por la necesaria complementariedad entre un capitalismo avanzado tecnológicamente y un sistema democrático que siga garantizando protección, un sólido sistema de derechos y libertades, y la promesa de un cierto ascenso social en términos de bienestar para las generaciones futuras17. Mientras que la tendencia a salidas autoritarias y de rechazo a una globalización y cambio tecnológico que se perciben invasivos y contrarios a las propias raíces se extiende como una reacción airada, que se expresa muchas veces en otros campos, como el emocional o en la propia identidad de género18.Las coordenadas estructurales que exigen la economía del conocimiento y la innovación digital no solo no deberían poner en cuestión el sistema democrático, sino que más bien nos harían ver la necesidad de sus valores y de la capacidad de equilibrio social que incorpora para poder desplegar todo el potencial de esos nuevos parámetros de desarrollo. La dinámica competitiva inherente al capitalismo, y más en momentos de «destrucción creativa» como los actuales, no es capaz de hacer frente a los problemas de decisión colectiva que se plantean en sociedades socialmente avanzadas. Y, al mismo tiempo, los grandes decisores de la esfera económica no pueden simplemente amenazar con marcharse a espacios más propicios y con menos exigencias democráticas y redistributivas, ya que la base de innovación y creatividad no es tan fácilmente reemplazable como lo fue en su momento la base laboral del fordismo. En la medida en que el avance hacia la sociedad digital necesitará de una gama nada desdeñable de políticas de regulación y acompañamiento, tanto «nacional» como global, esa interrelación entre democracia (con la componente de políticas de protección) y una economía plural, de mercado y social, no parece nada irrelevante19.

Frente a las emociones e infortunios, no son suficientes las buenas razones. Se necesita una dosis significativa de pasión, que plantee empatía y buen hacer frente a odio y acusaciones sin fundamento. Desde una lógica estrictamente racional, se apela a los intereses a la hora de defender propuestas e iniciativas, pero eso ya no es suficiente. Como dice Pierre Rosanvallon en su último libro20, vivimos una época en la que la realidad nos plantea una gran cantidad de retos y padecimientos vinculados a la supervivencia, que se expresan en situaciones de desprecio, de injusticia, de discriminación y de incertidumbre por las que pasan cada vez más personas. Frente a ello, el reforzamiento de la democracia exige apartarse de lógicas que refuercen y agudicen esos malestares y, al mismo tiempo, ir más allá de respuestas estrictamente tecnocráticas incapaces de conectar con tales experiencias negativas. Será necesario fundamentar una representación política más cercana, más fraternal y menos sistémica y delegativa. Representar a la sociedad, compartiendo esas penas e infortunios, haciendo presentes sus emociones y razones.

  • 1.
  1. Polanyi: La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo [1944], FCE, Ciudad de México, 2004.
  • 2.

Nancy Fraser: «A Triple Movement? Parsing the Politics of Crisis after Polanyi» en New Left Review No 81, 5-6/2013.

  • 3.

A.B. Atkinson: Inequality: What Can Be Done, Harvard UP, 2015; T. Piketty: Una breve historia de la igualdad, Deusto, Barcelona, 2021; Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo: Buena economía para tiempos difíciles, Taurus, Barcelona, 2020.

  • 4.

Luca Ricolfi: Sinistra e popolo: il conflitto politico nell’era dei populismi, Longanesi, Milán, 2017.

  • 5.

Imanol Zubero: «Espectadores del dolor ajeno: una imagen no vale más que mil palabras» en Revista de Estudios Sociales No 57, 2016.

  • 6.
  1. Subirats (dir.): Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea, Fundación La Caixa, Barcelona, 2004; Miguel Laparra y Begoña Pérez: Procesos de exclusión e itinerarios de inserción, Fundación FOESSA, Madrid, 2008.
  • 7.

Fiona Williams: Social Policy: A Critical and Intersectional Analysis, Polity, Cambridge, 2021.

  • 8.

Kimberle Crenshaw: «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics» en University of Chicago Legal Forum vol. 1989 No 1, 1989.

  • 9.

Ibíd., p. 29.

  • 10.

María José Añón y Pablo Miravet: «Paradojas del familiarismo en el Estado del Bienestar» en Cuadernos de Relaciones Laborales vol. 23 No 2, 2005.

  • 11.

María Freixanet: «Género, relaciones, cuidados y cambios en la cotidianidad» en R. Gomà y Gemma Ubasart (coords.): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social, Tecnos, Madrid, 2021.

  • 12.

Ian Gough: Heat, Greed and Human Needs, Edward Elgar, Cheltenham, 2017.

  • 13.
  1. Williams: ob. cit.
  • 14.
  1. Urbinati: «Introducción» en N. Urbinati (ed.): Thinking Democracy Now: Annali Fondazione Feltrinelli, Feltrinelli, Milán, 2019.
  • 15.

Daniel Ziblatt y Steven Levitsky: Cómo mueren las democracias, Booket, Barcelona, 2021; Yascha Mounk: El pueblo contra la democracia, Paidós, Barcelona, 2018; David Runciman: Así termina la democracia, Paidós, Barcelona, 2019.

  • 16.
  1. Gomà y G. Ubasart (coords.): ob. cit.
  • 17.

Torben Iversen y David Soskice: Democracy and Prosperity: Reiventing Capitalism Through a Turbulent Century, Princeton UP, 2019, p. 257 y ss.

  • 18.

Birgit Sauer: «Authoritarian Right-Wing Populism as Masculinist Identity Politics: The Role of Affects» en Gabriele Dietze y Julia Roth (eds.): Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond, Transcript, Bielefeld, 2020.

  • 19.
  1. Subirats: «Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico» en R. Gomà y G. Ubasart (coords.): ob. cit.
  • 20.
  1. Rosanvallon: Les épreuves de la vie. Comprendre autrement les Français, Seuil, París, 2021.
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En la fotografía Hugo Torres y Dora María Téllez durante los años de la Revolución en Nicaragua 1979

El pasado sábado se dio a conocer la muerte de Hugo Torres, referente histórico de la revolución nicaragüense y preso político que, junto a otros opositores y activistas fue injustamente encarcelado a mediados de 2021 entre los que se encuentra la ex comandante guerrillera e historiadora Dora María Téllez, medida que muestra el verdadero rostro de la escalada represiva y autoritaria del gobierno Ortega-Murillo.

 

Conocido como “Comandante Uno” durante la Revolución de Nicaragua, Hugo Torres Jiménez recordó en un video publicado a días de su detención que, en 1974 arriesgó su vida junto con la emblemática combatiente Dora María Téllez para liberar a decenas de presos políticos durante la dictadura de Anastasio Somoza. No provoca más que indignación la situación de su fallecimiento y hay que hacer responsable al Gobierno de Ortega-Murillo de la muerte de Hugo Torres.

Efectivamente, Hugo Torres, en 1974, comandó un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre los que se encontraba Daniel Ortega y participó también de la famosa toma del Palacio Nacional, en 1978, junto a Edén Pastora, el llamado “Comandante Cero”, y la entonces joven comandante Dora Téllez. De héroe de la revolución nicaragüense de 1979 que terminó con la dictadura somocista, ahora estaba encarcelado bajo la falsa acusación de “traidor a la patria”, por oponerse al régimen de Ortega-Murillo.

Marcado por el reciente proceso electoral altamente cuestionado y realizado a la medida del régimen que ha concluido con el cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua, Torres y un grupo de opositores fue blanco de la represión sistemática ejercida por Ortega. Una represión que tuvo su salto desde la crisis de 2018 que dejó decenas de jóvenes desaparecidos, centenas de muertos y exiliados, y que desde entonces solo fue en aumento con las detenciones del 2021 en adelante.

Es dentro de este cuadro represivo que se suma recientemente la condena a ocho años de prisión para Dora María Tellez, exguerrillera e historiadora acusada de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y a trece años para Léster Alemán, el joven universitario que públicamente denunció los asesinatos y la represión de las Fuerzas Armadas orteguistas, así como de otros presos del régimen político.

Torres, emblemático guerrillero, es el primer preso político de los arrestados en 2021 que muere en la cárcel de El Chipote, la prisión que como en tiempos de Somoza sigue sirviendo como campo de detención y tortura de disidentes al actual Gobierno. Familiares, activistas y diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos han expresado su preocupación por las condiciones de deterioro en las que se encontraba Hugo Torres, incluso durante meses se desconocía el lugar donde se encontraba detenido y la manera en que se dio a conocer la muerte del referente histórico, ya que como asevera la también ex combatiente Mónica Baldotano, Torres “ingresó a prisión en condiciones óptimas”.

Hasta el momento la Fiscalía se ha limitado a hacer público que la muerte de Torres fue “por enfermedad”, sin embargo, se tiene información que “desde el 17 de diciembre, Hugo fue sacado de su celda con dolor, casi desmayado. Sin embargo, jamás hubo un reporte oficial al respecto”, reclamó Baldotano desde el exilio.

Mientras el Gobierno Ortega-Murillo mantiene en total hermetismo el proceso de más de 170 presos políticos, las voces de los exiliados y compañeros de Hugo Torres repudian la cacería orteguista contra los principales referentes del sandinismo y otros líderes opositores. Así lo hicieron los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, exvicepresidente de Nicaragua y premio Cervantes en 2018, desde Madrid, España. Es más, los juicios se llevan a cabo en las propias cárceles y no en las sedes de los juzgados respectivos como establece el mecanismo procesal.

La alerta se mantiene a nivel internacional, ya que en el caso de Dora María Téllez la Fiscalía podría solicitar una pena máxima de 15 años de prisión y la inhabilitación para poder acceder a cargos públicos. Como se sabe, la actual condena por ocho años resuelta de manera exprés en menos de siete horas es parte de una práctica de aleccionamiento para más de 47 opositores, cuyo objetivo fue eliminar toda competencia ante a los comisos de noviembre pasado y perpetuar su poder. Así, el juicio de la emblemática guerrillera ha seguido la misma dirección de los primeros cuatro opositores procesados a inicios de febrero: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil.

Diferentes medios internacionales han destacado los pronunciamientos de organismos como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para condenar la muerte del activista. Sin embargo, son estas mismas instituciones los que han intentado montar el “Diálogo Nacional” junto a la oposición burguesa incluyendo a los sectores empresariales en miras de ablandar sin éxito la actual gestión de Daniel Ortega por medio de “sanciones internacionales".

Contrario a ello, en los hechos avalaron un proceso electoral viciado, restrictivo ante posibles candidatos presidenciales y antidemocrático, así como la presión que viene ejerciendo dicho organismo para aprobar una reforma electoral que en nada resuelve las demandas del conjunto de trabajadores y pueblo nicaragüense.

El imperialismo estadounidense, tanto con Trump como su continuador Biden, han tenido una política ofensiva de sacar partido de la crisis en Nicaragua y del repudio a Daniel Ortega y Rosario Murillo, alentada también por referentes opositores nicaragüenses de la burguesía local, que con un discurso demagógico de “democracia”, busca recuperar terreno en el país centroamericano.

Estados Unidos por lo que menos está interesado es por las libertades democráticas en Nicaragua, basta ver todo su historial de invasiones e imposición de gobiernos, incluso dentro de su propio territorio. Recordemos que antes que explotara la crisis económica a mediados del 2017 el propio Ortega era funcional a los intereses del FMI y de importantes grupos económicos que se beneficiaban de las políticas orteguistas a través de sus pactos incluyendo a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, mientras los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre de Nicaragua se hundía en la miseria y era reprimido cuando peleaba por sus demandas.

El régimen orteguista ha venido consolidando su poder en los últimos años, sobre todo luego de la brutal represión a la rebelión popular de abril del 2018 que se extendió por tres meses con un saldo de casi 400 asesinados, miles de heridos y centenas de detenidos, y más recientemente con la ola de detenciones y las cuestionadas elecciones presidenciales que se acaban de realizar. Ese es el rostro represor del orteguismo que quienes más lo han venido sufriendo son los obreros, los campesinos, la juventud y las grandes mayorías populares, que han sido las verdaderas protagonistas de las rebeliones.

La escalada autoritaria y altamente represiva del gobierno Ortega-Murillo se ha ido acentuando y ahora da un salto con un control completo de todos los poderes del Estado, desde la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional y con el apoyo completo de las Fuerzas Armadas y de las policías.

Por ello en Nicaragua hay que pelear por la defensa de las libertades democráticas y repudiar lo sucedido con Hugo Torres. Hay que estar por la libertad de los presos políticos, siendo que el grueso lo ocupan centenares de detenidos de la rebelión del 2018, la gran mayoría oriundos de los gruesos sectores obreros, populares, campesinos, de la juventud, a los que se fueron sumando las detenciones de antes de las elecciones presidenciales. También hay que pelear por el más pleno derecho a la libertad de expresión y de asociación social, política y sindical.

Desde la red internacional de La Izquierda Diario y grupos que lo impulsan condenamos las condiciones que llevaron a la muerte de Hugo Torres dentro de El Chipote; desde la desaparición que por semanas mantuvieron contra él y otros detenidos, violaciones a las garantías más elementales, incomunicación, así como reiterar que se trata de un crimen político, sumándonos a la exigencia por la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos que mantiene el gobierno de Ortega-Murillo en el país.

Por Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

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Jueves, 17 Febrero 2022 05:12

S.O.S Nicaragua

S.O.S Nicaragua

La agitada frecuencia con que ocurren los acontecimientos en Nicaragua y la inusitada rapidez con que la nueva noticia se superpone a la anterior, dificulta escribir una crónica o sintetizarlos, pero cada suceso ratifica la decisión de la dictadura Ortega-Murillo de atornillarse en el poder y perennizarse a punta de armas, represión y miedo. El régimen no es solo dictatorial, mucho menos autoritario a secas. Es sultánico, despótico, barbárico y fascista, como lo han calificado diversos politólogos.

Presos y presas de conciencia: hijos de perra del imperialismo

En comparecencia pública, el mismo día que el Consejo Supremo Electoral lo proclamó “ganador”, Ortega calificó a todos los presos políticos de hijos de perra del imperialismo.1 En consecuencia, ellas y ellos no solo están privados de su libertad, sino que permanecen en precarias condiciones carcelarias. Hasta el 31 de enero se listaban 167 en el contexto de abril 2018 y diez antes de ese año, entre ellos Marvin Vargas, primer reo de conciencia de esta dictadura.2

La brutal ola represiva inició en mayo de 2021 con el allanamiento de la Policía del local y segunda confiscación de equipos de trabajo periodístico de Confidencial; continuó con las capturas de siete precandidatos a la presidencia de la república, además, dirigentes políticos, empresarios, campesinos e integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales, dejando más de 40 presos, quienes, por más de 90 días, fueron sometidos a condición de desaparición forzada, sin ningún contacto con su familia y ahora enjuiciados por conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional.3No se les ha permitido recibir alimentos, libros, frazadas. Nada, violándoles sus más elementales derechos.

Hay, además, una saña particular con las mujeres de Unamos. A la mítica comandante guerrillera Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, se les ha mantenido en régimen brutal de aislamiento, en pequeñas celdas oscuras, sin ventanas y sin ninguna comunicación con los otros prisioneros.

En noviembre 2021, mes de la farsa electoral, ocurrieron más capturas. En esta ocasión, vinculadas al uso de redes sociales. Varios presos y presas fueron acusados usando la recién creada Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Putin.

El 25 de enero 2022, familiares de los presos de conciencia emitieron un pronunciamiento intentando tender puentes con el gobierno, por medio de lo que calificaron Proceso de unificación ciudadana, que iniciaría con la liberación de sus presos. Su declaración fue apoyada de inmediato por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que hasta entonces se había mantenido en total mutismo.

El régimen respondió a esta iniciativa con absoluto silencio y el 1º de febrero inició juicios con causas inventadas contra los detenidos. Fusilamiento judicial, los adjetivan algunos y simulación de juicios, los llama la defensora de DD.HH., Dra. Vilma Núñez, pues los procesos han sido realizados en centros de detención, sin que los abogados defensores hayan entrevistado a sus representados. Además, fueron enjuiciados a puertas cerradas, violando todas las normas jurídicas, actuando contra ley expresa, usando de testigos a policías y presentando como pruebas: Tuits, declaraciones en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales.

Hasta el momento se han realizado más de diecisiete de estas mascaradas, y todos han sido declarados culpables. A ocho ya les dictaron sentencia. El periodista y precandidato presidencial, Miguel Mora, dueño del Canal 100% Noticias, fue condenado a 13 años de cárcel, al igual que el dirigente estudiantil, Lester Alemán. Ana Margarita Vigil fue condenada a 10 años y Dora María Téllez a 8 años de cárcel. El martes serán víctimas de esta parodia otros siete presos políticos.

En medio de estos juicios, la opinión pública fue conmocionada por la muerte del héroe de la lucha antisomocista, Comandante Guerrillero y General de Brigada (R) Hugo Torres, sacado de su celda el 17 de diciembre, después de varias semanas de estar muy enfermo, con un deterioro que fue creciendo al punto de no poder moverse ni alimentarse por sí mismo. Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo y, a gritos de sus compañeros, fue sacado de la cárcel y llevado con rumbo desconocido. Así permaneció en manos de las autoridades policiales, hasta que el día 12 de febrero se conoció de su muerte. Durante dos meses no hubo respuesta a la pregunta: ¿dónde y cómo está Hugo? Después de su muerte no hubo ningún reporte oficial del día, hora, lugar y circunstancias en que ocurrió su deceso. Murió en condición de preso, en manos de las autoridades, sin que ninguna se pronunciara sobre el hecho.

Resulta paradójico, y hasta cruel, el hecho que su carcelero, Daniel Ortega, fue uno de los prisioneros políticos rescatados de la cárcel del somocismo por un comando sandinista del que Hugo fue uno de sus principales protagonistas. Hoy se está demandando que los organismos de DD.HH. puedan volver a Nicaragua, y sea creada una instancia independiente que investigue las circunstancias de la muerte de Hugo Torres, de quien no se sabía que tuviese ninguna enfermedad precedente.4

Por todo lo que está pasando con los presos, es correcto afirmar que Ortega ha superado en destrucción de la institucionalidad de la justicia, en brutalidad y en crueldad, al dictador Somoza.

Forzando espacios en la geopolítica

En diciembre 2021, una misión presidida por dos hijos de Ortega —Laureano y Rafael—se reunió en Rusia con el vicecanciller de ese país, Sergei Ryabkov, y firmaron acuerdos de cooperación en representación del gobierno de Nicaragua. Luego viajaron a China. En esos días, y de forma abrupta, el Estado de Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y abrió relaciones con la República Popular China. Acto seguido, el gobierno expropió ilegalmente todos los bienes muebles e inmuebles de Taiwán, de quien durante 15 años recibió donaciones y otros beneficios. En un traspaso arbitrario y bochornoso, todos los bienes fueron entregados a China.

La visita a Rusia coincidió con declaraciones de Vladimir Putin, quien afirmó que Nicaragua es un socio “muy importante” de Rusia, y felicitó a Ortega por su “victoria abrumadora” en las elecciones del 7 de noviembre, mundialmente declaradas una farsa. Con estos eventos, el régimen enviaba claras señales de búsqueda de nuevos accionistas para su empresa, en un concierto internacional que le es definitivamente adverso.

En enero 2022, en medio del aislamiento internacional, Daniel Ortega escenificó un acto carente de decencia al auto colocarse la banda presidencial. Con un desabrido y repetitivo discurso antinorteamericano, y con la presencia de solo dos jefes de Estado —Díaz Canel y Maduro— e invitados cuestionados como responsables de crímenes perseguidos por Interpol, Ortega y Murillo iniciaron un nuevo período presidencial que pretenden sea de cinco largos años más.

Cierre y confiscación de universidades5

Este proceso comenzó en diciembre 2021, con la supresión de la personería jurídica del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), y de la Universidad Hispanoamericana, ambas del mismo dueño y durante muchos años conocido como orteguista. Sobre estos cierres se ha especulado que están relacionados con conflictos internos en las propias filas del régimen. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, los bienes de esa universidad pasaron al Estado.

Después fueron canceladas cinco personerías jurídicas vinculadas a otras universidades, entre ellas, la emblemática Universidad Nacional Politécnica de Nicaragua (UPOLI), fundada durante el somocismo, cuyos recintos fueron centros de resistencia en la sublevación popular de abril 2018.6 De inmediato y de manera arbitraria, la Asamblea Nacional confiscó todos sus bienes sin el debido proceso ni la indemnización que manda la Constitución, aprobó la creación de otras universidades y les otorgó los bienes de las canceladas. Luego siguieron las vinculadas con sedes norteamericanas, como Thomas More y Mobile.

La razia orteguista no se ha detenido ahí, pues han sido incrementadas las cancelaciones de personería jurídicas de otras organizaciones sin fines de lucro, incluida la Asociación de Mujeres “María Elena Cuadra”, importante organización social dedicada a la defensa de los derechos laborales de las mujeres que trabajan en las maquilas o zonas francas.

Volveremos sobre el impacto del cierre y confiscación de seis universidades y centros de formación superior. La dictadura apunta a dejar, como única alternativa de educación universitaria, los espacios e instituciones férreamente controlados por Ortega y Murillo. De esta manera, en Nicaragua se pone fin a la autonomía universitaria y al derecho de los estudiantes a una educación autónoma, no partidaria y, mucho menos, proselitista.

15 de febrero 2022

1https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/11/09/daniel-ortega-llamó-hijos-de-perra-a-los-presos-politicos-y-dijo-que-dejaron-de-ser-nicaragüenses/

2https://desinformemonos.org/los-gulags-de-la-dictadura-de-ortega/

3 Ley dictada en diciembre del 2020 con el propósito de tipificar ese nuevo delito.

4 Una semblanza de Hugo Torres aparece en https://www.confidencial.com.ni/opinion/hugo-torres-jimenez-heroe-de-la-lucha-contra-la-dictadura-somocista/

5 Por necesidad de espacio, solo adelantamos la confiscación de algunas universidades. Después serán objeto de un artículo especial.

6https://obreradelatecla.com/cinco-universidades-privadas-obligadas-al-cierre-tras-cancelacion-de-personalidad-juridica/

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Afectadas por la vacuna contra el covid-19: “Solo pedimos que se investiguen nuestros casos”

No son negacionistas ni antivacunas. Tampoco tienen ansiedad, como son diagnosticadas la mayoría. Un grupo de personas que han enfermado tras recibir la dosis cuentan sus síntomas, que se enmarcan dentro del cuadro de un posible covid persistente, tal y como van a investigar los especialistas de CIR Long Covid.

 

A Estrella R. le suministraron la primera dosis de AstraZeneca el 7 de abril de 2021. Un día después, el Ministerio de Sanidad y las comunidades suspendían la administración de esta vacuna en menores de 60. La decisión se tomaba después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmara la relación entre esta vacuna y casos “raros” de trombos. Estrella, quien trabaja en una ONG que atiende a población vulnerable en Madrid, asegura que lanzó la propuesta para que la plantilla fuera incluida en la tanda de vacunación del sector sociosanitario. Y lo consiguió. Quería protegerse a ella y al resto.

Tras la vacuna, fueron apareciendo efectos secundarios que en un primer momento consideró “normales”. “Me pasé durmiendo toda la tarde y al día siguiente tenía un dolor de cabeza horroroso”. Luego llegaron los episodios de dismenorrea, esto es, dolor durante la menstruación. Y luego un gran cansancio. Desmayos en el centro de salud. Sospechas de hipotiroidismo, aunque analíticas en orden. Despistes en el trabajo. Hinchazón en el cuerpo. Incoherencia al hablar. Mar de dudas. “Mi médica de cabecera lo achacó a salud mental. Me mandaron antidepresivos. Pero yo no me encontraba deprimida”.

Estrella iba todos los días a trabajar en bicicleta. Tuvo que dejarlo. No podía ni bajar a comprar. El 15 de junio comenzó una baja de larga duración. Y no ha podido volver a trabajar. “Nunca relacioné los síntomas con la vacuna. El 30 de junio me puse la segunda dosis y ahí se desbocó todo. Me tienen que traer a Albacete con mis padres porque ya soy incapaz de salir de casa. En Albacete se recrudecen los síntomas con vómitos espontáneos, estreñimiento total y una inflamación de todo el cuerpo con un cansancio que me deja en la cama”.

Estrella denuncia que la incomprensión por parte de su médica de cabecera de Madrid fue total. “No entiende que esté en casa de mis padres y de manera unilateral me dice que yo tengo que estar en Madrid, porque yo tengo que estar a su disposición. Que a mí no me pasa nada, que coma más sano y beba mucha agua y me da el alta. Intento por todos los medios parar esto, estaba en una cama sin poder moverme, me tendría que presentar en mi puesto de trabajo. Lo intento y ahí es cuando acabo ingresada en el hospital”.

Después llegó el verano, un desequilibrio en su microbiota y, ante la desesperación, en septiembre, un intento autolítico. Gracias a las redes sociales, tuvo constancia de la existencia de un grupo de Whats App con personas afectadas por la vacuna. Hace dos meses que forma parte de esta comunidad compuesta por 43 mujeres y hombres que comparten sus estados y se apoyan. No son negacionistas ni antivacunas. Solo piden que se investiguen sus casos.

Datos de farmacovigilancia

Según el último informe de Farmacovigilancia de la vacuna contra el covid-19, desde el inicio de la campaña  hasta el 9 de enero se han administrado en España más de 80 millones de dosis y se han registrado un total de 55.455 notificaciones de acontecimientos adversos, un 74% registradas por mujeres. De ellas, 11.048 fueron consideradas graves.

Según este informe, y para los cuatro tipos de vacunas, además de trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de la vacunación, se han notificado en su mayoría trastornos del sistema nervioso (cefaleas, mareos) y del sistema musculoesquelético (mialgia y artralgia). Para la vacuna de Moderna se reconoce además la notificación de casos de parestesia, un trastorno de la sensibilidad que se manifiesta con sensaciones anormales sin estímulo previo, como el hormigueo. En concreto hay notificados 158 casos. Para AstraZeneca y para Janssen, se reconocen la manifestación de casos de mielitis adversa —una inflamación de uno o ambos lados de la médula espinal con un único caso notificado en España—así como síndrome de trombosis con trombocitopenia —niveles bajos de plaquetas en la sangre—, con la notificación de 1.809 casos a escala mundial. No hay datos de sus notificaciones en España.

Cuadro de covid persistente

Visión borrosa es lo primero que experimentó Marta, de 25 años, tras recibir la vacuna de Pfizer el pasado 11 de julio. No habían pasado diez minutos cuando empezó a marearse. Hacía calor pero ella sentía frío. “Me eché la siesta con un edredón. Al día siguiente cuando me levanté me empezó a doler el pecho. Estaba muy fatigada y tenía palpitaciones”. Taquicardias que le acompañaron hasta la oficina donde su jefa la recetó teletrabajo. Tras cuatro días así decidió llamar al médico. “Tuve que agarrarme a las paredes para poder bajar a la consulta. Me hicieron un electro, todo estaba bien. Tenía la tensión alta, me mandaron al hospital con el corazón a 130 pulsaciones”.

Y así es como empezó su periplo médico en el que, además de ser diagnosticada con ansiedad como Estrella, ha sido derivada a diferentes especialistas. Del cardiólogo ha pasado al neurólogo y al médico internista. “Empezaron los síntomas neurológicos, las pérdidas de memoria. Estaba desubicada, me echaban la bronca en el trabajo. Tenía dificultades para decir palabras y espasmos musculares. Me hacen pruebas, me mandan de urgencias para descartar una trombosis porque me da un valor de coagulación altísimo. Me mandan a neurología y dicen que estoy perfecta”. Asegura que la mayoría de médicos han visto una posible relación con la vacuna. De hecho, la recomendaron paralizar la segunda dosis.

Marta, que también forma parte del grupo de Whats App de afectadas por la vacuna, ha recopilado diferentes investigaciones que vinculan sus cuadros clínicos con el covid persistente o Long Covid, enfermedad que atraviesan aproximadamente el 10% de individuos con antecedentes de haber pasado la infección por SARS-CoV-2. Entre ellos destaca un artículo publicado en la revista Science titulado “En casos raros, la vacuna contra el covid-19 puede producir síntomas de Long Covid”. En él se explica que el National Institutes of Health (NIH), en Estados Unidos, ya anda tras la pista.

Los síntomas más comunes del covid persistente casan muy bien con el cuadro clínico de las afectadas por la vacuna. En España, el Centro de Investigación y Difusión del covid persistente, CIR Long Covid, ya prepara ensayos clínicos al respecto. Lo confirma a El Salto el médico Francisco Mera Cordero, su presidente. “Los síntomas son muy similares a los de los pacientes con covid persistentes post infección. Astenia, niebla mental, dificultad para respirar, poca tolerancia al ejercicio, síntomas dermatológicos, neurológicos, dolor, hormigueos”, relata. Mera asegura que, si bien es necesario investigar el desencadenante, todo cuadra con una respuesta inmunitaria disfuncional, mediada por la proteína S, la proteína de la espícula, situada en la cubierta del virus.

Esta es la proteína que se inocula en el cuerpo con la vacuna, bien mediante fragmentos de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) o bien mediante un vector viral atenuado (AstraZeneca y Janssen). Después de la vacunación, las células comienzan a producir las partes de la proteína de la espícula. Esto hace que el organismo produzca anticuerpos y, en estos pacientes, lo haría de manera descontrolada. “A veces la respuesta inmunitaria no es apropiada y muy probablemente inducirá una hiperestimulación con autoinmunidad cruzada”, asegura Mera. Esto puede ocasionar que los anticuerpos ataquen a células sanas del cuerpo y se desencadena lo que se conoce como reacción autoinmune.

Desde el CIR Long Covid han detectado pocos casos, algunos con síntomas asociados a la vacunación desde marzo de 2021. Quieren conocer sus causas para buscar la solución a la dolencia de estos pacientes, por lo que tienen en mente realizar estudios clínicos donde una de las ramas sean pacientes con clínica de covid persistente post vacunal.

Sin diagnóstico en papel

Yolanda A. L. es profesora de Educación Infantil en Valencia. Tiene 44 años y lleva desde abril del año pasado de baja. El 27 de marzo le pusieron una dosis de AstraZeneca. Desde entonces no ha hecho más que coleccionar síntomas. “Tras los primeros síntomas considerados normales, tuve tres días sin nada. Al quinto día empecé con taquicardias, mareos, ahogos. Empezaron mis visitas a urgencias. He pasado por fases de parestesias, de dificultad motora, mareos, fatiga muscular, lapsus de memoria y desorientación. Algunos días he temido no despertarme de las sensaciones tan extrañas que tenía. Hoy sigo igual, no puedo ni tender la ropa”, explica a El Salto.

Igual que con Estrella o con Marta, los médicos recurrieron al recurso de los problemas mentales como desencadenante. “En el hospital me trataban como histérica, sugestionada, me llegaron a decir que había leído mucho. Me mandaron antidepresivos y para casa. En la primera quincena de abril me da la primera bradicardia, una bajada de pulso hasta 38 pulsaciones”, explica quien no vio más salida que acudir a médicos privados y buscar otras alternativas.

Belén, que ofrece nombre ficticio ante la incredulidad que le rodea en su trabajo, es sanitaria en Euskadi. Muestra a El Salto como, en su caso, durante una visita a la médica de cabecera se recoge  en el informe “reacción a la vacuna” como diagnóstico. “Me vacuno en marzo, a la media hora de ponerme Pfizer tengo visión borrosa, sensación de mareo y nauseas. Llego a casa y no recuerdo cómo. Me caí en el sillón y me quedé dormida. Me despierto a las tres horas y no me puedo poner de pie, agarrada por las paredes. Me fui a la cama hasta el día siguiente. Y ya nunca volví a ser la misma”. Aquel fue el inicio de una cascada de síntomas que han convertido su vida en un ir y venir de consulta en consulta, la mayoría de la privada, ante las listas de espera y la poca recepción que ha tenido su caso en la pública.

 “Llevo once meses sin diagnóstico, sin tratamiento y no viviendo, sobreviviendo”, asegura Belén. “A las personas a las que nos ha sentado mal la vacuna nos han dejado solas. O nos diagnostican de ansiedad para quitarse el muerto de encima. Y qué casualidad que lo que tenemos en común todas es que nos han vacunado y que casualidad que todas estamos con ansiedad”.

Más investigación

“Varios médicos me han dicho que mis dolencias pueden ser por la vacuna, pero sobre el papel nunca ponen nada. Hay una especie de tabú o de miedo a reconocerlo”. Patricia, una joven almeriense de 30 años, y afectada tras la primera dosis de AstraZeneca, resume así su recorrido por consultas públicas y privadas.

“Tras la vacuna, primero tuve la garganta dormida durante dos días. Después dolor de cabeza y mareos durante un mes, mes y medio. Después dolores de piernas e hinchazón, quemazón y todo tipo de sensaciones desde marzo hasta agosto. Después molestias y dolores en el bajo vientre y vejiga”. Por este dolor estuvo de baja dos meses. “Soy profesora y estaba impedida para estar de pie”, asegura. Hace cuatro semanas se contagió por covid y las molestias en la vejiga y los dolores en las piernas se recrudecieron. “Hay algo en el virus que a mí me hace reaccionar así”, concluye mientras espera un diagnóstico.

 “Nosotras lo que pedimos es que se investigue” expresa Estrella que hoy empieza a superar sus problemas cognitivos aunque continúa con los físicos y arrastra un microtrombo. “Entendemos que la vacuna se ha realizado en un contexto de guerra para salvar vidas pero el contexto ha cambiado, la muestra de población en la que se ha inyectado las vacunas es mayor y hay efectos que no se tenían en cuenta, que no han salido hasta el momento. La vacuna se testó pero con una muestra de gente mucho menor. Queremos que evalúen la vacuna para mejorarla”, sentencia.

Y repite que las afectadas y afectados están lejos del negacionismo. “Siento que tengo que estar hilando muy fino porque al decir públicamente que me fui a vacunar y me enfermé me meten en un saco en el que yo no estoy. Yo no digo que la vacuna sea mala, no tengo evidencia científica para poder afirmarlo. Tampoco la hay para que yo enferme a raíz de la vacuna. Pero somos unas cuantas y queremos salir del sótano”, sentencia.

Por Sara Plaza Casares

@SPlazaque
Coordinadora de Sanidad
en El Salto.

16 feb 2022