La insoportable reducción de la complejidad

Caímos en la burda simplificación de clasificar todos los sistemas políticos en un registro binario que los divide entre órdenes democráticos o autoritarios. ¿En qué momento? Los pensadores griegos morirían de risa de esta inopinada reducción. Para Aristóteles, por mencionar tan sólo uno, existen tres formas políticas instituyentes (la monarquía, la aristocracia y la politeia –léase: la república–) y otras tres derivadas (la tiranía, la oligarquía y la democracia). Y en la práctica, sólo operan combinaciones de esta complejidad, donde cada una de las "constituciones" merece su diferenciación específica. En el caso de la democracia, por ejemplo, hay democracias fundadas en agricultores, otras más que se apegan al sitio donde se nace, o las que admiten hombres de cualquier lugar –"hombres libres"– como posibles representantes, etcétera. ¿Qué es lo que tenía en mente la sutileza de esta tipología? En primer lugar, la pregunta de cuál de ellas era capaz de preservar el buen gobierno y una relativa paz. Y, en segundo, cómo responder a la interrogante que los griegos nunca lograron responder: ¿cuál de ellas redundaba en una estabilidad ascendente y fructífera en la gestión del "bien común"? Todo esto de acuerdo con el principio básico de que a cualquier forma política se le debe clasificar en función de quiénes la representan y, en segundo término, de los resultados y dividendos que arroja sobre la población. Las ciudades griegas nunca encontraron lo que dio vida a siete siglos de historia romana: el senado y, durante vastos periodos de zozobra e incertidumbre, la república.

La historia de las formas políticas modernas no es menos compleja. Se inicia acaso con el surgimiento del Estado absolutista en el siglo XVI y, un siglo después, con la instauración del paradigma que trajo consigo la revolución inglesa en el XVII: la monarquía parlamentaria. Por cierto, una forma híbrida que buscaba poner un límite al poder del monarca absoluto y que sedujo a toda Europa durante siglo y medio. Pero fueron las revoluciones de Estados Unidos y Francia las que descubrieron un orden que no requería de un monarca para ser gobernado y que se sostenía en el principio del gobierno representativo. Desde entonces, se discuten sin cesar las formas óptimas de esta representación.

Hay dos corrientes al respecto. Una, que se podría llamar formalista, se atiene estrictamente a los mecanismos que convalidan a la representación misma. Por ejemplo, la democracia estaría definida por elecciones libres, pluralismo político e ideológico, una vida parlamentaria abundante y división de poderes. La otra corriente de interpretación es menos inocente, digamos más escéptica, pues no basta con observar las formas de la representación, es preciso tomar en cuenta los efectos de esa representación sobre la configuración de las sociedades. Si un gobierno electo con amplia representación no actúa para mejorar la calidad de la vida de la gente –sino, con frecuencia como sucede en la actualidad, en sentido estrictamente contrario–, ¿puede definirse como democrático? ¿O sería preciso, según el procedimiento de Aristóteles, definir distintas formas de democracia? Ni hablar del dilema, donde líderes distintivamente autocráticos, como Bolsonaro, en Brasil, Trump, en Estados Unidos, o Putin, en Rusia, llegan al poder por la vía de las elecciones y preservan incluso el formalismo democrático.

La interpretación formalista pretende incluir bajo un solo concepto, el de "democracia liberal", a sociedades tan disímbolas como Estados Unidos, Suecia, Japón o Polonia. ¿Pero cómo poner en un solo canasto a Suecia, que cuenta con una maximalización de la distribución del ingreso, con Estados Unidos, que suma después de la pandemia 39 por ciento de pobreza nacional? La vieja, y a la postre inmóvil, democracia estadunidense ha entrado en una zona cubierta por la lógica del armamentismo y las grandes corporaciones, una suerte de democracia de (y para) élites, valga el oxímoron.

En el otro extremo se encuentra el paradigma de la democracia social. Es decir, sociedades que han encontrado en la gestión democrática un instrumento para reconfigurar toda su estructura social, desde los ingresos hasta la salud y la educación. El dilema para la izquierda en América Latina que, en sus más diversas acepciones, gobierna hoy a la mayor parte de los países del continente, reside en cómo pasar de un parlamentarismo oligárquico –al que inopinadamente se le ha llamado "democracia"– a sentar las bases mínimas para allanar el camino en búsqueda de una democracia social. En Colombia, Chile, Honduras y los otros países gobernados por coaliciones de centro-izquierda, ya no basta con aplicar disciplinadamente el esquema neoliberal soñando que si se le agregan consumidores a través del gasto social algo va a cambiar. Es preciso cambiar el concepto mismo de democracia, tal y como ha sucedido varias veces en la historia moderna. Y esta redefinición pasa inevitablemente por reconsiderar las bases sociales profundas que hacen posible el fenómeno democrático.

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Continua la persecución a la juventud popular en Colombia

“Ay amor mío, sé que estás cansada,
 y yo te quiero acariciar la frente. 
Eres la tierra más adoloría
 pero eres grande, oh, dulce madre mía”.
Canción El Amanecer – 
Edson Velandia y Adriana Lizcano

 


A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, se intensifican las capturas a la juventud popular que participó en el estallido social que comenzó el 28 de abril de 2021. El 15 de junio se presentó la más reciente de las capturas de jóvenes en las ciudades de Cali y Bucaramanga, meses atrás ya venían realizándose operativos en Medellín, Bogotá, Neiva, entre otras regiones del país.


“Desde las 4 de la mañana se realizaron allanamientos en lugares cercanos a Puerto Resistencia, barrios como Mariano Ramos, República de Israel, La Unión, Llano Verde, Villa del Sur, son algunos de los sectores donde normalmente habitan las personas que fueron capturadas”, nos cuenta Peter Sepúlveda, defensor de Derechos Humanos e integrante de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, quien acompañó a los detenidos en la ciudad de Cali.


“A los muchachos se les está imputando delitos como: daño en bien público, microtráfico, homicidio simple, secuestro y tortura. Por el momento tenemos registro de 9 personas detenidas, todas de Puerto Resistencia, varios de ellos han liderado procesos sociales después del estallido de 2021, realizando pedagogía, ollas comunitarias y trabajo social en los barrios”, concluye Peter. Vale la pena decir que entre los capturados destacan algunos líderes visibles de Puerto Resistencia como el profe Papas, Soldado, Indio y Desconfiado, todos jóvenes populares que junto a sus demás compañeros se declararon en huelga de hambre hasta quedar en libertad.

 

 


Al mismo tiempo que esto sucedía en Cali, en la ciudad de Bucaramanga fueron detenidas 12 personas, la mayoría estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, quienes fueron acusadas por el delito de terrorismo. De igual manera el día anterior (14 de junio) en Bogotá un juez envió a la cárcel a: Andrés Felipe Rodríguez Chaves, Jonathan Stiven Cortes Aldana, Maura Valentina Díaz Flórez, Karina Yurley Cepeda Andrade y Julián Andrés Moreno Otero, cinco jóvenes, capturados en octubre de 2021, tras haber participado en las jornadas de protesta del 28 de abril.
Entre los argumentos del juez para su condena están las siguientes declaraciones:


“(…) el delito de secuestro el que afecta uno de los derechos fundamentales de las personas como lo es la libertad e integridad personal en donde tuvieron retenidas a las victimas durante un término de 40 a 70 minutos, además siendo agredidas estas personas física y psicológicamente” (1).


Un accionar continuo que se profundiza


Las capturas contra la juventud popular comenzaron desde el año pasado tras cerrarse el ciclo de protestas en Colombia. Un ejemplo de esto fueron las detenciones en el mes de julio de 2021, de seis integrantes de la primera línea en Cundinamarca, quienes supuestamente retuvieron a un policía infiltrado en las movilizaciones y participaron en la incineración del peaje en el municipio de Sesquilé (2).


Así mismo el 14 de febrero del 2022, en la ciudad de Bogotá fueron capturados cuatro integrantes de la primera línea en las localidades de Usme y Suba, siendo imputados por los delitos de concierto para delinquir y daño en bien ajeno (3); dos meses después, cuando se cumplía el primer año del estallido social (28 de abril), en las ciudades de Medellín y Neiva fueron capturadas 13 personas que son acusadas por la Fiscalía de “hechos vandálicos en las manifestaciones de 2021”, concierto para delinquir, hurto agravado, financiación al terrorismo y grupos de delincuencia organizada, fabricación y porte de armas de fuego y explosivos (4).


Según un medio del poder, el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional sostuvo que desde el año pasado hasta hoy: “en el acumulado, hasta el momento, y como resultado de 57 operaciones ya materializadas han sido capturados 267 integrantes de esas estructuras (primeras líneas), 228 por orden judicial y 39 en flagrancia, en el marco de 161 diligencias de registro y allanamiento a nivel nacional” (5).


Adicional a esto, en video el 15 de junio del presente año sostuvo el general que: “Esta semana se van a producir resultados muy importantes contra estas denominadas líneas” y que la Policía se encuentra en “máximo estado de alerta frente a hechos de violencia a personas que desconozcan los resultados en las elecciones, la Policía está preparada con todas sus capacidades” (6). Todo un disparate, pues actúan como si ya se supiese cuál será el resultado electoral...


Según una fuente directa que participó en las protestas del 2021, quien prefiere ser anónima, desde hace cuatro días hay persecución policial y hostigamientos en la ciudad de Montería: “Llegaron a mi casa con la excusa de que había una denuncia por maltrato intrafamiliar, pidieron todos mis datos, solicitaron mis horarios de estar en la casa y de salida. Esta mañana (16 de junio), a las 3:45 hicieron un allanamiento en mi casa. En la carta que llevaban los cargos, decía que estaban buscando material probatorio de porte de armas, producción y tenencia de material explosivo, además de esto hacen la investigación por delitos como extorsión, daño en bien público y por hostigamiento a la fuerza pública”.


Recrudecimiento del conflicto armado en las zonas rurales


Mientras este es el panorama en las ciudades, en las regiones rurales del país el conflicto se intensifica. Por cuestión de extensión solo mencionaremos algunos casos, pero la situación es crítica en todo el país.


El martes 7 de junio del presente año, a las cinco de la tarde, integrantes de la comunidad de El Guamo, territorio colectivo del Curbaradó, encontraron el cuerpo del campesino Humberto de Jesús Pérez, quien había desaparecido desde el 14 de mayo. Su cuerpo se encontró en un alto estado de descomposición y con desmembramiento de extremidades superiores. Humberto era habitante de la zona de biodiversidad “La fortuna” ubicada en el territorio colectivo del consejo Comunitario de El Guamo, Chocó (7).


En el Norte del Cauca el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Acin, denunció la situación que están viviendo y que generan terror e inseguridad en los territorios indígenas, campesinos y de comunidades negras, como también en zonas urbanas. El 12 de junio se registró el feminicidio de Daniela Tobar en el centro poblado del corregimiento de Mondomo, así mismo ocurrió un doble homicidio en la vereda Las Lajas del resguardo de La Concepción.


El 13 de junio fue asesinado Jaider Campo, menor de 15 años quien se encontró con signos de tortura en el resguardo de Las Delicias. Los posibles responsables del crimen son miembros de la Columna Móvil Jaime Martínez. El 15 de junio en la vereda Campo Alegre del municipio de Miranda, se encontró el cuerpo de un hombre amarrado y con tiros de gracia. El mismo día se registraron hostigamientos en el casco urbano del municipio de Corinto y en horas de la tarde fue detonada una motocicleta bomba a una cuadra de la casa del cuerpo de gobierno propio del resguardo indígena Páez de Corinto (8).
En el departamento de Nariño, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), denunció que el lunes 13 de junio se presentó el desplazamiento forzado de 480 familias del resguardo Inda Gucary, tras enfrentamientos entre grupos armados en la región (9). Así mismo el miércoles 15 de junio, en el Litoral San Juan, Chocó, ingresaron 25 hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia al caserío del resguardo indígena de Pichimá Quebrada, intimidando a alrededor de 540 indígenas Wounaan. Este hecho es la segunda vez que se presenta en los últimos cinco meses (10).


¿Encrucijada de esperanza?


La paradoja es que: mientras las investigaciones de la Fiscalía y el establecimiento son feroces contra la juventud popular que salió a las calles llena de rabia ante la miseria, pobreza y no futuro reinante, hay indulgencia para quienes asesinaron y desaparecieron jóvenes en el marco de las protestas de 2021, para estos casos simplemente las investigaciones no avanzan y los responsables siguen en la impunidad, sabiéndose que muchos de los perpetradores de estos hechos hacen parte de la fuerza pública del Estado. Así mismo las investigaciones y acciones contra las atrocidades que acontecen en las zonas rurales del país, son nulas y por el contrario se naturalizan y justifican como acciones de “actores armados al margen de la ley”.


Son tiempos difíciles y crudos, pero sin duda este país y su gente carga esperanza. Estamos en una encrucijada, pues todas las fuerzas se están aferrando a la posibilidad de un cambio de gobierno que dé un respiro a la terrible crisis que estamos padeciendo como país, sin embargo, los retos son mucho mayores para superar esta situación y tal vez un primer paso sería profundizar la organización de los pueblos más allá de lo electoral, encontrando referentes y formas de construcción comunitarias que superen las agendas institucionales y fortalezcan las raíces organizativas en los territorios de cada lugar. De esta manera, a lo mejor ocurrirá y alcanzaremos a ver en un futuro cercano lo que dicen Edson Velandia y Adriana Lizcano en su canción El Amanecer: “Ay tierra mía vas a ver que nace, otro país de tus entrañas. Será sabroso ver el día, en que renacerás del barro, madre mía”.


*Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur, colaborador de Desinformémonos de México.


Notas
1. Ver: https://www.eltiempo.com/bogota/miembros-de-la-primera-linea-en-bogota-son-enviados-a-la-carcel-680102
2. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=pij6YII_pY8
3. Ver: https://www.elespectador.com/bogota/capturan-a-cuatro-presuntos-integrantes-de-la-primera-linea-en-usme-y-suba-en-bogota/
4. Ver: https://www.elespectador.com/colombia/medellin/capturaron-a-presuntos-miembros-de-la-primera-linea-en-neiva-y-medellin/
5. Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/megaoperativo-contra-primeras-lineas-deja-mas-de-diez-capturados-en-cali-medellin-y-bucaramanga/202254/
6. Ver a partir del minuto 2:18: https://www.youtube.com/watch?v=7YIoBDaCn8o
7. Ver: https://www.justiciaypazcolombia.com/aparece-cuerpo-sin-vida-del-campesino-humberto-de-jesus-perez-habitante-de-la-zona-de-biodiversidad-la-fortuna-ubicada-en-el-territorio-colectivo-del-consejo-comunitario-de-el-g/?fbclid=IwAR2-ZMmYe4t0L9mwYoYt6DYT6yr8Z136uZmrBek88c_-3tJds6dhBnD6COU
8. Ver: https://nasaacin.org/boletin-de-dd-hh-situacion-critica-de-derechos-humanos-en-el-norte-del-cauca/
9. Ver: https://www.contagioradio.com/pueblo-awa/
10. Ver: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunidad-wounaan-pichima-quebrada-ocupada-por-agc/?fbclid=IwAR2whGCQTHfO07E6FmWlVuxlGpOlpo2C0ztOMVNXz5YHMWBlEK91OCrA19s

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Sábado, 11 Junio 2022 05:47

Condenan a Jeanine Añez

Jeanine Añez

Recibió una pena de 10 años por el golpe a Evo Morales en Bolivia 

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó la noche de este viernes a 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, informó el diario La Razón de Bolivia.

Inicialmente, en noviembre de 2021, el Ministerio Público había informado que solicitará “la pena máxima” de 10 años contra Áñez, luego planteó 12 años de cárcel y en mayo de este año el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que su condena puede llegar incluso a 15 años de prisión.

Pena máxima

Finalmente, el pasado lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales, que investigó este caso, pedirá 15 años de cárcel para la exmandataria transitoria, mientras la defensa de la exmandataria solicitó su absolución.

El juicio oral en contra de Áñez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo y la mañana de este viernes, en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la exsenadora insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” lo que hizo en la crisis de noviembre de 2019, cuando se proclamó mandataria en medio de un caos político y social.

“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; (…) y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad; lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento, para estar en las buenas y en las malas, para estar en situaciones de tranquilidad y situaciones de violencia, eso es tener compromiso”, sostuvo.

Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

El otro proceso

Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II.

Este segundo proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Áñez fue juzgada por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como mandataria transitoria en la crisis de noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado

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El éxito de la investigación se podrá medir "si somos capaces de preservar la democracia estadunidense", afirma Jamie Raskin, integrante del comité que investiga los hechos. En la pantalla se presenta testimonio de Ivanka Trump. Foto Ap

Trump, en el centro de la conspiración

 El comité legislativo presenta avances de su pesquisa sobre la insurrección de seguidores del magnate // Prominente republicano detenido por su participación en el levantamiento

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Nueva York., Un comité legislativo dedicado a investigar el intento de golpe de Estado y otras maniobras del equipo de Donald Trump para descarrilar la transición pacífica del Poder Ejecutivo, por primera vez en la historia estadunidense, empezó a divulgar sus evidencias y conclusiones en la primera de una serie de audiencias públicas, alertando que la democracia permanece bajo riesgo en Estados Unidos.

El comité especial sobre el 6 de enero de la Cámara Baja ha investigado la llamada "insurrección" en el Capitolio del 6 de enero de 2021 durante casi un año, entrevistando a más de mil testigos, examinó 140 mil documentos, videos, audios y otras evidencias, y ayer comenzó a presentar en público por primera vez lo que ha encontrado con el propósito de demostrar que el asalto violento a la sede legislativa por miles de simpatizantes del entonces presidente, junto con esfuerzos para invalidar resultados electorales en varios estados, fue parte de un intento deliberado y coordinado de Trump y sus cómplices para anular la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.

El jefe del comité, el diputado Bennie Thompson, al abrir la sesión, declaró: "el 6 de enero y las mentiras que llevaron a la insurrección han puesto en riesgo dos y medio siglos de democracia constitucional", y advirtió que "nuestra democracia permanece en peligro. La conspiración para anular la voluntad del pueblo no ha acabado".

Agregó que “el mundo está observando lo que hacemos aquí… Estados Unidos ha sido un faro de esperanza y libertad, un modelo para otros… ¿Cómo podemos jugar ese papel cuando nuestra casa está en tal desorden?”

Thompson proclamó que el 6 de enero "fue la culminación de un intento de golpe de Estado" y afirmó: "Donald Trump estaba al centro de esta conspiración". Ese día, acusó, "enemigos domésticos" de la Constitución actuaron y el "presidente de Estados Unidos intentó frenar el traslado pacífico del poder".

En esta primera audiencia pública –trasmitida en vivo en hora pico por casi todas las cadenas y noticieros nacionales del país, con la excepción de Fox News–, el comité compuesto por siete demócratas y dos republicanos ofreció un primer resumen de la amplia investigación, presentó testimonios y videos nunca antes vistos. Dos testigos, Nick Quested, documentalista (quien ha realizado documentales sobre la guerra en Afganistán y otro sobre un cártel mexicano) que estaba filmando las actividades del grupo derechista Proud Boys –quienes participaron en el asalto al Capitolio–, y Caroline Edwards, policía del Congreso que fue herida –al igual que otros 100 de sus colegas– por quienes tomaron por asalto la sede legislativa, declararon lo que vivieron ese día.

El ex presidente quería seguir en el poder

Durante las dos horas de la audiencia se mostraron fragmentos de entrevistas videograbadas de varios testigos a lo largo de los últimos meses por el comité, incluyendo una al ex procurador de Trump, Bill Barr, afirmando que nunca hubo evidencia de un fraude, como funcionarios de la Casa Blanca y hasta la hija del ex presidente señalaron.

La diputada republicana Liz Cheney, copresidenta del comité y quien ha sufrido feroces ataques del liderazgo de su partido por participar en la investigación, ofreció adelantos de lo que los legisladores investigadores presentarán a lo largo de la serie de audiencias públicas que han programado para las próximas semanas. Presentó fragmentos de entrevistas con testigos que se mostrarán para documentar que "la intención de Trump fue permanecer como presidente en violación de la Constitución".

Concluyó que "la sagrada responsabilidad del traslado pacífico del poder ha sido respetada por todo presidente con la excepción de uno". Y en un mensaje a sus colegas republicanos que han seguido apoyando al ex mandatario afirmó: "llegará un día en que Donald Trump ya no esté presente, pero el deshonor de ustedes permanecerá".

Con nuevas revelaciones y más pruebas sobre cómo Trump personalmente intentó bloquear el traslado del poder para seguir en él, lo más preocupante, subrayan los investigadores, es que este esfuerzo sigue con el magnate y fuerzas extremistas promoviendo la llamada "gran mentira" del fraude y la narrativa de que el sistema electoral y las instituciones democráticas ya no son legítimas.

Habrá más revelaciones

Entre los más de mil testigos entrevistados por el comité, incluidos varios ex asesores y funcionarios de Trump, decenas de figuras claves han rehusado las invitaciones del comité, incluyendo al ex jefe de gabinete Mark Meadows, el asesor político Steve Bannon y el actual líder de la bancada republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, entre varios otros legisladores republicanos implicados en participar de alguna manera en el asalto o en coordinarse con las agrupaciones que intentaron tomar el Capitolio y con ello frenar el proceso de certificación de la elección que se realizaba ante el Congreso ese día.

Desde el año pasado, el liderazgo republicano y aliados de Trump buscan descalificar el comité como un esfuerzo demócrata dedicado a desacreditar al magnate como posible candidato en 2024. Más aún, varios diputados republicanos que se atrevieron a votar para aprobar la creación del comité han sido víctimas de represalias electorales de su partido, y los dos integrantes republicanos de la comisión legislativa, la diputada Cheney y su colega Adam Kinzinger, han sido aislados por el liderazgo de su partido y atacados como traidores.

La investigación del Comité ha abordado varios aspectos de esta conspiración que seguirá revelando en las próximas semanas, incluyendo lo que ayer presentaron, una estrategia de siete puntos para descarrilar el proceso electoral, entre ellos el papel de fuerzas extremistas domésticas –como los Proud Boys y los Oath Keepers– en el asalto al Capitolio.

Por cierto, esta misma semana el Departamento de Justicia anunció nuevos cargos criminales contra el cubanoestadunidense Enrique Tarro, líder de los Proud Boys, y varios de sus colegas por conspiración sediciosa. Ayer, antes de la primera audiencia, la FBI arrestó a Ryan Kelley, candidato republicano a la gubernatura de Michigan, por sus acciones durante el 6 de enero en el Capitolio.

Más de 850 personas han sido arrestadas en relación con los actos violentos de ese día. Sin embargo, Trump y la mayoría de sus asesores y cómplices más cercanos –señalados de autores intelectuales de esa conspiración antidemocrática– aún no han sido formalmente acusados.

El Congreso no puede dictar cargos criminales, pero puede instar al Departamento de Justicia a investigar a los responsables y usar las evidencias de la investigación.

El diputado demócrata Jamie Raskin, otro integrante del comité, comentó a medios que el éxito de esta investigación y presentación de evidencia al público estadunidense se podrá medir "si somos capaces de preservar la democracia estadunidense y nuestra instituciones: es una prueba de largo plazo".

La siguiente audiencia será la próxima semana.

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Colombia: Duque es condenado a cinco días de arresto domiciliario por no proteger un parque nacional

El Tribunal Superior de Ibagué entiende que el mandatario no atendió un fallo de la Corte

De acuerdo con la sentencia, el gobierno colombiano no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en el parque Los Nevados, ubicado en el Eje Cafetero.

El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente colombiano, Iván Duque, por incumplir una orden judicial para proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados. La sanción obedece al desacato a una orden que había emitido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró como sujeto de derechos al parque natural ubicado en la región del Eje Cafetero.

De acuerdo con la sentencia publicada por medios locales este sábado, el gobierno que encabeza Duque no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese parque nacional. La orden judicial ordena "imponer como sanción medida de arresto domiciliario por cinco días", para cuyo cumplimiento se encargará el director de la policía colombiana o el superior que atienda las funciones en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo.

El alto tribunal también ordenó que se imponga una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de Estado colombiano "a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida". En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio a las autoridades nacionales, departamentales y locales un plazo perentorio de un año para poner en marcha un plan conjunto para la recuperación, mantenimiento, manejo y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados, al que consideró como sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente.

La reacción de Duque

"Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están, pero aparte de eso la decisión no solamente es inconstitucional, no está en firme, es un abierto prevaricato", aseguró Duque desde la caribeña ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. 

El mandatario de derecha explicó que su gobierno acata las decisiones judiciales porque con sus funcionarios han ido "trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de Los Nevados". Pidió además a la Procuraduría que actúe para que "quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política sin soporte jurídico".

El parque natural está conformado por cinco picos nevados: el Ruiz, el Tolima, el Cisne, el Santa Isabel y el Quindío y abarca terrenos de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, en el centro del país. Alberga ecosistemas de páramos y bosques altoandinos, que se caracterizan por la presencia de tres volcanes nevados que lo visibilizan en toda la ecorregión del Eje Cafetero.

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Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia. Imagen de archivo. EFE/Martin Divisek/

La decisión del alto tribunal fue tomada teniendo en cuenta que este mecanismo no califica como delito y que, por el contrario, está amparado por la Constitución Política

 

La Corte Constitucional, a través de un fallo histórico debido a la discusión suscitada en diferentes sectores sociales y políticos, legalizó el Suicidio Médicamente Asistido como procedimiento permitido en Colombia para tener una muerte digna.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta una ponencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo que registró una votación de seis votos a favor y tres en contra. Al togado lo acompañaron en su tesis, Diana Fajardo, Natalia Ángel, Gloria Ortiz y Alejandro Linares, quienes a través del fallo, sacaron del Código Penal una prohibición que pesaba sobre los médicos al momento de asistir a personas con el deseo de morir dignamente

Cabe señalar que esta determinación de la Corte se produjo tras el estudio de una demanda presentada por los ciudadanos Camila Jaramillo Salazar y Lucas Correa Montoya, ambos miembros del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DescLAB-, contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, el cual castiga la inducción al suicidio otorgando penas carcelarias de entre 16 y 36 meses a quienes guíen a una persona hacia el suicidio con el fin de terminar con intenso sufrimiento producto de enfermedades graves o incurables.

Ante esto, el alto tribunal ratificó que el hecho de asistir a un paciente que desea morir dignamente no se configura como un delito y que, por el contrario, es un proceso amparado por la Constitución en las condiciones ya mencionadas.

Asimismo, la demanda precisaba que penalizar el suicidio médicamente asistido vulnera el derecho a morir con dignidad, así como el libre desarrollo de la personalidad por impedir el acceso a una ayuda médica para poner fin a la vida del paciente bajo consenso.

La demanda señala que, “Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, añadiendo que la legalización del SMA lo vuelve un acto transparente y seguro.

¿Qué diferencia hay entre el Suicidio Médicamente Asistido y la eutanasia?

Básicamente, mientras que en el primer mecanismo el paciente se autoadministra el medicamento para causar la muerte, en la eutanasia, el médico es quien facilita el deceso. En ese sentido, los demandantes promovieron varias iniciativas indicando que, así como la eutanasia se puede ejecutar bajo determinados parámetros, para el suicidio médicamente asistido deben cumplirse las mismas normas.

Vale resaltar, además, que durante el estudio de la demanda el ministro de Salud Fernando Ruiz, dijo que, en Colombia, “la inclusión de otra opción de muerte médicamente asistida en el país, requiere una discusión a profundidad, cuya competencia recae en el Legislador”.

El jefe de la cartera de la salud añadió en su momento que el Congreso debe abordar este tema “con un desarrollo por vía estatutaria, en especial, teniendo en cuenta la complejidad que supondría la inclusión del SMA como proceso asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Misma conclusión tuvo la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, el SMA no es una alternativa desconocida; sin embargo, es el legislativo el que debe reconocerlo como válido, pero teniendo en cuenta la decisión tomada este miércoles por la Corte, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.

En el mundo, los países que tienen ambos procedimientos reglamentados son Suiza, Canadá, Luxemburgo, España, los estados de Western Australia y Victoria, en Australia y Suiza, así como también Países Bajos y Luxemburgo.

11 de Mayo de 2022

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Ecuador: tras la masacre, la ONU exigió una reforma urgente del sistema penitenciario

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su "alarma" por la situación penitenciaria de Ecuador luego de que se registraran 44 muertos en un motín que tuvo lugar el lunes, y reclamó una reforma "urgente" que involucre también al sistema judicial. El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno de Guillermo Lasso atribuye a una encarnizada lucha de bandas ligadas al narcotráfico.

Decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban este martes noticias de sus familiares presos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito, donde un choque entre pandillas dejó 44 muertos y decenas de heridos, mientras que las autoridades empezaban a recapturar a parte de los 220 detenidos que escaparon durante los desmanes.

Responsabilidad estatal y reforma urgente

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo Bachelet en un comunicado leído por su vocera en una rueda de prensa en Ginebra. El gobierno ecuatoriano debe considerar una hoja de ruta que le propusieron "para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción", precisó la expresidenta chilena.

En el caso de lo ocurrido el lunes, la violencia habría estallado en la cárcel de Santo Domingo por el traslado de un preso, pero Bachelet destacó que no se trata de un caso aislado. "Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario", manifestó la funcionaria de la ONU, quien recordó que todo Estado tiene como "responsabilidad" la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurre en las cárceles y debe emprender una "plena investigación".

La espera de los familiares

Decenas de familiares de los reclusos se desesperaban por segundo día frente a las puertas del penal sin tener noticias de sus seres queridos, mientras militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones. "No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes que se escaparon por salvar sus vidas van a ser trasladados y entre esos está un hermano mío", afirmó Leisi Zambrano. "Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus hijos, de si están vivos", agregó la mujer ama de casa, de 48 años.

Ni bien supo de los enfrentamientos, Zambrano dijo haber acudido con otros familiares al penal en la madrugada y escuchaba que desde el interior "los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir", y definió la escena como una "carnicería".

En el motín en Santo Domingo en un principio se había confirmado la muerte de 41 reclusos. Minutos después la Fiscalía volvió a actualizar la cifra a 43, y al cierre de la jornada se confirmó otra muerte. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó temprano el mismo lunes que la mayoría de los cuerpos "fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas".

La mayoría de las víctimas murió por armas blancas en sus celdas, y luego algunos presos usaron armas de fuego en su intento de fuga. Las autoridades hallaron fusiles, pistolas, cuatro granadas y municiones en el penal. En este nuevo motín, que se inició en torno a la 1.30 hora local, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea para salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112.

El ministro Carrillo señaló que los responsables de este motín pertenecen a la misma organización delictiva que llevó a cabo otra masacre en la cárcel de El Turi, un mes atrás. Según las autoridades, los enfrentamientos del lunes fueron provocados por el traslado a Bellavista de unos de los líderes del denominado grupo "R7", gracias a una medida judicial. "Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios", dijo el jefe de los servicios penitenciarios, Pablo Ramírez.

El gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste (Guayas, Manabí y Esmeraldas), las más golpeadas por el tráfico de drogas, ante la violencia en las calles del país atribuida al narcotráfico.

Una crisis sistémica

Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos. Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro Carrillo en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar al grupo disidente que se hace llamar R7.

Antes de estos episodios el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90 por ciento sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.

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Comunicado a la opinión pública: Ante la 1º audiencia de reconocimiento de responsabilidades del caso 003 - JEP

Hoy que la Guerra no ha cesado quiero emitir este Comunicado para invitar a la reflexión en una semana en la que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concede beneficios a miembros del Ejército implicados en miles de crímenes de Lesa Humanidad mientras las cifras de asesinatos a líderes, a firmantes de la Paz o a cualquier persona que no está en esas categorías no para de aumentar, mientras asistimos a la negación de un Estado que sigue manteniendo la práctica de las ejecuciones extrajudiciales como lo ocurrido en el Putumayo hace un mes.

En Colombia no hay garantías de no repetición

Y como sociedad tenemos que pensar cuál es el verdadero legado que estamos dejando.

Desde que se firmaron los Acuerdos en el 2016 asistimos a un recrudecimiento de la violencia que viene de la mano del extractivismo y del despojo de nuestros territorios, a la vez que a una confusión constante en los términos. Por eso, con este Comunicado quiero expresar mi derecho a que las víctimas seamos reconocidas desde nuestra heterogeneidad invitando a un debate público, que como sociedad no hemos tenido todavía.

Llevo casi 15 años de lucha exigiendo Justicia y respeto a la Vida y a los Derechos Humanos, recorriendo muchas regiones de Colombia, acompañando y escuchando a muchas víctimas. He sido invitada a nivel internacional en varias ocasiones a denunciar los crímenes de Estado. He dado incontables conferencias y charlas en todos los espacios imaginables haciendo pedagogía y denunciando estos crímenes. Por esa lucha incasable fui elegida para participar en la primera delegación de víctimas que viajó a las Mesas de Conversaciones en La Habana. Es decir, desde que mi hijo fue asesinado he dedicado mi vida entera a la denuncia de los crímenes de Estado y a construir Paz en este país.

Pero lamentablemente tenemos que reconocer que Colombia no está en Paz. En este contexto de violencia es que se ha realizado la 1º Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad del Caso 003 realizada en Ocaña, el 26 y 27 de abril de 2022, el mismo día que en el Congreso se debatía la moción de censura al Ministro de Defensa por la masacre perpetrada por miembros del Ejército en Puerto Leguízamo en Putumayo.

Lo que nos lleva a reflexionar si realmente está contribuyendo a la Paz, la celeridad de la JEP para mostrar resultados y otorgar beneficios, incluida la libertad, a los militares responsables de crímenes de Lesa Humanidad.

Yo no acudí a esa Audiencia, ni estoy de acuerdo con las decisiones que la JEP está tomando en relación a los mal llamados “falsos positivos”, quiero compartir mis motivos invitando a la reflexión, con todo respeto, desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.

En mi caso, no necesito que quien asesinó a mi hijo reconozca que Fair Leonardo no era un guerrillero, ni un delincuente. Eso ya lo sabía yo, mi familia, el barrio y todo los que lo conocieron. Mi hijo era inocente y así consta también en la sentencia por la que se condenó a los 6 militares que estuvieron directamente implicados en su asesinato. Fue el Tribunal Superior de Cundinamarca el 30 de julio de 2013 quien declaró que el asesinato de mi hijo es un crimen de Lesa Humanidad. Fueron 5 años de proceso judicial para lograr lo que muy pocos hemos tenido derecho, una sentencia condenatoria y una investigación detallada y exhaustiva. Lamentablemente, sin que nadie me lo comunicara y con el riesgo para mi vida que implica, los seis militares fueron puestos en libertad al acogerse a la JEP a pesar de tener condenas a 53 y 54 años de prisión. Incluido el Mayor Marcos Wilson Quijano quien estuvo prófugo de la ley y quien fue detenido cuando su mujer lo denunció por maltrato.


- La JEP me ha insistido en que participe, y así lo hice el 17 de octubre de 2019, cuando acudí a la 1º Audiencia Pública en la que la JEP escuchó “a familiares de los jóvenes de Soacha”. Ese día solicité a la Sala una serie de investigaciones y aún sigo esperando una respuesta de su parte. Ese día también, la Magistrada Catalina Díaz, me interrumpió mandándome a callar. Tuve 15 minutos a diferencia de todo el tiempo que tuvieron los militares, para poder dar todas mis observaciones a las múltiples versiones que me facilitaron apenas unos días antes. Aquel día expresé mi preocupación por el contenido de las versiones que los militares estaban dando a la JEP y por ese perdón frío y calculador que estaban dándonos. Indicando que la versión dada por el Mayor Marcos Wilson Quijano y por el Teniente Diego Aldair Vargas, quienes son los responsables del asesinato de mi hijo, no contribuyen ni aportan nada a la verdad que yo no supiese anteriormente. Por lo que vuelvo a preguntar ¿cuál es el aporte que ellos están haciendo a cambio del beneficio de su libertad?

- Como víctima no puedo estar de acuerdo en que muchos de los miles de casos de ejecuciones
extrajudiciales vayan a quedar impunes por “criterios metodológicos de selección y priorización”, que implican que “no todo puede ser judicializado, no todos los agresores serán llamados a reconocer responsabilidad en audiencia pública, ni todos los hechos victimizantes serán objeto de sanción”. Al menos, en la Justicia Ordinaria, a pesar de su lentitud, de los múltiples impedimentos que los militares y sus abogados realizan y todas las dificultades que quienes hemos luchando durante años en el sistema judicial conocemos, teníamos el derecho a un juicio por cada uno de nuestros casos.

- Respecto al Auto 125, me gustaría saber, por qué las víctimas y la Procuraduría dicen que son más de 480 víctimas y no 120 como así aparece en dicho Auto, ¿qué reconocimiento de Verdad han hecho estos 11 máximos responsables si todavía no hay claridad de cual es el universo de víctimas?

Y aún es más, a pesar de las múltiples páginas que componen el Auto sigo sin saber el argumento de por qué imputaron a estos 11 como máximos responsables y no a otros como el Comandante de la 2º División, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz o incluso a Medardo Ríos, quien en su versión insistió en reconocer hasta lo que no ha hecho con tal de no volver a prisión.

También quiero expresar mi preocupación de por qué no se les acusa de tortura si existen múltiples evidencias de que algunos de nuestros familias fueron torturados antes de ser asesinados, como se evidencia en los informes forenses.

Además de lo anterior, me gustaría presentar mis objeciones sobre dos de los imputados en la Audiencia, Sandro Pérez y Alexander Carretero.

- Respecto a Sandro Pérez, quien pudo haber detenido las muertes del caso Soacha y no lo hizo, creo que es importante dar a conocer que este señor estuvo prófugo de la ley todos estos años. Tiene más de 7 órdenes de captura en Colombia y varios procesos judiciales abiertos. Durante el 2009 estuvo en diálogos con la Fiscalía, negociando su condena y cuando supo que cumpliría años de prisión se fugó a Venezuela, como así lo reconoce en la versión que dio ante la JEP. Durante todos estos años, nunca le importó contribuir a la verdad de los hechos, ni tuvo respeto por nosotras las víctimas. Y tal es su descaro que en esa versión reconoció a la magistrada Catalina Díaz que ha vuelto a Colombia porque la JEP le garantiza que las ordenes de capturas serán retiradas y él gozará de libertad.

- Respecto a Alexander Carretero, informarle a la JEP que no es la primera vez que reconoce su responsabilidad. En un preacuerdo que logramos en 2017, Alexander Carretero reconoció su responsabilidad como coautor de los delitos de Desaparición forzada en concurso homogéneo y sucesivo de homicidio agravado de 14 jóvenes, incluido Fair Leonardo Porras, aceptando 44 años de prisión. Desde entonces Alexander ha intentando negociar en varios ocasiones una reducción de su condena, prometiendo reconocer más casos, destacando que en el preacuerdo se comprometió a ser testigo de la Fiscalía. Entonces, la pregunta que me surge es si el compromiso del cual hablaba estos días sólo se da si hay libertad de por medio. Por lo que no comparto porque la JEP no sólo lo ha puesto en libertad sin consultarnos a quienes realizamos aquel preacuerdo, sino que la imputación de cargos es menor, al imputarle el homicidio a título de complicidad.

Del mismo modo y para contribuir con el proceso actual quiero señalar que Alexander Carretero incurrió en falso testimonio tanto en su versión que recoge el Auto 125 como en su reconocimiento de responsabilidad en la Audiencia Pública, al mentir sobre cómo y cuándo conoció a mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal, así como en lo referente a que él no sabía que lo entregaba para ser asesinado. Su culpabilidad es mayor a la reconocida.

Por ello, solicitó que la Sala correspondiente de la JEP revise todos los testimonios que Alexander Carretero ha aportado en todos estos años de proceso judicial desde las primeras diligencias de indagatoria que dio el 6 de mayo de 2009, y sino en la sentencia que yo misma entregué a la JEP el 17 de octubre de 2019, en ella se incluyen los extractos de esos testimonios y de las investigación que aseguran que Alexander Carretero en la tienda “los costeños” en Soacha, se reunía para seleccionar sus víctimas y que conocía a mi hijo desde mucho antes de llevárselo para se asesinado, porque mi hijo le ayudaba con la venta de empanadas.

Han sido muchos años de lucha, de esfuerzos, de amenazas, por mi parte y por muchas organizaciones, colectivos, instituciones, víctimas, investigadores y un sin fin de personas que han querido denunciar estos crímenes de Estado, contando con toda la información precisa necesaria. A muchos les ha costado la vida y otros se han visto obligados a exiliarse. Por ello, creo que no debemos caer en falsas ilusiones, ni jugar con la esperanza ni el dolor que tenemos las víctimas. Tenemos una gran desafío por delante, en el que debemos seguir trabajando juntos siendo conscientes de los retos y consecuencias que las decisiones tomadas con celeridad por la JEP pueden conllevar y más cuando los victimarios han pasado a ser el centro de esta Institución y no ya las víctimas.

Escribo todo esto, hoy 28 de abril, cuando se cumple un año del Estallido Social, en el que la Fuerza Pública volvió asesinar a jóvenes que expresaban su indignación ante la desigualdad y la falta de oportunidades. Por una Paz con Justicia Social.

 

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En riesgo, el aborto legal en Estados Unidos

Washington. Un borrador de opinión que circuló entre los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos sugiere que en febrero la mayoría de ellos apoyó la anulación del histórico caso de 1973 Roe v. Wade que legalizó el aborto en todo el país, según un informe publicado anocheen el portal Politico.

No está claro si el borrador representa la última palabra de la Suprema Corte sobre el asunto.

Ningún proyecto de decisión en la historia moderna del máximo tribunal se había hecho público mientras un caso estaba pendiente, por lo que significa una revelación sin precedente, señaló el New York Times.

Politico publicó lo que se denominó un "primer borrador" de la "opinión de la Corte" en un caso que impugnaba la prohibición del aborto en Misisipi después de 15 semanas, caso conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Según el borrador, la corte anularía la decisión del caso Roe v. Wade para un derecho constitucional federal al aborto. La opinión sería la decisión de este tema más importante en décadas y transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos, indicó CNN.

El impacto inmediato del fallo, tal como está redactado, permitiría que cada estado decidiera si restringe o prohíbe los abortos, reportó el portal.

La Suprema Corte aún tiene que emitir un fallo en el caso, y se sabe que las opiniones, e incluso los votos, cambian durante el proceso de redacción. Se espera que el tribunal se pronuncie antes de que concluya su mandato, a finales de junio o principios de julio.

El borrador está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de 6-3 de la Suprema Corte.

"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", señala el borrador. "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo".

Politico dice que autentificó el borrador, pero la agencia Ap no pudo confirmar su veracidad.

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Jenny al lado del recuerdo vivo de su hijo. Foto por Angélica Bohórquez.

“Tribunal popular busca justicia para las doce víctimas de la represión en Siloé, dice Isabela Albán

 

El martes 3 de mayo se instala en Cali el Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’, que escuchará los testimonios de familiares de las doce personas de este sector de la capital del Valle asesinadas en la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo caleño.

En el Tribunal Popular, que contará con jueces internacionales, también serán escuchados testimonios de familiares de muchas otras de las 48 personas asesinadas por la Fuerza Pública en Cali y de los afectados por las violaciones masivas de derechos humanos en las que incurrieron agentes del régimen de Duque en la represión contra los participantes en el Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021.

La instalación del Tribunal se efectuará a las 5:00 p.m. del martes 3 de mayo, en el Parque de la Horqueta de Siloé, sur occidente de Cali.

Entre el 4 de mayo y el 8 de septiembre se hará el acopio de pruebas y la contrastación de evidencias, en tanto que el 9 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de juicio, acusación e impugnación.

El 10 de diciembre se conocerá la sentencia de este juicio social, orientado a evitar que haya impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas a órdenes del gobierno de Duque.

Impulsan este ejercicio de control y justicia social los familiares de las víctimas, el Museo Popular de Siloé, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Unicatólica, el colectivo Nomadesc, el movimiento N21 Incluyente y Diverso y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.

El Tribunal cuenta también con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali, la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Asociación Americana de Juristas (Capítulo Colombia), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo 28A, entre muchas otras organizaciones, además de varias instituciones internacionales.

PERIODISMO LIBRE dialogó sobre el Tribunal con la socióloga Isabella Albán H., integrante del Museo Popular de Siloé y una de las organizadoras del certamen, quien sostuvo que el evento procura, entre otros objetivos, que haya justicia para la memoria de las doce personas asesinadas en la represión llevada a cabo por los órganos armados del Estado contra la comunidad de Siloé entre abril y junio de 2021.

El Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’ se cumple al conmemorarse un año de iniciado el Paro Nacional y el levantamiento social contra las políticas neoliberales y violatorias de los derechos humanos del gobierno de Duque.

La Operación Zapateiro hace referencia al plan que anunció el régimen a través del comandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, quien sostuvo ante Duque que en una semana “recuperaría el orden en Cali”, anunció que tuvo terribles consecuencias que serán objeto de documentación en el Tribunal Popular de Siloé.

Cali, domingo 1 de Mayo de 2022.

Periodismo libre

 

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