Investidura de Gustavo Petro y Francia Márquez ante el mundo popular

Juraron con un ritual indígena y ante las organizaciones populares

 

El Parque Tercer Milenio se bamboleó con un ritual indígena que le dio la bienvenida primero a Francia Márquez y más tarde a Gustavo Petro. Con cánticos en lenguas ancentrales de los "mayores" (líderes) y un gran mandala lleno de elementos de la naturaleza, la vicepresidenta y el presidente electos por la alianza Pacto Histórico fueron investidos espiritualmente en la víspera a la toma de posesión formal del domingo. Será el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Petro se dirigió a los diversos movimientos sociales. "Les quiero agradecer su presencia en este acto ceremonial. Aquí va a comenzar un gobierno de la paz, de la justicia ambiental, de la justicia social. El poder real está aquí, en el movimiento popular". 

El líder progresista prometió inaugurar "un gobierno con los movimientos sociales y no sobre los movimientos sociales. El presidente los convoca a organizarse". Y prometió construir una democracia multicolor. "Es una construcción nueva, democrática. Nunca se ha vivido en el país una democracia multicolor. El gobierno se pone al servicio de su pueblo".

Los representantes de distintas organizaciones, que ondeaban banderas, le respondieron con aplausos y cantitos de "Si se pudo, sí se pudo". Entre el millar de asistentes había familias con hijos, jóvenes, militantes, pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y zonas rurales de toda Colombia.  

Miriam Chamorro, de la etnia Emberá -Chamí, estaba en primera fila con un clavel rojo en la mano. Dijo a Página12, "la llevo para que la vida no muera en primavera". La mujer, de 60 años, vestida con un poncho azul, y con una larga trenza dijo que esperaba que con el gobierno que asume este domingo "la madre tierra esté más cuidada". "El francking debe ser abolido, como así otros proyectos extractivistas. Hemos vivido miles y miles de años sin ellos.. Si se acaba el agua limpia, los ríos, las montañas, ¿de qué nos habrá servido la productividad?". 

Entre las primeras medidas que se someterán a debate en el Congreso destacan la prohibición del fracking, una ley de urgencia contra el hambre y una reforma tributaria. Un nuevo esquema impositivo "más progresivo y justo", repitió Petro durante la campaña. Así, la mayor recarga tributaria recaerá sobre las 4 mil fortunas más grandes de Colombia. Se busca recaudar cerca de 50 billones de pesos anuales (unos 11.500 millones de dólares).

Con la ambiciosa reforma tributaria el gobierno entrante pretende aumentar los recursos de la nación, que para 2023 tendrá un presupuesto de 391,4 billones de pesos (unos 91,190 millones de dólares de hoy) según el proyecto. 

En un país de 50 millones de habitantes, castigado por la inflación (10,2% interanual), el desempleo (11,7%) y la pobreza (39%), el gobierno electo propone una batería de reformas para reducir la brecha entre ricos y pobres, en uno de los países más desiguales de la región. 

Esas iniciativas generan expectativas entre los congregados en el Parque Tercer Milenio. Como Jorge Lara, afrodescendiente de 52 años, docente universitario.  "La brecha económica y social es muy amplia. Esperamos que Petro la pueda reducir. El 40 por ciento de la población vive en la pobreza. Es sumamente alta".

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 19,6 millones de personas estaban en condiciones de pobreza en el país el año pasado -de 50 millones- 

Lara subrayó la necesidad de vivir sin violencia. "Nosotros anhelamos la paz total en este país. Una vez que lo solucionemos podremos avanzar. Tenemos muchos recursos. Pero la guerra y la inseguridad que nos tocó vivir durante los últimos 60 años fue muy crítica y muy aguda. Si logramos la paz total como la plantea Petro podemos avanzar muchísimo". 

A Petro le tocará suceder a Iván Duque, cuyo gobierno estuvo marcado por su incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, el fracaso de su reforma impositiva y las críticas a su gestión por la represión a los manifestantes del estallido social de 2019. Tras la derrota electoral de la derecha y el establishment, el economista convocó a un Gran Acuerdo Nacional con partidos de centro, entre ellos el Liberal.

Los acuerdos que trazó Petro luego de su victoria se tradujeron en designaciones en los ministerios, así como en la conformación de mayorías en el Congreso. El gabinete aúna liderazgos tecnocráticos progresistas -como el de José Antonio Campo en Hacienda o Alejandro Gaviria en Educación-, con líderes indígenas en puestos importantes y un referente de derechos humanos, Danilo Rueda, como Alto Comisionado para la Paz.

Antes que el presidente electo, estuvo presente Francia Márquez, articuladora del mundo popular. Esta mujer afrodescendiente, feminista, anticapitalista, dijo que tienen enfrente a la "elite más peligrosa de la región", en clara alusión al probable acecho que tendrán de la los sectores más conservadores del país. Por eso, esta también activista ambiental insistió en el "Gran Acuerdo Nacional" para trabajar sobre el respeto a la vida y por la paz.

A los presentes les agradeció el largo camino de lucha. "Este camino no empezó en una campaña electoral, este camino empezó en la resistencia de los pueblos, resistencia que se ha mantenido en más de 500 años, que a muchos les ha costado la vida, que a muchos les ha costado el exilio y que a muchas mujeres nos ha costado casi todo", subrayó la vicepresidenta electa, quien proviene del departamento del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

 "Mis tareas son a partir de la delegación que haga el presidente. Lo que yo puedo hacer en este gobierno está en las funciones que me delegue el presidente y por supuesto mi voz, mis funciones estarán ahí", aseguró Márquez, en un mensaje entre líneas a su compañero. 

Mientras hablaba Márquez, Pilar Liscano, de 27 años, asentía y movía su bandera del Movimiento Ciudad en movimiento. Dijo que desde su organización iban a apoyar las iniciativas del Ministerio de Igualdad, que está previsto sea dirigido por Márquez. 

Liscano, joven licenciada en educación presencial, llevaba el pañuelo violeta en su cuello. "Queremos ayudar a mejorar la realidad de las mujeres y de las identidades de género", dijo a este diario. Y sobre el derecho al aborto, agregó. "La discusión avanzó en Corte Constitucional, existe un marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo, pero falta el avance en la sociedad. Los médicos pueden declarar objeción de conciencia". 

En esa línea sumó su entusiasmo con la figura de la vicepresidenta Farides Pitre Redondo, mujer afrodescendiente del departamento de la Guajira. "Francia Márquez representa a la mujer luchadora, a la que está en nuestros territorios, simboliza una oportunidad de cambio. Los pueblos étnicos esperamos que este cambio sea representativo para nuestras comunidades. El hambre y la violencia  pasen a segundo plano. Que tengamos mejor educación, necesitamos una política de salud diferencial. Esa es la esperanza que tenemos", dijo esta maestra de 53 años. 

En el momento de cierre de la investidura espiritual Petro les dijo a los presentes: Nos vemos mañana en Plaza de Bolívar. Allí, este domingo jurará como presidente después de décadas en las que buscó llegar al poder para cambiar a Colombia. De guerrillero del M19 (Movimiento 19 de Abril),  a alcalde de Bogotá (entre 2012-2015) y senador. En la ceremonia de investidura participarán una decena de jefes de Estado, entre ellos Alberto Fernández, Gabriel Boric (Chile) y Luis Arce (Bolivia), con quienes ha mostrado sintonía política. Y con quienes mantuvo reuniones Francia Márquez en una gira regional una semana atrás. 

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Francia Márquez. Luis Grañena

Ella es mucho más que la vicepresidenta de Colombia. Es un puente de lo particular a lo universal político; es un impulso desde el cuerpo y el territorio hacia un horizonte de dignidad compartida. Nos habla de un futuro mucho más fértil

Por Iván Olano Duque 6/08/2022

Sus primeros recuerdos tienen que ver con el río, la fertilidad de la tierra y los lazos comunitarios. Recuerda que iba a pescar con su madre, una partera que ayudó a nacer a más de setenta personas, y que iba con su abuelo y sus primos a armar barbacoas –una trampa de madera en el río, donde la corriente es más fuerte–, y subía en la mañana con muchos pescados que no eran para vender, sino para compartir con la comunidad. Recuerda que aprendió a trabajar la tierra, los cultivos de pancoger (la denominación en Colombia de la agricultura para el consumo propio), el maíz, la yuca, el plátano y el frijol. Y recuerda que fueron sus abuelos quienes le enseñaron la minería tradicional. Hay que empezar imaginándola ahí, en ese lugar y punto de vista específico: una niña de cinco años en el río, con una batea, lavando la arena para buscar pepitas de oro. 

Estas primeras imágenes de una vida comunitaria y arraigada en el territorio sirven para entender por qué, ante la primera conciencia de los distintos conflictos, Francia Márquez no los interpretó como un infortunio personal, sino como realidad y desafío colectivo. Y hubo un momento en que la amplitud territorial y comunitaria se convirtió en conciencia y reivindicación histórica. Le habían enseñado que era descendiente de esclavos, pero su posición en el mundo cambió radicalmente cuando descubrió que ese enunciado era falso: ella no era descendiente de esclavos, sino de hombres y mujeres libres que fueron esclavizados.

El territorio y la identidad misma venían cargados de lucha, los recuerdos más íntimos eran el punto de partida de un relato más amplio, de antagonismos estructurales, y entonces se desencadenaron todas las fuerzas. ¿Quién es Francia Márquez? Es una mujer en un régimen patriarcal, y afrodescendiente en un sistema racista y colonialista; es de la periferia rural, campesina, en un país centralista, y es ambientalista en una época en que la fractura metabólica entre humanidad y naturaleza nos tiene al borde del colapso; es latinoamericana en un orden que entiende el sur global como cantera de recursos sin agencia propia, es de clase trabajadora, fue madre adolescente, madre soltera, víctima y desplazada por la violencia. Y por todo lo anterior fue líder social desde muy joven, se convirtió en una de las voces más potentes contra las distintas violencias, y se posiciona con claridad: es antirracista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista.

Por esto se volvió una referencia internacional. Por eso Angela Davis la considera un ejemplo de lucha política y vital. Y por esto y un acumulado de movilizaciones es hoy la vicepresidenta de la República de Colombia. Francia Márquez reúne casi todos los vectores de la opresión contemporánea, pero lo admirable –lo conmovedor incluso– es que impulsa todas las resistencias.

Donde tengo sembrado el ombligo

Francia Elena Márquez Mina nació en 1981 en la vereda Yolombó, corregimiento de La Toma, al sur de Colombia. Es una región montañosa, fértil y rica en oro, cercana al océano Pacífico y justo antes del valle geográfico del río Cauca.

Durante la Colonia, todas las minas eran propiedad de la Corona y se daban en concesión a familias acaudaladas. Cuenta Alfredo Molano Bravo –el más notable cronista del conflicto social en Colombia– que al principio la mano de obra en esa región fue indígena, pero las rebeliones fueron constantes y los españoles decidieron comprar esclavos africanos para la explotación del oro, pero también para el trabajo complementario en las haciendas de la planicie: la ganadería y la caña de azúcar. Para disminuir costos de alimentación los patrones permitían a los esclavos que trabajaran la tierra cercana a la mina. Eso determinó que, desde mediados del siglo XVII hasta hoy, las familias tradicionales de la región no fueran sólo mineras, sino además agricultoras.

En la Colonia, y luego en la Independencia, cambiaban poco a poco los beneficiarios de las concesiones en la región, los grandes apellidos y hasta comunidades religiosas se repartían la tierra y las minas, negociaban montañas enteras desde las ciudades, pero las familias afrodescendientes permanecían. Con la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851 hubo una indemnización a los esclavistas, pero se les dijo a los esclavos libertos que si querían seguir trabajando las minas –que ya habían trabajado en condición de esclavitud por doscientos años– debían arrendarlas o comprarlas. Es decir, no sólo no los indemnizaron por la injusticia histórica, sino que pasaron de trabajar como esclavos a pagar para poder trabajar en su propio territorio. Muchos grandes esclavistas se convirtieron así en rentistas. Recuerdo el comentario amargo de Estanislao Zuleta: no fue la generosidad de la élite ni la reflexión sobre la dignidad humana lo que acabó la esclavitud en América, sino su encarecimiento y el hecho de que fuera preferible pagar un salario bajo. En otras palabras, la idea de la libertad se puso de moda cuando la esclavitud dejó de ser un buen negocio. 

Pero un campesino próspero también es un mal negocio para los grandes hacendados, porque vuelve escasa y costosa la mano de obra. Así que los campesinos del Valle, muchos de ellos afrodescendientes, fueron arrinconados por la voracidad de los poderosos propietarios de haciendas de caña de azúcar. Desde principios del siglo XX se registra un aumento significativo de la conflictividad por la tierra, la violencia, el desplazamiento forzado a las cordilleras y a las grandes ciudades, lo que multiplicó la población pobre asalariada. Los latifundistas –que tenían también el poder estatal– no dejaron de apoderarse del Valle, y de organizar bandas armadas para reprimir a sangre y fuego toda rebelión campesina, negra e indígena. Los grandes poderes con intereses mineros tenían ahora nombres en inglés. A mediados de siglo XX, durante el periodo que conocemos en Colombia como La Violencia (desde antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hasta una década después) la dinámica anticampesina y antipopular se mezcló con el discurso anticomunista: entre Policía, Ejército y bandas mercenarias avanzaron por el norte del Cauca –con claro criterio racista– tratando de borrar todo conato de insumisión. 

Esa ha sido la constante histórica. Hubo conquistas populares significativas, como el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 que le dio paso a la Ley 70 de 1993 y que reconoce al fin la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, pero el esquema de las tensiones políticas y sociales es el mismo desde la Colonia hasta la actualidad: una población campesina, indígena y afrodescendiente que se aferra al territorio, que rebusca el modo de seguir viviendo ante los embates de latifundistas y grandes capitales –incluidas las mafias del narcotráfico– que recurren sistemáticamente a la violencia estatal y paraestatal. Pero entre tantas montañas la rebeldía siempre sobrevive. Y me atrevo a decir que se convierte en una suerte de patrimonio cultural.

Allí nació Francia Márquez. Los más viejos enseñan a cuidar el territorio, pues costó años de sufrimiento y trabajo. Hay un sentido común establecido de que nadie les regaló nada, que cada milímetro de conquistas es el resultado de la voluntad, la resistencia, la organización y la lucha de los de abajo. Y por esa conciencia, y sobre todo ese ejemplo vivo que ninguna violencia ha logrado desaparecer, ella decidió dar desde muy joven un paso al frente. Lo ha dicho en múltiples ocasiones a lo largo de los años: si ella veía toda esa fuerza en las mayoras, mujeres que decían “a mí me matan aquí... este es el territorio donde tengo sembrado el ombligo”, ¿cómo es que ella, que tenía juventud y fuerza, no iba a hacer nada?

La casa común

Cuando Francia Márquez terminó la primaria su madre le dijo que no podía pagarle más los estudios, así que le tocó trabajar en la mina para pagar el bachillerato, para comprar el uniforme, los zapatos, los libros. Le gustaba el teatro, quería dedicarse a bailar y cantar. En la casa cultural de su municipio, Suárez, armaron un grupo de música del Pacífico, y fueron varias veces a Cali a participar en el Festival Petronio Álvarez. Pero ella siempre veía que la comunidad, incluidos varios miembros de su propia familia –su madre, su abuela, sus tíos– se reunían a discutir sobre amenazas urgentes al territorio.

En 1977 se inició la construcción del embalse La Salvajina, en la cuenca alta del Cauca. A la comunidad de Suárez le dijeron que llegaría el progreso, y cientos de campesinos se vieron obligados a vender sus parcelas –con mina incluida– a un precio irrisorio. Las armas del Ejército intimidaron las voces críticas, la gente se lanzó a sacar el oro de la tierra removida por las obras, y cuando la mayoría comprendió el enorme daño económico y cultural del embalse ya era demasiado tarde. Se organizó un Paro Cívico en 1985, cuando las obras ya estaban terminadas y se inauguró la hidroeléctrica. Al final se quedaron sin la tierra, el represamiento dividió comunidades, destruyó la vida del río y modificó hasta la temperatura y los ecosistemas de la zona, mientras que los grandes ganadores, además de las multinacionales que gestionarían la represa durante varios años, fueron los latifundistas río abajo que secaron humedales y extendieron incluso más el monocultivo de caña de azúcar.

En las comunidades quedó el sabor de un nuevo atentado histórico: gente que vivía muy lejos acumulaba beneficios en tanto que los negros e indígenas seguían poniendo muertos y desplazados, y pagaban el costo ecológico, económico y cultural. Por eso cuando anunciaron en 1995 el proyecto de desviación del río Ovejas, para aumentar el nivel del embalse y la generación eléctrica, la comunidad se opuso con firmeza. Más que sustento y modo de vida, “el río ha sido el papá y la mamá de nosotros”, decían, el corazón de la existencia misma de la comunidad.

Entonces empezó el activismo de Francia Márquez. Era adolescente, pero vivió y aprendió de primera mano cómo la organización comunitaria, exigiendo su derecho fundamental a la consulta previa, logró frenar la nueva avanzada de destrucción de la casa común que vendían como progreso.

Paramilitares y multinacionales

En 2001 hubo una fuerte presencia de paramilitares en el norte del Cauca. Como en muchas otras regiones del país se coordinaban con el Ejército, usaban sus vehículos y su logística, andaban bien uniformados, bien armados, y tenían bases en grandes haciendas. El argumento público es que era una operación antiguerrillera, pero casi no hubo combates, y en cambio sí hubo numerosos retenes a la población civil, torturas, ejecuciones públicas y masacres. Alrededor del río Naya los campesinos denunciaron el asesinato en tres días de más de cien personas, muchos de ellos descuartizados, en lo que luego se conocería como la masacre del Naya. En realidad fue una avanzada del proyecto paramilitar, en su mayor momento de expansión, para instaurar el terror y dominar una región estratégica para el narcotráfico –por sus rutas al océano Pacífico– y siempre atractiva para poderosas multinacionales.

El Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) otorgó en toda la región concesiones mineras a gran escala a influyentes individuos y empresas foráneas, y entre ellas a un hombre que –denunció la comunidad– actuaba como testaferro de la AngloGold Ashanti, una de las multinacionales mineras más grandes del mundo. En 2010 llegó una orden judicial de desalojo: mil trescientas familias que habitaban el territorio desde hacía siglos eran señaladas de repente como intrusos, ocupantes ilegales que impedían hacer efectivo el título minero del empresario-testaferro. Según las autoridades, en la región no había registro alguno de la existencia de grupos étnicos. Para entonces Francia Márquez ya hacía parte del Consejo Comunitario de La Toma y del Proceso de Comunidades Negras. Su voz era cada día más fuerte. Cuando los funcionarios, despóticos, se atrevieron a decir que ellos no eran una comunidad negra Francia Márquez contestó: “Ustedes, los racistas, que toda la vida nos han negado, en un sistema colonial, ¿son los que van a decir si somos o no somos?”

No iban a dar ni un paso atrás así se les viniera todo el Estado encima. Las mayoras volvieron a decir “a nosotras nos matan aquí”. Interpusieron una acción de tutela (el mecanismo judicial más efectivo y accesible, establecido por la Constitución de 1991, para la protección de derechos fundamentales) y lograron frenar el desalojo. Pero como el proceso de desviación del río Ovejas, nada es definitivo; los lobbys del gran capital persistían, así que llegaban nuevas órdenes y tocaba movilizarse para conseguir nuevos amparos legales. Entonces se multiplicaron las amenazas de los paramilitares –listas, panfletos, llamadas– contra todos los líderes de La Toma, y muchos tuvieron que salir del territorio. Sabían que las amenazas nunca eran vanas: por poner sólo un ejemplo, en 2010 asesinaron a ocho mineros al lado del río Ovejas.

Es el modus operandi en toda Colombia: las multinacionales llegan respaldadas por el Estado. Si la resistencia de las comunidades logra frenarlas con organización y algún amparo legal, entonces intentan comprar a algunos líderes. Si no lo logran, pasan a la intimidación o la violencia directa. Ganan a toda costa, por las buenas o por las malas.

A la luz de un problema

El argumento de las multinacionales es que hay mucho oro en esas montañas, y que sacarlo es una gran oportunidad de trabajo, riqueza y desarrollo. El argumento de los mayores y las mayoras de las comunidades es que la extracción a gran escala destruye todos los equilibrios, que “es mejor una gotera siempre, que un chorro que usted no pueda contener”, que la minería es una actividad cultural y ancestral que debe complementarse con la agricultura, no una simple fuente de riqueza, y que el único modo de garantizar que los nietos de sus nietos sigan viviendo en el territorio es extrayendo sólo lo necesario, poco a poco y sin avaricia, con la fuerza de los brazos y una batea de madera dura.

La fuerza de las multinacionales está en la riqueza y en sus palancas estatales; la fuerza de la comunidad está en la organización y, aunque parezca paradójico, también en su apropiación del Estado. Esta es una dinámica que vale la pena subrayar: el Estado colombiano –en su marco histórico, oligárquico y racista– ha sido el principal victimario de las comunidades étnicas, pero la disputa popular del mismo Estado ha sido garantía de su sobrevivencia. Y es que el Estado puede y suele ser una herramienta de dominación de la clase dominante, sí, pero también es la única estructura que puede garantizar a largo plazo los derechos y la dignidad de las clases subalternas. El discurso antiestatal es, pues, combustible antidemocrático. Sin Estado –sin instituciones formales y leyes claras– la sociedad queda a merced de la ley del más fuerte; es decir, del que tenga la riqueza y las armas.

El derecho es por tanto una herramienta al mismo tiempo hegemónica y contrahegemónica. A la luz de este problema Francia Márquez deja a un lado su proyecto de estudiar antropología y decide que para servirle a su comunidad debe estudiar derecho. Era claro: la amenaza del poder venía cargada de fusiles y brutalidad, pero también de argumentos burocráticos, leyes y procesos laberínticos. Habían logrado defenderse en ese terreno desigual, pero siempre con abogados de otros lados, gente que no conocía el territorio. Aunque ganaran batallas, era una pérdida tácita de soberanía. ¿Qué sucedería el día en el que no llegaran los abogados solidarios de las grandes ciudades? Si para defenderse necesitaban a alguien de muy lejos, serían siempre dependientes y vulnerables. Había que defender a la comunidad con las herramientas del adversario. 

La marcha de los turbantes

Su primer hijo lo tuvo a los dieciséis años (con un hombre que se fue y no volvió a aparecer). Francia trabajó en la mina hasta el día anterior al parto, que fue asistido por su madre, así como el de su segundo hijo algunos años después. Le tocó ser madre soltera, pero vivía en la casa familiar, y a veces vivían allí hasta más de veinte personas. Mamá, abuela, hermanas y hermanos, tíos... todos daban una mano en la crianza. Muchas veces, por dedicar jornadas enteras al activismo, temió que al no trabajar en la mina no tendría con qué alimentar a sus hijos, pero su familia grande estuvo allí. Cuando estudiaba derecho en Cali no tenía el dinero de la matrícula, y algunos profesores la sacaban antes de los exámenes al comprobar en una lista que aún no había pagado. Tuvo que posponer varios semestres por falta de recursos. Trabajó como empleada doméstica, donde no le pagaban ni el salario mínimo, y llegó a montar un pequeño local de tamales con sus primas –que tuvieron que cerrar después de recibir amenazas– para el que se despertaba a las tres de la mañana. Entre tanto continuaba su activismo político. Hay que decirlo: esta es la historia de Francia Márquez, pero también es la historia de la mayoría social en uno de los países más desiguales del planeta. En medio de la violencia, con mil vientos en contra, cada nuevo día hay que rebuscar cómo seguir viviendo.

Francia Márquez ya era la representante legal del Consejo Comunitario La Toma. Habían logrado frenar los títulos mineros otorgados por el Gobierno Uribe, pero el precio del oro estaba en máximos históricos y a la región llegaron, amparados por las mafias, miles de mineros ilegales de todo el país con maquinaria pesada. El Gobierno no hacía nada a pesar de las denuncias. Un día Francia estaba en clase en la universidad en Cali cuando la llamaron varias mujeres de su comunidad: ante la inacción del Gobierno habían tomado la decisión de ir ellas mismas a parar las máquinas. “Si nos morimos nos morimos, pero ya no aguantamos más”, dijeron, “no queremos seguir escuchando las retroexcavadoras en la noche... no queremos que el río se siga destruyendo”.

Francia Márquez viajó a Suárez y ya todas las mujeres habían organizado a la comunidad y fueron a enfrentar las cuadrillas que destrozaban el lecho del río Ovejas. Les dijeron que tenían que irse, que ese territorio estaba protegido. Contestaron que no. Dijeron que si no se iban, quemarían la maquinaria. Contestaron que sí, que se atrevieran, que al fin y al cabo ellos –la comunidad– no eran nada. Las mujeres regresaron impotentes, y en las mañanas siguientes encontraron folletos con amenazas de muerte que habían repartido bajo las puertas de todas las casas.

En medio de la desesperanza y la frustración, Francia Márquez recordó otros ejemplos de visibilización de causas políticas, y entonces propuso una gran movilización: que todas las mujeres hicieran una marcha de muchos días, que caminaran todo el país si era necesario, y que no se detuvieran hasta que el Gobierno les prestara atención. Las mujeres de la comunidad rechazaron la idea: tenían miedo, y argumentaron que eso era exponerse al maltrato lejos del territorio. Francia les dijo: “Vean, si ustedes no van, yo me voy sola con mis dos hijos. Salgo el próximo lunes”.

Su determinación impulsó a otras mujeres. Discutieron estrategias, rutas, y plantearon la necesidad de un símbolo que las identificara: los turbantes, ese legado ancestral usado por las matronas y que significaba autoridad y fuerza. Compraron telas y toda la comunidad ayudó en su elaboración. Los mayores llegaron en la noche, les dieron la bendición y sólo exigieron una cosa: que regresaran sanas. El 17 de noviembre de 2014, 15 mujeres salieron de La Toma –junto a treinta jóvenes que se convirtieron en guardianes cimarrones–, pasaron por otras comunidades, dialogando, explicando la necesidad de interpelar directamente al gobierno nacional, y muchas otras mujeres se fueron sumando en el camino. Al principio los discursos los daba siempre Francia, pero al ver el recibimiento de la gente las demás mujeres se fueron empoderando, y hablaban más, contestaban entrevistas, daban sus propios discursos en las plazas. Después de nueve días de marcha, cuando llegaron a Bogotá, ya no eran quince sino ochenta mujeres.

La marcha de los turbantes –el nombre de la movilización– empezó a sonar en cada vez más medios, y una alta funcionaria del Gobierno llamó a Francia Márquez para ofrecerles alojamiento. Lo discutieron en colectivo y se negaron: ellas no caminaron hasta Bogotá para quedarse en un hotel esperando a que les dieran una cita; la situación era urgente y exigían interlocución inmediata. De modo que fueron al edificio del Ministerio del Interior, se tomaron un auditorio y se negaron a salir de allí. “De acá no nos vamos hasta que no saquen las dos mil retroexcavadoras de minería ilegal que están a esta hora en el Cauca destruyendo el territorio”, dijeron.

El Gobierno Santos se vio forzado a establecer una mesa de diálogo. Se lograron valiosos reconocimientos y una serie de acuerdos (que, como de costumbre, el gobierno terminó incumpliendo), pero sobre todo se logró una gran visibilidad nacional e internacional. La marcha de los turbantes era la muestra de una crisis ecológica y social que se replicaba en todo el país, pero también de una sociedad civil que –en simultáneo al Proceso de Paz con las FARC– ya no estaba dispuesta a soportar impotente hasta que las instituciones les prestaran atención, sino que estaba dispuesta a tomarse las instituciones mismas.

La gran voz

La voz de Francia Márquez era inmensa por su propio proceso vital, por su talento y sus decisiones, pero sobre todo porque detrás había una comunidad con la conciencia y la urgencia política en las venas. Para entonces muchos periodistas y comunicadores populares la buscaban, los movimientos sociales de todo el país la reconocían como una compañera fundamental, los estudiantes universitarios más politizados querían aprender de ella. Pero la dinámica histórica es implacable: en Colombia todo aquel que desde los sectores populares da un paso al frente queda marcado como objetivo militar.

Había recibido muchas amenazas, pero esta era la peor. Estaba en una reunión en La Toma, en ese mismo 2014, cuando un compañero recibió una llamada en la que le informaban que la orden de asesinar a Francia Márquez ya había sido dada, y que un grupo armado la estaba buscando y andaba cerca. Alarmados, temiendo lo peor, pidieron un taxi a Cali (a más de dos horas de carretera) para sacarla escondida con sus dos hijos. Fueron horas muy tensas. Salieron al fin a las cinco de la mañana. Ya estaba amaneciendo cuando pasaron por un puente donde estaban los sicarios en una camioneta. “Como que el mundo se me vino encima –relató Francia después–, como que todo se acabó”. Los sicarios no la vieron.

A partir de entonces Francia Márquez fue oficialmente una desplazada más por la violencia en Colombia (según el Registro Único de Víctimas, más de ocho millones desde 1985). Esto siempre es doloroso, pero lo es incluso más en una tradición específica como la de Francia en la que, tras el parto, el cordón umbilical se entierra, de modo que la conexión vital con la madre se vuelve conexión vital con el territorio. Ya no pudo regresar a vivir en la casa familiar en La Toma, le tocó limitar los viajes para ver a su familia y discutir con su comunidad, pero esto no disminuyó su horizonte político.

En ese año fue a La Habana a los diálogos de Paz entre el Estado y las FARC-EP, en nombre de diversas autoridades afrocolombianas, para exigir un capítulo étnico en el Acuerdo. En un principio les dijeron que no, que ellos no tenían nada que ver con ese proceso entre actores beligerantes, pero insistieron: el conflicto se había ensañado especialmente con población indígena y afro. Después de mucha presión con distintas organizaciones (entre ellos la bancada afroamericana del Congreso de Estados Unidos) lo consiguieron. El planteamiento era que ante el libre mercado las comunidades étnicas son más vulnerables, y con simples titulaciones individuales se despiertan todas las violencias. Así que el Acuerdo Final quedó con un capítulo étnico que retoma elementos de la Constitución de 1991 y los refuerza: era fundamental la formalización de tierras enfocada en la titulación colectiva y la protección de derechos étnicos territoriales.

En 2015 Francia Márquez ganó el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, participó en cada vez más encuentros, viajó a distintos países, recibió otro premio de una organización sueca, pero sabía que los reconocimientos y foros públicos eran poco significativos mientras las relaciones de poder siguieran intactas y a los defensores y las defensoras del medio ambiente los siguieran asesinando todas las semanas. Según la ONG Global Witness, Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para el activismo ambiental, y en varios años ha sido el país con más líderes asesinados. Por todo esto cuando en 2018 la llamaron y le dijeron que había ganado el Premio Goldman, el más importante reconocimiento en el mundo para los defensores del medio ambiente, casi no reaccionó. Pero cuando le dijeron que ese mismo premio lo había recibido Berta Cáceres –a quien conoció en un foro en Perú dos años antes de su asesinato– no pudo contener las lágrimas. 

Seguir la historia personal y política de Francia Márquez es saltar permanentemente de lo más particular al panorama político más amplio; desde su río específico al desequilibrio planetario; del deseo de vivir tranquilo en comunidad al compromiso ético con las grandes luchas. Lo dijo al recibir el premio Goldman: “Resistir no es aguantar”. Y lo comprendió en algún momento y ya no pudo perderlo de vista: lo que está violentando a las mayorías sociales no son conflictos aislados. El sistema está podrido.

Soy porque somos

En 2018 Gustavo Petro impugnó la hegemonía del relato en los grandes medios de comunicación y devolvió la discusión política a las plazas. Respetando siempre la inteligencia de la gente de a pie, argumentando cada tema, elaborando discursos largos sobre un nuevo modelo de país basado en la justicia social y que pusiera punto final a la violencia estuvo muy cerca de ganar ese año la elección presidencial. Es más, debido al fraude sistemático y multimodal en las elecciones colombianas, y a la fuerte influencia de las mafias de las distintas regiones, es muy probable que en ese 2018 Petro ya haya tenido mayorías sociales a su favor. Nunca sabremos si fue así. Oficialmente ganó el candidato del uribismo.

Francia Márquez se sumó desde el principio a la Colombia Humana, ese proyecto transformador, de izquierdas, e incluso gritó un viva en su nombre cuando recibió el premio Goldman. Los años siguientes, con pandemia mediante, no hicieron sino agravar en Colombia la desigualdad social, el asesinato de líderes y la represión oficial de un régimen en crisis. Así que todos sabían que lo más probable –a menos que hubiera un magnicidio o un fraude electoral demasiado grotesco– era que Gustavo Petro se convirtiera en el próximo presidente.

¿Quién iba a ser su fórmula vicepresidencial? Francia Márquez era uno de los nombres más recurrentes, pero ella no creció ni se formó a la sombra de ningún poder. Su proceso siempre fue con su comunidad y en lucha frontal contra todas las injusticias, así que dijo que no, que ella no pelearía por la plaza máxima que le asignaba un sistema, sino que su derecho y su deber era apuntar más allá. Su pregunta hizo temblar un régimen anquilosado en lógicas coloniales: “¿Acaso una mujer negra no puede ser presidenta de la República?”

Su plataforma se llamó Soy porque somos, una de las posibles traducciones del concepto filosófico africano Ubuntu, y que establece una ética de la interdependencia; un conjunto de prácticas y valores en los que la condición humana está justificada y dignificada por su pertenencia a un colectivo, una comunidad solidaria, un espacio físico para cuidar y una cultura –un lugar de pensamiento– para reivindicar. En ese concepto estaba sintetizado su programa, y por ello trató siempre de apartar el foco de ella misma, como individuo, y de reivindicar el impulso conjunto del cual ella era portavoz provisional. Nunca habló de “mi candidatura”, sino de “nuestra candidatura”.

Por todo esto se presentó a las primarias del Pacto Histórico —la coalición de izquierdas— y su resultado fue impresionante. Gustavo Petro ganó, pero Francia Márquez sacó la segunda votación más alta, y la tercera teniendo en cuenta las primarias de todas las demás coaliciones. Es decir, se impuso a casi todas las candidaturas de la ultraderecha y la derecha, a las grandes fortunas y a hombres que llevaban décadas en política electoral, en los medios de comunicación y en los círculos del poder. Había muchas presiones para que Gustavo Petro, el ganador, eligiera a otra persona como su fórmula vicepresidencial. Pero el resultado de Francia era un mandato claro que él debía obedecer.

Fue así como la líder social afrocolombiana, de clase trabajadora, hija y nieta de agromineros se convirtió en candidata a la vicepresidencia. Y mientras Gustavo Petro hablaba de justicia social y de un conjunto de reformas urgentes, Francia Márquez iba incluso más allá: hablaba de combatir las políticas de la muerte, de la mercantilización antihumanista que nos degrada y destruye, de las luchas históricas del pasado, de las reivindicaciones de los pueblos negros, indígenas y campesinos; hablaba de feminismo, de comunidades diversas, de los derechos LGTBIQ+; hablaba de Colombia, sí, pero también de las opresiones sistemáticas e intolerables en todos lados.

Sucedió otra cosa inédita en Colombia: tanta gente se identificó y se entusiasmó con su proyecto que, como candidata a la vicepresidencia, ella sola estaba llenando plazas. Hizo su gran cierre en solitario el penúltimo día de campaña, en Bogotá, con los cerros orientales justo al lado, y le tocó interrumpir el discurso porque un rayo láser desde un edificio cercano empezó a apuntar a su cara e hizo reaccionar a su esquema de seguridad que la sacó de la tarima entre escudos antibalas. Es imposible ver el video de ese acto –intimidatorio y peligroso en el contexto colombiano– sin sentir en el propio cuerpo y en la propia garganta la frustración de Francia Márquez y el grito quebrado al que se aferró: “¡No pasarán!”

Mientras tanto, los opinadores de grandes medios, tras el barniz del culto a la tecnocracia, pero exhibiendo en realidad su racismo y su elitismo habitual, repetían una y otra vez que le faltaba experiencia, que no tenía la trayectoria suficiente para un cargo de tanta responsabilidad. Por eso la noche siguiente, el domingo 22 de mayo de 2022, en el cierre de campaña del Pacto Histórico en la plaza de Bolívar de Bogotá y con un esquema de seguridad reforzado (detrás de un cilindro metálico que la cubría hasta el pecho), Francia Márquez dijo con toda su elocuencia, su franqueza y su emoción:

Muchos dicen que yo no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país, y yo me pregunto ¿por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad? ¿Por qué su experiencia nos ha tenido sometidos por tantos años a la violencia? ¿Por qué la experiencia generó más de ocho millones de víctimas en este país?

El racismo estructural

Decían que no estaba preparada, que no conocía el Estado, que era muy radical, brava, impulsiva. No eran alegatos nuevos. Desde los tiempos en los que intentaron desalojar a las mil trescientas familias de La Toma para beneficiar al empresario-testaferro, los funcionarios hacían lo posible por deslegitimar la voz que les hacía frente, y decían que era grosera, que no medía sus palabras, que no entendía de lo que estaba hablando. Y cuando surgió como una líder con potencial electoral, la derecha empezó a decir que pertenecía al ELN (difundían fotos de una guerrillera con una pañoleta cubriéndole el rostro y decían que era Francia), e incluso el presidente del Senado dijo antes de las elecciones que esa guerrilla la apoyaba. Y cuando los grandes poderes cayeron en la cuenta de que esa mujer insumisa podría ser la próxima vicepresidenta, llegó una nueva oleada de descalificaciones en medios, pusieron en duda su origen y su biografía, y hasta se burlaron del término mayoras (esencial en la historia y cultura de la población afrocolombiana) como si fuera una ocurrencia torpe de esa misma mañana. Eran espasmos en la esfera pública del patriarcado y el racismo estructural. 

La antropóloga afrocolombiana Mara Viveros Vigoya explica que “Francia encarna el personaje de ‘la igualada’, una expresión colombiana (clasista, racista y sexista) utilizada para designar a una persona que se comporta como si perteneciera a una clase social más alta o que se toma derechos, privilegios o atribuciones que supuestamente no le corresponden”. Francia Márquez es tan disruptiva para el orden establecido en Colombia que es evidente la incomodidad de algunos comunicadores de grandes medios, habituados a entrevistar a la élite, a los que les cuesta encontrar las palabras y el tono para referirse a ella; se nota el esfuerzo por disimular su trato histórico, entre el desprecio y la condescendencia, hacia todo lo que ella significa.

Pero Francia continúa, y no sólo reivindica en todos los escenarios las voces y saberes de su tradición ancestral, sino incluso una estética que ha sido relegada a postales turísticas o directamente negada. Como sus palabras, los vestidos tradicionales que decidió usar durante toda la campaña también estaban cargados de significado político. Vuelvo a citar a Mara Viveros Vigoya: “Ha desarrollado un proceso pedagógico que ha puesto en evidencia la neurosis social que produce la constante negación de la ancestralidad amerindia y amefricana de la historia, cultura y subjetividad colombianas, y más ampliamente latinoamericanas”.

Ahora bien, en la amalgama de vectores políticos de Francia Márquez creo que lo más disruptivo –en Colombia, pero tal vez en todos lados– es que siempre es contestataria. En otras palabras, cuando considera que algo es incorrecto o injusto, ella no se detiene a ver si es conveniente manifestarse; algo se activa en sus venas, su identidad y su memoria y siente la absoluta necesidad de articular con palabras y con vehemencia su rechazo. Y esto no sólo es significativo para el establishment colombiano, que sistemáticamente acalla con violencia las voces críticas, sino que lo es incluso para la izquierda. Es más, esto intimida a determinados sectores progresistas con experiencia en la política institucional, que se sumaron al Pacto Histórico, pues saben que hay muchos frentes en los que ella no va a dar ni un paso atrás.

Con la rebeldía como patrimonio, con el “soy porque somos” como clave ética, con la consciencia de que las palabras son también semillas que abren grietas, Francia Márquez no obedece al cálculo sino a los principios. Y ni con todas las fuerzas en contra, ni en la minoría absoluta, ni siquiera cuando le digan que es mejor esperar a que el escenario y la correlación de fuerzas sean más propicias, ella va a contener su propia voz. Esto también es una lección y un impulso para la izquierda: quedarnos callados nunca puede ser una opción.

Hasta que la dignidad se haga costumbre

Por eso la resonancia de Francia Márquez en los movimientos sociales y en todo el litoral Pacífico colombiano, mayoritariamente negro, excluido y empobrecido. Desde Buenaventura (que en su Paro Cívico de 2017 reimpulsó la consigna de los tiempos de Allende, “¡El pueblo no se rinde, carajo!”), pasando por los ríos del Chocó y las montañas de Cauca y Nariño, hasta llegar a Cali, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de América Latina y el epicentro nacional del estallido social de 2021, Francia Márquez llama a todos a una rebelión vital. Y la gente responde al llamado porque lo estaba esperando. En el aire de todo el Pacífico se siente que, incluso por encima de muchos liderazgos populares y de izquierda –mayoritariamente masculinos–, Francia Márquez es quien por fin sintetiza las distintas luchas contra el acumulado de injusticias y, más que hablar por ellos, los está impulsando a hablar. Me lo explicó Marcela Ulloa Murillo, científica y antirracista afrocolombiana:

En comunidades negras muchos se acostumbran a quedarse callados, a no incomodar, a dejar pasar los desplantes. Sucede todos los días y es algo que hemos heredado... un modo de sobrevivir. Pero Francia por fin se planta, no se deja intimidar, y tiene tanta fuerza que nos cuestiona a todos. A ver si la gente entiende lo que es la dignidad.

Y este es precisamente uno de los pilares discursivos de Francia Márquez, porque es la piedra angular de la resistencia histórica afrodescendiente e indígena: la consciencia de la propia dignidad como punto de partida, y la vida digna como horizonte. Y a estos dos extremos –el punto de partida y el horizonte– se ata el ejercicio político que es, por definición, colectivo. Esto es algo que la derecha nunca va a entender. Su consigna “Hasta que la dignidad se haga costumbre” implica una refutación del orden de los privilegios y del discurso neoliberal que entiende la mejora de las condiciones de vida como algo estrictamente personal, de ascenso individual.

Sucedió dos días después de la elección. Una periodista le preguntó en un directo por televisión si se iba a mudar a la residencia oficial de la vicepresidencia en el centro de Bogotá, justo al lado de la Casa de Nariño, “o si eso –dijo– no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso”. Francia Márquez no se echa para atrás; está curtida en la exclusión y el menosprecio; la hostilidad, en lugar de disminuirla, potencia la necesidad de sus palabras. Su respuesta en vivo y en directo es una lección política:

No creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa (...) Si creen que porque soy una mujer empobrecida y ya porque me dan una casa presidencial estoy viviendo sabroso está muy equivocada... eso es parte del clasismo de este país (...) Y te invito más a reflexionar lo que significa el ‘vivir sabroso’ para el pueblo negro en las entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere al vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces cuando me dices que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial seguramente estás muy equivocada.

El sentido común capitalista entiende el bienestar como acumulación y aumento de capacidad adquisitiva. El sentido común oligárquico establece el bienestar como la pertenencia a los círculos del poder. Francia Márquez contesta que el bienestar es la dignidad compartida de la vida cotidiana:

Con todo el respeto, yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio, tranquila, sembrando la tierra.

Vivir sabroso

Mucha gente creyó que era un simple eslogan de campaña, una decisión de marketing político. No fue así. Como el término mayoras, el vivir sabroso es un concepto histórico esencial en la cultura afropacífica, y lo que Francia Márquez hizo fue proponerlo a escala nacional. “Vamos a vivir sabroso”, decía. Y también acá hubo menosprecio; lo acusaron de ligero y pintoresco. Pero ¿por qué habría de elegir otro concepto cuando desde pequeña había escuchado y asimilado su potencial político?

Francia Márquez lo explicó en todos los escenarios: vivir sabroso es vivir sin miedo, en dignidad, en libertad, en comunidad, con derechos plenos y en relación armónica con el territorio. Es el objetivo último de su praxis política. Y hay que decir que en muchas latitudes se han desarrollado términos y conceptos políticos que apuntan en la misma dirección. Pienso en la búsqueda del bienestar y la felicidad del pueblo como derrotero institucional, y que consta en varias declaraciones de derechos y constituciones; pienso en el “buen vivir” de distintos pueblos indígenas de la cordillera de los Andes, acuñado en el quechua Sumak kawsay y el aimara Suma qamaña, y acogido por las constituciones de Ecuador y Bolivia; y pienso también en el Wët Wët Fxi’zenxi del Plan de vida Nasa (un pueblo indígena del sur de Colombia que es ejemplo de organización y resistencia) y que podría traducirse por “vivir bien, contentos y en armonía”. Son conceptos amplios, vivos, arraigados en cosmovisiones precisas y que impulsan la acción política.

Esto nos conduce a un debate interesante. Es cierto que la sociedad es un amasijo de tensiones y luchas perpetuas, y todo el que tenga formación política desde la izquierda sabe que la lucha siempre continúa, que ninguna batalla es definitiva. Como dijo admirablemente Álvaro García Linera: “Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse... hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino”. Pero sólo sectores muy politizados están dispuestos a aceptar esto, y no es ni será nunca un horizonte deseable para las mayorías sociales.

La mayoría no quiere –y con todo el derecho– una vida de lucha, sino certidumbres, tranquilidad y seguridad material. El grito famoso de Jorge Eliécer Gaitán, “¡A la carga!”, es pirotecnia coyuntural, agitación necesaria, pero se quema muy rápido en la disputa política de largo aliento. La gente quiere vivir bien, dormir bien, comer bien, saber que sus hijos no serán víctimas de las injusticias. Así que mientras el capitalismo ofrece desequilibrios y crisis crecientes, la izquierda debe proponer no sólo confrontación, sino la idea palpable de una nueva estabilidad. Es allí donde esta serie de conceptos aparentemente simples y conservadores revelan su urgencia y su potencial contrahegemónico. 

Vivir sabroso es un concepto que nace de las comunidades negras del Pacífico colombiano, que se enriquece en el tiempo y la práctica con distintos anhelos y reivindicaciones, y Francia Márquez se encargó de que millones de personas lo acogieran en un momento político excepcional.

Es una de las sensaciones dominantes al comparar la discusión política colombiana con la discusión en otros países: en Colombia todo es tan alarmante, tan al borde del abismo, que siente uno que apenas queda espacio para discutir y proyectar un futuro posible. Es la lógica del rebusque y la violencia. Y tal vez haya una nueva dignidad en la posibilidad de vivir sin tener que apagar los nuevos incendios de cada día. Lo dice mejor la filósofa Laura Quintana:

El vivir sabroso también puede empezar al dejar de sentir el presente como una urgencia constante e implacable. Al dejar de esperar que lo peor tenga siempre que pasar. Así como lo hemos empezado a percibir en estos días.

La fertilidad del futuro

Hay que ver el video del momento en el que le entregan la credencial de vicepresidenta electa. Francia Márquez camina hacia el frente del escenario, hay un ensamble de cuerdas preparado para musicalizar la ceremonia, y de repente desde el fondo del auditorio y entre los aplausos empieza a sonar un tambor. Vemos entonces la sonrisa inmensa de Francia, y contra toda una historia de protocolos rígidos, de pesadez en las formas, de impostura heredada; contra toda una historia en la que la pertenencia a los círculos del poder se afirmaba en una diferenciación radical con la estética popular, el entusiasmo y la libertad de los cuerpos; contra todo ese peso colonial y con la mayor espontaneidad, Francia Márquez empezó a bailar.

No fue planeado, no fue escrito por nadie, y sin embargo ya está entre los documentos audiovisuales más potentes de la historia colombiana. Y ese baile tuvo un reflejo multitudinario. Lo vimos en la tarde y la noche del triunfo electoral, el 19 de junio de 2022, en los carnavales improvisados que se armaron en las calles de las grandes ciudades, pero sobre todo lo vimos en los pueblos y las regiones más apartadas. Fue hermoso. Hubo fiestas populares toda la noche en Quibdó –la capital de una de las regiones más biodiversas del mundo y al mismo tiempo la ciudad con mayor índice de pobreza de Colombia– y en Timbiquí –en medio de la selva del Pacífico, donde casi el 99% de los votos fueron para el Pacto Histórico–, e incluso circuló un video conmovedor de una lancha que avanzaba en medio de un río con más de cuarenta indígenas, muchos niños, y tocaban instrumentos y cantaban vivas al nuevo gobierno mientras una mujer mayor bailaba en el medio.

Fue un estallido de felicidad, un estallido democrático de la Colombia históricamente excluida, violentada, racializada, empobrecida. Celebraban el triunfo del primer gobierno popular y de izquierdas en la historia de Colombia, el nuevo país de justicia social y paz que –palabra tras palabra– Gustavo Petro convocó en las plazas. Pero sobre todo celebraban que Francia Márquez estaba y estará allí, en la vanguardia de su construcción colectiva.

Propongo que volvamos a ese lugar y punto de vista específico: una niña de cinco años en el río y entre montañas, con una batea, lavando la arena para buscar pepitas de oro. Volvamos a la larga historia que condujo a ese momento. Y permitámonos sentir la fuerza estética y política de que ella, Francia Márquez, represente hoy la gran resistencia a esa triada de la dominación contemporánea de la que habla Boaventura de Sousa Santos: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y que sea por tanto un cimbronazo a todo el orden establecido.

Es un cimbronazo al racismo estructural de las élites, que no tienen ningún problema en reconocer su convicción anticomunista, antiguerrillera y hasta antipopular. Pero jamás reconocerían su racismo. Así mismo, es un cimbronazo a la oligarquía colombiana, a la que le molesta mucho que un exguerrillero nieto de campesinos sea el presidente, sí, pero sobre todo le molesta muchísimo que una mujer negra y de clase trabajadora sea la vicepresidenta de la República.

Es un cimbronazo al neoliberalismo, el aparato ideológico del capitalismo contemporáneo, y que ella define como un modelo económico de muerte. Lo sabe desde la experiencia: la explotación de las personas y la naturaleza, el discurso del crecimiento y el desarrollo sólo sirve a unos pocos. Todos los victimarios –los grupos armados, las multinacionales, los funcionarios del régimen oligárquico– acusaron siempre a su comunidad de oponerse al desarrollo. Pero ella sabía que en nombre del desarrollo trajeron esclavizados a sus ancestros del África; en nombre del desarrollo les robaron por siglos la libertad y el fruto de su trabajo; en nombre del desarrollo represaron el río, inundaron las parcelas campesinas, contaminaron el ecosistema; en nombre del desarrollo llegan siempre los actores armados y asesinan a la gente. Así que contesta: “¿De qué desarrollo hablan?”. Frente a los discursos del gran capital: soberanía y ecologismo. No sólo es necesario el respeto por los equilibrios planetarios y la redistribución de la riqueza, sino incluso una nueva senda de decrecimiento para preservar la vida.

Y es un cimbronazo, también, para la izquierda. Ella sabe que el mandato que recibe no responde a un número determinado de votos, sino a siglos de resistencia y lucha. El adanismo es antipolítico. Situarse en las relaciones de poder es situarse también en la historia, así que su voz es siempre la voz de los que la alzaron en el pasado, de Marielle Franco y Berta Cáceres, de Temístocles Machado y de María del Pilar Hurtado Montaño... de todos los que ya no están. De modo que ante los moderados y cómodos, los tibios y timoratos, los equidistantes y rebeldes orgánicos, los que dicen que hay que cambiar las cosas poco a poco, sin enfrentar mucho a los grandes poderes, contesta que cualquiera que conozca de verdad el horror y la barbarie del orden establecido sabrá que no nos podemos permitir eso. Si gracias a las luchas del pasado hemos logrado disputar espacios de poder, ¿por qué habríamos de bajar la voz, moderar el tono, disminuir nuestras reivindicaciones?

Nada ha sido fácil para Francia Márquez, porque nada ha sido nunca fácil para las mayorías sociales. Pero a veces se da la mezcla precisa de conciencia, talento, inteligencia y experiencias vitales, y entonces surge una voz como esta, que nos representa en medio de la diversidad y nos impulsa al gran horizonte político –el más conservador y el más revolucionario–: el buen vivir. Y nos recuerda que el internacionalismo es urgente, porque por más distintos que sean los pueblos las luchas tienden a ser las mismas. Y nos advierte que ya no es hora de los centralismos, que el conocimiento y la respuesta pueden venir de la periferia. Y nos dice que hay que respetar y honrar los procesos colectivos, las distintas culturas y cosmovisiones, y que no existe lucha aislada, y que el análisis interseccional es tan vital como el agua, y que la fuerza para nuestra propia sobrevivencia está en “los nadies” y en las manos callosas.

Así que repitamos la pregunta. ¿Quién es Francia Márquez? En un mundo en crisis, y en el que los desafíos se multiplican, se vuelve incluso más importante la articulación de las distintas luchas. Ella es mucho más que la vicepresidenta de la República de Colombia: ella es un puente de lo particular político a lo universal político; es un impulso desde el cuerpo y el territorio, desde la tradición específica y las diversas resistencias, hacia un horizonte de dignidad compartida para la gente del común. Nos interpela a todos. Y nos habla de un futuro mucho más fértil.

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Iván Olano Duque es escritor colombiano. Premio de ensayo “Miguel de Unamuno” por su libro El sueño de la especie. Siete ensayos al borde del abismo (Devenir, 2019). 

 Twitter: @IvanOlanoDuque

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Algunos desafíos del gobierno del Pacto Histórico

Tras haber logrado la hazaña de ganar las elecciones, el Pacto Histórico debe afrontar la difícil tarea de gobernar una Colombia que votó por el cambio.

Este 7 de agosto toma posesión el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, presidido por los dirigentes del Pacto Histórico Gustavo Petro y Francia Márquez. Los colombianos votaron con el fin de superar una larga y enconada historia de violencia política y crueldad institucional, para convertir al país en una “potencia mundial para la vida”. Los partidos y movimientos sociales de izquierda, la juventud movilizada durante el paro nacional y un entramado territorial de poblaciones tradicionalmente excluidas —indígenas, afrocolombianos...—, constituyeron el sustrato de este cambio político que vino a confrontar a las élites tradicionales y a desbaratar sus mecanismos de poder.

El triunfo electoral de la coalición progresista del Pacto Histórico (PH) es una verdadera hazaña en un país cuyos gobernantes siempre se creyeron blindados contra un eventual triunfo de la izquierda. La campaña estuvo minada de dificultades y riesgos para los candidatos de esta fuerza, amenazados constantemente por grupos paramilitares. El historial de asesinatos de candidatos presidenciales progresistas con el que cuenta el país no permitía tomar esas amenazas a la ligera. No obstante, el resultado fue favorable al PH en la primera vuelta con más del 40 % de los votos, 12 puntos por encima del siguiente candidato, el populista de derecha Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta el PH obtuvo mayoría absoluta, sobrepasando el 50 % de los votos, frente al 47 % de su adversario y con una diferencia de 700.000 sufragios.

Si el triunfo electoral de la izquierda puede considerarse una auténtica proeza en un contexto tan hostil, mucho mayor es la hazaña de gobernar el país y cumplir con los objetivos propuestos a los electores. Consciente de la dificultad de la tarea que se avecina, la fórmula presidencial triunfadora se entregó al día siguiente de la victoria electoral a contactar con otras fuerzas políticas y articular las alianzas necesarias para poder aprobar reformas en un Congreso fragmentado, donde el PH se ha convertido en la fuerza mayoritaria tras las últimas elecciones, pero numéricamente insuficiente para aprobar leyes y diseñar políticas sin contar con amplios apoyos parlamentarios.

En la mirada estratégica de Gustavo Petro, la construcción de un Estado no dominado por las mafias del narcotráfico y la parapolítica, sensible a las necesidades de la población, requiere en este momento histórico del país sumar sectores que hasta ayer hicieron campaña en su contra. El apoyo del 50 % de la población que lo eligió sería insuficiente para acometer los cambios que se avecinan, y ha abierto las puertas de la coalición a formaciones de centro y derecha como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, acordando el carácter rotatorio de la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes con los nuevos aliados. Los acuerdos han supuesto también concesiones a los nuevos socios en algunos cargos del ejecutivo.

Esta estrategia ya dio un primer resultado tras la conformación del nuevo Congreso, que se constituyó el pasado 20 de julio. Apenas seis días más tarde el Senado ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de Escazú (“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”), un instrumento básico para alcanzar un desarrollo sostenible y combatir el cambio climático, dos aspectos fundamentales del plan de gobierno del PH. Sólo votaron en contra los senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que boicotearon la aprobación de este acuerdo durante el período presidencial de Iván Duque.

Otro gesto político revelador fue la asistencia de varios congresistas del PH a la Cumbre de los Pueblos Originarios convocada en Silvia, Cauca, por las siete organizaciones indígenas más representativas (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pacha Mama, Gobierno Mayor, AISO y CRIC). Entre los resultados de esta cumbre, las delegaciones de los pueblos indígenas de toda Colombia concluyeron: “Participaremos en esta era de transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de nuestros derechos y la transformación del país”. A fin de articular esfuerzos para hacer efectivos estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto una comisión de interlocución directa” con el presidente Gustavo Petro.

El cambio ha llegado en primer lugar a desbaratar las viejas formas de la conducción política de los asuntos que afectan a las comunidades. El paternalismo verticalista de los sucesivos gobiernos derechistas quedaría así sustituido por un diálogo horizontal, del gobierno nacional con las autoridades locales, para atender sus reclamos y determinar sus necesidades.

El desafío de consolidar la paz

Los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Ante todo deberá priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, “hecho trizas” durante el período presidencial de Iván Duque. La nueva política de seguridad deberá proveer la protección adecuada a los ex combatientes de la guerrilla reincorporados a la vida civil y acabar con los grupos paramilitares causantes de las continuas masacres y los asesinatos de líderes sociales.

La violencia política no ha mermado desde el triunfo electoral del PH. Por el contrario, hasta el 12 de julio la cifra se ha incrementado respecto al año 2021, según datos de Indepaz, hasta un total de 108 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos (incluidos 25 líderes indígenas), 53 masacres con 185 muertos y 28 asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a 30 agentes de la fuerza pública durante el primer semestre de este año, dejando una vez más al descubierto el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque.

Este es el escenario en el que deberá maniobrar cuidadosamente el nuevo gobierno, a sabiendas de las resistencias que encontrará en estructuras de la fuerza pública que han actuado en alianza con los grupos paramilitares, al servicio de terratenientes y de empresas extractivistas. Sin duda uno de los mayores desafíos, vinculado a la ambición de consolidar y extender la paz, es la remoción de los altos mandos del Ejército y la Policía y una profunda reforma institucional de estas fuerzas. Otro importante desafío será el de reestructurar los presupuestos y el número de efectivos de estas instituciones para adecuarlas a las expectativas de una ciudadanía que ha superado las dinámicas de guerra y que se ha impregnado del “clima de la paz”.

La primera aparición pública de Gustavo Petro tras la victoria electoral fue el 28 de junio, día en el que acudió a la presentación del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Aunque también había sido invitado al evento el presidente saliente, Iván Duque, este declinó acudir alegando motivos de agenda, por su compromiso de asistir a la cumbre de la OTAN en Madrid (dedicada a la guerra de Ucrania y el aumento del gasto militar). El contraste simbólico entre ambos escenarios no podría ser más brutal.

El Informe de la CEV da cuenta de las violaciones de derechos humanos cometidas durante más de medio siglo por los distintos actores armados (guerrillas, paramilitares y fuerza pública) y concluye proponiendo estrategias para enfrentar la violencia que genera el narcotráfico, así como para evitar la impunidad y abordar la transformación de las fuerzas de seguridad. Gustavo Petro se comprometió en su discurso a asumir las recomendaciones de la Comisión desde el inicio de su mandato. Petro afirmó que el organismo se constituyó como “una de las instituciones de la paz, precisamente como la posibilidad nacional de una reconciliación, de [alcanzar] la convivencia nacional y social”. En su alocución argumentó:

“¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión [...] cortar los ciclos de la venganza. Cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos donde una víctima se vuelve otra vez victimario. Cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez —a pesar de acuerdos de paz, tratados, reformas— hacia la violencia. La violencia no está en nuestros genes. […] Cortar los ciclos de la venganza es lo mismo que cortar los ciclos de la violencia.”

Hay un claro trasfondo filosófico de origen cristiano en la idea de reconciliación y perdón que se propugna desde de la CEV y que Petro asume también como suya. Más allá de cualquier reparo ideológico, este enfoque arraigado en la tradición religiosa del país ofrece un diagnóstico fundamentado de las causas psicológicas de la violencia que azota a la sociedad colombiana, una violencia que se ha vuelto en cierto modo idiosincrática de amplios sectores sociales y que desde esta perspectiva sólo podría detenerse con un gran cambio colectivo de mentalidad.

Las propuestas de reconciliación y perdón social no implican impunidad para los autores de masacres y otras atrocidades, ya sean miembros de la fuerza pública o de grupos irregulares. Petro aseguró que bajo su gobierno la justicia hará su trabajo sin interferencias del poder ejecutivo. No obstante, uno de los desafíos del nuevo presidente consistirá en dar impulso a un sistema judicial creíble, eficaz y depurado de funcionarios corruptos.

La Convocatoria a una Paz Grande, lema con el que convocó la CEV, supone activar inmediatamente los mecanismos necesarios para cumplir con el Acuerdo de Paz firmado en La Habana con las FARC, y al mismo tiempo, ampliar los espacios de paz mediante el diálogo con otros grupos insurgentes que aún no han negociado su incorporación a la vida civil. El nuevo contexto político abre posibilidades hasta ahora inéditas a la ampliación de los diálogos de paz con otros actores armados. Pocos días antes de asumir la presidencia, Gustavo Petro confirmó a fin de julio que aspiraba a reanudar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras haber recibido una invitación del ELN en este sentido.

Desfosilización de la economía y reforma agraria

El programa económico del PH supone profundas transformaciones de la estructura económica tradicional del país. El gobierno presidido por Gustavo Petro deberá cumplir con su ambicioso plan de “desfosilización” de las exportaciones colombianas (reducir el peso del petróleo y el carbón), concentrándose en cambio en el desarrollo de tres pilares básicos de la economía abandonados por los anteriores gobiernos: la agricultura, la industria y el conocimiento, además de potenciar el turismo con un entorno pacífico.

En cuanto a la desfosilización de la economía, no se trata de interrumpir los ingresos que el país percibe por exportaciones de productos energéticos, que representan entre un tercio y la mitad del total, sino de suspender la exploración y adjudicación de nuevos yacimientos, mientras se van incorporando gradualmente energías renovables para atender el consumo interno. El nuevo gobierno colombiano ya ha declarado que impedirá la explotación de hidrocarburos con tecnología de fracking, un viejo reclamo de las comunidades para proteger sus acuíferos.

Uno de los aspectos más destacados del programa del PH es la reforma agraria que dará acceso a la tierra a los campesinos desplazados y desposeídos. En Colombia el 46% de la tierra rural está en manos del 0,4 % de la población. La superficie apta para agricultura está infrautilizada, mientras que la ganadería extensiva —que en gran parte encubre la tenencia de tierras improductivas— abarca el 30 % de la superficie del país. El instrumento para alcanzar la reforma agraria será un impuesto a la renta presuntiva, que evitaría la tenencia improductiva de la tierra por parte de los grandes latifundistas. De manera complementaria, el PH se propone desarrollar también un plan de reforma acuaria con el fin de proteger los cauces de agua para uso de la población y los campesinos.

El objetivo de la reforma agraria es asignar tres millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto. Se tratará de una reforma sui generis, inspirada en la que realizó Japón a principios de los años sesenta, que no expropiará latifundios improductivos, con o sin indemnización (pese a que la Constitución colombiana lo permite cuando se incumple la función social de la propiedad). Esto le ha valido críticas desde la izquierda, porque será el Estado el que cargará con el peso económico de la compra de esos tres millones de hectáreas, aunque se presupone que lo hará a precio de saldo con la tierras improductivas que sufran el nuevo gravamen. El riesgo es que los capitales transnacionales aprovechen la ganga para desarrollar megaproyectos. La inversión extranjera aumentó en Colombia un 77 % durante el primer semestre de 2022 respecto al mismo período del año anterior, procedente en su mayor parte de empresas mineras y energéticas. Otro reto del nuevo gobierno será evaluar si este flujo de inversiones se adapta a los requisitos del desarrollo sostenible.

La reforma agraria deberá poner fin a la estructura feudal de posesión de la tierra que representan las grandes haciendas ganaderas y las extensiones de tierras robadas a la selva para cultivo de palma africana. En su lugar, se entregará tierra al campesino para que pueda cultivar sus alimentos y vender una parte en el mercado, avanzando así en la autosuficiencia alimentaria y reduciendo la dependencia de la exportación de combustibles fósiles para importar alimentos.

Potencia mundial para la vida

En el plano social, el programa del Pacto Histórico supone un gran vuelco con respecto al modelo neoliberal imperante. Actualmente la informalidad laboral afecta al 62 % de la población económicamente activa y hay tres millones de desempleados, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. Sólo una tercera parte de los trabajadores activos, unos ocho millones, cotiza a la Seguridad Social. El nuevo gobierno se propone instaurar una renta básica, o Ingreso Mínimo Vital, y generar planes de empleo público para todo aquel que lo necesite por estar desocupado.

“Colombia, potencia mundial para la vida” es el nombre génerico del plan de gobierno de Petro y Márquez. Este plan incluye un paquete de estrategias regionalizadas y un programa transversal con cuatro ejes estructurantes de gobierno: el cambio es con las mujeres, economía para la vida, sociedad para la vida y plan de tecnología para la vida.

Este último eje se ha desarrollado más en un documento del Pacto Histórico titulado “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el buen vivir, el vivir sabroso y el ejercicio efectivo de una democracia multicolor”, documento base del futuro Ministerio de Ciencia. En él se plantea la necesidad de cambiar el modelo de ciencia y tecnología hegemónico, que ha hecho “mucho daño a la naturaleza y a las sociedades” y de iniciar un debate sobre la producción y distribución del conocimiento, poniendo el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación en manos de la mayoría de la población y no sólo de algunos estratos privilegiados. Este documento con las intenciones del PH al asumir el gobierno provocó un debate académico aún abierto, tanto en Colombia como más allá, que ha sido recogido en la página de CLACSO.

Extender el debate sobre el conocimiento más allá de la lógica académica no es una idea abstracta, ya que tiene arraigo en las experiencias productivas de los sectores populares de la sociedad colombiana. Por ejemplo, en el plano energético algunas comunidades campesinas llevan mucho tiempo desarrollando sistemas para autoabastecimiento basados en la explotación de biogás generado con desechos de materia orgánica, energía solar y gasificación de la biomasa para obtener combustible. El nuevo modelo de conocimiento científico y tecnológico “para el buen vivir” apoyaría a estas experiencias desarrolladas de forma autogestionada en el campo colombiano, que además servirían como precedente para cambiar el patrón energético y evitar el “capitalismo verde” que promueve megaproyectos de energías renovables rechazados por las poblaciones nativas. En palabras de Camilo González, director de Indepaz, “la discusión no es si se va a hacer una transición con energías renovables sino con qué modelo”.

Unidad en la diversidad de América Latina

En política exterior se producirá un importante cambio de rumbo, aunque este cambio resulte poco perceptible al comienzo en las relaciones con Estados Unidos. En el transcurso del gobierno del PH se deberán redefinir las formas de colaboración entre ambos país, desde la política de seguridad hasta la estrategia antinarcóticos. Una cuestión que en el futuro puede tensar la relación con el gobierno estadounidense es la permanencia o no de las bases militares de ese país en territorio colombiano y, en caso de acordarse su permanencia, con qué misión específica. Pero esta cuestión no es un debate que se vislumbre en el corto plazo.

Respecto a los maltrechos vínculos con los vecinos venezolanos, la política exterior de Petro revertirá la tensión conflictiva que mantuvo Duque durante todo su mandato, obsesionado con el acoso y derribo del gobierno de Nicolás Maduro. En contraste con la inacción característica del gobierno de Duque, el nuevo gobierno de Colombia ya emprendió su actividad diplomática incluso antes de haber tomado posesión. El 28 de julio se reunió en la ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo ministro de Relaciones Exteriores designado por Gustavo Petro, Álvaro Leyva, con el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Faría. Ambos suscribieron un acuerdo para “la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto” con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios del servicio diplomático, al mismo tiempo que reafirmaron su “voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera”.

Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por otros países sudamericanos, tejiendo lazos con las figuras más destacadas de los movimientos populares que aspiran a un cambio de hegemonía política en la región. Márquez se reunió en Brasil con el candidato (y ex presidente) Lula da Silva, en Chile con el presidente Gabriel Boric, en Argentina con Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por último conversó en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca y con el líder histórico del MAS, el ex presidente Evo Morales. Francia Márquez escribió en sus redes sociales después de está última visita: “Hoy la lucha del pueblo boliviano y colombiano se junta para reconocer en la diferencia una Latinoamérica unida y soberana”.

Emerge así un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en particular entre los países latinoamericanos, basado en la “unidad en la diversidad”. Colombia no sólo aspira a cambiar su destino para revertir su trágica historia nacional y empezar a vivir sabroso: también sería un actor fundamental para el cambio de equilibrios de poder en el plano continental.

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Miércoles, 03 Agosto 2022 06:16

Argentina y la montaña rusa peronista

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tras asumir como presidente y vicepresidenta de la Nación Argentina en 2019.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner formaron un extraño tándem para recuperar el gobierno tras el paso de Macri. Ahora Fernández se ha convertido en el primer presidente peronista que no tiene el poder

 

“Todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa y el presidente mira para otro lado”… “Usted [presidente] pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos… pero cada mentira es una palada de tierra que abre su fosa, y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo”… “Ahora va a ir a Estados Unidos… quiero saber qué va a hacer. Tenemos muchas riquezas todavía para entregar. ¿Qué les va a entregar?, ¿el litio?”… “Estamos en el medio del río sin salvavidas y con una sarta de hijos de recontra mil putas que nos quieren hundir”.

Las declaraciones pronunciadas el 30 de junio pasado son de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, que a sus 93 años se muestra muy activa en la política argentina, como una Pasionaria del kirchnerismo puro. Conociendo su tono radicalizado, podrían desecharse como un exceso más de alguien cuyo papel es más bien simbólico en el ecosistema político. Pero horas más tarde de pronunciar ese discurso, Hebe participaba en un acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Ensenada. El lugar que ocupó, en la estratégica primera fila, y la aclamación que recibió de la militancia no dejaba lugar a dudas sobre lo que el kirchnerismo piensa de su presidente.

Aquí residen algunas de las claves de la crisis actual. Argentina –y el peronismo– se mueve al ritmo de una montaña rusa. La ministra que reemplazó a Martín Guzmán en Economía, Silvina Batakis, duró 24 días en el cargo: viajó a Estados Unidos a presentarse ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mientras esperaba el avión de vuelta estaba siendo reemplazada. El excandidato presidencial y embajador en Brasil, Daniel Scioli, dejó la embajada –donde tejió relaciones de cordialidad tanto con Lula Da Silva como con Bolsonaro– y volvió al país para reemplazar a Matías Kulfas en el Ministerio de Producción. Asumió el 15 de junio; después de 43 días se anunció que volvía de embajador al país vecino. Entretanto, con un presidente con su poder licuado y una vicepresidenta que tiene más capacidad de veto y de daño que poder para definir un rumbo programático, recaló en el gobierno, como “superministro” de Economía, Sergio Massa, posiblemente el político más pragmático de Argentina.

Para entender la crisis intraperonista hay que retroceder un poco en el tiempo. En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con la Plaza de Mayo colmada de simpatizantes que la despidieron con la consigna “Vamos a volver” (“Volver”, en el peronismo, tiene una mística particular: Perón vuelve fue el lema que acompañó al movimiento durante los 17 años de exilio y proscripción del general). El problema era cómo. Pero eso quedaba para más adelante; tenía cuatro años para pensarlo.

Primero, esa posibilidad pareció disolverse mientras el nuevo gobierno de centroderecha liderado por el expresidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, se consolidaba en el poder y tenía a raya al peronismo en su bastión –también bastión de Cristina–: el populoso conurbano bonaerense. Pero la economía hizo lo suyo. La salida del “populismo” que Macri imaginó como un acto de magia que garantizaría baja inflación y crecimiento resultó menos milagrosa de lo esperado y el peronismo (y Cristina) empezó a olfatear las posibilidades de realmente “volver”.

Manteniendo meses de silencio –y publicando un libro, titulado Sinceramente, que fue un super éxito de ventas– la expresidenta (2007–2015) se dedicó a tejer relaciones y suturar heridas en el interior del peronismo. Las encuestas –y el clima en la calle– mostraron que, si bien tenía una masa de seguidores que la hacían imprescindible para una victoria, ese apoyo le resultaba insuficiente para una segunda vuelta. “Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza”, se resumió por esos días.

Fue entonces cuando, afecta a la guerra de movimientos y al secretismo político, Cristina anunció en mayo 2019 –de manera completamente sorpresiva en un cuidado vídeo distribuido en Twitter– que le había pedido a Alberto Fernández que la acompañe como candidato presidencial del peronismo para las elecciones de ese año.

La “anomalía” estaba a la vista. Como se repitió en las tertulias de esas jornadas, no es habitual que la “vicepresidenta” elija al “presidente”. Pero había algo más: tras ser jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y más brevemente de la expresidenta, entre 2003 y 2008, Alberto Fernández se terminaría distanciando de Cristina y lanzando sobre ella durísimas críticas, a veces lapidarias, como cuando sostuvo: “El peronismo a lo largo de la democracia fue todo. Y eso no vale. El peronismo fue conservador con [Ítalo] Luder, fue neoliberal con [Carlos] Menem, fue conservador-popular con [Eduardo] Duhalde, fue progresista con [Néstor] Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue patético, fue el partido de la obediencia”. Y repetiría balances similares en los medios más hostiles al kirchnerismo, como los del Grupo Clarín para más inri.

Pero durante el gobierno de Macri, ambos Fernández volvieron a acercarse, cada vez más. Alberto comenzó a relativizar las críticas, que decía mantener, y a asegurar que Cristina nunca había robado, un tema sensible en virtud de los procesos por enriquecimiento ilícito. Y la historia terminó con el ya famoso “Le he pedido…” a Alberto Fernández que encabece el binomio. La jugada sorprendió a propios y extraños. El gran traidor, acusado de lobbista de Clarín y de Repsol en los programas televisivos militantes del kirchnerismo, era ahora amnistiado y proyectado a la presidencia.

Se trató de una apuesta por un peronismo más centrista y casi nadie imaginó que la relación con Alberto Fernández pudiera terminar bien. Pero inicialmente funcionó, y el binomio Fernández-Fernández dejó sin reelección a Macri, decepcionó a los antiperonistas que durante cuatro años se acalambraron los dedos tuiteando #NoVuelvenMás, y mantuvo expectantes a los kirchneristas que seguían cantando “Vamos a volver”. ¿Pero cuánto se podía confiar en un “traidor”?

Tras las primeras semanas de la pandemia, en las que Fernández aparecía como un competente profesor, comenzaron los problemas. Y la vice empezó a lanzar mensajes a su propio gobierno, a veces con cartas publicadas en las redes. En una de ellas, habló de “los funcionarios que no funcionan” y todos comenzaron a especular sobre cuáles eran. Luego vendría el ansiado acuerdo con el FMI para refinanciar el megapréstamo de 50.000 millones de dólares que la entidad le dio, de manera “polémica”, al gobierno de Macri.

Para el kirchnerismo, acordar con el Fondo era intragable, y Máximo Kirchner –hijo de Cristina– renunció a la jefatura de la bancada peronista en la Cámara de Diputados para expresar su disidencia. Pero, curiosamente, el kirchnerismo no promovió alternativas a ese acuerdo que buscaba evitar los catastróficos efectos de un default. Se limitó a un discurso antiajuste. El ministro de Economía, Martín Guzmán, un discípulo de Joseph Stiglitz, se convirtió en la ficha a derribar. Los ataques desde el kirchnerismo comenzaron a lanzarse a la luz del día. Pero antes que él cayó Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, enfrentado con los funcionarios kirchneristas que controlan el área energética, y con la propia vicepresidenta, por los subsidios a la energía (que benefician a los sectores más pudientes) y por la lentitud en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para sacar el gas del yacimiento Vaca Muerta.

Cristina, que siempre tuvo a Kulfas entre ceja y ceja, no le perdonó haber escrito un libro en el que comparaba la política económica de los “tres kircherismos”, y reivindicaba la de Néstor y criticaba la de ella. “Había escrito un libro contra nosotros, imaginate”, dijo en una ocasión. Muchos salieron a buscar el ejemplar de la editorial Siglo XXI escrito con un tono de divulgación y a la vez con la sobriedad de un economista.

Hablando de libros, hay otra anécdota reveladora. Para el 63 cumpleaños del presidente, en abril pasado, la vice le obsequió el regalo más envenenado que pudo encontrar por esos días: Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín, del sociólogo Juan Carlos Torre, quien de joven fue funcionario en ese quinto piso del Ministerio de Economía.

La cosa empezó con sazón: “Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada”, dijo en un mitin Cristina tras revelaciones de Gabriela Cerruti de que la vicepresidenta no le respondía los mensajes al presidente. Luego vino el momentum del relato, por parte de una política que maneja los gestos y los tiempos con mucha eficacia: “Es un libro muy interesante, de extraordinaria actualidad”, prosiguió. Spoiler: el libro cuenta –entre otras cosas– cómo el gobierno de Raúl Alfonsín se fue a la mierda tras la firma de un memorándum con el FMI. Finalmente, tendría que entregar anticipadamente el poder en 1989 a Carlos Menem en medio de la hiperinflación… ¿Una extraordinaria actualidad?

Con una inflación a más del 60%, corrida cambiaria y hasta rumores de renuncia presidencial, el gobierno se encontró en un callejón sin salida. Alberto es el primer presidente peronista que no tiene el poder (o el segundo, si contamos la breve primavera de Héctor J. Cámpora en 1973).

“Cristina viene hablando cada quince días y en esa ‘gira’ se viene cargando de a una las columnas que sostenían a Alberto”, escribió el periodista Martín Rodríguez en una de las mejores columnas sobre el embrollo, que incluso fue comentada por el presidente. “Se sabe que el gabinete espera los discursos de CFK [Cristina Fernández de Kirchner] más o menos como los participantes de Gran Hermano esperaban los días de nominación”, prosigue la nota y pone el dedo en la dialéctica diabólica del gobierno: cuando Cristina le pide a Alberto que ejerza el poder (que “use la lapicera”, le dice), en realidad se lo está quitando. Algo así como: “¡Te ordeno que seas poderoso!”. Un gobierno en el que todos se pasan “discutiendo poder mientras nadie controla nada”. Y en el que si él realmente asumiera el poder, sería contra ella.

El epílogo provisorio de esta historia es paradójico: la llegada como “superministro” (veremos cuán pertinente es ese prefijo) de Sergio Massa, el epítome de los traidores según el kirchnerismo, posiblemente más que el propio Alberto en su momento. Massa no solo se alejó de Cristina, sino que formó el Frente Renovador, combatió electoralmente a la entonces presidenta y amenazó con meter presos a los corruptos (del gobierno cristinista) y barrer a los “ñoquis” (empleados que solo aparecen para cobrar a fin de mes) de la Cámpora, la agrupación juvenil liderada por Máximo Kirchner. Pero en 2019 Massa se sumó al Frente de Todos, la alianza panperonista tejida por ambos Fernández y, desde entonces, como presidente de la Cámara de Diputados, viene acercándose a Máximo Kirchner y a la vice, que a su vez es presidenta del Senado según establece la Constitución argentina.

Massa es un político con estrechos vínculos con Estados Unidos y con “los mercados”. Es un hijo político de los años 90, escribió Pablo Touzón, con niveles de pragmatismo que se volvieron memes y viene a tratar de salvar a un peronismo que dejó de rimar con orden y lo hace con caos autoproducido. Más allá de su título de abogado conseguido hace unos años, Massa es un político, y eso es lo que buscaba el peronismo para enfrentar la crisis. Veremos cómo funciona este gobierno peronista que pasó de tener dos a tres cabezas, aunque las tres no valen lo mismo.

Por Pablo Stefanoni 2/08/2022

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Boric pide acuerdos en Chile para "mejorar" y aprobar la nueva Carta Magna del país

Santiago. En un nuevo avance de su compromiso para lograr la aprobación de la nueva Constitución, el presidente chileno, Gabriel Boric, instó ayer a los partidos políticos del oficialismo a alcanzar acuerdos acerca de posibles modificaciones al texto emanado de la Convención Constitucional, al tiempo que enfatizó las sustanciales diferencias entre "aprobar" o "rechazar" el texto en el plebiscito del 4 de septiembre.

Al preguntarle si considera viable un acuerdo previo al 4 de septiembre, Boric respondió: “no solamente lo veo viable, sino que lo insto. No veo dificultad para llegar a acuerdos, creo que se está dando un debate que enriquece, en el que hay consenso transversal, entre quienes quieren una nueva Constitución, de que el proyecto se puede mejorar.

Sí hay voluntad

"Hay una discusión en cuanto a cuáles son los contenidos específicos en aquello, pero yo veo una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras".

El presidente, a quien la oposición derechista y partidaria del "rechazo" acusa de hacer proselitismo y de ser quien comanda la campaña del "apruebo", también enfatizó que "es importante entender que los escenarios de apruebo o rechazo son distintos: si se aprueba el nuevo proyecto de Constitución no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la Constitución actual".

En cambio, "si se rechaza vamos a volver a foja cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente, tal como lo decidió el pueblo de Chile, y yo ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del gobierno".

Ventaja al "rechazo", según encuestas

La incertidumbre acerca del resultado del plebiscito del 4 de septiembre –ciertas encuestas le dan una ventaja clara al "rechazo" (48 por ciento versus 38 por ciento) mientras otras muestran un empate técnico al medir el votante probable (aquel que dice estar decidido a sufragar)– hizo que en las últimas semanas la centroizquierda oficialista lanzara la consigna "aprobar para reformar" –esto es, despejar ya aquellos "ripios" que le restan apoyo al texto–, en contraposición al eslogan derechista "rechazar para reformar", en el cual se han hecho fuertes.

Durante todo julio el presidente Boric se lanzó a "gobernar desde los territorios" y prácticamente a diario se trasladó a comunidades y barriadas modestas de Santiago y de regiones a hablar con los habitantes, desde las cuales anunció medidas de apoyo a los sectores más necesitados, por ejemplo, el término del copago para los beneficiarios de los tramos más pobres del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Recuérdese que el acceso a la salud en Chile depende de la capacidad económica de quien la necesita, incluso en el sistema público.

Por Aldo Anfossi. especial para La Jornada

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El organizador sindical del centro de distribución de Amazon.com Inc, con sede en Staten Island, Chris Smalls en Nueva York, EEUU, 01 de abril de 2022. — JASON SZENES / EFE/EPA

Socialistas Democráticos de América (DSA) cumple este 2022 su 30º cumpleaños como protagonista del mayor 'boom' de la ideología socialista en Estados Unidos en un siglo. Impulsados por la irrupción de Bernie Sanders y los nuevos impulsos sindicalistas, el partido roza los 100.000 miembros y tiene ya cuatro congresistas en Washington.

Washington. El socialismo en Estados Unidos está viviendo su mayor auge en más de un siglo impulsado por movimientos de protesta social como el Occupy Wall Street de 2011, la irrupción de Bernie Sanders en el escenario de la política nacional en 2015 y por los impulsos sindicalistas en grandes corporaciones como Amazon o Apple. Todos ellos fenómenos que tienen como telón de fondo años de crisis económica e incremento de las desigualdades. El principal partido de esta ideología en el país, los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) celebra este año el 30º aniversario de su fundación y avanza ya hacia los 100.000 miembros, unas cifras que un partido socialista no conocía desde hace un siglo. El DSA tiene cuatro congresistas en la Cámara de los Representantes del Congreso de Estados Unidos y otros cien en los diferentes congresos de los 50 estados que componen el país.

Sanders, que a pocos meses de cumplir 81 años continúa sin estar adscrito a ningún partido, fue, sin embargo, el gran revulsivo del DSA y del socialismo en general en Estados Unidos. El senador por Vermont dio el salto a la política nacional en los años en que la onda expansiva de la crisis de 2008 aún causaba estragos. Todo había comenzado con el 15M español de 2011, que cruzó el charco en septiembre con el Occupy Wall Street de Nueva York. En 2015, el último año de Barack Obama en la Casa Blanca, empezaban las primarias demócratas y el senador y exalcalde de Burlington en la década de los 80, dio el salto y se postuló como candidato frente a Hillary Clinton. El resto es historia conocida: Sanders perdió frente al establishment demócrata, pero reavivó una ideología que estaba muerta.

"Sin Sanders, el DSA no se habría convertido en la organización de masas que es hoy, más de 90.000 miembros, frente a los apenas 6.000 que tenía en 2015, antes de que él se postulara para las primarias demócratas", explica a Público el historiador de la Universidad de Georgetown de Washington Michael Kazin, que acaba de publicar en Estados Unidos una historia del Partido Demócrata (What It Took To Win, aún sin traducir al castellano).

Aunque Sanders no era un miembro del partido, "el DSA decidió apoyar su candidatura a las primarias del Partido Demócrata en 2016 y 2020", dice a Público Ashik Siddique, miembro del Comité Político Nacional del DSA. "Lo hicimos sobre todo porque, aunque es un político formalmente independiente, eso mismo le ha permitido poder abogar, dentro del Partido Demócrata, por políticas más progresistas y contra el poder de las grandes corporaciones".

Siddique celebra que "Sanders ha logrado articular un discurso vertebrado en torno a las clases sociales, y él mismo, aunque no forma parte del DSA, se autoproclama socialista, lo cual es algo rarísimo si uno mira la historia de las últimas décadas en este país".

"Sanders desde luego se ha convertido [desde entonces] en el líder más popular de la izquierda de un modo en que ésta no lo había tenido yo creo que desde su héroe, Eugene Debs [1855-1926]", añade Kazin. "La diferencia es que Debs fue un socialdemócrata, pero también un socialista revolucionario, mientras que Sanders no lo es. En sus discursos tiene unas posturas no muy diferentes de las de Franklin Roosevelt [en los años 30 y 40], Lyndon B. Johnson [en los 60] o Martin Luther King, una corriente convencional del progresismo estadounidense".

El político de Vermont es el único socialista que forma parte del Senado. En la cámara baja hay cuatro miembros del DSA: Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowmen (ambos diputados por Nueva York), Rashida Tlaib (por Michigan) y Cori Bush (por Misuri). Los cuatro forman parte de la llamada La pandilla (The Squad), el nombre oficioso que se le ha dado al grupo de los seis congresistas considerados más de izquierdas de la Cámara de los Representantes. Los otros dos serían Ayanna Presley (por Massachussets) e Ilhan Omar (por Minesota).

Iniciativas sindicales en Amazon y Apple

Según el libro de Kazin, el Partido Socialista de Eugene Debs tuvo su récord de miembros en 1912 con 118.000 afiliados. El padre del socialismo americano se llegó a presentar cinco veces a las elecciones para presidente de Estados Unidos. Precisamente en las de 1912, describe Kazin, Debs apostó sin ambages por abolir la empresa privada y el sistema de salarios y obtuvo un 6% de los sufragios. "Es la cima de votos que cualquier candidato marxista a la Casa Blanca ha recibido jamás", afirma el historiador.

Fueron años, no por casualidad, de un sindicalismo que empezaba a ser fuerte y que se consolidaría en los años de New Deal. Una situación muy diferente a la actual, que podría estar cambiando tras experiencias como las de Amazon y Apple. Con todo, el nivel del sindicalismo en Estados Unidos está bajo mínimos (sólo siguen siendo importantes en el sector de la educación pública). Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de trabajadores asalariados afiliados a un sindicato fue del 10,3% en 2021; si se contempla sólo el sector privado, el porcentaje cae aún más hasta el 6,1%. En 1983, el primer año del que se dispone de datos comparables, la tasa fue del 20,1%. Y entonces, los años de Ronald Reagan en la Casa Blanca, ésos ya eran datos bajos. El país venía de los años 50 y 60, los años del desarrollo industrial americano, cuando la tasa de afiliación era superior al 30% y algunos estados industriales como Michigan y Washington llegaron a tener en 1964 unos porcentajes de afiliación sindical del 44,8% y 44,5%, respectivamente, unas cifras que hoy serían utópicas.

Sin embargo, esta tendencia podría estar empezando a cambiar después de la creación de los primeros sindicatos en grandes corporaciones como Apple y Amazon. La compañía de Jeff Bezos, la ahora segunda persona más rica del planeta, vio cómo el pasado 1 de abril se creaba un sindicato en una de sus plantas de Staten Island, en Nueva York, una iniciativa impulsada por un extrabajador de la firma, Chris Smalls, que ya es un hombre de moda y una especie de héroe nacional para un cierto sector de la clase obrera.

De momento, la envergadura de estas iniciativas es pequeña, pero los sindicatos mayoritarios del país confían en que sean los primeros destellos de un futuro auge sindical. El incremento de afiliados del DSA es otro indicador a favor de eso, puesto que desde su nacimiento el 20 de marzo de 1982, el DSA ha estado intrínsecamente unido a los movimientos sindicales.

1982: fusión de dos partidos de izquierda

Según la web del DSA, el partido surgió como una fusión de otros dos partidos que habían sido creados al principio de los años 70: por un lado, el Comité Organizador Socialista Democrático (DSOC), fundado en 1973 en el marco de la Guerra del Vietnam como facción separada del Partido Socialista clásico de Eugene Debs; por otra parte, el Nuevo Movimiento Americano (NAM), fundado en 1971 pero basado en un activismo diferente, menos ligado al sindicalismo y más a los movimientos de derechos y libertades civiles de aquellos años.

De este modo, según señala la web del DSA, mientras que DSOC "contaba con una importante red entre los activistas sindicales y del sector izquierdista del Partido Demócrata", el NAM "no se originó en un ala de la vieja izquierda, sino en Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS) y en los sindicatos de mujeres socialistas-feministas. [El partido] se había centrado en construir una presencia de base socialista-feminista democrática revolucionaria en las luchas locales en torno a cuestiones como la vivienda asequible, la libertad reproductiva y la reforma de las tarifas de los servicios públicos".

Ambas identidades (un socialismo vinculado al sindicalismo y los derechos de los trabajadores y otro más centrado en los derechos civiles de sectores discriminados como las mujeres o los negros) se fusionaron en marzo de hace 30 años en el actual DSA.

"Los sindicatos de trabajadores solían ser muy fuertes en este país, pero están bajo un ataque muy severo desde los años 70. Puede que, en décadas anteriores, cuando los sindicatos eran más potentes, el Partido Demócrata los representara políticamente en mayor o menor medida, pero ya no sucede eso y ahora el DSA busca ese lugar con los sindicatos", dice Siddique, que cree que los movimientos por hacer nuevos sindicatos en gigantes empresariales como Amazon y Apple y el incremento constante de miembros del DSA "forman parte de la misma tendencia. Desde luego, la sindicalización de trabajadores es una máxima prioridad para el partido y cada año le dedicamos más recursos", afirma.

La "demonización" del socialismo en EEUU

Los ataques continuos al sindicalismo y las ideologías progresistas por parte de la derecha americana han tenido como consecuencia, por un lado, los escasos índices de asociación sindical y, por otro, el recelo público y casi la criminalización de la palabra "socialista" en Estados Unidos, que la población general no es capaz de distinguir del término "comunista". Y ésta es, admite Siddique, "una de las barreras más inmediatas" que el DSA tiene que combatir para seguir creciendo. "Es algo que sufrimos", añade, "cuando hacemos campañas y hablamos con la gente. Nos ponen caras de recelo y enseguida nos dicen: yo apoyo lo que dices, pero ¿socialismo?".

"La propaganda antisocialista ha sido muy fuerte en las últimas décadas en Estados Unidos", dice Siddique, "antes de la Segunda Guerra Mundial y del New Deal de Roosevelt, la situación era diferente. Había sindicatos muy fuertes y populares y estaban apoyados por movimientos socialistas. Previamente, en los años de la Primera Guerra Mundial, ya se había producido una primera fuerte represión del gobierno contra el socialismo, y ese llamado miedo rojo regresó a partir de los años 40 por la guerra fría contra la URSS, con estrategias como el macartismo, que purgó a muchos socialistas de los sindicatos".

"Todo eso hizo mucho daño a la izquierda, que fue demonizada por lo que ha sido muy raro que alguien públicamente se declarara socialista. Por este motivo, que Bernie Sanders lograra ser alcalde de Burlington en los años 80 siendo públicamente socialista y explicando qué es el socialismo, fue muy importante y hace de él una figura decisiva para el socialismo en Estados Unidos", afirma el político del DSA.

Otro de los frentes abiertos para el DSA será intentar convertirse en el partido de la clase trabajadora, una etiqueta que tiene desde sus inicios el Partido Demócrata, que, no en vano, es a menudo mencionado con el eslogan de El partido del pueblo. Según Siddique, la diferencia fundamental entre ambos partidos es que el DSA "es una organización política independiente para la clase trabajadora y está gestionada y financiada por sus propios miembros. El Partido Demócrata no es así, es muy dependiente de sus grandes donantes y lobbies corporativos, que contribuyen a financiarlo. Esto hace que, aunque algunos candidatos puedan tener un discurso público más progresista sobre las desigualdades o políticas progresistas, si uno mira de dónde viene el dinero, es claramente un límite sobre lo que ellos pueden hacer y a veces hasta de lo que pueden hablar. Desde luego, el Partido Demócrata no es el partido de la clase trabajadora y nosotros aspiramos a ocupar ese papel".

El reto: ser racialmente más diversos

Para ello, el DSA quiere ampliar su base de votantes, pero también mejorar en la composición de sus afiliados para que se parezca cada vez más a la sociedad americana actual. "Tenemos que ser aún más diversos, sobre todo en cuanto a afiliados negros y latinos, donde tenemos carencias que tenemos que trabajar", admite Siddique. "En cuanto a la propaganda de la derecha de que somos un partido de gente con títulos universitarios, con dinero y ricos mimados, es falso, la media de ingresos de los afiliados se corresponde con la media del país, es un elemento más de la propaganda contra nosotros", asegura.

Debido al auge del socialismo en los últimos años, el perfil del afiliado al DSA ha cambiado mucho. "Antes de 2016, cuando el partido tenía unos 5.000 miembros, el perfil habitual de un miembro del partido era una persona que pertenecía a la generación boomer y que se había politizado en los años 60 y 70. Sin embargo, en sólo tres años, los que van de 2017 a 2020, la edad media de los afiliados cayó de unos cincuenta y tantos a los 32 años actuales", dice Siddique.

"La gran mayoría de los nuevos afiliados tenían veintialgo años. Creo que el factor importante", añade, "es que se trata de personas que han vivido su niñez y adolescencia presenciando las guerras que Estados Unidos ha provocado en el mundo y sufriendo después las consecuencias de la crisis económica de 2008, así que sienten una frustración enorme por un sistema político que no está funcionando como se supone que debería".

Con todo, la crisis actual y el escepticismo hacia los actuales protagonistas del sistema político pueden ser un elemento inspirador para la recuperación del socialismo en Estados Unidos. Es lo que está sucediendo y es, precisamente, lo que aventuró en octubre de 2016 en un artículo en la revista The Nation el historiador de Georgetown Tim Shenk. "La disminución de la confianza en la democracia actualmente, junto con el creciente optimismo sobre lo que la democracia podría llegar a ser", escribió Shenk, "da a la política contemporánea su calidad bipolar: una nueva generación de votantes que es más escéptica con respecto a la democracia que sus antepasados, pero también que está más dispuesta a apoyar a un socialista democrático como presidente". Es la premonición que el DSA quiere hacer cumplir en los próximos años.

31/07/2022 20:44 

Manuel Ruiz Rico@ManuelRuizRico

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Francia Márque junto a Pérez Esquivel en el CCK.. Imagen: Télam

Conferencia de la vicepresidenta electa de Colombia en el CCK 

Dijo que el mayor desafío que tendrá su gobierno es promover la paz y también atacar las causas de la violencia: el hambre, el racismo y el abandono del Estado. 

 

Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa de Colombia, habló de feminismo, medio ambiente, racismo y las reformas planeadas con su compañero de fórmula, Gustavo Petro, este sábado en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En diálogo con la autora Verónica Gago, la vicepresidenta remarcó su descendencia, consciente de que representa a comunidades vulneradas.“Mi presencia no es solamente la presencia de Francia Márquez, soy muy consiente que mi presencia es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados” exclamó la presidenta.

Márquez se presentó saludando a los colombianos migrantes, a los pueblos afrodescendientes, a las mujeres, a las comunidad LGTBQ y, por último, a todo el liderazgo social y político argentino que mantiene un gobierno en resistencia.

El auditorio nacional, o la ballena azul, como se lo llama comúnmente, estaba a su máxima capacidad. El ganador del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó a la vicepresidenta y la saludó con un fraterno abrazo. “Tenemos que abrir la mente y el corazón para mirarnos y ser solidarios con el pueblo hermano de Colombia” expresó Perez Esquivel luego de pedir que prendieran las luces del auditorio para verle la cara a la audiencia.

Desafíos 

Frente a la pregunta del futuro del gobierno que van a liderar Márquez y el presidente electo Petro, la vicepresidenta respondió que el mayor desafío que tienen es promover la paz, silenciar los fusiles, pero también, atacar las causas de la violencia armada. “Esas causas tienen que ver con el hambre, tienen que ver con la garantía de derechos. Esas causas tienen que ver con el abandono del Estado. Esas causas tienen que ver con el racismo” explicó Márquez. En su objetivo de restaurar la paz, la vicepresidenta confirmo que se abrirá la mesa de dialogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En relación con la intención de promover la paz, Márquez agregó que es necesario discutir la política de drogas. Por un lado, estableció que era necesaria la discusión sobre la marihuana. “Se puede generar toda una industria, en términos farmacéuticos, alimenticios y textil, para generarle oportunidades a las mismas comunidades que han sido víctimas del narcotráfico” expresó la vicepresidenta. Por otro lado, cree necesario que se traten a los problemas de adicciones como un problema de salud publica y no como criminalidad.

La vicepresidenta colombiana criticó la política de tolerancia cero de Colombia y estableció que era una vía para la corrupción. “No se atacan todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. La droga sale igual del país, sale con la complacencia de muchos corruptos que han estado en las desilusiones del estado colombiano” denunció Márquez.

Reformas

En un contexto donde el gobierno de Petro tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso e incluso obtuvo el apoyo del partido derechista Unión por la Gente o, Partido de la U., Márquez comunicó que tomará el mando del Ministerio de la Igualdad a propuesta de Petro. El presidente, dijo, le propuso tres objetivos inmediatos al crear ese ministerio: la igualdad salarial entre géneros, el reconocimiento del trabajo de hogar para jubilaciones y la implementación de un salario mínimo para las madres.

Otras medidas primordiales para el entrante presidente de Colombia son la reformas tributaria, agraria y política. Con respecto a la primera, la vicepresidenta estableció que los principios implicados son los de una justicia tributaria donde quienes mas tienen, son los que mas tienen que aportar. “Uno puede hablar bonito, pero es con plata con lo que se hacen las transformaciones” dijo Márquez.

Feminismo

Unos de los primeros temas tocados por Márquez fue la lucha de las mujeres, poniendo el foco en las mujeres negras. En la entrevista, remarcó que aprendió de la lucha de su madre y su abuela, pero también de ejemplos argentinos como las Madres de Plaza Mayo, señalando a Nora Cortiñas que se encontraba presente.

Remarcó la difícil lucha que tienen las mujeres negras incluso dentro del feminismo. “Las mujeres negras e indígenas no estamos haciendo la lucha para romper el techo de cristal, las mujeres negras e indígenas están luchando para ponerse de pie y caminar con sus hermanas, porque siempre han estado de rodillas” expresó Márquez.

La fuerza del pueblo

La entrevistadora le preguntó a Francia Márquez por el Paro Nacional en Colombia llevado a cabo en 2021, en el marco de protestas contra el Gobierno neoliberal de Iván Duque. La vicepresidenta estableció la importancia del hecho, el cual le dio fuerzas para postularse junto a Petro a las elecciones. “No eran los jóvenes universitarios ni los movimientos estudiantiles los que salieron las calles. Eran jóvenes que nunca habían pisado las puertas una universidad”, contestó.

Luego, remarcó la importancia de que se haga justicia por las agresiones, abusos y asesinatos policiales a manifestantes y por los presos que dejó el paro colombiano, estableciendo que puso a disposición de las víctimas abogados para hacer cumplir el debido proceso judicial. “Gracias a todos ellos es que estoy aquí. Ellos se pusieron en primera línea en el paro y yo me voy a poner en primera línea en el gobierno para defenderlos” remarcó la vicepresidenta.

Márquez culminó su charla esperanzada por los próximos cuatro años de cambio que se darán en Colombia. “Espero que después de cuatro años, mi corazón siga estando bien puesto” deseó la vicepresidenta frente a una audiencia que la aplaudía de pie.

La entrevista entre la vicepresidenta y la autora y docente feminista Gago se dió en el marco del Proyecto Ballena del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es la generación de encuentros con referentes políticos y culturales para elaborar alternativas que ayuden a problematizar y mejorar el presente. Siendo este año la tercera edición, la directora del proyecto, Lilliana Viola, propuso debatir el concepto de libertad poniéndolo como consiga. En un mundo donde la libertad es cada vez más una construcción individual, el proyecto propone una libertad creada desde lo comunitario.

Quién es Francia Márquez

La vicepresidenta electa, de 40 años, nació en la aldea de Yolombó, ubicada en Suárez, un pueblo del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. En ese pueblo, la explotación minera es el principal factor de la dependencia económica y de las luchas sociales. La mandataria trabajó como minera de oro artesanal, al igual que su padre, y luego fue empleada doméstica. Siendo madre soltera desde los 16 años, estudió en la Universidad de Santiago de Cali para recibirse de abogada.

Como la primera vicepresidente afrodescendiente de su país, y con lema de campaña “Soy porque somos”, refiriéndose a la idea de que su personalidad surge de una construcción colectiva, Francia Márquez consiguió mayoría el 19 de junio junto a su compañero de fórmula, Gustavo Petro. “Logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”, exclamó Márquez en su primer discurso como presidenta electa.

Márquez tiene larga experiencia en activismo ambiental desde el año 2009, donde fue reconocida por los reclamos para salvar el río Ovejas en su departamento natal, Cauca. Un activismo que la llevó a ganar el Goldman Environmental Prize, uno de los premios más importantes en términos de medio ambiente y ecología.

Gira por Latinoamérica

La vicepresidenta comenzó esta semana su gira por América del sur con el principal objetivo de entablar dialogo con sus pares de izquierda antes del cambio de mando. “Queremos establecer un diálogo fraterno con líderes políticos y sociales en temas de paz, Igualdad, cambio climático y justicia racial en la región” tuiteo Márquez al comienzo de la gira.

Su primer parada fue en Brasil, donde se reunió con Lula Da Silva en Sao Pablo. Encuentro que la vicepresidenta describió como fraterno y constructivo y en el que expresó su apoyo al candidato a presidente. Luego pasó por Chile, donde tuvo un encuentro con el presidente Gabriel Boric, aquien le agradeció su disposición para trabajar por la paz en Colombia, y por la creación conjunta de una nueva política de drogas, cambio climático y justicia de género.

En su visita en Argentina se reunió con el presidente Alberto Fernández. Conversaron sobre la agenda en común entre los países y sobre la coyuntura política internacional. Antes visitar al presidente, Márquez había estado con Cristina Kirchner, con quien habló de temas relacionados a la integración regional, la paz y la igualdad. Sin embargo, en el CCK no se mencionó la actualidad política argentina.

Márquez finalizará su gira por América del Sur en Bolivia. Este domingo tiene pactada una reunión con el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, en La Paz. La vicepresidenta regresará a su país el lunes luego de diálogar con organizaciones sociales de mujeres indígenas y campesinas bolivianas. A la semana siguiente, el 7 de agosto, participará, junto a Petro, en la ceremonia de envestidura y cambio de mando

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Por un horizonte más allá del capitalismo

El 7 de agosto, con la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, iniciará el primer gobierno popular en la historia de Colombia. En medio del pragmatismo y el compromiso que implica conducir el Estado, los movimientos sociales deben permitirse la radicalidad de las ideas en la construcción de un nuevo horizonte de sentido para el país.

En repetidas ocasiones, Gustavo Petro ha señalado que su gobierno se esforzará por «desarrollar el capitalismo» para superar la dependencia en el extractivismo y la violencia en el país. El presidente electo parte de una lectura lineal de la historia, en la cual Colombia se encuentra estancada en una suerte de premodernidad que llama «feudal», en donde el poder político-económico gira alrededor de la tenencia de la tierra. Bajo esta idea, al desarrollar el capitalismo como forma de superar el «feudalismo», las fuerzas productivas del país alcanzarían sus niveles más altos, de manera que el extractivismo se superaría mediante una sociedad industrializada y altamente productiva. 

Sin lugar a duda, superar las estructuras político-económicas heredadas del régimen de hacienda de la colonia es una necesidad histórica para la modernización del país y la profundización de la democracia. Esto se torna mucho más urgente si se tiene en cuenta que la distribución inequitativa de la tierra y la prevalencia del latifundio son parte fundamental de las causas del conflicto armado. Ahora bien, Petro, actuando como estadista, construye su discurso y sus propuestas bajo el marco ideológico institucional que hoy prevalece; de allí surge la lectura lineal de la historia y la creencia de que el desarrollo del capitalismo bajo la intervención del Estado es la «única forma conocida en la historia» —como dijo en una reciente entrevista— para alcanzar la modernización de Colombia. 

De esta manera, la propuesta del gobierno de transición de Petro y Márquez se enmarca en los límites de la racionalidad institucional promovida incluso por corrientes del pensamiento latinoamericano (como la cepalina). Los movimientos sociales que acompañamos esta candidatura y celebramos la victoria popular que representó el triunfo electoral, junto a la intelectualidad comprometida con el cambio, en esta coyuntura histórica en donde emergen grandes potencialidades para la transformación de la realidad, debemos garantizar que se expandan los límites de esa racionalidad.

Debemos pensar más allá de lo establecido enraizando el análisis en nuestra realidad para encontrar alternativas al desarrollismo capitalista, de manera que en Colombia y América Latina logre potenciarse un horizonte nuevo, un camino auténtico que le proponga al mundo una salida a la crisis planetaria. Como afirmó el sociólogo chileno Hugo Zemelman,

Se busca estar en la vastedad de la realidad y no dejarse aplastar por los límites de lo que ya está producido; de allí que se tenga que romper con las determinaciones histórico-culturales que nos conforman para rescatar al sujeto histórico como constructor y retador.

Capitalismo, crisis ambiental y violencia

Uno de los aspectos clave del nuevo gobierno es su compromiso con la superación del extractivismo. La centralidad que adquiere el medioambiente en su discurso es notoria, particularmente la preocupación por el cambio climático y la apuesta por ubicar la vida como eje de la política. «Colombia, potencia mundial de la vida», fue el eslogan de campaña de Petro y Márquez, aludiendo a la inmensa diversidad biológica del país y la necesidad de protegerla del extractivismo depredador, lo cual representa una apuesta novedosa y esperanzadora que pretende superar los errores de la «ola progresista» de la primera década de este siglo.

Sin embargo, promover el desarrollo capitalista resulta contradictorio con esta apuesta. Esto, debido —al menos— a dos elementos estructurantes del capitalismo. El primero, es que se trata de un sistema basado en el crecimiento económico y la acumulación constante. El crecimiento desaforado de la producción y el consumo para garantizar altas tasas de ganancia, sin considerar los ciclos de los ecosistemas, ha generado una presión tal sobre la naturaleza que tanto las condiciones para la producción como la vida misma están en riesgo. En sus ensayos sobre marxismo ecológico, James O’Connor define este proceso autodestructivo como la «segunda contradicción del capitalismo». 

El segundo elemento es que el capitalismo es un sistema esencialmente violento: el crecimiento y acumulación constantes son posibles solo gracias al despojo. La acumulación originaria es la categoría que usó Marx para describir el violento proceso de saqueo de tierras y bienes comunes en Inglaterra que posibilitó el desarrollo industrial capitalista de este país. Pero más que un proceso fundante, la acumulación originaria es una constante del capitalismo, que se expresa de maneras distintas en nuestro tiempo. Autores como David Harvey nos hablan de «acumulación por desposesión» para explicar cómo las privatizaciones de hoy se sustentan en el despojo violento no solo de bienes comunes materiales sino de derechos inmateriales. Así las cosas, desarrollar el capitalismo implicaría continuar con la violencia en contra de las poblaciones rurales y la naturaleza en función del crecimiento económico constante y la acumulación.

Sumado a estos dos elementos es preciso señalar que, desde la teoría del sistema-mundo y la división internacional del trabajo, el capitalismo ha tenido un alcance global a través de su expansión colonial sobre las «periferias del mundo». En el centro del capitalismo global se encuentran las potencias industrializadas, quienes concentran el poder económico, tecnológico y militar, mientras que en las llamadas periferias —como lo son Colombia y otros países de América Latina— se ubican las fronteras extractivas de donde se extraen las materias primas que alimentan la producción industrial y la mano de obra barata, explotada para sostener las altas tasas de ganancia de los más ricos.

Desde esta perspectiva, a diferencia de lo que señala Petro, el capitalismo ya ha estado presente en Colombia, aunque no en la forma en que el presidente electo pretende, sino en la forma en que éste se expresa en la periferia global colonizada. Allí yace entonces la realidad que debemos afrontar: el capitalismo en Colombia adquiere una forma extractivista que despoja violentamente y destruye la naturaleza. Y el orden clasista y racista del régimen de hacienda que justifica el exterminio ha sido el acuerdo político institucional que desde la colonia ha sostenido a Colombia en la periferia del capitalismo global.

La insistencia en la perspectiva lineal eurocéntrica que sugiere el desarrollo capitalista como vía para superar el «feudalismo» en Colombia, aunque pueda resultar efectiva discursivamente, niega la realidad del capitalismo rentista colonial y puede conducir a la justificación de nuevas formas de violencia y despojo.

Ideas para la construcción de un nuevo horizonte común

La idea unidireccional del progreso ha estado enraizada incluso en corrientes del marxismo ortodoxo. Desde allí, la destrucción de las formas «precapitalistas» del mundo rural y la proletarización de su población es vista incluso como parte de un proceso civilizatorio. Sin embargo, para quienes pensamos el mundo desde el trópico y el Sur, con la preocupación incesante de la crisis ecológica, el desarrollo capitalista significa violencia sistemática y la entrega de nuestro destino a la tecnocracia neoliberal.

De lo que se trata entonces, siguiendo la idea de Walter Benjamin, es de darle un manotazo a la locomotora del progreso capitalista —no de acelerarla— para que en el descarrilamiento podamos construir nuestro propio destino, partiendo de lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Ampliar los límites de la razón para construir un nuevo horizonte común, actuar sobre la realidad que nos fue dada escudriñando en las realidades posibles que yacen en las resistencias y luchas colectivas de nuestros pueblos.

Entre los movimientos sociales y sectores populares que han hecho posible la victoria electoral del primer gobierno de izquierda en Colombia, podemos encontrar valores y relaciones sociales que permitirían construir alternativas al capitalismo: la solidaridad, la comunalidad, el cuidado colectivo, la reciprocidad, la libertad, la dignidad y la autonomía son solo algunos de ellos.

En su planteamiento sobre el socialismo raizal, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda señalaba la importancia de retomar la estructura de los valores sociales de los pueblos con el objetivo de «descubrir aquellos valores que sean congruentes con nuestras actuales metas colectivas», de manera que sea posible construir un horizonte socialista común pero diverso, construido al son de los ritmos y culturas de cada pueblo. 

Para el caso de Colombia, Fals Borda identificó cuatro pueblos fundantes que, en su opinión, constituyen el ethos de lo que somos como nación: los pueblos indígenas, de donde se rescata la solidaridad o el «siempre ofrecer», la reciprocidad o el «siempre devolver», la no acumulación o el «siempre distribuir» y el extraer recursos de la naturaleza sin exceder sus límites. La afrocolombianidad palenquera, que cuenta con un sentido de libertad e inventiva en situaciones de resistencia, así como una vida comunitaria que hoy se reconoce en categorías como el «vivir sabroso» o el «soy porque somos» promovidos por la vicepresidenta Francia Márquez. Los campesinos y artesanos antiseñoriales de origen hispánico, de donde se destacan los valores de la dignidad política y personal y, finalmente, los colonos del interior agrícola, donde perviven valores de la autonomía y el gobierno participativo.

En la composición de los movimientos sociales que han protagonizado las grandes movilizaciones de la última década en Colombia hemos podido apreciar la presencia de estos pueblos originarios y de sus valores fundantes como ejes articuladores de las reivindicaciones y luchas por la paz, la educación, el medio ambiente, las garantías laborales y la justicia social. Pero existe otro sector que no fue considerado en su momento por Fals Borda y es crucial en América Latina: el movimiento feminista.

Sobre los cuerpos de las mujeres ha recaído la violencia del conflicto armado, y sobre sus hombros se han sostenido las familias y comunidades que han visto arrasado su territorio por la guerra. Tras mantenerse en pie luego de un conflicto armado de más de cinco décadas, las mujeres, sus resistencias y redes de solidaridad, constituyen un actor fundante de lo que hoy es la Colombia popular. Del movimiento feminista se rescata el valor revolucionario más importante de nuestro tiempo: la construcción crítica de una subjetividad emancipatoria a través del reconocimiento de que lo personal es político. 

No se trata, sin embargo, de «esencializar» a estos pueblos o sectores sociales. De lo que se trata es de rescatar, entre las contradicciones que les componen, aquellos valores en movimiento que nos permitan afrontar las metas de una sociedad que debe reconciliarse y buscar un rumbo propio en el marco de la crisis planetaria. El desafío, así, pasa por vernos a nosotros mismos no solo a través de las ideas de Occidente o los marcos normativos de la tecnocracia liberal, sino también como el resultado de las resistencias y luchas de nuestros pueblos, donde surgen valores, formas de ser, de pensar, de crear y de producir distintas a las de la productividad capitalista.

Expandir los límites de la razón

El nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, en el marco de una nueva ola progresista en América Latina, tiene potencial para hacer historia. Pero para ello resulta indispensable que los movimientos sociales se permitan el pensamiento radical. Son los movimientos populares los que deben tomar en sus manos la tarea de rescatar de la realidad que vivimos aquellos elementos que apunten a la transformación y superación del capitalismo y proyectarlos y profundizarlos.

América Latina es rica en saberes, prácticas y formas de vida que pueden reconfigurar nuestra relación con la naturaleza y con el mundo que nos rodea. Aprender a vivir de otra manera es una necesidad no solo de Colombia, sino de todo el mundo, si lo que se busca es evitar la catástrofe ambiental. El desarrollo capitalista amenaza esa posibilidad, por más buenas intenciones que tenga. Son en cambio, ideas como las del socialismo raizal las que debemos explorar con mayor detenimiento para la construcción de proyectos políticos que disputen el sentido del Estado y avancen hacia un horizonte común socialista, diverso, ecológico y feminista. 

En un momento de crisis planetaria como el presente, América Latina está en condiciones de hacer un gran aporte a los pueblos que luchan en todo el mundo. En Colombia, por primera vez en nuestra historia, tendremos un gobierno popular comprometido con la transformación de la realidad. Los movimientos sociales tendremos que aprender a movernos entre el apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez y la disputa del proyecto de gobierno hacia un sentido cada vez más transformador. Pero, sobre todo, debemos insistir en soñar más allá de lo establecido y atrevernos a crear, porque en nosotros está el futuro.

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Honduras: medio año de Xiomara Castro en el poder

Avances, pendientes y desafíos del gobierno de izquierda

Combatir la pobreza, cicatrizar las heridas del Golpe de 2009, y enfrentar la corrupción, tres factores que han atravesado los primeros seis meses de gestión. 

 

Desde Tegucigalpa

Se cumple medio año desde que Xiomara Castro se convirtiera en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras luego de unos históricos comicios, donde no solo consiguió la mayor cantidad de votos en una elección del país centroamericano, sino que además se comenzó a cicatrizar la herida causada por el golpe de Estado que su compañero Manuel Zelaya sufriera en 2009.

A seis meses de comandar el poder ejecutivo a nivel nacional a través del Partido Libre, de gobernar las ciudades más importantes y de obtener mayoría simple en el Congreso junto a sus -por momentos- aliados del Partido Salvador de Honduras (PSH), ¿cuáles han sido los avances, los pendientes y los mayores retos que atraviesa el autodenominado “gobierno socialista del poder popular”?

Para Rodolfo Pastor de María Campos, Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, lo primero que hay que hacer es un análisis de cómo se encontraron a las instituciones: “Hubo que llegar a literalmente a apagar fuegos, a poner tapones para que no nos hundiéramos”, ilustra el politólogo, quien añade que en los últimos 12 años, la nación “sufrió el impacto de un régimen autoritario y corrupto en el que se fueron deteriorando todos los índices de derechos humanos, con un aumento de la desigualdad y de la violencia”.

Honduras es, después de Haití, el segundo país más empobrecido del continente, con un nivel mayor al 73% de la población y con un 50% de indigencia, al que los anteriores dirigentes del Partido Nacionalista endeudaron para militarizar y saquear, mientras establecían un narco gobierno que cooptaba todas las esferas del Estado, a la vez que la gente comenzaba a escapar en caravanas migrantes con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida en otras tierras.

“La presidenta Castro nos ha instruido y hemos empezado a desmontar la dictadura. Por ejemplo, derogamos una Ley de Secretos que le daba el derecho al anterior gobierno de administrar recursos públicos sin tener que rendir cuentas, siempre que lo justificara como un tema de seguridad nacional”, explica Pastor. También, el Ministro de Defensa José Zelaya -sobrino de la presidenta- acaba de disolver el polémico Consejo de Defensa y Seguridad creado en 2011 por el ex mandatario Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.

“Estas son medidas que van encaminadas a hacerle frente al monstruo de la corrupción que tenemos instalado. Porque además, estamos todavía enfrentados a unos operadores de justicia, a una Corte Suprema y a un Ministerio Público que siguen permeados de manera profunda por el anterior régimen y que nunca persiguieron a Juan Orlando Hernández -el ex presidente hondureño extraditado en abril a Estados Unidos por conspirar para meter 500 toneladas de cocaína-, a pesar de que habían más que suficientes pruebas”, dispara el asesor de Xiomara.

La recién aprobada ley para nombrar a una junta que propusiera a los candidatos para la nueva Corte generó un quiebre -al menos temporal- en la alianza entre el partido Libre y el PSH. Los diputados alineados con Salvador Nasralla votaron en contra, porque “la Corte Suprema de Justicia debe ser totalmente independiente y las personas que lleguen no deberían tener conflictos de intereses por ser funcionarios públicos de este o de anteriores gobiernos”, describe la médica y diputada del PSH Ligia Ramos.

De todas formas, la doctora aclara que “hemos avanzado bastante, acompañando la mayor parte de los proyectos del Ejecutivo y de la agenda legislativa que hemos tenido en común con Libre.” Destaca la nueva política energética, “de la cual yo me siento muy orgullosa y la cual respaldo al 100%”, en la que se declaró a la electricidad como un derecho humano y por lo que el gobierno la subsidia a quienes tienen poco consumo.

También, a pesar de importarlo en su totalidad y en medio del conflicto bélico en Europa del este, se ha rebajado el valor del combustible por tercera semana consecutiva, en un intento de reducir la inflación. Por otro lado, se lanzó el Bono Tecnológico para aliviar al campo -con semillas transgénicas- y la Red Solidaria para asistencia social. Otro hito ha sido la creación de la Policía Comunitaria, a través de la cual se busca mejorar la funcionalidad de una de las instituciones más criticadas luego de una década marcada por la represión.

En materia de salud es donde la médica del PSH ve una “carencia de una política clara, con bastante desabastecimiento de remedios y conflicto laboral por colegas que tienen siete meses de no recibir sueldo”. Para la periodista Jennifer Ávila -directora del medio digital ContraCorriente.red-, se debe a que “el gobierno anterior dejó amarrados muchos tratos que no se pueden pagar”, en un país donde “el clientelismo político y el dar trabajo por ser activista, ha sido la forma normal en que en las instituciones del Estado emplean gente”, explica.

Según Ávila, hay promesas de campaña que aún no se han cumplido y que generan cierta incomodidad: “Una de las exigencias más grandes del movimiento feminista es la aprobación de la de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), ya que Honduras es el único país en Latinoamérica que tiene prohibida su venta y su distribución”, denuncia. La “pastilla del día después” era legal hasta que, posterior al golpe, fue prohibida por considerarse abortiva (sic).

Para Pastor, la demora en volverla a legalizar se debe a que la PAE estará enmarcada en la “Ley integral contra las violencias hacia las mujeres” que se está socializando entre diversos sectores. “Hay grupos de poder fáctico que tienen todavía mucha capacidad mediática de utilizarlo en contra. Y requiere de un trabajo muy cuidadoso para que no se perciba como una imposición del poder, sino como el resultado de un diálogo”, describe Pastor. Pero mientras se construye ese consenso, la PAE sigue prohibida y las mujeres no pueden acceder a un medicamento esencial -según la Organización Mundial de la Salud- “ni siquiera durante un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual”, argumenta Ávila.

“La labor de gobernar es un arte de equilibrios y en este momento sabemos el apoyo que tenemos, pero también estamos conscientes del frágil equilibrio que hemos logrado establecer y como podría ser afectado de dar un paso en falso”, ilustra el Secretario de Estado. Por esa misma razón queda -por el momento- apartada la idea de una Asamblea Constituyente, prometida también en la campaña electoral. “Es nuestra razón de ser. Libre nace a partir de un Golpe de Estado que lo que buscó fue interrumpir un proceso de apertura democrática y de consulta popular. Entonces, la Constituyente es una parte fundamental de nuestro proyecto, pero entendemos la realidad en la que estamos y sabemos que no hay condiciones”, describe Pastor.

Para Bertha Zúñiga, la hija de la asesinada defensora de los recursos naturales Berta Cáceres, “como COPINH constatamos la fuerza de los grupos de poder para los cuales plantear los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras -y la reivindicación que debe hacer el Estado- es una de las mayores amenazas a sus intereses”, analiza. Y más allá de ser recibidos en Casa de Gobierno por la presidenta Xiomara, aclara que “a pesar de la voluntad manifiesta, no hay avance en las demandas territoriales de los pueblos. Pero seguimos esforzándonos para que este tema sea abordado estructuralmente”, advierte.

“Sí ha habido ciertas cosas simbólicas importantes, pero todavía no se ve, por ejemplo, el impacto de la derogación de la Ley de las Zede, como mejoró o resolvió los conflictos socioambientales”, grafica la periodista Jennifer Ávila. Para la doctora y diputada Ligia Ramos, “tenemos que buscar el balance. El gobierno en el Poder Ejecutivo ha hecho cosas importantes que nosotros acompañamos en el Congreso. Tenemos al crimen organizado todavía dentro de las instituciones, que hace más difícil que las cosas funcionen bien rápidamente. Pero en seis meses, hemos avanzado bastante”, afirma.

Según Rodolfo Pastor de María Campos, Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia,”siendo optimistas y lo más realistas posible, en estos tres años y medio que nos quedan por delante, si somos capaces, vamos a lograr estabilizar el país, terminar de apagar esos fuegos, poner la casa en orden y sentar las bases, para que el próximo gobierno sea el que pueda empezar a construir un país más justo, más democrático, más próspero y también por eso más pacífico”.

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Miércoles, 27 Julio 2022 05:36

El imperio se rompe por dentro

El imperio se rompe por dentro

La lógica «amigo y enemigo», constitutiva de las relaciones entre comunidades políticas distintas, está ganando terreno como forma de dirimir las diferencias al interior de la comunidad política estadounidense. ¿Hay salida?

Las recientes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre temas como el aborto, protección medioambiental, derecho al voto de minorías y porte de armas se inscriben en una disputa de tipo existencial que está teniendo lugar al interior de la sociedad estadounidense.

Eventos como la elección de un presidente negro, la irrupción de minorías raciales en el Congreso federal y el avance de movimientos subalternos como el BLM (siglas de Black Lives Matter) han hecho creer a una parte importante de los estadounidenses blancos que su marco identitario esencial está amenazado. A ello se le suma un progresivo proceso de debilitamiento de las instituciones públicas como resultado de décadas de implantación de políticas neoliberales en el país.

La presencia de jueces ultraderechistas, las recurrentes masacres en manos de supremacistas blancos, la violencia policial selectiva y la imparable lógica política trumpista son los emergentes más visibles de un proceso subterráneo que ha ido transformando lentamente el imaginario social. Para comprender estos cambios en toda su dimensión, entonces, debemos analizarlos en un doble plano: por un lado, el de la disputa existencial; por otro, el de la debilidad institucional.

La disputa existencial estadounidense

Para evitar la guerra o la descomposición interna, las disputas dentro de una comunidad política deben procesarse en términos de adversarios legítimos y no de enemigos irreconciliables. A su vez, los miembros de esa comunidad de alguna forma deben asumirse parte de lo que Carl Schmitt (2009) denominaba una «igualdad sustancial», lo que implica reconocer la existencia de un marco histórico común que fundamenta un presente y un futuro compartido.

Así, las instituciones formales funcionan como el mecanismo mediante el cual los actores sociales procesan sus diferencias; para ello, dicho marco institucionalidad debe gozar de legitimidad en el sentido weberiano, esto es, aceptación interna. Que las personas interpreten esas instituciones en un registro positivo porque en ellas ven la materialización de ciertos ideales nucleares del grupo como lo son la patria, la identidad, el bienestar colectivo, etc. De este modo, las instituciones son legítimas en tanto proyecten, y en cierta medida materialicen, un ideal de lo que es común a todos.

Cuando las diferencias dominantes no se pueden procesar en términos de adversarios, en cambio, esa comunidad política ha pasado a la lógica de amigo y enemigo. La cual, citando nuevamente a Schmitt, concierne no a la política interna sino a la externa. El enemigo no puede ser parte de la comunidad porque la existencia de este implica un exterior constitutivo en el sentido derridiano. Es decir, es ese otro externo cuya presencia da forma al nosotros interno.

Toda identidad colectiva, sostienen Laclau y Mouffe (2015), implica «lógicas de frontera». De modo que no hay identidad que adquiera el rango de política —en el sentido schmtiano de que agrupe en términos de «ellos» y «nosotros» a un grupo grande, como una nación— que no se establezca a partir de dinámicas fronterizas y exteriores constitutivos. Somos un «nosotros» en la medida que no somos «ellos».  

Mantener, pues, las diferencias internas fuera de la lógica amigo y enemigo permite que las discrepancias entre los diversos actores de la comunidad política no socaven la legitimidad que entre adversarios deben reconocerse. Ello da estabilidad al orden institucional al tiempo que posibilita el mencionado marco de proyecto común. 

Una vez que el «ellos» y el «nosotros» emergen internamente no es posible procesarlos institucionalmente, ya que significa que una parte de la comunidad política desconoce la legitimidad de la otra. Las instituciones se interpretan en registros opuestos según el lugar de cada grupo en disputa. En tales contextos, la historia es clara: lo que sobreviene es la guerra civil. Sin un marco legítimo donde entre grupos amplios y diferentes de una comunidad resuelvan sus querellas y equilibren sus aspiraciones, lo que queda es la violencia. Y, con ello, la descomposición interna. Tal es el escenario que, en nuestra opinión, se está configurando actualmente en los Estados Unidos.

«Ellos o nosotros»

Para un amplio sector de los estadounidenses blancos hay una parte de su sociedad que constituye un «ellos» antagónico a su «nosotros» esencial. O, lo que es lo mismo, un enemigo al cual se debe derrotar con todos los medios que sean necesarios —incluyendo la eliminación física, como creyó el genocida de Búfalo hace poco—.

Ese «otro» dejó de ser un adversario con el que, aunque se sepa que nunca se coincidirá en lo fundamental, se puede establecer un marco de legitimidad compartida. Así era cuando entre demócratas y republicanos luchaban políticamente dentro de claves institucionales: ganara quien ganara, cada cuatro años lo fundamental del país seguía igual. Y ello porque la comunidad política estadounidense, a nivel interno, se gestionaba fuera de la lógica de la disputa existencial. Ya no es el caso.

La «nación existencial» (Villacañas, 2014) es la que establece relaciones de amigo y enemigo. Esta forma de nación está siempre latente dentro de toda comunidad política. Aparece de tiempo en tiempo. Y le compete a cada orden institucional mantenerla contenida mediante mecanismos adecuados.

En Estados Unidos sucede que hoy día ese tipo de nación, encarnada en buena parte de su mayoría blanca, ha irrumpido con una fuerza e ímpetu significativos (en un país con una historia de violencia racial constitutiva). El trumpismo es un significante vacío que agrupa diversas demandas de buena parte de los estadounidenses blancos descontentos. 

La lógica política trumpista es un elemento estructurante que da unidad y conducción para que sus idearios obtengan resultados políticos concretos. Y el Partido Republicano, en tanto tomado totalmente por el trumpismo (según encuestas, más del 90% de votantes republicanos es favorable a Trump), está trasladando a las instituciones —Congreso, Corte Suprema, tribunales federales y otras— esa lógica de disputa existencial. He ahí, pues, la clave fundamental desde la que entender la radicalidad de los jueces supremos.

Cuando Barack Obama llegó a la presidencia cambiaron muchas cosas. Visto en retrospectiva, sin embargo, podemos decir que ese fue el momento en que la lógica existencial de los blancos tomó su impulso decisivo. No es fortuito que al primer presidente negro le sustituyera en la Casa Blanca el primer presidente de ultraderecha. 

Donald Trump, multimillonario devenido en mesías del populismo reaccionario, se hizo políticamente relevante cuando encabezó aquella rocambolesca campaña que sostenía que Obama no era estadounidense sino africano. En la perspectiva demócrata, anclada en la lógica del «votante medio», aquello se interpretó como una locura sin más. Incluso hubo una ocasión en la que el presidente Obama, en un evento social, se mofó frente al propio Trump de ese bulo.

Pero se equivocaron —ellos y casi todos nosotros— al minimizar esa narrativa, puesto que la misma contenía algo más profundo. Algo estaba cambiando en el «votante medio», y una parte significativa de los estadounidenses blancos se estaba radicalizando, estaba pasando a una lógica existencial en la que las cosas no se miden en términos de veracidad ni de hechos sino de percepciones guiadas por factores emocionales. Lo cual proyecta a la lucha política hacia planos que superan los clivajes tradicionales de «demócratas versus republicanos» o «liberales (en el sentido norteamericano) contra conservadores».

Desde ese entonces, Trump logró erigirse en la figura que expresa el sentido común de una parte de la llamada Deep America, en la que el descontento blanco ya no se vehiculiza mediante búsqueda de consensos sino de rupturas radicales. El primer presidente negro, dentro de esa subjetividad, desde luego no podía ser un estadounidense legítimo. Trump, el varón blanco nacionalista y agresivo que rompe los moldes de la conducta institucional, fue el justiciero que volvió a poner cada cosa en su sitio, a retrotraer las cosas a la «América grande» donde mandan los blancos y, por tanto, las personas negras y otros «ellos» están en su lugar correspondiente.

Moral, libertad y raza

El trumpismo se convirtió en una lógica política hegemónica, esto es, capaz de articular demandas diversas y de establecer fronteras antagónicas frente a otras hegemonías (en este caso, ante la hegemonía centrista tradicional). Movió las coordenadas del conflicto político estadounidense hacia superficies de disputa existencial. De ahí la elección de jueces de ultraderecha —y evidentemente supremacistas— a la Corte Suprema bajo su presidencia, rompiendo abiertamente con el hasta entonces hegemónico consenso de la moderación centrista.

En tal contexto, los senadores republicanos, que otrora se inscribían en dicho consenso, tenían dos opciones: o apoyaban a los jueces propuestos por el mesías de su partido radicalizado existencialmente o simplemente no volvían a ganar una elección en sus estados. Aun en el contexto de lógicas políticas existenciales, el pragmatismo electoral pesa.

Así las cosas, los jueces electos por el trumpismo emprenden desde las cortes una lucha contra el enemigo existencial de la «América auténtica». En el plano moral-religioso se trata de desmontar leyes a favor del aborto y de matrimonios LGBTQ+ y racialmente mixtos que, en el contexto de correlaciones políticas anteriores, sectores subalternos lograron se aprobasen. En el plano de la libertad (significante político constitutivo de este país) implica acabar con todos los límites que, en los mismos términos anteriormente señalados, se han venido imponiendo en las últimas décadas respecto al porte de armas y el uso indiscriminado de dinero para financiar campañas políticas. Y, en cuanto a lo racial, significa eliminar prohibiciones como las que dictaminaron varios tribunales estatales en lo que respecta a la manipulación distritos electorales (gerrymandering) para evitar que, aun siendo mayoría, los negros siguieran casi sin representación en varios congresos locales.

He aquí tres aspectos centrales: moral, libertad y raza. La concepción de mundo blanco-anglosajona estadounidense se construyó históricamente, en lo fundamental, sobre esos tres pilares. Y ello fue lo que, como sostiene Howard Zinn (2003), utilizaron las élites de principios del siglo XIX para fomentar el racismo del blanco pobre contra el negro en momentos en que entre estos dos grupos comenzaban a tejerse relaciones de hermandad y solidaridad a resultas de la creciente desigualdad que sufrían. El trumpismo en su versión judicial, desde la Corte Suprema, trabaja directamente para recomponer el país en claves del siglo XIX. 

El presidente Joe Biden, tras conocerse la decisión que anuló el precedente de casi 50 años de Roe vs Wade en relación al derecho al aborto, dijo que esta era una Corte «extrema». La otrora sacrosanta Corte Suprema, que simbolizaba imperio de la ley y solemnidad republicana, es ahora tratada como un ente partidista más. Con el agravante de que se la ubica en el extremo del espectro político; esto es, no se le reconoce legitimidad. Como vimos, una vez las instituciones pierden legitimidad entendida como aceptación el conflicto político-social pasa a otros ámbitos. Lo que hace que la idea del «todos» como horizonte común al interior de la comunidad política se derruya.

Para los demócratas, tanto del ala centrista-neoliberal como de la izquierdista-socialista, esta Corte Suprema no forma parte del «nosotros». La expresión institucional del trumpismo condujo a los demócratas a inscribirse, en forma de reacción, en una dinámica también existencial. Las luchas electorales que se avecinan, en tal contexto, no estarán inscritas solo en política contingente, sino que —y esto es lo decisivo— estarán signadas por la pugna entre dos Estados Unidos que no se reconocen legitimidad el uno al otro.

De ahí que entre demócratas y republicanos actualmente no se pueden poner de acuerdo en casi nada. La lógica amigo y enemigo, constitutiva de las relaciones entre comunidades políticas distintas, está operando al interior de la comunidad política estadounidense. Lo cual no hace sino evidenciar que Estados Unidos es un país roto por dentro. 

El neoliberalismo contra el bien común

En los últimos cuarenta años, Estados Unidos ha vivido bajo un sistemático ataque neoliberal contra lo público (Brown, 2016; Harvey, 2007; Zuboff, 2020) que ha debilitado considerablemente la capacidad de respuesta de las instituciones para atender las causas de la disputa existencial actual. Ahora bien, este avance neoliberal debe entenderse en dos planos: la estructura cultural-ideológica sobre la que se asentó y su cristalización en el nivel de políticas concretas.

En primer lugar, el neoliberalismo estadounidense vino de la mano de lo que George Lakoff (2007) caracteriza como la articulación entre el Partido Republicano y ciertas élites económicas para desmontar a nivel de los «marcos mentales» del ciudadano medio el consenso del New Deal. Para ello se sirvieron del aparato conceptual-discusivo que les proveyeron autores como Hayek, Rothbard y Friedman en su versión más propagandística. Las ideas (y elucubraciones) de estos referentes neoliberales fundamentaron los marcos mediáticos que fueron colocándose en la opinión pública. 

Lo público y el Estado eran presentados como «enemigos de la libertad» y, por consiguiente, contrarios a la creación de riqueza. Esa convergencia entre libertarismo y conservadurismo estadounidenses dio lugar al «paleolibertarismo», marco de análisis político, social, económico y cultural en el que se formaron diversas figuras que luego pasaron a ocupar cargos de dirección en administraciones republicanas desde Reagan y demócratas con Clinton (Zuboff, 2020). 

Esa sistemática operación mediática —vehiculizada mediante el incentivo de marcos mentales que vincularan valores morales y costumbres preexistentes con idearios neoliberales (Lakoff, 2007)— dio como resultado que millones de estadounidenses de clase media y baja asumieran la narrativa antiestatal y antirregulación, que en los hechos solo es favorable a los ricos. Tal identificación construyó un sentido común tendencialmente mayoritario que naturalizó el neoliberalismo, instalando así una hegemónica y ubicua matriz subjetiva neoliberal.

A partir de ese punto, lo que se inició con Reagan fue un amplio proceso de desregulación financiera, desmonte de protecciones medioambientales, baja de impuestos a las rentas altas y ganancias de capital, etcétera, que continuó indemne en las administraciones subsiguientes de ambos partidos. Esta «neoliberalización de la sociedad estadounidense», a nivel subjetivo y estructural, debilitó decisivamente el marco institucional surgido del New Deal que, entre 1945 y 1975 (la época de mayor prosperidad de la historia norteamericana y occidental) había asegurado la existencia de una sociedad cohesionada en base a clases medias fuertes, derechos sociales garantizados y separación entre intereses corporativos e intereses de Estado.

Desintegración

Estados Unidos entra hoy a la fase de desintegración interna probablemente más peligrosa de su historia desde la guerra civil de 1861 a 1865. Y lo hace en medio del auge de un sentido común de época neoliberalizado, individualista y extremadamente poco solidario. 

Pareciera que las preocupaciones del conservador Samuel Huntington contenidas en su libro Who are we? cristalizan hoy en el trumpismo. Pero, a diferencia de lo que afirmaba allí el autor, lo que amenaza a la sociedad estadounidense no es el reto demográfico hispano sino la respuesta de una parte de la mayoría blanca ante las identidades no blancas (racial y culturalmente) y subalternas (feministas, LGBTQ+, antirracistas, socialistas) que emergen frente al orden anglosajón históricamente hegemónico.

La disputa existencial que en los Estados Unidos de hoy se afirma como tendencia dominante para la resolución de conflictos políticos, entraña una peligrosidad inédita. Porque el enemigo contra el que lucha el trumpismo no es un «ellos» homogéneo. Es algo mucho más grande, que ya está respondiendo, y que el Partido Demócrata y sectores liberales no logran canalizar institucionalmente.

¿Se evitará la guerra civil? Existen observadores que afirman que, aunque en forma de guerra de baja intensidad, esa conflagración ya comenzó. El mundo se juega mucho en cómo los estadounidenses logren procesar su conflictividad interna sin desintegrarse.

Referencias 

Brown, Wendy (2016). El pueblo sin atributos. Barcelona: Malpaso. 

Harvey, David (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chatal (2015). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid: Siglo XXI. 

Lakoff, George (2007). No pienses en un elefante. Madrid: Complutense. 

Schmitt, Carl (2009). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial. 

Villacañas, José Luis (2014). Historia del poder político en España. Barcelona: RBA. 

Zinn, Howard (2003). La otra historia de los Estados Unidos. Guipúzcoa: Argitaletxe Hiru.

Zuboff, Shoshana (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Madrid: Paidós. 

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