Lunes, 16 Agosto 2021 06:28

Paredes que comunican

Portada, contraportada y solapa del libro

El libro Paredes que comunican. Las pintadas como expresión ciudadana ha sido publicado en Colombia por la editorial Desde Abajo con el auspicio de FES Comunicación.

 

El texto ha tenido su lanzamiento oficial el viernes 6 de agosto en el parque Bicentenario en una típica tarde bogotana, con ese cielo que siempre nos sorprende y pasa de azul intenso a gris bucólico, amenazada por la persistente lluvia garciamarquiana y en la que, además, la ciudad cumplía el 483 aniversario de su fundación.

También ha sido presentado el lunes 9 en “La valija de fuego”, una particular y emergente librería-café-editorial que quiere ser un espacio para la tertulia con los libros como alimento esencial.

Las expresiones ciudadanas a través de las pintadas

El volumen se conforma alrededor de esas manifestaciones plasmadas en los muros que recogen las otras narraciones, las que están al margen de la historia oficial, y en el que han participado tanto artistas que las realizan como quienes se dedican a documentarlas y pensarlas.

Coordinado y editado por Iñaki Chaves y publicado por FES Comunicación y ediciones desde abajo, el libro reúne reflexiones en torno a todas esas expresiones englobadas bajo el término pintadas y que comprende los grafitis, los esténciles, las pegatinas y demás técnicas para decir públicamente en las paredes los sentires de personas y colectivos que no se sienten representadas en otros medios.

Un grupo de unas cuarenta personas, entre las que se encontraban algunas de las participantes en el libro como Omar Rincón, Andrés Gaitán, Keshava, Johanna Ramírez, Carlos Novoa o DJLu / Juegasiempre, estuvieron presentes en un evento en el que se invitó a los asistentes a que plasmaran su pintada en los paneles blancos de cartón corrugado instalados al efecto y cuyos resultados, junto a una imagen seleccionada de cada uno de los capítulos del libro, quedarán expuestos en la galería del túnel de san Diego de la capital colombiana.

El libro no pretende ocupar y derribar paredes, sino hacer que los textos y dibujos de esos mismos muros queden reflejados para gritar con ellos, para que tengan, además de en las bibliotecas, un lugar en el imaginario y un espacio en la memoria que nos permita recordar que las paredes comunican, que la comunicación, igual que la belleza, está en las calles y en las gentes que las viven y las pintan.

En unos tiempos en los que, desde el pasado 28 de abril, numerosos colectivos de la sociedad colombiana se han tomado las calles y las paredes para expresar su descontento con sus gobernantes y el sistema político que los rige, presentar un libro que aborda una parte de esas expresiones plasmadas en los muros es una tarea que complementa las múltiples actividades que están demandando libertad, derechos y justicia social para una mayoría de población que se siente excluida.

Se trata de poner en valor las pintadas, su papel como mecanismo de participación política en el espacio público y a las gentes que las practican y que las piensan como parte de una ciudadanía comprometida y activa. Ciudadanía cívica y no vandálica, política y no violenta, artística y crítica.

Tal como está escrito en la presentación “Las pintadas y sus artistas forman parte de la representación de la comunicación ciudadana en el teatro del mundo. Ese escenario del que todas y todos formamos parte y en el que debemos actuar y ser protagonistas de las necesarias transformaciones de la sociedad con nuestras narraciones y expresiones. En este caso pintando los muros para que hablen”.

Alguien que se dedicaba a pintar era Diego Felipe Becerra, un joven estudiante y grafitero de 16 años que fue asesinado por un policía y de cuya muerte se cumplen diez años en este mes. Conocido como Trípido, sus armas eran los aerosoles con los que pintaba los muros de su ciudad. Como dijera Norman Mailer “En un acto criminal siempre hay arte, pero los grafiteros están en el extremo opuesto de los criminales porque viven todas las fases del crimen para cometer un acto artístico”.

Se hace necesario reivindicar a todas las personas que se dedican, por afición, por amor al arte o para demandar justicia, a llenar de color los grises muros con sus pintadas de ilusiones, quejas, sueños, inconformidades o esperanzas.

Las pintadas son la manera de referenciarse ante la sociedad de personas y colectivos muchas veces ignorados, excluidos o señalados. Expresiones que forman parte de la representación de la comunicación ciudadana en ese escenario del mundo del que todas y todos formamos parte y en el que debemos actuar y ser protagonistas de las necesarias transformaciones de la sociedad con nuestras narraciones.

Paredes que comunican es un libro dedicado a “la memoria de todas las personas que a lo largo de la historia se han jugado la vida por expresarse libremente por cualquier medio y soporte en el espacio público”.

Publicado en Mundo Obrero el 13 de agosto de 2021

 

Publicado enCultura
Sábado, 16 Abril 2016 07:02

Apareció un testigo clave

Las fotos de los estudiantes siguen colgadas frente a la Procuración.

INVOLUCRA A POLICIAS FEDERALES EN LA MASACRE DE AYOTZINAPA

 

Dijo que no sólo participaron las policías municipales de Iguala, sino que también lo habrían hecho tres patrullas del vecino municipio de Huitzuco e, incluso, al menos dos elementos de la Policía Federal que arribaron después.

 

 

 Ciudad de México

 

La “verdad histórica” sobre la que se montó el gobierno de Enrique Peña Nieto para dar un virtual carpetazo a la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de fuerzas policíacas, es cada vez más una pesadilla de derechos humanos que ejemplifica la indefensión en que vive la sociedad mexicana desde hace años.

 

Apenas la noche del jueves, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) dio un giro a la historia al presentar las declaraciones de un “testigo clave” que sostiene en la desaparición forzada de los 43 estudiantes no sólo participaron las policías municipales de Iguala, sino que también lo habrían hecho tres patrullas del vecino municipio de Huitzuco e incluso al menos dos elementos de la Policía Federal que arribaron en dos patrullas, justo cuando los efectivos municipales iniciaban el traslado de estudiantes a un lugar desconocido. Los policías federales hablaron con varios policías municipales y los habrían dejado partir con los estudiantes bajo su poder, presumiblemente hacia el municipio de Huitzuco. La CNDH exige que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie de urgencia una nueva búsqueda, ahora en Huitzuco.

 

Desde hace más de un año, la PGR sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, por órdenes del crimen organizado local al que vincularon al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, hoy detenido. Los restos habrían sido arrojados a un río.

 

Este jueves, se afirmó una segunda línea de investigación ignorada hasta ahora por las autoridades federales. El testigo no fue identificado, pero se dijo que éste acudió personalmente a la propia CNDH para contar hechos de los que “fue testigo y no partícipe”. El presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, y el investigador de este organismo para el caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, resaltaron que el testimonio “es congruente y coherente” con otras evidencias en los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la propia comisión.

 

Al expediente de la CNDH se habrían agregado cuatro fotografías del momento en que un grupo de entre 15 y 20 estudiantes son bajados del autobús 1531 de la línea Estrellas de Oro, uno de los que los jóvenes habían tomado para viajar a la Ciudad de México. Las imágenes fueron captadas por un militar en un paraje conocido como Puente del Chipote.

 

En este vehículo viajaba Alexander Mora Venancio, el único estudiante hasta ahora identificado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entre los pocos restos encontrados.

 

El testigo asegura que los estudiantes fueron entregados a un supuesto líder criminal, identificado con el sobrenombre de El Patrón, quien habría decidido su suerte.

 

 

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Lunes, 27 Diciembre 2010 09:42

Un testigo en la mira

El cadáver de un ex soldado uruguayo apareció en las aguas del río Uruguay con el rostro desfigurado, un brazo mutilado y el pecho abierto. Allegados de Julio Ruperto Ramírez, de 60 años, afirmaron a Página/12 que están convencidos de que fue un asesinato y que ocurrió del lado argentino. Según publicó ayer el diario La República, la razón de su muerte sería el haber aportado información sobre enterramientos de desaparecidos en Uruguay.

El asesinato se habría producido el 12 o 13 de diciembre y el cuerpo se habría encontrado el martes 21 de diciembre. El hermano de Julio Ramírez, Luis Ramírez, aportó información en diálogo telefónico con este diario. “A Julio lo asesinaron. El capitán Montenegro, de Prefectura Argentina, me dijo que no viera el cadáver porque tenía la cara desfigurada y el pecho abierto y entonces me iba a impresionar demasiado. El cuerpo estaba en Paranacito y lo llevaron a Gualeguaychú. Dijeron que tenía más de una puñalada. Me dijeron también que hasta el 15 de enero no iban a suministrar más datos, ni me podían entregar el cuerpo.”

Se le preguntó si alguien había denunciado que estaba desaparecido. Luis Ramírez contestó: “Desaparecido no estaba. El iba y venía todas las semanas. Un amigo de nombre Carlos Ferreyra hizo la denuncia de que se había caído al agua”.

Ramírez trabajaba en la isla El Sauce, frente a la ciudad uruguaya de Nueva Palmira. Página/12 contactó a Diego Gómez, el dueño de la quinta en la que vivía Ramírez. Se le preguntó qué sabía de la aparición sin vida de su empleado. “Yo no era su patrón. El me pidió de quedarse en mi casa y hacía changas. Trabajaba a destajo. Vivía en su casa prefabricada desde hace unos cinco años. El mismo día que él desaparece yo tengo un accidente, así que hablé por teléfono con su hermano Luis. Por lo que sé, Julio venía de trabajar en el pantano y se cayó al agua.”

Gómez aseguró que Julio Ramírez no le dijo nada que hiciera sospechar que le podía pasar algo. “Julio no se metía con nadie, era tranquilo. La gente de la isla lo quería. Me parece raro todo. Nadie, ni siquiera su hermano, me dijo que el cadáver tenía heridas. Mañana mismo le pido autorización a mi médica y voy a ir a preguntar.”

Según el diario La República, el ex soldado habría aportado datos y hasta un croquis que aún se conserva sobre enterramientos de desaparecidos en la cancha de fútbol del Batallón N° 13, conocido como “el Infierno” (para los presos) o el “300 Carlos” (según la jerga militar).

En el Batallón Nº 13 funcionó a mediados de los ’70 un centro de torturas de las Fuerzas Armadas. No fue el único. Pero sí el más grande y conocido, por el que pasó la mayoría de los detenidos políticos de la dictadura uruguaya (1973-1985).

Ramírez también prestó servicios como soldado en el Batallón N° 14 de Toledo, donde hay pistas sobre la existencia de un cementerio clandestino de desaparecidos, llamado “Arlington”, y donde próximamente se reanudarán las excavaciones para intentar encontrar cuerpos.

Un amigo vinculó la muerte del ex soldado con el hecho de que haya aportado información en causas de derechos humanos. Roberto Martínez dijo en conversación con este diario que la vida de su amigo estaba en peligro desde el momento en que habló. “No me cierra lo que pasó. El sabía muchas cosas importantes de la dictadura. Su vida corría peligro desde que habló de muchas cosas. En agosto unas personas fueron a hablar con él. El les dijo todo lo que sabía.”

–¿Le comentó que se sintiera amenazado?

–No. Alguien lo mató o lo mandó matar. La gente de la isla no tenía motivos.

–¿Se había arrepentido?

–El estaba muy arrepentido de haber participado en el ejército. De lo que le hicieron personalmente. El se negaba a participar de las torturas y el ejército primero lo cambió de batallón. Después lo echó.

–¿Por qué no llegó a declarar a la Justicia?

–Estaba decidido a hacerlo. Hay personas que se mantienen en silencio. Otras un día hablan.

Luis Ramírez afirmó que su hermano no le contó nada, pero que a él le parecía raro que no quisiera vivir en Uruguay. “El no me dijo si habló o no. Nunca se abrió con esos temas. Nos pareció raro que viviera allá y que no quería vivir de este lado de la costa.”

Por Mercedes López San Miguel

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La “Guerra del Gas” de octubre de 2003 es sinónimo de la muerte de 69 bolivianos y bolivianas, más de 400 heridos, cientos de huérfanos y viudas, la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hacia Estados Unidos y también de incertidumbre e impunidad; hoy, 18 de mayo de 2009, una nueva página de dignidad se escribe en la historia boliviana: se inició el juicio de responsabilidades contra el genocidio.

Después de cinco años y siete meses, la Corte Suprema de Justicia de Sucre, abrió el histórico proceso para juzgar a un ex Presidente de la República elegido en democracia, a su gabinete de ministros y también a cinco ex miembros del Alto Mando Militar.

Se estima que a lo largo del proceso comparezcan alrededor de 2.500 testigos y se presenten unas 4.900 pruebas.

Ante la ausencia de los principales acusados de este caso, la Corte Suprema de Justicia les declaró en rebeldía y ordenó la aprehensión del ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex ministros.

Nueve ex autoridades huyeron de Bolivia porque, según dicen, en el país no existe seguridad jurídica y el juicio tendría carácter político: Gonzalo Sánchez de Lozada se refugió en Estados Unidos desde la insurrección popular que se oponía a la exportación del gas natural hacia ese país por puertos chilenos.

Sus ex colaboradores Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez radican en Estados Unidos; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia son refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Perú y Jorge Torres Obleas es un asilado político en ese mismo país; Hugo Carvajal se encuentra en España y Yerko Kukoc tiene paradero desconocido.

“Lo importante de esta audiencia es que a partir de ahora la señora Quevedo, Torres Obleas, Torres Goitia, Yerko Kukoc y otros fueron declarados rebeldes por la justicia boliviana, eso implica que pesa sobre ellos un mandamiento de aprehensión”, explicó el fiscal Milton Mendoza.

Agregó que como primera medida se informará a la Interpol (Policía Internacional) sobre el mandamiento de aprehensión que pesa sobre las ex autoridades y que solicitarán a los gobiernos de Estados Unidos y Perú la extradición de los acusados por delitos de lesa humanidad que habrían cometido en los hechos de octubre de 2003.

En Sucre, se encuentran los ex ministros Érick Reyes Villa Bacigalupi de Desarrollo Sostenible, Adalberto Kuajara Arandia de Trabajo y Dante Pino Archondo de Servicios Financieros.
También se presentaron los cinco ex jefes militares que fungían como tales hasta el 17 de octubre de 2003: Juan Véliz Herrera ex comandante de Ejército; Roberto Claros Flores, ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; José Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea; Luis Alberto Aranda Granados, ex almirante de la Fuerza Naval y Gonzalo Rocabado Mercado, ex comandante accidental de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público ha imputado a las 17 ex autoridades, no sólo por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos de octubre de 2003, sino por otros delitos que serán conocidos en el proceso.

Pena máxima

Los familiares de las víctimas de octubre, presentes en este proceso, exigen la pena máxima de 30 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros.

El abogado Freddy Ávalos, apoderado de la “Asociación de Familiares y Víctimas de la Guerra del Gas”, señaló que lo único que están buscando es justicia.

“Queremos justicia, que la sangre y las vidas que derramaron nuestros familiares, sobretodo en El Alto de La Paz, no quede en la impunidad y los responsables como Goni y sus ministros sean sentenciados con la pena máxima”, aseveró el abogado. “Goni” es el sobrenombre gringo del ex Jefe de Estado.

Varios familiares de las víctimas de la “Guerra del Gas” y dirigentes de movimientos sociales se encuentran realizando una especie de vigilia en la Capital de la República.

Desde Miami, el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín declaró al periódico El Deber de Santa Cruz: “Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado... Me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia”.

El dirigente obrero, Jaime Solares, aseveró que Goni y todos sus ministros deben ser sancionados por delitos de lesa humanidad. “Ha llegado la hora de que en el país se haga justicia, Goni debe ser procesado por delitos de lesa humanidad y encerrado en la cárcel de Chonchocoro pero también debe pagar sus culpas por vendepatria”, aseveró.

Según el dirigente obrero, es preocupante que cuando varias autoridades del gobierno gonista huyeron del país, el actual régimen recién se preocupe.

Chicanas jurídicas

El fiscal que lleva adelante el caso, Milton Mendoza, informó que con la declaratoria de rebeldía “se suspende cualquier plazo de prescripción”. Las personas en esa condición, podrán ser buscadas, aprehendidas y llevadas al tribunal sin ningún plazo de tiempo y su proceso podrá seguir adelante.

En las últimas horas, el gobierno nacional a través del canciller David Choquehuanca, envió amplia documentación a sus similares del Perú para que reconsideren la situación de refugiados de tres ex ministros del gobierno gonista.

“Antes de dar asilo y refugio, seguro Perú, no contaba con documentos, pero viendo los dos tomos de documentación que enviamos consideramos que van a considerar su decisión”, dijo.
Luego de la declaratoria en rebeldía contra las ex autoridades que no se presentaron al juicio de responsabilidades, el proceso fue suspendido temporalmente por una recusación a los miembros del Tribunal de Sentencia presentada por el ex ministro Kukok.

Este recurso jurídico fue calificado por el abogado Rogelio Mayta como “deplorable” porque intenta “sabotear el proceso”, aunque el jurista informó que solicitó al mismo tribunal que resuelva la petición “en pocas horas, máximo hasta mañana” para continuar con el juicio oral.

El juicio de responsabilidades iniciado hoy contra la administración de Sánchez de Lozada es el segundo en la historia republicana de Bolivia, en 1995 fue sentenciado a 30 años de prisión el ex presidente Luis García Meza que encabezó un sangriento Golpe de Estado para establecer una dictadura militar en 1980.

A pesar de las argucias jurídicas con las que se inició el juicio de responsabilidades y que, con seguridad, caracterizarán en el futuro este proceso, lo cierto es que se dio el primer paso, el primer paso decisivo para que se escuche el clamor popular que tienen todos los bolivianos y bolivianas: justicia…

- Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno.
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