La toma de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez marca el momento estelar de la esperanza en Colombia

Pese a las dificultades, en la Colombia profunda hay muchas esperanzas depositadas en el nuevo Gobierno popular que arranca este domingo. La población es consciente de que llegó el momento de hablar y apostar por el diálogo.

 

Cada 7 de agosto en Colombia se celebra la derrota militar del invasor español en la Batalla de Boyacá en 1819 que marca el final de la colonización. Esa es la fecha en que toman posesión los nuevos presidentes del país. El 7 de agosto será el día del progresista Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez. Él, un economista y ecologista exguerrillero. Ella, una lideresa popular de las comunidades negras, ecologista y feminista. Petro es un intelectual serio, al que le cabe el complejo país en la cabeza. Pero fue por la presencia de ella que el pueblo entendió que había que salir a votar. Que venía lo impensable: un Gobierno popular.

Indudablemente, es un momento histórico para muchas generaciones de colombianos. Desde comienzos del siglo XX la oligarquía colombiana jamás dejó llegar al poder a un presidente socialista. Prueba de ello es la larga lista de líderes progresistas asesinados. El presidente más cercano al progresismo fue el influyente dirigente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), miembro de la elite y a quien le correspondió llevar a cabo reformas liberales que respondían, por miedo o por contagio, a una ola de transformaciones que se presentaban en América Latina bajo el influjo político de la República Española. Desde entonces, la mayoría de sus reformas fueron desmontadas.

En realidad, no es la primera vez que un Gobierno popular llega a la presidencia en Colombia. Ya en 1854 una revolución urbana puso en el poder, casi a rastras, al general José María Melo, que no la había liderado. Melo era cobrizo, de ancestro indígena y, como Petro, exguerrillero, pues en las tropas libertadoras de Simón Bolívar llegó a capitán. En Alemania entró en contacto con las ideas socialistas entre 1836 y 1840, y en 1851 –ya de regreso a su patria– fue ascendido a general. La revolución que lo puso en el poder fue un enfrentamiento entre importadores y productores nacionales: los artesanos, el germen de la industria nacional. Tan pronto Melo fue proclamado presidente se unieron las fuerzas más retrógradas que aparentemente vivían enfrentadas entre sí: los esclavistas, prácticamente todos terratenientes, armaron a sus peonadas, se aliaron con los importadores y arremetieron con toda contra el presidente de la revolución popular. Lo tumbaron antes de un año. Melo no alcanzó a hacer mayor cosa porque se dedicó a defenderse de la arremetida militar. Los historiadores burgueses lo clasifican como dictador. Nada raro.

n Macondo la historia da vueltas en redondo, clamaba Úrsula Iguarán en Cien Años de Soledad. El conflicto con los importadores que golpean y arrasan la producción nacional sigue siendo casi el mismo y se refleja en la quiebra del campesinado y de los medianos productores. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han paralizado progresivamente la industria. Por poner un ejemplo, Colombia era un país algodonero con sus propios telares industriales pero que no produce ya ni algodón ni telas, aunque sí tiene maquilas de telas importadas. El país del mejor café del mundo importa café. Importa arroz, maíz y granos, fertilizantes y alimento pecuario, mientras los productores empobrecen.

El Gobierno de Petro y Francia Márquez  también puede sufrir el peso de la unión de las oligarquías. Sabido es que el Pacto Histórico, la coalición que los llevó al poder y su soporte político, si bien logró la mayoría en el Senado está lejos de tener suficientes parlamentarios para sacar en solitario las reformas cardinales a las que se comprometió: establecer un modelo de salud preventiva eliminando empresas intermediarias entre el paciente y la atención médica y hospitalaria, reformar el sistema de pensiones, garantizar una educación pública gratuita y de calidad, establecer impuestos progresivos a los más ricos y gravar las tierras improductivas y, finalmente, comprar su cosecha a los campesinos y vender esa producción de alimentos a precios bajos en los barrios populares.

El Pacto Histórico, medido por el aplausómetro en manifestaciones y encuentros, es joven y ecologista y es esencial que saque adelante la transición energética. También el ingreso vital de medio salario mínimo para cuidadores, en su mayoría mujeres, y para madres cabeza de familia de los sectores populares. En la actualidad sería un pago equivalente a 113 euros mensuales.

Trasladar la Policía del Ministerio de Defensa y llevarla a una nueva cartera relacionada con la paz es otro de los objetivos de Petro. También renegociar el TLC con Estados Unidos, así como cambiar la doctrina militar del enemigo interno y eliminar el servicio militar obligatorio, lo que va en línea con la "paz total", una iniciativa de negociaciones regionales que avanza entre polémicas y obstáculos legales e incluso con la oposición del Tío Sam, siempre tan metido en Colombia, pero que es la más profunda aspiración popular. Implica no solo negociar con las fuerzas guerrilleras que quedan, la principal el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también lograr la desactivación de las redes criminales y desactivar los "conflictos que no son de bala", como dice el pueblo. Para todo esto se requiere de mayorías calificadas en el Congreso, pues existen leyes en contra.

Las alianzas políticas que ha logrado el avezado senador del Pacto Histórico Roy Barreras, de origen liberal y a cargo de formar una especie de Frente Amplio, están ligadas a expectativas que muy probablemente no pueden ser satisfechas: las maquinarias de los políticos profesionales hoy en día no se basan en ideas sino en ambición. Cada reforma toca intereses de algún sector económico poderoso, desde la banca hasta los importadores de armas, pasando por los terratenientes y los comerciantes, tan implicados en el paramilitarismo de ultraderecha.

Se suman tareas que no dependen del Congreso, como el asunto cardinal de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, un completo programa de Gobierno que el saliente Iván Duque procuró dinamitar incluso tolerando el desfalco de los dineros de la paz para los próximos 10 años. También sacar adelante un plan de choque contra la desnutrición y desprivatizar el servicio de alimentación escolar, que en demasiados casos es el único alimento firme que reciben muchas niñas y niños en el día pero que se convirtió en botín de la corrupción. Petro deberá también irradiar una cultura de paz para afrontar la mentalidad paramilitar que se ha instalado en buena parte de la población beneficiada de una u otra manera por el narcotráfico y la guerra.

Y todas estas tareas tendrán que hacerse en medio del panorama económico poco prometedor, cuando en el escenario imperialista soplan vientos de guerra ante la fuerte recesión mundial en ciernes. Duque está dejando la olla raspada, con una deuda nunca antes vista, firmando contratos de largo plazo y haciendo nombramientos a diestra y siniestra de manera vergonzosa a solo días de dejar el poder. Para no hablar de su balance sangriento: 957 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 261 firmantes de la paz ultimados, 313 masacres con 1.192 víctimas, 555 secuestros, según Indepaz con fecha de 2 de agosto.

Pese a ello, en la Colombia profunda hay esperanza en el nuevo Gobierno popular. Hay conciencia de que lo que viene es compromiso y mucho trabajo y que llegó el momento de hablar de política con los demás, política de verdad, pensando en los nietos, no la archiconocida politiquería del "qué me das tú a cambio".

Colombia vive un momento único, porque el tribunal especial producto del Acuerdo de Paz (JEP por sus siglas) está emitiendo continuamente las confesiones de militares y exguerrilleros reconociendo sus delitos. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad está presentando su informe final, un extenso y complejo material que pretende ser el retrato más actualizado de Colombia. El ministro de Educación de Petro, exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, ya anunció que el informe será material en las escuelas. Los docentes se devanan los sesos sobre cómo trabajar el contenido con sus estudiantes: qué es lo que la mayoría debe aprender y cuál la clave íntima que cada cual habrá de entender acerca de cada arista de la accidentada historia reciente de Colombia, que fue borrada de los planes de estudio académicos durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), periodo en el que también resurgió el paramilitarismo.

Antes de su toma de posesión ante el Congreso este domingo, el jueves Petro acudió ante las Autoridades Tradicionales del pueblo arhuaco en Nabusímake, en la mítica Sierra Nevada de Santa Marta, y tomó posesión ante ellas en un ritual conmovedor, con la presencia de su nueva embajadora en las Naciones Unidas Leonor Zalabata y su ministro designado de Defensa, Iván Velásquez. Lo ungió el mamu (sacerdote) Kuncha, uno de los más respetados por su sabiduría y su conocimiento ancestral.

"Fue una ceremonia muy bonita", comentó a Público el antropólogo y documentalista Yezid Campos, largo conocedor de los pueblos y los sufrimientos de la Sierra Nevada. Aunque otros presidentes han hecho lo mismo que Petro antes de su toma de posesión, este "no fue un acto de demagogia politiquera". A Campos le llamó la atención "la sensibilidad y sentimiento legítimo y sincero de Petro hacia la gente, hacia el ritual, su significado, su espiritualidad, su compromiso. Igual, el cariño de la gente de la Sierra hacia él. Fue un acto de comunión con lo que significa el pensamiento indígena, la unidad total entre el respeto por la naturaleza, el amor y respeto por la vida, y la justicia social". Los mamus le entregaron al nuevo presidente colombiano dos bastones que lo acompañarán en su defensa de la vida y de todo lo que existe en la naturaleza. Al final de su mandato, en cuatro años, Petro deberá regresar a la Sierra Nevada para rendir cuentas.

Bogotá

06/08/2022 22:08  

Constanza Vieira@constanzavieira

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Investidura de Gustavo Petro y Francia Márquez ante el mundo popular

Juraron con un ritual indígena y ante las organizaciones populares

 

El Parque Tercer Milenio se bamboleó con un ritual indígena que le dio la bienvenida primero a Francia Márquez y más tarde a Gustavo Petro. Con cánticos en lenguas ancentrales de los "mayores" (líderes) y un gran mandala lleno de elementos de la naturaleza, la vicepresidenta y el presidente electos por la alianza Pacto Histórico fueron investidos espiritualmente en la víspera a la toma de posesión formal del domingo. Será el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Petro se dirigió a los diversos movimientos sociales. "Les quiero agradecer su presencia en este acto ceremonial. Aquí va a comenzar un gobierno de la paz, de la justicia ambiental, de la justicia social. El poder real está aquí, en el movimiento popular". 

El líder progresista prometió inaugurar "un gobierno con los movimientos sociales y no sobre los movimientos sociales. El presidente los convoca a organizarse". Y prometió construir una democracia multicolor. "Es una construcción nueva, democrática. Nunca se ha vivido en el país una democracia multicolor. El gobierno se pone al servicio de su pueblo".

Los representantes de distintas organizaciones, que ondeaban banderas, le respondieron con aplausos y cantitos de "Si se pudo, sí se pudo". Entre el millar de asistentes había familias con hijos, jóvenes, militantes, pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y zonas rurales de toda Colombia.  

Miriam Chamorro, de la etnia Emberá -Chamí, estaba en primera fila con un clavel rojo en la mano. Dijo a Página12, "la llevo para que la vida no muera en primavera". La mujer, de 60 años, vestida con un poncho azul, y con una larga trenza dijo que esperaba que con el gobierno que asume este domingo "la madre tierra esté más cuidada". "El francking debe ser abolido, como así otros proyectos extractivistas. Hemos vivido miles y miles de años sin ellos.. Si se acaba el agua limpia, los ríos, las montañas, ¿de qué nos habrá servido la productividad?". 

Entre las primeras medidas que se someterán a debate en el Congreso destacan la prohibición del fracking, una ley de urgencia contra el hambre y una reforma tributaria. Un nuevo esquema impositivo "más progresivo y justo", repitió Petro durante la campaña. Así, la mayor recarga tributaria recaerá sobre las 4 mil fortunas más grandes de Colombia. Se busca recaudar cerca de 50 billones de pesos anuales (unos 11.500 millones de dólares).

Con la ambiciosa reforma tributaria el gobierno entrante pretende aumentar los recursos de la nación, que para 2023 tendrá un presupuesto de 391,4 billones de pesos (unos 91,190 millones de dólares de hoy) según el proyecto. 

En un país de 50 millones de habitantes, castigado por la inflación (10,2% interanual), el desempleo (11,7%) y la pobreza (39%), el gobierno electo propone una batería de reformas para reducir la brecha entre ricos y pobres, en uno de los países más desiguales de la región. 

Esas iniciativas generan expectativas entre los congregados en el Parque Tercer Milenio. Como Jorge Lara, afrodescendiente de 52 años, docente universitario.  "La brecha económica y social es muy amplia. Esperamos que Petro la pueda reducir. El 40 por ciento de la población vive en la pobreza. Es sumamente alta".

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 19,6 millones de personas estaban en condiciones de pobreza en el país el año pasado -de 50 millones- 

Lara subrayó la necesidad de vivir sin violencia. "Nosotros anhelamos la paz total en este país. Una vez que lo solucionemos podremos avanzar. Tenemos muchos recursos. Pero la guerra y la inseguridad que nos tocó vivir durante los últimos 60 años fue muy crítica y muy aguda. Si logramos la paz total como la plantea Petro podemos avanzar muchísimo". 

A Petro le tocará suceder a Iván Duque, cuyo gobierno estuvo marcado por su incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, el fracaso de su reforma impositiva y las críticas a su gestión por la represión a los manifestantes del estallido social de 2019. Tras la derrota electoral de la derecha y el establishment, el economista convocó a un Gran Acuerdo Nacional con partidos de centro, entre ellos el Liberal.

Los acuerdos que trazó Petro luego de su victoria se tradujeron en designaciones en los ministerios, así como en la conformación de mayorías en el Congreso. El gabinete aúna liderazgos tecnocráticos progresistas -como el de José Antonio Campo en Hacienda o Alejandro Gaviria en Educación-, con líderes indígenas en puestos importantes y un referente de derechos humanos, Danilo Rueda, como Alto Comisionado para la Paz.

Antes que el presidente electo, estuvo presente Francia Márquez, articuladora del mundo popular. Esta mujer afrodescendiente, feminista, anticapitalista, dijo que tienen enfrente a la "elite más peligrosa de la región", en clara alusión al probable acecho que tendrán de la los sectores más conservadores del país. Por eso, esta también activista ambiental insistió en el "Gran Acuerdo Nacional" para trabajar sobre el respeto a la vida y por la paz.

A los presentes les agradeció el largo camino de lucha. "Este camino no empezó en una campaña electoral, este camino empezó en la resistencia de los pueblos, resistencia que se ha mantenido en más de 500 años, que a muchos les ha costado la vida, que a muchos les ha costado el exilio y que a muchas mujeres nos ha costado casi todo", subrayó la vicepresidenta electa, quien proviene del departamento del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

 "Mis tareas son a partir de la delegación que haga el presidente. Lo que yo puedo hacer en este gobierno está en las funciones que me delegue el presidente y por supuesto mi voz, mis funciones estarán ahí", aseguró Márquez, en un mensaje entre líneas a su compañero. 

Mientras hablaba Márquez, Pilar Liscano, de 27 años, asentía y movía su bandera del Movimiento Ciudad en movimiento. Dijo que desde su organización iban a apoyar las iniciativas del Ministerio de Igualdad, que está previsto sea dirigido por Márquez. 

Liscano, joven licenciada en educación presencial, llevaba el pañuelo violeta en su cuello. "Queremos ayudar a mejorar la realidad de las mujeres y de las identidades de género", dijo a este diario. Y sobre el derecho al aborto, agregó. "La discusión avanzó en Corte Constitucional, existe un marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo, pero falta el avance en la sociedad. Los médicos pueden declarar objeción de conciencia". 

En esa línea sumó su entusiasmo con la figura de la vicepresidenta Farides Pitre Redondo, mujer afrodescendiente del departamento de la Guajira. "Francia Márquez representa a la mujer luchadora, a la que está en nuestros territorios, simboliza una oportunidad de cambio. Los pueblos étnicos esperamos que este cambio sea representativo para nuestras comunidades. El hambre y la violencia  pasen a segundo plano. Que tengamos mejor educación, necesitamos una política de salud diferencial. Esa es la esperanza que tenemos", dijo esta maestra de 53 años. 

En el momento de cierre de la investidura espiritual Petro les dijo a los presentes: Nos vemos mañana en Plaza de Bolívar. Allí, este domingo jurará como presidente después de décadas en las que buscó llegar al poder para cambiar a Colombia. De guerrillero del M19 (Movimiento 19 de Abril),  a alcalde de Bogotá (entre 2012-2015) y senador. En la ceremonia de investidura participarán una decena de jefes de Estado, entre ellos Alberto Fernández, Gabriel Boric (Chile) y Luis Arce (Bolivia), con quienes ha mostrado sintonía política. Y con quienes mantuvo reuniones Francia Márquez en una gira regional una semana atrás. 

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Óscar Pinto, Caja, 40 x 42 cm, (Cortesía del autor)

No había pasado una semana desde el triunfo de Gustavo Petro cuando, sorpresivamente, junto con las especulaciones sobre los posibles ministros, los ataques se convirtieron en “consejos”: al parecer, nadie estaba ya en desacuerdo con ¡el cambio!. La preocupación era otra. Muy bien lo sintetizaba el editorialista de un periódico capitalino: “Prudencia con los cambios…” . Aunque se cuidaba de aclarar, para tranquilidad de los amigos del “Pacto”: “sin traicionarlos” (1). Los críticos y hasta los enemigos de la víspera asumían ahora la posición de “maestros” en la tónica de enmendarle la plana. La disputa sobre la naturaleza del cambio quedaba así reducida a una cuestión de moderación y confundida con la cuestión de la velocidad. No obstante, da la impresión que en la opinión no hay suficiente claridad sobre lo que debería y podría significar una nueva política.


En efecto, si algo quedó claro en el resultado de las pasadas elecciones es la existencia mayoritaria en el pueblo colombiano, tanto en los que ganaron como en los que perdieron, de un anhelo de cambio. Lo que no se puso de manifiesto es que dicho anhelo, todavía vago y confuso, coincide además, en esta ocasión, con una necesidad histórica. El hundimiento de la política tradicional lo es al mismo tiempo de una burguesía que carece de perspectiva histórica. El modelo económico “extractivista”, mono-exportador, que durante casi veinte años dio vida a la economía colombiana, se agotó definitivamente. No se trata de un receso transitorio sino de una pérdida completa de viabilidad.


Colombia, en realidad, si bien ha tenido picos de extracción de crudo conforme han entrado en operación los periódicos descubrimientos significativos, no es un país petrolero. La producción diaria que desde 2010 había aumentado año tras año hasta llegar a más de un millón de barriles, comenzó luego a descender hasta colocarse en los tres últimos años alrededor de 700.000 Así pues, podía haber consolidado un esquema de autoabastecimiento pero nunca jugarse el futuro en intentar montar una plataforma exportadora. Es la realidad que ahora se nos vino encima. Las reservas probadas van a terminarse (según los cálculos, para 2028 escasamente se cubriría el consumo local) y aunque se sigue explorando no abundan expectativas optimistas. Es por eso que insisten de modo irresponsable en probar con las tecnologías absurdas, llamadas “no convencionales”, como el fracking, cuyo impacto destructivo sobre los ecosistemas es ampliamente reconocido. Se pretende, pues, prolongar la vida del modelo de manera artificial, como un zombie.


Lo anterior es una muestra de la significación y la profundidad del cambio que se necesita. No sólo por voluntad sino por necesidad. Puede suceder, claro está, que el país continúe indefinidamente, simplemente sobreviviendo; la fórmula muy colombiana del justo medio que facilita guardar las apariencias. No obstante, la situación mundial es verdaderamente crítica y no permite la calmada indiferencia; obliga a ofrecer respuestas contundentes e inmediatas. Es posible entonces que también aquí los cambios se precipiten, pero como resultado de las exigencias y los golpes de la turbulencia internacional.

¿Radical e inmediato?


La mencionada falta de claridad en las diferentes vertientes de la opinión pública no es gratuita. Es posible criticar y rechazar el llamado modelo extractivista desde el punto de vista de la crisis climática, es decir frente a la imperiosa necesidad de abandonar, en todo el mundo, los combustibles fósiles cuya utilización es responsable de buena parte de la emisión de gases de efecto invernadero. De ahí la necesidad universal (y también en Colombia) de sustituir la matriz energética orientándola hacia lo que se llama energías “limpias”. Ese parece ser el enfoque de Petro. Un proyecto que como mínimo se toma no menos de quince o veinte años. Empero, la caracterización que se le debe dar al modelo y que es la que se está resaltando aquí, es otra, si se quiere económica, y es de tal importancia y urgencia que exige alternativas de fondo; respuestas, esas sí, de corto plazo.


Como se habrá advertido, le hemos añadido el calificativo “monoexportador” y casi sobra recordar sus implicaciones. Es tanta la literatura periodística y académica que difundida en los últimos meses en defensa de sus “virtudes” que resulta innecesario explicar la extremada dependencia del país respecto de las inversiones, producción y exportaciones de petróleo. Colombia, al igual que otros países, gracias al prolongado periodo de altos precios de los hidrocarburos en el mercado mundial, pudo ignorar la destrucción de su base productiva manufacturera e incluso agrícola, e ingresar al mundo de fantasía de importar… e importar... Sucumbió al espejismo de una balanza de pagos y unas finanzas públicas equilibradas. Y otro calificativo merecería entonces el modelo: la columna vertebral de los negocios, como se sabe, no es aquí la producción sino la especulación financiera, verdadero determinante de las oportunidades de inversión incluso en la extracción. De tal especulación hace parte, por cierto, el endeudamiento público. Tenemos entonces un modelo económico “financiarizado”.

Hoy, la necesidad de encontrar una alternativa es inmediata. No es una opción. ¡El modelo se hundió! Ya estaba haciendo agua cuando entró el gobierno de Duque. La pandemia llevó, como es natural, a una recesión, pero no debemos utilizarla como una coartada tranquilizadora. Luego de la actual “reactivación”, las tendencias de fondo seguramente reaparecerán después de las transitorias altas cifras de exportación. La reducción del fondo de divisas llevará a un estrangulamiento de la economía. No se trata pues de la transición energética sino de encontrar otra ubicación –reinserción– en la economía mundial.

Ahora bien, visto desde otro ángulo, debe reiterarse que este modelo mono-exportador permitió sobrellevar aquí los desastres y las imposibilidades del régimen neoliberal. Esto, a diferencia de otros países cuyos gobiernos se esforzaron por cambiar este régimen antes de entrar en el extractivismo. Obsérvese que al neoliberalismo también suelen denominarlo “modelo” para diferenciarlo de aquel basado en el intervencionismo de Estado. En ese sentido, el “cambio” anhelado debería significar también el reemplazo del modelo neoliberal. Ese sería otro objetivo. Pero no están desconectados: difícilmente podría encontrarse otro patrón de acumulación sin modificar el marco actual de la regulación económica capitalista.

 

 


Aquí es más difícil señalar el agotamiento del modelo (neoliberal) para concluir que el cambio es una necesidad histórica. Para los tecnócratas, el fundamentalismo neoliberal es la teoría económica “científica” por excelencia y las políticas públicas sólo son eficaces y legítimas en la medida en que se basen en las llamadas “reglas del mercado” (2). Y no son pocos los interesados en mantenerlo sometiéndolo a simples retoques –el “sagrado” principio de la gradualidad. Pero no es imposible; salud y pensiones, por ejemplo, son ámbitos para los que la crítica es mundialmente contundente. Para no mencionar los aspectos relacionados con su fracaso estratégico como el creciente desempleo estructural, la desigualdad social y la pobreza. Pero también hay razones para pensar que en este terreno serán igualmente indispensables políticas de corto plazo. Precisamente, el fin del modelo extractivista mono-exportador tornará imposible que bajo las puras reglas del mercado se obtenga una aceptable dinámica económica y social. Se puede ser extractivista sin neoliberalismo, pero no se puede ser neoliberal sin extractivismo.


La realidad es tiránica


La defensa de los modelos no tiene que ver simplemente con racionalidades y opiniones sino, sobre todo, con la preservación de intereses creados o con los que se expresan en la impugnación. Es por eso que no basta con la persuasión: los cambios dependen de modificaciones en la correlación de fuerzas sociales y políticas. Pero también es cierto que hay momentos como éste en que no se trata solamente de opciones de política económica sino de disyuntivas históricas. Es la realidad la que termina imponiéndose brutalmente. En este caso la realidad mundial.

La actual turbulencia está obligando a todos los países y sus respectivas regiones a un reordenamiento, a una nueva modalidad de inserción o de exclusión, ya sea en términos geopolíticos o particularmente, en el mercado mundial. En lo inmediato la referencia es a la guerra en Ucrania. No es por supuesto la primera (ni siquiera considerada como “invasión”) en lo que va corrido de este siglo, pero es manifestación clara de un enfrentamiento entre dos colosos, Estados Unidos y Rusia. Corre paralela al otro gran enfrentamiento de Estados Unidos, tal vez más importante, esto es, con China, el cual se expresa hasta ahora en términos de una guerra comercial. Podría decirse, esquemáticamente, que se trata de una contraofensiva imperialista de los EEUU desplegada, más o menos desde 2009, como respuesta al surgimiento del mundo multipolar en el periodo anterior.


Para la Cepal, por ejemplo, la transformación mencionada es evidente (ver gráfico) pero la interpreta como un lamentable freno de la globalización originado en el retorno al predominio de las razones geopolíticas sobre las razones de la eficiencia (3). Sin embargo, las posturas que llama “nacionalistas” y las estrategias de relocalización, deslocalización cercana, combinación de localizaciones interna y en diferentes países y localizaciones en países considerados “amigos” ya venían practicándose desde antes, durante el auge de la globalización. El principio (dogma) del libre comercio siempre fue aplicado fundamentalmente en los países periféricos, lo nuevo es la aceptación, su relatividad. La crisis exacerbó la lucha, ahora abierta, por el reparto del mundo. Seguramente no es probable que EEUU recupere su hegemonía pero ese es el significado contextual de esta guerra.


En todo caso, sus impactos económicos ya son considerables. En particular, las alzas de los precios de los combustibles (petróleo y gas), las materias primas (carbón, cobre y níquel), los alimentos (trigo, maíz y aceites) y los fertilizantes, debido a la importancia de Rusia y Ucrania en la producción y el comercio mundial de dichos bienes. Para los países de América Latina esto significa un incremento en el valor de su comercio exterior, pero sólo los exportadores netos de combustibles se verán beneficiados pues, en general, sufrirán el efecto negativo del incremento en los costos de los importados. Un caso particularmente grave es el alza de precios de los fertilizantes. Sobre la base de un proceso inflacionario en curso, la Cepal advierte seriamente: “La destrucción de la capacidad productiva agrícola en Ucrania y la paralización de gran parte del comercio de cereales y fertilizantes con la Federación de Rusia abren la perspectiva de una crisis alimentaria mundial” (4).

No obstante, este es apenas el eslabón más reciente de una serie de acontecimientos. La Unctad, que acaba de revisar a la baja sus pronósticos de crecimiento de la economía mundial para 2022 –un crecimiento del PIB de 2,6 por ciento y ya no de 3.6– precisa que los efectos económicos de la guerra de Ucrania agravarán la ralentización de la economía mundial y debilitarán la recuperación que se esperaba en la postpandemia (5). En efecto, no habían terminado de asimilarse las secuelas de la crisis financiera de 2007-2008 cuando emergió la pandemia y ahora, sin acabar de salir de ésta y de las implicaciones económicas de su manejo (endeudamiento e inflación), sobrevino esta guerra.


En realidad, la dinámica del comercio mundial nunca se recuperó de la crisis señalada pese a las medidas adoptadas por los Bancos centrales de casi todas las potencias y debido, en parte, a la mencionada disputa entre ellas por los mercados del planeta. Se había quebrado, entre otras, la tendencia expansiva de la demanda de materias primas jalonada por China. En América Latina, entre 2014 y 2019, se registró apenas un lento crecimiento. Según la Cepal, apenas un 0,3 por ciento, como promedio anual, con la consiguiente caída del PIB por habitante.
El choque expansivo que se aplicó para salir del receso de la pandemia significó un excepcional crecimiento en 2021 para casi todo el mundo, pero ya se preveía una desaceleración para 2022 y un retorno a la lentitud en los años siguientes. Un resultado obvio de la contradicción de política monetaria entre la necesidad de alimentar la recuperación y el esfuerzo extraordinario por controlar la inflación mundial. Todo ello reflejado en los movimientos de la tasa de interés.


Los indicadores registran ahora, con el conflicto bélico, un radical desplome de la inversión extranjera directa. Por su parte, los flujos de capital –de portafolio– cambian de sentido; se encaminan hacia Estados Unidos, atraídos por las crecientes tasas de interés. Se comprenderá el impacto que esto tiene en la deuda pública, especialmente en los países periféricos. Y el dólar se fortalece de modo imparable. Se habla de recesión generalizada. Pero también de una verdadera crisis. Como telón de fondo, sin embargo, persiste la ausencia de perspectivas históricas de acumulación.

El cambio: impuesto vs. voluntario

La difícil situación actual no parece asignarle un lugar definido al mundo periférico, como no sea, para algunos pocos países, el aprovechamiento fugaz de las alzas en los precios del petróleo. Ante la amenaza de la recesión, hasta los Estados Unidos tienden a concentrarse en su propia economía. Pero ello puede ser también una oportunidad. Suele decirse que la desconexión propiciada por la gran depresión de los años treinta y luego por la Segunda Guerra Mundial fue la base de la autonomización de América Latina y consecuentemente de su industrialización y desarrollo. Se olvidan de agregar, sin embargo, que fue necesaria una política deliberada, puesta en marcha desde unos Estados fortalecidos; aquella que hoy es conocida como “modelo de sustitución de importaciones”. Es una lección que vale la pena recordar.

El análisis convencional nos dice que, en lo inmediato, países como Colombia se encuentran entre dos fuerzas. Mientras los valores exportados de combustibles se mantengan superiores al servicio de la deuda externa habrá estabilidad. Y hasta se pueden sufragar los mayores precios de importación. Otros, desde luego, están en peores condiciones. Pero ¿Por cuánto tiempo? No tiene nada de extraño que en algún momento, dada la elevada tasa de endeudamiento y frente a la imposibilidad económica de refinanciación, se materialice el espectro de la insolvencia.

Eso sin contar el choque inflacionario que proviene de la misma fuente. Según la Cepal, al limitado desempeño económico esperado en la región para 2022, que se está expresando en un debilitamiento de la creación de empleo, se añade esta creciente inflación concentrada en los alimentos, generando un contexto adverso para las condiciones de vida de la población. Prevé que, la pobreza extrema y la pobreza se elevarán por sobre los niveles estimados para 2021 que ya eran altos (6). Colombia no se escapa de este diagnóstico.

Lo peor es, sin embargo, la perspectiva para los próximos cinco años. Un cambio sustancial que signifique, como se dijo antes, otra ubicación –reinserción– en la economía mundial es indispensable. Implica modificar todo el entable institucional construido en los últimos años para el modelo monoexportador y sobre todo comenzar a recuperar y redefinir el sistema productivo. Hasta cierto punto puede entenderse como un aprovechamiento de la desconexión impuesta. Y no está descartado que incluya medidas de emergencia.

Todo parece indicar que el eje ya no será como hace un siglo, la industrialización, aunque no se descuida, sino el sector agropecuario. Un desarrollo completamente innovador. Es, por lo demás, indispensable y urgente. Una consecuencia, para empezar, del indispensable cambio de la matriz de importación que debe ser inmediato y draconiano. Una forma de desacople. Es necesario forzar la sustitución de productos agrícolas alimenticios. Como el maíz, para mencionar apenas el más emblemático y vergonzoso de los importados. Tomar en serio la advertencia de la Cepal sobre el riesgo actual en que se encuentra la seguridad alimentaria.

Un giro que forzosamente llevará a un programa que se requiere más audaz y sobre todo más rápido de reforma rural. Por eso se calificó de eje. Comenzando con una verdadera Reforma Agraria, centrada, como debe ser, en la redistribución de la tierra la cual debe orientarse, simultáneamente, a la estabilización de una economía campesina basada en la configuración de un sistema de zonas de reserva campesina. Se trata de desencadenar la producción de suficientes y variados alimentos de la tierra. No es un programa aislado. Supone un forzoso complemento, el conocido trípode: vías terciarias, comercialización y crédito. Obviamente, todo depende de un gran supuesto que se había vuelto un tabú en estos tiempos de los tratados de libre comercio: el respaldo activo y permanente del Estado a la economía campesina.

Sin duda, será necesario actuar simultáneamente en el escenario internacional. Ya lo ha mencionado el nuevo gobierno de Petro: la posibilidad de renegociar los Tratados de Libre Comercio, particularmente el suscrito con los Estados Unidos. –Obsérvese de paso que Colombia, a diferencia de la mayoría de los países de Suramérica, no tiene aún una significativa relación económica con China y se mantiene, como en el siglo pasado, en la órbita norteamericana. Es algo que habría que empezar a cambiar–. Pero la cuestión posee mucho más calado. Tiene que ver con el ordenamiento mundial de “libre comercio” que se edificó en nombre de la globalización y que, como se dijo, obliga cada vez menos a las grandes potencias. Tal ordenamiento ha sido cuestionado desde su surgimiento y mucho más recientemente. Por ejemplo en relación con las normas de propiedad intelectual y el férreo monopolio de las multinacionales farmacéuticas sobre las vacunas.

Pues bien, hace unas semanas se realizó en Ginebra la 12ª Conferencia Ministerial de la Omc (Mc12). Nuevamente, una gran cantidad de organizaciones sociales y diversas organizaciones de la sociedad civil, así como algunos gobiernos de países del sur global, expresaron sus puntos de vista. Por ejemplo, en relación con las normas sobre agricultura. No son pocos los documentos importantes elaborados, difundidos y presentados formalmente por parte de los críticos, en todos los temas, aunque no se haya logrado incidir sensiblemente en las conclusiones de esta Conferencia. Pero la iniciativa continúa. El desafío planteado es, por el momento, la reforma de la Omc. Hacia el futuro, lo que se llama el “nuevo Bretton Woods del comercio” (7), Es en este escenario, como en otros, donde sería preciso incidir como parte de los esfuerzos de cambio. Si se tiene un nuevo gobierno en Colombia, sería de esperarse una nueva presencia, y protagonismo, frente a otros países y en los organismos internacionales. Claro está, no se trata de someter el proceso interno a los ritmos impuestos por éstos sino de una anticipación.


Es muy pronto seguramente para identificar el rumbo finalmente escogido pero, dadas las circunstancias, es lo que aparece como la opción más sólida. Una constatación es indiscutible: más allá de los esfuerzos en favor de la transición energética, es un cambio que incluso por las actuales condiciones internacionales resulta indispensable y urgente. Y por la envergadura de sus requerimientos tiene que ser de entrada ambicioso. Convendría llamarlo por su nombre: un “plan de choque”.

1. El Espectador, domingo, 10 de julio de 2022.
2. El predominio del famoso “pensamiento único”, sin embargo, parece estar llegando a su fin. Aunque en nuestra aldea tarden en enterarse. La Unctad, en su último informe señala: “Además, parece que las instituciones financieras multilaterales han dejado atrás los dogmas simples del mercado. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial han reconocido que el pensamiento económico del pasado no puede proporcionarnos un sistema más resiliente para el futuro. Se han respaldado los grandes programas de gasto y las iniciativas para gravar a los ricos y reducir el poder de los monopolios, se ha reconocido el papel de los controles de capital selectivos y se han refrendado políticas fuertemente intervencionistas para respaldar un impulso de la inversión verde” Ver Unctad, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2021 Panorama General, pág. I, junio 2021
3. Cepal, “Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?”, 6 de junio de 2022
4. Cepal, Ibídem.
5. Unctad, “Actualización del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2021” Marzo de 2022. https://unctad.org/es/press-material/la-onu-preve-un-deterioro-de-las-perspectivas-de-crecimiento-de-la-economia-mundial
6. Cepal, op. cit.
7. James, Deborah, La Organización Mundial de Comercio después de la 12ª Conferencia Ministerial, 22 de junio de 2022 . Ver https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/the-world-trade-organization-fter-the-12th-ministerial-conference.

 

* Economista, integrante del Consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

 

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Óscar Pinto, Caja, 40 x 42 cm, (Cortesía del autor)

No había pasado una semana desde el triunfo de Gustavo Petro cuando, sorpresivamente, junto con las especulaciones sobre los posibles ministros, los ataques se convirtieron en “consejos”: al parecer, nadie estaba ya en desacuerdo con ¡el cambio!. La preocupación era otra. Muy bien lo sintetizaba el editorialista de un periódico capitalino: “Prudencia con los cambios…” . Aunque se cuidaba de aclarar, para tranquilidad de los amigos del “Pacto”: “sin traicionarlos” (1). Los críticos y hasta los enemigos de la víspera asumían ahora la posición de “maestros” en la tónica de enmendarle la plana. La disputa sobre la naturaleza del cambio quedaba así reducida a una cuestión de moderación y confundida con la cuestión de la velocidad. No obstante, da la impresión que en la opinión no hay suficiente claridad sobre lo que debería y podría significar una nueva política.


En efecto, si algo quedó claro en el resultado de las pasadas elecciones es la existencia mayoritaria en el pueblo colombiano, tanto en los que ganaron como en los que perdieron, de un anhelo de cambio. Lo que no se puso de manifiesto es que dicho anhelo, todavía vago y confuso, coincide además, en esta ocasión, con una necesidad histórica. El hundimiento de la política tradicional lo es al mismo tiempo de una burguesía que carece de perspectiva histórica. El modelo económico “extractivista”, mono-exportador, que durante casi veinte años dio vida a la economía colombiana, se agotó definitivamente. No se trata de un receso transitorio sino de una pérdida completa de viabilidad.


Colombia, en realidad, si bien ha tenido picos de extracción de crudo conforme han entrado en operación los periódicos descubrimientos significativos, no es un país petrolero. La producción diaria que desde 2010 había aumentado año tras año hasta llegar a más de un millón de barriles, comenzó luego a descender hasta colocarse en los tres últimos años alrededor de 700.000 Así pues, podía haber consolidado un esquema de autoabastecimiento pero nunca jugarse el futuro en intentar montar una plataforma exportadora. Es la realidad que ahora se nos vino encima. Las reservas probadas van a terminarse (según los cálculos, para 2028 escasamente se cubriría el consumo local) y aunque se sigue explorando no abundan expectativas optimistas. Es por eso que insisten de modo irresponsable en probar con las tecnologías absurdas, llamadas “no convencionales”, como el fracking, cuyo impacto destructivo sobre los ecosistemas es ampliamente reconocido. Se pretende, pues, prolongar la vida del modelo de manera artificial, como un zombie.


Lo anterior es una muestra de la significación y la profundidad del cambio que se necesita. No sólo por voluntad sino por necesidad. Puede suceder, claro está, que el país continúe indefinidamente, simplemente sobreviviendo; la fórmula muy colombiana del justo medio que facilita guardar las apariencias. No obstante, la situación mundial es verdaderamente crítica y no permite la calmada indiferencia; obliga a ofrecer respuestas contundentes e inmediatas. Es posible entonces que también aquí los cambios se precipiten, pero como resultado de las exigencias y los golpes de la turbulencia internacional.

¿Radical e inmediato?


La mencionada falta de claridad en las diferentes vertientes de la opinión pública no es gratuita. Es posible criticar y rechazar el llamado modelo extractivista desde el punto de vista de la crisis climática, es decir frente a la imperiosa necesidad de abandonar, en todo el mundo, los combustibles fósiles cuya utilización es responsable de buena parte de la emisión de gases de efecto invernadero. De ahí la necesidad universal (y también en Colombia) de sustituir la matriz energética orientándola hacia lo que se llama energías “limpias”. Ese parece ser el enfoque de Petro. Un proyecto que como mínimo se toma no menos de quince o veinte años. Empero, la caracterización que se le debe dar al modelo y que es la que se está resaltando aquí, es otra, si se quiere económica, y es de tal importancia y urgencia que exige alternativas de fondo; respuestas, esas sí, de corto plazo.


Como se habrá advertido, le hemos añadido el calificativo “monoexportador” y casi sobra recordar sus implicaciones. Es tanta la literatura periodística y académica que difundida en los últimos meses en defensa de sus “virtudes” que resulta innecesario explicar la extremada dependencia del país respecto de las inversiones, producción y exportaciones de petróleo. Colombia, al igual que otros países, gracias al prolongado periodo de altos precios de los hidrocarburos en el mercado mundial, pudo ignorar la destrucción de su base productiva manufacturera e incluso agrícola, e ingresar al mundo de fantasía de importar… e importar... Sucumbió al espejismo de una balanza de pagos y unas finanzas públicas equilibradas. Y otro calificativo merecería entonces el modelo: la columna vertebral de los negocios, como se sabe, no es aquí la producción sino la especulación financiera, verdadero determinante de las oportunidades de inversión incluso en la extracción. De tal especulación hace parte, por cierto, el endeudamiento público. Tenemos entonces un modelo económico “financiarizado”.

Hoy, la necesidad de encontrar una alternativa es inmediata. No es una opción. ¡El modelo se hundió! Ya estaba haciendo agua cuando entró el gobierno de Duque. La pandemia llevó, como es natural, a una recesión, pero no debemos utilizarla como una coartada tranquilizadora. Luego de la actual “reactivación”, las tendencias de fondo seguramente reaparecerán después de las transitorias altas cifras de exportación. La reducción del fondo de divisas llevará a un estrangulamiento de la economía. No se trata pues de la transición energética sino de encontrar otra ubicación –reinserción– en la economía mundial.

Ahora bien, visto desde otro ángulo, debe reiterarse que este modelo mono-exportador permitió sobrellevar aquí los desastres y las imposibilidades del régimen neoliberal. Esto, a diferencia de otros países cuyos gobiernos se esforzaron por cambiar este régimen antes de entrar en el extractivismo. Obsérvese que al neoliberalismo también suelen denominarlo “modelo” para diferenciarlo de aquel basado en el intervencionismo de Estado. En ese sentido, el “cambio” anhelado debería significar también el reemplazo del modelo neoliberal. Ese sería otro objetivo. Pero no están desconectados: difícilmente podría encontrarse otro patrón de acumulación sin modificar el marco actual de la regulación económica capitalista.

 

 


Aquí es más difícil señalar el agotamiento del modelo (neoliberal) para concluir que el cambio es una necesidad histórica. Para los tecnócratas, el fundamentalismo neoliberal es la teoría económica “científica” por excelencia y las políticas públicas sólo son eficaces y legítimas en la medida en que se basen en las llamadas “reglas del mercado” (2). Y no son pocos los interesados en mantenerlo sometiéndolo a simples retoques –el “sagrado” principio de la gradualidad. Pero no es imposible; salud y pensiones, por ejemplo, son ámbitos para los que la crítica es mundialmente contundente. Para no mencionar los aspectos relacionados con su fracaso estratégico como el creciente desempleo estructural, la desigualdad social y la pobreza. Pero también hay razones para pensar que en este terreno serán igualmente indispensables políticas de corto plazo. Precisamente, el fin del modelo extractivista mono-exportador tornará imposible que bajo las puras reglas del mercado se obtenga una aceptable dinámica económica y social. Se puede ser extractivista sin neoliberalismo, pero no se puede ser neoliberal sin extractivismo.


La realidad es tiránica


La defensa de los modelos no tiene que ver simplemente con racionalidades y opiniones sino, sobre todo, con la preservación de intereses creados o con los que se expresan en la impugnación. Es por eso que no basta con la persuasión: los cambios dependen de modificaciones en la correlación de fuerzas sociales y políticas. Pero también es cierto que hay momentos como éste en que no se trata solamente de opciones de política económica sino de disyuntivas históricas. Es la realidad la que termina imponiéndose brutalmente. En este caso la realidad mundial.

La actual turbulencia está obligando a todos los países y sus respectivas regiones a un reordenamiento, a una nueva modalidad de inserción o de exclusión, ya sea en términos geopolíticos o particularmente, en el mercado mundial. En lo inmediato la referencia es a la guerra en Ucrania. No es por supuesto la primera (ni siquiera considerada como “invasión”) en lo que va corrido de este siglo, pero es manifestación clara de un enfrentamiento entre dos colosos, Estados Unidos y Rusia. Corre paralela al otro gran enfrentamiento de Estados Unidos, tal vez más importante, esto es, con China, el cual se expresa hasta ahora en términos de una guerra comercial. Podría decirse, esquemáticamente, que se trata de una contraofensiva imperialista de los EEUU desplegada, más o menos desde 2009, como respuesta al surgimiento del mundo multipolar en el periodo anterior.


Para la Cepal, por ejemplo, la transformación mencionada es evidente (ver gráfico) pero la interpreta como un lamentable freno de la globalización originado en el retorno al predominio de las razones geopolíticas sobre las razones de la eficiencia (3). Sin embargo, las posturas que llama “nacionalistas” y las estrategias de relocalización, deslocalización cercana, combinación de localizaciones interna y en diferentes países y localizaciones en países considerados “amigos” ya venían practicándose desde antes, durante el auge de la globalización. El principio (dogma) del libre comercio siempre fue aplicado fundamentalmente en los países periféricos, lo nuevo es la aceptación, su relatividad. La crisis exacerbó la lucha, ahora abierta, por el reparto del mundo. Seguramente no es probable que EEUU recupere su hegemonía pero ese es el significado contextual de esta guerra.


En todo caso, sus impactos económicos ya son considerables. En particular, las alzas de los precios de los combustibles (petróleo y gas), las materias primas (carbón, cobre y níquel), los alimentos (trigo, maíz y aceites) y los fertilizantes, debido a la importancia de Rusia y Ucrania en la producción y el comercio mundial de dichos bienes. Para los países de América Latina esto significa un incremento en el valor de su comercio exterior, pero sólo los exportadores netos de combustibles se verán beneficiados pues, en general, sufrirán el efecto negativo del incremento en los costos de los importados. Un caso particularmente grave es el alza de precios de los fertilizantes. Sobre la base de un proceso inflacionario en curso, la Cepal advierte seriamente: “La destrucción de la capacidad productiva agrícola en Ucrania y la paralización de gran parte del comercio de cereales y fertilizantes con la Federación de Rusia abren la perspectiva de una crisis alimentaria mundial” (4).

No obstante, este es apenas el eslabón más reciente de una serie de acontecimientos. La Unctad, que acaba de revisar a la baja sus pronósticos de crecimiento de la economía mundial para 2022 –un crecimiento del PIB de 2,6 por ciento y ya no de 3.6– precisa que los efectos económicos de la guerra de Ucrania agravarán la ralentización de la economía mundial y debilitarán la recuperación que se esperaba en la postpandemia (5). En efecto, no habían terminado de asimilarse las secuelas de la crisis financiera de 2007-2008 cuando emergió la pandemia y ahora, sin acabar de salir de ésta y de las implicaciones económicas de su manejo (endeudamiento e inflación), sobrevino esta guerra.


En realidad, la dinámica del comercio mundial nunca se recuperó de la crisis señalada pese a las medidas adoptadas por los Bancos centrales de casi todas las potencias y debido, en parte, a la mencionada disputa entre ellas por los mercados del planeta. Se había quebrado, entre otras, la tendencia expansiva de la demanda de materias primas jalonada por China. En América Latina, entre 2014 y 2019, se registró apenas un lento crecimiento. Según la Cepal, apenas un 0,3 por ciento, como promedio anual, con la consiguiente caída del PIB por habitante.
El choque expansivo que se aplicó para salir del receso de la pandemia significó un excepcional crecimiento en 2021 para casi todo el mundo, pero ya se preveía una desaceleración para 2022 y un retorno a la lentitud en los años siguientes. Un resultado obvio de la contradicción de política monetaria entre la necesidad de alimentar la recuperación y el esfuerzo extraordinario por controlar la inflación mundial. Todo ello reflejado en los movimientos de la tasa de interés.


Los indicadores registran ahora, con el conflicto bélico, un radical desplome de la inversión extranjera directa. Por su parte, los flujos de capital –de portafolio– cambian de sentido; se encaminan hacia Estados Unidos, atraídos por las crecientes tasas de interés. Se comprenderá el impacto que esto tiene en la deuda pública, especialmente en los países periféricos. Y el dólar se fortalece de modo imparable. Se habla de recesión generalizada. Pero también de una verdadera crisis. Como telón de fondo, sin embargo, persiste la ausencia de perspectivas históricas de acumulación.

El cambio: impuesto vs. voluntario

La difícil situación actual no parece asignarle un lugar definido al mundo periférico, como no sea, para algunos pocos países, el aprovechamiento fugaz de las alzas en los precios del petróleo. Ante la amenaza de la recesión, hasta los Estados Unidos tienden a concentrarse en su propia economía. Pero ello puede ser también una oportunidad. Suele decirse que la desconexión propiciada por la gran depresión de los años treinta y luego por la Segunda Guerra Mundial fue la base de la autonomización de América Latina y consecuentemente de su industrialización y desarrollo. Se olvidan de agregar, sin embargo, que fue necesaria una política deliberada, puesta en marcha desde unos Estados fortalecidos; aquella que hoy es conocida como “modelo de sustitución de importaciones”. Es una lección que vale la pena recordar.

El análisis convencional nos dice que, en lo inmediato, países como Colombia se encuentran entre dos fuerzas. Mientras los valores exportados de combustibles se mantengan superiores al servicio de la deuda externa habrá estabilidad. Y hasta se pueden sufragar los mayores precios de importación. Otros, desde luego, están en peores condiciones. Pero ¿Por cuánto tiempo? No tiene nada de extraño que en algún momento, dada la elevada tasa de endeudamiento y frente a la imposibilidad económica de refinanciación, se materialice el espectro de la insolvencia.

Eso sin contar el choque inflacionario que proviene de la misma fuente. Según la Cepal, al limitado desempeño económico esperado en la región para 2022, que se está expresando en un debilitamiento de la creación de empleo, se añade esta creciente inflación concentrada en los alimentos, generando un contexto adverso para las condiciones de vida de la población. Prevé que, la pobreza extrema y la pobreza se elevarán por sobre los niveles estimados para 2021 que ya eran altos (6). Colombia no se escapa de este diagnóstico.

Lo peor es, sin embargo, la perspectiva para los próximos cinco años. Un cambio sustancial que signifique, como se dijo antes, otra ubicación –reinserción– en la economía mundial es indispensable. Implica modificar todo el entable institucional construido en los últimos años para el modelo monoexportador y sobre todo comenzar a recuperar y redefinir el sistema productivo. Hasta cierto punto puede entenderse como un aprovechamiento de la desconexión impuesta. Y no está descartado que incluya medidas de emergencia.

Todo parece indicar que el eje ya no será como hace un siglo, la industrialización, aunque no se descuida, sino el sector agropecuario. Un desarrollo completamente innovador. Es, por lo demás, indispensable y urgente. Una consecuencia, para empezar, del indispensable cambio de la matriz de importación que debe ser inmediato y draconiano. Una forma de desacople. Es necesario forzar la sustitución de productos agrícolas alimenticios. Como el maíz, para mencionar apenas el más emblemático y vergonzoso de los importados. Tomar en serio la advertencia de la Cepal sobre el riesgo actual en que se encuentra la seguridad alimentaria.

Un giro que forzosamente llevará a un programa que se requiere más audaz y sobre todo más rápido de reforma rural. Por eso se calificó de eje. Comenzando con una verdadera Reforma Agraria, centrada, como debe ser, en la redistribución de la tierra la cual debe orientarse, simultáneamente, a la estabilización de una economía campesina basada en la configuración de un sistema de zonas de reserva campesina. Se trata de desencadenar la producción de suficientes y variados alimentos de la tierra. No es un programa aislado. Supone un forzoso complemento, el conocido trípode: vías terciarias, comercialización y crédito. Obviamente, todo depende de un gran supuesto que se había vuelto un tabú en estos tiempos de los tratados de libre comercio: el respaldo activo y permanente del Estado a la economía campesina.

Sin duda, será necesario actuar simultáneamente en el escenario internacional. Ya lo ha mencionado el nuevo gobierno de Petro: la posibilidad de renegociar los Tratados de Libre Comercio, particularmente el suscrito con los Estados Unidos. –Obsérvese de paso que Colombia, a diferencia de la mayoría de los países de Suramérica, no tiene aún una significativa relación económica con China y se mantiene, como en el siglo pasado, en la órbita norteamericana. Es algo que habría que empezar a cambiar–. Pero la cuestión posee mucho más calado. Tiene que ver con el ordenamiento mundial de “libre comercio” que se edificó en nombre de la globalización y que, como se dijo, obliga cada vez menos a las grandes potencias. Tal ordenamiento ha sido cuestionado desde su surgimiento y mucho más recientemente. Por ejemplo en relación con las normas de propiedad intelectual y el férreo monopolio de las multinacionales farmacéuticas sobre las vacunas.

Pues bien, hace unas semanas se realizó en Ginebra la 12ª Conferencia Ministerial de la Omc (Mc12). Nuevamente, una gran cantidad de organizaciones sociales y diversas organizaciones de la sociedad civil, así como algunos gobiernos de países del sur global, expresaron sus puntos de vista. Por ejemplo, en relación con las normas sobre agricultura. No son pocos los documentos importantes elaborados, difundidos y presentados formalmente por parte de los críticos, en todos los temas, aunque no se haya logrado incidir sensiblemente en las conclusiones de esta Conferencia. Pero la iniciativa continúa. El desafío planteado es, por el momento, la reforma de la Omc. Hacia el futuro, lo que se llama el “nuevo Bretton Woods del comercio” (7), Es en este escenario, como en otros, donde sería preciso incidir como parte de los esfuerzos de cambio. Si se tiene un nuevo gobierno en Colombia, sería de esperarse una nueva presencia, y protagonismo, frente a otros países y en los organismos internacionales. Claro está, no se trata de someter el proceso interno a los ritmos impuestos por éstos sino de una anticipación.


Es muy pronto seguramente para identificar el rumbo finalmente escogido pero, dadas las circunstancias, es lo que aparece como la opción más sólida. Una constatación es indiscutible: más allá de los esfuerzos en favor de la transición energética, es un cambio que incluso por las actuales condiciones internacionales resulta indispensable y urgente. Y por la envergadura de sus requerimientos tiene que ser de entrada ambicioso. Convendría llamarlo por su nombre: un “plan de choque”.

1. El Espectador, domingo, 10 de julio de 2022.
2. El predominio del famoso “pensamiento único”, sin embargo, parece estar llegando a su fin. Aunque en nuestra aldea tarden en enterarse. La Unctad, en su último informe señala: “Además, parece que las instituciones financieras multilaterales han dejado atrás los dogmas simples del mercado. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial han reconocido que el pensamiento económico del pasado no puede proporcionarnos un sistema más resiliente para el futuro. Se han respaldado los grandes programas de gasto y las iniciativas para gravar a los ricos y reducir el poder de los monopolios, se ha reconocido el papel de los controles de capital selectivos y se han refrendado políticas fuertemente intervencionistas para respaldar un impulso de la inversión verde” Ver Unctad, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2021 Panorama General, pág. I, junio 2021
3. Cepal, “Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?”, 6 de junio de 2022
4. Cepal, Ibídem.
5. Unctad, “Actualización del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2021” Marzo de 2022. https://unctad.org/es/press-material/la-onu-preve-un-deterioro-de-las-perspectivas-de-crecimiento-de-la-economia-mundial
6. Cepal, op. cit.
7. James, Deborah, La Organización Mundial de Comercio después de la 12ª Conferencia Ministerial, 22 de junio de 2022 . Ver https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/the-world-trade-organization-fter-the-12th-ministerial-conference.

 

* Economista, integrante del Consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

 

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Publicado enInternacional
Miércoles, 03 Agosto 2022 06:16

Argentina y la montaña rusa peronista

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tras asumir como presidente y vicepresidenta de la Nación Argentina en 2019.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner formaron un extraño tándem para recuperar el gobierno tras el paso de Macri. Ahora Fernández se ha convertido en el primer presidente peronista que no tiene el poder

 

“Todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa y el presidente mira para otro lado”… “Usted [presidente] pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos… pero cada mentira es una palada de tierra que abre su fosa, y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo”… “Ahora va a ir a Estados Unidos… quiero saber qué va a hacer. Tenemos muchas riquezas todavía para entregar. ¿Qué les va a entregar?, ¿el litio?”… “Estamos en el medio del río sin salvavidas y con una sarta de hijos de recontra mil putas que nos quieren hundir”.

Las declaraciones pronunciadas el 30 de junio pasado son de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, que a sus 93 años se muestra muy activa en la política argentina, como una Pasionaria del kirchnerismo puro. Conociendo su tono radicalizado, podrían desecharse como un exceso más de alguien cuyo papel es más bien simbólico en el ecosistema político. Pero horas más tarde de pronunciar ese discurso, Hebe participaba en un acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Ensenada. El lugar que ocupó, en la estratégica primera fila, y la aclamación que recibió de la militancia no dejaba lugar a dudas sobre lo que el kirchnerismo piensa de su presidente.

Aquí residen algunas de las claves de la crisis actual. Argentina –y el peronismo– se mueve al ritmo de una montaña rusa. La ministra que reemplazó a Martín Guzmán en Economía, Silvina Batakis, duró 24 días en el cargo: viajó a Estados Unidos a presentarse ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mientras esperaba el avión de vuelta estaba siendo reemplazada. El excandidato presidencial y embajador en Brasil, Daniel Scioli, dejó la embajada –donde tejió relaciones de cordialidad tanto con Lula Da Silva como con Bolsonaro– y volvió al país para reemplazar a Matías Kulfas en el Ministerio de Producción. Asumió el 15 de junio; después de 43 días se anunció que volvía de embajador al país vecino. Entretanto, con un presidente con su poder licuado y una vicepresidenta que tiene más capacidad de veto y de daño que poder para definir un rumbo programático, recaló en el gobierno, como “superministro” de Economía, Sergio Massa, posiblemente el político más pragmático de Argentina.

Para entender la crisis intraperonista hay que retroceder un poco en el tiempo. En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con la Plaza de Mayo colmada de simpatizantes que la despidieron con la consigna “Vamos a volver” (“Volver”, en el peronismo, tiene una mística particular: Perón vuelve fue el lema que acompañó al movimiento durante los 17 años de exilio y proscripción del general). El problema era cómo. Pero eso quedaba para más adelante; tenía cuatro años para pensarlo.

Primero, esa posibilidad pareció disolverse mientras el nuevo gobierno de centroderecha liderado por el expresidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, se consolidaba en el poder y tenía a raya al peronismo en su bastión –también bastión de Cristina–: el populoso conurbano bonaerense. Pero la economía hizo lo suyo. La salida del “populismo” que Macri imaginó como un acto de magia que garantizaría baja inflación y crecimiento resultó menos milagrosa de lo esperado y el peronismo (y Cristina) empezó a olfatear las posibilidades de realmente “volver”.

Manteniendo meses de silencio –y publicando un libro, titulado Sinceramente, que fue un super éxito de ventas– la expresidenta (2007–2015) se dedicó a tejer relaciones y suturar heridas en el interior del peronismo. Las encuestas –y el clima en la calle– mostraron que, si bien tenía una masa de seguidores que la hacían imprescindible para una victoria, ese apoyo le resultaba insuficiente para una segunda vuelta. “Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza”, se resumió por esos días.

Fue entonces cuando, afecta a la guerra de movimientos y al secretismo político, Cristina anunció en mayo 2019 –de manera completamente sorpresiva en un cuidado vídeo distribuido en Twitter– que le había pedido a Alberto Fernández que la acompañe como candidato presidencial del peronismo para las elecciones de ese año.

La “anomalía” estaba a la vista. Como se repitió en las tertulias de esas jornadas, no es habitual que la “vicepresidenta” elija al “presidente”. Pero había algo más: tras ser jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y más brevemente de la expresidenta, entre 2003 y 2008, Alberto Fernández se terminaría distanciando de Cristina y lanzando sobre ella durísimas críticas, a veces lapidarias, como cuando sostuvo: “El peronismo a lo largo de la democracia fue todo. Y eso no vale. El peronismo fue conservador con [Ítalo] Luder, fue neoliberal con [Carlos] Menem, fue conservador-popular con [Eduardo] Duhalde, fue progresista con [Néstor] Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue patético, fue el partido de la obediencia”. Y repetiría balances similares en los medios más hostiles al kirchnerismo, como los del Grupo Clarín para más inri.

Pero durante el gobierno de Macri, ambos Fernández volvieron a acercarse, cada vez más. Alberto comenzó a relativizar las críticas, que decía mantener, y a asegurar que Cristina nunca había robado, un tema sensible en virtud de los procesos por enriquecimiento ilícito. Y la historia terminó con el ya famoso “Le he pedido…” a Alberto Fernández que encabece el binomio. La jugada sorprendió a propios y extraños. El gran traidor, acusado de lobbista de Clarín y de Repsol en los programas televisivos militantes del kirchnerismo, era ahora amnistiado y proyectado a la presidencia.

Se trató de una apuesta por un peronismo más centrista y casi nadie imaginó que la relación con Alberto Fernández pudiera terminar bien. Pero inicialmente funcionó, y el binomio Fernández-Fernández dejó sin reelección a Macri, decepcionó a los antiperonistas que durante cuatro años se acalambraron los dedos tuiteando #NoVuelvenMás, y mantuvo expectantes a los kirchneristas que seguían cantando “Vamos a volver”. ¿Pero cuánto se podía confiar en un “traidor”?

Tras las primeras semanas de la pandemia, en las que Fernández aparecía como un competente profesor, comenzaron los problemas. Y la vice empezó a lanzar mensajes a su propio gobierno, a veces con cartas publicadas en las redes. En una de ellas, habló de “los funcionarios que no funcionan” y todos comenzaron a especular sobre cuáles eran. Luego vendría el ansiado acuerdo con el FMI para refinanciar el megapréstamo de 50.000 millones de dólares que la entidad le dio, de manera “polémica”, al gobierno de Macri.

Para el kirchnerismo, acordar con el Fondo era intragable, y Máximo Kirchner –hijo de Cristina– renunció a la jefatura de la bancada peronista en la Cámara de Diputados para expresar su disidencia. Pero, curiosamente, el kirchnerismo no promovió alternativas a ese acuerdo que buscaba evitar los catastróficos efectos de un default. Se limitó a un discurso antiajuste. El ministro de Economía, Martín Guzmán, un discípulo de Joseph Stiglitz, se convirtió en la ficha a derribar. Los ataques desde el kirchnerismo comenzaron a lanzarse a la luz del día. Pero antes que él cayó Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, enfrentado con los funcionarios kirchneristas que controlan el área energética, y con la propia vicepresidenta, por los subsidios a la energía (que benefician a los sectores más pudientes) y por la lentitud en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para sacar el gas del yacimiento Vaca Muerta.

Cristina, que siempre tuvo a Kulfas entre ceja y ceja, no le perdonó haber escrito un libro en el que comparaba la política económica de los “tres kircherismos”, y reivindicaba la de Néstor y criticaba la de ella. “Había escrito un libro contra nosotros, imaginate”, dijo en una ocasión. Muchos salieron a buscar el ejemplar de la editorial Siglo XXI escrito con un tono de divulgación y a la vez con la sobriedad de un economista.

Hablando de libros, hay otra anécdota reveladora. Para el 63 cumpleaños del presidente, en abril pasado, la vice le obsequió el regalo más envenenado que pudo encontrar por esos días: Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín, del sociólogo Juan Carlos Torre, quien de joven fue funcionario en ese quinto piso del Ministerio de Economía.

La cosa empezó con sazón: “Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada”, dijo en un mitin Cristina tras revelaciones de Gabriela Cerruti de que la vicepresidenta no le respondía los mensajes al presidente. Luego vino el momentum del relato, por parte de una política que maneja los gestos y los tiempos con mucha eficacia: “Es un libro muy interesante, de extraordinaria actualidad”, prosiguió. Spoiler: el libro cuenta –entre otras cosas– cómo el gobierno de Raúl Alfonsín se fue a la mierda tras la firma de un memorándum con el FMI. Finalmente, tendría que entregar anticipadamente el poder en 1989 a Carlos Menem en medio de la hiperinflación… ¿Una extraordinaria actualidad?

Con una inflación a más del 60%, corrida cambiaria y hasta rumores de renuncia presidencial, el gobierno se encontró en un callejón sin salida. Alberto es el primer presidente peronista que no tiene el poder (o el segundo, si contamos la breve primavera de Héctor J. Cámpora en 1973).

“Cristina viene hablando cada quince días y en esa ‘gira’ se viene cargando de a una las columnas que sostenían a Alberto”, escribió el periodista Martín Rodríguez en una de las mejores columnas sobre el embrollo, que incluso fue comentada por el presidente. “Se sabe que el gabinete espera los discursos de CFK [Cristina Fernández de Kirchner] más o menos como los participantes de Gran Hermano esperaban los días de nominación”, prosigue la nota y pone el dedo en la dialéctica diabólica del gobierno: cuando Cristina le pide a Alberto que ejerza el poder (que “use la lapicera”, le dice), en realidad se lo está quitando. Algo así como: “¡Te ordeno que seas poderoso!”. Un gobierno en el que todos se pasan “discutiendo poder mientras nadie controla nada”. Y en el que si él realmente asumiera el poder, sería contra ella.

El epílogo provisorio de esta historia es paradójico: la llegada como “superministro” (veremos cuán pertinente es ese prefijo) de Sergio Massa, el epítome de los traidores según el kirchnerismo, posiblemente más que el propio Alberto en su momento. Massa no solo se alejó de Cristina, sino que formó el Frente Renovador, combatió electoralmente a la entonces presidenta y amenazó con meter presos a los corruptos (del gobierno cristinista) y barrer a los “ñoquis” (empleados que solo aparecen para cobrar a fin de mes) de la Cámpora, la agrupación juvenil liderada por Máximo Kirchner. Pero en 2019 Massa se sumó al Frente de Todos, la alianza panperonista tejida por ambos Fernández y, desde entonces, como presidente de la Cámara de Diputados, viene acercándose a Máximo Kirchner y a la vice, que a su vez es presidenta del Senado según establece la Constitución argentina.

Massa es un político con estrechos vínculos con Estados Unidos y con “los mercados”. Es un hijo político de los años 90, escribió Pablo Touzón, con niveles de pragmatismo que se volvieron memes y viene a tratar de salvar a un peronismo que dejó de rimar con orden y lo hace con caos autoproducido. Más allá de su título de abogado conseguido hace unos años, Massa es un político, y eso es lo que buscaba el peronismo para enfrentar la crisis. Veremos cómo funciona este gobierno peronista que pasó de tener dos a tres cabezas, aunque las tres no valen lo mismo.

Por Pablo Stefanoni 2/08/2022

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Escala conflicto entre agrupaciones mapuches y el gobierno chileno

Santiago. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de varias organizaciones insurreccionales mapuche enfrentadas al Estado de Chile por la recuperación de sus tierras históricas y autonomía, reivindicó la ocupación de siete haciendas forestales en el sur del país, que suman unas 5 mil hectáreas, en lo que describió como el inicio del "proceso de restitución definitiva de los predios demandados".

La CAM, que opera desde hace unos 25 años en las regiones del Biobío, de la Araucanía y de Los Ríos –unos 75 mil kilómetros cuadrados por los cuales se extiende el Wallmapu o nación ancestral indígena–, respondió así a la decisión del presidente Gabriel Boric de intensificar la persecución penal contra Héctor Llaitul Carrillanca, su fundador y más destacado líder, a quien busca aplicarle la Ley de Seguridad Interior de Estado que pena severamente delitos de terrorismo.

En una declaración, la CAM explicó: "esto se realizará a través de la resistencia y el control territorial, además acciones de autodefensa-resistencia destinadas al desalojo definitivo de las forestales del sector", pidiendo a las comunidades indígenas "estar atentas y acompañar este significativo proceso de recuperación territorial y reconstrucción político-cultural ".

Se trata de otra vuelta de tuerca en el cada vez más escalado conflicto entre las agrupaciones armadas mapuches –además de la CAM, la más antigua, operan las resistencias mapuches Lavkenche y Malleco y el Weicha Auka Mapu, éstas tres desde mediados de la década pasada– y el gobierno chileno. Actúan atacando y destruyendo la maquinaria de dos grandes conglomerados forestales instalados en esa "macrozona sur", que explotan intensivamente unas 4 millones de hectáreas de plantaciones exóticas de pino y eucalipto.

Algunas de esas organizaciones también incendian escuelas, iglesias, maquinaria y haciendas agrícolas, todo aquello que consideran sinónimo de colonización territorial y cultural. Pese al despliegue policial y militar con ingentes recursos tecnológicos, los insurgentes parecen incontrolables, ostentando su capacidad operativa en cualquier momento y lugar.

La semana pasada, en una entrevista, Llaitul dijo que "la prioridad de la CAM es canalizar la violencia hacia el sabotaje" y “atacar al gran capital que ha depredado el territorio mapuche, pero con el énfasis de que "nosotros respetamos la vida de los trabajadores".

Esa afirmación derramó la paciencia del gobierno, que hasta entonces soportó las presiones para querellarse contra el líder indígena, porque "el gobierno no va a perseguir ideas", justificó Boric en mayo, e insistiendo en un diálogo de paz que de momento es rechazado por las agrupaciones rebeldes.

Fue el gobernante quien explicó su decisión: “Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora son muy graves pues se atribuye la autoría de delitos. (…) Ampliamos la queja pues hubo una autoatribución de delitos en las últimas semanas”.

Ofensiva de toma de predios

Vino entonces la vuelta de mano de la CAM, anunciando su ofensiva de ocupación de predios, argumentando que “las expresiones del capitalismo y colonialismo se siguen reproduciendo en nuestras tierras, y aunque quieran disfrazarlas de un ‘progreso sustentable’ típico de las seudoizquierdas, las seguiremos combatiendo por todo el territorio”.

La organización se volvió crítica de Boric cuando hace dos meses, en medio de una oleada de ataques incendiarios, decretó el estado de excepción constitucional en el Biobío y La Araucanía, desplegando tropas de la marina y el ejército. "Desde entonces se han elevado las exportaciones forestales y el extractivismo en el Wallmapu, así como la represión y criminalización mediática y política de las organizaciones revolucionarias mapuche, mientras la clase política y la Convención Constituyente se llenan la boca hablando de plurinacionalidad y otros inventos neoliberales".

Los ataques continúan. Anteayer la resistencia mapuche Malleco prendió fuego a cuatro aviones en la localidad de Curacautín, mientras en Pillanlelbún fue quemada la casa principal del Rancho San Fernando. Ayer, en el poblado de Lautaro, las llamas arrasaban con instalaciones del Fundo Miraflores.

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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Boric pide acuerdos en Chile para "mejorar" y aprobar la nueva Carta Magna del país

Santiago. En un nuevo avance de su compromiso para lograr la aprobación de la nueva Constitución, el presidente chileno, Gabriel Boric, instó ayer a los partidos políticos del oficialismo a alcanzar acuerdos acerca de posibles modificaciones al texto emanado de la Convención Constitucional, al tiempo que enfatizó las sustanciales diferencias entre "aprobar" o "rechazar" el texto en el plebiscito del 4 de septiembre.

Al preguntarle si considera viable un acuerdo previo al 4 de septiembre, Boric respondió: “no solamente lo veo viable, sino que lo insto. No veo dificultad para llegar a acuerdos, creo que se está dando un debate que enriquece, en el que hay consenso transversal, entre quienes quieren una nueva Constitución, de que el proyecto se puede mejorar.

Sí hay voluntad

"Hay una discusión en cuanto a cuáles son los contenidos específicos en aquello, pero yo veo una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras".

El presidente, a quien la oposición derechista y partidaria del "rechazo" acusa de hacer proselitismo y de ser quien comanda la campaña del "apruebo", también enfatizó que "es importante entender que los escenarios de apruebo o rechazo son distintos: si se aprueba el nuevo proyecto de Constitución no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la Constitución actual".

En cambio, "si se rechaza vamos a volver a foja cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente, tal como lo decidió el pueblo de Chile, y yo ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del gobierno".

Ventaja al "rechazo", según encuestas

La incertidumbre acerca del resultado del plebiscito del 4 de septiembre –ciertas encuestas le dan una ventaja clara al "rechazo" (48 por ciento versus 38 por ciento) mientras otras muestran un empate técnico al medir el votante probable (aquel que dice estar decidido a sufragar)– hizo que en las últimas semanas la centroizquierda oficialista lanzara la consigna "aprobar para reformar" –esto es, despejar ya aquellos "ripios" que le restan apoyo al texto–, en contraposición al eslogan derechista "rechazar para reformar", en el cual se han hecho fuertes.

Durante todo julio el presidente Boric se lanzó a "gobernar desde los territorios" y prácticamente a diario se trasladó a comunidades y barriadas modestas de Santiago y de regiones a hablar con los habitantes, desde las cuales anunció medidas de apoyo a los sectores más necesitados, por ejemplo, el término del copago para los beneficiarios de los tramos más pobres del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Recuérdese que el acceso a la salud en Chile depende de la capacidad económica de quien la necesita, incluso en el sistema público.

Por Aldo Anfossi. especial para La Jornada

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Colombia: el incremento de la violencia armada, la pesada herencia de Iván Duque

Son más de 100 los líderes sociales asesinados en lo que va del año

El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz informó que al 12 de julio se cometieron 53 masacres que dejan 185 muertos. Una nueva masacre dejó cinco muertos y cuatro heridos en el Valle del Cauca.

En el marco de la creciente violencia armada que es una pesada herencia del gobierno saliente de Iván Duque, cinco personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas en la madrugada del domingo luego de que hombres armados tirotearan a un grupo de lugareños que conversaban en un barrio de La Unión, en el departamento del Valle del Cauca. El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz) informó que al 12 de julio de este año en Colombia se cometieron 53 masacres que dejan 185 muertos, uno de los legados más dramáticos de Duque, quien dejará su cargo el próximo domingo para que asuma Gustavo Petro

Sumado a la falta de respuesta ante el conflicto armado, el mandatario de derecha nunca realizó una autocrítica frente a las masivas movilizaciones que se multiplicaron contra su gestión desde 2018. Las protestas más fuertes fueron las del año pasado, en las que la represión policial y militar dejó miles de heridos, desaparecidos y más de 70 muertos. Al respecto, en una entrevista con un diario local Duque aseguró que hubo una "confabulación" para destruir al país y que, antes que con los bloqueos y las manifestaciones, prefería tener que lidiar con "tres pandemias".

53 masacres y más de 100 líderes asesinados

"Fueron cinco personas asesinadas y cuatro personas heridas, estamos confirmando si hay menores de edad, la Policía y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) están en el lugar de los hechos", dijo a periodistas la secretaria de gobierno del municipio de La Unión, Jhoana Ayala. El 25 de julio las autoridades informaron que tres personas, entre ellas un desmovilizado de las FARC, fueron asesinados a tiros en un establecimiento comercial del municipio de Puerto Rico, en el sur de Colombia, menos de 24 horas después de que un reconocido líder y ambientalista fuera asesinado en el municipio de La Dorada, en Caldas.

Al igual que las masacres, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos tampoco cesa y ya superó el centenar de homicidios en lo que va del año. Al exconcejal Raúl Alonso García lo asesinaron el siete de julio en un municipio de Arauca, en la frontera con Venezuela, y se suma a una trágica lista en la que aparecen otros nombres como el del líder comunal Jaime Losada en el Putumayo, en la frontera con Ecuador.

"Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019", aseguró Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio. A la "arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales" se le sumó el contexto de un año electoral que puso en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.

Preocupación de la ONU

La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó que la respuesta militar "no ha logrado frenar" la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en "un incremento progresivo de los homicidios". Así lo aseguró la diplomática el martes pasado durante la presentación del "Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo gobierno", que fue entregado a la actual administración así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo siete de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.

Entre 2016 y 2021, esta agencia de la ONU verificó 562 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. "Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia", explicó De Rivero, quien mostró su preocupación por el aumento de un 200 por ciento en la cantidad de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, así como por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.

Teniendo en cuenta esta situación, el informe concluye que "es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y para proteger a las poblaciones afectadas", ya que el enfoque hasta el momento utilizado "ha mostrado sus limitaciones", en palabras De Rivero. A esto se suma la falta de implementación de aspectos claves del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, se recoge en el informe de la ONU.

Reclutamiento y asesinato de menores

Naciones Unidas verificó que solo en 2021, 123 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron reclutados y usados por grupos armados. Los mayores reclutadores, según el último informe del Secretario General, fueron las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El informe de la ONU menciona cifras que pasaron desapercibidas en medio de la magnitud de la crisis humanitaria reciente: en el periodo analizado, 70 niños y niñas fueron víctimas de violencia en medio de reclutamiento: 31 menores de edad resultaron muertos y 39 mutilados. "Las bajas infantiles se produjeron por disparos de armas de fuego (31), minas terrestres, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra (30), ataques aéreos (seis) y tortura y tratos inhumanos (tres)", aporta el documento.

El reclutamiento de niños y adolescentes es una bomba que deberá desactivar el gobierno entrante de Gustavo Petro. Su exclusión de las filas y el compromiso de no involucrarlos en el conflicto será otro de los temas centrales de cara a los acercamientos con los grupos armados en búsqueda de lo que Petro ha definido como su propuesta de "paz total".

Duque denuncia una confabulación

A una semana de dejar la presidencia de Colombia y sin hacer ninguna autocrítica sobre su fallida política contra la violencia armada, Iván Duque evaluó que uno de los peores momentos de su gestión fue el estallido social de abril de 2021 y aseguró que hubo una "confabulación" para hacer "colapsar" al país. En esas semanas se produjo un paro nacional y manifestaciones en contra de una reforma tributaria regresiva impulsada por Duque y su equipo económico. 

"Me quedo con tres pandemias antes que ver todo ese instinto criminal que tenían muchos de bloquear el país y de afectar su institucionalidad", dijo Duque en una entrevista publicada este domingo en el diario El Colombiano. "Vemos lo que ha ocurrido en Ecuador, recientemente también en Panamá, que son orquestas, que son partituras que se articulan para tratar de debilitar a los gobiernos", afirmó.

Cuando se le consultó a Duque si se arrepentía de las objeciones que durante su gestión le realizó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la semana pasada le imputó cargos a 22 militares por 303 falsos positivos, el mandatario saliente se limitó a decir que le hubiera gustado "agotar el diálogo" y buscar acuerdos. Durante su gestión, Duque intentó sin éxito revisar la JEP con reformas que le quitaban sus facultades.

Recientemente, el líder de derecha se ausentó cuando la Comisión de la Verdad presentó su informe final ante el país, un extenso documento en el que varios comisionados entrevistaron a miles de ciudadanos afectados por la guerra. Días atrás la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército y a otras tres personas por el asesinato de 303 civiles en los denominados casos de falsos positivos, como se conoce en Colombia a las personas asesinadas por las fuerzas armadas y presentadas falsamente como guerrilleros.

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Comienza en La Habana plan de racionamiento de energía

La Habana., La Habana comenzará en agosto con cortes de electricidad, canceló el carnaval y está tomando otras medidas ante el empeoramiento de la crisis energética en Cuba, informaron ayer medios estatales.

La capital cubana, hogar de una quinta parte de la población de 11.2 millones de habitantes y centro de la actividad económica de la isla, se había librado de los apagones diarios de cuatro horas o más que el resto de la isla sufre desde hace meses.

Los racionamientos han provocado algunas pequeñas protestas locales este verano y hace un año en julio alimentaron un día de disturbios sin precedentes en el país, cuando el descontento se desbordó y dejó decenas de detenidos.

Por ahora, un cronograma de cortes de energía significará que los seis municipios de La Habana tendrá racionamiento cada tres días durante las horas pico del mediodía, según el diario local del Partido Comunista, Tribuna de la Habana, que informó sobre una reunión de las autoridades.

Esta restricciones de luz reflejan una crisis económica cada vez más profunda que comenzó con las nuevas y duras sanciones de Estados Unidos a la isla en 2019, empeoró con la pandemia que destruyó el turismo y aún más con la invasión rusa a Ucrania.

Los precios altísimos de los alimentos, el combustible y el transporte marítimo han expuesto la dependencia de las importaciones y vulnerabilidades como una infraestructura en deterioro. La economía del país disminuyó 10.9 por ciento en 2020, recuperándose sólo 1.3 por ciento el año pasado.

Los cubanos han sobrellevado más de dos años de escasez de alimentos y medicinas, largas filas para comprar bienes escasos, altos precios y problemas de transporte. Los apagones sólo se han sumado a la frustración, lo que ha provocado un éxodo de más de 150 mil cubanos desde octubre a Estados Unidos y otros países.

Este es el momento de solidarizarnos y contribuir para que el resto de Cuba sufra menos los indeseables cortes de energía eléctrica, publicó Tribuna, citando al líder del Partido Comunista de La Habana, Luis Antonio Torres

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Domingo, 31 Julio 2022 05:47

Tomaron el parlamento de Irak

Tomaron el parlamento de Irak

En medio de una crisis politica y a la espera del nombramiento de un nuevo presidente y un primer ministro

Al menos 100 manifestantes y 25 policías resultaron heridos en las manifestaciones realizadas alrededor del Congreso en Bagdad.

Miles de partidarios del influyente líder político chiita Moqtada Sadr volvieron a entrar el sábado el parlamento de Irak y planean ocuparlo hasta nuevo aviso, tras una jornada de protestas en un país sumido en una profunda crisis política. Los manifestantes ondeaban banderas iraquíes e imágenes de Sadr dentro del edificio, mientras que miles de personas protestaban afuera. En el hemiciclo, se paseaban haciendo la señal de victoria y tomándose selfies.

La crisis política en Irak es total a la espera del nombramiento de un nuevo presidente y un primer ministro, diez meses después de las elecciones legislativas de octubre de 2021. Moqtada Sadr lanzó una campaña de máxima presión contra sus oponentes, rechazando al candidato para el puesto de jefe de gobierno.

Tres días después de haber ocupado ya brevemente el Parlamento el miércoles, los manifestantes anunciaron "una sentada hasta nuevo aviso", según un comunicado de la corriente pro-Sadr. Algunos de los manifestantes estaban tumbados en los pasillos enmoquetados, apoyados en los pilares, matando el tiempo con sus teléfonos móviles, mientras que otros se abanicaban con cajas de cartón o se habían quitado las camisas.

El presidente del parlamento, Mohamed Al Halbusi, anunció en un comunicado "la suspensión de todas las sesiones parlamentarias hasta nuevo aviso" y pidió a los manifestantes que "preserven la propiedad del Estado".

"Gobierno corrupto e incapaz" 

Los manifestantes rechazan la candidatura a primer ministro de Mohamed Chia Al Sudani, considerado cercano al exjefe de gobierno Nuuri Al Maliki, oponente histórico de Sadr. En los jardines del Parlamento, Sattar Al Aliawi, de 47 años, dijo que se manifestaba contra "un gobierno corrupto e incapaz", en referencia a los opositores de Sadr. "No queremos al señor Sudani", afirmó. "El pueblo rechaza totalmente a los partidos que han gobernado durante 18 años. Haremos una sentada bajo la cúpula del parlamento, dormiremos aquí", dijo.

Sudani, un exministro y gobernador provincial de 52 años, es el candidato del Marco de Coordinación, una alianza de facciones chiitas proiraníes que incluye a la formación de Maliki y a representantes de los Hachd Al Shaabi, antiguos paramilitares ahora integrados en las fuerzas regulares.

Aunque Sadr decidió mantener la presión sobre sus oponentes, les dejó sin embargo la tarea de formar un gobierno porque hizo dimitir a sus 73 diputados en junio. Los sadristas representaban entonces la mayor fuerza en el parlamento, con 329 miembros. Tras las incursiones en el Parlamento, el Marco de Coordinación llamó a "las masas populares (...) a manifestarse pacíficamente para defender el Estado y su legitimidad".

Escalada

Al menos cien manifestantes y 25 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos el sábado durante las manifestaciones, según el Ministerio de Sanidad. La policía lanzó gases lacrimógenos frente a las piedras de los manifestantes. "La escalada en curso es profundamente preocupante", lamentó en Twitter la Misión de Asistencia de la ONU en Irak, pidiendo una "desescalada".

Todo el espectro político iraquí hizo llamamientos al diálogo y a la desescalada. En una alocución televisada, el primer ministro, Mustafa Al Kazimi, en funciones, pidió a los bloques políticos "sentarse a negociar y ponerse de acuerdo". Hadi Al Ameri, que dirige una facción de los influyentes Hashd Al Shaabi, los antiguos paramilitares proiraníes, también pidió al movimiento pro-Sadr y al Marco de Coordinación que prioricen "la moderación (...), el diálogo y los acuerdos constructivos para superar las diferencias".

El viernes por la noche, partidarios de Moqtada Sadr saquearon las oficinas del partido Daawa de Maliki en Bagdad, así como las oficinas de la Corriente Hikma, la formación del político chiita Ammar Al Hakim, que forma parte del Marco de Coordinación, según una fuente de seguridad. 

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