Después de Argentina y México, ¿puede avanzar América Latina hacia la despenalización del aborto?

En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. En este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla.

 

El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta. 

Podría decirse que es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances. En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla, en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho, depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.

No es lineal el caminito y mucho menos se llega a una meta. Ni siquiera lograr la legalidad de la interrupción voluntaria de un embarazo puede entenderse como la ocasión de alzar la copa. Ahí comienza otro campeonato. Una nueva fase de lucha. Siempre alertas, porque los derechos de las mujeres y de las diversidades nunca se dan por adquiridos y “… debéis permanecer vigilantes…”, como adelantó Simone de Beauvoir.  

Venas abiertas

Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.

Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. En América latina el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en países que durante el siglo XX fueron vanguardia en la reforma de la legislación sobre aborto hoy las mujeres y niñas ven sus derechos en peligro. Tal es el caso de Texas, Estados Unidos, que aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto. En conclusión, la fuerza del movimiento de mujeres de América latina ha demostrado su capacidad para generar cambios poderosos y estas embestidas contra derechos conquistados nos encienden una alarma para nunca dejar de pelear”.

México

México reúne 32 entidades federativas, cada una con sus propias legislaciones sobre aborto. Es decir, opera bajo un sistema federal que regula el aborto a nivel estatal, por ende la ley varía según el estado. 

La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, y algunos agregan otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. 

La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto a pedido con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021 se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

“Estamos muy contentas de que los cambios en los tres estados hayan sido tan rápidos. Lo que estamos buscando es que la implementación sea igual de rápida como fue en la capital. Tenemos el aprendizaje de esa ciudad para poder implementar y mejorar. Además, hay muchas colectivas capacitándose para acompañar abortos con medicamentos y así responder un poco a los vacíos que deja el Estado. El hecho de que no sea legal en todo México no quiere decir obviamente que no haya acceso a través de iniciativas feministas”, valora Sofía Garduño Huerta, a cargo de la coordinación del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), quien resalta el coletazo que generó la novísima aprobación del aborto en Argentina. 

Para Garduño Huerta, “el movimiento de la marea verde argentina dio un impulso muy grande para la movilización social mexicana”. “Hizo, sobretodo, que se pusiera el tema otra vez sobre la mesa, que se incorporaran más jóvenes al movimiento y personas de distintos ámbitos como actrices, cantantes e influencers. Visibilizó las colectivas al interior de la República y fuera de la capital. Vino a renovar las estrategias y a inyectar energía y alegría al movimiento feminista”.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico. 

Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera básicamente le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales, y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta. Otra cosa que ha dicho la Suprema Corte es que la protección de la vida desde el momento de la concepción ─tal como la entienden los grupos conservadores─ también es inconstitucional”.

Así, explica, se hace un reconocimiento a la vida pero no puede estar por encima de los planes de vida y derechos de las mujeres. Además, ha habido discusiones sobre la objeción de consciencia, en las que se resguarda este derecho del personal de salud a la vez que establece muy claramente que la objeción de consciencia no puede ser institucional: “En este sentido obliga al Estado a tener proveedores de salud que atiendan a quien lo necesite. Estas últimas discusiones son de muy avanzada al poner en el centro la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

Cuba

Cuba fue el primer país de América latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1961 la práctica salió de la clandestinidad y en 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, la práctica debe llevarse a cabo en una institución hospitalaria, por personal experto y de forma totalmente gratuita. 

Desde hace casi 60 años, entonces, las cubanas acceden a su derecho a interrumpir un embarazo siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más allá de este plazo se siguen criterios médicos.

Aun antes de la Revolución, igualmente, la interrupción del embarazo podía enmarcarse en causales. A partir de 1936 el aborto fue legal en Cuba para salvar la vida de la mujer o evitar un daño a su salud, en caso de violación, o si existía la posibilidad de transmitir al feto alguna enfermedad grave.

“Es importante que exista el derecho desde 1936. La Revolución del 59 heredó esa conquista. Pero a pesar de ser legal no existe una ley constitucionalizada, como en Argentina. Y eso no es bueno, porque aunque una mujer cisgénero pueda decidir no continuar con un embarazo tiene obligatoriamente que pasar por el sistema de salud”. Así se explica la periodista y ecuménica Yuliet Teresa Villares Parejo desde Morón, municipio de la provincia cubana de Ciego de Ávila.

Según Villares Parejo, en Cuba existe un método menos invasivo de interrupción que es la regulación menstrual, que se hace en una institución sanitaria. “Los altos números sobre esta práctica que ha informado el Ministerio de Salud dan cuenta de un nivel de educación sexual integral muy bajo en nuestro país. Este es uno de los debates que nos estamos dando en el movimiento feminista: la necesidad de un programa que se imparta en la educación cubana, porque obviamente a nuestras adolescentes y a nuestros jóvenes les falta información. Por otro lado, hay una escasez muy grande de anticonceptivos. Claro que es un derecho el aborto, pero las formas anticonceptivas tienen que existir en el sistema nacional de farmacia porque en el imaginario de muchas mujeres cubanas el aborto es la última opción”.

Para Villares Parejo tampoco es un dato menor que se trate de un proceso de gran impronta burocrática: “Sabemos que abortar es seguro, es legal, pero es muy moroso. Para que una mujer rural llegue al hospital provincial… la demora, el burocratismo es muy fuerte. La morosidad en una persona que quiere abortar, teniendo en cuenta que se le puede pasar el tiempo, es complejo. Ese es otro de los desafíos que tiene la salud pública de Cuba, con el Estado como eje gobernante de todo el proceso”. 

El Salvador

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con una prohibición de la práctica en todas las circunstancias. 

La historia de Manuela ─una mujer joven, analfabeta, de la zona rural salvadoreña ─ es un ejemplo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió así en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos. 

“La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Las consecuencias de esta ley, además, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Sara García es activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos y cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder desdibujando la separación de poderes de Estado. “Encima, la nueva Asamblea Legislativa conformada mayoritariamente por diputadas y diputados del partido de gobierno ha archivado la propuesta que habíamos colocado para despenalizar el aborto, sin diálogo ni debate”, indica.

Nicaragua

En Nicaragua la interrupción del embarazo también está penalizada bajo cualquier supuesto. El 16 de noviembre de 2007, el Código Penal explicitó la pena de uno a tres años de prisión a “quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer (…) Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”. Y penas de uno a dos años de prisión a “la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”. Se castiga, incluso, el aborto terapéutico ─aquel que se realiza cuando la vida de la persona gestante o el feto corren peligro─, y no importan las edades ni las situaciones de abuso sexual.

Maryorit Guevara es periodista feminista y directora de La Lupa, el único medio crítico con perspectiva de género en Nicaragua: “Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron con acuerdos que se reformara la ley para penalizar el aborto, permitido en algunas circunstancias por más de 100 años en el país. Este pacto político favoreció al Frente Sandinista de Liberación Nacional para poder retornar al poder y congraciarse con la Iglesia. Sin embargo, vale mencionar que no tenemos casos, como en otros países de Centroamérica, de mujeres que hayan sido procesadas y condenadas por este supuesto delito”, dice esta periodista, que aclara que esto no significa que no se practiquen abortos, “sino que hay una gran clandestinidad en clínicas que no cuentan con las condiciones necesarias, y son situaciones que terminan atentando contra las vidas de las mujeres”.

Guevara pone el foco en otra de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto en Nicaragua: “La afectación más visible es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. Sin tener acceso a justicia a pesar de haber sufrido vejaciones. Esta es una de las mayores denuncias que se ha hecho desde el movimiento de mujeres organizadas nicaragüenses”.

Chile

La ley 21030 del año 2017 reguló la despenalización de la interrupción del embarazo en Chile bajo tres causales: si la mujer se encuentra en riesgo vital, si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, o si el embarazo fuera resultado de una violación ─siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación─. 

Izani Bruch, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, señala los pasos dados cerca de la cordillera: “La ley de las tres causales no contempla las realidades de todas las mujeres, pero se perciben muchas resistencias desde sectores de la derecha, de parte de iglesias evangélicas, de la iglesia católica y de los movimientos pro-vida para generar cambios. Sin embargo, en el último debate presidencial, tres de los cinco candidatos en campaña plantearon estar de acuerdo con impulsar la ley de aborto legal, seguro y gratuito que demandan las mujeres y los feminismos chilenos”.

Cabe recordar que el estallido social que movilizó a Chile en octubre de 2019 abrió un proceso constituyente histórico que se orientó a la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, entonces, existe la posibilidad de incorporar al catálogo de derechos fundamentales la salud, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales y reproductivos.

Uruguay

La ley 18.987 aprobó en 2012 la legalización del aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación, y los datos oficiales cuentan que son 75 mil las mujeres que en ocho años de servicios pasaron sus abortos por el sistema de salud.

Pero aunque fue punta de lanza en América del Sur, la norma uruguaya no sacó al aborto del Código Penal; y mantuvo como punibles a las mujeres que aborten o a quienes las ayuden a abortar por fuera de las condiciones definidas por la ley. Es decir: fuera de las 12 semanas de gestación, fuera de los servicios de salud y a las migrantes con menos de un año de residencia. Hasta las 14 semanas se permite interrumpir un embarazo solo en casos de violación, y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida.

“Esa no era la ley que queríamos ni que habíamos peleado como movimiento feminista, porque es restrictiva y extremadamente tutelante. Establece una serie de condiciones para llegar al aborto legal que son una falta de respeto a la capacidad ética de las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. La ley uruguaya lo que hace es poner bajo control médico el cerciorarse que la mujer esté decidiendo por un aborto de manera informada y responsable, y la intencionalidad es que desista de abortar. Esto es grave en términos feministas y es un dolor enorme para nosotras”. 

Quien comparte el pesar es Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay.

“A los seis meses, sin embargo, tuvimos que salir a defender esa ley que se había conseguido porque los opositores ─que hoy gobiernan el país─ constituyeron una Coordinadora Por la Vida para derogar la norma llamando a una consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana necesitaba el 25% de adhesión para habilitar un plebiscito derogatorio. Solo obtuvieron el 9%, y esto fue el gran éxito que tuvimos como movimiento social en términos de apoyo democrático a la lucha que habíamos llevado”.

Luis Lacalle Pou asumió en 2019 como presidente de Uruguay por el Partido Nacionalista. Previamente, como diputado, no apoyó ninguna de las leyes de la agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas, ni la ley integral para personas trans. Y en campaña declaró que su gobierno seguiría una agenda “pro-vida”.

Así analiza Abracinskas el recorrido reciente: “Como movimiento feminista debemos estar alertas siempre. Saber que nada de lo que se consigue termina estando grabado a piedra. Por eso creo que entre las cosas que hicimos bien estuvo mantener la movilización social en torno al aborto. Que la gran movilización que hubo en Uruguay para conseguir la ley no se desvinculara. Porque conseguir la ley no es el final del camino sino entrar en una nueva fase, que requiere apropiarse del logro, garantizar los servicios, mantener exigibilidad ciudadana para que lo que se comprometió se cumpla y tratar de generar las condiciones para avanzar sobre lo logrado”.

Argentina

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, destaca la amalgama feminista de la región: “En América latina hay una marea verde muy grande, y nuestra ley ha generado un impacto altamente positivo. Tenemos muchos intercambios con distintos países de la región para favorecer la ampliación de derechos a partir de la experiencia argentina. Sobre todo porque nosotras logramos llegar a sancionar la ley con mucho apoyo de la red feminista latinoamericana”.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley en Argentina, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos ocho meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.

Algunos números que refleja el Informe de Implementación de la Ley 27.610 con fecha junio de 2021 son 22 intervenciones del equipo legal de la DNSSR por problemas relacionados con el acceso a IVE-ILE y con el acceso a anticoncepción durante la pandemia; 12.010 llamados durante el primer cuatrimestre de 2021 a la línea telefónica gratuita que brinda información a la población o 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre 2021. 

Pero el trecho es largo y “en la cancha se ven los pingos” dice el dicho. Por eso, desde distintos espacios feministas festejan lo logrado mientras machacan con lo que falta.

Julieta Bazán es médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: “Celebramos la ley que nos da un piso para seguir exigiendo que se cumplan las acciones necesarias para su implementación. Porque notamos que muchas provincias generan discursos contradictorios que dificultan el acceso al derecho y a información segura. Es una ley nacional y se necesita que todos los efectores tengan los medios para garantizarla. Asimismo notamos mucha heterogeneidad: en las ciudades más grandes hubo un aumento de la demanda y de tratamientos pero que son insuficientes. Las personas que recurrían a intervenciones clandestinas se animan hoy a acercarse al sistema de salud, pero no estamos pudiendo dar abasto con las respuestas. Faltan recursos, tanto en equipos de salud capacitados como en tratamientos”.

De punta a punta, América latina batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, todavía mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina

Por Mariana Fernández Camacho

28 sep 2021

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Miércoles, 15 Septiembre 2021 05:57

Crónica de una derrota no anunciada

Crónica de una derrota no anunciada

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió una dura derrota electoral en las elecciones primarias, que funcionaron en la práctica como un simulacro de las elecciones de mitad de término que se llevarán adelante el próximo 14 de noviembre, a manos de la centroderecha aglutinada en Juntos por el Cambio.

 

Las elecciones argentinas del 12 de septiembre fueron Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que toda la ciudadanía es convocada a elegir la conformación de las listas de las fuerzas políticas que aspiren a presentar candidaturas para competir en las elecciones generales, en este caso las elecciones legislativas intermedias del 14 de noviembre. Estas, como ya ha mostrado suficientemente la ciencia política local, contribuyen a ordenar y concentrar la oferta electoral habilitando la competencia interna en aquellos espacios que la tengan, así como obligar a todas las fuerzas aspirantes a presentar candidaturas en las elecciones generales a superar el 1,5% del padrón electoral para poder hacerlo. Pero para quienes votan, y para quienes se postulan, es una especie de primera vuelta, por lo que los resultados se leen como los de una elección común y silvestre. Y, en este caso, lo que se puede leer es una tan imprevista como contundente derrota del peronismo en el poder a manos de la centroderecha que tiene al ex-presidente Mauricio Macri como referente y al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como presidenciable para 2023.

Si estas hubieran sido las elecciones generales, el bloque opositor de Juntos por el Cambio alcanzaría la primera minoría en la Cámara de Diputados, y el oficialista Frente de Todos (peronismo) perdería la mayoría propia en la Cámara de Senadores. De cara a la próxima presentación del Presupuesto 2022, que el Poder Ejecutivo nacional tiene que hacer frente al Congreso en los próximos días, y a las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos resultados si serían una catástrofe.

Pero son las PASO, y de acá a noviembre -cuando se desarrollará la elección en la que efectivamente quedará conformado el Congreso Nacional que acompañará a la gestión presidencial de los próximos dos años- el gobierno nacional tiene la oportunidad de, si no revertir el resultado, lo cual parece muy difícil, mejorar su performance de modo de aminorar el fuerte golpe recibido. Por lo pronto, los resultados del domingo fueron un baño de agua fría que el oficialismo no esperaba. La oposición de centro derecha ganó la estratégica Provincia de Buenos Aires, territorio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que todo el peronismo fue unido, y en la mayoría de las provincias, incluso las de hegemonía peronista. 

El voto económico

La situación económica en la Argentina no mejora. No obstante, el oficialismo se esforzó en mostrar datos que mostraban una recuperación de la economía, que a sus graves problemas de arrastre sumó los efectos de la pandemia.

Con un gobierno nacional que puso su mayor esfuerzo en el avance de la campaña de vacunación en los últimos meses, llegando a vacunar al 40% de la población con las dos dosis, el gobierno fue flexibilizando las medidas de restricción que caracterizaron los primeros 15 meses de pandemia y así la actividad económica en junio demostró un repunte de 2,5% mensual. Sin embargo, hace tiempo que, desde varios sectores, propios y ajenos, se le advertía al oficialismo nacional la necesidad de tomar nota (y actuar en consecuencia) de la no recuperación o incluso empeoramiento de variables económicas que hacen al día a día de la vida de las personas, de la no traducción de esta recuperación de las variables macro en la vida cotidiana de, especialmente, los sectores más bajos de la población. Todo lo cual puede verse en la caída del salario real.

Las tasas de pobreza e indigencia, aun con las políticas de transferencias monetarias de 2020, se mantienen actualmente en torno de 42% y 10,5% respectivamente. Estos índices son especialmente dramáticos si se hace un recorte de la población de 0 a 17 años. Para esta porción de la población, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza asciende a 62,5% y la indigencia a 15,8%. En este contexto, el trabajo registrado no logra recuperarse al ritmo de la recuperación de los niveles de actividad, y la presión sobre el salario que ejerce la inflación es cada vez más alta. A su vez, el acceso a la vivienda dejó de ser una posibilidad alcanzable no ya para los sectores bajos de la población, sino para la clase media trabajadora. Justo ese, el voto que inclina balanzas para cualquier lado de la «grieta» que divide a la sociedad argentina. Con un mercado inmobiliario valuado en dólares en la Argentina, la falta de acceso al crédito y políticas publicas oficiales insuficientes para satisfacer la demanda habitacional esto se manifiesta hoy con toda crudeza.

Por supuesto, estos no son problemas nuevos; la pandemia puso de relieve problemas estructurales que las recetas coyunturales de ninguno de los últimos gobiernos, ni progresistas ni conservadores, han podido resolver. La demanda por trabajo registrado, salarios suficientes, acceso a la vivienda, y las propuestas claras del cómo, cuánto y para quién, con recursos extraídos de dónde fueron temas que sobrevolaron la campaña con señalamientos desde la oposición y sin que el oficialismo diera respuestas concretas más allá de propuestas de futuro que no satisficieron, a decir de las urnas, las demandas del presente. El avance en las agendas del siglo XXI, vinculadas al acceso a derechos y diseños de políticas para la promoción de industrias que atraen divisas, pero no generan trabajo en el corto plazo ni para grandes porciones de la población, se topó con una Argentina heterogénea que aun arrastra problemas del siglo XX.

Mientras la política de vacunación avanza, la oposición capturó más rápidamente que le oficialismo el agotamiento de la pandemia como recurso retórico, aprovechando además electoralmente los errores autoinfligidos del oficialismo nacional, como el denominado «vacunatorio vip», el cumpleaños de la primera dama en medio del confinamiento y otros traspiés cometidos durante el último año por el gobierno de Alberto Fernández.

Participación, coaliciones y terceras fuerzas

Según datos de la Cámara Nacional Electoral la participación electoral rondaría el 68%, y si bien es cierto que es la participación más baja desde la implementación de las PASO, no es un porcentaje menor en un escenario de pandemia y descontento social. Acá no hay crisis de representación.

A este dato que puede ser leído como positivo, se suma que alrededor del 70% del voto a nivel nacional se concentró en las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario político nacional: Juntos por el Cambio (que incluye, entre otras fuerzas, al macrismo y a la Unión Cívica Radical) y el Frente de Todos (una coalición panperonista). El bicoalicionismo es ya una realidad presente en la Argentina para el votante promedio, las PASO incentivan su supervivencia y esto implica mayores incentivos para los actores políticos para no romper con sus aliados.

Sin embargo, esta lectura seria miope si no se da cuenta de dos fenómenos que, si bien territorializados, llaman la atención en el escenario local. El experimento de la alt-right criolla, personificado en la candidatura de Javier Milei por la fuerza La Libertad Avanza recogió 14% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un discurso libertario de derecha, este excéntrico economista atrajo el voto joven y capturó el descontento de porciones de la población metropolitana vinculado a la presión del Estado sobre la actividad privada, e incluso canalizó las frustraciones de posiciones de los sectores más bajos de la población que interpretan que la ayuda del Estado no compensa la realidad que viven, y logró construir un ethos local que se tradujo en votos. Fue, no obstante, un fenómeno limitado a la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT, trotskista), prácticamente la única izquierda fuera del Frente de Todos, mejoró sus guarismos electorales. En los dos grandes distritos, Ciudad y provincia de Buenos Aires obtuvo el 6,23% y 5,1% de los votos respectivamente, así como alcanzó a convertirse en la tercera fuerza en la provincia de Jujuy (en el norte argentino fronterizo con Bolivia) con 23% de los votos.

Para evitar una merma de votos por derecha como en 2019, Juntos por el Cambio abrazó a gran parte de la derecha metropolitana en la candidatura de López Murphy, y otros candidatos con discursos más radicales, que hoy juegan por dentro de la coalición.

Finalmente, el gran ganador del que pocos hablan es el centenario partido al que se ha dado por muerto varias veces, pero sigue ahí resucitando. Los resultados en el nivel local de la Unión Cívica Radical -parte de Juntos por el Cambio- dan cuenta de que el partido que lideró la transición democrática con Raúl Alfonsín y en estos años giró a lacentroderecha fue, es y seguirá siendo un socio necesario para cualquier coalición que busque disputar poder al pan peronismo nacional. La candidatura del neurólogo Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires obtuvo resultados, especialmente en el interior provincial, que muestran a las claras que, aunque el partido no logre hace ya décadas impulsar un liderazgo nacional aglutinante, si tienen estructuras locales vitales que se muestran útiles a la hora de las elecciones.

Lo que se viene

Restan exactamente dos meses de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre. El oficialismo nacional no tiene demasiado tiempo ni márgenes para recuperarse de esta derrota. En un contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la estabilización de las variables macro se vuelven un imperativo, la posibilidad de mejora de las variables micro vía trasferencias monetarias tiene límites muy estrechos.

Los desafíos son muchos para el gobierno, y con la derrota vuelven a emerger las pujas internas entre «albertistas» y «cristinistas», que se tradujeron en frases públicas de la vicepresidenta sobre los «funcionarios que no funcionan», pujas dentro del espacio oficialista sobre las políticas de seguridad, y sectores del kirchnerismo desanimados con un gobierno al que consideran demasiado «centrista».

Hoy cambiar a las autoridades económicas -que son parte del «albertismo»- se complica ya que se encuentra en proceso la negociación con organismos internacionales de crédito que son claves para la recuperación económica.

Qué puede pasar en los próximos días es tarea de adivinadores, y no de politólogos ni politólogas, que, a las postres, tampoco avizoramos semejante derrota del oficialismo.

Para Juntos por el Cambio, por su parte, el desafío está en retener los votos obtenidos, evitar el crecimiento de una derecha externa que no avizora intenciones de dialogar futuro, y lograr capturar el mayor porcentaje de ese alrededor del 30% del padrón que no se presentó a votar en estas PASO.

Finalmente, para la Argentina, y más allá de los resultados del último domingo y de los del 14 de noviembre, resta poner sobre la mesa una discusión que es esquiva pero necesaria: la estabilización de las variables macro y micro de la economía sin costos sociales mayores a los que actualmente existen llevan mucho más tiempo que los dos años que las reglas actuales imponen entre elección y elección, sometiendo al sistema político nacional a un estrés que se presenta como impedimento para los acuerdos sectoriales de largo plazo necesarios para dar respuesta a los problemas estructurales que la pandemia desnudo con toda su crudeza.

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Lunes, 06 Septiembre 2021 06:37

¿De qué lado estás?

Más de mil conserjes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio se manifestaron la semana pasada en Los Ángeles, California, ante el inminente vencimiento de sus contratos. Denuncian no haber recibido ninguna compensación, pese a que han sido considerados trabajadores esenciales y han laborado haciendo limpieza en oficinas de biotecnología durante la pandemia del Covid-19. Foto Afp

Este lunes se festeja el Día del Trabajo en Estados Unidos, y no es accidental que este país no se suma al resto del mundo para celebrar a sus trabajadores en Primero de Mayo. Eso, a pesar de que el Primero de Mayo nació en Estados Unidos, en la lucha por la jornada laboral de ocho horas que tuvo su epicentro en Chicago en 1886. El presidente Grover Cleveland proclamó el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo, en 1894, para separarlo de la historia radical vinculada con el primero de mayo, movimiento encabezado por anarquistas, socialistas e inmigrantes radicales con ideas muy peligrosas.

Este fin de semana se acaba de marcar el centenario de la llamada Batalla de Blair Mountain, donde entre 7 mil y 10 mil mineros sindicalizados en West Virginia tomaron las armas para confrontar a las empresas que controlaban su vida en la región. Unos 2 mil oficiales y guardias privados armados por las empresas respondieron, y hasta bombardearon desde aviones al sindicato minero, y al final otras 2 mil tropas federales llegaron para ayudar a suprimir lo que se considera el levantamiento armado de trabajadores más grande en la historia de Estados Unidos. Esa y otras partes de la historia de la lucha obrera siguen en gran medida ausentes en la narrativa oficial y la conciencia colectiva de este país.

Las luchas por la dignidad, el derecho de asociación, la jornada de 8 horas, salario mínimo y más fueron realizadas por movimientos masivos alrededor de este país, muchos a través de acciones radicales, incluyendo huelgas y enfrentamientos violentos tanto con autoridades como con fuerzas represivas privadas, y sus logros tienen ecos hoy día en nuevos esfuerzos en defensa de los trabajadores, muchas, como siempre, encabezadas por inmigrantes.

El movimiento laboral elevó la tasa de sindicalización de 11 por ciento en 1933, a 29 por ciento en 1939; para 1953 se logró llegar al punto más alto de sindicalización con más de uno de cada tres trabajadores agremiados. Esas conquistas incluyeron vacaciones, seguros de salud, pensiones y otros beneficios. Pero tal vez el efecto más importante fue la reducción de la desigualdad económica que prevaleció hasta los años 70.

Pero hoy día, la tasa de sindicalización es de 10.8 por ciento y el país –gracias a cuatro décadas de neoliberalismo– tiene el nivel de desigualdad y concentración de riqueza más extremo desde poco antes de la Gran Depresión del 29. El salario mínimo federal de 1968 es 46 por ciento mayor al de 2021 en términos reales. Eso es resultado del ataque feroz contra los trabajadores, sus sindicatos y sus derechos, que empezó con el arranque de la era neoliberal en el gobierno de Ronald Reagan (quien declaró la guerra contra los sindicatos al despedir a 13 mil controladores aéreos en huelga).

Hoy día, la tasa de sindicalización en Estados Unidos está entre las más bajas de los países integrantes de la OCDE, incluso inferior a la de México. Más aún, Estados Unidos tiene menos derechos laborales legalmente protegidos que México (por ejemplo, aquí no hay reglamentos para defender a trabajadores no sindicalizados de ser despedidos, ni seguro de salud, vacaciones y otras prestaciones), y en los hechos no hay protección de los derechos a la libre asociación y a la negociación de contratos colectivos. Un 20 por ciento de los organizadores en esfuerzos de sindicalización son despedidos por las empresas –son miles cada año– mientras continúan represalias de todo tipo contra los que se atreven a promover los sindicatos en este país. Bajo la ley, millones de jornaleros agrarios, trabajadoras domésticas y otros no tienen derechos protegidos para sindicalizarse. La lucha por los derechos civiles en este país siempre ha sido entrelazada con una lucha por los derechos de los trabajadores.

Se ha hablado mucho de la reforma laboral en México y de la necesidad de asegurar su implementación y cumplimiento de sus normas y los derechos laborales, incluyendo monitores estadunidenses para ello. Pero es igual de urgente que México y otros países brinden apoyo para impulsar la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos a partir de este Día del Trabajo. La solidaridad es una calle de dos sentidos.

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Kathi Weeks: “Los movimientos sociales están influidos por la crítica del trabajo. Y si no lo están, deberían estarlo”

Weeks abre su última obra publicada en castellano preguntándose por qué la teoría política ha prestado tan poca atención al problema del trabajo, y frente a su privatización y despolitización, propone una reflexión sobre los modos de hacer público y repolitizar lo laboral.

 

Kathi Weeks es autora de El problema del trabajo, recientemente publicado en castellano por Traficantes de Sueños. En su obra, Weeks pone en juego una caja de herramientas que recorre distintas tradiciones desde los feminismos a los marxismos, desde la teoría literaria a las perspectivas de las luchas políticas, útiles para una concepción crítica del trabajo actualizada para el siglo XXI. En la conversación, aborda temas como los efectos de la pandemia en la ética del trabajo, los sujetos y movimientos políticos que en el presente podrían encarnar el rechazo al trabajo, la potencia de las demandas de Renta Básica Universal y de reducción de la jornada laboral, las paradojas y debates sobre el desarrollo tecnológico y la automatización, y la crítica de lo que denomina el sistema de el-trabajo-y-la-familia. Kathi Weeks es profesora de género, sexualidad y estudios feministas en la Universidad de Duke. 

En las condiciones de la pandemia hemos visto una intensa polarización, por un lado, entre una fuerte ética del trabajo como algo “esencial” en comparación con otras esferas de la vida, y por otro lado, una conciencia del sinsentido de buena parte de los actuales empleos. ¿Cómo ha sido esto en el caso de Estados Unidos, un país con una ética del trabajo tan fuerte? 


Sí, completamente. Cuando los valores dominantes alaban el trabajo como algo central en lo que significa ser un individuo de éxito y un miembro digno de la sociedad, durante la pandemia una clara mayoría de gente en Estados Unidos insistió en que el trabajo no era algo por lo que morir o por lo que valga la pena arriesgar la salud de los demás. Aunque esto pueda significar otras muchas cosas, el parón de la economía debería reconocerse como una expresión del rechazo a esa manera de entender y valorar el trabajo generador de renta. También el trabajo se ha desmitificado de otra manera con el reconocimiento de que solo algunos empleos son lo suficientemente útiles como para ser considerados “esenciales” para la sociedad, y estos no suelen ser los mejor remunerados o de alto estatus. Así, por ejemplo, finalmente se reconoció que los trabajadores y trabajadoras de comercios de alimentación realizaban un trabajo importante y socialmente útil, a pesar de que al mismo tiempo se les pedía que se presentaran a empleos peligrosos y aun así mal pagados. La otra cara fue que se hizo cada vez más obvio que buena parte del resto de empleos, quizás la mayoría, eran poco necesarios si no totalmente inútiles, es decir, sin ningún sentido más allá de generar beneficio y sueldos. Y si la institución familiar ha sido la forma típica o normativa de recluirnos en los hogares, la pandemia también nos obligó a depender aún más intensamente de un trabajo doméstico no asalariado del cual se espera que nos sostenga o reproduzca en el día a día y generación tras generación a pesar de tener muy poco apoyo social o tiempo descontado del trabajo asalariado.

¿Crees que la pandemia, junto a otras circunstancias, ha modificado los imaginarios del trabajo, y por tanto, las posibilidades de demandas como la Renta Básica Universal que analizas en tu libro?


La crisis reveló con mucha mayor claridad las espectaculares exclusiones y disfunciones —si bien muy mundanas y cotidianas— producidas por el sistema de el-trabajo-y-la-familia, en parte porque los medios de comunicación se vieron obligados a informar sobre muchas de las increíbles tensiones que se produjeron en los hogares. El tema de la renta básica universal recibió un gran impulso en un periodo en el que se hizo evidente que el sistema salarial y la familia, como dos de los mecanismos básicos de distribución del ingreso, no están a la altura en tiempos “normales” ni mucho menos tienen la capacidad de garantizar seguridad y sustento en tiempos de crisis.

No sé cuánto tiempo durará el impulso de estos actos de rechazo y desmitificación de los empleos “productivos” inútiles y del trabajo reproductivo no remunerado, pero seguramente sobre ello se puede construir algo que demuestre por qué necesitamos un modo más racional, completo y confiable de recompensar todas las formas de trabajo y de distribuir renta para todas las personas.

En el caso español o el inglés, en los últimos tiempos algunos sectores están intentando abrir nuevamente el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 32 horas, o a 30 horas. En algunas versiones, su justificación se basa tanto en su compatibilidad con un cierto productivismo (“trabajar menos nos hace ser más productivos”) como con el familiarismo (“trabajar menos para estar más tiempo con la familia”), ambas justificaciones que son criticadas en tu libro. Resumidamente, ¿qué requisitos básicos desde tu punto de vista tendría que tener esta demanda en un país como España?


Es una pregunta muy importante, pero realmente no la puedo responder. En la medida en que la práctica de la política es un arte más que una ciencia, la formulación y promoción de demandas es un asunto necesariamente situado que depende del contexto político, económico y cultural local. Lo que puedo decir es: por un lado, creo que está claro que hay que pensar en términos de reformas que sean oportunas e inteligibles, lo que implica apelar a términos que nos sean familiares y que probablemente tengan algún tipo de sentido inmediato para la gente. Según esa lógica, defender la demanda de reducción de jornada evocando la eficiencia en el puesto de trabajo o en nombre de los valores familiares podría ser una manera viable de asegurar unos niveles de apoyo mayor. Por otro lado, existen profundas limitaciones en ese tipo de pragmatismo político a corto plazo.

¿Cómo cuáles?


En primer lugar, no me convence el moderar las propias demandas para que inspiren un apoyo pasivo, sino que el activismo apasionado y la militancia son necesarios para impulsar un gran proyecto de reforma. En segundo lugar, hay mucho que hablar acerca de a quiénes podría excluirse por estas justificaciones y sus posibles consecuencias no intencionadas. Aquí es donde encuentro que el argumento de “más tiempo para la familia” es particularmente poco convincente. Hablamos como si todo el mundo tuviera una “familia”, pero ese es un mito peligroso para muchas de nosotras que no la tenemos o no queremos tenerla, o que no tendríamos por qué deber o querer dedicarle ese tiempo. No querría que se perpetuase la mitología de la familia que ignora la violencia que ocurre dentro de las familias y que invisibiliza el trabajo económicamente fundamental que allí se realiza con poco apoyo bajo el disfraz del amor romántico. Presentar la demanda de reducción de jornada en términos de tiempo para la vida, como única justificación posible, me parece una formulación más abierta, inclusiva y menos prescriptiva.

Finalmente, yo diría que una demanda política radical que se precie también requiere un horizonte, un algo más allá, algo más que las posibles concesiones que seamos capaces de ganar en el corto plazo. De manera que la campaña por la reducción de jornada también pueda ser un proceso de aprendizaje, un laboratorio, para el cultivo de otros deseos y demandas más allá. Cómo se negocia la relación entre las consideraciones prácticas a corto plazo y el horizonte radical a más largo plazo es un tema de estrategia y táctica que siempre está en debate y que se figurará de distintas maneras según cada lugar y momento.

Si tomamos como referentes históricos del rechazo del trabajo las formas del sindicalismo revolucionario a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o el caso del operaísmo y el feminismo italiano en los años 70, quizás en el siglo XXI es más difícil ver un sujeto tan delimitado que plantee esas reivindicaciones. En este sentido, ¿qué movimientos políticos crees que encarnan, o podrían encarnar, la crítica del trabajo asalariado en la actualidad?


Creo que tienes toda la razón al no pensar hoy en las luchas contra o más allá del trabajo en términos de un sujeto político único o delimitado. Por el contrario, tiendo a pensar que la mayoría de movimientos sociales y campañas activistas están influenciados por, y contribuyen a, la crítica del trabajo asalariado y no asalariado. Y si no lo están, deberían estarlo. Dado que el sistema de producción y reproducción de el-trabajo-y-la-familia nos afecta en casi todos los aspectos de nuestras vidas, parece por ello relevante para tantas luchas. Lo pienso de esta manera: en la medida en que el objetivo de nuestra crítica política y activismo sea el capitalismo racial, de ocupación, colonial y heteropatriarcal, entonces el trabajo —incluyendo el trabajo de hogar y comunitario, reproductivo y de cuidados no asalariado— es la vía por la que la mayoría de la gente nos sumergimos y conectamos con ese sistema (y estar en desempleo en una sociedad que distribuye los medios de vida principalmente a través del trabajo asalariado no te exime de esto). Si esto es cierto, entonces el trabajo debería ser algo que tales movimientos deberían abordar, y con frecuencia lo hacen.

¿En qué casos lo observas?


Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos aborda los ataques del capitalismo racial desde la división racial del trabajo a la brecha racial en la riqueza y la falta de apoyo a sus hogares y comunidades. El abolicionismo de las cárceles desafía el sistema industrial penitenciario como una forma de tratar, encerrar y silenciar a las poblaciones superfluas que el sistema de el-trabajo-y-la-familia capitalista no puede integrar. El movimiento de la huelga feminista internacionalista se centra en rechazar y visibilizar la dependencia del capital respecto a la explotación del trabajo de cuidado feminizado y no asalariado que le provee de trabajadores y consumidores día a día y generación tras generación.

Lo que pasa con el trabajo es que no funciona y nos falla a la mayoría de las personas: porque no hay suficientes empleos, porque se paga tan poco que no puedes mantenerte o porque trabajas tantas horas que no tienes tiempo para vivir. Los sindicatos son un espacio importante de la política de y contra el trabajo, pero otros tipos de organización, movimiento y activismo también están asumiendo los problemas relacionados con el trabajo dado que estos no se limitan a una clase social o a determinados sectores de la economía.

En los discursos sobre la liberación del trabajo hay una tensión histórica que, entre otros elementos, depende de cómo concibamos la posibilidad de una apropiación (o no) del cambio tecnológico en un sentido emancipador, de tomar “las fuerzas productivas” en el sentido clásico. Sin embargo, en tu libro no abordas la cuestión tecnológica en profundidad. ¿Cómo te planteas hoy esa relación entre la liberación del trabajo y la dimensión tecnológica?


Desconfío de la forma en que la tecnología se figura en algunos debates recientes. Porque creo que tenemos una tendencia notablemente obstinada a pensar la tecnología como algo en sí mismo, como si no fuera siempre un producto e instrumento de las relaciones sociales, como herramientas humanas que pueden tomar una miríada de formas y tener usos muy distintos. Entonces, tanto si celebramos la tecnología por liberarnos del trabajo como si la acusamos de robarnos el empleo, existe la sensación de que “eso” tuviera el control de mando, en lugar del Estado y el Capital. En la medida en que esto mantenga nuestra atención en preguntas sobre el desarrollo tecnológico en lugar de en preguntas más importantes —como la calidad y cantidad del trabajo asalariado y la distribución de la renta; como la organización, distribución y valor del trabajo de cuidado no asalariado; como quién está tomando las decisiones de inversión y con qué fin—, entonces creo que corremos el riesgo de distraernos o desorientarnos.

¿Esto ocurre también en algunos debates sobre la renta básica universal?


Sí. Algunos argumentan que un aumento dramático del desempleo tecnológico en la era digital es una razón por la que deberíamos apoyar una renta básica. Otros responden a eso argumentando que los trabajadores serán desplazados en algunos sectores de la economía, pero otros empleos absorberán a muchos de ellos. Simplemente, no creo que nuestro apoyo a la demanda de renta básica deba depender de ese debate. Hay problemas muchos más fundamentales y urgentes en los que deberíamos centrar la atención respecto al trabajo asalariado como sistema de asignación de renta: las disparidades raciales y de género en los salarios y el desempleo; la enorme cantidad de trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado en los hogares y las comunidades realizado de manera desproporcionada por mujeres sin la cual no habría una economía de trabajo asalariado; las terroríficas tasas de lesiones, enfermedades y muertes en el lugar de trabajo, incluido el enorme peaje que el estrés crónico de los trabajos mal pagados tiene en el cuerpo y la mente de la fuerza de trabajo; por no hablar del margen permanente de desempleo que no se considera un fracaso sino un signo de salud de las economías capitalistas. Si estas preguntas son tan importantes como lo son en el contexto del debate sobre la renta básica, centrarse en la tecnología o, en este caso, en el desempleo tecnológico, me parece una forma potencial de eludir o evitar abordar algunos de los defectos más básicos y de largo alcance del sistema salarial.

El debate actual sobre el sentido del desarrollo tecnológico está polarizándose fuertemente a partir de las condiciones de la emergencia climática y la crisis energética. Por un lado, hay una oposición entre algunos marxistas y defensores del Green New Deal que tienden a apoyar fuertes inversiones en tecnologías verdes, y por otro lado, propuestas como el decrecimiento o el ecofeminismo que abogan por una fuerte reducción de las infraestructuras tecnológicas y de la complejidad de los sistemas sociales actuales. ¿Qué implicaciones crees que pueden tener estos debates para actualizar o matizar los términos clásicos de la liberación del trabajo?


Creo que está bastante claro que llamar a una reducción del trabajo asalariado es coherente tanto con el decrecimiento como con el crecimiento verde, ambos enfoques que de alguna manera yo apoyaría. Hay dos puntos que quiero agregar a esto sobre cómo las políticas de cambio climático y destrucción ambiental se relacionan con las políticas contra y más allá del trabajo que yo defiendo.

El primer punto es que creo que es importante reconocer que el “productivismo” —es decir, la celebración del trabajo duro individual, la productividad y la autodisciplina que está en el corazón de la ética del trabajo moderna— está íntimamente ligado con el consumismo en las sociedades de capitalismo avanzado. Se supone que los bienes y servicios de consumo son nuestra recompensa, la gratificación pospuesta y debidamente aplazada al acabar el trabajo, por todo el digno sacrificio de nuestra fuerza de trabajo. La ética del trabajo y el consumismo son las dos caras de una misma moneda, el engranaje que impulsa al sistema económico. Al cuestionar una de esas caras también se desafía a la otra cara.

¿Cómo funciona ese desafío?


Más que imaginar que un menor tiempo de trabajo solo nos dará más tiempo para ir de compras, en vez de ello creo que nos dará un tiempo adicional para cultivar placeres y pasatiempos más satisfactorios y sostenibles. En ese sentido, la disminución de jornada y la renta básica universal podrían ayudar a sostener una reducción de trabajo que tendría un beneficio doble desde la perspectiva de una política del decrecimiento.

El segundo punto que quiero añadir es una advertencia sobre dos trampas en las que a menudo parece que caemos cuando imaginamos el futuro: o lo imaginamos como algo muy cercano al modelo actual como en un progreso lineal respecto a lo que tenemos ahora, o nos basamos en un modelo del tiempo pasado como una vuelta a algún período anterior de la historia. Lamentablemente, ambas maneras parecen inadecuadas en relación con cómo ocurre el cambio social, con cómo se mueve la historia. Aquí solo quisiera señalar que no creo que tengamos que elegir entre robots o granjas ni entre una producción industrial hipertecnológica y una producción artesanal a pequeña escala. Simplemente quiero que recordemos y seamos plenamente conscientes de la utilidad y de las limitaciones de nuestras visiones del futuro, limitaciones que no son culpa nuestra sino la consecuencia de los estrechos horizontes de toda perspectiva situada.

En la misma línea, y en relación con las demandas utópicas que trabajas en tu libro, tras leer sobre propuestas de “automatización total” como las que por ejemplo sostienen influyentes sectores en la izquierda británica, me surge el problema de un utopismo quizás “peligroso”. Por ejemplo, Aaron Bastani ha defendido en Comunismo de Lujo Totalmente Automatizado que una crisis tan crucial como la de los picos del litio, el fósforo o el níquel podría resolverse mediante la minería de asteroides, lo que a su vez dependería de naves espaciales propulsadas por oxígeno. De este modo, ¿cómo crees que el materialismo “científico” del actual pensamiento ecologista condiciona e influye en la forma que pueden tomar nuestras utopías de liberarnos del trabajo asalariado?


¿Qué tiene la exploración espacial que se apodera de la imaginación de algunas personas? Como investigadora de estudios de género, siento la necesidad de especificar que tales personas no suelen ser mujeres o femeninas. Debo decir que la exploración espacial no me dice nada. Estoy de acuerdo en que la evocación de la minería de asteroides y de las naves espaciales suena más bien a un ejemplo del deus ex machina típico del género narrativo del progreso tecno-utópico: una solución milagrosa frente a un problema obstinado que se supone que lleva el relato hasta su final feliz. Dicho esto, no descartaría los posibles usos de la “automatización” para reducir las cargas de trabajo humano y animal. Pero seguramente la tecnología —nos podríamos referir a esto como tecnología “apropiada” o “responsable”— debe ser concebida, desarrollada y juzgada como parte de un ecosistema natural y social más amplio, no como si fuera un fenómeno de alguna manera antinatural o asocial.

Tampoco quisiera negar de manera simple la imprevisibilidad del futuro de la creatividad humana o las nuevas ideas que se nos podrían ocurrir para distanciarme o refutar a los defensores del statu quo que reducen esa creatividad a la invención heroica de un emprendedor que no logra construir nada más que otra trampa para ratones rentable. Pero mi reacción más inmediata a tu pregunta es que tal vez debamos abordar el lujo comunista desde un registro diferente, en términos del lujo de la ociosidad, la amistad, el aire fresco y la comunión con la naturaleza, como cosas que podríamos disfrutar si dispusiéramos de más tiempo por fuera del trabajo. Me parece que realmente la pregunta no es sobre nuestra capacidad para producir más o incluso el mismo nivel de riqueza social y económica, sino sobre cómo podemos apropiárnosla y convertirla en la verdadera riqueza de la igualdad y la libertad.

5 sep 2021 06:17

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Clase media, pilar de la política exterior y la seguridad nacional de EU: Jake Sullivan

A 41 días antes de la elección presidencial que descolgó Joe Biden, el israelí-estadunidense Jake Sullivan, quien luego fue ungido como su asesor en Seguridad Nacional, contribuyó con otros 10 autores a un ensayo relevante, bajo la égida del think tank global Carnegie Endowment for International Peace –con sede en Washington y que publica la revista Foreign Policy–: "Cómo forjar una política exterior de Estados Unidos que sea mejor para la clase media" (https://bit.ly/3g5KOiR)”.

Hoy el ensayo de marras cobra mayor relevancia por la enorme influencia de Sullivan, quien participó en la trascendental cumbre entre los presidentes Biden y Putin en Ginebra, además de su impactante periplo a Latinoamérica: "Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en visita sorpresa a México, después de Brasil y Argentina" https://bit.ly/3jVqpht).

Un grave error del ensayo colectivo radica en que desprende sus suposiciones en los etéreos hallazgos de la encuestadora Gallup, en plena etapa electorera, donde expone, durante la intensa fase de "Primero Estados Unidos" de Trump, una brecha descomunal de 45 por ciento entre demócratas, que favorecen el TLCAN, y los republicanos que lo apoyan con un magro 22 por ciento (https://bit.ly/2VTiGbC). ¡Y eso que el TLCAN fue un invento del republicano Daddy Bush!

Basar una política exterior en aleatorias encuestas efímeras pone en riesgo cualquier esquema de seguridad nacional cuando los teoremas de la geopolítica no son tan caprichosos.

Su tesis nodal es que "Estados Unidos debe ser fuerte domésticamente para ser fuerte en el exterior" cuando el "pilar crítico del poder de Estados Unidos radica en su clase media (¡mega-sic!)" que hoy "se encuentra en un estado precario (sic) después de tres décadas de primacía de Estados Unidos en el escenario mundial", por los "desafíos económicos" de la “globalización, cambio tecnológico, desequilibrios financieros y cargas fiscales… mucho antes que Covid-19 sumergiera al país en su peor crisis económica” y "haya expuesto y exacerbado las profundas inequidades en su sociedad".

El ensayo propone que para que Estados Unidos "tenga alguna oportunidad de renovación doméstica debe concebir su rol en el mundo de manera diferente", por lo que emite "cinco amplias recomendaciones":

  1. "Ampliar el debate más allá del comercio". A mi juicio, Estados Unidos militarizó el comercio en forma infructuosa y, en términos geoeconómicos, cosechó fracasos notables con Obama mediante sus fallidos TPP(https://bit.ly/3pYhoX5), TTIP (https://bit.ly/3CM4py5) y TISA (https://bit.ly/3g1FgWk) –sin contar el sonoro fracaso del FTAA de Baby Bush, diseñado para todo el continente americano– y que en su conjunto sucumbieron ante el arrollador RCEP de China (https://bit.ly/3AFZRHO).
  1. "Afrontar los efectos distributivos de la política económica foránea". Ya es tautológico insistir en que la perniciosa globalización destruyó a la clase media en Occidente.
  1. "Romper los silos (sic) de la política doméstica y foránea". Todavía los "intereses nacionales están articulados a través del prisma de la seguridad (sic) y la competencia geopolítica" y ahora las "amenazas (sic) a la prosperidad y seguridad de la clase media exigen un prisma más amplio" con los temas "económicos y sociales".
  1. "Abolir los caducos principios organizadores de la política exterior de Estados Unidos". "Corregir su sobre-extensión", sin tocar los "gastos de defensa". ¡Ésta es justamente su cuadratura del círculo!
  1. "Edificar un nuevo consenso político en torno de una política foránea que sea mejor para la clase media". ¡Otra cuadratura de otro círculo! Se trata ante todo de "preservar los beneficios del dinamismo de los negocios y de la apertura comercial, mientras incrementa en forma masiva (sic) la inversión publica (¡mega-sic!) para mejorar la competencia, resiliencia y crecimiento económico equitativo (sic) de Estados Unidos" que "tendría menos (sic) objetivos ambiciosos evitando (sic) cambios de régimen y la transformación de otros países mediante intervenciones militares" (¡mega-sic!). ¡Aquí Jake Sullivan y su cohorte hablan de otro país!

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Remedios Zafra: "No hay educación sin desconexión"

La ensayista española reflexiona sobre la sociedad digital atravesada por la pandemia

La especialista participó en la Semana Unipe Virtual, organizada para pensar el mundo educativo en esta era. La cultura digital en ese contexto, la manera de enseñar y aprender, la vida hiperconectada.

 

 “No hay educación posible sin tiempo para pensar, sin distanciamiento, sin aburrimiento, sin curiosidad. No hay educación sin desconexión”, dice Remedios Zafra, ensayista española, puesta a pensar sobre las ventajas y desventajas de la educación virtual. Del lado de los pro, agrega: “lo digital tiene muchas ventajas para favorecer un acceso más igualitario a personas que no pueden acceder a escuelas, o que tienen dificultades de movilidad, o que no pueden desplazarse allí donde se archivan historias y relatos que pueden convertirse en conocimiento”. En esta entrevista analiza no solo la complejidad de la educación en pandemia y pospandemia sino el impacto de la cultura digital en la vida actual. En este contexto, dice que el feminismo y la sororidad pueden ser “ejemplo de lo que podemos lograr si reforzamos vínculos como personas que se importan una a otras”.

Zafra dio la conferencia inaugural “Plataformas, algoritmos y redes en cuestión” en la Semana Unipe Virtual, organizada por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) entre el 2 al 6 de agosto a fin de pensar la educación y el país, a partir de exposiciones de especialistas en temas educativos y pedagógicos. Zafra es Científica Titular en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ha sido profesora de Arte, Cultura Digital y Estudios de Género en la Universidad de Sevilla y profesora tutora de Antropología Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Doctora y licenciada en Arte, licenciada en Antropología Social y Cultural, con estudios de doctorado en Filosofía Política y Máster Internacional en Creatividad. Con su trabajo ensayístico y literario, Zafra obtuvo varios premios, entre ellos el Premio Anagrama de Ensayo en 2017 por El Entusiasmo. Precariedad y Trabajo creativo en la era digital con el que hace una crítica al contexto capitalista “que sostiene a la cultura digital y que normaliza que el poder económico esté dominando Internet por encima del político y ciudadano”. Allí advierte cómo “el entusiasmo que caracteriza a muchos estudiantes, investigadores y trabajadores de los contextos académicos y culturales está siendo instrumentalizado para activar la maquinaria productiva”.

--¿Cómo llega a interesarse por la cultura digital?

--Cuando en los años noventa estudiaba en la universidad estaba muy confusa sobre cómo la forma en que los estudios se estructuraban y clasificaban podrían ayudarme a aprender, a comprender mejor el mundo y a materializar mi motivación creativa y política. Ya sabes, ese deseo adolescente (que aún pervive) de creer que con lo que hacemos podemos “mejorar el mundo”. En aquellos años leí cómo Marcel Duchamp definía al “artista contemporáneo” como aquel capaz de habitar la dificultad de su época, como alguien que contribuía a construir la complejidad de su propio tiempo y esta idea me ayudó a integrar en mi trabajo dos temas que entonces me parecían transformadores para mi propia vida: el feminismo e Internet. Recuerdo que con el dinero del primer y único premio de pintura que gané me compré un ordenador personal y me conecté a Internet. Aquello cambió profundamente mi forma de escribir y de pensar el mundo. Especialmente cuando comencé a acceder a espacios de pensamiento crítico donde se publicaban debates y reflexiones sobre “cómo Internet nos cambiaría”. Los años noventa fueron explosivos en este sentido pues Internet todavía no había sido “colonizado” por las empresas que desde la década de los dos mil gestionan y condicionan gran parte de nuestro acceso y vida online. La cultura digital se convirtió en algo que habitaba y en algo que observaba y sobre lo que leía y me documentaba.

Me interesaba tanto que orienté a ese tema mi tesis doctoral y comencé a publicar mis trabajos. Con mi primer premio de ensayo compré un ordenador, ahora portátil, que volvió a mejorar mi vida. Aunque ahora lo hayamos normalizado, para quienes veníamos de una cultura analógica, la posibilidad de trabajar en cualquier lugar llevando tu biblioteca y archivos contigo, la posibilidad de acceder al mundo digitalizado y a las personas conectadas que entonces no eran muchas pero que rápidamente fueron creciendo, era emocionante y revolucionario. En mi caso, además, venía de un contexto humilde.

--En 2010 publicó Un cuarto propio conectado en el que ya exploraba la irrupción de la virtualidad en la vida íntima. Usó una metáfora muy cara a los feminismos, ¿cómo se han apropiado las mujeres y los feminismos de ese cuarto propio del que nos hablaba Virginia Woolf, ahora digital?

--Si Internet ha sido la gran revolución de finales de siglo, creo que el feminismo ha sido (está siendo) la gran revolución de la humanidad. Si unimos ambas, la potencia es grande. Desde los años noventa los feminismos han estado muy interesados en preguntarse por cómo Internet podía ayudarnos a ser “socialmente más iguales” siendo humanamente personas muy diversas. Aunque la tecnología siga estando muy masculinizada en los campos de programación y liderazgo, Internet se nos presentaba como algo distinto por varias razones. Una de ellas es su estructura horizontal en la que todas las personas podemos ser productoras y receptoras al mismo tiempo, algo inspirador para el feminismo que reivindica formas de poder “no jerarquizadas”, y para poner en valor esas voces o miradas no enfocadas ni escuchadas. En gran medida las mujeres habían sido (siguen siéndolo en muchos lugares) las notas periféricas, la parte borrosa o no enfocada de la imagen, y aquí podíamos tener voces, incluso habitando la esfera privada y doméstica, porque los cuartos propios conectados permitían estar dentro y estar fuera al mismo tiempo. Es más, en las habitaciones conectadas hemos podido compartir la intimidad cuando ha sido opresiva y culturalmente nos han enseñado a callarla. Ese compartir ha hecho de espejo con miles, millones de cuartos propios donde otras mujeres se han identificado y se han unido para crear voces colectivas y políticas a través de la red.

El cuarto propio que reivindicaba Virginia Woolf era necesario para que una mujer se dedicara a “escribir”, pues curiosamente en la casa que habitaba casi todos los espacios estaban pensados para que ellas cuidaran de los otros, pero no siempre podían disponer de espacios para el silencio, la concentración o la lectura. El cuarto propio conectado del que yo hablaba en 2010 me parecía un punto de entrada necesario para abordar la transformación de un mundo irreversiblemente conectado donde esas esferas antes diferenciadas (pública y privada) interseccionaban en la pantalla, abriéndonos nuevas y fascinantes puertas al mundo y al conocimiento, pero también desafíos y amenazas.

--¿Se puede hablar de un antes y un después de la pandemia para pensar la cultura digital en general y en particular en la educación?

--Creo que sí. La pandemia ha acelerado un cambio que llevaba tiempo produciéndose en la cultura digital, especialmente en los ámbitos educativos y laborales. Sin embargo, lo que antes era opcional se ha hecho necesario. Quiero decir que impedidos y encerrados en nuestras casas, el distanciamiento social ha sido posible en gran medida porque hemos seguido conectados. Las familias han logrado que los mayores reacios a usar videollamadas se hayan sentido más cerca estando lejos, muchos trabajadores han demostrado que pueden hacer lo mismo desde sus casas, es decir que “trabajo” es lo que se hace y no “el lugar al que se va”. En ese sentido, se ha superado una visión acomplejada sobre el teletrabajo y más comprometida con la movilidad exacerbada y contaminante que caracterizaba la aceleración de muchas vidas antes de la pandemia. Sin embargo, la experiencia ha evidenciado las carencias y la improvisación, la desigualdad y la precariedad que también han caracterizado estos meses. En educación la lectura es ambivalente. De un lado, Internet ha permitido la conexión entre estudiantes y educadores, la digitalización de recursos y una mayor conciencia en el papel que la educación a través de las pantallas requiere por parte de los agentes implicados. De otro, ha evidenciado las desigualdades entre quienes tienen acceso y medios para tener computadoras y conexión y quienes no; la dificultad del proceso que no puede entenderse como un mero trasvase de contenidos a la red sino como una concepción distinta de la interacción entre estudiantes y con el profesorado, una interacción que precisa tiempo, recursos y planificación. Ser conscientes de las aristas del asunto es importante de cara a aprender, porque si lo hacemos no solo lograríamos recuperar la normalidad de antes, sino usar la tecnología para mejorar una “normalidad” que era desigual y muy mejorable.

--¿Cómo cambió la manera de enseñar y la de aprender?

--A mi parecer desde los primeros años de socialización de Internet la educación comenzó primando el carácter instrumental de la tecnología, pasando por alto los cambios que a muchos niveles supone estar mediados por pantallas. Me refiero a que muchos pensaron que solo se trataba de trasvasar contenidos para hacerlos accesibles y de utilizar determinados aparatos y aplicaciones, pero la educación a través de Internet no es solo digitalizar. Creo que esto también ha pasado en la pandemia, que en algunos casos se ha entendido que educar es facilitar acceso a contenidos y dejar que los estudiantes los gestionen por su cuenta y en esos casos se ha evidenciado el fracaso del aprendizaje. Aprender implica motivación, generación de afectos, imaginación, curiosidad, cooperación... La educación conlleva contacto humano mediado o no por pantallas y hay también un proceso de aprendizaje en el uso de la red, de plataformas y aplicaciones para lograr dar sentido a la práctica educativa. En ese sentido, la educación también “está aprendiendo”.

--En ese aprendizaje, ¿cuáles son los pros y contras?

--Lo digital tiene muchas ventajas para favorecer un acceso más igualitario a personas que no pueden acceder a escuelas, o que tienen dificultades de movilidad, o que no pueden desplazarse allí donde se archivan historias y relatos que pueden convertirse en conocimiento. No obstante, tiene también desventajas y puede generar nuevas desigualdades. Pienso por ejemplo en cómo las familias con menos recursos suelen ser en las que los hijos pasan más tiempos enganchados a sus teléfonos móviles. Esta adicción, buscada por las industrias digitales que gestionan y monopolizan gran parte de las aplicaciones y espacios que transitamos online, es un fracaso para la educación. No hay educación posible sin tiempo para pensar, sin distanciamiento, sin aburrimiento, sin curiosidad. No hay educación sin desconexión. Fíjate qué significativo sería que en Silicon Valley muchos de los gurúes tecnológicos lleven a sus hijos a escuelas donde no hay ni computadores ni wifi, y donde se apuesta por metodologías creativas, materiales y humanísticas. Es decir, se practica un alejamiento intencionado de la tecnología que ellos mismos crean en tanto saben de su ideación como artefactos adictivos. Ser conscientes de esta situación es clave para pensar qué educación queremos, qué papel y a qué edades queremos usar determinadas tecnologías.

--¿Los adultos estamos formados para entender la revolución digital en la que vivimos, el mundo de los algoritmos, por ejemplo? ¿O estamos condenados a quedar afuera, por lo tanto, sin control sobre lo que pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con jóvenes y adolescentes?

--La edad es un factor que siempre se tiene en cuenta en el aprendizaje y cuando hablamos de revolución digital hay mucho de “aprendizaje”. Pero por encima de la edad está la motivación y esta puede darse a cualquier edad. Cierto que las personas que hemos crecido sin Internet tenemos otra perspectiva y otros conocimientos que nos permiten comparar y valorar de otras maneras pero es difícil permanecer ajeno a lo que la cultura digital está suponiendo para la humanidad.

Sobre los algoritmos creo que condicionando fuertemente nuestra vida conectados nos pasan desapercibidos y es normal, pues están pensados como estrato no visible, como lente que permite “ver” pero se nos invisibiliza como lente. Sobre ellos me parece importante recordar que “no son neutrales” y que están programados desde una ideología y poder determinados que habitualmente contribuyen a mantener. Importa ser conscientes de que en nuestra cotidianidad accedemos a multitud de contenidos a cambio de nuestros tiempos y de nuestros datos. Datos que en conjunto están gestionados por empresas e intereses lucrativos y que suponen un gran poder para gestionarnos y condicionarnos en nuestras vidas online.

- En un artículo decía que “los sujetos hoy están hechos de carne y píxeles, de sueños y expectativas siempre en conflicto y redefinición”. ¿Cómo se configuran nuestras identidades a partir de la vida hiperconectada?

--Las identidades contemporáneas ya no pueden entenderse sin lo que somos a través de las pantallas. Siendo sujetos de carne con vidas materiales y cuerpos que tienen heridas, se mueven y sueñan pasamos gran parte de nuestros tiempos sentados frentes a pantallas relacionándonos con otros o mirando a otros. Esa forma de ser en el mundo en la que pasamos de pantallas de trabajo a pantallas de entretenimiento y de la que los confinamientos han sido claro ejemplo, dibuja una cultura donde Internet funciona como un potente aparato identitario, es decir como un instrumento de construcción de lo que decimos o mostramos ser.

En la red vamos dejando rastros y registros, intencionadamente o no, algunos se hacen públicos y siguen accesibles como archivos indefinidamente (con o sin nuestro control), y otros son apropiados por empresas e instituciones. Javier Echevarría usa un concepto interesante para referirse a “sistemas de datos generados por personas, de los cuales se han adueñado los propietarios de las grandes bases de datos”.

--¿Es posible pensar hoy una intimidad, una existencia, por fuera de lo virtual?

--Pienso que un desafío humano es luchar por mayores grados de libertad que nos permitan gestionar nosotros mismos ese tesoro que es la intimidad. Una de las amenazas de la actual cultura digital en manos de poderes económicos es cómo crece su control sobre la intimidad y la ciudadanía y contra ello cabe rebelarse. La existencia fuera de lo virtual no solo es pensable sino que es imprescindible como humanos. Tener control sobre ello es crucial y ser conscientes de estos riesgos es un paso importante. Otro paso sería reforzar los vínculos de solidaridad y ciudadanía, dejar de sentirnos solos tras la pantalla. El feminismo y la sororidad puede ser un ejemplo de lo que podemos lograr si reforzamos vínculos como personas que se importan una a otras.

Por Sonia Santoro

08/08/2021

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Perú: miles de campesinos asistieron a la jura simbólica de Pedro Castillo en Ayacucho

Fiesta andina de júbilo y esperanza con la presencia de Alberto Fernández

En su primer día de gobierno, el presidente peruano tuvo una recepción multitudinaria en la región, donde ganó las elecciones con el 82 por ciento de los votos.

 Fue una fiesta popular. Una fiesta andina. Una tarde de entusiasmo, júbilo y esperanza. Miles de campesinos, de pobladores de la región andina de Ayacucho, llegaron hasta la histórica Pampa de la Quinua para la juramentación simbólica de Pedro Castillo. El lugar está a casi una hora en automóvil desde la ciudad de Huamanga, capital de Ayacucho. Miles llegaron en buses o caminando desde Huamanga, desde distintos poblados, desde el campo ayacuchano. En su primer día de gobierno, el presidente peruano tuvo una recepción multitudinaria en esta región, donde ganó las elecciones con el 82 por ciento de los votos. Llegó hasta la inmensa Pampa de la Quinua, rodeada de cerros, en helicóptero desde Huamanga, a donde había viajado en avión desde Lima. Viajó con su esposa, Lilia Paredes. En el viaje, de ida y regreso, lo acompañó el presidente argentino Alberto Fernández. Con ellos también viajaron el actual presidente y el expresidente de Bolivia, Luis Arce y Evo Morales. A ellos se sumó en Ayacucho el mandatario chileno Sebastián Piñera.

Se escogió la Pampa de la Quinua para este juramento simbólico porque en ese lugar se protagonizó en diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho que selló la independencia del Perú y de la región. El 28 de julio de 1821, el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú, por eso en estos días se celebra el bicentenario de esa independencia, pero la confrontación continuó unos años más hasta que la batalla de Ayacucho puso fin al proceso de independencia. A ese simbolismo histórico, se agregó lo simbólico de esta juramentación frente a miles de campesinos y pobladores andinos, sectores marginados por las élites y base apoyo del nuevo presidente, de origen campesino. Ayacucho, una de las regiones más empobrecidas, fue epicentro de la guerra interna que sacudió al país en los años ochenta y noventa, que dejó cerca de 70 mil muertos, la mayoría campesinos ayacuchanos.

Un santuario

En la Pampa de la Quinua, considerada un santuario, se levanta un obelisco, rodeado por las banderas de los países de América que tuvieron ciudadanos que participaron en la independencia del Perú. Entre ellas está la bandera argentina. Al frente del obelisco hay una gran explanada, donde se levantó el estrado para las autoridades. Muchos quedaron a la espalda del estrado y no podían ver lo que ocurría porque unas telas colocadas para frenar el viento los tapaba. Se comenzó a escuchar “Castillo, el pueblo es primero”. Se detuvo el inicio de la ceremonia y se comenzaron a retirar las telas. El presidente Fernández y Evo colaboraron en esa tarea. Fernández se sentó al lado derecho de Castillo, a su izquierda Arce.

Cuando la ceremonia ya había comenzado, pobladores seguían llegando desde los cerros. La multitud ondeaba banderas peruanas y del Tawantinsuyo, con los colores del arcoíris igual a la wiphala boliviana, que representa el pasado Inca, y levantaban pancartas con los nombres de sus lugares de origen y demandas como el pedido de una nueva Constitución. El acto comenzó con el himno nacional cantado en quechua. Otro gesto de reivindicación de los pueblos originarios, lo que viene marcando el inicio de la gestión presidencial de Castillo. El presidente peruano recibió un varayoc, bastón de mando usado por los pueblos indígenas andinos. Hubo música y bailes andinos.

“En este suelo de Ayacucho se consolidó la independencia del Perú y de América”, comenzó Castillo su breve discurso. “El cielo bajo el cual lucharon y murieron por un sueño es el que hoy nos acompaña. En este día del bicentenario, el Perú rinde homenaje a esos héroes de la libertad americana y declara su voluntad para que el sueño de Bolívar, de San Martín y los próceres perviva en el hoy y en el mañana. Estamos aquí para renovar la promesa de hermandad y desarrollo”, continuó.

“Se viene tiempos nuevos, tiempos mejores si estamos cada día más unidos”, dijo el presidente, ante el entusiasmo de la multitud. “Somos un gran país y lo seremos más si somos capaces de dialogar y construir juntos el camino de paz y prosperidad. Demos la batalla por nuestro país, renovemos en este suelo donde miles murieron por la libertad de un continente la promesa de un país más justo, más digno, más humano. Rompamos juntos las cadenas de la pobreza y del subdesarrollo”, señaló.

La multitud coreaba: “Este es el pueblo, y el pueblo está con Castillo”. El entusiasmo se desbordaba. Castillo dijo que el Perú “es heredero de una historia milenaria, somos el país de todas las razas y todas las sangres”. “Frente a la memoria de los siglos y el recuerdo de la sangre americana que entregaron los héroes de la libertad, convoco a mi pueblo a luchar juntos, unidos como nación para que no haya más sueños postergados. Construyamos juntos el futro”. Ofreció “todo el espacio” en su gobierno a los pueblos originarios. Finalizó haciendo una nueva invocación a la unidad: “Ha llegado el momento de la gran unidad, ya no hay vencidos ni vencedores”.

Uno de los asistentes a esta histórica ceremonia fue el representante del Parlasur, Oscar Laborde, quien fue presidente de la misión de observadores del Mercosur en las elecciones peruanas. “En esta ceremonia en Ayacucho había una gran efervescencia, mucha algarabía. Por los pueblos, calles y plazas que pasamos para llegar hasta la Pampa de la Quinua vimos mucha algarabía en la población, mucho entusiasmo, saludaban y vitoreaban. Lo de Ayacucho ha sido la complementación popular de la ceremonia oficial en el Congreso. Este es un momento histórico, un gran desafío para Castillo. Por la relación que veo entre los presidentes, con los matices y diferencias políticas, creo que hay condiciones para avanzar en una articulación y que Sudamérica se convierta en un actor importante a nivel internacional”, le señaló Laborde a Página/12 luego de la ceremonia en Ayacucho.

Gabinete ministerial

Al cierre del evento la multitud desbordó la seguridad y rodeó a Castillo, que se fue entre aplausos y gritos de respaldo. Al momento del envío de esta nota se preparaba para juramentar su primer gabinete ministerial, encabezado por el congresista Guido Bellido (ver nota aparte). Los nombres de los ministros se mantenían en secreto hasta el minuto final. A los nombres de Pedro Francke en Economía y Hernando Cevallos en Salud, ya adelantados por Página/12 como muy probables ministros, se sumaba como casi seguro ministro de Relaciones Exteriores el exguerrillero Héctor Béjar, de 85 años, que estuvo en las guerrillas de los años sesenta y hoy es un respetado intelectual.  

29/07/2021

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Pedro Castillo, el humilde maestro rural que asume la Presidencia de Perú en el bicentenario de la independencia

Desde su independencia de la Corona española, de la que hoy se conmemoran 200 años, Perú no había sido gobernado por un hombre con una trayectoria tan humilde. Nacido en un pequeño poblado andino, educado en escuelas rurales y formado como maestro entre montañas antes de llegar al sindicalismo y la política, Pedro Castillo ha tomado las riendas del país sudamericano.

"Querido papito: te extraño mucho. Y todas las noches le ruego a diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre". La pequeña Alondra, hija menor del presidente electo del Perú, le dedica estas palabras a su padre, apenas unos días después de que dejara su humilde vivienda en el poblado de Puña, Cajamarca, para recorrer el país y hacer campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio. Aquellas inocentes palabras –registradas en el documental El profesor, de Álvaro Lasso- dibujan los sueños que han puesto millones de peruanos en el voto por este maestro de 51 años. Castillo nació en 1969, justo cuando el general Juan Velasco Alvarado, que había tomado el poder en un golpe de Estado, llevaba a cabo una reforma agraria que buscó acabar con el modelo feudal de control de la tierra heredado de la Colonia española.

El profesor es el documento audiovisual que más buscó acercarse y hacerle justicia al origen humilde y campesino de Castillo, y para ello recogió la voz de su esposa Lilia Paredes, sus padres, hijos y familia, además de compañeros de escuela, amigos y vecinos de Puña, localidad de apenas 400 habitantes y que apoyó la campaña presidencial de su hijo más célebre, frente al embate de los medios de comunicación y las élites limeñas, que lo vieron siempre como a un sospechoso extraño.

Castillo, tercero de nueve hermanos, con padres agricultores y analfabetos que respaldaron siempre el entusiasmo de su hijo por mejorar su educación, apareció por primera vez en los medios como líder de una huelga de maestros que se extendió entre junio y septiembre del 2017. Imperturbable y al grito de "¡La huelga no se vende, la huelga se defiende!", Castillo dirigió uno de sus primeros mítines en Lima, en agosto de ese año, frente a miles de maestros, en la emblemática Plaza de San Martín, demostrando las cualidades oratorias que ha hecho evidentes en esta campaña, a pesar de evitar entrevistas o cancelar con algunos periodistas conversaciones ya pactadas. "Hay que demostrarle al gobierno que éste es el momento para dignificar al maestro", aseguró aquel día, ante el aplauso de sus colegas.

Según el diario El Comercio (decano de la prensa sudamericana), más del 50% de docentes no acudieron a clases en algunas provincias de 18 regiones. En la huelga se exigían mejoras salariales, aumentar el presupuesto en educación y mejorar la enseñanza en zonas alejadas, como la suya; fue un intento de reducir las marcadas desigualdades entre la educación urbana y la rural. En medio de duras negociaciones, una parte de los peruanos empezó a verlo con resquemor.

Y no solo por exigir la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, la paralización de las clases que perjudicaba a más de un millón y medio de estudiantes –según declaró la entonces ministra de Educación, Marilú Martens-, o por la supuesta vinculación de algunos dirigentes de la marcha con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) –grupo que pide la excarcelación del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán-, sino porque Castillo y otros representantes de los sindicatos de maestros fueron recibidos en el Congreso por Héctor Becerril, uno de los más oscuros representantes del fujimorismo. La intención, al parecer, era solo perjudicar al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero tras ser destituido Kuczynski por el Congreso, los fujimoristas (con mayoría en el legislativo) no volvieron a prestar atención a las demandas de los maestros. No repararon, entonces, en que el monstruo que ellos avalaron les devoraría poco más de 40 meses después.

"A mí, de repente, por el lugar de mi procedencia, por el lugar de dónde vengo, me quieren mirar por encima del hombro. Que me miren así, que me ignoren, pero primero está mi país. Yo estoy aquí por el Perú", aseguró Castillo en Pregúntale al profe, otro trabajo audiovisual de Álvaro Lasso, en el que el originario de Puña, Tacabamba, responde a las preguntas sobre salud en pandemia, educación, trabajo o recursos naturales a los vecinos de una sencilla quinta de Comas, uno de los distritos más populosos de la capital peruana.

Una carrera como una lección

"Hay mucha gente que odia inexplicablemente a Castillo. Piensan que es Abimael Guzmán renacido", nos dice Álvaro Lasso, fundador de la editorial y librería Estruendomudo, quien viajó a Puña para conocer de cerca al entorno más cercano de Castillo. Sus palabras hacen referencia a la campaña de "terruqueo" emprendida por la ultraderecha que usa esa expresión para calificar de "terrorista" a cualquiera que aparente ser enemigo del establishment. Le pasó a Alejandro Toledo el año 2000, cuando la dictadura de Alberto Fujimori lo culpó del incendio y derrumbe del Banco de la Nación –que, más tarde se supo, fue responsabilidad del fujimorismo- y a Ollanta Humala, a quien finalmente la derecha domesticó, haciéndolo dejar de lado muchas de las promesas que lo llevaron a la presidencia en 2011, año en el que se produjo la primera derrota en una elección presidencial de Keiko Fujimori.

"Castillo siempre ha sido una persona luchadora –continúa Lasso-. Siempre se ha esforzado muchísimo por querer educarse. De niño, para ir al colegio, caminaba dos horas de ida y dos de vuelta. Cuando iba al instituto pedagógicoen Cutervo –pequeña ciudad ubicada en otra provincia cajamarquina-, donde estudió magisterio, caminaba ocho horas desde su pueblo hasta allí. Conocí a un amigo suyo, Julio Díaz, que caminaba con él. Su mamá les frotaba los pies con unas plantitas, como remedio natural para atenuar el dolor de los callos". En su ruta, Castillo conoció la realidad de otros caseríos como el suyo. Pequeños pueblos de montaña donde la belleza es tan impresionante como la pobreza. Zonas ganaderas y agrícolas ubicadas entre mesetas, quebradas y cerros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el departamento de Cajamarca se encuentran 16 de los 20 distritos más pobres de Perú. Muchos de estos lugares sufrieron el terrorismo en los años 80 y 90 del siglo pasado y, en medio de la ausencia del Estado, tuvieron que crear rondas campesinas para enfrentar la violencia. Castillo formó parte de ellas.

Según Lasso, uno de los pocos comunicadores que ha tenido la oportunidad de acercarse al círculo más cercano de Castillo –hermético para gran parte del periodismo limeño-, cuando era niño, el flamante presidente del Perú viajó con su padre a la selva para trabajar como agricultor y tener ingresos para comprarse el uniforme, los cuadernos o sus libros. "En su vida siempre hubo una relación entre esfuerzo y educación. Él no la ha recibido como quienes vivimos en las ciudades. Para nosotros, el uniforme escolar o el colegio aparecen nomás, pero a él le costó mucho sudor educarse".

Ya a mediados de los 90, en plena dictadura fujimorista, y a pesar de que había concluido su carrera de maestro en el pedagógico de Cutervo, la falta de trabajo lo llevó a Lima, donde no lo pasó mejor. Su primera experiencia laboral fue limpiando baños en un pequeño hostal del centro de la capital. Pedro Castillo caminaba extraviado por las calles y no entendía por qué no había oportunidades en una ciudad tan grande. A pesar de la dureza del trabajo, su empleador siempre lo trató con respeto y cariño. Curiosamente, era estudiante de Filosofía en la Universidad Católica, por lo que mantenía largas conversaciones con él sobre diversos temas, incluida la política. Aún hoy mantienen contacto y respeto. Luego, Castillo siguió trabajando de lo que pudo. Canillita, albañil o heladero, lo que le permitiera subsistir.

Para entender mejor el periplo que hizo Castillo entonces -y que repitió ahora para llegar al Palacio de Gobierno-, la distancia por tierra entre Lima y Chota (Cajamarca) es de más de 16 horas. De Chota a Tacabamba se necesitan tres horas más y de allí a Chugur –donde estudio secundaria- se suman dos horas de camino. De Chugur a Puña son 30 minutos adicionales y de allí a San Luis de Puña, el caserío en el que pasó su infancia, son 10 minutos. Sin apreciar el recorrido o el esfuerzo, su rival en estas elecciones, Keiko Fujimori, abrió su participación en el primer debate que tuvo lugar en Chota -a petición del propio Castillo- con la desafortunada frase: "He tenido que venir hasta aquí". Algunos debieron intuir que, desde aquel momento, perdió cualquier posibilidad de ganar en esa y otras zonas remotas del país.

El 'outsider' que nadie esperaba

"No más pobres en un país rico" ha sido su lema de campaña, coronado con la frase "palabra de maestro". Su experiencia como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que lo hizo notorio por primera vez en la capital, no es, sin embargo, su primera experiencia política. Tras los difíciles años noventa, en 2002 postuló a la alcaldía del distrito de Anguía –en la provincia de Chota- por Perú Posible, la hoy extinta agrupación del entonces presidente Alejandro Toledo, un hombre con el que comparte origen humilde y trabajo desde niño, pero que nunca izó como bandera propia las necesidades de los más humildes, a diferencia de Castillo. Su paso por Harvard y su militancia en la derecha neoliberal, marcan distancia en sus rumbos.

Castillo planeaba formar un partido político integrado por profesores, pero la llegada de la pandemia frenó sus aspiraciones. Apareció entonces la posibilidad de sumarse a Perú Libre, partido fundado por el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Él es, precisamente, el talón de Aquiles de Castillo. Apartado de la elección por sus acusaciones de corrupción –que incluyen una sentencia por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, que le costó una sentencia de 4 años de prisión suspendida- y un marxista-leninista confeso, Cerrón diseñó el ideario original de su partido, en el que se aspiraba a una nueva Constitución, mayor presencia del Estado, renegociación de contratos con las empresas y nacionalización de sectores estratégicos, lo que causó alarma en una parte importante de la población y sirvió como argumento de ataque del fujimorismo y la ultraderecha. Castillo, sin embargo, preparó nuevos lineamientos, conocidos como el Plan Bicentenario, eso sí, haciendo también suya la propuesta de una nueva Constitución, para la cual se propone convocar un referéndum y posteriormente una Asamblea Constituyente. Cabe recordar que la vigente carta magna data de 1993, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La presencia de Cerrón, un político tan frontal como ególatra, es diariamente utilizada para atacar a Castillo. A pesar de que este aseguró que "El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado", sus constantes exabruptos vía Twitter, su presencia en reuniones cruciales o su reciente recibimiento al ex presidente boliviano Evo Morales, causan zozobra alrededor de Perú Libre. No son pocas, además, las voces que temen que un gobierno de izquierda convierta a Perú en una suerte de émulo de Cuba o Venezuela, cosa que Castillo ha negado en reiteradas oportunidades. Aunque es progresista en varios frentes, socialmente es un conservador que se opone a la legalización del aborto, la eutanasia, el enfoque de género en el currículum escolar y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, posiblemente, a causa de su fe cristiana.

En una victoria épica, contra viento y marea, Pedro Castillo dejó al fujimorismo fuera del gobierno. Este miércoles fue investido como presidente en el Congreso de la República, fiel a la costumbre chotana, con su típico atuendo andino. Independientemente de cómo vaya a ser su gestión, postales como esta marcan la historia y se instalan en el imaginario colectivo de una nación. Este jueves realizará otro acto simbólico sin precedentes: juramentará el cargo de presidente constitucional del Bicentenario en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, el lugar donde una heroica batalla sirvió para revalidar la independencia peruana, el 9 de diciembre de 1824. Lo hará, además, ante la presencia del rey Felipe VI de España y otros mandatarios.

No tan lejos queda ese diciembre de 2020, cuando el periodista Marco Sifuentes, uno de los pocos que ha logrado una extensa entrevista con él, le dijo, ante sus aspiraciones a llegar a una segunda vuelta: "Pero usted tiene 0,001% de apoyo en las encuestas, ¿Cómo va a hacer?"

Lo hizo contra todo pronóstico 200 años después de la independencia, en un Perú que sigue siendo una caja de sorpresas.

28/07/2021 18:57 Actualizado: 28/07/2021 22:27

Ricardo Hinojosa Lizárraga

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Deberían escuelas ser las "últimas en cerrar y las primeras en abrir": Unicef

Al menos un tercio de los menores en edad escolar no tienen condiciones de acceso al aprendizaje a distancia en regiones como América Latina, Asia y África. En total, 600 millones de niños y adolescentes aún se ven afectados por el cierre de las escuelas, advierte el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un nuevo llamado a abrir los centros escolares.

En la región, advierte, 18 países y territorios mantienen los cierres totales o parciales, aunque reconoce que los gobiernos enfrentan una "disyuntiva imposible: cerrar sus comunidades o ayudar a facilitar la propagación masiva de una enfermedad peligrosa".

Sin embargo, subraya, las escuelas deberían ser las "últimas en cerrar y las primeras en abrir" y los planteles de primaria y secundaria "no están entre las principales impulsoras de la transmisión".

Por ello, el organismo multinacional instó a los estados miembros a aplicar diversas medidas, entre ellas abrir los centros de enseñanza “lo antes posible, y su reapertura no ha de depender de la vacunación de todos los profesores y alumnos.

"La vacunación de los trabajadores de primera línea y de quienes corren más riesgo de sufrir enfermedades graves y de morir continuará siendo una prioridad".

Pide a los gobiernos y los donantes garantizar los presupuestos destinados a la educación, pues –destaca– en la medida en que las escuelas vuelven a abrir sus puertas, "es necesario ampliar el número de niños matriculados e incluir a los que no asistían a clase antes de la pandemia de Covid-19".

Esta acción, afirma, puede realizarse eliminando las barreras financieras, proporcionando recursos de aprendizaje, ajustando los requisitos de inscripción y ofreciendo programas flexibles, tanto en los planteles como en los programas no formales, y advierte que matricular a todos los nuevos alumnos en la escuela, independientemente de su edad, "es una estrategia clave".

 

No se inscribieron 5.2 millones de alumnos: Inegi

 

En su Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que al menos 5.2 millones de alumnos de tres a 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 debido a la pandemia de Covid-19 y por la falta de recursos. De ellos, 2.5 millones son mujeres.

Agrega que entre la población de seis a 12 años, en edad de cursar la primaria, 217 mil estudiantes abandonaron las aulas por la pandemia, 50 mil más por falta de dinero o recursos y 258 mil por otras razones.

Entre los adolescentes de 13 a 15 años que cursaban la secundaria, 306 mil dejaron de ir a clases por el Covid-19, 71 mil por falta de dinero o recursos, 37 mil porque debían trabajar y 285 mil por otras razones.

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Castillo asume el poder en Perú con promesas de cambio y escaso margen de actuación

Tras una larga espera de los resultados oficiales y en medio de un clima político convulso, el pueblo peruano por fin tiene a su presidente electo que tendrá que asumir el desafío de gobernar un país dividido.

 

Este 28 de julio, Pedro Castillo, del partido Perú Libre, se convertirá en el nuevo presidente de Perú. En la ceremonia de investidura estará presente, entre otros dignatarios extranjeros, el rey de España, Felipe VI. Será una investidura especial, pues coincide con la celebración del Bicentenario de la Independencia de la Corona española. Es la primera vez en décadas que el candidato electo es confirmado con tan poco tiempo, y es que la proclamación de Castillo como presidente de la República por parte de las autoridades electorales se efectuó solo unos días antes, cuando lo normal es que se haga un mes antes de asumir el poder.

Para entender lo que ha ocurrido hay que remontarse al 6 de junio, la fecha de la segunda vuelta de las elecciones, cuando frente a todo pronóstico, Castillo se enfrentó a Keiko Fujimori, la hija del exdictador Alberto Fujimori y candidata de Fuerza Popular. En una entrevista realizada en diciembre de 2020, el periodista Marco Sifuentes le preguntó a Castillo por quién votaría en la segunda vuelta, dando por hecho que él no pasaría. Castillo contestó, entre risas, que eso no ocurriría porque serían los otros candidatos los que no llegarían a la segunda vuelta. Marco Siguientes, sorprendido, le contestó: “Pero si usted solo tiene el 0,001% de tendencia de voto…”. Castillo replicó con seguridad: “Eso dicen las encuestas de arriba, pero cuando bajo y voy al pueblo, no encuentro a los señores que quedan primeros en los sondeos”. 

Aquí está la base para entender la campaña de Castillo. Mientras el resto de candidatos empleaban todas sus energías para convencer al electorado acomodado limeño, él hacía campaña en los rincones más remotos del país, ganándose la confianza de los sectores menos favorecidos de Perú. 

El papel de los medios

Desde que se supo que Castillo pasaba a la segunda vuelta se inició una “guerra mediática”, catapultada cuando se conocieron los resultados electorales. Los principales medios de comunicación se posicionaron claramente a favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Alonso Zambrano, periodista de El Foco, un medio independiente, cree que la polarización es más evidente que nunca.

“Los medios tomaron una postura política para perjudicar al candidato que no querían ver en el poder. Esto muestra una clara interferencia en cómo uno media la información y desde qué ángulo se pretende informar. Los medios se desacreditaron a sí mismos por completo”, denuncia. Se llegaron a ver amenazas hacia los propios periodistas. Un ejemplo de esto fueron los reporteros de un conocido programa dominical de investigación llamado Cuarto Poder que renunciaron a sus puestos de trabajo porque estaban interviniendo directamente en el material en el que trabajaban.

Los grandes medios recurrieron como parte de la campaña contra Castillo a la desinformación y las fake news, al no haber sanciones administrativas por difundir información falsa, comenta Alonso. Frente a este caos informativo, estaba la prensa independiente, que ha crecido mucho en el país desde comienzos de la pandemia. “Los medios independientes han salido muy fortalecidos de esto, El foco es uno de ellos, pero debido a que no tenemos una gran infraestructura, nos hemos visto afectados por la polarización, porque cuando investigábamos a uno de ellos, para los lectores ya significaba que automáticamente apoyábamos al contrario. Ha habido muchos insultos y ataques a periodistas, tanto en la TV como en los eventos”, relata. Esa división derecha-izquierda que tanto ha afectado a la sociedad peruana será la que para Alonso pueda desestabilizar el próximo Gobierno de Castillo. “Las propuestas que da Castillo y sus grupos afines son más sociales, están en sintonía con los derechos humanos básicos, pero los del lado contrario serán un muro de piedra. Las propuestas del ejecutivo no saldrán adelante. Van a estar en constante conflicto y por lo tanto se darán a la improvisación y no me sorprendería ver que el Congreso se convierte en una herramienta para desarmar al poder ejecutivo, como con la vacancia presidencial”, añade, en referencia al recurso constitucional que permite desarmar un ejecutivo apelando a la ”incapacidad moral permanente“ del presidente. 

El 43% de los peruanos, según una encuesta de Ipsos, votó por Castillo porque esperaba ver un cambio. Pedro Castillo ofrecía en campaña un lema demoledor para aquellos veían peligrar sus privilegios: “No más pobres en un país rico”. Esa fue la consigna a la que la mayoría de la población se agarró porque vive ahogada en una profunda desigualdad. En estas elecciones se ha visto cómo la sociedad peruana tiene muchas cuestiones pendientes en las que trabajar en materia de igualdad, racismo y unidad. En el discurso que realizó después de ser designado presidente, Castillo dio la bienvenida a todos los peruanos a un gobierno “de todas las sangres” donde “nadie se quede atrás”. Sin embargo, el hecho de que Perú Libre no vaya a tener una mayoría consolidada en el Congreso es un problema que preocupa a la mayoría de la población, y más aún cuando han sido testigos de como los congresistas han llegado a echar a presidentes electos y colocado a otros. Por eso hay tanta expectación en la toma de poder del nuevo presidente, de la presentación de su equipo, las alianzas y del conocimiento de sus planes de trabajo, porque de eso dependerán los próximos años. 

“Un gobierno inestable”

Daniel Tello, fotógrafo y creador de contenido de 31 años, cuenta cómo vivió este cambio tan radical en el panorama electoral y cómo decidió su voto en el último momento. Al principio, como tantos otros, “no sabía quién era Castillo”. En la primera vuelta votó por un candidato de derechas porque le parecía el mejor currículum profesional para dirigir el país. Sin embargo, ya con el voto depositado, se arrepintió: “Después me di cuenta de que quería votar por Verónika Mendoza, pero los medios habían hecho una campaña muy fuerte contra ella”.

Con la prensa conservadora del país ocupada en desprestigiar la campaña de Mendoza (Juntos Por El Perú), de izquierda progresista, Castillo se libró momentáneamente de los ataques de la derecha. En la segunda vuelta, con Fujimori y Castillo como únicas opciones, este fotógrafo se planteó en primer lugar votar en blanco, y no cambiaría de opinión hasta que presenció la “asquerosa” campaña contra Castillo llevada a cabo por los grandes medios de comunicación. “Me puso muy triste darme cuenta de que después de 200 años de independencia, los peruanos, en especial los limeños, seguían siendo racistas”, dice. Así que finalmente votó por Castillo. “Lima tuvo mucho voto escondido hacia Castillo, daba vergüenza decir que votabas por él, pero al final es el que reflejó las necesidades de la mayoría de los peruanos”, explica. Daniel también reflexiona sobre el papel de Fujimori: “Ella decía que iba a respetar la democracia, pero luego no fue así, quiere estar en el poder como sea porque tiene muchos favores que devolver”. Este es uno de los motivos por los que Daniel piensa que Castillo no podrá gobernar con tranquilidad: “Ya han dicho que no lo aceptarían como presidente, lo van a sacar”. 

En cuanto la candidata de Fuerza Popular vio que Castillo ganaba las elecciones las declaró fraudulentas y llegó a gastar hasta un millón de soles (217.000 euros) en recursos legales que demostraran que las mesas electorales habían cometido fraude. No contenta con estas declaraciones también animó a sus votantes a salir a las calles a reclamar sus derechos y a luchar contra “el comunismo”.

El día de la segunda vuelta, el 6 de junio, los peruanos utilizaron sus cuentas oficiales en redes sociales para desmentir todas las noticias falsas que hablaban de fraude. Después, se enfrentaron a los continuos ataques de los fujimoristas que amenazaban con atentar contra los funcionarios y alentaban a los militares a tomar cartas en el asunto. Finalmente, la autoridad electoral del país rechazó todas las peticiones de Keiko Fujimori por falta de evidencias y proclamó a Pedro Castillo como nuevo presidente legítimo de Perú. 

Daniela Montejo, graduada en Administración con 25 años, fue una de esas personas que en la primera vuelta quería una opción moderada de izquierdas: “No pude ir a votar, pero lo hubiera hecho por Julio Guzmán o Verónika Mendoza, no tanto por ellos como candidatos sino por las propuestas de sus partidos y planes de Gobierno”, pero en segunda vuelta se decidió finalmente por Keiko: “Voté por Keiko casi que tapándome la nariz, porque jamás hubiera pensando votar por ella ni por su partido. Pero viendo todo lo que podía suceder a nivel económico con Castillo, era la única opción que garantizaría una estabilidad económica”. No obstante, Daniela es crítica con las declaraciones públicas de Keiko sobre el fraude electoral: “Keiko llego a hacer el ridículo, no supo aceptar la derrota. Detesto a la gente que salió a la calle a decir que era fraude porque llega un punto en el que están sobrepasando la voluntad de medio país que quiso a Castillo”, explica. Aunque votara por Keiko, sus expectativas con Castillo no son tan desastrosas como la de otros votantes. Daniela cree que el nuevo Gobierno no será como el de Venezuela porque “no dará tiempo a eso”, como tanto se ha mencionado en campaña, y tampoco cree que “se vayan a hacer los cambios estructurales que la gente necesita y no porque él no quiera sino porque su partido no tendrá esa capacidad de gestión para lograrlo”. 

Muchos peruanos manifestaron su intención de votar en blanco o nulo durante la segunda vuelta aunque no fueron tantos —solo el 6%— como inicialmente se pensó. Alexis Sipán, trabajador de Recursos Humanos de 26 años, al igual que Daniela, se decantó por la izquierda moderada en la primera vuelta, pero en la segunda decidió votar en blanco. “Los dos candidatos me parecían pésimos, la improvisación vs la impunidad, estuve tentado de votar por Keiko, pero básicamente porque leí que Castillo proponía el cierre de importaciones y eso no le hace ningún bien al país, pero cuando Keiko dijo en TV que su padre no fue un dictador, decidí invalidar mi voto”. Sobre el Gobierno que se avecina, Alexis espera moderación por parte de Castillo, “el plan de Castillo básicamente nos llevaría a una crisis económica dentro de una crisis sanitaria, yo espero moderación por su parte, no es una persona cerrada al intercambio de ideas, y creo que ha dejado ciertas propuestas radicales para tratar de mejorarlas, pero seguramente sea un gobierno inestable y con muchos intentos de vacancia”.

Lucía Muñoz Miranda

27 jul 2021 12:54


Será el primer presidente proveniente de un partido de izquierda 

Perú: asume Pedro Castillo en medio de una crisis social y económica

El maestro rural y líder campesino ganó con un discurso de cambio del modelo neoliberal, pero será un Congreso controlado por la derecha quien le tome juramento.

Por Carlos Noriega

27/07/2021

Desde Lima 

Este miércoles, en el día del bicentenario de la independencia, con toda la carga simbólica que eso tiene, juramentará como presidente Pedro Castillo. Será una jornada histórica. No solo por coincidir con el bicentenario, sino también por el significado que como reivindicación histórica para los sectores rurales, andinos y populares excluidos durante doscientos años de República tiene la llegada a la presidencia de un campesino, maestro rural y sindicalista que viene de una región andina que está entre las más pobres del país. Y por tratarse del primer presidente elegido proveniente de un partido de izquierda. Castillo, que ganó con un discurso de cambio del modelo neoliberal, juramentará ante un Congreso controlado por la derecha. El nuevo presidente llega al día de su jura sin que se conozca su gabinete ministerial.

A la histórica toma de mando de Castillo asistirá el presidente argentino Alberto Fernández. Ambos se reunirán luego de la asuncióción del presidente peruano. Hace unas semanas tuvieron un encuentro por zoom, en el que participaron otras personalidades progresistas de la región, en el que hablaron sobre la unidad regional y trabajar juntos en esa línea. A la jura de Castillo también asistirán los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera; y de Ecuador, Guillermo Lasso; y el rey de España, Felipe VI. 

Obstáculos

El primer gran reto de Castillo será darle estabilidad y gobernabilidad a su gestión, en un contexto de polarización y movidas golpistas de una extrema derecha que no acepta su triunfo. Deberá hacerlo con un Congreso opositor, en buena parte hostil, en el que tendrá problemas para hacer aprobar sus propuestas de cambio, y con los poderes económico y mediático en contra. Otros retos inmediatos serán enfrentar la grave crisis sanitaria y económica por la pandemia. Hay más de dos millones de nuevos desempleados, en 2020 el PIB cayó 11 por ciento y la pobreza subió de 21 a 31 por ciento, lo que significa 3,3 millones de nuevos pobres. El gobierno saliente ha anunciado una recuperación económica con un crecimiento de 10 por ciento para este año, pero ha admitido que la recuperación del empleo marcha a un ritmo más lento que este crecimiento del PIB.

Programa

Castillo ha indicado que sus prioridades serán salud, educación y agricultura. El economista Pedro Francke, principal asesor económico de Castillo y voceado como ministro de Economía, ha señalado que se renegociarán los contratos con las empresas mineras para crear una sobretasa impositiva a las ganancias extras que vienen teniendo por el aumento de los precios internacionales de los minerales. Ha indicado que se debe incrementar la inversión pública, ampliar los créditos a la agricultura y a las micro y pequeñas empresas, y que las políticas públicas deben tener un importante componente redistributivo. Se ha anunciado que se priorizarán obras de infraestructura en salud, educación y caminos rurales. Castillo ha asegurado que no habrá estatizaciones.

La pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia la precariedad del sistema de salud, desfinanciado por tres décadas de neoliberalismo. En el nuevo gobierno tienen claro que avanzar con la vacunación para controlar los contagios es fundamental para la reactivación de la economía. El gobierno saliente deja un proceso de vacunación que ha tomado un buen ritmo y 98 millones de dosis de vacunas, de distintos laboratorios, aseguradas. El objetivo es vacunar a toda la población para fin de año. El voceado ministro de Salud, el médico Hernando Cevallos, ha anunciado una importante inversión en la salud pública con el objetivo principal de mejorar el primer nivel de atención, muy deteriorado. Los casos de contagios y muertes por el coronavirus vienen descendiendo, pero Cevallos ha advertido que el país debe prepararse para una posible tercera ola de la pandemia.

La propuesta de Castillo de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Fujimori ha encontrado la cerrada oposición de la derecha política, económica y mediática, que se ha puesto en pie de lucha para defender la Constitución fujimorista que da una serie de beneficios a la inversión privada y reduce al Estado a un rol subsidiario de lo privado. La derecha tiene los votos para bloquear la propuesta en el Congreso. El gobierno podría convocar un referéndum sobre el tema con las firmas del 10 por ciento del padrón electoral, es decir 2,5 millones de firmas.

El líder izquierdista reemplaza al saliente presidente Francisco Sagasti, un intelectual de centro que asumió el cargo hace ocho meses designado por el Congreso en medio de una grave crisis política. Sagasti cierra un convulso quinquenio que ha tenido cuatro presidentes -uno de ellos duró menos de una semana- y dos Congresos. Con Castillo se abre una nueva etapa, con la esperanza del cambio.    

Página12

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