Un hombre sujeta la bandera de Colombia en medio de los disturbios en el Paro Nacional (abril 2021). Oxi.Ap

Entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización, a pesar de la pandemia y de la violencia policial

 

Desde el 21 de noviembre de 2019, se inició una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilización hecha por el Comité Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones indígenas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por más de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concertó, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociación que precedió al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableció unas mesas de diálogo infructuosas por sus propias maniobras de dilación, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represión fue cruenta y dejó muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual e intentos de desaparición. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a raíz de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy difíciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del país y, en particular, en las ciudades. Así, se dio el llamado “movimiento de los trapos rojos”, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atención sobre su situación. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogotá, la gente convocó a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha –según Indepaz, sólo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o más personas en un mismo hecho; en Bogotá, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal–; el asesinato de más 900 líderes y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, además de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados después de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pacífico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educación. 

Todo esto y mucho más se sumó a las retrógradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupción, de narcopolítica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotación de la policía.

En la actualidad, están en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que va en contravía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en mayo de 2022,  la ciudadanía expresa una bajísima confianza en la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una retórica generacional de exaltación a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposición, una narrativa desmemoriada y ahistórica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya más de cinco siglos, al tiempo que echa leña al fuego para que las y los jóvenes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una política racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilización, en su gran mayoría crímenes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una política estructural misógina, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se presentó en el Senado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no salió adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano había autorizado un bombardeo en 2020, que dejó un saldo de más de diez niños muertos. Antes, había asegurado que esos “niños eran máquinas de guerra”. La realidad es que se trataba de niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Paradójicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, institución encargada de las políticas de niñez y adolescencia en el país.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, también autorizó un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que allí había niñas y niños: el saldo, 18 niños asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez más desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represión y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la región y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el país.

Manifestaciones pacíficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pacíficas. En algunas ocasiones han acudido a vías de hecho como el corte de rutas, una acción legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero también ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectación a la infraestructura pública y privada, por parte de agentes que, según se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por policías vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos también da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia común cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represión y comisión de crímenes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detrás de esos actos estarían grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigación clara que confirme esa hipótesis. Desde allí, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son vándalos, representación que ha sido contrarrestada con sarcasmo e información por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Según medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto cómo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompañados por la policía, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas “no letales” que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadanía documentando, mediante videos y audios, lo que está sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco mediático impuesto por unos medios de comunicación en su mayoría amañados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz cómo ha sido el accionar paramilitar en nuestro país, durante décadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP presentó ante el gobierno, dadas las condiciones de salud pública y políticas que vive el país, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP presentó, el 16 de mayo, otro pliego de garantías para poder instalar las mesas de negociación. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se llegó a un preacuerdo que fue después rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de diálogo

Dado que no existen garantías, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de diálogo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garantías mínimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, después de la dilación en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este año se cumplen dos años de presentación del pliego de negociación de 104 puntos. El CNP además propone una campaña pedagógica y de comunicación en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social continúan en medio de un escalamiento de la represión y de una degradación del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por vías de la militarización del país y en una clara apuesta por desestabilizar aún más la ya débil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepción de hecho, lo que, en términos prácticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los más de 45 días de paro: según la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial física, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificación, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los más de 106 reportes de violencia de género contra personas LGBTI y mujeres a manos de la policía, según cifras de la Defensoría del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistemático de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluctúa a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Además de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza pública a las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, el CNP y políticos de la oposición por parte del gobierno, así como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en inglés, pagada por la presidencia de Iván Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garantías del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado públicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto también con declaraciones xenófobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropolíticas del gobierno nacional.

Por estos días, luego de la dilación y reticencia por parte del gobierno nacional, se llevó a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campaña por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y la militarización escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Además de la caída o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros días de movilización, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunció una reforma de la policía, cuya única medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripción de la policía al sector defensa y asignación de la jurisdicción penal militar de los casos de abuso sistemático por parte de policías y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participación que dan cuenta del talante de la ciudadanía y de la necesidad de resistir la represión estatal: primeras líneas jurídicas, informáticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical “el paro suena” y miles de corte artístico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simbólico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violación, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanación espiritual del territorio por parte de la Minga indígena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompañadas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver cómo continúa la integración de agendas políticas y sociales de diversos sectores, así como el liderazgo de la Minga indígena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del país, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan “cambiarlo todo” para poder vivir, no sólo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

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Por Camila Esguerra Muelle, investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.

 21/06/2021

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Bachelet condena la violencia en las manifestaciones de Colombia y pide "tolerancia cero" a los abusos policiales

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a la administración de Iván Duque la "plena aplicación del Acuerdo de Paz" de 2016.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este lunes su preocupación por la violencia policial en el marco de la protesta social en Colombia, a la vez que instó al Estado a cumplir los compromisos adoptados en el Acuerdo de Paz de 2016, ya que, a su juicio, su correcta implementación podría ayudar a resolver el conflicto actual. 

En el marco del 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet condenó "todas las formas de violencia" registradas por la entidad en el contexto de las manifestaciones, incluyendo 56 muertes —54 civiles y dos policías— y 49 casos de víctimas de violencia sexual.  

"Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado", dijo Bachelet al presentar su reporte ante el Consejo de la ONU. 

Desde el 28 de abril que iniciaron las protestas sociales en Colombia, se han registrado denuncias de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en contra de manifestantes. 

Además, la alta comisionada afirmó que se encuentran documentando los abusos cometidos por "agentes no estatales", en referencia a las agresiones y asesinatos en contra de manifestantes por parte de civiles armados que se infiltran en las protestas, con la presunta complicidad de la Policía. 

"Mi Oficina condena todas las formas de violencia, pide el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y alienta el diálogo para resolver la crisis", aseveró Bachelet. 

En medio de las fuertes críticas por el actuar de las instituciones de seguridad, el Gobierno de Duque presentará en julio el 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial', el cual contemplará un sistema de seguimiento de denuncias contra autoridades y modificaciones respecto al "uso legal y legítimo de la fuerza". 

Al respecto, Bachelet expresó su aval a la implementación de una política de tolerancia cero para los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. En este contexto, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Duque a garantizar investigaciones rápidas, efectivas e independientes en estos casos, para que "los responsables rindan cuentas"

Acuerdo con las FARC

Durante su discurso, Bachelet hizo referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016 como una respuesta al histórico conflicto en el país suramericano. 

"La plena aplicación del Acuerdo de Paz, incluido el apoyo al histórico proceso de justicia transicional, sigue siendo fundamental en respuesta a los disturbios actuales", afirmó la alta comisionada.

Desde el 1 de enero de 2021, 77 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Asimismo, en lo que va de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tiene un registro de 26 asesinatos o desapariciones de exguerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz. 

"El cumplimiento de estas promesas vitales al pueblo de Colombia contribuirá a abordar las causas fundamentales [de la protesta social] y a aumentar la confianza pública en las autoridades", dijo Bachelet. 

Violencia en México

Durante el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet también expresó su preocupación por el violento periodo electoral que vivió México desde septiembre de 2020 hasta los comicios intermedios del pasado 6 de junio de 2021. 

"Me alarmó el alto nivel de violencia política en el contexto electoral", dijo Bachelet, tras conocerse que al menos 91 políticos fueron asesinados, entre los cuales se encontraban 36 candidatos a algún cargo popular.

"Los partidos políticos de todo el espectro se vieron afectados y las mujeres enfrentaron violencia de género, incluida la violencia sexual y campañas de difamación", afirmó la alta comisionada.

Publicado: 21 jun 2021 19:37 GMT

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En Cali, 45 homicidios y en municipios del Valle, 14: el rastro de la represión

Las cifras del horor: ¡Juicio a los asesinos!


Las memorias del horror se han escrito y se siguen escribiendo por estos días en Cali, llamada, paradójicamente, “La capital del cielo”, convertida en un infierno por la represión brutal del Estado contra las manifestaciones de la población en el paro, que este domingo 20 de junio llegó a su día 53.

Todas las formas de la brutal violencia del Estado y del paramilitarismo han sido utilizadas por las élites segregacionistas en el poder a través de los diferentes componentes de su Policía, empezando por el Esmad, y de su Ejército, en conjunción con personas armadas vestidas de civil, es decir agentes de los servicios secretos del Estado y/o particulares de las autodefensas urbanas (parapolicías) que se han generalizado, aupadas y financiadas por sectores de la derecha más recalcitrante.

Esa violencia estatal y paraestatal es la responsable de las cifras aterradoras que deja la represión contra el Paro Nacional y la protesta social en marcha que, de acuerdo con el registro llevado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, es de 70 asesinatos, 46 de los cuales atribuye a la policía y otros componentes de la Fuerza Pública.

Pero a esa cifra hay que agregar los últimos tres asesinatos cometidos en Cali contra manifestantes, para un total de 73, aunque existen registros de otras entidades defensoras de derechos humanos según los cuales la cifra de homicidios contra manifestantes es superior a los 73.

Al desglosar esas cifras macabras, podemos encontrar que, del total de 73 personas asesinadas en el marco de la represión del régimen de Iván Duque contra el pueblo, 45 lo fueron en Cali *(el 62% de todo el país)* y 14 más en cinco municipios del Valle del Cauca (6 en Yumbo, 5 en Tuluá, 1 en Cartago, otro en Cerrito y uno más en Candelaria), para 59 en todo el departamento *(el 81% de todo el país)*.

Datos escalofriantes que en cualquier Estado serio del mundo habrían originado la destitución de los altos mandos policiales y militares, lo mismo que de los ministros del Interior y de Defensa y juicios al presidente y la vicepresidenta del país.

Pero estamos en Colombia, donde toda esta barbarie estatal contra las protestas del pueblo en las calles hace parte de la política oficial, de la forma como históricamente las clases dominantes han atentado contra las luchas populares y del modus operandi de un régimen despótico en cabeza de Duque, mandadero de Álvaro Uribe Vélez y de los intereses del poder burgués-terrateniente existente en el país.

Por eso, urge desde ya que el primer gran objetivo de todos quienes continúan en la resistencia social, a pesar del desmonte decretado por un sector del Comité Nacional de Paro (el llamado Comando Nacional Unitario), sea exigir el juicio a los asesinos, integrados en el régimen de Duque, responsables estos crímenes de Estado.

Más asesinatos en Cali

Precisamente, el jueves 17 de junio la represión cobró la vida de dos personas más en las calles de Cali, la primera de ellas, hacia las 4:30 p.m., en el barrio San Luis II, en el sector de Paso del Aguante (Paso del Comercio), nororiente de Cali.

Allí fue asesinado *Juan David Muñoz Montenegro*, de 23 años de edad, un joven trabajador independiente muy apreciado en el sector, que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

El homicidio causó pánico entre los pobladores del barrio donde se produjo, varios de los cuales grababan con sus teléfonos lo que ocurría.

Asimismo, defensores de derechos humanos y juristas denuncian que gases lacrimógenos fueron lanzados de manera indiscriminada por el Esmad de la Policía, afectando a niños, ancianos y a una vasta población del sector.

En su accionar contra las protestas juveniles en Paso del Comercio, lapolicía actuó de nuevo como fuerza de ocupación en los barrios del área, pues incursionó en ellos agrediendo a la población, lanzando, además de los gases, granadas de aturdimiento y deteniendo a numerosas personas.

La actuación de la policía, incluso con el uso de una tanqueta, se registró con más violencia en inmediaciones de la Biblioteca Nicolás Guerrero, la cual, según denunciaron vecinos del lugar, agentes de la Fuerza Pública querían destruir, pues se ha constituido en un símbolo cultural de la resistencia juvenil en Paso del Comercio.

Se denunció, asimismo, que a las 5:18 de la tarde del jueves, en el sector de Calimío fue herido en la cabeza José Cuellar, defensor de derechos humanos, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno accionada por un agente del Esmad de la policía, plenamente identificado.

Cuellar fue remitido a un centro de atención médica, donde el sábado 19 de junio era sometido a una intervención quirúrgica.

Los hechos en este punto de Cali han sido de tal gravedad, que personas en el lugar denuncian que un ciudadano que atendía un puesto de socorro médico está siendo objeto de persecución debido a su voluntariado humanitario, fue víctima de un allanamiento absolutamente injustificado y la carpa de primeros auxilios que había instalado fue destruida por la policía.

Crimen en el Suroiente

El mismo jueves 17 de junio, desde otro punto de la capital del Valle, el suroriente, la Unión de Resistencias de Cali, el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente Jaime Rosas de Sameco denunciaron que la Policía atacó a balazos un bus que se desplazaba con personas solidarias, y que un joven fue asesinado en esa acción demencial, al tiempo que cuatro ciudadanos resultaron heridos.

La víctima fue identificada como *Jhonatan Londoño, *quien sería una de las personas que acompañaban el bus que transportaba a los jóvenes agredidos por motorizados de la policía y miembros de la Sijin, en inmediaciones de la Avenida Ciudad de Cali, de acuerdo con denuncias comunitarias.

Un reporte desde Puerto Resistencia indica que entre las personas heridas se encuentra Jhan Sebastián Velasco Quintero, y que entre los detenidos en el lugar figura Anderson David Cifuentes.

Los operativos policiales del jueves se iniciaron temprano en el sur de Cali, cuando se produjo el allanamiento del apartamento de *Francisco Velasco*, dirigente de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, en el Valle, y quien es reconocido como hombre solidario con las causas juveniles y sociales. El hecho tuvo lugar en el conjunto residencial Bochalema

Otros puntos de protestas y concentración juvenil también fueron objeto de la represión estatal a lo largo de la semana, como el ocurrido en el sector de Meléndez, donde, además, la policía contaminó una olla comunitaria que preparaban en el lugar, con el fin de evitar que los jóvenes en resistencia se alimentaran.

Todo lo anterior ocurrió en el marco de los anuncios del comandante de la Policía de Cali en el sentido de que arreciaría la coerción contra todos los puntos de resistencia, y luego del fallo del Juzgado 16 de lo Contencioso Administrativo, que estableció medida cautelar consistente en declarar suspendido el Decreto 304 de la Alcaldía del Distrito de Cali, que reconocía la interlocución con las Primeras Líneas de Resistencia Juvenil, norma que había desatado la ira de la ultraderecha uribista en la ciudad.

Una semana atrás, en otra jornada de horror, el ciudadano *Elkin Andrés Fernández Salazar*, de 43 años de edad y trabajador del barrio Siete de Agosto, fue asesinado recién llegaba a su casa por la policía, que reprimía de manera brutal las protestas juveniles llevadas a cabo en el barrio, contiguo a Andrés Sanín.

Esos hechos, en los que también resultaron heridas 20 personas, se presentaron el miércoles 9 de junio, en el marco de las resistencias que la joven generación de la zona desarrolla en el así llamado Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días).

Parapolicías urbanos en los Mil días MIL DÍAS

El viernes 18 de junio las fuerzas parapoliciales volvieron a disparar contra la juventud en resistencia, de nuevo en la zona de La Mil Luchas, hasta donde llegaron motorizadas abriendo fuego y asesinando al joven *Eloy Alejandro Mata Díaz*, con cédula de extranjería 28.856295, según informó un comunicado de la Unión de Resistencia de Cali, URC. El cometido en la persona de Eloy Alejandro es el asesinato número 73.

En horas de la noche, la represión se trasladó más arriba del Puente de las Mil Luchas, a la Autopista Suroriental, en inmediaciones del sector conocido como La Luna, donde la policía inundó los barrios vecinos de gases lacrimógenos y en la calle detuvo a cuatro jóvenes manifestantes.

En ese mismo punto, en horas de la mañana, la policía acantonada en el área había agredido a los componentes de una ambulancia estacionada y cuyos integrantes permanecían alertas por la represión permanente en el lugar: la actitud de los miembros del Esmad fue lanzar piedras contra la ambulancia, por lo cual la tripulación de esta se tuvo que retirar.

El sábado 19 de junio, el Esmad y otros componentes de la policía continuaron su hostigamiento contra los puntos de concentración juvenil y popular, y siguieron en su nueva y nefasta tarea: destruir ollas comunitarias, el alimento que preparan madres y jóvenes en lugares de protesta para el colectivo social, como ocurrió en el sector de La Luna.

De acuerdo con denuncias ciudadanas en los barrios, “cuando los muchachos de Primera Línea regresan a casa los persigue la policía y les disparan, amedrentándolos”. Es el imperio del terror oficial.

Nace el jardín de la vida

Pero las resistencias juveniles y las luchas por sus derechos no cesan, a pesar, reiteramos, de las decisiones de *un sector* del Comité Nacional de Paro en el sentido de suspender las movilizaciones y de la brutal represión del Estado, represión que los medios de comunicación de las clases dominantes, obrando como aparatos ideológicos del del sistema, ocultan.

Es el momento de que pongamos en el primer plano de las exigencias el respeto a la vida y el juicio político y penal a los responsables de la horrible noche y de la barbarie policial que viven Colombia, el Valle del Cauca y, especialmente, Cali, la antes “Sucursal del Cielo”, hoy sumida en la oscuridad del averno criminal del régimen uribista.

El hermoso homenaje cumplido en la Plaza de los Poetas de Cali el viernes 18 de junio a las víctimas de la represión en Colombia, en el que participaron exponentes de diferentes actividades artísticas y varios de los padres de los jóvenes asesinados, es una esperanzadora avanzada de que la reacción ciudadana y popular frente a los crímenes del Estado no demora.

El Jardín de la Vida, como se denomina este esfuerzo de diversas organizaciones sociales y políticas de la capital del Valle, es una reivindicación de la memoria de los asesinados por el sistema de injusticias y desigualdad imperante en Colombia, y seguramente se convertirá en una comparecencia periódica de la sociedad caleña en la plaza pública para reclamar ¡juicio a los asesinos!

Cali, domingo 20 de junio de 2021.

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Ante el testimonio de Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad

Comunicado a la opinión pública

Yo, Luz Marina Bernal Parra, me veo en la necesidad de emitir este comunicado ante las múltiples peticiones que he tenido de diversos medios de comunicación nacionales e internacionales para expresar mis opiniones sobre el testimonio que el ex Presidente y ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos dio el pasado 11 de junio ante la Comisión de la Verdad.

- En primer lugar, y ante la replica realizada por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez de dicho testimonio en Semana, quiero manifestar que ambos a pesar de querer mostrar públicamente sus diferencias en busca de una polarización del país, son responsables directos de los crímenes de Estado que sucedieron bajo sus mandatos, incluido el asesinato de mi hijo Fair Leonardo Porras Bernal asesinado el 12 de enero de 2008. Por eso, cuando me preguntan cómo trabajar por la paz y la reconciliación de Colombia comenzaría diciendo que tanto Juan Manuel Santos como Álvaro Uribe Vélez tienen que ser juzgados ante los Tribunales. Porque los dos fueron la máxima autoridad en la línea de mando de las Fuerzas Armadas de este País.

- En segundo lugar, manifestar mi inconformidad con la Comisión de la Verdad que facilitó un espacio en directo para que Juan Manuel Santos lavara su imagen y diera un discurso revictimizante para todas y cada una de las víctimas. Fue un descaro su teatro de pedirnos perdón. Fue un montaje indignante.

Además, Juan Manuel Santos estuvo todo el tiempo que necesitó para leer su discurso. Sin embargo, yo como víctima, tanto en mi intervención en La Habana cuando fui invitada para ser parte de la 1º Delegación de víctimas, como en mi única intervención en la 1º Audiencia Pública en la que participamos las víctimas del caso Nº 003 en la Jurisdicción Especial para la Paz me dieron sólo 15 minutos y cuando se cumplió este tiempo la Magistrada del caso, Catalina Díaz, me pidió que terminara. Mientras que los victimarios tuvieron jornadas enteras. Por eso, yo no entiendo a qué se refieren cuando dicen que las víctimas somos el centro de este proceso. Y más cuando existe un cúmulo de víctimas que no han podido denunciar ni han sido escuchadas, por miedo, por amenazas, porque no conocen sus derechos o porque ningún servidor público se ha acercado a ellas.

Al igual le pido a la Comisión si tan transparente quiere ser en el esclarecimiento de la Verdad de los crímenes de Estado, de los mal llamados falsos positivos, que haga público no sólo el testimonio sino todos los documentos que Juan Manuel Santos entregó ese día a la Comisión. Incluidas todas las Directivas aprobadas, algunas de las cuales no hemos tenido acceso en todos estos años de denuncia.

- En tercer lugar, y haciendo referencia al contenido del testimonio, en estos 13 años de lucha que llevó desde que asesinaron a mi hijo he escuchado muchos discursos, bonitas palabras que a menudo no son consecuentes con los hechos. En ese sentido me gustaría recordarle a Juan Manuel Santos dos cosas: La primera, que durante las negociaciones de Paz, e incluso posteriormente, siempre dijo que los crímenes de Lesa Humanidad no serían competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y por lo tanto no serían amnistiados. Lo que no se cumplió. Quiero recordarle que yo logré lo que muy pocas víctimas han logrado en este país, que los seis militares implicados en el asesinato de mi hijo fueran condenados a penas de 53 y 54 años de prisión por desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uno de ellos, además, por falsedad ideológica en documento público. El Tribunal Superior de Cundinamarca el 30 de julio de 2013 declaró que el asesinato de mi hijo es un crimen de Lesa Humanidad. Lamentablemente, sin que nadie me lo comunicara y con el riesgo para mi vida que implica, los seis militares fueron puestos en libertad al acogerse a la JEP. Incluido el Mayor Marcos Wilson Quijano quien estuvo prófugo de la ley y que fue detenido cuando su mujer lo denunció por maltrato. Entonces, ¿de que sirven sus discursos?

La segunda es recordarle a Juan Manuel Santos que los crímenes de Estado, los mal llamados falsos positivos, no son hechos que sucedieron dentro del conflicto armado. Nuestros hijos fueron engañados con falsas promesas para llevárselos lejos de sus casas y ser asesinados por el Ejército para presentar sus triunfos. Pero he de recordarle que había una clara desventaja, nuestros hijos estaban desarmados, nunca hubo confrontación armada.

No fue fácil tener que escuchar al señor Juan Manuel Santos durante más de dos horas enumerar sus actuaciones, describiendo las políticas de Derechos Humanos e insistiendo en sus “esfuerzos” para concluir que bajo su Ministerio “se investigaron, denunciaron y acabaron con los Falsos Positivos”. No estoy de acuerdo, por eso me gustaría pedirle que explique al país por qué fue durante su Ministerio cuando se dieron el mayor número de estos crímenes de Estado y cómo fue que continuaron en su Presidencia. Que explique cómo puede ser que una práctica sistemática de criminalidad que viene sucediendo desde los años 80, denunciada dentro y fuera del país, con sentencias en firme, fuera según sus palabras para el año 2006 sólo “rumores” con “evidencias débiles”. Quiero saber también por qué para estos crímenes de Estado se habla de responsabilidad moral y no de responsabilidad penal. Y por qué cuando hace referencia a momentos en los que destituyeron militares, lo que no dice es que esas medidas no tuvieron consecuencias penales e incluso algunos fueron premiados como el señor Mario Montoya con una Embajada. ¿Por qué no se han abierto acusaciones judiciales contra ellos?

- En cuarto lugar, quisiera hacer dos aclaraciones a dos cuestiones: al perdón y a la reconciliación.

Respecto a la primera, yo Luz Marina Bernal no estoy dispuesta a aceptar de Juan Manuel Santos su perdón frío, calculador e impuesto que trae beneficios como la libertad para los victimarios. Y si tanto le dolió como dice en su testimonio, por qué no evitó las matanzas y por qué no se entrega a la Justicia.

Respecto a la reconciliación, cómo nos piden eso en pleno conflicto, cuando el

irresponsable mal gobierno de Iván Duque mantiene la continuidad de la destrucción de lo que quedó del proceso de paz; cuando siguen las grandes violaciones de los Derechos Humanos en las regiones, donde no quieren reconocer todo lo que está pasando por parte de la Fuerza Pública; cuando la sistematicidad de los crímenes de Estado ha aumentado incluso en las ciudades; cuando continúan los asesinatos a líderes sociales y a excombatientes firmantes de la paz; y cuando en el marco del Paro Nacional la Fuerza Pública con la complicidad de civiles armados sigue desapareciendo, torturando y asesinando a la población como se ha visto en estos días.

- Por último, quisiera pedir que por respeto a todas las víctimas colombianas, Juan Manuel Santos devuelva el Premio Nobel de Paz, porque realmente éste ha sido un proceso incumplido en el que se rompieron los sueños de todo un país que creyó en un cambio que nunca llegó a buen término.

Creo que merecemos un respeto tanto las víctimas como las organizaciones que venimos denunciando arduamente estos crímenes de Estado. Un respeto para familiares como Don Raúl Carvajal, quien murió al día siguiente de que Juan Manuel Santos diera su testimonio, con la dignidad de haber luchado toda su vida por justicia por el crimen de su hijo, la cual siempre le fue negada.

NO MÁS IMPUNIDAD

Bogotá, 18 de Junio de 2021

Luz Marina Bernal Parra

Publicado enColombia
Policías colomianos detienen a un manifestante a la fuerza este viernes en Cali.

El informe  de la delegación constató las violaciones a los derechos humanos

“Es la decisión política que toma el gobierno colombiano frente a la protesta social que implica el paro”, explica Pablo Garciarena, abogado integrante de la delegación que viajó a Colombia.

 

Colombia llega al día número 40 del Paro Nacional y la represión a las protestas populares va en aumento. Esta semana la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos presentó un informe preliminar que revela las prácticas represivas empleadas por el gobierno de Iván Duque semejantes a la de un estado terrorista. En la última jornada dos personas murieron en la ciudad de Cali cuando la policía y el ESMAD se desplegaron para levantar los bloqueos, algo que el mandatario Iván Duque reclama a diario. La delegación humanitaria argentina viajó a Colombia entre el 25 de mayo y el tres de junio. El informe trae voces que el gobierno de Duque insiste en ignorar mientras despliega cada vez más militares y el diálogo parece estancarse. 

Durante una semana los integrantes de la delegación recorrieron las ciudades de Cali, Medellín, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá. “La voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal de nuestro informe”, explican en el documento preliminar. Integraron la delegación miembros de organismos de derechos humanos como SERPAJ, Correpi, y Xumec, y organizaciones gremiales y populares. La misión contactó a la Procuraduría y la Defensoría de Colombia para expresarle su preocupación, pero no fue recibida.

La consigna Parar para avanzar reflejó la necesidad de la ciudadanía colombiana de levantar la voz en contra de las medidas antipopulares del gobierno de Iván Duque. La respuesta del mandatario fue reprimir mientras cada vez más personas se unían al grito de disconformidad. “Los jóvenes no quieren morir por no tener acceso a un sistema de salud, a una vivienda digna, a tierra para producir”, expresa Martín Ferrari del Frente Popular Darío Santillán, integrante de la delegación humanitaria que viajó a Colombia.

El informe preliminar hace hincapié en el criterio “abusivo y arbitrario” para realizar las detenciones. "El trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas, constituyen especiales y repudiables violaciones no sólo a los derechos sino primordialmente a la condición humana”, detalla el texto.

 En este sentido, el caso de Alison Salazar revela, por un lado, la importante participación de mujeres en las protestas, y de las jóvenes en la primera línea, y por otro lado, el abuso al que son sometidas por manifestarse, dice elinforme. “Me manosearon hasta el alma”, fue el último mensaje de Salazar antes de suicidarse, luego de haber sido abusada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), una dependencia policial. 

El informe de la delegación argentina revela el funcionamiento de los Centros de Atención Inmediata (CAI) y las URI en el contexto del estallido social. “Lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas en dónde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”, explica  el documento preliminar

Los territorios recorridos por la delegación y los testimonios de las víctimas de abuso policial ofrecen una perspectiva que no tiene lugar en el discurso del gobierno de Iván Duque. En el departamento del Cauca: 146 heridos, nueve desaparecidos, tres homicidios, y una desaparición forzada y posterior homicidio del líder campesino Cristian Torres. En Bogotá: 96 heridos, seis homicidios. En Pereira: 103 personas heridas, cinco muertos, 95 detenciones arbitrarias. En Cali: 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la movilización, 240 detenciones, 149 personas heridas por armas de fuego.  En esta ciudad, la delegación reveló la connivencia empresarial con la estructura represiva. “Llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura”. El informe también constata casos de violencia de género y violencia sexual los departamentos visitados.

La llegada de la delegación de derechos humanos abrió un espacio para que la ciudadanía pudiera denunciar los abusos sufridos en el contexto de paro nacional. “Son denuncias que no pueden hacer en la Fiscalía o en la Procuraduría. La gente tiene miedo”, explica Ferrari, que recuerda el caso de la líder indígena Daniela Soto, que fue herida en un ataque armado en Cali. “Daniela cuando llega al hospital, cae la policía y la fiscalía al hospital, si no era por sus compañeras del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) que la estaban cuidando, no se sabe qué hubiese pasado”, relata Ferrari a este diario. En este sentido, el texto preliminar apunta al rol actual de las instituciones colombianas: “Los casos de re victimización son notorios: suele investigarse y criminalizarse a la víctima antes que a su atacante. Personal de Fiscalías concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la víctima sino para judicializarla (criminalizarla) en función de los incidentes en dónde resultó lesionada”.

De regreso en Argentina, Ferrari cuenta que no dejan de llegarle denuncias de personas que han sufrido algún tipo de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia. “Hay un descredito total de toda la institucionalidad, en Popayán hay 25 quejas de causas que abrió la gente en relación a las fuerzas públicas, particularmente el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). El Defensor del Pueblo las giró a la fiscalía y a la procuraduría y todavía no hay respuesta. Es un círculo de descrédito", agrega.

El abogado Pablo Garciarena también apuntó a la criminalización que ejerce el Estado colombiano sobre la protesta. “Son prácticas propias de un estado terrorista. Lo vimos en la Argentina de 1976 donde las víctimas del actuar represivo luego eran judicializadas por las autoridades y terminaban imputados por delitos como terrorismo, sedición. En Bolivia pasó lo mismo. Son falsos positivos judiciales: personas víctimas de violencia estatal a las que o no se les toma la denuncia o en muchos casos terminan judicializadas. Es una práctica que hemos podido ver en las experiencias de los estados latinoamericanos”, resume Garciarena.

En este contexto, el informe preliminar de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, devela una crisis humanitaria que el gobierno coolombiano ha intentado esconder con las demoras y la negativa hacia la visita de las delegaciones de derechos humanos a quienes quiso mantener alejadas ofreciendo, a cambio, datos oficiales. “Un elemento clave es que la defensoría del pueblo y el Ministerio Público no reciben denuncias de víctimas de violencia estatal, los números oficiales de la procuraduría y la defensoría son números muy por debajo de los constatados por las plataformas de derechos humanos”, explica Garciarena.

Por Dominique Galeano

05 de junio de 2021

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"No les bastó con asesinarlo, lo destruyeron y lo quemaron": Conmoción en Colombia por el hallazgo del cadáver calcinado de un adolescente en Cali

La versión de la familia del joven de 16 años señala a la Policía de Cali como responsable de la muerte. El organismo ha negado su participación en el hecho.

Dos versiones se confrontan nuevamente en Colombia tras el brutal asesinato de un menor de edad durante la violenta jornada de protestas del pasado viernes en Cali, que dejó 13 fallecidos y decenas de heridos en la capital del Valle del Cauca, cuando se cumplió un mes de las movilizaciones en el país.

El cuerpo calcinado de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, fue hallado en una tienda de Dollar City, en el municipio caleño de Siloé, la madrugada del 29 de mayo. El homicidio, que sus familiares atribuyen a la Policía, según los testimonios que han recabado, ocurrió el día que ha sido catalogado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como "doloroso", "fatídico" y que "ha significado muerte".

La Policía Metropolitana de Cali salió al paso a la versión de los parientes de Sánchez, negó que sus efectivos tuvieran responsabilidad en la muerte del adolescente y se refirió a la quema del negocio, donde fue hallado Sánchez, por parte de "delincuentes". Tanto las autoridades como los familiares esperan el dictamen de Medicina Legal. 

Esta no es la primera vez, desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, que se denuncia la presunta participación de los cuerpos de seguridad en violaciones de los derechos humanos contra manifestantes o personas ajenas a los actos de calle. Las autoridades han negado su responsabilidad y han atribuido los actos de violencia a agentes externos a la protesta.

¿Qué pasó?

En un documental de poco más de nueve minutos, el productor audiovisual colombiano Alejandro Palencia recogió la reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Daniel Stiven, de las voces de la madre y sus dos hermanas. Las tres mujeres, en medio de la conmoción por este homicidio, piden que se haga justicia. 

La primera en hablar es María Paula Sánchez, una de sus hermanas. Ella cuenta que el joven regresaba del trabajo en compañía de otras personas cuando se topó con una tanqueta de la Policía Metropolitana de Cali. Al verla, quedó paralizado por el miedo y solo alcanzó a levantar las manos para decir que no tenía que ver con la protesta.

A partir de ese momento, según le relataron testigos a la familia, hubo varias agresiones contra el joven, presuntamente cometidas por los policías que lo habrían golpeado, disparado varias veces y que supuestamente se lo llevaron arrastras mientras pedía ayuda. 

"Él decía que era menor de edad y los testigos gritaban: 'cogieron a un niño, lo llevan hacia el Dollar City, lo están golpeando, no nos lo quieren entregar'", refiere.

Los golpes no cesaron, según su hermana. Incluso un paramédico que iba a auxiliar al menor de edad habría sido repelido a tiros por los uniformados.

"Él pide que lo ayuden, que no lo dejen morir. En ese momento lo montan en la tanqueta y se lo llevan. Esta es la parte que no entendemos: ¿Por qué terminó quemado en el Dollar City?", se pregunta la pariente.

A pesar de estas afirmaciones, el recién nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, negó en un video institucional que la tanqueta hubiera sido movilizada esa noche.

Los hallazgos

"Mi hermano tiene impactos de bala en su cuerpo y aún no tenemos el dictamen, pero el forense nos dijo que tiene índices de tortura", dice María Paula. La Policía niega esta versión.

Su otra hermana, Yurany Sánchez, manifiesta sentirse "destrozada" porque "lo mataron con sevicia". "No les bastó con asesinarlo sino que lo destruyeron, lo quemaron". Ambas afirman que el joven fue asesinado antes de que su cuerpo fuera alcanzado por las llamas en el incendio dentro del almacén. Las autoridades tampoco coinciden con esta versión.

"Lo quieren inculpar, dicen que estaba vandalizando el Dollar City, que lo estaba incendiando y robando, hay testigos directos que afirman que venía de trabajar", agrega Yurany.

María Sánchez, su madre, cuenta que le tenía prohibido ir a las manifestaciones ante el temor de que le ocurriera algo. "Los de la primera línea [vanguardia en las movilizaciones] le confirmaron a mi hija que jamás lo habían visto allá", dice.

Para Yurany, que desmiente la versión policial sobre la participación del menor en actos de vandalismo, "el objetivo de incriminar a los jóvenes es quitarle valor a la verdad".

¿Qué dice la Policía?

En una serie de trinos, la Policía Metropolitana afirma que la noche del 28 de mayo hubo "actos vandálicos" contra la estación policial El Lido, y que a las afueras se encontraban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una tanqueta.

En sus tuits, el organismo niega que el adolescente hubiera sido ingresado al vehículo, "teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado", y asegura que la comisaría no prestaba atención al público debido a que un local cercano fue saqueado e incendiado.

Según la versión oficial, los Bomberos encontraron el cadáver, que fue llevado al Hospital de Siloé, donde la Policía Judicial realizó la "inspección técnica" que mostró que "no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca".

Aunque se espera el dictamen de Medicina Legal, la Policía dijo que tras "las investigaciones adelantadas se puede determinar que los hechos se habrían registrado en el interior de un establecimiento comercial", tras una "conflagración" causada por "delincuentes" que habrían saqueado y prendido fuego al lugar.

El Ministerio Público designó a un fiscal, según adelantó el organismo policial.

Amenazas

El impacto de esta nueva muerte en Colombia, donde ya han ocurrido 71 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, según el registro de Indepaz, se ha volcado a las redes.

Varios usuarios de la red social Twitter han alertado que los familiares de Daniel Stiven estarían recibiendo amenazas tras hacer la denuncia contra la Policía de Cali. 

Publicado: 2 jun 2021 18:35 GMT

Publicado enColombia
Martes, 01 Junio 2021 05:58

Colombia o la hipocresía europea

Funeral en el Cauca durante las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Xavi Suler

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población.

 

Un régimen que criminaliza la protesta social y que en su respuesta a la misma suma un reguero continuo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un régimen que ha añadido a la represión policial, que causa ya decenas de muertes, cientos de asesinados y miles de detenciones, nuevas formas de terror contra la población. Se generalizan así las desapariciones de manifestantes jóvenes que, semanas después, van apareciendo con signos de torturas y baleados en campos y cunetas; se cuentan también por decenas las personas que reciben disparos en los ojos, quedando de esta brutal manera marcados para el resto de sus vidas. Pero este es un régimen que también hace uso de las violencias machistas como herramienta para la represión social y se cuentan ya por decenas las mujeres jóvenes que han sido secuestradas y violadas por elementos policiales, llevando a alguna de ellas al suicidio.

Leyendo el párrafo anterior es posible que algunos se hayan situado inmediatamente en Venezuela. Una más, habrán pensado, del bárbaro régimen bolivariano que lleva años reprimiendo a la democrática oposición y sosteniéndose en su tiránico poder (esperamos se entienda la ironía). Al fin y al cabo, esto es lo que llevan años contándonos, y por lo tanto moldeando así la opinión pública, desde las tribunas mediáticas que controlan las élites económicas y políticas de Europa y América. En ese continente Venezuela encarna el mal y tiene su antónimo en el país vecino: Colombia, quien es suma de los valores de la democracia y el respeto más escrupuloso a los derechos humanos. Donde no hay intereses oligárquicos ni mezquinos que, desde posiciones ultraderechistas, sigan pugnando por enterrar el fallido proceso de paz, por estigmatizar a la población indígena, afro y campesina desde evidentes posiciones clasistas y racistas, estén detrás de la muerte de cientos de liderazgos sociales o sean la razón, con sus políticas económicas, del continuo empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana que se ve abocada a mal vivir en su propio país o emigrar en busca del inexistente paraíso donde, por lo menos, quizá le respeten la vida.

Pero, dejemos de lado el sarcasmo y la ironía. La situación en Colombia es escandalosamente grave y este país ya no se puede clasificar ni tan siquiera como democracia de baja intensidad. Sabemos que su gobierno, así lo ha sido durante décadas, está protegido por los intereses geoestratégicos norteamericanos y europeos, que le permiten desarrollar una política de tierra quemada contra su propia población. No pretendemos entrar en una reiterada revisión de las causas más visibles de la protesta social, aquellas que tienen que ver con un nuevo intento por hacer pagar más a quienes menos tienen, mientras los que más tienen siguen engordando unas cuentas de beneficios que les permiten pasear el país en helicóptero o hacer las compras en Miami. Tampoco revisaremos las causas menos visibles, aquellas que se refieren a un régimen oligárquico que durante décadas ha respondido a una concepción patrimonial del estado, que hoy combina con los dictados más ortodoxos del modelo neoliberal. Sobre todo ello se ha escrito ampliamente en estas semanas, y se seguirá escribiendo en las venideras.

Sin embargo, hacemos aquí un alegato contra la hipocresía europea, especialmente de su clase política. Una clase siempre dispuesta para la denuncia del gobierno de Venezuela, o para poner el grito en el cielo por las detenciones de golpistas en Bolivia y a hacer votos por el respeto escrupuloso a sus derechos bajo amenazas al gobierno soberano de este país de sanciones de todo tipo. Y, sin embargo, una clase política que mira sistemáticamente para otro lado mientras en Colombia la juventud sale a las calles para denunciar la falta absoluta de perspectivas, no de futuro, sino en este presente duro al que ha sido condenada sin juicio alguno. Una clase política que mira para otro lado mientras se superan los 1000 liderazgos sociales asesinados desde la firma de unos Acuerdos de Paz (2016) que el gobierno de Iván Duque incumple sistemáticamente. Clase política europea que, acompañada de la económica y mediática, mira para otro lado desde que el 28 de abril la sociedad colombiana decidió optar por la protesta sostenida y pacífica, que ha sido respondida por la represión más salvaje y la militarización del país en un no declarado estado de excepción que suspende libertades y derechos, mientras se protege desde esos cuerpos policiaco-militares a civiles armados que asesinan impunemente manifestantes en las calles.

Colombia es un país en el que, en situación de pandemia, con índices de contagios y muertes provocadas por el virus de los más altos de América Latina, la gente prefiere salir a la protesta y asumir el riesgo que ello conlleva. Como se decía en los primeros días, este es un país en el que la gente teme más las decisiones perversas del gobierno que los efectos mortales de un virus. Al fin y al cabo, Colombia es país especializado en vivir en medio de múltiples virus: el de la violencia, el de la pobreza, el de la injusticia social, el de la desigualdad, el del neoliberalismo…

Pero para Europa nada de esto es grave. No habrá grandes conciertos de música solidaria, no habrá medidas que presionen al gobierno para frenar la represión, no habrá misiones de verificación de la situación de los derechos humanos, no sea que hagan su trabajo y le digan a la vieja Europa que Colombia es uno de los países donde esos derechos son más sistemática y masivamente violados. Esto, igual no se podría seguir escondiendo, y complicaría la consideración de Colombia como un país aliado, democrático y, sobre todo, donde la internacionalización de nuestras empresas puede seguir adelante, aunque ello no deje ningún beneficio ni entienda los intereses y demandas de la población.

En este escenario, la tónica general de Europa, tantas veces escuchada y sufrida, suele ser del tipo: “expresamos nuestra preocupación por la situación”, “seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos”, o “llamamos a un diálogo para construir consensos”. Todo, como si lo que se estuviera produciendo fuera una discusión un poco subida de tono entre vecinos. Todo, obviando que el actual gobierno colombiano está en manos de la extrema derecha que representa el uribismo, contrario a la paz y que aboga por seguir considerando Colombia como su finca particular en la que se imponen, bajo una máscara de aparente sistema democrático, medidas siempre en detrimento de la vida de las grandes mayorías del país y, cuando éstas, protestan, se las reprime a sangre y fuego. Por supuesto, el rasero que se aplica a Colombia con miles de muertos e índices de pobreza en continua progresión no tiene nada que ver con las presiones diplomáticas, sabotajes, bloqueos económicos, denuncias internacionales y toda la larga serie de acciones y medidas concretas contra, por ejemplo, el gobierno venezolano.

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población. Y Europa, esta vez sí, aplica el mismo rasero en uno y otro caso: mirar para otro lado y dejar hacer.

por Jesús González Pazos

31 may 2021 12:48

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Reportan fosas comunes, «casas de pique» y sitios de detención clandestinos para manifestantes en Colombia

 Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos comunicaron las denuncias que han recibido desde el pasado 13 de mayo sobre los sitios de detención clandestinos y posibles fosas comunes a donde llevan a las personas y a los cuerpos de los manifestantes del Paro Nacional de Colombia.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informaron sobre los relatos que han recibido acerca de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yombo a donde se llevan los cuerpos de jóvenes caleños manifestantes; además del uso del CAM como centro de operaciones encubiertas a donde llevan a los jóvenes para después transportarlos en camionetas polarizadas.

Las organizaciones compartieron también información sobre la movilidad de camiones que hacen parte de los medios que usa la policía colombiana para llevar a los manifestantes al sector de Mulaló, a 30 minutos de Cali, donde también descargan cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en la movilización y se encuentran desaparecidos.

Reportaron que los jóvenes son detenidos, reportados como desaparecidos y “ajusticiados” en lugares alejados de Cali por grupos de civiles armados protegidos por la policía. Denunciaron que las “dinámicas de represión se han ido sofisticando con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y criminal”.

Las organizaciones señalaron que estas operaciones violentas clandestinas demuestran la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes, víctimas y blancos directos de planes criminales.

Instaron a los entes de investigación y protección del Estado y particularmente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a tomar en cuenta la información reportada y actuar conforme a ella. Con base en la garantía y los derechos a la verdad, exigieron a las autoridades que adopten medidas eficaces e investiguen junto con expertos forenses y observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

A continuación el comunicado completo:

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.

Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del Valle desde abril 28 a hoy:

  1. Alejandro Castro
  2. Alejandro Duque González
  3. Alejandro Hoyos Salgado
  4. Alexander Martínez
  5. Andrés Arango
  6. Andrés Felipe Gómez Rivadeneira
  7. Angie Amaya
  8. Antony Jaramillo
  9. Antony López Brando Molina
  10. Brando Stiven Blandón Pérez
  11. Brayan Cavadias
  12. Brayan Steven Rayo
  13. Bryan Steven Mesa
  14. Bryan Varela
  15. Camila Jaramillo
  16. Carlos Alberto Vásquez Usma
  17. Carlos Andrés Benavides
  18. Carlos Castillo
  19. Carlos Mayorc
  20. Claudia Ospina
  21. Cristian Andrés Ocampo
  22. Cristian Camilo Duque
  23. Cristian Estiven Rentería Valencia
  24. Cristian Zúñiga
  25. Cristopher Rodriguez
  26. Daniel Becerra
  27. Daniel Steven Bonilla
  28. Daniel Zuluaga García
  29. Devi Alezander Ovalle Cabrera
  30. Deivy Alexis Gómez
  31. Devin Alegría Camacho
  32. Deyvi Farley Orozco
  33. Diana Cruz
  34. Diana Marcela Betancour Rodriguez
  35. Diana Ruiz Diego Botero
  36. Eduardo Galeano
  37. Edwin Santiago Martínez Garcés
  38. Elberth Orozco
  39. Esteban Rodríguez
  40. Estiven Jaramillo
  41. Estiven Marulanda
  42. Fabier Londoño Medina
  43. Felipe Arias Felipe Ruiz
  44. Francisco Durán
  45. Francisco Javier García
  46. Héctor Valencia
  47. Heilen Bravo
  48. Isabella Martinez
  49. Jesús David Lozano
  50. Jhon Alexander Aguirre
  51. Jhonatan Lenis
  52. Joan Francisco Herrera
  53. Joan Stiven Vélez
  54. Job Alejandro Moreno
  55. Johan Esteban Torres Urbano
  56. Jorge Alexander Lozano Perez
  57. Jose David Hurtado Moreno
  58. Jose Esteban C Angulo
  59. Juan Camilo Maiman
  60. Juan Camilo Pérez
  61. Juan Camilo Sánchez
  62. Juan Carlos Gironza Hoyos
  63. Juan Carlos Peña Meneses
  64. Juan Diego Ulloa
  65. Juan Esteban Alvarez
  66. Juan Pablo Gutiérrez
  67. Juan Pablo Guzman Rodríguez
  68. Karol López
  69. Kelvin Josué Plaza Castillo
  70. Kevin Aguilar
  71. Kevin Alexis Bedoya
  72. Kevin Jiménez
  73. Kevin Perea
  74. Kevin Stiven Rodiguez Motavita
  75. Leonardo Andrés Villegas Arana
  76. Lizeth Arévalo
  77. Lizeth Valencia
  78. Luis Dayan Montes Betancourt
  79. Luis Fernando Chávez
  80. Luis Mario Maicol
  81. Andrés Medina Ortiz
  82. Manuela Ruiz Taborda
  83. Marcela Valencia
  84. Marco Andrés Arango
  85. María Angélica Cano
  86. María del Carmen Carabai Barrera
  87. Mario Alberto Arcila Martínez
  88. Marvin Santiago Trejos
  89. Mauricio Cáceres
  90. Michele Arteaga
  91. Michell Torres
  92. Miguel Angel Escobar
  93. Miguel Ángel Henao
  94. Miguel Bolaños
  95. Mónica Mosquera
  96. Nicolás Flórez
  97. Nicolas Suarez
  98. Oscar Eduardo Arroyo
  99. Ramiro Parmenio
  100. Robert Steven Londoño Ospina
  101. Santiago Muñoz Quiroga
  102. Santiago Cruz
  103. Santiago Posada
  104. Santiago Arce
  105. Sebastián Arce
  106. Sebastián Cortés
  107. Sebastián Escobar
  108. Sebastián Ospina
  109. Sofia del Mar Gaviria
  110. Steven Riveros
  111. Valentina Campos
  112. Valentina Marin Quintero
  113. Valentina Ramirez Sánchez
  114. Valeria Serna Vanessa Navia
  115. Verónica Valencia
  116. Víctor Manuel Agudelo
  117. Wilson Loaiza
  118. Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años
  119. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21
  120. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N

Corporación Justicia y Dignidad

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma", denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre. 

“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.

Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.

Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.

Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.

“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.

Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.

Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.

Tapen, obstruyan, manipulen

El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.

La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.

Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.

Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

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Alison Meléndez. Un suicidio provocado por una violación

Con furia e inculpando al establecimiento reaccionaron cientos de jóvenes payaneses ante la noticia del suicidio de la menor de 17 años Alison Meléndez y quien había sido violenta e ilegalmente capturada por 4 efectivos del Esmad mientras registraba con su celular las protestas cerca de su sitio de habitación.

Según su testimonio, expresado a través de las redes sociales, esos policías “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma".


De acuerdo a su abuela, cuando su nieta regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a donde había sido llevada por sus captores, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. Al día siguiente sus familiares encontraron a la menor inconsciente en su habitación, tras aparente suicidio. Aunque fue llevaba de urgencia al hospital los galenos no lograron reanimarla.

Por su parte Luis Salazar, padre de la menor, y quien hace parte a su vez de la fuerza pública, fue tajante en sus declaraciones al exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

Como ha ocurrido en otros 16 casos de denuncia por violación sufrida por jóvenes detenidas por efectivos policiales en el marco de las protestas que conmocionan al país desde el pasado 28 de abril, voceros oficiales, en este caso el jefe de la Policía de la región, Ricardo Alarcón, acudió al reiterado negacionismo que ya es típico a la hora de responder ante denuncias de toda gravedad como esta. Una reacción de “solidaridad de cuerpo” que los marca y que en este caso una vez más evidencia el nivel de impunidad que campea en el país y con el cual se protegen los cuerpos represivos para actuar sin acatar ninguna norma ética ni respetuosa con la carta de Derechos Humanos. Un comportamiento que, en el caso de violencia contra mujeres, evidencia la manera como poder y patriarcado están íntimamente ligados.

Como prueba inicial para desmoronar el reiterado negacionismo oficial está el video donde puede apreciarse el momento cuando la menor de edad es capturada de manera ilegal por los efectivos de la mal llamada “fuerza pública”.

No más impunidad

Una vez la muerte de la joven fue noticia, sus pares no se contuvieron. Su expresión de afecto y de solidaridad propició que denunciaran los reiterados abusos, violaciones y desmanes de la policía, la cual tienen que padecer en parques, calles o en cualquier otro lugar donde sus efectivos llegan en actitud autoritaria a imponer un orden que ya no responde ni corresponde a la sociedad de justicia a que las mayorías sociales aspiran a vivir.


Es así como, con energía exultante, se dirigieron al complejo de policía Intendente Jefe Diego María Guerrero donde estaba erigido el monumento “Edificadores de paz” hecho por la policía con casquillos de balas para “recordar a las víctimas”, el cual fue lanzado al río Molino. Unas horas después hicieron lo propio con el monumento que recordaba a Francisco de Paula Santander (instalado en la glorieta de la terminal de transportes), asociado desde hace dos siglos con la defensa de los poderosos y de sus privilegios.


Para allí no paró su demostración de rechazo a la violación de que fue objeto la joven Alison Meléndez. Con igual entusiasmo se dirigieron a la URI a donde fue llevada por sus captores y le prendieron fuego, rechazo abierto y directo al estamento policial, síntesis del autoritarismo vigente en Colombia. Cuerpo armado defensor de privilegios y expresión de vetustas formas que asume el poder en Colombia, como son el machismo y patriarcado.


Mientras esto sucedía en medio del día 16 de paro nacional que registra Colombia, se conocido que como respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una solicitud de diversas organización de Derechos Humanos para que envíe una delegación para una visita de trabajo al país, la secretaria ejecutiva de esa organización, María Claudia Pulido, le dirigió una carta al presidente Duque solicitando autorización para proceder con la visita correspondiente.


Al mismo tiempo, se hacía publica una carta firmada por 55 congresistas de Estados Unidos donde denuncian que la Policía colombiana “está desatada” y piden al secretario de Estado Antony John Blinken para que se pronuncie sobre lo que vive Colombia.


¿Podrá contenerse el proceder policial y de las Fuerzas Armadas en general? ¿Podrá en algún momento que los cuerpos armados dejen de defender el poder de minorías y se alineen con las mayorías? La respuesta la brinda la historia, la cual también indica que “solo el pueblo salva al pueblo”.

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