Sábado, 16 Abril 2022 06:14

El mundo es de los multimillonarios

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha visto cómo se dispara su riqueza durante la pandemia de Covid-19.

La obscena riqueza de los multimillonarios del mundo no solo les permite un estilo de vida lleno de lujos, sino que les da el control de la economía de la que el resto de nosotros depende para vivir. Esa es la realidad del «mercado libre» del capitalismo.

El último informe de Oxfam sobre la desigualdad de la riqueza en el mundo dibuja un sombrío panorama de los cambios que se han producido en la economía mundial en el transcurso de la pandemia. Según la investigación de la organización benéfica, los diez hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza en el transcurso del año pasado, lo que significa que ganaron el equivalente a 1 300 millones de dólares al día.

Para poner esta cifra en contexto, considere estas ilustraciones de la diferencia entre un millón y un billón. Si usted contara los números hasta llegar a un millón, le llevaría 12 días; pero si contara los números hasta llegar a un billón, le llevaría 32 años. Si se gastara un millón de dólares en un año, habría que gastar aproximadamente 2 700 dólares al día; para gastar mil millones de dólares en un año, habría que gastar aproximadamente 2,7 millones de dólares al día.

Estos diez hombres son ahora tan ricos que, aunque perdieran el 99,999% de su riqueza, seguirían teniendo más que el 99% de las personas del planeta.

Estas cifras son tan grandes que son difíciles de comprender, incluso con ilustraciones. Pero es muy importante que intentemos comprender la magnitud de la desigualdad en la economía mundial en este momento. Porque la desigualdad de la riqueza no nos habla simplemente de las divergencias en el nivel de vida y las oportunidades vitales de las personas que se encuentran en diferentes tramos fiscales; nos habla de las diferencias de poder entre los ricos y el resto.

La riqueza de los multimillonarios no se limita a estar en cuentas bancarias acumulando intereses; existe en forma de activos, como acciones, propiedades y bonos. Muchos miembros de la derecha critican socarronamente el método de Oxfam para calcular la desigualdad de la riqueza, argumentando que no deberíamos pensar en la riqueza de Jeff Bezos como equivalente al valor de sus activos, porque si vendiera todos sus activos a la vez, su valor caería bruscamente.

Pero esta crítica no tiene sentido. El problema de la desigualdad entre los multimillonarios y todos los demás no es solo que puedan permitirse comprar más cosas que el resto; es que controlan los recursos de los que nosotros dependemos para sobrevivir.

Tomemos por ejemplo a Jeff Bezos, cuya riqueza existe principalmente en forma de acciones de Amazon. Cuando medimos la escala de la riqueza de Bezos, no solo miramos lo rico que es, sino también lo poderoso que es. El hecho de que Bezos controle personalmente alrededor del 10% de una de las empresas más grandes y valiosas del mundo significa que tiene una cantidad significativa de control sobre el funcionamiento de la economía.

Puede influir en los salarios que fija Amazon, lo que determina los ingresos de millones de personas en todo el mundo. Puede influir en las decisiones de inversión de la empresa, que no solo determinan el número de puestos de trabajo que se crearán en la economía, sino también el tipo de bienes, servicios y tecnologías que probablemente se desarrollarán en los próximos años. Puede contribuir a toda una serie de decisiones que tienen un enorme impacto en el resto de la sociedad, desde la huella medioambiental de la empresa hasta su responsabilidad fiscal total.

Lo mismo puede decirse de otros multimillonarios que controlan la mayor parte de los recursos del mundo. Los magnates de la propiedad fijan nuestros alquileres e influyen en los precios de la tierra y la propiedad en todo el mundo. Los financieros determinan el destino de las inversiones, lo que determina todo tipo de tendencias sociales, como el cambio tecnológico, la intensidad del carbono en la producción y la geografía de la producción. Y los magnates de los medios de comunicación contribuyen a dar forma a la propia información que recibimos para entender estas tendencias.

Las decisiones tomadas por este pequeño puñado de hombres tienen un enorme impacto en casi todos los ámbitos de nuestras vidas: desde nuestros salarios, hasta nuestros alquileres, pasando por la temperatura de nuestro planeta. Y sin embargo, ejercen esta extraordinaria cantidad de poder sin apenas rendir cuentas.

Nadie en su sano juicio diría que esta es una forma racional de organizar una economía. La mayoría de los economistas mainstream sostienen que personas como Jeff Bezos no tienen realmente tanto poder como creemos. Las decisiones de Amazon, argumentan, están totalmente determinadas por las tendencias más amplias del mercado. Bezos no toma las decisiones, sino el mercado.

Sin embargo, en un mundo caracterizado por niveles extremos de desigualdad, altos índices de concentración del mercado y la captura del Estado por parte de las empresas, este punto de vista es mucho más difícil de defender. Cuando 10 hombres pueden perder casi todo lo que tienen y seguir siendo más ricos que casi todos los demás en el planeta, es absurdo argumentar que no tienen el control porque el mercado lo tiene. Estos hombres son el mercado (literalmente, en el caso de Jeff Bezos).

Si Bezos decide que quiere perfeccionar los vuelos espaciales comerciales, así es como se utilizarán los escasos recursos de la humanidad en un futuro previsible; al igual que si Amazon decide recortar su masa salarial, los ingresos de los más desfavorecidos disminuirán mientras que los beneficios de los más ricos aumentarán.

La desigualdad no solo importa porque es injusta; la desigualdad importa porque la riqueza de los de arriba está supeditada a la pobreza de los de abajo. Oxfam subraya precisamente este punto en el informe de este año, argumentando que «la desigualdad extrema es una forma de violencia económica, en la que las políticas y las decisiones políticas que perpetúan la riqueza y el poder de unos pocos privilegiados tienen como resultado un daño directo para la gran mayoría de la gente común en todo el mundo y el propio planeta».

En ningún lugar ha quedado más claro que en las respuestas de los gobiernos y bancos centrales del Norte a la pandemia, que han inyectado miles de millones de dólares en los bolsillos de los ricos mientras dejaban a muchos de los más desfavorecidos a su suerte.

Así que la próxima vez que alguien te diga que Jeff Bezos se ha ganado su dinero y que debería poder gastarlo como quiera, recuérdale que no se lo ha ganado, sino que lo ha extraído del gobierno, del medio ambiente y de sus trabajadores.

Publicado enEconomía
La comunidad internacional lleva años preparando un tratado que pretende proteger los océanos de la acción humana. David F. Sabadell

La cuarta ronda de negociaciones para conseguir un acuerdo que regule las aguas internacionales y proteja al menos un 30% de los océanos acaba sin acuerdo.

 

La historia de las negociaciones para el Tratado Global de los Océanos comparte con la de las conferencias sobre el cambio climático de la ONU una serie de rasgos: son lentas en los avances, a menudo parecen una repetición de la anterior edición y existe una clara tendencia a dejar para la siguiente ocasión el meollo de la cuestión. Sin que haya cambio de guion, la cuarta ronda de negociaciones hacia el llamado Tratado Global de los Océanos (IGC4), que finaliza este viernes y se ha estado llevando a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 7 de marzo, va a acabar en un nuevo fiasco.

El objetivo de la conferencia, cuya primera edición tuvo lugar en 2018, es que las naciones del planeta acuerden una política común para las aguas internacionales, aquellas que están más allá de la jurisdicción de un país, con especial énfasis en la protección de su biodiversidad. Suponen el 64% de la superficie oceánica de la Tierra, un territorio sin ningún tipo de normativa donde la falta de control hacen de estos lugares espacios en los que los excesos en la sobrepesca, la contaminación o la persecución de especies amenazadas salen impunes.

La excepción son las áreas donde existen acuerdos sectoriales, como los que regulan la captura de ciertas especies, o regionales, como es el caso del de las naciones árticas sobre el polo, un acuerdo no vinculante. De fondo existe la dura realidad que supone la alarmante pérdida de biodiversidad marina, que ha llevado a cientos de especies contra las cuerdas, y el hecho de que solo el 1% de las aguas de los océanos gozan de algún tipo de protección medioambiental.

El Tratado Global de los Océanos es la herramienta que ha estado en discusión estos días y que busca paliar, al menos en parte, esa carencia. Pero si en agosto de 2019, última ronda realizada, las 190 naciones participantes no llegaron a ningún acuerdo y se entabló a la siguiente ronda para conseguirlo, en 2022, una cumbre que llegaba con años de retraso, el resultado ha sido similar.

Objetivo 30x30

Greenpeace, uno de los grupos ecologistas más activos en la defensa del Tratado Global de los Océanos califica de “fracaso” esta nueva ronda de negociaciones, que entablan para el debate a una futura quinta edición. “Las negociaciones se han desarrollado con una lentitud pasmosa durante las últimas dos semanas en la ONU y la falta de acuerdo sobre una serie de cuestiones clave no se corresponde con la emergencia ambiental”, denuncia la rama española de la organización medioambiental.

En el punto de mira estaba conseguir salvaguardar al menos un 30% de los océanos para el año 2030, pero como señala Pilar Marcos, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, “las promesas de los gobiernos para proteger al menos un tercio de los océanos del mundo para 2030 no se están cumpliendo”.

 “Es obvio que nuestros océanos están en crisis, y si no logramos un Tratado Global de los Océanos lo suficientemente ambicioso que necesitamos en 2022, no hay forma de crear santuarios oceánicos en aguas internacionales que nos permitan lograr el objetivo de 30x30. Este tratado es crucial porque todos dependemos de los océanos: desde el oxígeno que produce hasta la seguridad alimentaria que nos brindan”, subraya Marcos.

Por su parte, el Gobierno español ha hecho público su apoyo a esta iniciativa, formando parte de la llamada High Ambition Coalition, el grupo de naciones a favor de la protección de un tercio de los océanos. Sin embargo, desde Greenpeace denuncian que “si este compromiso es real y no un mero lavado verde, el Gobierno debe asumir con verdadero liderazgo que se adopte el Tratado antes de fin de año”, con lo que piden que España incremente su ambición y promueva un aumento de la misma en el grupo de 47 países que forman la High Ambition Alliance.

En concreto, abogan por que ese apoyo contemple que en el Tratado se incluya la declaración de Áreas Marinas Protegidas en alta mar que limite la actividad pesquera industrial sin delegar exclusivamente esta gestión pesquera a las Organizaciones Regionales de Pesca, que no contemplan la gestión integral de todo el ecosistema marino y que, según el informe El calamar en el punto de mira: receta para el desastre, publicado por Greenpeace la semana pasada, son, en bastantes casos, responsables de la emergencia ambiental de los océanos.

Burocracia vs ambición

Para la organización ecologista, que está monitoreando el ritmo de las negociaciones, una nueva ronda de negociaciones oceánicas, que posiblemente tendrá lugar a finales de año, “no puede permitirse el lujo de ser solo un tema de debate sin aterrizaje”. Critica el ritmo burocrático del encuentro y remarca que, para superar la falta de consenso sobre temas clave en el tratado, los ministros y jefes de Estado “deben reunirse de manera proactiva y constante para trazar cómo pueden negociar con éxito el tratado que nuestros océanos necesitan desesperadamente en 2022”. “Cualquier cosa que no sea así llevará a un fracaso en la protección marina”, añaden.

Greenpeace ha puesto de relieve que, mientras las naciones del mundo fracasaban en la llegada a un acuerdo clave para frenar la rama oceánica de la llamada Sexta Extinción Masiva de especies, el Artic Sunrise, uno de los buques de la ONG, se ha topado con una extensa flota de más de 400 barcos saqueando el océano en el Atlántico sur, en el llamado Blue Hole. Conocida como  el “salvaje Oeste de los mares”, el área no tiene ningún tipo de regulación más allá de las del pabellón del barco en cuestión, habitualmente mínimas o testimoniales por las políticas de bandera de conveniencia.

“Desde la cubierta del Arctic Sunrise puedo ver innumerables barcos de pesca industrial en el horizonte. Contamos 265 barcos dentro de un rango de 35 km de distancia a nuestro barco, y más de 400 en el 'Blue Hole'”, señalaba Luisina Vueso, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace Andino, a bordo del Arctic Sunrise. “No estamos hablando de pequeñas embarcaciones, el océano está salpicado de enormes barcos industriales y apenas hay escrutinio. Durante las últimas dos semanas, los gobiernos reunidos en la ONU para negociar un Tratado Global de los Océanos han estado hablando, hablando y hablando, pero aquí está la realidad. Saqueando con oscurantismo para obtener ganancias, empujando al colapso de la biodiversidad marina y amenazando la salud del ecosistema más grande de la Tierra. Es terrible de ver”, denunciaba. 

Redacción El Salto

18 mar 2022 02:36

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 05 Marzo 2022 06:47

No habrá paisaje después de la batalla

No habrá paisaje después de la batalla

(Sobre la invasión del ejército ruso a Ucrania).

 

A quienes firmaron la Declaración por la Vida:

A la Sexta nacional e internacional:

Compañ[email protected] y [email protected]:

Les decimos nuestras palabras y pensamientos sobre lo que ocurre actualmente en la geografía que llaman Europa:

PRIMERO.- Hay una fuerza agresora, el ejército ruso.  Hay intereses del gran capital en juego, por ambos lados.  Quienes padecen ahora por los delirios de unos y los taimados cálculos económicos de otros, son los pueblos de Rusia y Ucrania (y, tal vez pronto, los de otras geografías cercanas o lejanas).  Como zapatistas que somos no apoyamos a uno ni a otro Estado, sino a quienes luchan por la vida en contra del sistema.

Cuando la invasión multinacional a Irak (hace casi 19 años), con el ejército norteamericano a la cabeza, hubo movilizaciones en todo el mundo en contra de esa guerra.  Nadie en su sano juicio pensó que oponerse a la invasión era ponerse del lado de Sadam Hussein.  Ahora es una situación similar, aunque no igual.  Ni Zelenski ni Putin.  Alto a la guerra.

SEGUNDO.- Distintos gobiernos se han alineado a uno u otro bando, haciéndolo por cálculos económicos.  No hay ninguna valoración humanista en ellos.  Para estos gobiernos y sus “ideólogos” hay intervenciones-invasiones-destrucciones buenas y hay malas.  Las buenas son las que realizan sus afines, y las malas las que perpetran sus contrarios.  El aplauso al criminal argumento de Putin para justificar la invasión militar de Ucrania, se convertirá en lamento cuando, con las mismas palabras, se justifique la invasión a otros pueblos cuyos procesos no sean del agrado del gran capital.

Invadirán otras geografías para salvarlas de la “tiranía neonazi” o para terminar con “narco-estados” vecinos.  Repetirán entonces las mismas palabras de Putin: “vamos a desnazificar” (o su equivalente) y abundarán en “razonamientos” de “peligro para sus pueblos”.  Y entonces, como nos dicen nuestras compañeras en Rusia: “Las bombas rusas, los cohetes, las balas vuelan hacia los ucranianos y no les preguntan sobre sus opiniones políticas y el idioma que hablan”, pero cambiará la “nacionalidad” de las unas y de los otros.

TERCERO.- Los grandes capitales y sus gobiernos de “occidente” se sentaron a contemplar –e incluso a alentar- cómo la situación se iba deteriorando.  Luego, iniciada ya la invasión, esperaron a ver si Ucrania resistía, y haciendo cuentas de qué se podía sacar de uno u otro resultado.  Como Ucrania resiste, entonces sí empiezan a extender facturas de “ayuda” que serán cobradas después.  Putin no es el único sorprendido por la resistencia ucraniana.

Quienes ganan en esta guerra son los grandes consorcios armamentistas y los grandes capitales que ven la oportunidad para conquistar, destruir/reconstruir territorios, es decir, crear nuevos mercados de mercancías y de consumidores, de personas.

CUARTO.- En lugar de acudir a lo que difunden los medios de comunicación y las redes sociales de los bandos respectivos –y que ambos presentan como “noticias”-, o a los “análisis” en la súbita proliferación de expertos en geopolítica y suspirantes por el Pacto de Varsovia y la OTAN, decidimos buscar y preguntar a quienes, como nosotras, se empeñan en la lucha por la vida en Ucrania y Rusia.

Después de varios intentos, la Comisión Sexta Zapatista logró hacer contacto con nuestros familiares en resistencia y rebeldía en las geografías que llaman Rusia y Ucrania.

QUINTO.- En resumen, éstos nuestros familiares, quienes además levantan la bandera de la @ libertaria, se mantienen firmes: en resistencia quienes están en el Donbass, en Ucrania; y en rebeldía quienes caminan y trabajan las calles y campos de Rusia.  Hay detenidos y golpeados en Rusia por protestar contra la guerra.  Hay asesinados en Ucrania por el ejército ruso.

Les une entre ellos, y a ellos con nosotros, no sólo el NO a la guerra, también el repudio a “alinearse” con gobiernos que oprimen a su gente.

En medio de la confusión y el caos en ambos lados, les mantienen firmes sus convicciones: su lucha por la libertad, su repudio a las fronteras y sus Estados Nacionales, y las respectivas opresiones que sólo cambian de bandera.

Nuestro deber es apoyarles en la medida de nuestras posibilidades.  Una palabra, una imagen, una tonada, un baile, un puño que se levanta, un abrazo –así sea desde geografías lejanas-, son también un apoyo que animará sus corazones.

Resistir es persistir y es prevalecer.  Apoyemos a estos familiares en su resistencia, es decir, en su lucha por la vida.  Se los debemos y nos lo debemos a nosotros mismos.

SEXTO.-  Por lo anterior, llamamos a la Sexta nacional e internacional que no lo ha hecho todavía, a que, de acuerdo a sus calendarios, geografías y modos, se manifiesten en contra de la guerra y en apoyo de [email protected] ucranian@s y [email protected] que luchan en sus geografías por un mundo con libertad.

Asimismo, llamamos a apoyar económicamente la resistencia en Ucrania en las cuentas que nos indicarán en su momento.

Por su parte, la Comisión Sexta del EZLN está haciendo lo propio, enviando un poco de ayuda a quienes, en Rusia y Ucrania, luchan contra la guerra.  También se han iniciado contactos con nuestros familiares en SLUMIL K´AJXEMK´OP para crear un fondo económico común de apoyo a quienes resisten en Ucrania.

Sin dobleces, gritamos y llamamos a gritar y exigir: Fuera el Ejército Ruso de Ucrania.

-*-

Hay que parar ya la guerra.  Si se mantiene y, como es de prever, escala, entonces tal vez no habrá quien dé cuenta del paisaje después de la batalla.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.                                     

SupGaleano.


Comisión Sexta del EZLN.
Marzo del 2022.

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Las trampas del “cero neto” y la geoingeniería

«Más de 1500 empresas transnacionales, incluidas las mayores petroleras y automotrices, las empresas de agronegocios y alimentarias, las mayores financieras y gestoras de activos, las gigantes tecnológicas, han anunciado que alcanzarán estas “cero emisiones netas” entre 2040 y 2060».

Este artículo forma parte de la revista Biodiversidad, sustento y culturas #111

El hilo rojo con que los grandes contaminadores nos quieren hacer creer que están actuando para enfrentar la crisis climática es el concepto “cero neto”. Se refiere a que en lugar de reducciones reales de las emisiones de los gases con efecto de invernadero (GEI), se puede seguir aumentando las emisiones si se las “compensa” con medidas tecnológicas o de mercado. Sin cambios reales, plantean hacer sumas y restas que resultarían en cero emisiones “netas” ( https://tinyurl.com/ypsyfmhm)

Más de 1500 empresas transnacionales, incluidas las mayores petroleras y automotrices, las empresas de agronegocios y alimentarias, las mayores financieras y gestoras de activos, las gigantes tecnológicas, han anunciado que alcanzarán estas “cero emisiones netas” entre 2040 y 2060. Esta lógica se basa en tres pilares: las llamadas “soluciones climáticas basadas en la naturaleza”, que incluyen desde megaplantaciones y monocultivos a la apropiación, conversión y/o redefinición de todo tipo de áreas naturales y agrícolas como áreas prioritarias de captura de carbono; una serie de técnicas de geoingeniería (que aún no existen) desplegadas a gran escala para captar carbono o reflejar la luz solar para bajar la temperatura; nuevos mercados de carbono para comerciar créditos de carbono en suelos agrícolas, mares y humedales, junto a mercados de “compensaciones” por contaminación ambiental y destrucción del clima y la biodiversidad.

Cada pilar conlleva serios problemas. Por ejemplo, usar más tierras y bosques de los que hay disponibles en el planeta, no funciona para enfrentar la crisis climática pero alienta una ola global de acaparamientos y desplazamiento de comunidades de sus territorios ( https://tinyurl.com/53y57kpj). Justamente, como saben que no será suficiente, muchos de los mismos actores impulsan desde ahora también peligrosas nuevas tecnologías para “aumentar la capacidad de la naturaleza” para absorber carbono (por ejemplo manipulación genética de cultivos, árboles, microbios del suelo) y para captar carbono de la atmósfera con geoingeniería. Además de que al presentarlas como tecnologías climáticas esperan recibir importantes subsidios públicos, también trabajan en la perspectiva de nuevos mercados de carbono que incluyan estas actividades.

Qué es la geoingeniería

La geoingeniería se refiere a un conjunto de propuestas técnicas para intervenir a gran escala el sistema climático del planeta. Estas propuestas, aún estando muy poco desarrolladas, han adquirido un lugar importante para el afincamiento del engañoso concepto de “cero neto”. Gobiernos y corporaciones apuestan a que podrán hacer una remoción masiva de dióxido de carbono de la atmósfera por medios tecnológicos, con técnicas de geoingeniería. Por ejemplo, varios países de América Latina planean la construcción o mejoramiento de infraestructura para la captura y almacenaje de carbono (CAC). El desarrollo de otras propuestas de geoingeniería como la captura directa en el aire (CDA) y la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECAC), también se han incluido en las llamadas “contribuciones determinadas a nivel nacional” de varios países, como acción contra el cambio climático. Pese a ello, no está demostrada la viabilidad de estas tecnologías, que tienen un costo prohibitivo y conllevan graves riesgos y efectos secundarios para la gente y los ecosistemas [1].

Todas las técnicas de geoingeniería destinadas a remover CO2 de la atmósfera requieren gran caudal de recursos: energía, tierra, agua, biomasa y/o minerales. Dichas técnicas tendrían que desplegarse a una escala enorme, de lo contrario no tendrían ningún efecto en el cambio climático. El desarrollo de las técnicas RDC (Remoción de Dióxido de Carbono) implica por tanto, el establecimiento de nuevas industrias extractivas transnacionales de gran tamaño, que crearán nuevas emisiones de GEI con la construcción de infraestructura y en la cadena industrial de sus actividades.

Estos sistemas de infraestructura reproducirán y/o profundizarán con toda probabilidad los patrones injustos de extracción y explotación de la tierra y de los recursos que ya existen, aumentando los impactos sobre las comunidades afectadas por las industrias extractivas tanto en el Sur como en el Norte global. A gran escala significan impactos devastadores en comunidades y ecosistemas, como acaparamiento de tierras y violaciones a los derechos humanos.

La perspectiva de expandir BECAC —el enfoque de geoingeniería más favorecido por los modelos climáticos— también conduce a la destrucción a gran escala de la biodiversidad y ecosistemas naturales y a su sustitución por monocultivos de biomasa como materia prima para la producción de energía. Se estima que BECAC en particular promoverá la competencia con las áreas de cultivo de alimentos y por tanto la subida de precios de éstos.

En general, la aplicación de la geoingeniería conllevará riesgos devastadores e impactos ecológicos y sociales injustificables. Y es importante recordar que su capacidad para remover eficazmente grandes cantidades de CO2 de la atmósfera no ha sido demostrada en ninguna parte.

Estados Unidos y China invierten en geoingeniería. Es muy preocupante que Estados Unidos y China, los dos mayores emisores de GEI globales, en su declaración conjunta a la COP26 incluyeron la cooperación para “el despliegue y aplicación de tecnologías como captura, uso y almacenamiento de carbono y captura directa de aire” (CAC y CAD). ( https://tinyurl.com/9rd3w49h)

Esas técnicas de geoingeniería demandan enormes cantidades de energía, agua y ocupación de tierras, por lo que tomadas en su ciclo completo producen más gases de efecto invernadero (GEI) que los que dicen “capturar”. La llamada captura directa de aire se hace con grandes ventiladores que filtran aire y separan el CO2 con solventes tóxicos. Este CO2 se podría volver a usar en combustibles u otros productos, o inyectarlo en fondos geológicos terrestres o marinos, como pozos petroleros ( https://tinyurl.com/253hapnv). Más del 85 por ciento de los proyectos de captura y almacenamiento de carbono planean inyectar ese CO2 para extraer reservas profundas de petróleo que antes no podían acceder, lo que resulta en mayor extracción de petróleo y nuevas emisiones. Con otros usos intermedios, o emiten más gases de los que dicen capturar o solo posponen por un corto tiempo la re-emisión.

Ambos procesos demandan nueva infraestructura, materiales, transportes y conllevan riesgos de contaminación tóxica: el CO2 concentrado y líquido es tóxico para la vida humana, animal y vegetal, los solventes son tóxicos, etc. La alta demanda de energía resulta en el uso de más combustibles fósiles o de energía nuclear —altamente riesgosa y con desechos radioactivos que persisten miles de años— o en una competencia por el uso de energías renovables que no existen en cantidad suficiente y son necesarias para actividades que eviten las emisiones existentes, no para contrarrestar nuevas.

Es significativo que los principales inversores de ambas tecnologías son grandes petroleras, automotoras y mineras como Chevron, Exxon, Occidental, BHP Billiton, Shell, Total, Volkswagen, que esperan así justificar la explotación petrolera y recibir más subsidios públicos y nuevas ganancias en mercados de carbono, al clasificarlas como tecnologías climáticas. (https://tinyurl.com/2djxf94v)

El concepto “cero emisiones netas” es una trampa letal, una coartada para que los contaminadores del clima y el ambiente no cambien nada y hagan nuevos negocios. Malgasta el poco tiempo que tenemos para enfrentar realmente la crisis climática y promueve las riesgosas técnicas de geoingeniería.

– Para descargar el artículo en PDF, haga clic en el suguiente enlace: Las trampas del “cero neto”… (441,30 kB)

 

16 febrero 2022

Notas:

[1] Para una lista detallada de las tecnologías y sus impactos, ver Geoingeniería: El gran fraude climático, Biofuelwatch, Fundación H.Boell y Grupo ETC, 2019.

Publicado originalmente en Revista Biodiversidad, sustento y culturas #111

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Fuentes: CADTM [Imagen: «David Malpass y Kristalina Georgieva» por World Bank Photo Collection está bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0

En enero de 2022 el Banco Mundial advirtió que los países “en desarrollo” se quedarán aún más rezagados con respecto al mundo rico al tener dificultades para recuperarse del impacto económico de la pandemia debido a la propagación de las variantes del coronavirus y su capacidad limitada para implementar medidas de reactivación. En los nuevos pronósticos económicos publicados el martes 11 de enero de 2022, el Banco Mundial dice que espera que la economía mundial experimente una recuperación a dos velocidades en 2022, lo que impulsará una desigualdad cada vez mayor. Mientras que, según el Banco Mundial, la producción de los países ricos volverá a su nivel previo a la pandemia en 2023, la de los países “en desarrollo” se mantendrá en promedio un 4% por debajo de su nivel previo a la pandemia. Según el Banco, la débil recuperación tras el impacto del coronavirus será particularmente severa en los países más vulnerables; para el próximo año, la producción en «países frágiles y afectados por conflictos y pequeños Estados insulares seguirá siendo un 7,5-8,5% más baja» que su nivel previo a la pandemia.

David Malpass, presidente del Banco Mundial, ha declarado que había una brecha entre las tasas de crecimiento de los países ricos y pobres. Ha declarado también que mientras el ingreso per cápita aumentó un 5% el año pasado en las economías avanzadas, aumentó solo un 0,5% en los países de bajos ingresos, dijo. “Vamos en la dirección opuesta a lo deseable para un buen desarrollo”. «Tenemos ante nosotros un gran problema que podría durar años».

David Malpass, presidente del Banco Mundial, ha declarado que había una brecha entre las tasas de crecimiento de los países ricos y pobres

Ayhan Kose, jefe de la unidad de pronóstico económico del banco, ha declarado que los países en desarrollo enfrentan «una plétora de riesgos» que aumentan la probabilidad de un aterrizaje brutal, en particular la aparición de nuevas variantes, el aumento de la inflación, las tensiones en los mercados financieros con el aumento de las tasas de interés y las catástrofes relacionadas con el clima. Ha pedido una acción más agresiva de la comunidad mundial en los temas de las vacunas, la deuda y el cambio climático.

Según Kose, las economías emergentes y en desarrollo no han podido brindar una respuesta fiscal y monetaria a la pandemia tan grande como la implementada en las economías avanzadas y varias de ellas ya se han visto obligadas a retirar sus medidas de estímulo aumentando las tasas de interés para hacer frente a un aumento de la inflación. “Han hecho todo lo posible, pero lo que han hecho está lejos de lo que las economías avanzadas han podido hacer”, subrayó. Y agregó: “Esta es una pandemia de desigualdades que tendrá consecuencias sobre varias generaciones”.

Según Kose, jefe de la unidad de pronóstico económico del banco: Pretendemos que podemos superar la pandemia sin vacunar a grandes poblaciones en todo el mundo. Esto no es cierto

En particular, abogó en favor de una acción más ambiciosa para proteger del virus a las economías en desarrollo. “En el caso de las vacunas, el problema está muy claro y no abordarlo tiene consecuencias”, dijo. “Pretendemos que podemos superar la pandemia sin vacunar a grandes poblaciones en todo el mundo. Esto no es cierto”.

La advertencia del Banco Mundial se hace eco de llamamientos similares de otras instituciones mundiales. Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha declarado que la distribución de vacunas en todo el mundo había sido «deficiente e irracional», con economías avanzadas llegando a acuerdos de suministro de 3 mil millones de dosis de vacuna más de lo que necesitaban para sus propias poblaciones, casi lo suficiente para proporcionar dos dosis para toda la población de África. En su opinión, “el coste de la pandemia está creciendo más allá de todo lo que hemos visto antes, y no solo en términos de deuda y la salud de millones de ciudadanos”. Agregó que la propagación de nuevas variantes “ya está afectando la recuperación y erosionando la legitimidad de los gobiernos y las instituciones democráticas en todas partes…”. Si no encontramos la voluntad política y el espacio de negociación, desgraciadamente la realidad nos llevará a muy malos resultados” [1].

Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha declarado que la distribución de vacunas en todo el mundo había sido «deficiente e irracional»

En 2021, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, advirtió que el mundo «enfrentaba una agravación de la recuperación a dos velocidades», debido a las diferencias en la disponibilidad de vacunas, las tasas de infección y la capacidad variable de los países para brindar apoyo político. Calificó a esta situación de “un momento crítico que requiere una acción urgente por parte del G20 y las y los responsables políticos”.

Las advertencias emitidas por el Banco Mundial y el FMI están bien fundadas, pero la autocrítica está totalmente ausente. Además, estas dos instituciones no cambian un ápice su política concreta: siguen recomendando la continuación de las políticas neoliberales, que son precisamente las que han llevado al desastre actual.

El final de 2021 y el comienzo de 2022 están marcados por aumentos muy fuertes en los precios de la energía. Esto ha comenzado a provocar disturbios como el de Kazajistán en enero de 2022. Frente al aumento de los precios de los alimentos básicos y los combustibles impuestos por los programas de ajuste estructural y apoyados por el FMI y el Banco Mundial, las poblaciones se enfrentan a enormes dificultades para calentar sus hogares en los lugares donde es necesario o para cocinar, hervir el agua y hacerla potable.

Los gobiernos y las principales instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y los bancos regionales de desarrollo han utilizado el pago de la deuda pública para generalizar políticas que han dañado los sistemas de salud pública. Esto los ha hecho mucho más vulnerables a pandemias como la del coronavirus.

Frente al aumento de los precios de los alimentos básicos y los combustibles impuestos por los programas de ajuste estructural y apoyados por el FMI y el Banco Mundial, las poblaciones se enfrentan a enormes dificultades para calentar sus hogares en los lugares donde es necesario o para cocinar, hervir el agua y hacerla potable

Incluso antes del estallido de la epidemia de Covid-19, estas políticas ya habían producido enormes pérdidas en vidas humanas y, en los cuatro rincones del planeta, las y los trabajadores de la salud habían organizado protestas.

Si se quisiera tener los medios para luchar contra el coronavirus e incluso mejorar la salud y las condiciones de vida de la gente, habría que adoptar medidas de emergencia.

La suspensión inmediata del pago de la deuda y, mejor aún, su cancelación deberían haber sido una prioridad.

Sin embargo, ni el Banco Mundial ni el FMI han cancelado deudas desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Estas dos instituciones han multiplicado declaraciones que pretendían dar la impresión de que estaban tomando medidas muy fuertes. Es completamente falso. El mecanismo de suspensión del servicio de la deuda puesto en marcha por el FMI, el Banco Mundial y el G20 en abril de 2020 se parece como dos gotas de agua al mecanismo puesto en marcha tras el tsunami que azotó India, Sri Lanka, Bangladesh e Indonesia en diciembre de 2004. En lugar de la cancelación, los acreedores públicos no hacen sino aplazar los vencimientos. Hay que subrayar que los acreedores privados no están obligados a hacer ningún esfuerzo. En cuanto al FMI, no pone fin al reembolso, ni siquiera lo suspende. Ha creado un fondo especial que es alimentado por los países ricos y del que el FMI extrae para reembolsarse.

Peor aún, desde marzo de 2020, el FMI ha extendido acuerdos de préstamo que implican la continuación de las medidas neoliberales y de austeridad.

El mecanismo de suspensión del servicio de la deuda puesto en marcha por el FMI, el Banco Mundial y el G20 en abril de 2020 se parece como dos gotas de agua al mecanismo puesto en marcha tras el tsunami que azotó India, Sri Lanka, Bangladesh e Indonesia en diciembre de 2004

En cuanto al Banco Mundial, entre marzo de 2020 y abril de 2021, recibió más reembolsos de países «en desarrollo» de lo que proporcionó como financiación ya sea en forma de subvenciones o préstamos.

En 2021, ante la crisis internacional y la pandemia, el CADTM internacional estuvo presente en la iniciativa del Manifiesto «¡Acabemos con el sistema privado de patentes!» que tuvo un importante eco internacional: Lista de las primeras 360 firmas de personas que apoyan el Manifiesto ¡Acabemos con el sistema privado de patentes! #FREECOVIDPATENTS. Más de 250 organizaciones también son firmantes a nivel internacional.

Para luchar contra las crecientes desigualdades y hacer frente a la pandemia del coronavirus, la red internacional CADTM y los firmantes del manifiesto impulsado por el CADTM estamos a favor de:

  1. La suspensión de patentes privadas sobre todas las tecnologías, conocimientos, tratamientos y vacunas relacionadas con el Covid-19;
  2. La eliminación de los secretos comerciales y la publicación de información sobre los costes de producción y las inversiones públicas utilizadas, de forma clara y accesible para toda la población;
  3. Transparencia y control público en todas las etapas del desarrollo de vacunas;
  4. Acceso universal, abierto y gratuito a la vacunación y el tratamiento;
  5. La expropiación y socialización bajo control ciudadano de la industria farmacéutica privada como base de un sistema de salud público y universal que promueva la producción de tratamientos y medicamentos genéricos;
  6. El aumento de las inversiones y los presupuestos públicos destinados a las políticas públicas de salud y atención local, incluyendo un aumento en las contrataciones, salarios y una mejora en las condiciones laborales del personal de estos sectores;
  7. La introducción de impuestos sobre la riqueza (patrimonio e ingresos del 1% más rico) para financiar la lucha contra la pandemia y asegurar una salida socialmente justa y ecológicamente sostenible de las diversas crisis del capitalismo mundial;
  8. La suspensión del pago de las deudas mientras dure la pandemia y la cancelación de las deudas ilegítimas y de las contraídas para financiar la lucha contra el virus.

La movilización ciudadana es la piedra angular fundamental de los cambios que pretende impulsar el CADTM

En todas partes del planeta el “sistema deuda” acentúa las desigualdades. Si los contextos son diferentes, el mecanismo es similar en el Norte y en el Sur: los Estados sobreendeudados son estrangulados por pagos insostenibles y puestos bajo el control de los acreedores. Las soluciones impuestas en el Sur y en el Norte son idénticas: planes de ajuste estructural allá, políticas de austeridad aquí, privatizaciones, esclavización sistemática de la naturaleza y medidas antisociales por todas partes.

Para que los pueblos puedan liberarse de la tutela de los acreedores, el CADTM preconiza la cancelación de todas las deudas identificadas como ilegítimas, ilegales, insostenibles u odiosas sobre la base de la realización de auditorías capaces de esclarecer su origen e identificar la parte que no debe ser pagada. porque no ha beneficiado a la población. La movilización ciudadana es la piedra angular fundamental de los cambios que pretende impulsar el CADTM. Una de sus estrategias para alimentarla consiste en fortalecer a las organizaciones miembros de su red internacional a la vez que desarrolla sus sinergias con redes que trabajan sobre la deuda y sus colaboraciones con otros movimientos sociales para que integren el tema de la deuda y la reivindicación de su cancelación en su agenda política. Hay que señalar que a ojos del CADTM, la cancelación de todas las deudas ilegítimas no es un fin en sí mismo. Es en mayor medida un medio, una condición necesaria pero no suficiente para la construcción de un mundo que permita la consagración universal de los derechos humanos fundamentales, la emancipación social y el respeto por la naturaleza.

Nota:

[1] Citas del artículo del Financial Times del 11 de enero de 2022, ““Two-speed pandemic recovery will worsen inequality, World Bank warns Economic impact on developing countries will leave them further behind rich nations/La recuperación pandémica a dos velocidades empeorará la desigualdad, advierte el Banco Mundial El impacto económico en los países en desarrollo los dejará aún más atrás de las naciones ricas”.

Por Eric Toussaint | 05/02/2022

Traducido por Alberto Nadal Fernández

Fuente: http://www.cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-el-FMI-reconocen-que-se-amplia-la-brecha-entre-el-Norte-y-el

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'Escena del crimen climático', reza una cinta colocada por activistas a la entrada de la COP26 de Glasgow.

Los países cierran un acuerdo después de que la cumbre del clima se alargase en una prórroga de más de 24 horas. 

 

Se hizo de rogar, pero llegó. Después de dos semanas de negociaciones técnicas y políticas las cerca de doscientas delegaciones presentes en Glasgow han sellado un acuerdo de mínimos para poder clausurar la Cumbre del Clima (COP26). Tras más de un día de prórroga, con un borrador de acuerdo de por medio, las Partes han conseguido un compromiso descafeinado para mantener la mención a los combustibles fósiles, incluyendo algunas de las presiones de países como Arabía Saudí, Australia, India o Venezuela, con economías muy vinculadas a la explotación de petróleo o carbón. "Hemos visto una gran cantidad de consensos, por imperfectos que sean", manifestaba el presidente de la COP, Alok Sharma, al término de uno de los últimos plenarios del día.

La COP26, sin embargo, ha fracasado en términos de justicia climática. Los países más empobrecidos, aquellos que padecen más las consecuencias del calentamiento acelerado del planeta, no han recibido el apoyo reclamado a las naciones poderosas para poner en marcha los mecanismos financieros con los que sufragar pérdidas y dalos por sequías, olas de calor o inundaciones extremas. La Unión Europea y los Estados Unidos han obstruido la creación de un fondo para que los países puedan recurrir a la hora de tener que afrontar las pérdidas por los efectos de la emergencia climática. El jefe de la delegación boliviana hizo una referencia al respecto en su última intervención, definiendo la dinámica de la cumbre como "países desarrollados tratando de crear nuevas reglas de un juego al que sólo ellos tienen recursos para jugar".

Los países enriquecidos tampoco han avanzado en la aportación de dinero al Fondo Verde de Adaptación para que los países en desarrollo pudieran transformar sus economías a la coyuntura de crisis climática. Deberían haber destinado 100.000 millones de dólares en 2020, pero no lo hicieron entonces y tampoco ahora. El resultado final de esta COP26 es que se insta a las regiones desarrolladas a duplicar de aquí a 2025 las cifras destinadas a las ayudas para adaptación.

"Las necesidades de las personas vulnerables han sido sacrificadas en el altar del egoísmo del mundo rico"

Tanto esto como las creación de un mecanismo de pérdidas y daños eran líneas rojas de los países africanos o de los pequeños Estados insulares, amenazados con desaparecer por la subida del nivel del mar. En la actualidad, los países africanos destinan una media de un 10% de su PIB en adaptación contra la crisis climática. Pese a todo, la diferencia entre lo que gastan y lo que realmente necesitan es de hasta el 80%, según un informe reciente recogido por The Guardian. Todo ello contrasta con el hecho de que este continente representa el 4% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que EEUU representa el 25% del total, la UE el 22% y China el 13%.

Mohamed Adow, director de Energía y Clima del Think Thank Power Shift África, ha valorado el acuerdo final con palabras contundentes que reflejan el descontento del Sur Global con texto final de Glasgow: "Las necesidades de las personas vulnerables del planeta han sido sacrificadas en el altar del egoísmo del mundo rico. El resultado es el reflejo de una COP celebrada en el mundo rico y contiene las prioridades del mundo rico".

Combustibles fósiles

El Pacto Climático de Glasgow tiene una mención histórica a los combustibles fósiles. Las grandes potencias gasistas, petroleras y carboneras han realizado una presión única para descafeinar la ambición de esta parte del texto. Y, en parte, lo han conseguido. El miércoles se publicaba un borrador sin precedentes –ni siquiera el Acuerdo de París conseguía tal contundencia– y se pedía a los países que eliminaran de manera gradual todas las inversiones a combustibles fósiles y carbón, para fomentar el despliegue de las renovables. El resultado final ha difuminado esta parte al incluir en el texto que se eliminarán las ayudas financieras que sean "ineficientes". Una palabra lo suficientemente ambigua para que las delegaciones más contaminantes puedan seguir apoyando sus intereses en las explotaciones de nuevos y viejos yacimientos.

India ha tratado de rebajar la fuerza del texto hasta el final y ha conseguido una concesión que deja una sensación amarga, al suavizar parte del vocabulario utilizado. De esta forma, el compromiso de Glasgow no hará referencia a "eliminar gradualmente", sino a "reducir gradualmente" las inversiones "ineficientes" en carbón, gas y petróleo. Pese a todo, esta es la primera vez desde que se firmó el Protocolo de Kioto en 1997 que los países hacen referencia en un texto de alto nivel a los combustibles fósiles, cuya quema es la principal causa del calentamiento acelerado del planeta.

Mayores recortes de emisiones

En el lado positivo, las Partes reconocen en el acuerdo que no están haciendo lo suficiente para mitigar las peores consecuencias de la crisis climática. Con los planes de descarbonización y de reducción de emisiones actuales el termómetro del planeta subirá 2,7ºC a finales de década. Por ello, los países han aprobado revisar sus NDC –Contribuciones Determinadas Nacionales–, que son las hojas de ruta de cada país para reducir sus emisiones de CO2. Deberán recortarlas un 45% respecto a los niveles de 2010 para el año 2030 si quieren mantener la subida del termómetro global por debajo del grado y medio.

Durante el desarrollo de la COP26 TheWashington Post publicó una importante investigación que ponía en entredicho que las mediciones de gases de efecto invernadero realizadas por los países y entregadas a la ONU se correspondan con las que emisiones reales. Según el artículo, las 197 partes adheridas al Acuerdo de París emiten cada año entre 8.000 y 13.000 toneladas de CO2 más de lo que declaran.  

Con todo ello, los países revisarán sus planes de reducción de emisión con la intención de elevar la ambición climática. El texto del acuerdo establece que en 2022 todas las partes deberán haber presentado nuevas hojas de ruta. Además, en 2025 los Gobiernos deberán revisar si los NDC presentados están sirviendo para mantener la subida global de temperaturas por debajo del umbral de 1,5ºC determinado por los científicos del IPCC. 

"Los planes de reducción de emisiones deberían haber llegado completados a Glasgow. Por un lado, el acuerdo tiene una cara buena, porque los países tienen que reflexionar sobre la necesidad de incrementar la ambición. Pero, por otro lado, supone una patada hacia adelante estableciendo un nuevo plazo", ha opinado Juan López de Uralde, presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso y coordinador federal de Alianza Verde.

Se aprueba el 'Artículo 6' tras cinco años de debates

El desarrollo del Artículo 6 del Acuerdo de París ha llegado a su fin, después de cinco años de debates intensos por parte de los países. Este punto tiene que ver con la creación de un mercado global de carbono con el que los Estados y empresas autorizadas puedan invertir en reducciones de emisiones en otras partes del planeta. El principal escollo era la doble contabilidad –que tanto el país inversor como el receptor se apuntaran como propias las reducciones CO2– y en Glasgow se ha prohibido.

Por contra, se permitirá que los países mantengan en el nuevo mercado de carbono los créditos adquiridos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, una herramienta internacional de compra-venta de derechos de emisión aprobada en Kioto en la que sólo participaban los países industrializados.

13/11/2021 20:59 Actualizado: 13/11/2021 22:18

Alejandro Tena@AlxTena


El final de la COP26: ¿Cinismo o procrastinación? ¿Cooperar o perecer?

La cumbre concluye con un documento final que empeora el primer borrador que ya era poco ambicioso y se mostraba muy servil con los Estados más poderosos

Juan Bordera 12/11/2021

La vigésimosexta edición de la COP ha concluido. Durante casi dos semanas ha tenido lugar un evento para la historia, un tsunami en el que es fácil perderse, ahogarse y dejarse ir. Multitud de informes, artículos de prensa, datos de futuros escenarios que se contradicen unos a otros y acuerdos in extremis que parecen destinados a ser, sobre todo, simples maquillajes –color verde que destiñe– de un fracaso mayúsculo. De un teatro cargado de negocionismo. Y a la vez, con algunas notas para la esperanza. Activa y desobediente. La esperanza que pretenda esperar un milagro será más bien procrastinación. Justo lo que le ha sobrado a esta COP que tiene, como mínimo, dos almas.

He tenido la suerte de poder vivir desde dentro –un pie acreditado, en la zona azul del networking y los canapés– y desde fuera –el otro pie en las marchas, acciones disruptivas y contracumbres de los pueblos– el discurrir de la parte más burocrática y pomposa de la Cumbre del Clima de Glasgow, y también la de la organización de las acciones para desestabilizar la normalidad que nos lleva al precipicio, y levantar la voz por parte de los movimientos climáticos más atrevidos. A la vista de los resultados, he de decir que estos últimos son los que más han cumplido con su cometido. A no ser que pensemos que el trabajo de los primeros era precisamente retrasar la toma de decisiones imprescindibles. En cuyo caso, habrían tenido mucho más éxito. 

Pero las cosas no son nunca tan simples. Se podría decir que existen varios países que comparten interés en frenar los avances (Arabia Saudí, Brasil o Australia serían los peores ejemplos). También los hay –la mayoría– que buscan una imagen lo más verde que te quiero verde, pero a la vez quieren frenar un acuerdo en particular sobre, por ejemplo, el carbón (Estados Unidos y China) o el metano (Rusia, Australia, India, China) porque les perjudica especialmente. Y entre medias, hay un duelo que ya lleva tiempo siendo el principio de una Guerra Fría 2.0 –que seguramente irá siendo más caliente a medida que el planeta lo sea– y que marca casi todas las negociaciones: Estados Unidos y China. La trampa de Tucídides reloaded.  

La primera semana parecía discurrir como diseñada por una campaña de relaciones públicas –probablemente no solo lo parecía. Las noticias que se fueron lanzando a las agencias y desde las cuentas personales de los altos cargos pretendían transmitir la sensación de que quedar por debajo de dos grados centígrados estaba aún al alcance. Que el Acuerdo de París seguía vivo y que la cumbre estaba siendo un éxito. India, Rusia, China y otros países se adherían a compromisos “emisiones netas cero” (volveremos luego a este peligroso mantra) y más de un centenar de países a reducir las emisiones de metano al menos un 30% para 2030. También tuvo lugar en los primeros días un esperanzador acuerdo firmado por 137 países para acabar con la deforestación. Casi todos los medios se lanzaron a compartir entonces titulares sobre un estudio de la Universidad de Melbourne (casualmente Australia otra vez) que llegaba justo a tiempo para la fiesta y que, para la tranquilidad de las audiencias, reafirmaba la posibilidad de permanecer por debajo de los famosos y temibles dos grados. 

Otra cosa diseñada es la propia arquitectura del evento anglosajón. Habrá quien piense que el emplazamiento del pabellón ruso frente a la carpa de la preocupación por el metano (el acuerdo que más les perjudicaría y que por el momento se niegan a firmar) conformando la foto perfecta es casualidad. No será mi caso.

Y llegó el día 6 de noviembre que, como si de una perfecta bisagra se tratase, iba a partir la COP26 en dos. Mientras una marcha de entre 100.000 y 200.000 personas recorría la ciudad, una veintena de científicos y científicas de alto nivel, algunos con doctorados y publicaciones, se ponían sus batas y se encadenaban en el puente de George V, cortando durante horas una de las arterias del centro de Glasgow. Los responsables de esta acción y de otras tantas –algunas de las más disruptivas durante la COP como encolarse a la sede de Scottish Power, la filial de Iberdrola–, son el colectivo Scientist Rebellion, quienes filtraron a este periodista el contenido del informe del grupo III del IPCC que CTXT publicó en exclusiva. Me siento muy honrado de conocer a estas personas, y me parecen el ejemplo más esperanzador de lo que he visto en Glasgow. Gente de diversos puntos del planeta, que se sabe privilegiada, y que precisamente por ello, ante la urgencia de la situación y la pasividad del poder, da un paso más allá. No creo que haya otro camino.

Esto que sigue es simplemente una teoría, pero así como aquel estudio australiano llegó en el momento apropiado, una vez se demostró que ni la pandemia, ni los altos precios de una ciudad como Glasgow, ni la burocracia iban a poder frenar el resurgir del movimiento climático que se ha vivido en la COP26 –con más de 150 actos en la Cumbre de los Pueblos y otras tantas acciones disruptivas y marchas espontáneas– las campañas de información más atrevidas tuvieron lugar. Buscando presionar la recta final de las negociaciones. Justo el día después de la gran marcha, el 7 de noviembre, como legitimada por ella, The Washington Post publicaba una de esas investigaciones corales que necesitan semanas de trabajo: las emisiones contabilizadas por los países –y por tanto sus compromisos y acuerdos– no están contando una buena parte de las mismas. Esta investigación, que tiene toda la pinta de confirmarse con el tiempo, añadiría una cantidad de emisiones que estaría entre las de Estados Unidos y China, los dos grandes emisores. 

Y fueron justamente los dos contendientes en la Guerra Fría que se irá calentando quienes, a dos días de finalizar la cumbre, firmaron un acuerdo que, aunque absolutamente insuficiente y que habrá que ver en qué queda, al menos parece apuntar en la dirección correcta: cooperar o perecer debería ser el significado de COP. La atmósfera no tiene fronteras, pero sí tiene límites globales que afectan a la seguridad común y que ya han sido traspasados. No nos podemos permitir otra carrera de ningún tipo cuando lo que toca es frenar. 

Antes, el día 8 de noviembre, se publicó una nota de prensa de la cual se hizo eco medio mundo, que muestra el que quizá sea el dato más revelador de esta cumbre: si la delegación de los cabilderos y lobistas de los combustibles fósiles fuese un país, sería el equipo negociador más grande. Este dato explica mejor que ningún otro por qué hay tanta procrastinación, tanta resistencia a prohibir las subvenciones a los combustibles fósiles, o por qué hay un fórmula 1 (eléctrico) en el pasillo de entrada de la Cumbre del Clima en un momento en el que la urgencia es máxima y el tiempo para reaccionar casi inexistente. 

El día 9 llegó la contestación al optimismo de la primera semana con un informe de una de las organizaciones más fiables del mundo, Climate Action Tracker, que no deja espacio a posibilismos: aun teniendo en cuenta los acuerdos de la COP26 la temperatura subiría para fin de siglo entre 2,4 y 2,7 º C. Eso si se cumplen, que, como vamos a ver, realmente es casi imposible. El contexto de crisis energética está marcando estas negociaciones porque ahora que ya se están dando los primeros pasos en la transición, se ve, claramente, que ésta va a ser mucho más compleja de lo que la habían pintado algunos. Y nadie quiere que su fuente de ingresos –en el caso de ser productor– o de su estabilidad energética –en el caso de ser dependiente de un tipo concreto de recurso energético– falle o se encarezca mucho por los acuerdos.

En los últimos días hemos sabido también del enfrentamiento entre Alemania y Francia por el conflicto con la energía nuclear y el gas. La Francia nuclear de Macron querría que una energía de la que tanto depende su país fuera clasificada como verde. Alemania se niega de forma rotunda. Ya hizo ese paso lógico y se preparó para abandonar una energía que es una bomba para las siguientes generaciones, que además de sufrir una escasez energética tendrán que gestionar los residuos nucleares de la época de la Gran Fiesta. Por eso, Alemania pide que esa distinción se le otorgue al gas, el combustible de la transición, dicen. Entre todo ese ruido de sables y negociaciones, España ha hecho poco ruido, quizá temerosa de un invierno que se antoja complejo con la crisis energética y de suministros. No tenía pabellón propio, no ha querido entrar en la alianza de Dinamarca y Costa Rica para acabar con la extracción de gas y petróleo y tampoco ha firmado el acuerdo para poner fin a los coches contaminantes en 2035. 

En los pabellones de la procrastinación y el cinismo, durante estos días, se ha debatido mucho también sobre mercados de carbono –no sirven mucho, como especifican maravillosamente aquí Alfons Pérez y Nicola Sherer– y sobre el concepto clave de esta cumbre y parece ser que de los próximos años: emisiones netas cero. Eufemismo que cabría mejor reformular y traducir: reducciones de emisiones las mínimas. A través de mecanismos de compensación como los mercados de compraventa de emisiones, la necesaria plantación de árboles o las cuestionabilísimas tecnologías de secuestro y captura de carbono, los gobiernos pretenden enterrar el problema, y fiarlo todo a que más adelante un deus ex machina tecnológico permitirá hacer factible eso de las emisiones netas cero, que, a día de hoy, y viendo la gravedad de la crisis energética actual –al principio de la imprescindible transición que milagrosamente ha de ocurrir a la vez en todo el mundo–, es como creer en unicornios voladores de colores. Simplemente es la manera de seguir con la inercia sin grandes disrupciones, sin cuestionar el modelo. Pero si queremos un cambio, el sistema actual ha de morir. Y la COP de Glasgow, esperemos, por la cuenta que nos trae, ojalá haya sido el último estertor ostentoso de un capitalismo –cuidado con las mutaciones– que cada vez es más evidente que está incapacitado para solucionar el problema que ha creado. 

Buena prueba de ello es el segundo borrador del texto de decisión de la COP26, el documento final ha empeorado un primer borrador que ya era poco ambicioso y muy servil con los Estados más poderosos. No se arregla ni siquiera el tema de la financiación a los países en desarrollo, que lleva pendiente desde el acuerdo de 2009. Para que nos hagamos a la idea de para qué sirven muchos de estos acuerdos. 

La declaración que mejor ha resumido la cumbre y la urgencia de actuar la hizo Luis Arce, presidente legítimo de Bolivia: “La solución a la crisis climática no se logrará con más ‘capitalismo verde’, o más mercados globales de carbono. La solución es un cambio de civilización, para avanzar hacia un modelo alternativo al capitalismo”. 

El capitalismo, aunque a muchos les cueste decir esta palabra, es una gran parte del problema. Y mientras sea el modelo vigente, la salida será imposible. Arce no ha dicho nada que no hayan dicho ya antes tantos otros, pero ahora lo hace refrendado por el propio IPCC y la comunidad científica. Quizá ha llegado la hora de hacerle caso a esas voces. Y salir de dicotomías paralizantes. No es tan simple como “o capitalismo o comunismo”. En medio de esas dos posturas antagónicas hay matices, hay posibilidades infinitas y debería haber diversidad –mal que les pese a algunos esta preciosa palabra– de propuestas según los contextos culturales y materiales de cada zona del mundo. Viva la diversidad y muerte al cinismo y a la procrastinación. El año que viene en Egipto nos veremos. Algo saben por allí de crisis que acaban con la caída de una civilización entera.

Por Juan Bordera, guionista, periodista y activista en Extinction Rebellion y València en Transició.

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El vicepresidente estadounidense Al Gore se da la mano con el primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto, antes de sus conversaciones en la Cumbre del Clima de Kyoto de 1997, la COP3. — Katsumi Kasahara / AFP

El camino para llegar a la COP26 de Glasgow no ha sido fácil. La historia diplomática de las negociaciones climáticas han estado marcadas por desastres como el de Copenhague en 2009, pero también por momentos positivos como el Acuerdo de París de 2015 o el peso creciente de la ciencia en las últimas cumbres.

 

"La Cumbre del Clima sella unos compromisos mínimos"; "Fracaso en la creación de un mercado de carbono"; "La COP22 rebaja la ambición"; "Las negociaciones encallan". Desde que en 1995 se celebró en Berlín la primera conferencia climática de la ONU, la hemeroteca no ha dejado buen sabor de boca. Demasiadas malas noticias para un planeta al que se le agota un tiempo cada vez más manchado de CO2 y metano. La historia de las negociaciones de los últimos 25 años, sin embargo, también han arrojado luz y esperanza trayendo consigo múltiples cambios culturales y políticos que han sacado los debates ambientales del ostracismo en el que estaban situados al término del siglo XX.

La primera Cumbre del Clima, en la capital alemana, fue un encuentro multilateral y rompedor. Allí se articuló el Mandato de Berlín por el que las grandes potencias reconocían el importante peso que sus economías fósiles estaban teniendo en el calentamiento del planeta. De esta forma, las partes que acudieron a la cita se emplazaban a iniciar las negociaciones necesarias para establecer plazos concretos y objetivos vinculantes de reducción de sus emisiones de CO2. Dos años después, en la COP3 de Kioto, nació el protocolo que lleva el nombre de la ciudad nipona, un documento histórico con el que los países industrializados asumían compromisos de obligado cumplimiento para reducir su huella de carbono, reconociendo que eran los países ricos los que más estaban contribuyendo a la crisis climática.

Juan López Uralde, hoy presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, ha pisado moqueta en el grueso de las cumbres, asistiendo como observador de la sociedad civil a fracasos y victorias de la lucha ecologista. "Siempre se dan discusiones sobre si estos eventos son necesarios, y yo creo que sí lo son. Que se reúnan delegaciones de 190 países una vez al año es fundamental, independientemente de cómo terminen las negociaciones", opina. El diputado de Alianza Verde considera que pese a los abundantes fracasos, el multilateralismo ha avanzado en una dirección positiva en estás últimas décadas, pero advierte: "Hay que cambiar las expectativas, son reuniones muy positivas, pero no creo que sean negociaciones decisivas para la crisis climática".

Tatiana Nuño, activista de Greenpeace que habitualmente acude a las convenciones climáticas de la ONU en calidad de observadora internacional, sostiene que la historia reciente muestra "claros avances" en los posicionamientos políticos para mitigar la crisis climática. "Berlín fue un hito", narra, "luego llegó Kioto y después las cosas empezaron a avanzar rápido para crear mecanismos reales que permitieran a los países reducir las emisiones". Desde Kioto hasta 2009 las negociaciones avanzaron con poca atención mediática, pero a un ritmo acorde con los reclamos de la ciencia. Sin embargo, ese año hubo un punto de inflexión con el fracaso estrepitoso de la Cumbre de Copenhague (COP15).

El "desastre" de 2009

Por entonces, el Protocolo de Kioto había envejecido demasiado. La ambición debía elevarse y marcar una reducción del 50% de las emisiones de CO2 para mediados de siglo. Al menos ese era el objetivo con el que las delegaciones de los Gobiernos acudieron en diciembre de 2009 a la capital de Dinamarca. "Desde el primero momento todo parecía ir mal. Para empezar, el espacio físico del lugar donde se celebraba la cumbre era demasiado pequeño para albergar todos los acreditados", narra. "Pero lo peor fue el tema de la represión contra la sociedad civil. Fue algo que no se había visto en ninguna de las ediciones anteriores. La sede de Greenpeace fue intervenida y hubo miles de detenciones sin justificar en la manifestación que siempre se hace", recuerda López de Uralde, que estuvo en la cárcel cerca de tres semanas por una protesta. 

"Fue un desastre, una voladura de todo el proceso de negociaciones", describe. La idea de ampliar la ambición no fue el único escollo. Las naciones trataron de ampliar los mecanismos de control para que la nueva herramienta que sustituyese al Protocolo de Kioto tuviera un carácter global e incluyera a los países menos industrializados desde la óptica de justicia social y económica. Sin embargo, "todo saltó por los aires".

Herman van Rompuy, por entonces presidente del Consejo Europeo, calificaba en 2010 lo sucedido como "desastre" y advertía de que el enquistamiento de las negociaciones iba a suponer el fin de las COP de las Naciones Unidas. "No funcionarán", avisaba en unas conversaciones filtradas por El País. Lo cierto es que, en Copenhague, Europa quedó aislada por primera vez en mucho tiempo, oscurecida por el liderazgo poco verde de EEUU y China, que apostaron por eliminar el carácter vinculante de los acuerdos. Hasta la fecha los países estaban obligados a cumplir los objetivos de reducción de emisiones, pero en 2009 la dinámica cambió para siempre, reduciendo todo a la buena voluntad de los Gobiernos.

De la irrelevancia diplomática al Acuerdo de París

Tras Copenhague, los ánimos quedaron por los suelos. "Fue un momento de decepción enorme", argumenta Nuño, que recuerda cómo las movilizaciones sociales bajaron durante los siguientes años. También bajó la atención mediática y política de los siguientes encuentros climáticos de la ONU, sumergidos en una irrelevancia preocupante. 

No fue hasta 2015, seis años después, cuando se consiguió cambiar las dinámicas negativas y el enquistamiento de las negociaciones. Las partes consiguieron un nuevo acuerdo para avanzar en los compromisos de reducción de emisiones de acuerdo con las peticiones de la ciencia. De hecho, en esta reunión diplomática, las investigaciones científicas cobraron un papel sin precedentes, en tanto que los Gobiernos encargaron al Panel Intergubernamental del Expertos, el IPCC, un informe actualizado para poder organizar una hoja de ruta con la que mantener la subida de temperaturas del planeta por debajo del grado y medio. 

De ahí nació el Acuerdo de París, el documento respaldado por casi 200 naciones, nacido del consenso y del que todavía quedan puntos que pulir en Glasgow. "Desde entonces el papel del IPCC en los plenarios de las cumbres ha ganado mucho peso", opina la activista de Greenpeace, que considera que la gran victoria de 2015 fue el peso que adquirió la ciencia y la sociedad civil en las negociaciones internacionales. 

El Acuerdo de París, no obstante, nació de las heridas de Copenhague. El alineamiento del tratado y la ciencia contrasta con su carácter no vinculante, dejando las acciones concretas a la voluntad de los Gobiernos de turno y sin ningún tipo de régimen sancionador. "El único punto vinculante fue el compromiso de limitar la subida de temperaturas 1,5ºC, pero se puede decir que en términos generales hay un paso hacia atrás porque no puede obligar a cumplir con los acuerdos", arguye López de Uralde.

El documento ratificado en la capital gala por más de 190 países obligaba a los Gobiernos a presentar periódicamente Compromisos Nacionales Asumidos (NDC), un documento entregado a la ONU con el que cada parte informaba de sus planes para reducir las emisiones. Según los datos actuales, con los planes de descarbonización que cada nación ha presentado la temperatura global subirá 2,7ºC a finales del siglo XXI y las emisiones de CO2 incrementarán un 30% en 2030. La voluntad es insuficiente para mitigar la crisis climática.

Precisamente, esa es la barrera que los cuerpos diplomáticos y sus delegaciones han tratado de salvar en las últimas reuniones, que tratan de dar un contenido legal al Acuerdo de París. En Glasgow se brinda una nueva oportunidad para que los representantes políticos asuman su parte.

27/10/2021 23:19 Actualizad

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 Pahnin Mekragnotire, un indígena de 40 años de la tribu Kayapo, observa los efectos de la deforestación en l suroeste del estado de Pará, Brasil. — Lucas Landau / REUTERS

La organización internacional Global Witness reporta 227 ataques contra defensores de la Tierra, la mayoría de ellos documentados en países del Sur Global.

 

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

 

 

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

 

13/09/2021 21:54 Actualizado: 14/09/2021 10:23

Alejandro Tena@AlxTena

 

Publicado enMedio Ambiente
El capitalismo camina hacia el tecnofeudalismo

Alarma en las potencias occidentales y hasta en el FMI por el poder cada vez más impresionante de las grandes corporaciones

 

Mientras la derecha política y mediática local repite eslóganes y prejuicios contra el Estado, el debate mundial apunta a fortalecerlo, ya no sólo por el papel central ocupado en la pandemia, sino para enfrentar el avance despiadado de los gigantes del mundo digital. Señales para la economía argentina acerca de la necesidad de intervenir sobre empresas que abusan de la posición dominante de mercado.

 

Tres ideas se están debatiendo en los máximos niveles políticos de las potencias, que necesariamente deberían tener influencia en países periféricos como Argentina:

  1. Las multinacionales contabilizan ganancias extraordinarias y, para financiar a un Estado que ha destinado muchos recursos para atender la pandemia, deben pagar un impuesto adicional.
  2. La posición dominante de grandes empresas monopólicas u oligopólicas deriva en aumentos de precios excesivos y en ausencia de competencia.
  3. El cada vez mayor poder de mercado y financiero de las grandes empresas está limitando la efectividad de tradicionales instrumentos de política monetaria, como la suba de la tasa de interés por parte de las bancas centrales para atender tensiones inflacionarias.

 

No se trata de diagnósticos y propuestas de una plataforma de gobiernos de izquierda, sino que es la reacción de un sistema estatal que, desde su origen, estuvo aliado y, a la vez, condicionado por las corporaciones, pero ahora las firmas dominantes directamente se están independizando de ese circuito político y de control económico tradicional.

Esta emancipación se expresa en la utilización de guaridas fiscales para pagar poco o nada de impuestos en los países de origen; los aumentos de precios por encima del promedio luego de eliminar por absorción a la competencia; y la abundancia de recursos financieros líquidos que hace que no les importe la estrategia monetaria de las bancas centrales.

Son más grandes que el Estado

La pandemia dejó al descubierto la actual fase histórica del capitalismo concentrado cuando, por primera vez, una extraordinaria crisis económica-financiera global no afectó en forma negativa el negocio bursátil.

Por el contrario, el índice promedio de las principales bolsas mundiales está en niveles record, mientras las economías se derrumbaron y están tratando de recuperar lo perdido, la desocupación se ha disparado y el drama sanitario y social ha sido fulminante.

Este comportamiento divergente entre la economía real y la evolución de las cotizaciones de grandes firmas es uno –no el único- factor que refleja la nueva etapa del capitalismo. En ésta se está desvinculando la histórica asociación entre los Estados y las corporaciones dominantes del sistema de organización tradicional de las fuerzas de producción.

Las tres menciones arriba indicadas sobre las multinacionales sólo son la reacción del mundo político de las potencias, en especial las de Occidente, para tratar de no ver disminuida la capacidad de intervención e influencia de los Estados o, en los hechos, la pretensión de no perder importancia en las relaciones de poder.

Cuál será el legado de la pandemia

No deja de sorprender el análisis rústico de economistas locales, con sus habituales amplificadores, dedicados a debilitar y desacreditar el rol del Estado en la economía.

Hasta la revista conservadora The Economist se hace eco de la nueva etapa y del papel central que está ocupando el Estado, espacio que aspira a preservar pese a la expansión de las corporaciones globales, en especial las vinculadas al negocio digital.

En el texto "Después de la enfermedad. El largo adiós a la covid-19" se asegura que, con la vacuna, están surgiendo destellos de vida poscovid, pero se advierte que existen dos cuestiones claras. Una, que la última fase de la pandemia será prolongada y dolorosa, y dos, que la covid-19 dejará atrás el mundo conocido.

Ese mundo nuevo que presenta The Economist seguiría el patrón establecido por pandemias pasadas, identificando tres cambios, definidos por el sociólogo y médico greco-estadounidense Nicholas Christakis de la Universidad de Yale:

 

  1. La amenaza colectiva impulsa un crecimiento del poder estatal.
  2. El vuelco de la vida cotidiana conduce a la búsqueda de sentido.
  3. La cercanía de la muerte que trae precaución mientras la enfermedad se agita estimula la audacia cuando ha pasado.

 

La gente se atrinchera con el Estado

 

El artículo describe que cuando la población de los países ricos se refugiaba en sus casas durante los cierres, el Estado se atrincheró con ellos.

Detalla que durante la pandemia, los gobiernos han sido el principal canal de información, los que establecieron las reglas, fueron la fuente principal de dinero en efectivo y, finalmente, se han convertido en los proveedores exclusivos de vacunas.

Calcula que los Estados de los países ricos pagaron 90 centavos por cada dólar de producción perdida.

Menciona que existe un vigoroso debate académico sobre si los encierros "valieron la pena, pero el legado de la pandemia del gran Estado ya está a la vista".

Apunta en forma crítica –vale recordar que The Economist es una fuente destacada del conservadurismo- que "sólo hay que mirar los planes de gastos de la administración Biden". Para concluir que "cualquiera que sea el problema (desigualdad, crecimiento económico lento, seguridad de las cadenas de suministro), un Estado más grande y más activista parece ser la solución preferida".

 

Hasta el FMI se sorprende del poder de las corporaciones

 

Algo está cambiando en el marco analítico, por lo menos en la voluntad de reflexionar sobre la dinámica de la economía en la fase de la globalización pospandemia.

Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional "Taming Market Power Could (also) Help Monetary Policy", de los investigadores Romain Duval, Davide Furceri y Marina M. Tavares, explica que, ante la amenaza de la inflación, las bancas centrales de los países desarrollados están estudiando aplicar la receta conocida: subir la tasa de interés.

Esta medida es lo que la ortodoxia local está reclamando que haga el Banco Central, para imitar al resto de las autoridades monetarias de la región que ya subieron las tasas.

Como se sabe, el alza de las tasas incrementa la renta de inversores y encarece el crédito, una forma de restringir así la demanda y, por lo tanto, controlar los precios. Es la receta monetarista clásica.

La idea de la suba de la tasa de interés, además, busca influir sobre las expectativas futuras de consumidores y empresas y, de ese modo, lograr eficacia en la política monetaria contractiva.

Sin embargo, esos economistas del Fondo se sorprendieron con un factor que, aseguran, el análisis convencional pasa por alto: el poder de mercado de las grandes empresas.

La investigación que presentaron revela que empresas cada vez más grandes y poderosas están haciendo de la política monetaria una herramienta menos efectiva para administrar la economía.

Lo dicen para países ricos, pero se puede extender a economías en desarrollo con mercados muy concentrados, en los cuales operan empresas con posición dominante y abundantes recursos financieros (en Argentina, por ejemplo, corporaciones de telecomunicaciones con ramificaciones en medios de comunicación).

 

Apple y Google tienen tanto dinero en efectivo que son Amo y Señor

 

El estudio del FMI describe que las empresas con mayor poder de mercado responden menos a las acciones de la política monetaria debido a que contabilizan ganancias abultadas.

Esas utilidades, que se incrementaron pese a la tragedia de la pandemia o, para ser precisos, las aumentaron gracias a la pandemia, hacen que esas empresas sean menos sensibles a los cambios en las condiciones de acceso al financiamiento por decisiones de las bancas centrales.

Esos economistas fondomonetaristas ponen por ejemplo que, en marzo de 2021, Apple tenía más de 200.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones en acciones y bonos, mientras que Alphabet (Google) tenía más de 150.000 millones de dólares.

O sea, esas empresas tienen un colchón de efectivo tan grande que pueden decidir inversiones y otros proyectos sin preocuparse por la facilidad con la que podrían acceder a otras fuentes de financiación. Es decir, dejan de depender de cuál es la tasa de interés de referencia que fija la banca central.

En cambio, las empresas que enfrentan mayores restricciones crediticias, como pymes o firmas con un margen de rentabilidad reducido, quedan condicionadas por la política monetaria.

Por lo tanto, la investigación concluye que "el poder de mercado excesivo también puede obstaculizar la capacidad de las bancas centrales para estimular la actividad económica durante las recesiones y enfriarla durante las expansiones". Lo dice el FMI, no un economista de izquierda.

 

El FMI pide más control a las corporaciones

 

Luego de ofrecer esta sorprendente definición teniendo en cuenta de donde proviene, esos economistas se destapan con la siguiente recomendación: 

"En un lugar destacado de la agenda se encuentran las mejoras en los marcos de políticas y leyes de competencia. Estos incluyen, dependiendo de las jurisdicciones, un control más estricto de las fusiones, particularmente cuando se trata de empresas dominantes, una aplicación más estricta de sanciones por los abusos, una mayor dependencia de las investigaciones de mercado y medidas más específicas para hacer frente a la economía digital en rápida evolución".

 

Joe Biden versus las corporaciones

 

Esta investigación del FMI no es casual. El gobierno demócrata de Joe Biden decidió intervenir en este escenario de expansión económica y de poder de las corporaciones.

El 9 de julio pasado, Biden firmó una orden ejecutiva (decreto) con 72 medidas que busca limitar el poder de las grandes compañías para que bajen los precios de los productos y aumente la competencia.

Los sectores alcanzados van desde tecnología y transporte hasta salud y bancos, pasando por la agricultura y el negocio farmacéutico.

Biden quiere reforzar la aplicación de las leyes antimonopolio para combatir "prácticas anticompetitivas". Apunta, por ejemplo, a las fusiones o adquisiciones, algo común entre gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple y Amazon.

El objetivo expuesto por Biden es potenciar una mayor competitividad en la economía estadounidense, así como lograr "precios más bajos y aumentos de salarios".

"No más tolerancia a las acciones abusivas de los monopolios. No más fusiones perversas que conducen a despidos masivos, precios más altos y menos opciones para los trabajadores y consumidores", afirmó Biden.

 

El abrazo de la derecha con EE.UU. debería ser completo: Pfizer + antimonopolio

 

La derecha local hace lobby para el laboratorio Pfizer, no sólo por privilegiar la elección de esa vacuna, sino por una evidente opción para promover la subordinación del país a los Estados Unidos.

Si esta es la manifiesta preferencia geopolítica de la alianza política y mediática conservadora, también debería tomar nota de que el actual gobierno de Estados Unidos impulsa una política antimonopolio, que si se aplicara en Argentina afectaría la principal base mediática de propaganda y difusión de la derecha.

Si la decisión entonces es subordinarse a Estados Unidos, el abrazo de sometimiento debería incluir a Pfizer y también a su actual política contra las empresas con posición dominante de mercados.

El economista griego y ex ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis publicó "El tecnofeudalismo se está apoderando", en Project Syndicate, texto que permite profundizar el análisis acerca de lo que está pasando en la economía con la expansión de las corporaciones.

Es un interesante aporte para eludir análisis rústicos que circulan y para escapar de las vulgaridades de la secta de economistas ortodoxos. Varoufakis afirma que "así como el capitalismo desplazó al feudalismo de forma gradual, subrepticia, hasta que un día la mayor parte de las relaciones humanas se basaron en el mercado y el feudalismo fue barrido, el capitalismo actual está siendo derrocado por un nuevo modo económico: el tecnofeudalismo".

 

¿Qué es el tecnofeudalismo?

 

Varoufakis explica que las transformaciones radicales tuvieron repercusiones trascendentales (la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesión y el Largo Estancamiento posterior a 2009) no alteraron la característica principal del capitalismo: un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extraídas a través de algún mercado.

Ahora, en cambio, la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook y Amazon, que ya no operan sólo como empresas oligopólicas, sino más bien como feudos.

Ofrece una definición provocadora del actual estadio del capitalismo: "Las plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracción de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente el capital social de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se está vinculado a Google Maps".

Aclara que no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido puesto que las relaciones capitalistas permanecen intactas, sino que las relaciones tecno-feudalistas han comenzado a superarlas.

El desafío para economías periféricas como la argentina, en este mundo en transformación y de pospandemia, es no caer en las trampas de recetas tradicionales de la ortodoxia, y encontrar espacios para el desarrollo nacional entre las fisuras de esta nueva y compleja etapa de la globalización.

 

Por Alfredo Zaiat

24/07/2021

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Publicado enInternacional
"Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI", señala Alicia Bárcena,

Una asignación de derechos especiales de giro (DEG)  beneficiaría a todos los países en desarrollo

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

 

El reciente llamamiento de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, respecto de una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Grupo de los Veinte (G-20) aprobó recientemente, y la reasignación de los DEG excedentes a los países de bajos ingresos, es una iniciativa muy bienvenida y necesaria. La acción internacional concertada y la solidaridad son los únicos medios para afrontar y superar la crisis de la covid-19.

Una respuesta verdaderamente multilateral y global a la pandemia debe extender los beneficios de esta iniciativa a todos los países en desarrollo, independientemente de sus niveles de ingreso, en particular los países de ingreso medio, que representan el 75 por ciento de la población mundial y aproximadamente el 30 por ciento de la demanda agregada mundial. Lo que es más importante, los países de ingreso medio representan el 96 por ciento de la deuda pública de los países en desarrollo (sin incluir China y la India). Los buenos resultados de estos países a la hora de afrontar la covid-19 son fundamentales para la recuperación y la estabilidad financiera mundiales.

Los países en desarrollo han sufrido, sin duda, el impacto social y económico más duro de la crisis actual. El aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del ingreso per cápita no tienen precedentes. Estos impactos no solo afectan a los países de bajos ingresos, sino también a los países de ingreso medio.

La región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada del mundo en términos de contracción del PIB real (-7,7 por ciento en 2020). A ello se suma el cierre de más de 2,7 millones de empresas y el aumento del número de desempleados, que ha llegado a 44,1 millones de personas, así como del número de personas que viven en la pobreza, que ha pasado de 185,5 millones a 209 millones, alcanzando el 33,7 por ciento de la población total. La pobreza extrema ha afectado a 8 millones más de personas y llega a 78 millones de ellas. A finales de 2020 el nivel del PIB per cápita era igual al de 2010, lo que representa, en todo sentido, otra "década perdida".

Los efectos de la pandemia y las políticas aplicadas como respuesta a ella han aumentado las necesidades de liquidez de los países en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, las medidas fiscales de emergencia para contener la caída de la producción han provocado un aumento de los niveles de deuda que, si no se controlan cuidadosamente, pueden poner en peligro la recuperación y la capacidad de los países para construir un futuro mejor.

La región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda del gobierno general alcanzó en 2020 el 79,3 por ciento del PIB y el servicio de la deuda externa se situó en un 57 por ciento en relación con las exportaciones de bienes y servicios. A diferencia de lo que ocurre en las economías desarrolladas, las economías de América Latina y el Caribe, al igual que las demás economías en desarrollo, se enfrentan a un gran obstáculo para crear un espacio de política que permita aumentar sustancialmente sus niveles de deuda sin poner en peligro sus calificaciones crediticias, la estabilidad del tipo de cambio o incluso la posición de sus reservas internacionales.

El grueso de las medidas monetarias y fiscales contracíclicas mundiales para combatir la pandemia, que equivalieron, respectivamente, a 12 y 7 billones de dólares en 2020 (24 por ciento del PIB mundial), fueron puestas en práctica por países desarrollados.

Una nueva emisión y reasignación de una cantidad significativa de DEG es la manera más eficaz y expeditiva de garantizar suficiente liquidez a las economías en desarrollo y proporcionar el espacio de política necesario para enfrentar los efectos de la pandemia. Vincular la creación de nuevos recursos internacionales con las transferencias financieras a los países en desarrollo para atender sus necesidades de desarrollo es un reclamo de larga data. Ahora es más relevante que nunca: es indispensable para poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alcance de los países en desarrollo.

El acceso a los DEG es un derecho inalienable de todos los miembros del FMI. Los DEG no generan deuda adicional ni suponen condicionalidades. Además, no están sujetos a trabajosas negociaciones sobre aumentos de cuota o acuerdos de préstamo. Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI (que actualmente asciende a unos 800.000 millones de dólares, es decir un tercio de las necesidades de financiamiento estimadas de los países en desarrollo) y ofrecería un mayor incentivo para que todos los países participaran en esta iniciativa; el apoyo financiero del FMI para enfrentar la covid-19 representa apenas el 12 por ciento de su capacidad de préstamo.

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

Dado que cualquier nueva emisión de DEG se asignaría principalmente a los países desarrollados (aproximadamente el 60 por ciento del total), debe establecerse un mecanismo para la reasignación voluntaria de DEG excedentes de los países desarrollados a los países en desarrollo. Debería considerarse seriamente la implantación de un mecanismo para poner en común los DEG en el marco de los mecanismos multilaterales existentes y su reasignación para fortalecer la capacidad financiera de los acuerdos de financiación regionales y otras instituciones financieras regionales como forma de aumentar la liquidez y poner los DEG al servicio del desarrollo económico y social.

Por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Publicado enEconomía
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