Foto: Una mujer mayor vista en una calle con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la agencia de policía nacional de Venezuela, al fondo, en Caracas, Venezuela | Alamy

Ivonne Parra tomó ocho sedantes durante 15 días, después del asesinato de su hijo. Solo quería llorar la pérdida de su único varón. Sus amigas se encargaron de todos los trámites en la medicatura forense y en la funeraria, mientras ella estaba en casa. Llorando.

Casi un mes después del ajusticiamiento, Ivonne sintió que tenía que pararse de la cama y hacer algo. Debía limpiar el nombre de su hijo, quien fue tildado de delincuente según la versión policial. A Guillermo José Rueda Parra, de 20 años de edad, lo asesinó una comisión de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de seguridad del Estado venezolano, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.

Eran las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre de 2017, cuando Ivonne le abrió la puerta de su casa a cinco agentes. Ella no crió a un delincuente, por eso no se esperaba que en el primer piso de la vivienda, ubicada sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira, asesinaran a su hijo, desarmado y en pijama. Luego los funcionarios simularon un enfrentamiento y pusieron un arma en la mano de Guillermo. Ivonne vio todo.

—Pásame una bala de otro calibre.

—No, chamo, de esas no tenemos —recuerda Ivonne que decían los funcionarios, mientras ella los observaba desde la calle.

Según el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales son los asesinatos cometidos por agentes del Estado, o con su complicidad y tolerancia. Entre enero y septiembre de 2021 el proyecto Lupa por la Vida, de la organización Provea y del Centro Gumilla, documentó 1197 crímenes a manos de policías y militares en toda Venezuela.

Cuatro años después de la ejecución extrajudicial de Guillermo José, como le dice su madre, los funcionarios involucrados no están detenidos aunque en el expediente reposan sus nombres. Sobre el agente Winder Rafael Flores, presuntamente hay una notificación de alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pero tampoco ha sido apresado.

En la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, Ivonne conoció a Carmen Arroyo, otra madre a quien las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le asesinaron a su hijo. Ambas decidieron conformar una organización no gubernamental llamada Madres Poderosas, luego de asistir a varios talleres de formación en el ámbito de derechos humanos, impartidos por el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) y por miembros de las Naciones Unidas que estuvieron en el país.

Madres Poderosas nació en septiembre de 2021 y hasta ahora ha acogido a siete mamás y a una hermana de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en Caracas. Además del acompañamiento y apoyo que se brindan entre familiares, aspiran obtener ayuda psicológica, asesoría legal y colaboraciones de comida o útiles escolares para los hijos huérfanos de los jóvenes asesinados.

En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos

Los menores de edad están bajo la manutención de sus abuelas, quienes no pueden buscar un empleo formal por el tiempo que invierten en asistir regularmente a los tribunales venezolanos. Lina Rivera es una de las mujeres que integra Madres Poderosas. En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos. A su cargo tiene a nueve nietos, que mantiene con mucho esfuerzo.

Estas ocho mujeres no quieren que las llamen víctimas porque no lo son. Realmente son aguerridas y están dispuestas a intentar todo lo que esté a su alcance para limpiar el nombre de sus hijos y hermanos, y obtener justicia.

—Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas cada vez que habla de su hijo.

A Carmen Arroyo le asesinaron a su hijo Christian Alfredo Charris Arroyo, un día después de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita, una comunidad de Petare, la barriada más grande de Caracas. En el expediente del caso están identificados los 20 funcionarios de las FAES que participaron en el operativo. Ninguno ha sido detenido.

Christian era el único hijo de Carmen. Lo crió sola. El joven, de 25 años, era un popular barbero y jugador de baloncesto de la comunidad. La versión policial fue que él pertenecía a una grupo criminal y estaba solicitado por los delitos de robo, hurto, extorsión y homicidio.

—Si se supone que Christian había matado a un hombre llamado Jeferson Gil en 2016 ¿por qué a mi hijo no lo buscaron antes? El delincuente no tiene residencia fija y a mi hijo lo podían encontrar en su casa. A mi hijo lo criminalizaron por ser un joven que vivía en un barrio —contó Carmen, en voz pausada. Su rostro, de piel morena, refleja el dolor con sus expresiones pronunciadas.

Ivonne y Carmen guían a las otras madres en el proceso judicial, las acompañan a los tribunales y las animan para que no desmayen en el proceso. Ninguna de ellas tiene un empleo formal, por lo que a veces no tienen dinero para usar el transporte público que las lleve de sus casas, que quedan en barriadas populares retiradas del centro de la capital.

Al menos dos veces a la semana o cada 15 días, las fundadoras de Madres Poderosas visitan a los fiscales que llevan los casos para averiguar si hay avances. Lo mismo hacen con el resto de las compañeras. La mayoría de las veces no obtienen respuestas de los funcionarios públicos, pero no se cansan, ya no tienen nada que perder porque les arrebataron a sus hijos.

—Estamos luchando contra el verdugo, sabemos que no es una lucha fácil pero seguiremos, no podrán con nosotras porque no criamos a delincuentes, criamos a jóvenes de bien y ahora nos queda defender su nombre —agregó Carmen.

Estas madres se han convertido en abogadas, fiscales, defensoras de los derechos humanos y en correos especiales de los fiscales que llevan sus casos. Manejan términos judiciales y conocen que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.

El 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal

Cifras de la organización Cofavic apuntan que 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal. En 30% existe retraso injustificado en la tramitación de experticias esenciales, como las autopsias, y en 96% no se ha registrado la detención de los responsables.

Las madres deben encargarse de costear las copias de los expedientes cuando logran tener acceso a ellos, porque en los tribunales no hay presupuesto suficiente. Además, son revictimizadas con los cambios frecuentes de fiscales en diversas oportunidades, con malos tratos de los funcionarios o cuando no las atienden. Incluso han llegado a los tribunales y se encuentran con que no hay electricidad. En el caso del hijo de Ivonne, han removido a los funcionarios al menos seis veces.

—La única forma que yo deje de denunciar es que me muera. No saben con cuánto esfuerzo criamos a nuestros hijos, para sacarlos adelante en un barrio, donde se ven drogas y armas —dijo Carmen.

Lina Rivera siente que Madres Poderosas son su luz en el túnel oscuro que ha significado la pérdida de sus cuatro familiares. En la organización le dan un impulso para luchar. Cuando asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos, entre 2017 y 2018, tuvo miedo hacerle seguimiento a los casos. Pero cuando conoció a Ivonne y a Carmen sintió el valor para regresar.

En julio de 2019, Ivonne y Carmen formaron parte del grupo de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos que relataron sus testimonios de violaciones de la letalidad policial a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su visita a Venezuela, en 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que detenga y prevenga el uso excesivo de las fuerza en las manifestaciones, que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se disuelvan las FAES. Al contrario, el mandatario Maduro reiteró el apoyo al cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.

Datos de la exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, revelan que entre enero de 2015 y junio de 2017 se cometieron 8.291 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que Cofavic documentó 11.328 ajusticiamientos por fuerzas de seguridad del Estado, entre 2012 y marzo del 2020.

Una de las mujeres que se incorporó recientemente a la organización de Madres Poderosas fue Miyanllela Fernández. A su hijo Richard Jesús Briceño Fernández, de 23 años, efectivos de las FAES le dieron dos tiros. Ella lo vio herido y lo escuchó gritar de dolor, luego perdió el conocimiento.

El 8 de enero de 2021 se desplegó un operativo policial en la zona popular de La Vega, al oeste de Caracas, para capturar a miembros de una megabanda de delincuentes. El Monitor de Víctimas documentó que 14 jóvenes fueron asesinados por los cuerpos de seguridad. Un informe de Amnistía Internacional considera que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Miyanllela Fernández se ha topado frecuentemente con el funcionario de las FAES, que presuntamente le disparó a su hijo. Carmen Arroyo también se encontró al efectivo supuestamente involucrado en el crimen.

“Cada vez que veía a tres de los funcionarios que estaban ese día, llevaba a mi nieta y me provocaba vengar la muerte de mi hijo. Si yo hubiese sabido que me iban a matar a mi hijo me lo hubiese llevado y no nos hubiésemos quedado en la casa”, dijo Miyanllela.

Carmen se planteó estudiar Derecho en la universidad, desde la ejecución de sus hijo. Hasta el momento no ha logrado obtener el cupo en una institución pública, pero mantiene claro su objetivo de formación y empoderamiento.

Maritza Molina, otra mujer que integra Madres Poderosas, ya está por terminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. A su hijo, el doctor Billi Daniel Mascobeto Molina lo asesinaron en Barlovento, estado Miranda, el 29 de febrero de 2012.

En casi 10 años el expediente del caso de su hijo consta de 14 piezas y han cambiado a 21 fiscales nacionales y auxiliares. Ninguno ha resuelto el caso. Se unió a Madres Poderosas por ese impulso y motivación que le dan las otras mujeres para insistir en la búsqueda de justicia.

2 febrero 2022

Publicado originalmente en Open Democracy

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Justicia: el grito de las madres de las víctimas de disparos de la Policía en Colombia

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo

Cali / Medellín - 12 ene 2022 - 16:02 COT

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

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Prepotencia, silencio y muerte: rasgos del dominio paramilitar

El asesinato de Huber Velásquez, el pasado 17 de diciembre de 2021, en la vereda La Balsa de San José de Apartadó, tiene características que revelan la extrema gravedad a que ha llegado el dominio paramilitar en la región y sus relaciones con las instituciones, con el Acuerdo de Paz, con el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad dominante. No fue un simple episodio de violencia a los que la población de la región se ha acostumbrado tras muchas décadas de terror.

El contexto inmediato fue la pantomima de pavimentación de dos kilómetros de vía entre Apartadó y San José. Un grupo de pobladores de la vereda La Balsa decidieron hacer la Veeduría ciudadana y descubrieron horrores de corrupción: viviendas averiadas y no reparadas, materiales ineptos, calidad muy baja de la obra no obstante su elevadísimo costo que escandalizó a un diputado de la región. Esta veeduría no fue aceptada porque ya existía una veeduría registrada en la Personería; sin embargo, el grupo de Veeduría de La Balsa decidió continuar su trabajo investigativo ya que la otra veeduría no les daba suficiente confianza al aceptar muchas irregularidades que se estaban cometiendo.

Si se tiene en cuenta que la financiación de esa obra fue cubierta con los fondos del Acuerdo de Paz, asumiéndola como un PDET [Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial] para lo cual la Comunidad Internacional aportó enormes sumas de dinero, es de elemental honestidad solicitarle a los organismos internacionales un examen exhaustivo de los gastos, lo cual debe incluir una examen minucioso a los contratos de METRO-PLUS. También la Alcaldía debe ser sometida a rigurosos exámenes de sus egresos. Corre entre la población de la zona el rumor sobre la participación del alcalde Cañizalez en el crimen de Huber, pues sus simpatías por las estructuras paramilitares son de conocimiento público. Una entidad internacional independiente debe investigar esos rumores, pues los órganos de control del Estado hoy día están cooptados, a la luz del día, por el alto gobierno.

Muchos habitantes de La Balsa no salían de su estupor cuando vieron que muchachos muy jóvenes de su misma vereda paralizaron el tráfico, tanto hacia arriba (San José) como hacia abajo (Apartadó) mientras se consumaba el asesinato de Huber, permitiendo que 8 hombres armados penetraran en su vivienda y le arrancaran violentamente la vida. Sin embargo, los pobladores sabían que romper el silencio equivalía a correr un riesgo muy seguro de muerte. Varios asesinatos ocurridos en la zona en el último año se explicaron por la desobediencia de las víctimas a órdenes de los paramilitares. El terror selló el silencio que cubrió y sigue cubriendo este crimen. Adicionalmente hay otro rumor que corre entre los pobladores de La Balsa, según el cual la Junta Comunal ha ordenado destruir la casa construida por Huber en su finca; parece que el afán de arrasar la memoria de las víctimas, como costumbre de los regímenes más crueles, sigue haciendo carrera.

Los mensajes no pueden ser más contundentes: aquí mandan los paramilitares y el que les desobedezca compromete su misma vida; la población debe optar así entre la vida y la muerte.

Con pocos días de distancia, la junta comunal de la vereda La Esperanza decidió introducir a la fuerza una maquinaria en el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, con el fin de iniciar la construcción de una carretera ilegal que nuestra Comunidad ha denunciado repetidas veces, pues no ha respetado ningún requisito de planeación participativa, es planeada y construida por estructuras paramilitares con maquinarias de la fuerza pública y busca servir a la introducción de maquinarias de empresas multinacionales extractivistas que van en contravía de una desarrollo humano y ecológico. Los líderes de la Acción Comunal de la Esperanza han afirmado que construirán la carretera a las buenas o a las malas, sin importarles violar cualquier propiedad privada y cualquier interés que se oponga a su concepción del desarrollo y del progreso que va en contravía de lo humano.

Los métodos de coordinación y de aquiescencia entre la fuerza pública y los paramilitares son ya muy conocidos y rutinarios: el negativismo; la evasión; la ficción de ignorancia; los acuerdos verbales para no encontrarse en los mismos territorios en coincidencia. Así, cuando las evidencias son ineludibles, es aún posible engañar a la sociedad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Enero 12 de 2022

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Dos policías reducen al abogado Javier Ordóñez en en barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá (Colombia).Redes sociale

El informe independiente solicitado por la alcaldesa Claudia López califica la respuesta a las protestas de septiembre de 2020 como una “masacre policial”

 

Bogotá - 13 dic 2021 - 13:44 COT

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Dos policías reducen al abogado Javier Ordóñez en en barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá (Colombia).Redes sociales

“No puede llamarse de otra manera”. El informe independiente de esclarecimiento apoyado por el Sistema de Naciones Unidas sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020 ha dicho con todas las letras que lo que vivió la ciudad esos dos días cuando se desataron unas protestas ciudadanas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un operativo por parte de agentes fue una masacre policial. “La policía nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha. Su actuación causó una masacre que acabó con las vidas de 11 jóvenes”, dijo Carlos Negret, ex defensor del pueblo y coordinador de la investigación.

La investigación —solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López— determinó que la masacre ocurrió debido a la “ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes”. Es decir, que faltó un mayor liderazgo “político y operativo” tanto del Gobierno de Iván Duque como el de López para evitar que ocurriera. La alcaldesa se refirió al informe como “doloroso hasta el alma”. Con la voz entrecortada y entre lágrimas, López ofreció disculpas a las familias y amigos de los jóvenes asesinados. “Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. Todos nos equivocamos”, dijo este lunes.

La ‘Relatoría de esclarecimiento del 9S’ también alerta de que, dada la falta de avance en las investigaciones, no es posible garantizar que no se repita. “A 15 meses de la ocurrencia de los hechos, los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes”, concluye el informe.

Los investigadores documentaron 14 asesinatos en el contexto de las protestas, incluido el de Ordóñez, de los cuales 11 habrían sido a manos de agentes de la Policía, en lo que consideraron “uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia de la ciudad”. El informe advierte también que otros dos asesinatos ocurrieron por personas vestidas de civil que dispararon contra manifestantes.

Pero la masacre pudo ser mayor. La investigación documentó también que 75 personas resultaron heridas por arma de fuego, 187 por armas cortopunzantes, así como las heridas contra 216 agentes de la Policía. En total, dice el documento, se encontraron siete prácticas violentas en el contexto de las manifestaciones: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.

Juliette de Riveros, Representante de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que el objetivo del informe “no es desacreditar a la policía, ni ensuciar su imagen, por el contrario el objetivo es restaurar la confianza, utilizando la verdad”. “Se plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y en la Policía”, dijo Riveros pero dijo que es necesario hacer investigaciones rápidas y creíbles, sanciones inequívocas contra quienes abusaron, reconociendo la verdad y a las víctimas y haciendo ajustes doctrinales necesarios a la Policía.

Catalina Oquendo

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra

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La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) Archivo Colprensa.

La Comisión de la Verdad presentó un documento histórico que elaboró junto Forensic Architecture sobre lo que pasó con las personas que lograron salir con vida del Palacio de Justicia

 

La Comisión de la Verdad reveló, este 10 de diciembre, detalles inéditos de lo que pasó el 6 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá, tomando como rehenes a funcionarios estatales y miembros de la Corte Suprema de Colombia. La toma generó una respuesta por parte de la fuerza pública con un contraataque que duró dos días. Casi 100 personas murieron y el edificio quedó reducido a cenizas.

Esta investigación minuciosa se enfocó no tanto en lo que sucedió dentro del Palacio de Justicia entre la guerrilla y el Ejército, sino lo que pasó con las personas que salieron con vida del edificio pero luego desparecieron o fueron presentadas como víctimas.

El informe, que contempla videos en 3D y reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó ese día en el centro de Bogotá, revela cómo los trabajadores de la cafetería, estudiantes, visitantes, guerrilleros y magistrados que fueron clasificados como ‘especiales’ o ‘sospechosos’ fueron detenidos, llevados a diferentes instalaciones militares de la ciudad, torturados, ejecutados y, en algunos casos, desaparecidos por la por las Fuerzas Armadas.

“Se cuestiona las afirmaciones del Ejército de que las personas que desaparecieron después del asedio murieron en tiroteos durante el asalto de las fuerzas de seguridad al edificio (...) Este supuesto caos sirvió como historia de portada del Estado durante décadas, enmascarando las responsabilidades de los militares por las desapariciones”, detalló Forensic Architecture.

En un primer video se evidencia como salen cuatro grupos de personas del palacio en diferentes momentos y hacen esa reconstrucción con videos de la época y testimonios.

El primer grupo era de visitantes del Palacio de Justicia que fueron torturados en instalaciones militares pero sobrevivieron; el segundo grupo que salió eran los conductores de los magistrados que los militares rescataron del estacionamiento en la mañana del 7 de noviembre, detenidos en el Cantón Norte y sobrevivieron; en el tercer grupo salieron civiles que pasaron por un control de seguridad, clasificados como rehenes y algunos de ellos hallados sin vida; el último grupo que salió del edificio fue el de visitantes y empleados de la cafetería, ninguno sobrevivió.

El informe reveló que la Casa del Florero fue usada como centro de interrogatorios donde los militares separaban a los sobrevivientes y luego los llevaban a instalaciones militares donde los torturaban y ejecutaban.

Testimonios, videos y grabaciones de audio se conjugan en una reconstrucción digital de tres sitios clave donde ocurrió el crimen de desaparición forzada: Plaza de Bolívar, Casa del Florero y Cantón Norte. “Nuestro análisis de las imágenes del asedio revela la forma en que las fuerzas de seguridad se llevaron los rehenes que los militares afirmaron que murieron en la toma de posesión. También identifica posibles agentes encubiertos que supervisan las desapariciones, así como el uso de ambulancias y personal médico en los delitos”, sostuvo el informe.

La investigación mapea por primera vez el uso interconectado de las instalaciones militares en Bogotá y su papel en las desapariciones, haciendo que la logística de la desaparición forzada sea legible mientras los investigadores seguían a las víctimas entre múltiples sitios e instalaciones militares alrededor de Bogotá.

Siguiendo el camino de los detenidos hasta la base militar del Cantón Norte, ubicada en el norte de Bogotá, donde tenía su sede el operativo contrainsurgente, identificaron que allí los rescatados del palacio fueron interrogados, torturados, y ejecutados en algunos casos.

La Comisión de la Verdad presentó este informe en compañía de familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. “Las víctimas merecemos justicia, merecemos no ser invisibilizadas ni criminalizadas. Invitamos a que respeten a las víctimas porque ustedes no saben nuestro dolor”, aseguró Débora Anaya, hija de una desaparecida del edificio.

Mientras que Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró: “Estamos ante una obra que se ha trabajado con pasión, con una fuerza especial que nos permite meternos dentro de los eventos que acontecieron; estamos ante realidades que no hemos comprendido en su hondura”.

11 de Diciembre de 2021

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Un grupo de 21 soldados del Ejército colombiano reconoce el asesinato de al menos 247 "falsos positivos"

La Jurisdicción Especial para la paz confirmó que en el caso también está involucrado un civil.

Veintiún miembros del Ejército colombiano y un civil admitieron su responsabilidad en el asesinato extrajudicial de al menos 247 personas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, confirmó este viernes un comunicado de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Estas ejecuciones sumarias perpetradas por el Ejército, también llamadas "falsos positivos", habrían ocurrido en las zonas de El Catatumbo, donde fueron asesinadas 120 personas, y en la Costa Caribe, lugar en el que se contabilizan al menos 127 víctimas mortales.

Según la JEP, este año han sido imputados 25 miembros del Ejército y un civil por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen delitos de lesa humanidad. De acuerdo a esa jurisdicción, que fue establecida tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, esos crímenes "no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos".

Esa política de Estado también incluyó incentivos y presiones de los comandantes sobre sus subordinados para obtener "muertos en combate". De acuerdo a la justicia tradicional, tras la imputación, "22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes".

El comunicado oficial de la JEP destaca que el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien comandaba la Brigada 30. De acuerdo a su testimonio, mostró su "absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad".

Además de admitir los crímenes, los involucrados ampliaron sus versiones de los hechos, expresaron su "compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer la verdad", detalló la jurisdicción de paz. Uno de los puntos clave es que algunos militares aportaron nuevas pruebas que serán usadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para las investigaciones correspondientes.

Para la magistratura, el reconocimiento de estos crímenes por parte de sus autores "es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa 'el sistema de incentivos condicionados' en el que se funda este sistema de justicia transicional".

¿Y ahora qué?

Después de este proceso, se ha puesto en marcha el mecanismo para preparar la audiencia de reconocimiento de los hechos y sus responsables.

En los próximos cuatro meses, la JEP ha instruido cuatro tareas: acciones pedagógicas sobre el caso de los "falsos positivos", en el Norte de Santander y la Costa Caribe; las valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad de los autores de los crímenes; los encuentros privados entre los comparecientes y las víctimas; y la preparación del "camino restaurativo" y reparador para quienes padecieron el horror de esta política de Estado.

"El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron", apunta la magistratura.

A principios de este año, la JEP determinó que, de acuerdo con una exhaustiva investigación, entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como "bajas en combate", una cifra que supera ampliamente la presentada en un informe de la Fiscalía General de la Nación en julio de 2018, en la que contabilizaba 2.248 víctimas de "falsos positivos" en Colombia y en un período más largo, entre 1988 y 2014.

10 dic 2021

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Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) presentó un informe con cifras alarmantes respecto a desplazamiento y confinamiento forzado en Colombia

 

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) publicó un informe en el que presenta las cifras del impacto y tendencias humanitarias en Colombia durante este año. Entre los números más alarmantes están los de desplazamiento forzado en el territorio nacional.

De acuerdo con la OCHA, hasta octubre de 2021 al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, representando un incremento del 198 % en comparación con el mismo periodo de 2020.

Así mismo, informó que de las personas en situación de desplazamiento, al menos 53.100 se mantienen desplazadas “con necesidades intersectoriales e incertidumbre sobre su futuro”.

El informe aseguró que sólo el 18 % de las personas desplazadas masivamente durante 2021 ha podido regresar a su lugar de origen; sin embargo, en este punto el informe resalta que muchos regresaron a sus territorios sin garantías de seguridad.

Respecto a este flagelo del confinamiento forzado, el informe señaló que Chocó requiere atención especial pues reporta más del 65 % de las víctimas de este problema a nivel nacional. Las zonas de ese departamento donde persiste en mayor medida esta situación son: Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó.

Según la OCHA, entre enero y octubre de este año, los Equipos Locales de Coordinación recibieron reportes de 51.400 personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar de los grupos armados ilegales. De este total, más de 38.400 son indígenas y 9.900 afrocolombianos.

 “A nivel general se percibe una crisis humanitaria en los departamentos del Pacífico, en <b>donde se han concentrado el 75 % de las emergencias por desplazamiento masivo y confinamiento</b>”, dice el informe.

Según este estudio, hay municipios que requieren particular atención, entre esos está Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde 15.000 personas han sido afectadas por desplazamiento masivo y confinamiento a lo largo de 2021.

“Roberto Payán, Magüí Payan, Barbacoas y Tumaco (Nariño) presenta un aumento de enfrentamientos y consecuentes emergencias por desplazamientos masivos, que se han generado a lo largo del año especialmente a partir de mayo”, sostuvo el informe.

Así mismo en Bojayá, Medio San Juan, Istmina y Alto, Medio y Bajo Baudó, en Chocó, existe un aumento de confinamientos del 17 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Argelia (Cauca) se destaca la situación de desplazamiento forzado, especialmente desde zonas rurales aledañas al centro de la municipalidad. Este municipio ha reportado una intensificación de la violencia armada, reflejada en 15 eventos por desplazamiento masivo, en donde al menos 6.778 personas han sido desplazadas por enfrentamientos y combates.

“Otros eventos que llaman la atención y requieren seguimiento es el Resguardo Indígena Llanos del Yari Yaguará II que está ubicado en tres municipios fronterizos La Macarena (meta), Calamar (Guaviare) y San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se desplazaron 53 personas de la comunidad indígena debido a amenazas contra el líder de la comunidad”, aseguró la OCHA.

De otro lado, en Arauca, se reportó por primera vez desde 2018 un desplazamiento masivo de 81 personas tras el homicidio de un joven indígena miembro de la comunidad Makaguán del Resguardo La Esperanza, municipio de Tame, según informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

10 de Diciembre de 2021

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Fotografía de archivo de un chaleco con mensaje que pide el alto a los asesinatos de líderes sociales mientras cuelga de un aviso de tránsito en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, alertó de que el gobierno de Iván Duque promulgó un decreto que dificulta el acceso a protección de personas en riesgo

 

En septiembre de este año el ministro del Interior, Daniel Palacios, junto al jefe de la carteera de Defensa, Diego Molano, emitió el Decreto 1139 de 2021, que modifica los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades de diferentes zonas del país.

Un texto que pasó de agache, pues solo hasta este 9 de diciembre el investigador Juan Pappier de la organización Human Rights Watch (HRW) alertó de que la aplicación de ese decreto debilita la protección de líderes sociales.

“En pocas palabras: con el pretexto de una mayor eficiencia, el decreto limita la información para tomar decisiones sobre protección, coarta la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce la protección colectiva”, explicó Pappier en su cuenta de Twitter.

Según explicó el investigador, el decreto disolvió el Grupo de Valoración Preliminar, que estaba formado por diversos actores del Estado colombiano. Ello significa que hoy el principal insumo para decidir quién recibe protección proviene de los analistas de la Unidad Nacional de Protección, equipo conformado en su mayoría por expolicías y exagentes del DAS.

“Esta medida podría ayudar a agilizar las decisiones de la UNP. Pero al mismo tiempo, impide que haya información exhaustiva que permita tomar una decisión informada sobre el riesgo que enfrentan los líderes en distintas zonas del país”, sostuvo.

Dice Pappier que incluso hay zonas del país a las que los analistas de la UNP no pueden ingresar por problemas de seguridad. “Y a veces los analistas no cuentan con información detallada e integral sobre las distintos riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas de Colombia”, sostuvo.

Del decreto habla de los artículos 12 y 13 que limitan la información sobre el análisis de riesgo a “entidades públicas”. Por ello, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que hace años es parte del comité para decidir las medidas de protección (CERREM), ya no puede tener una participación plenamente informada.

El decreto establece en su artículo 12 que los invitados permanentes a las sesiones del CERREM, tendrán solo voz y este lo conforman: un delegado de la Procuraduría, uno de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Fiscalía, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una persona de la ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada.

El investigador se refirió también del artículo 22, que establece que las medidas de protección colectiva de la UNP solo tendrán vigencia de un año, salvo que existan “nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo”.

“La legislación colombiana no contaba con un plazo similar para la vigencia de medidas de protección colectiva. Ello tenía sentido: el propósito de estas medidas debe ser modificar las condiciones de desprotección e inseguridad que se viven en varias zonas del país”, señaló.

Por otro lado, el artículo 2 del decreto también aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para los familiares de una persona en riesgo.

“Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de DDHH. Pero este decreto, en vez de fortalecer la protección, constituye un retroceso”, sostiene Juan Pappier.

Según Human Rights Watch, desde 2016 más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejaron las Farc y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.

La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos, por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos, los ha convertido en blanco de ataques.

10 de Diciembre de 2021

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Desaparecieron 80 mil 500 personas antes del acuerdo de paz en Colombia: ONG

En un informe, el Colectivo Orlando Fals Borda señala como responsables a seis batallones y grupos paramilitares

 

Casi 80 mil 500 desapariciones forzadas fueron contabilizadas en Colombia desde 1958 hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reportó el Colectivo Orlando Fals Borda.

De estas desapariciones, 8 mil 288 corresponden a la región de los Llanos Orientales, que abarca los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare, según la organización, que pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un macrocaso para esta zona con énfasis en la situación territorial y con la presunta responsabilidad de agentes de Estado y grupos paramilitares.

"El departamento del Meta es el segundo que registra más víctimas de desaparición forzada en el país, con 5 mil 280 víctimas; le siguen los departamentos del Guaviare, con mil 794, y del Casanare, con mil 215", detalló Carolina Hoyos, vocera del colectivo, citada por la radio pública colombiana RNC.

En el informe Resistencia al olvido y a la impunidad, el Colectivo Orlando Fals Borda y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria analizan 130 de estos casos. Destacan que la etapa con mayores índices de desapariciones forzadas en estos tres departamentos fue entre 2000 y 2009.

El informe señala a más de seis batallones militares y a grupos paramilitares, principalmente los Bloques Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

La JEP es el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Un panfleto del grupo paramilitar Águilas Negras, publicado por la diputada María José Pizarro, amenazó a 20 políticos, entre ellos a los aspirantes a la presidencia Francia Márquez y Gustavo Petro, así como a organizaciones de víctimas de la violencia, políticos opositores y periodistas en Colombia.

Los paramilitares aseguran que evitarán que "terroristas y narcotraficantes disfrazados con corbatas" lleguen a ocupar cargos públicos.

La amenaza fue publicada en víspera de las elecciones de este domingo a los Consejos de Juventud, en las que personas de 14 a 28 años podrán elegir, por voto popular, a sus representantes y en precampaña para las elecciones de 2022.

Entre los amenazados figuran el ex presidente Juan Manuel Santos; el ex diputado Alirio Uribe, de Polo Democrático; la ex combatiente y ahora senadora por el Partido Comunes Victoria Sandino; la concejal Heidi Sánchez, de Colombia Humana, y la diputada Pizarro, de Decentes. Además, Ariel Ávila, periodista y candidato al Senado por Alianza Verde; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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Excombatientes de las FARC participan hoy en una movilización conmemorativa por los cinco años de la firma del acuerdo de paz, en Medellín (Colombia). — Luis Eduardo Noriega / EFE

El Escuadrón Móvil Antidisturbios tiene a sus espaldas cientos de heridos oculares con traumas "irreversibles" y la ciudadanía colombiana opina que no se pueden "acostumbrar a que el Estado violente de manera indiscriminada".

Colombia y su gente siguen al pie del cañón en la lucha contra el Gobierno de Iván Duque. Las movilizaciones y protestas continúan, así como la represión por parte del Ejecutivo y la especial reacción por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que ha dejado a cientos de personas heridas con traumas oculares. 

Amnistía Internacional, que ha denunciado esta represión por parte del Gobierno, ha documentado, por el momento, 12 de casos de violencia policial que han tenido como resultado "traumas oculares irreversibles". Algunos de estos tuvieron lugar en las marchas de años anteriores, pero durante 2021 ya se han dado ocho casos. 

La organización, que ha analizado más de 300 piezas audiovisuales (que van desde el 28 de abril al 20 de octubre), ha concluido que los agentes del ESMAD "violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes".

Además, en su informe, Amnistía Internacional detalla que las víctimas de trauma ocular se encuentran con "múltiples barreras" con las que lidiar para recibir "atención especializada en salud y atención psicosocial". Asimismo, muchas de ellas han visto dificultado su acceso a un "trabajo digno" o a una educación en igualdad de condiciones. 

No se trata de "hechos fortuitos"

Las víctimas, en este sentido, narran que sus heridas no son "hechos fortuitos", sino que más bien al contrario y, desde el observatorio de violencia policial de Temblores, Grita, su coordinador ha lanzado el siguiente mensaje: "La violencia policial no puede seguir siendo parte de nuestra cotidianidad". Y opina que no se pueden "acostumbrar a que el Estado violente de manera indiscriminada a la ciudadanía, ni mucho menos que lesione a quienes ejercen su derecho a la protesta". 

El informe, además, aporta casos específicos de algunas de las personas que han sufrido este tipo de represión estatal, como Leidy, que perdió el ojo en uno de estos ataques; o testimonios del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), desde donde ayudan a personas como Leidy. 

"Estamos convencidos de la necesidad de seguir visibilizando las formas como la fuerza pública no solo no garantiza los derechos de los ciudadanos, sino que los vulnera deliberadamente", explica la directora de PAIIS, Juliana Bustamante, que ha concluido que "las lesiones oculares se presentan como un castigo a las víctimas por ejercer su legítimo derecho a la protesta, que queda impreso en sus caras y en sus vidas". 

26/11/2021 16:12


Rusia today

Un miembro de las fuerzas de seguridad apunta su arma durante una protesta antigubernamental en Bogotá. 30 de abril de 2021Foto: Luisa González / Reuters

"Tiros a la vista": el informe que documenta las agresiones oculares en Colombia durante el paro nacional contra Iván Duque

Publicado: 26 nov 2021 19:13 GMT

Organizaciones exigen al Gobierno que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

El pasado 28 de abril, Leidy Cadena, una estudiante de Ciencia Política, se manifestaba junto con su novio y amigos en el centro de Bogotá, durante la primera jornada del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque que se extendió por semanas, cuando se dio cuenta de que varios agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se les acercaban.

"Simplemente grité 'ya vámonos' y acto seguido siento mi rostro súper caliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada", recuerda Leidy. El rostro le sangraba, gritaba de dolor, pero los agentes jamás la ayudaron.

La joven perdió un ojo en el ataque. Es una de las más de 100 víctimas de las represiones en las que las fuerzas de Seguridad atacaron directamente a los ojos de los manifestantes, una modalidad que ya se había intensificado en Chile durante las protestas de 2019.

Así lo relata el informe "Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional", que este viernes presentaron la organización Temblores y Amnistía Internacional, junto a la Universidad de los Andes, y que denuncia la violencia institucional de las fuerzas represivas de Colombia contra la protesta social.

Leidy considera que fue un acto de violencia basada en género, porque sus demás compañeros salieron ilesos. Desde entonces ha tenido que relatar lo ocurrido en al menos 10 entrevistas, lo que la ha revictimizado. A ello se suman las redes sociales y un ataque con pólvora en la puerta de su casa. Las amenazas la obligaron a dejar el país junto con su madre y su pareja.

"Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz", advierte la estudiante en un informe que detalla 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de ellos ocurrieron en años anteriores y ocho el marco del Paro Nacional de 2021, en las ciudades de Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales.

"El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales", señala.

Reclamos

El reporte advierte que estas historias solamente son una muestra de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales.

"Este patrón no es novedoso y hace parte de una historia de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas sociales de más de 20 años en Colombia", explica un documento que también recuerda que, debido a la gravedad de las denuncias durante el Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo en junio de 2021.

"En su informe, la CIDH destacó que recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom", precisa.

La información disponible revela que las agresiones directas a los ojos han aumentado. El Sistema de Información de Agresiones Oculares a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad, registró 12 lesiones oculares en el marco de protestas entre el 10 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, lo que implica un ataque cada 3,6 días.

En comparación con estos datos, la plataforma GRITA de Temblores registró que del 28 de abril al 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, una cada 0,81 días. Con respecto al perfil de las víctimas, 90 son varones, en su mayoría estudiantes de entre 18 y 22 años.

De las 103 personas agredidas este año, 14 perdieron el ojo y 14 la vista total; nueve sufrieron pérdida parcial y seis más heridas oculares sin pérdida de vista, en tanto que 60 quedaron sin un trauma identificado.  

"Ligada a las afectaciones físicas y mentales, las víctimas dan cuenta de las múltiples barreras que enfrentan para el goce efectivo de sus derechos a la salud, a la movilidad, a la educación y al trabajo, entre otros", señala el informe que, además, recomienda a las autoridades nacionales cumplir sin demora las recomendaciones formuladas por la CIDH para asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público esté sometido a un protocolo estricto y público para prevenir afectaciones a la integridad y a la salud de manifestantes.

"Asimismo, se insta a las autoridades a cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa", añade al sumarse al llamado de organizaciones sociales nacionales e internacionales para reformar a la Policía Nacional y, en particular, al ESMAD.

Alejandro Rodríguez Pabón, coordinador de la plataforma GRITA en la ONG Temblores, aseguró en una entrevista a RT que Iván Duque solo respondió con silencio a su solicitud de dialogar sobre la violencia policial en el país.


Sputnik mundo

El dilema de sobrevivir a las protestas en Colombia… a cambio de la vista

Por Paula Carrillo

BOGOTÁ (Sputnik) — Gareth Sella, Faber Carvajal y Daniel Jaimes son tres jóvenes colombianos que comparten la suerte de haber sobrevivido al abuso policial en las protestas este año, aunque con un alto precio: la vista.

Sella, cineasta de 25 años, fue el primero de ellos. Cuando le arrebataron la vista del ojo izquierdo, no había empezado el llamado Paro Nacional, como se conocen las más fuertes protestas que haya enfrentado el Gobierno de Iván Duque, y que tuvieron lugar del 28 de abril hasta mediados de año.

No eran tan frecuentes entonces los disparos a la cara. Después, durante las manifestaciones, la práctica se volvería común: al menos un centenar de personas dejó de ver con algún ojo, según el informe "Tiros a la vista", de las ONG Temblores y Amnistía Internacional; y la Universidad de Los Andes.

"Salí con la Primera Línea 'Escudos Azules'. El día anterior, la policía había sacado una alerta tachándonos como un grupo radical y violento. Entonces, me dispararon al ojo", afirma este joven en entrevista con la Agencia Sputnik.

"Ya nos íbamos. Yo estaba viendo de frente a los antidisturbios porque si no, disparan a la cabeza por detrás, como le pasó a Dylan Cruz", asegura, al recordar al joven de 18 años que murió, también en el centro de la capital colombiana, por un objeto contundente lanzado por un uniformado hace dos años.

Sella tenía los elementos que usa la llamada Primera Línea, como se autodenominan manifestantes que, con escudos de lata, cascos de construcción, gafas de plástico y guantes, se ubican al frente de los uniformados.

Según ellos, para proteger la protesta de los abusos. Según las autoridades, para vandalizarla.

Sin embargo, se quitó las gafas porque se le empañaban y "llegó una ráfaga de 'marcadoras'", como llama a las balas de goma.

"En dos minutos, todo se fue al carajo", confiesa.

De pelo largo, acompañado por uno de sus tres perros y con gafas de sol, asiste, con otros compañeros de tragedia, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, para acompañar la presentación del informe mencionado anteriormente.

Un acordeón

Tres meses después de Sella, y de otros casos más de lesiones oculares, le llegó el turno a Jaimes, en el sur de Bogotá.

Era 1 de mayo, y él ya estaba en el "tropel", como se conoce en Colombia al enfrentamiento entre manifestantes (que usualmente lanzan piedras y en ocasiones, bombas molotov), y policía (con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y demás).

"Al frente mío estaba ubicado un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Me disparó directamente al rostro, y me causó múltiples fracturas", cuenta este joven de 20 años, que incorporó a su vestuario un parche negro para cubrir la lesión.

Una cicatriz le atraviesa la cara. Sigue hablando pausadamente.

"Me disparó en la zona derecha de la nariz. Me causó pérdida de pómulos, de dientes. Parecía un acordeón", revela este aprendiz de tatuador, que perdió la confianza en la policía.

Amenazado

Dos meses después, otro joven de 20 años se despedía de su ojo izquierdo al otro lado del país. Concretamente, en Popayán (suroeste), epicentro de violentas manifestaciones, junto con Cali y Bogotá.

"Yo estaba grabando, documentando todo lo que estaba sucediendo en Popayán (para publicarlo en redes sociales). Ya agentes del Esmad me habían dicho que me iban a sacar los ojos, que me iban a matar", relató Faber Carvajal, quien también incorporó un parche de color piel a su atuendo.

"Ese día, 7 de julio, yo estaba en la mitad de la confrontación, al lado de la tanqueta (del Esmad). Me asomo por un lado y no veo a nadie. Voy por el otro y hasta ahí me acuerdo", reconoce.

Aunque en el resto del país ya disminuía el estallido social, esta ciudad, capital del departamento del Cauca (suroeste), se encendía aún más: la joven Alison Meléndez se había suicidado luego de denunciar una violación múltiple por parte de agentes.

"Los ahorros que tenía para la universidad me los tuve que gastar todos" en tratamientos, continúa Carvajal.

Su autoconfianza se fue también con el ojo izquierdo.

"Yo no salía de mi casa ni de mi habitación. Antes era una persona que me expresaba muy bien, pero ahora me da miedo hablar. No puedo sostener la mirada. Es complejo", agrega.

La lesión ocular era, sin embargo, una primera advertencia. Luego siguieron las amenazas de muerte, por lo que tuvo que dejar su ciudad natal para salvar, por lo menos, su vida.

De acuerdo con el reporte de Derechos Humanos, la mayoría de casos se ha presentado en Bogotá (54,37%), seguido por el departamento de Valle del Cauca (11,65%) y Cauca (7,77%),

El perfil de las víctimas es, en su mayoría, hombres de entre 18 y 22 años, usualmente estudiantes y de bajos recursos.

Según Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, la diferencia entre el número de lesiones oculares en el marco de protestas ocurridas en Colombia respecto a Chile (donde también fueron frecuentes), es que allí hubo "más personas con lesiones oculares, pero menos asesinados".

En Colombia, por el contrario, estas organizaciones documentaron 103 personas que perdieron la vista, pero más de 40 homicidios en las manifestaciones, presuntamente a manos de la fuerza pública.

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