Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia
Este informe contiene cifras y datos recopilados entre enero y junio de 2022.
 

Las consecuencias humanitarias de los seis conflictos armados y la violencia que existen en el país siguen intensificándose de manera preocupante. En el primer semestre de 2022 se ha visto un aumento significativo de la violencia con el consecuente incremento del sufrimiento para la población civil.

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Entre enero y junio de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 377 víctimas de artefactos explosivos*, lo que representa un aumento del 43% respecto al mismo periodo de 2021. Los accidentes ocurrieron en 16 departamentos, siendo Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Meta las zonas de mayor impacto. En esos lugares se concentró el 67% de las víctimas.

El análisis de la información evidencia varios elementos que llaman la atención. Uno de ellos reveló que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de esta realidad, pues el 53% de las víctimas son civiles. Otro aspecto relevante es el aumento de la afectación por artefactos explosivos lanzados y de detonación controlada, ya que del total de víctimas reportadas el 77% fueron ocasionadas por este tipo de artefactos.

El número de víctimas directas muestra la gravedad de la problemática, sin embargo, también hay otras consecuencias de este fenómeno que transforman por completo la vida de las poblaciones, como las restricciones de movilidad, la imposibilidad de acceder a fuentes de subsistencia y la afectación psicosocial, entre otras.

En el primer semestre del año, el desplazamiento y confinamiento de comunidades también tuvo un impacto considerable en varias regiones del país. Según cifras oficiales**, 29.729 personas se desplazaron de manera masiva en 12 departamentos. Las zonas del Pacífico colombiano fueron las más afectadas por esta problemática, de manera particular el departamento de Nariño, el cual ocupó el primer lugar con el 43% de la población desplazada.

Así mismo, el desplazamiento individual afectó a 41.074 personas que tuvieron que abandonar sus hogares, la mayoría de las veces por amenazas directas de los actores armados. Por otro lado, 19.210 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios. En el departamento de Chocó se concentró el 57% de la población confinada.

La lectura de este fenómeno desde una perspectiva territorial evidencia que en algunas zonas las dinámicas se han mantenido, mientras que en otras se han profundizado considerablemente. Un ejemplo de ello es el departamento de Arauca, en el cual el confinamiento aumentó 10 veces respecto a todo el 2021 y el desplazamiento individual pasó de 763 personas reportadas en todo el año pasado a más de 11 mil personas desplazadas en lo que va de este año.

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Los familiares de víctimas en la audiencia de reconocimiento de doce de los acusados.. Imagen: EFE

303 civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz condenó los crímenes y desapariciones forzadas a manos de la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con identidad de género diversa, menores y discapacitados.

La justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un agente de inteligencia y dos civiles por los llamados "falsos positivos" en el departamento de Casanare, donde 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros. Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con identidad de género diversa, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva. La imputación se da en el marco del caso de falsos positivos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que condenó las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008, que supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó la unidad militar en esa época.

La estructura y el modus operandi

En la Brigada XVI "se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008", advierte el informe de la JEP, que apunta a la "masividad de una conducta que permeó" la unidad. Los militares tuvieron "un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal", señaló esta instancia especial surgida del acuerdo de paz de 2016.

En este sentido, la JEP destacó que "los responsables seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia. No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea". Además, recogió los testimonios de varios miembros de la Brigada XVI que aseguraron que las bajas en combate eran un indicador del éxito militar, y que recibían a cambio "permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos".

Se trataba, por tanto, de "un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación que estuvo orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la región". El magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso, explicó en rueda de prensa que "alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y terceros civiles habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes". Parra aclaró que solo se imputó a 22 personas porque aún no había prueba de que los demás acusados fueran máximos responsables de los delitos.

Las víctimas

En su mayoría, las víctimas de los falsos positivos en Colombia (que la JEP estima en 6.402) fueron hombres entre los 18 y 25 años, aunque en el caso de Casanare la JEP obtuvo información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. 

Esto llevó a que, por primera vez, la justicia especial imputara el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. También es la primera vez que la JEP imputa el crimen de guerra de utilización de niños y adolescentes por involucrar a menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.

A su vez, la JEP constató que en su mayoría las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado. Está documentado que algunas de las víctimas fueron asesinadas en situación de total indefensión, a quienes los reclutadores "incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes". 

Los asesinatos de jóvenes en falsos positivos, como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares para presentarlos como bajas de guerrilleros y así conseguir ascensos, recompensas y dinero a cambio, se produjeron sobre todo entre 2002 y 2008, durante el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. En estos casos, las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. A estos implementos los miembros del Ejército los denominaban, en la jerga interna, "kits de legalización".

Los imputados

Entre los miembros de la Brigada XVI imputados están el mayor general Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coronel y otros diez oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos terceros civiles. Aunque Torres, que en 2016 se convirtió en el primer general detenido por su responsabilidad en falsos positivos, dijo que todo pasó a sus espaldas, las más de cien versiones voluntarias de militares y otros implicados que escuchó la JEP dan cuenta de que conocía de cerca lo que sucedía en cada unidad y grupo bajo su mando.

Además del general Torres Escalante, la JEP imputó al mayor Gustavo Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Casanare y se hizo célebre recientemente al confesar que el excomandante del Ejército, Mario Montoya, evaluaba el desempeño de sus subordinados "por litros de sangre". En su participación en la audiencia de la semana pasada ante los familiares de las víctimas, Bracamonte aseguró: "Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular. Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos".

Lo que sigue

Cuando la JEP concluyó en 2021 que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 falsos positivos, explicó que se priorizaría la investigación de lo sucedido en algunos departamentos que sufrieron esta práctica criminal con mayor crudeza. Por ese motivo los magistrados pusieron la lupa sobre lo ocurrido en Casanare, que tiene la tasa más alta de falsos positivos por número de habitantes de toda Colombia: 12 casos por cada 100 mil habitantes. Esta imputación de Casanare se suma a las de los departamentos de Catatumbo y Cesar.

Luego de ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. También pueden aportar argumentos o evidencia adicional. Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.

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Un demagógico pedido de "perdón" del Papa por los abusos de la Iglesia contra los indígenas en Canadá

El papa Francisco visitó este lunes el país para hacer un pedido de "perdón" por lo que llamó "el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas", evitando mencionar los abusos, especialmente de menores, por parte de la Iglesia.

 

"Muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido" dijo el Papa ante unos dos mil representantes indígenas de la comunidad Maskwacis, cerca de la ciudad de Edmonton, Canadá.

Luego pidió perdón "en particular, por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales". Las palabras elegidas no fueron casuales, buscaron deslindar la responsabilidad institucional de la Iglesia católica en el encubrimiento de los abusos.

165 años de abusos y crímenes contra los pueblos originarios

El pedido de “perdón” papal responde a los abusos que durante 165 años, sucedieron en varias escuelas residenciales de Canadá donde se separaron por la fuerza a menores indígenas de las Primeras Naciones, Métis e Inuit, de sus familias, sometiéndolos a desnutrición y abusos físicos y sexuales en lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá calificó de "genocidio cultural" en 2015. Más de 4.000 niños indígenas murieron.

La primera escuela residencial para indígenas comenzó a funcionar en Canadá a principios de 1830 y el último se cerró en 1996 en la reserva india de Gordon (Saskatchewan). Sus antecedentes, no obstante, se remontan a principios del siglo XVII. En esa época y hasta el siglo XIX, órdenes religiosas dirigieron escuelas misioneras para niños indígenas que serían las precursoras de este sistema de escuelas residenciales.

Este sistema de escuelas residenciales para indígenas de Canadá ha sido un elemento clave en las políticas genocidas del Estado canadiense durante más de 100 años. Era un sistema de internados que albergaba a decenas de miles de niños indígenas secuestrados de sus familias por la policía estatal, la Real Policía Montada de Canadá, una fuerza creada por primera vez para aplastar la rebelión de los pueblos metis e indios en la actual provincia de Saskatchewan.

Estos niños secuestrados fueron obligados a asistir a las escuelas bajo la ficción legal de la Ley Indígena que exigía que los niños indígenas fueran obligados a asistir a escuelas diurnas o residenciales. Como muchos de estos niños procedían de comunidades remotas o de reservas en las que no había instalaciones educativas, fueron entonces secuestrados "legalmente" por el Estado canadiense.

La responsabilidad de la Iglesia católica

En 2021 la jefa de la tribu Penelakut, Joan Brown, anunció que más de 160 tumbas sin identificar fueron encontrados en quien denunció "actos de genocidio" en la zona donde funcionó la Kuper Island Industrial School, una antigua escuela en la isla Penelakut, Columbia Británica (Canadá) que sirvió como un internado para niños indígenas.

Entre 1890 y 1969, la institución fue administrada por la Iglesia católica. Luego pasó a manos del Gobierno federal hasta su cierre, en 1975. El edificio fue demolido en la década de 1980.

Unos 80 internados fueron gestionados por diversas instituciones religiosas, siendo las principales organizaciones las confesiones religiosas católica (44 escuelas) y anglicana (21 escuelas). Las escuelas se establecieron lo más lejos posible de las comunidades indígenas para limitar el contacto entre los niños y sus padres y hermanos. Se trataba de una política deliberada, que formaba parte del objetivo político general de las escuelas, que consistía en asimilar a los niños indígenas a la cultura europea blanca, considerada por la ideología dominante como "más civilizada" que la variada vida cultural de los pueblos indígenas.

Sobre esto el Papa solo hizo referencia diciendo que lamentaba la "mentalidad colonialista" de miembros de la Iglesia que llevó a una "destrucción cultural" de los nativos, una forma suave de condenar las brutales acciones de la Iglesia canadiense que fue directamente parte del genocidio.

Luego, el Papa, agregó ante muchos de los sobrevivientes que habían desfilado con una bandera roja que llevaba los nombres de 4.120 víctimas identificadas de los internados, que había realizado el viaje “hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes".

La visita del Papa a Canadá, que responde a una demanda de la Comisión para la Reconciliación y la Verdad creada por el gobierno canadiense junto a instituciones indígenas, se da cuatro meses después de las visitas que hicieron delegaciones de First Nations, Métis e Inuit al Vaticano.

También se da luego de manifestaciones y protestas contra la impunidad que durante años encubrió el accionar del Estado canadiense y las instituciones religiosas. A mediados del 2021 varias iglesias fueron incendiadas luego del hallazgo de 750 cuerpos de niños indígenas en un internado.

Un demagógico perdón

En el viaje el Papa Francisco vuelve a usar la demagogía típica del Vaticano, pidiendo perdón varios años, incluso siglos, después de los crímenes cometidos. En la mayoría de los casos, el pedido de “perdón” llega como intento de mitigar la condena social contra la institución.

Pero el encubrimiento de los abusos y crímenes de la Iglesia no fueron cosa del pasado lejano. El papado de Francisco estuvo marcado por las denuncias e investigaciones que involucraron a importantes personajes de la curia en varios países. Las víctimas dejaban claro la complicidad de las autoridades de la Iglesia para ocultar y proteger a los abusadores.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 25 de julio

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https://zonacero.com/galerias/madres-de-victimas-de-falsos-positivos-en-colombia-piden-justicia-real-191990

Quizás el público lector del Informe final de la Comisión de la Verdad, en sus dos primeros volúmenes entregados, centre su interés en aquel que da a conocer nuevos detalles para la compresión del conflicto armado que por años ha marcado la vida nacional. El otro volumen centra la escritura en los testimonios de quienes sufrieron la violencia, dando voz a las víctimas como protagonistas. Este es un artículo en relación con este volumen.

 

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición entregó los dos primeros volúmenes de su informe final “Hay futuro si hay verdad”. Faltan nueve más que serán presentados a la sociedad colombiana en las próximas semanas. El volumen testimonial tiene por título “Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia” y recoge los testimonios de quienes la violencia azotó con toda fuerza. Las diferentes historias que van desde la madre que busca el cuerpo de su hijo, el militar y policía secuestrado, las mujeres presas tanto por paramilitares como guerrilla y sometidas a todo tipo de vejámenes, el soldado y policía mutilado, la insurgente madre, la reclusa militante, el joven líder estudiantil, entre muchas otras. Relatos en su gran mayoría cortos, pero intensos y conmovedoras.

Como no se puede hablar por quienes comparten su propia historia, son estas personas quienes en últimas detallan mejor las situaciones vividas. ¿Por qué hablar por la víctima? Sería pretencioso e irrespetuoso pretender transmitir en un artículo lo que con fuerza de dolor se logra en todo un volumen. De ahí que su pretensión sea ante todo divulgativa, motivando a una lectura de los relatos que integran tal obra. Si bien sabemos que la sociedad civil fue la mayor víctima del extenso conflicto, aún por cerrar, es bueno acompañar las cifras del mismo con testimonios concretos, con historias de vida truncada.

De nuevo, ¿quién puede hablar por las víctimas? Imposible que mis palabras representen el sentir de quienes sufren por quien nunca regresó. Pese al testimonio también es cierto que en el silencio impuesto al muerto o desaparecido, en el sufrimiento de quien no está, queda algo por decir. Un silencio que no debe prolongarse en los cuerpos de quienes padecen el sufrimiento por quien o quienes no están, por quien espera lo sorprendan con su regreso, por quienes guarda en su memoria, y ello invita a compartir ese dolor, esa ilusión, ese deseo, esa angustia. Y por medio del compartir de esos sentimientos abrirle espacio al interrogante que plantea el padre Francisco de Roux al presentar el Informe acá retomado, ¿Cómo permitimos como sociedad que esto sucediera? Una pregunta en su resolución debe abrirle paso a una catarsis, tanto individual como colectiva, y por su conducto avanzar en un ejercicio de salud pública, mental y física que con el paso de los años debe traducirse en un mejor ambiente social para todas y todos, para una mejor Colombia.

En diferentes pronunciamientos la Comisión ha expresado su interés en la labor de la atenta escucha y de visibilizar a las víctimas. En el documento acá referido se respeta la oralidad, en el sentido de conservar como lo señalan “su diversidad y riqueza lingüística” de las personas que se animaron a compartir su historia. La mayoría de los hechos sucedieron en el amplio periodo 1970-2021, último año de lo relatado que incluye testimonios de lo padecido por los manifestantes de manos del Esmad en el marco del estallido social.


El volumen está dividido en tres grandes partes El libro de las anticipaciones, a cargo de Juana Durán Bermúdez, que recoge más de cuarenta relatos sobre esos momentos en que las personas sentían el preludio del sufrimiento que acechaba como tormenta para azotar sus vidas. El libro de las devastaciones y la vida, a cargo de Olga Lucía Corzo Velásquez, contiene esos eventos catastróficos que irrumpen en la vida cotidiana, es decir, la vivencia del sufrimiento. Y el Libro del porvenir, a cargo de Paula Andrea Moreno Pinzón, que recoge reflexiones sobre las expectativas del futuro, con sus contradicciones, imposibilidades e incertidumbres actuales.

Tampoco se trata de reseñar sistemáticamente los casos, ejercicio retomado al final del volumen.Tampoco de sociologizar el conjunto de historias. lo pretendido con lo acá abordado es encontrar alguna luz sobre la manera cómo la violencia tomó forma, a veces de manera fulminante, en otras con amenazas, cómo la espiral de violencia fue llegando a regiones pacíficas e involucrando a más sectores. Violencia envolvente de la cual no escapaba nadie, desplegada por unos y padecido por otros por el simple hecho de abrir la cerca, de hablar cualquier cosa, por tener un establecimiento, con todo lo cual queda evidente que la sociedad civil estaba presa dentro del conflicto. Realidades relatadas a través de experiencias de desaparición de familiares, de sobrevivientes de masacres, torturas, violencia sexual, del asesinato de un compañero o el secuestro del uniformado.

Muchas historias, de diferente duración, expresan un dolor ante la violencia directa, tras un desaparecido, un asesinato, un reclutamiento o una violación. La violencia incursiona en la vida cotidiana, aparece alterando el curso de sus vidas. Y la escritura cuida, debe respetar la dignidad de las víctimas para no retratar el acontecimiento macabro que en ocasiones queda como suspenso mortal. Una actitud que reivindica el sentimiento ligado al suceso de dolor, la angustia de no saber dónde está o qué va a pasar, y la tristeza indescriptible de quien conoce o presencia la noticia fatal. Pero también, en la tercera parte del libro está la esperanza de paz, de un cambio social en favor de la organización, actos de perdón y reconciliación, pero situados en la realidad de un conflicto que aún no llega a su final. Aunque también hay testimonios que también expresan imposibilidad de perdonar a quienes ocasionaron el dolor vivido.

Es llamativa la manera cómo desde la cultura popular los relatos atraviesan una dimensión espiritual y trascendente de premoniciones, presentimientos, visiones de los terribles hechos y de sus seres queridos. Entre la lectura de las narraciones, sorprende la existencia de esas relaciones místicas y dimensiones de la creencia que resignifica los acontecimientos violentos. Son procesos frente al trauma en el que la memoria vence la represión del silencia y del olvido, pero que toma una visión como proceso de significación de lo sucedido. Así, la memoria es una disputa por interpretar lo acontecido a la luz de un presente.

El hecho es que quienes más han sufrido la violencia provienen de los sectores rurales más pobres y lejanos del país. Las inexistentes oportunidades en estas zonas de construir una vida en mejores condiciones propician que quienes allí habitan encuentren en la guerra el único camino para salir adelante. En ocasiones puede ser por voluntad, pero en la mayoría de casos es porque se ven arrastrados por la espiral violenta, bien sea por la incursión de un actor armado que los hace tomar partido, por el reclutamiento forzado o por necesidad, por el negocio de la coca impuesto, por las vacunas, por el desplazamiento, por la desaparición del ser querido, por el confinamiento, todo ello sufrido por los más vulnerables.

Una realidad constante. Lo relatado da cuenta de que en cualquier momento podías ser señalado como colaborador o simpatizante por lo cual era sentenciado a muerte u obligado a salir de la región al cabo de tres días. En ocasiones era el señalamiento por tener el cabello largo, por ser afrodescendiente, indígena o comunidad Lgtbiq+.

En lugares donde vivían sin temer lo inesperado, de un día para otro el gris nubarrón de la violencia transformó la noción de seguridad. Salía la guerrilla y entraba el paramilitarismo, para los dos la población civil era un informante del enemigo. Las poblaciones no tuvieron escapatoria, incluso amenazadas o perseguidas por su negativa a colaborar. Estar entre el fuego cruzado, los enfrentamientos, las minas.

Así, van quedando bajo ese huracán por asumir la coca como recurso último para reunir el dinero necesario para vivir. Empobrecidos, siempre esa realidad de exclusión. Y por ello no contar con qué comprar la libreta militar. Pero también por estar en un sitio, y por casualidad ser testigo. Por ser menor apto para el combate, sangre joven tanto para la guerrilla como los paramilitares. Y así, en inseguridad permanente, temiendo el acto violento, obligados en no pocas ocasiones a esconderse entre el monte cuando llegaban.

Pero también la naturaleza fue víctima de este conflicto y su integridad destruida. Los proyectos mineros y megaproyectos, las fumigaciones que marchitaban todo, pero también el río que se convirtió en el cementerio por donde bajaban cuerpos. El impacto del conflicto también golpea a quienes cuidaban la naturaleza, que destruye una tradición de conservación y vínculo sagrado.

Entre los hechos de muerte y desolación están atravesados hilos discursivos sobre características físicas y emocionales de los desaparecidos, así como de las relaciones familiares y comunitarias que los atravesaban. Y entre esos hilos llaman la atención los relatos de la eterna búsqueda de familiares, en especial el papel protagónico de las madres en procura de saber el paradero de sus hijos, decisión irrenunciable pese a la amenaza, persecución, instigación, negligencia.

Hilos que también traen la escena de sus hijos cuando les dijeron: “madre, ya vengo, no me demoro o, madre, me salió trabajo”. Pero otras también cuentan su dolor crecido pues “ni hablé con él”. También de las viudas cuando sus esposos decían “no se preocupe yo hablo…, pero si yo no tengo nada que ver”. Recuerdos cargados de dolor. Un suspiro lastimero provocó la narración de asesinatos delante de los hijos. Indignación, como mínimo, genera la sevicia de los paramilitares y la complicidad del Estado en el acto de impunidad, sin desconocer el daño intransigente de la guerrilla.


La Comisión identifica que la violencia produjo fracturas de larga duración entre pobladores; por efecto de lo sucedido ya nada serán igual. Existen relatos de quienes deciden irse para el monte, sobre todo mujeres, y que detallan mejor el contexto de las relaciones cotidianas entre los excombatientes, sus amoríos y el sufrimiento por hijos cuando fueron a parar a la cárcel.

Hemos leído mucho sobre el conflicto vivido en nuestro país, pero era necesario acercarse a los rostros de quienes lo han padecido, con la fuerza que acá lo hacen, para comprender el daño causado por esta prolongada violencia. Es conocida la presión ejercida por organismos armados del Estado, pero no los relatos de los allanamientos; como es conocida la represión sufrida por organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda, pero poco de los destrozos ocasionados en el delicado tejido social.

Son tantos los relatos, y su fuerza, que nos permiten pensar el conflicto desde otra lógica: el padecer de un soldado profesional secuestrado por las Farc por varios años. El exseminarista secuestrado por paramilitares en el Chocó para ser violado sistemáticamente como método de tortura. Y muchos más. Unos y otros permiten preguntar por la sensibilidad de los millones que somos y haber permitido que esto sucediera. Y que siga sucediendo.


Mirando el futuro

El texto cierra con esperanza, pero atada a la realidad. En las contradicciones de las aspiraciones con la viabilidad de realizarla, van desde procesos para resistir a las secuelas, la organización en la búsqueda de desaparecidos del Palacio de Justicia, la erradicación voluntaria de coca, expresiones musicales de rap, la necesidad de juntarse de nuevo para planear, para gestionar recuperación del retorno y el territorio. Retomar la vida después de perder un familiar o ante la amputación. Los procesos de reincorporación y los tiempos de no confrontación. La comunidad que se organiza para resistir frente a las presiones de los actores violentos y ante las acusaciones de los grupos armados. Como señalan en un apartado: “somos sobrevivientes de tragedias”.

En este volumen también se describen experiencias de encuentros chocantes con los perpetradores, el proceso de contar la verdad, lo difícil de la reconciliación. Las historias muestran la gran catarsis provocada por estos encuentros y procesos, también cómo, al ser humanos, podemos restablecer vínculos y crear otros nuevos; somos siempre seres sociales, y en nuestra humanidad cabe, incluso, el amor entre excombatientes declarados enemigos, como queda testimoniado en este libro.

Existe también entre las víctimas desconfianza frente a la posibilidad de construir un futuro lejano de la violencia. Algunos admiten que no les cabe el perdón, pero son historias que enmarcan vidas en el esfuerzo por consolidar iniciativas de retomar su vida.

 

* Si quiere conocer la parte sonora del informe aquí la dirección: https://comisiondelaverdad.co/volumen-testimonial

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Quizás el público lector del Informe final de la Comisión de la Verdad, en sus dos primeros volúmenes entregados, centre su interés en aquel que da a conocer nuevos detalles para la compresión del conflicto armado que por años ha marcado la vida nacional. El otro volumen centra la escritura en los testimonios de quienes sufrieron la violencia, dando voz a las víctimas como protagonistas. Este es un artículo en relación con este volumen.

 

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición entregó los dos primeros volúmenes de su informe final “Hay futuro si hay verdad”. Faltan nueve más que serán presentados a la sociedad colombiana en las próximas semanas. El volumen testimonial tiene por título “Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia” y recoge los testimonios de quienes la violencia azotó con toda fuerza. Las diferentes historias que van desde la madre que busca el cuerpo de su hijo, el militar y policía secuestrado, las mujeres presas tanto por paramilitares como guerrilla y sometidas a todo tipo de vejámenes, el soldado y policía mutilado, la insurgente madre, la reclusa militante, el joven líder estudiantil, entre muchas otras. Relatos en su gran mayoría cortos, pero intensos y conmovedoras.

Como no se puede hablar por quienes comparten su propia historia, son estas personas quienes en últimas detallan mejor las situaciones vividas. ¿Por qué hablar por la víctima? Sería pretencioso e irrespetuoso pretender transmitir en un artículo lo que con fuerza de dolor se logra en todo un volumen. De ahí que su pretensión sea ante todo divulgativa, motivando a una lectura de los relatos que integran tal obra. Si bien sabemos que la sociedad civil fue la mayor víctima del extenso conflicto, aún por cerrar, es bueno acompañar las cifras del mismo con testimonios concretos, con historias de vida truncada.

De nuevo, ¿quién puede hablar por las víctimas? Imposible que mis palabras representen el sentir de quienes sufren por quien nunca regresó. Pese al testimonio también es cierto que en el silencio impuesto al muerto o desaparecido, en el sufrimiento de quien no está, queda algo por decir. Un silencio que no debe prolongarse en los cuerpos de quienes padecen el sufrimiento por quien o quienes no están, por quien espera lo sorprendan con su regreso, por quienes guarda en su memoria, y ello invita a compartir ese dolor, esa ilusión, ese deseo, esa angustia. Y por medio del compartir de esos sentimientos abrirle espacio al interrogante que plantea el padre Francisco de Roux al presentar el Informe acá retomado, ¿Cómo permitimos como sociedad que esto sucediera? Una pregunta en su resolución debe abrirle paso a una catarsis, tanto individual como colectiva, y por su conducto avanzar en un ejercicio de salud pública, mental y física que con el paso de los años debe traducirse en un mejor ambiente social para todas y todos, para una mejor Colombia.

En diferentes pronunciamientos la Comisión ha expresado su interés en la labor de la atenta escucha y de visibilizar a las víctimas. En el documento acá referido se respeta la oralidad, en el sentido de conservar como lo señalan “su diversidad y riqueza lingüística” de las personas que se animaron a compartir su historia. La mayoría de los hechos sucedieron en el amplio periodo 1970-2021, último año de lo relatado que incluye testimonios de lo padecido por los manifestantes de manos del Esmad en el marco del estallido social.


El volumen está dividido en tres grandes partes El libro de las anticipaciones, a cargo de Juana Durán Bermúdez, que recoge más de cuarenta relatos sobre esos momentos en que las personas sentían el preludio del sufrimiento que acechaba como tormenta para azotar sus vidas. El libro de las devastaciones y la vida, a cargo de Olga Lucía Corzo Velásquez, contiene esos eventos catastróficos que irrumpen en la vida cotidiana, es decir, la vivencia del sufrimiento. Y el Libro del porvenir, a cargo de Paula Andrea Moreno Pinzón, que recoge reflexiones sobre las expectativas del futuro, con sus contradicciones, imposibilidades e incertidumbres actuales.

Tampoco se trata de reseñar sistemáticamente los casos, ejercicio retomado al final del volumen.Tampoco de sociologizar el conjunto de historias. lo pretendido con lo acá abordado es encontrar alguna luz sobre la manera cómo la violencia tomó forma, a veces de manera fulminante, en otras con amenazas, cómo la espiral de violencia fue llegando a regiones pacíficas e involucrando a más sectores. Violencia envolvente de la cual no escapaba nadie, desplegada por unos y padecido por otros por el simple hecho de abrir la cerca, de hablar cualquier cosa, por tener un establecimiento, con todo lo cual queda evidente que la sociedad civil estaba presa dentro del conflicto. Realidades relatadas a través de experiencias de desaparición de familiares, de sobrevivientes de masacres, torturas, violencia sexual, del asesinato de un compañero o el secuestro del uniformado.

Muchas historias, de diferente duración, expresan un dolor ante la violencia directa, tras un desaparecido, un asesinato, un reclutamiento o una violación. La violencia incursiona en la vida cotidiana, aparece alterando el curso de sus vidas. Y la escritura cuida, debe respetar la dignidad de las víctimas para no retratar el acontecimiento macabro que en ocasiones queda como suspenso mortal. Una actitud que reivindica el sentimiento ligado al suceso de dolor, la angustia de no saber dónde está o qué va a pasar, y la tristeza indescriptible de quien conoce o presencia la noticia fatal. Pero también, en la tercera parte del libro está la esperanza de paz, de un cambio social en favor de la organización, actos de perdón y reconciliación, pero situados en la realidad de un conflicto que aún no llega a su final. Aunque también hay testimonios que también expresan imposibilidad de perdonar a quienes ocasionaron el dolor vivido.

Es llamativa la manera cómo desde la cultura popular los relatos atraviesan una dimensión espiritual y trascendente de premoniciones, presentimientos, visiones de los terribles hechos y de sus seres queridos. Entre la lectura de las narraciones, sorprende la existencia de esas relaciones místicas y dimensiones de la creencia que resignifica los acontecimientos violentos. Son procesos frente al trauma en el que la memoria vence la represión del silencia y del olvido, pero que toma una visión como proceso de significación de lo sucedido. Así, la memoria es una disputa por interpretar lo acontecido a la luz de un presente.

El hecho es que quienes más han sufrido la violencia provienen de los sectores rurales más pobres y lejanos del país. Las inexistentes oportunidades en estas zonas de construir una vida en mejores condiciones propician que quienes allí habitan encuentren en la guerra el único camino para salir adelante. En ocasiones puede ser por voluntad, pero en la mayoría de casos es porque se ven arrastrados por la espiral violenta, bien sea por la incursión de un actor armado que los hace tomar partido, por el reclutamiento forzado o por necesidad, por el negocio de la coca impuesto, por las vacunas, por el desplazamiento, por la desaparición del ser querido, por el confinamiento, todo ello sufrido por los más vulnerables.

Una realidad constante. Lo relatado da cuenta de que en cualquier momento podías ser señalado como colaborador o simpatizante por lo cual era sentenciado a muerte u obligado a salir de la región al cabo de tres días. En ocasiones era el señalamiento por tener el cabello largo, por ser afrodescendiente, indígena o comunidad Lgtbiq+.

En lugares donde vivían sin temer lo inesperado, de un día para otro el gris nubarrón de la violencia transformó la noción de seguridad. Salía la guerrilla y entraba el paramilitarismo, para los dos la población civil era un informante del enemigo. Las poblaciones no tuvieron escapatoria, incluso amenazadas o perseguidas por su negativa a colaborar. Estar entre el fuego cruzado, los enfrentamientos, las minas.

Así, van quedando bajo ese huracán por asumir la coca como recurso último para reunir el dinero necesario para vivir. Empobrecidos, siempre esa realidad de exclusión. Y por ello no contar con qué comprar la libreta militar. Pero también por estar en un sitio, y por casualidad ser testigo. Por ser menor apto para el combate, sangre joven tanto para la guerrilla como los paramilitares. Y así, en inseguridad permanente, temiendo el acto violento, obligados en no pocas ocasiones a esconderse entre el monte cuando llegaban.

Pero también la naturaleza fue víctima de este conflicto y su integridad destruida. Los proyectos mineros y megaproyectos, las fumigaciones que marchitaban todo, pero también el río que se convirtió en el cementerio por donde bajaban cuerpos. El impacto del conflicto también golpea a quienes cuidaban la naturaleza, que destruye una tradición de conservación y vínculo sagrado.

Entre los hechos de muerte y desolación están atravesados hilos discursivos sobre características físicas y emocionales de los desaparecidos, así como de las relaciones familiares y comunitarias que los atravesaban. Y entre esos hilos llaman la atención los relatos de la eterna búsqueda de familiares, en especial el papel protagónico de las madres en procura de saber el paradero de sus hijos, decisión irrenunciable pese a la amenaza, persecución, instigación, negligencia.

Hilos que también traen la escena de sus hijos cuando les dijeron: “madre, ya vengo, no me demoro o, madre, me salió trabajo”. Pero otras también cuentan su dolor crecido pues “ni hablé con él”. También de las viudas cuando sus esposos decían “no se preocupe yo hablo…, pero si yo no tengo nada que ver”. Recuerdos cargados de dolor. Un suspiro lastimero provocó la narración de asesinatos delante de los hijos. Indignación, como mínimo, genera la sevicia de los paramilitares y la complicidad del Estado en el acto de impunidad, sin desconocer el daño intransigente de la guerrilla.


La Comisión identifica que la violencia produjo fracturas de larga duración entre pobladores; por efecto de lo sucedido ya nada serán igual. Existen relatos de quienes deciden irse para el monte, sobre todo mujeres, y que detallan mejor el contexto de las relaciones cotidianas entre los excombatientes, sus amoríos y el sufrimiento por hijos cuando fueron a parar a la cárcel.

Hemos leído mucho sobre el conflicto vivido en nuestro país, pero era necesario acercarse a los rostros de quienes lo han padecido, con la fuerza que acá lo hacen, para comprender el daño causado por esta prolongada violencia. Es conocida la presión ejercida por organismos armados del Estado, pero no los relatos de los allanamientos; como es conocida la represión sufrida por organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda, pero poco de los destrozos ocasionados en el delicado tejido social.

Son tantos los relatos, y su fuerza, que nos permiten pensar el conflicto desde otra lógica: el padecer de un soldado profesional secuestrado por las Farc por varios años. El exseminarista secuestrado por paramilitares en el Chocó para ser violado sistemáticamente como método de tortura. Y muchos más. Unos y otros permiten preguntar por la sensibilidad de los millones que somos y haber permitido que esto sucediera. Y que siga sucediendo.


Mirando el futuro

El texto cierra con esperanza, pero atada a la realidad. En las contradicciones de las aspiraciones con la viabilidad de realizarla, van desde procesos para resistir a las secuelas, la organización en la búsqueda de desaparecidos del Palacio de Justicia, la erradicación voluntaria de coca, expresiones musicales de rap, la necesidad de juntarse de nuevo para planear, para gestionar recuperación del retorno y el territorio. Retomar la vida después de perder un familiar o ante la amputación. Los procesos de reincorporación y los tiempos de no confrontación. La comunidad que se organiza para resistir frente a las presiones de los actores violentos y ante las acusaciones de los grupos armados. Como señalan en un apartado: “somos sobrevivientes de tragedias”.

En este volumen también se describen experiencias de encuentros chocantes con los perpetradores, el proceso de contar la verdad, lo difícil de la reconciliación. Las historias muestran la gran catarsis provocada por estos encuentros y procesos, también cómo, al ser humanos, podemos restablecer vínculos y crear otros nuevos; somos siempre seres sociales, y en nuestra humanidad cabe, incluso, el amor entre excombatientes declarados enemigos, como queda testimoniado en este libro.

Existe también entre las víctimas desconfianza frente a la posibilidad de construir un futuro lejano de la violencia. Algunos admiten que no les cabe el perdón, pero son historias que enmarcan vidas en el esfuerzo por consolidar iniciativas de retomar su vida.

 

* Si quiere conocer la parte sonora del informe aquí la dirección: https://comisiondelaverdad.co/volumen-testimonial

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Publicado enEdición Nº293
Sábado, 09 Julio 2022 07:08

Kafka y la segunda muerte de Shireen

Kafka y la segunda muerte de Shireen

De toda una avalancha de −breves y no tan breves− comentarios tras la publicación el lunes del comunicado del Departamento de Estado estadunidense (DOS) sobre la muerte de Shireen Abu Akleh, una periodista palestina abatida por un francotirador del ejército israelí (IDF) en mayo pasado (véase bit.ly/3ajlbeJ), que se rehuyó de señalar a los verdaderos perpetradores, el de Rania Zabaneh, su colega de Al Jazeera –"se siente como si Shireen hubiese quedado baleada nuevamente hoy" (bit.ly/3NPKtyJ)− ha sido quizás más conciso en transmitir el sentido de desesperación por la falta de justicia e incesante blanqueamiento de los crímenes coloniales de Israel.

Varios otros no se quedaban cortos. Khaled Elgindy, académico palestino-estadunidense, autor de Blind Spot: America and the Palestinians, from Balfour to Trump (2019), tuiteó: "Escribí un libro completo sobre por qué Estados Unidos ha sido tan ineficaz como mediador de la paz, pero la respuesta se resume bien en esta declaración: una total incapacidad/falta de voluntad para responsabilizar a Israel por cualquier cosa" (bit.ly/3yInocV).

Según el DOS −Abu Akleh tenía también nacionalidad estadunidense− "tras un análisis detallado de la bala resultó imposible determinar su origen dada la deformación". Si bien los forenses dijeron que es probable "que el fuego vino de las posiciones israelíes" (sic), "no hay ninguna razón para pensar que su muerte fue deliberada" (sic).

Un misterio, una contradicción y un típico lenguaje esópico digno de la propia hasbara (bit.ly/3IlyV54), que al parecer ya fue internalizada por los diplomáticos estadunidenses: "Es imposible saber quién la mató, pero sus intenciones eran buenas". O sea.

Israel, naturalmente "se indignó" por la sugerencia de que el fuego haya podido venir de sus posiciones. La Autoridad Palestina −en consonancia con la tibieza de Abbas− se mostró "decepcionada". La única reacción a las alturas de lo ocurrido –"un descarado blanqueamiento de un asesinato", comentó B’Tselem, una de las principales ONG israelíes de derechos humanos− provino de su familia.

Según ellos, las conclusiones del DOS ignoran múltiples testimonios de los testigos e investigaciones de diferentes organizaciones y medios que apuntan unánimemente a las IDF, siendo el propio énfasis en la bala "una suerte del truco adrede a fin de pasar por alto de ellos" y hacer creer “que sólo ‘una investigación forense al estilo de CSI’ sería capaz de revelar la verdad”.

Lo que quedaba ignorado "en esta ejecución extrajudicial de un ciudadano estadunidense por Israel, un país que recibe billones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos y que perpetúa la ocupación de Palestina, la más larga ocupación militar en la historia moderna" era, según ellos, "todo el contexto de violencia israelí en Palestina" (bit.ly/3yMV9Kj).

Lo mismo se puede decir del contexto del blanqueamiento sistémico y del "negacionismo" del ejército israelí en casos parecidos, que encima siempre... se investiga a sí mismo (bit.ly/3RjigDh) −por lo que B’Tselem ya dejó de colaborar con las IDF (bit.ly/3ynMRao)−, junto con toda una serie de trucos jurídicos que habitualmente sirven para calificar estos asesinatos de... ¡ ladies and gentlemen!: "errores, sin mala voluntad/intencionalidad" (a qué nos suena esto...). Desde el principio de 2022, las IDF ya han asesinado, bajo diferentes pretextos, a unos 60 palestinos, incluidos 15 niños, sin que ningún soldado haya sido juzgado, vaya, ni siquiera propiamente investigado.

La persistencia del régimen del apartheid en territorios ocupados (bit.ly/3uuQkm3) es otro contexto faltante que hizo que el ejército pronto anunciara que no iba a abrir ninguna investigación criminal: las leyes militares de Judea y Samaria −denominación colonial de Cisjordania− a las que está sujetada la población ocupada desprovista de derechos básicos, dicen "que esto no es necesario" (bit.ly/3bVU7T2). Vaya, incluso la FBI, internalizando al parecer también las coordinadas del racismo israelí, dijo que no iba a abrir ninguna investigación suya −el anuncio del DOS cierra el caso−, a pesar de que siempre abre una cuando un ciudadano estadunidense muere en el extranjero.

Yo digo que toda esta situación es bastante kafkiana (dejemos de lado por el momento la vieja controversia de a quién pertenece Kafka: ¿a Chequia?, ¿a Alemania?, ¿a Israel?, que en su momento también pasó por investigaciones, cortes y presiones diplomáticas: bit.ly/3bYVNvn).

Resulta que el lunes, el día del comunicado, no sólo era the Fourth of July −vaya manera de celebrar...−, sino que el 3, el domingo, fue el cumpleaños de Franz Kafka. De allí un poco la idea, pero todo encajó cuando vi el otro comentario, esta vez de Hanan Ashrawi, una de las más lúcidas figuras políticas palestinas, marginalizada desde hace décadas por el dúo Arafat/Abbas, que tuiteó: "Hay un dicho de que cualquier palestino, herido o muerto, es culpable de obstruir el paso libre de una bala israelí. Los asesinos israelíes y francotiradores tienen que estar protegidos en esta bizarra lógica por maniobras verbales de la administración de Estados Unidos, que ya dejó de buscar su columna vertebral" (bit.ly/3IjzT1E).

Opino que, lo más pronto posible, una investigación del crimen de Shireen Abu Akleh de detener una bala israelí debería estar abierta (si ya ninguna otra, aparte de trucos al estilo de CSI, lo fue...) y su culpabilidad determinada fuera de cualquier duda (si ya no se encontró a ningún otro culpable...).

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Cárcel de Tuluá: decenas de presos muertos

Noticias en desarrollo dan cuenta que en la madrugada del 28 de junio sucedieron hechos, sin claridad total, fruto de los cuales se desató un incendio en el segundo piso del Pabellón 8 de la Cárcel de Tuluá, que es de mediana seguridad.

Según lo confirmó el directo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, el General Tito Castellanos, en ese Pabellón permanecían 180 detenidos, entre condenados y sindicados.

Las llamas, de acuerdo con este funcionario, tomaron forma luego de un intento de motín por parte de los internos. En sus declaraciones no alude a los motivos de inconformidad que, según lo indicado por él, llevaron a los internos a amotinarse, ni por qué ni cómo prendieron fuego a las colchonetas, las mismas que según su declaración, fueron el combustible para que las llamas se propagaran por esa parte de la cárcel, acabando con la vida de 49 personas, pero que de acuerdo a informes de distintos medios de comunicación elevan a 51 e, incluso a 52. Cifra que puede aumentar toda vez que el reporte oficial de lo allí ocurrido confirma 30 presos remitidos a centros de salud con heridas de distinta consideración, cinco de ellos en situación delicada.

De acuerdo a la Radio Nacional de Colombia el penal sufre una hacinamiento del 19 por ciento. El Director de Presiones asegura que ese lugar de encierro y castigo tiene capacidad para albergar 1.078 personas, pese a lo cual allí convivían 1.267.

 

Interrogantes

 

En tanto no es la primera vez que quienes padecen el encierro mueran en supuestos intentos de motín o en desarrollo de los mismos, cabe preguntar si antes del sucedido en la Cárcel de Tuluá se presentaron acciones represivas y de violencia por parte de la guardia, y producto de lo cual los presos, inconformes, decidieron amotinarse.

También cabe preguntar, si en medio del intento de motín a que alude las fuentes oficiales, la guardia arremetió contra los internos, con la violencia características en este tipo de situaciones, caldeando aún más los ánimos de los internos.

Para también corresponde interrogar si esa misma guardia, para facilitar su operación represiva gaseó el lugar de encierro ,y en el intento de los detenidos por contener el efecto de los gases prendieron fuego.

Tiene sentido un interrogante más: ¿los presos prenden fuego a las colchonetas estando fuera de sus celdas o cuando están en ellas? Los informes oficiales deben aclarar esto, pues no es lógico que alguien prenda fuego a una colchoneta, que son de espuma, y sin poder alejarse de las llamas.

Pero algo más: ¿cómo fue el control –la acción represiva– desatada por la guardia para contener el intento de motín? Por la hora en que sucedieron los hechos –2 am– los presos estaban en la celda, entonces, ¿cómo iban a intentar amotinarse estando bajo encierro individualizado?

Algo que no debe quedar al margen: de acuerdo a la justicia colombiana, condenados y sindicados deben permanecer en patios diferentes, ¿por qué permanecían en un mismo espacio?

Hay que recordar que diversidad de estudiosos del tema del castigo han enfatizado una y otra vez que las personas sindicadas, en tanto no han sido vencidas en juicio, no tienen por que ser trasladas a prisión. Una valoración retomada en Sentencia de las altas cortes colombianas en las cuales, una y otra vez, se retoma la realidad de las condiciones de encierro que padecen miles de presos en nuestro país y llaman a superar las circunstancias de indignidad que padecen, reclamando la separación entre condenados y sindicados

Suceso trágico, y tal vez el calificativo quede corto, pues la investigación que los hechos merecen pueden develar algo más de lo hasta ahora conocido. Lo cierto es que reporte oficial conocido hasta ahora no parece ni lógico ni claro, lo único que es meridiano es que decenas de presos, por cuya vida y dignidad debe responder el Estado, son victimas de un sistema de justicia, castigo y control social que no tiene razón de ser toda que vez que no cumple con su cometido: rehabilitar.

 

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Tras 12 días de paro el Gobierno mantiene su libreto: represión indiscriminada

24 de junio. Al norte en la carretera a la costa, Calacali-La independencia, sector La Armenia, a 80 km de la capital uno de las accesos principales a Quito. Llevamos 10 días en esta arteria principal. Tras una noche de fuerte represión hemos sido capaces de cerrar y sostener el cierre de esta vía.

En otros puntos de acceso a la ciudad la pelea es muy fuerte, con compañeros asesinados, ¡en la misma ciudad! El discurso del gobierno y sus fuerzas represivas habla de narcos, delincuencia organizada y subversivos atentando contra la propiedad privada. También insiste en que son los indios quiénes no quieren conversar y quiénes generan desmanes y vandalismo, con esto pretende generar una respuesta racista de parte de la población quiteña.

Hasta donde logramos saber, esta respuesta empieza a darse, aunque su tamaño es reducido.

En Quito hay gran movilización de sectores populares, estudiantiles y también de población indígena residente en la ciudad. De igual forma y desde hace varios días en número creciente la población que venimos de zonas rurales hemos entrado a la capital.

Las fuerzas represivas dicen irán aplicando el uso progresivo de la fuerza y amenazan con ser aún ¡más violentos!

Ayer la policía arremete contra todxs nosotras, y nos expulsa de toda la zona que rodea la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura y el parque del Arbolito. Nos amedrenta a muchas cuadras de ahí a quienes evidentemente estamos en el paro. El ejército tiene control sobre puntos simbólicos y tácticamente importantes, rodea las vías de acceso al centro y en particular al Palacio de Gobierno, a más de un kilómetro de distancia. Ciertas universidades que han servido de refugio para nuestros procesos, reciben amenazas constantes y gases lacrimógenos.

Por nuestra parte, hemos logrado cerrar las arterias principales que dan acceso a Quito y buena parte de las provincias vecinas se encuentran bloqueadas. Por las principales vías principales resalta el poco flujo de vehículos y muchos barrios de la ciudad, en particular los populares, como siempre, están apoyando y participando del paro.

Desde los sectores populares, a diferencia del 2019, hay una mucho mayor organización, de hecho en el 2019 esta surgió en el andar. La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas) ha marcado en esta ocasión claramente su liderazgo y logra articular las exigencias de gran parte de los sectores organizados del país. Adicional a esto, la población no organizada que se moviliza también lo hace a partir de sus10 demandas planteadas.

Es necesario seguir organizándonos, aprender más rápido aún a dar respuestas coordinadas a la violencia estatal. Nuestra lucha es pacifica y defensiva.

No aparece en el escenario un momento de posible negociación, la violencia estatal así como su negativa a cualquiera de las demandas del movimiento indígena, por un lado, y la fortaleza, tanto en número y combatividad, como en la profundidad de las demandas que muestra el proceso, por el otro, hacen que posiblemente este llegue a ser un proceso más largo que el del 2019 (el levantamiento indígena, campesino y popular del 2019 tuvo una duración de 11 días)

Día a día sentimos el peso de la represión policial y militar, hay cansancio entre nosotrxs y sin embargo, frente al cansancio, al miedo, a la impotencia que a ratos sentimos, sabemos que somos más, sabemos que nuestras demandas son justas y sabemos que ellos , los grandes empresarios, las grandes empresas mineras, el presidente, y el resto de su gobierno no podrán con ¡nosotrxs!

A LA FUERZA ORGANIZATIVA MILITAR QUE EL GOBIERNO NOS IMPONE, LE OPONEMOS ¡NUESTRA FUERZA ORGANIZATIVA POPULAR!

 


 

Nuestro horizonte

 

Vivimos uno de esos momentos de cambios profundos y acelerados, en donde “el conflicto, la crisis, el desequilibrio social, los cambios estructurales, el ritmo social de la historia”* producen una nueva realidad.

Desde abajo y a la izquierda habemos un mundo de personas, campesinas, indígenas, estudiantes, mujeres y hombres, urbanas y rurales de sectores populares en lucha, en diversos frentes, en múltiples tareas.

Es innegable que la violencia estatal nos asusta, pero más fuerte es nuestra indignación, nuestra rabia y nuestra determinación. No permitiremos que nos mientan!! La muerte cruzada es buena, la queremos!! Y también las 10 demandas!!

De nada nos sirve cambiar de presidente, de nada nos sirve que otro, igualito o peor que el actual, asuma la presidencia del país. No exigimos ni pretendemos, por ahora, cambios estructurales, no decimos que deba, ahora, acabarse el capitalismo, aunque lo creemos y es nuestro horizonte!! Por ahora, son sólo las 10 demandas colectivas y, por nuestra indignación ante tanta violencia y muerte, la salida del presidente y de la asamblea nacional que ha demostrado, durante este año de gobierno, su incapacidad de legislar para el pueblo!

“No los queremos tranquilos en sus casas, los queremos ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio”

NUESTRAS 10 DEMANDAS COLECTIVAS ¡NO SON NEGOCIABLES! CÁRCEL PARA LOS QUE DIERON LA ORDEN DE DISPARAR Y ASESINARON A NUESTROS COMPAÑEROS!!

 

*Damián Pachón, Estudio introductorio, "Orlando Fals Borda. Socialismo raizal y ordenamiento territorial"

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La gente asiste a una vigilia con velas para honrar a la periodista de al-Jazeera asesinada Shireen Abu Akleh, en Washington, a 17 de mayo de 2022. — Efe

La corresponsal de 'Aljazeera', abatida el pasado 11 de mayo al norte de la Cisjordania ocupada, murió como consecuencia de disparos deliberados contra ella y no por una bala errática o al azar.

 

Sendas investigaciones independientes de dos destacados medios de comunicación de EEUU generalmente proclives a las posiciones de Israel señalan que la periodista de AljazeeraShireen Abu Aklehfue asesinada deliberadamente y no abatida por un disparo aleatorio durante una refriega en el campo de refugiados de Yenin este mes de mayo.

La agencia Associated Press y el Canal CNN publicaron este martes los resultados de sus respectivas investigaciones que, por distintos medios, son coincidentes entre sí a la hora de llegar a la misma conclusión. Estas publicaciones llegan mientras Washington hace llamamientos poco convincentes a que se haga justicia, pese a que Shireen, de 51 años, tenía la nacionalidad estadounidense.

El informe de la CNN destaca el análisis de disparos que dejaron huella en el árbol junto al que Shireen se refugió del tiroteo. Estas huellas sobre el árbol revelan que la periodista fue objetivo deliberado de los soldados israelíes y que la bala que le entró por debajo de la oreja izquierda y acabó con su vida no se disparó al azar ni fue aislada.

En opinión de Chris Cobb-Smith, un consultor en temas de seguridad y veterano del ejército británico que estudió el incidente, las huellas del árbol indican que fueron disparos controlados y dirigidos a la periodista y no disparos al azar o balas perdidas. Según este experto, disparos al azar no habrían dejado las huellas consistentes que dejan los disparos intencionados.

El informe de la CNN concluye que “en los momentos anteriores a su asesinato, no había hombres armados o confrontaciones armadas cerca de Shireen Abu Aqleh”, en contra de lo que sostiene la versión facilitada por el ejército, y tal como afirmaron los compañeros de profesión que estaban con la periodista. “Las pruebas que hemos recogido indican que Shireen Abu Akleh fue un objetivo de las fuerzas israelíes”, agrega la CNN.

La posición de las autoridades palestinas, otra de las claves

Por su parte, la investigación de Associated Press refuerza la posición de las autoridades palestinas y de los colegas de la periodista fallecida en el sentido de que la bala que la mató procedía del rifle de un soldado israelí. Para esta investigación, la principal agencia de noticias de EEUU examinó las fotografías y los videos disponibles, y entrevistó a testigos del incidente.

La agencia señala que sus entrevistas con cinco testigos son consistentes que las informaciones que ha publicado un grupo periodístico de Holanda en lo relativo a la localización de las fuerzas israelíes y a su cercanía a Shireen, lo que hace que probable que los soldados le dispararan con mirilla telescópica desde una distancia de aproximadamente 200 metros.

Imágenes fotográficas y videos que se tomaron en la mañana del 11 de mayo muestran a vehículos militares israelíes en un extremo de la estrecha callejuela en la que se hallaba Shireen con otros periodistas, que estaban en línea con los soldados. También muestran a los periodistas y a otros transeúntes huyendo de los proyectiles que se estaban disparando desde la dirección en que estaban los soldados.

Según Associated Press, la única presencia confirmada de milicianos palestinos se situaba al otro lado de las fuerzas israelíes, a unos 300 metros de distancia, y entre los milicianos y Shireen se interponían muros y edificios. Aunque según el ejército, había al menos un miliciano entre los soldados y los periodistas, la agencia americana dice que el ejército no ha facilitado pruebas que sustenten esa afirmación.

Un portavoz militar ha dicho que se ha identificado a un soldado que estaba en el interior de uno de los vehículos y que desde allí disparó con un rifle equipado con mirilla telescópica hacia donde estaban los milicianos. El ejército dice que no puede comprobar si con ese rifle se mató a la periodista puesto que la Autoridad palestina se niega a entregarle la bala para examinarla y compararla con el rifle.

Dos peticiones a la Corte Penal Internacional

Brian Dooley, un consejero del Relator Especial para la Defensa de los Derechos Humanos, ha confirmado que la Corte Penal Internacional ha recibido dos peticiones para que se investigue la muerte de la reportera. Una de las peticiones está firmada por la Federación Internacional de Periodistas, y la segunda por la Autoridad palestina. La CPI todavía no se ha pronunciado sobre si las acepta o no.

Mientras tanto, las autoridades de ocupación están evitando abrir una investigación sobre el incidente, a pesar de que su examen inicial prueba que los soldados dispararon en la dirección en la que estaba la reportera de Aljazeera. Según el fiscal militar, incluso si se comprueba que los soldados dispararon contra la periodista, no habrá consecuencias penales ya que la reportera estaba trabajando en una zona de combate.

En Washington, el departamento de Estado ha instado a que se abra una "investigación global y en profundidad (…) que haga responsable a quien perpetró" el crimen. Sin embargo, esta petición parece otro gesto a la galería, máxime si se tiene en cuenta que los americanos han dicho que la CPI "no es el lugar apropiado" para llevar a cabo la investigación

25/05/2022 21:46

Por Eugenio García Gascón

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Paro armado, la vergüenza del Gobierno

Nuevamente, nuestra Comunidad de Paz, acude a la humanidad y a la historia para dejar constancias de nuevos hechos perpetrados conjuntamente entre paramilitares y Estado.

Nuestra región, continúa en un círculo vicioso donde el estado y el paramilitarismo es la principal droga que; somete, amenaza, tortura, controla y mata la vida social y campesina. Es la voz del paramilitarismo la que se impone a todas anchas, en la cual toda la población debe obedecer sus directrices o asume las consecuencias.

¿Hasta cuándo el Gobierno va a permitir que se siga controlando al que humildemente cultiva la tierra para el sustento de sus familias y del país? Es una vergüenza, estos gobiernos de turno, tras sus mandatos, dejan cientos de miles de violaciones al derecho internacional humanitario, entre ellos, los líderes y lideresas asesinados en los últimos meses en el país, quedando las víctimas condenadas al olvido y a la impunidad absoluta. ¡Que dolor!

Hoy, el paramilitarismo sigue siendo la mayor fuerza oscura con la que se cuenta para realizar el trabajo criminal que no pueden hacer a la luz pública las instituciones del estado. Urabá es un ejemplo, la misma Brigada XVII del ejército y la Policía Urabá han sido los garantes y aliados de los paramilitares. En muchas ocasiones operaron conjuntamente para realizar falsos positivos y masacres en el Urabá y el País. Hoy, no parece que esas alianzas se hayan terminado, pues los paramilitares autodenominados AGC tienen el absoluto control en todo el territorio e incluso conviven y comparten con la fuerza pública en San José, Nuevo Antioquia, Piedras Blancas entre otros corregimientos del Urabá y no hay ni el más mínimo interés en desmantelar estas estructuras paramilitares.

Se acercan elecciones presidenciales en el país, y se evidencia las diversas acciones conjuntas de las maquinarias que han gobernado, vendido y desangrado nuestra Patria. Estos, buscan cómo seguir aferrados al poder, y para ello, cuentan con la corrupción en los órganos de control existentes en las diversas instituciones Estatales. Ojalá, que las buenas ideas de un país mejor sean las que ganen, pues ya es momento de un cambio a esta dictadura que solo ha destruido y arruinado el país.   

Los nuevos hechos son los siguientes;

  • ·El viernes santo 15 de abril de 2022, en la vereda La Esperanza del corregimiento de San José, se realizó un evento donde el reconocido paramilitar alias el COCHERO celebró su matrimonio en medio de una gran multitud de personas que participaron en su boda, este personaje hace ya un tiempo llegó a la vereda El Porvenir como paramilitar para ejercer control allí.
  • ·El viernes 22 de abril de 2022, en la vereda la Unión, del Corregimiento de San José de Apartadó se realizó una jornada comunal de arreglo del camino de herradura impulsada por la junta de acción comunal de dicha vereda y con la participación de efectivos miembros de la Brigada XVII del ejército nacional con sede en Carepa, Antioquia. En dicha jornada, un agente del ejército nacional que participaba, procedió a leer a todos los allí presentes, la constancia pública del pasado 18 de abril de 2022de la Comunidad de Paz. Manifestando en tono de burla que, “lo más seguro es que esa comunidad de paz hoy o mañana volverá a sacar constancia de esta jornada de trabajo” se supo que el uniformado rechazó tajantemente nuestras constancias al manifestar que estuvo investigando a comerciantes de la vereda la Unión sobre el paradero o conocimiento del paramilitar alias Adolfo Guzmán. A ¿Quién se le ocurre interrogar a las víctimas frente a los victimarios?  Dejamos constancias de que a pocos metros de donde se encontraban los uniformados, se hallaba también alias Adolfo Guzmán, realizando labores de arreglo de camino.  Este mismo sujeto, ya el pasado 3 de abril de 2022 había amenazado a comerciantes de La Unión, de igual forma participó de la jornada comunal el pasado 8 de abril de 2022 en compañía de miembros de la brigada XVII del ejército nacional y constatado por miembros de nuestra Comunidad de Paz. Este sujeto habita en una vivienda junto a las instalaciones del ejército nacional adscritos al batallón N.6 de desminado en la parte de arriba del centro poblado de la Unión, pero nadie lo conoce y menos los militares.
  • ·El sábado 23 de abril de 2022, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un evento privado que realizara un reconocido cantante de música popular en un establecimiento público en el centro poblado de San José. Según los testigos, se evidencio la presencia del reconocido mando paramilitar alias LEÓN excombatiente de las Farc-ep y firmante de los acuerdos de Paz, conocido con el alias la “FIERA”. Dicho evento musical se realiza en medio de una fuerte presencia de policía y militar en el casco urbano de San José donde actualmente existe una base militar y un búnker de la Policía Nacional. Se argumenta que el artista tiene algún parentesco familiar con este mando paramilitar.
  • ·El domingo 24 de abril de 2022, cuando una comisión de nuestra Comunidad dePaz se dirigió a la vereda la Resbalosa, se pudo constatar que allí había presencia de varios reconocidos paramilitares, minutos después en el camino entre las veredas Mulatos y La Resbalosa se notó la presencia de un paramilitar que se dirigía a la Resbalosa, ya en horas de la tarde se vio regresar a Mulatos.
  • ·Este mismo domingo 24 de abril de 2022, en la vereda la Resbalosa nuestra Comunidad de Paz,fue informada de amenazas de un paramilitar contra la maestra de dicha vereda. El reconocido paramilitar le advirtió a la maestra que tenía los días contados, por tal motivo, la maestra fue trasladada a otra instalación educativa.
  • ·El lunes 25 de abril de 2022, mientras una delegación de nuestra Comunidad de Paz, adelantaba una jornada comunitaria de mejoramiento de la vía en el sector el barro de la vereda Mulato, fue hallado un artefacto explosivo que habría sido instalado junto al camino y dañado por los semovientes que transitan por el lugar. Según el mal estado del mismo, estaba allí desde hacía muchos años. Tales artefactos como estos, son los que vienen supuestamente desactivando el batallón de desminado N.6 del Ejército Nacional. A juzgar por el largo tiempo que llevan en la zona, la millonada que habrán invertido en dichas jornadas sin que a la fecha se evidencien avances significativos de desminados. Creemos que la estadía en estos lugares responde a otros intereses, pues las integraciones sociales son más su afán que la de hallar los artefactos explosivos.
  • ·Este mismo lunes 25 de abril de 2022, en la vereda mulatos, más exactamente junto a nuestro espacio de vida y trabajo de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de la presencia constante del paramilitar alias “GRIPIN”, en reuniones y demás actividades en la casa comunal, este paramilitar, hace presencia y control permanente en la zona y reside en la casona en la vereda mulatos medios.
  • ·El jueves 5 de mayo de 2022, en horas de la tarde nuestra Comunidad tuvo conocimiento de la advertencia de los paramilitares de un paro armado decretado para su cumplimiento a partir del día 5 de mayo de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022. Ya en horas de la tarde, las actividades comerciales, transportes entre otras fueron cerradas. Este mismo jueves 5 de mayo de 2022, un grupo de estudiantes que provenían de la escuela de la vereda Arenas Altas a integrarse con estudiantes de la escuela de la vereda la Unión, fueron interceptados por paramilitares que hacen presencia en la unión, quienes ordenaron regresar a sus casas.
  • ·El viernes 6 de mayo de 2022, se ha constatado que el paro armado decretado por los paramilitares, ha surtido efecto; vehículos incinerados, los centros comerciales, oficinas, comercio en general y laboral, estudiantil, de transportes y en si toda actividad en general fue paralizada por órdenes de los paramilitares. Y nos preguntamos, ¿Dónde están las fuerzas de seguridad del Estado? ¿En qué queda el estado de Derecho? ¿No es esto la evidencia de un Estado secuestrado por las mafias y el poder que lo domina? Se evidencia que no son las armas las que nos libertan, por el contrario, nos esclavizan.
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, se tuvo conocimiento de que dos paramilitares hicieron presencia en el área poblada de la vereda la Unión el pasado jueves 5 de mayo de 2022, y ordenaron a los comerciantes cerrar sus locales, y ordenaron a la población civil no realizar ningún tipo de actividad comunal como el que tenían programado para el día de hoy, y de igual forma ninguna actividad personal fuera de la casa, esos reconocidos paramilitares están haciendo rondas en el centro poblado de La Unión impidiendo el comercio, recordar que allí, hay una fuerte presencia militar que además tenían programada actividad comunal con la junta y prefirieron acatar las órdenes y el control paramilitar.  
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, en el casco urbano de San José, los locales comerciales amanecieron cerrados, el caserío fantasma, ni un soldado, ni un policía se veían allí, ni siquiera en sus guarniciones militares. Los soldados y policías están encerrados.  

Estos hechos claramente evidenciados por nuestra comunidad y la población de nuestra región, muestra de cómo el gobierno ha sido permisivo con el paramilitarismo y lo ha venido dejando que sean ellos los que realicen su trabajo sucio de control y sometimiento de la población civil.

San José y sus veredas se han convertido en el campo propicio de libertad y tranquilidad para los paramilitares y la fuerza pública que conviven sin hacerse ningún tipo de daño, lo que cada vez lo hace más cómplice de sus crímenes.

Siempre que renovamos la memoria de nuestros sufrimientos, renovamos también nuestros sentimientos de gratitud a numerosas personas y comunidades de Colombia y del mundo que caminan espiritualmente con nosotros y nos llenan de energía resistente.

                                Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                        Mayo 6 de 2022

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