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Sábado, 16 Abril 2022 06:27

El acuerdo con el FMI fractura al Gobierno de los Fernández

Escrito por Eduardo Giordano
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Alberto Fernández y Cristina Fernández asumieron el Gobierno en diciembre de 2019 después de derrotar a Mauricio Macri. / Wikiwand Alberto Fernández y Cristina Fernández asumieron el Gobierno en diciembre de 2019 después de derrotar a Mauricio Macri. / Wikiwand

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda adquirida por el anterior Gobierno neoliberal despierta la indignación en las calles y fuerza la división dentro del ejecutivo.

 

El Gobierno del presidente Alberto Fernández ha rubricado a fines de marzo un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que generó fuertes resistencias sociales y políticas de la izquierda y dentro del propio peronismo. En opinión de sus detractores, ese acuerdo ya ratificado por la ejecutiva del Fondo representa una concesión inmerecida a la banca transnacional y una claudicación del programa de gobierno con el que tomó posesión el Frente de Todos en diciembre de 2019.

La deuda fue contraída por el Gobierno neoliberal de Mauricio Macri (Cambiemos) en condiciones muy desventajosas para el erario público y fue un caballo de batalla de la oposición contra el macrismo. Mientras que los anteriores gobiernos kirchneristas consiguieron reducir el peso de la deuda pública y llegaron a cortar lazos con el FMI en 2006, eso cambió con el Gobierno de Cambiemos: la deuda pública, que al comienzo del Gobierno de Macri (2015) representaba el 53% del PIB, alcanzó a fines del 2018 el 100% del PIB. Además, de los 100.000 millones de dólares que ingresaron al país en divisas durante su período presidencial (2015-2019), su Gobierno permitió la fuga de 86.000 millones, según se desprende de un informe del Banco Central (BCRA) fechado en mayo de 2020. Más allá de estas cifras, la vuelta del FMI a la Argentina supuso someter a la economía nacional a un tremendo ajuste con grandes repercusiones sociales, como el aumento del desempleo y de las tarifas de todos los servicios, la caída de los salarios reales y una elevada inflación.

El pacto acordado por el Gobierno actual oficializa la supervisión del FMI sobre la política económica y monetaria del país. Sus lineamientos fueron rechazados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el grupo de parlamentarios más afines, incluido su hijo, Máximo Kirchner, quien dimitió como presidente del bloque oficialista del Frente de Todos (peronista) en la Cámara de Diputados por no compartir la estrategia y el resultado de la negociación. Ante la falta de quorum en su propio grupo parlamentario, el Gobierno tuvo que negociar con la oposición y contar con los votos de los legisladores de los partidos que fueron responsables de contraer la deuda.

La renegociación de la deuda macrista

Los problemas de Argentina con los programas económicos del FMI son recurrentes y en algunos casos, como en 2001, llevaron al colapso del sistema financiero, el caos político y una gran debacle social. El Gobierno de Néstor Kirchner adoptó a partir de 2003 una serie de medidas económicas que permitieron devolver la deuda contraída por el Gobierno anterior y despedirse de la tutela del FMI, en gran parte gracias al superávit alcanzado en un ciclo muy favorable a las exportaciones nacionales. El organismo internacional más odiado por los argentinos desapareció del escenario en 2006, hasta que el Gobierno de Mauricio Macri volvió a recurrir al Fondo en 2018 para solicitarle el préstamo más cuantioso (y temerario) de la historia del FMI, por un total 57.000 millones de dólares, de los cuales se llegaron a desembolsar 44.000 millones.

Las negociaciones con el FMI para refinanciar la gigantesca deuda contraída por el Gobierno de Macri comenzaron en octubre de 2020. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó entonces que el objetivo era conseguir un “préstamo de facilidades extendidas” para cubrir el principal (44.000 millones de dólares) y los intereses (5.000 millones) de esa deuda. El ministro de Economía llevó a cabo las negociaciones en un contexto muy inflacionario y con una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo superior al 100%. Las negociaciones avanzaron muy lentamente.

En junio de 2021, cuando Argentina debía pagar 2.400 millones de dólares, el Gobierno consiguió acordar “un puente temporal” con el Club de París para no caer en default al mes siguiente. El compromiso fue efectuar solo un pago parcial de 400 millones de dólares y aplazar el saldo pendiente hasta el 31 de marzo de 2022. Durante el mes de marzo el Gobierno mantuvo una carrera contra reloj para impedir que el incumplimiento de ese plazo llevara al país a una cesación de pagos. La propuesta de acuerdo final para evitar el temido default se aprobó días antes y fue el punto culminante de la tensión social y política que provocó este debate durante el último año.

Un amplio rechazo social

Hacia el final de la negociación entre el Gobierno y el FMI, cuando ya se anticipaban las concesiones que se harían al organismo, las marchas de protesta tomaron las calles. Hubo varias movilizaciones a mediados de marzo, principalmente en Buenos Aires, donde decenas de miles de personas llegadas en su mayor parte de las barriadas periféricas desfilaron ordenadamente por las principales avenidas del centro de la ciudad.

Entre los convocantes más representativos participaron muchas organizaciones sociales, partidos de izquierda y las centrales sindicales no alineadas directamente con el justicialismo. El secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, declaró que el ajuste previsto llevará a “agudizar los niveles de pobreza e indigencia” y sostuvo: “Nuestra posición es histórica con esta y con otras deudas: hay que investigar la deuda. Las deudas se pagan, las estafas no”. Esta última frase fue el lema de las marchas.

El economista Claudio Lozano, líder del partido Unidad Popular (integrado en el Frente de Todos), dijo por su parte: “Lo que se ha hecho hasta acá es un verdadero fracaso. No se ha logrado reducir el capital adeudado, no se ha logrado bajar las tasas, no se ha logrado alargar los plazos… no se logró nada; es prácticamente un contrato de adhesión a los planteos del Fondo con una injerencia pocas veces vista”.

La marcha de protesta convocada ante al Congreso mientras se debatía el acuerdo fue multitudinaria. En su transcurso hubo un grave incidente: algunos manifestantes hicieron hogueras en las inmediaciones y arrojaron piedras contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La autoría de estos desmanes no se pudo corroborar y se sospecha que podrían haber sido instigados por alborotadores.

Las críticas más radicales al acuerdo con el Fondo proceden de la izquierda trotskista, que cuenta con una creciente capacidad de movilización en el extrarradio de las ciudades y ha mejorado ligeramente sus resultados en las últimas elecciones. La principal formación trotskista, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), representa poco más del 5% de los electores y se ha convertido en la tercera fuerza política nacional. 

Claudio Katz, economista marxista y profesor de la UBA, es una de las voces más críticas con lo pactado. Katz considera que sólo se acordó “una relativa tregua para el próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo”. Esto es así porque “a partir de 2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso”.

Katz es concluyente en su valoración política de lo actuado por el equipo negociador de Alberto Fernández: “El Gobierno argentino legitimó la estafa y la renegociación eterna de un pasivo impagable. De esta forma, dilapidó un contexto favorable para apuntalar la reactivación, aislar a la derecha y forjar un frente latinoamericano de resistencia a los acreedores”. Y a quienes aseguran que dentro de dos años se podrá renegociar con el Fondo en mejores condiciones, les contesta que no hay motivos para afirmarlo y que en cualquier caso “se habrá perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo” contraído por el Gobierno de Mauricio Macri que permitió la fuga de capitales.

En contrapunto, el economista estadounidense Joseph Stiglitz elogió en febrero pasado el principio de acuerdo y destacó positivamente que el organismo haya renunciado a su tradición de imponer políticas contractivas al renegociar las deudas. Hay que relativizar esta sentencia, porque si bien el FMI no impuso esta vez las consabidas “reformas estructurales” (recortes de jubilaciones y de salarios de empleados públicos, cambios en la legislación laboral y rebaja de impuestos), habrá un duro ajuste fiscal para reducir el déficit en los próximos años y se limitará la emisión monetaria, restando autonomía al Gobierno en el uso de estas herramientas de política económica que quedarán tuteladas por el organismo internacional.

El acuerdo divide al peronismo

A la fuerte oposición de la izquierda en las calles, se sumó la importante división en el propio partido de Gobierno. Los términos del acuerdo fueron rechazados por los representantes de La Cámpora, el sector del peronismo más próximo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Este no fue el primer motivo de discrepancias internas durante la presidencia de Alberto Fernández, pero sí el punto culminante de la tensión social y política trasladada al interior del Gobierno.

El malestar ya era palpable con el batacazo electoral que recibió el Gobierno de Alberto Fernández en las elecciones legislativas de noviembre de 2021, con un claro retroceso del peronismo en casi todo el país. Dos meses antes ese resultado ya podía anticiparse en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando el Frente de Todos redujo su caudal de votos en 23 de las 24 provincias. Con esos datos a la vista, la vicepresidenta y los ministros kirchneristas tomaron distancia de Alberto Fernández. Estos ministros renunciaron a sus cargos para obligar al presidente a remodelar el gabinete; pero no hubo cambios en el Ministerio de Economía, el principal punto de discordia. Cristina Kirchner expuso públicamente los desacuerdos internos en una carta abierta a sus compatriotas publicada en su página web cuatro días después de la derrota en las primarias, el 16 de septiembre. La vicepresidenta remarcaba allí sus objeciones a una política económica que, en su opinión, ha descuidado a los sectores más vulnerables de la sociedad en el último tramo de la pandemia, y no ahorró detalles sobre su agenda de entrevistas con el presidente, admitiendo con cierta amargura que casi todas fueron a pedido suyo. Y aprovechó también la ocasión para recordar que fue ella quien tomó la decisión de promover la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia. Aviso para navegantes: la lealtad es un valor de primer orden para todo dirigente peronista.

En las elecciones legislativas de noviembre se confirmó la previsión de amplia derrota del oficialismo. El macrismo, reorganizado en Juntos por el Cambio, consiguió un resultado del 42,75% estas elecciones de renovación parcial de las cámaras, superando por casi dos millones de votos al Frente de Todos, que obtuvo un 34,56%. La relación entre el tándem de Gobierno siguió por lo tanto muy tensionada.

Posteriormente, cuando la disputa volvió a aflorar por las negociaciones con el FMI, el conflicto interno se trasladó a la arena mediática a través de sendas solicitadas de dos conjuntos heterogéneos de intelectuales que se manifestaron en un caso a favor de Alberto Fernández, en el otro respaldando a Cristina Kirchner. Se hizo una puesta en escena sin precedentes de la división interna, larvada en un movimiento en el que históricamente conviven los dos extremos del arco político, la derecha y la izquierda, y no siempre en paz entre ambos.

Contra la propuesta de acuerdo del Gobierno se manifestaron también los líderes de agrupaciones políticas situadas a la izquierda del Partido Justicialista (PJ) pero que apoyaron la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019, sumándose al Frente de Todos. Entre estos se cuenta Juan Grabois, activista y líder social del Frente Patria Grande, y el sindicalista Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Grabois recuerda que en el programa de Gobierno de la coalición gobernante estaba implícita la “anulación del acuerdo ilegítimo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el FMI”, y remata: “No podemos naturalizar que se festeje como si fuera un orgullo que los gobiernos populares paguen las deudas de los neoliberales. Menos en este caso donde pagar no implica mayor autonomía sino continuar con la dependencia”.

Finalmente, en la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo con el FMI se aprobó con el voto afirmativo de 77 de los 118 representantes del Frente de Todos; hubo 28 votos negativos y 13 abstenciones. La aprobación en el Senado, una semana más tarde, obtuvo 56 votos a favor y 13 en contra. Durante la votación estuvo ausente la titular del Senado y vicepresidenta del país, Cristina Kirchner.

Entre quienes rechazaron el acuerdo se cuentan los diputados pertenecientes a La Cámpora y los más afines a la vicepresidenta, incluido su hijo Máximo Kirchner, que el 31 de enero de este año renunció a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo por no compartir “la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI”, que fue “llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

El presidente Alberto Fernández admitió los desacuerdos: “Cristina también tiene sus matices con el tema del Fondo, pero el presidente soy yo y hay un punto en el que tengo que tomar las decisiones y resolverlo”. Aseguró también que “ningún acuerdo con el FMI es bueno, pero de todos este era el mejor posible”. La vicepresidenta guardó silencio pero es sabido que el diálogo entre ambos lleva tiempo interrumpido. 

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el preacuerdo alcanzado con Argentina el 25 de marzo de 2022, después de más de un año de negociaciones. Los requisitos claves para la aceptación del acuerdo fueron la reducción del déficit fiscal, de manera escalonada durante los próximos tres años, y el recorte de los subsidios a los servicios públicos, en particular los de suministros energéticos (luz y gas), en un contexto en el que los ingresos de muchas familias no permiten asumirlo. El Gobierno de Alberto Fernández considera un beneficio del acuerdo que el FMI no haya exigido reformas laborales o ni del sistema de pensiones, pero la tutela del organismo sobre las finanzas nacionales será considerable, ya que se harán revisiones trimestrales antes de cada desembolso acordado. Como contrapartida se establece que habrá diez desembolsos, el primero inmediato por 9.400 millones de dólares. Esa cantidad permitirá el repago de los últimos vencimientos de deuda postergados y mejorará la liquidez en divisas.

El FMI legitima su intervención

No todos los críticos del pacto con el FMI rechazan que el país asuma el pago de la deuda fraudulenta concedida al Gobierno anterior. Sin embargo, aun entre quienes consideran que Argentina debe cumplir en cualquier caso con sus compromisos internacionales, hay quienes critican amargamente que el Gobierno haya aceptado la tutela permanente del Fondo, al que deberá entregar informes trimestrales, mensuales, semanales e incluso diarios sobre distintos aspectos de la situación financiera.

Uno de los riesgos que más preocupa a los economistas del FMI es la inflación, entre las más elevadas del mundo (50,7% en 2021) y que podría aumentar aún en el nuevo contexto de la guerra de Ucrania. La meta se fijó antes de que irrumpiera este conflicto en un rango inferior al 48% para el año 2022. El empeoramiento del contexto económico internacional podría dificultar el cumplimiento del acuerdo. Algunas voces críticas sostienen que en el escenario más previsible “la meta de acumulación de reservas internacionales netas pactada con el FMI” solo se podría cumplir en una economía que no crece.

Por otra parte, el equipo técnico del FMI admitió que existen “riesgos de implementación, en medio de un panorama social y político complejo y una hostilidad abierta de algunos sectores hacia el Fondo debido a su larga participación en Argentina”.

Para los detractores del acuerdo, el presidente ha claudicado porque la deuda contraída por Macri debió ser denunciada e impugnada desde el primer día de gobierno. Con este pacto se habría legitimado la entrada de dinero al país para la fuga de capitales que se produjo durante el Gobierno de Cambiemos y que favoreció a las grandes fortunas locales, pero también se estaría dando así cobertura a una política del FMI que violó sus propios estatutos por la cuantía del préstamo y la falta de garantías sobre su devolución, permitiendo al mismo tiempo la fuga de esas divisas. Una política denunciada en su momento como un retorno al cepo de la tutela del capital financiero internacional sobre la economía argentina. Claudio Katz resume la desazón que ha dejado el resultado de esta negociación entre los sectores populares con esta frase lapidaria: “Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran aliviados”.

La grieta interna debilita al Gobierno

El conflicto al interior del Frente de Todos muestra que las desavenencias entre las distintas familias peronistas siguen representando un obstáculo para llevar adelante una política de reformas ambiciosa. La elección como ministro de Economía de un tecnócrata como Martín Guzmán y su falta de empatía con los sectores más desfavorecidos en parte de la pandemia fue un motivo de permanentes fricciones internas. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, ambos tenían un control directo sobre las negociaciones con los organismos internacionales, del que ahora no goza el kirchnerismo en el actual esquema de poder. 

Cristina Fernández de Kirchner llegó a crear un partido propio, Unidad Ciudadana, que tuvo un exitoso desempeño electoral en las legislativas de 2017, y en este sentido no depende de la vieja estructura anquilosada del peronismo. Pero la ex presidenta nunca se dispuso a dar el salto que la llevase a consolidar un nuevo movimiento político emergente a partir de las cenizas de la vieja maquinaria justicialista, un proyecto que le permitiese romper amarras con los lastres ideológicos y los personalismos del pasado. El pragmatismo sugiere descartar una travesía del desierto que le restaría muchos apoyos circunstanciales pero imprescindibles para poder gobernar.

El Partido Justicialista (PJ) es mayoritario en la coalición oficialista Frente de Todos, cuenta con el mayor número de afiliados, con más de 3.300.000 inscritos, y pertenecen al mismo tanto el presidente como 12 gobernadores de provincias. Tanto Máximo Kirchner como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (un destacado ideólogo keynesiano que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner), se inscribieron como miembros del PJ recién en 2021. En la junta directiva del partido, renovada hace un año, Alberto Fernández fue nombrado presidente y Kicillof vicepresidente. La “lista de unidad” fue acordada con Máximo Kirchner meses antes de que la relación entre ambos sectores se deteriorase tras el fracaso electoral en las primarias.

Por otra parte, el pasado 6 de abril se empezó a debatir en el Senado una propuesta respaldada por la vicepresidenta y que en principio estaría avalada por la mayor parte de los legisladores del Frente de Todos. El proyecto, que ya ha sido rechazado por la oposición y tiene pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Diputados, propone la creación un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con dinero fugado al exterior. Las personas o entidades alcanzadas por esta medida deberían ceder al fisco el 20% de sus bienes no declarados, o el 35% después de seis meses desde la aprobación de la ley. Este debate está abierto y uno de sus objetivos sería recomponer la unidad entre el viejo tronco peronista y el kirchnerismo. 

Cristina Kirchner es la única dirigente genuina de ese espacio político que podría disputar el voto popular a otras corrientes del movimiento, pero en la carta abierta que publicó después de las primarias declaró: “Fui, soy y seré peronista”, antes de lamentar que el 12 de septiembre el peronismo hubiera sufrido “una derrota electoral sin precedentes”. Su posicionamiento es claro, que no se espere una ruptura del Frente de Todos, aunque sí vendrán más turbulencias que tensionarán al Gobierno hasta el final de esta presidencia. La incógnita principal es cómo se articulará el espacio político kirchnerista en la perspectiva de las elecciones de 2023, con el peronismo más conservador en política económica liderado de hecho por el propio presidente.

Por Eduardo Giordano

@eduardogior

16 abr 2022

Información adicional

  • Antetítulo:Argentina
  • Autor:Eduardo Giordano
  • País:Argentina
  • Región:Suramérica
  • Fuente:El Salto
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