Viernes, 05 Agosto 2022 05:39

Políticas del trauma

Políticas del trauma

Los silencios en el campo profesional respecto de prácticas abusivas y violentas 

El trauma reclama elaboración y reparación. Reclama ser nombrado y ser pensado tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.

¿Qué tiene el psicoanálisis de político? ¿cuál es la potencia cognitiva y política del síntoma? Fueron y son preguntas que guiaron intercambios, debates, escrituras, y trabajo de pensamiento dedicado a pensar los enlaces entre política y psicoanálisis. Diego Sztulwark, con su planteo de una “política del síntoma”, abrió un camino para ello.

Hoy, algunos años después, algunos textos después, nos encontramos con un conjunto de grupos y colectivos de trabajadores del campo de la salud mental, en torno a ¿nuevas? batallas e interrogantes. Lo que nos impulsa a escribir, a discutir, por cierto mucho a lo largo de estos días, son los silencios y complicidades en nuestro campo profesional, respecto de prácticas abusivas y violentas dirigidas a pacientes, alumnxs y colegas.

La política del síntoma hace referencia a la puesta en discusión y combate de lo neoliberal, y toda su corriente normativizante, adaptacionista, colonizante de las subjetividades, su aspiración a gobernar nuestras existencias, imponiendo determinados parámetros de “normalidad”. Si el síntoma es fragilidad, vulnerabilidad, también es un hecho de resistencia de la vida psíquica, núcleo creativo y vital, ocasión de nuevos interrogantes y lecturas. Sin embargo, no resuena tanto la pregunta por el trauma y sus políticas en el campo de la salud mental. Entonces diría: ¿cuál es la potencia cognitiva y política del trauma? ¿Cuál es su potencia desarticulante del mando neoliberal y también de lo patriarcal, régimen de opresión por excelencia? No sólo el trauma que ocurre por fuera de nuestro campo e ingresa en él en busca de asistencia, tratamiento y alivio --sino el trauma que ocurre dentro del mismo-- en nuestras propias aulas, consultorios, instituciones. De esos traumas se habla menos, se habla poco, se calla bastante, se silencia un montón, se traman complicidades destinadas a su eliminación, sanción y olvido. Llamativa paradoja, ya que lo propio de nuestro campo es el trabajo con lo reprimido, con los silencios, con los diversos modos en que retorna lo traumático, generando tantos sufrimientos.

Me quiero detener en esa idea: política del trauma. Es decir, ¿qué hacemos con los traumas que nos conciernen? ¿consideramos que se trata de situaciones aisladas y singulares, excepciones que les tocan a algunas pocas personas? Sabemos que ocurren a la vista de todos, no únicamente ahora sino ya hace mucho, y que no se trata de situaciones de excepción. El trauma no es personal o individual, es personal y colectivo, daña a quien lo padece en nombre propio y a todo un tejido social, sus destinos varían de acuerdo a lo que suceda con él: no es lo mismo que se lo aloje y nombre a que se lo acalle, ignore o reprima. En torno al trauma se despliegan determinadas políticas. El trauma es el efecto de un daño que una persona ejerce en otra, pero lo traumático también se sostiene y expande en sus condiciones de posibilidad y sus condiciones de impunidad. Quienes abusan y violentan no son únicamente personajes marginales sino que, muchas veces, son los hijos sanos (y hegemónicos) de nuestro campo profesional. Quienes silencian siguen siendo mayoría.

La historia de nuestro país cuenta con valiosas y dolorosas experiencias en cuanto a políticas del trauma. Los organismos de Derechos Humanos, con su política de Memoria, Verdad y Justicia. La Ley de Salud Mental (26.657) y la creación del Órgano de Revisión, instaurando y colocando en primer plano la perspectiva de derechos en nuestro campo, frente a las prácticas manicomiales que los vulneraron y aún vulneran, porque esa batalla no ha terminado. Un presidente democráticamente elegido que ha pedido perdón en nombre del Estado Argentino, por los crímenes de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, que lo ha implicado. Son algunos ejemplos y marcas históricas con las que contamos. Los feminismos y sus arduas batallas y conquistas abrieron y siguen abriendo caminos. El Ni una menos, Thelma Fardin y el Mirá como nos ponemos también ampliaron el coraje y el valor de narrar, ampliaron el territorio de lo narrable. Construyeron políticas de la palabra y la acción en torno a las violencias y abusos patriarcales. En otros países, por ejemplo en Finlandia, la Sociedad Psicoanalítica (SPY) pide muy recientemente disculpas en una declaración pública, por su participación o contribución a la estigmatización y sufrimiento en personas pertenecientes a minorías sexuales y de género. En nuestro país las llamadas “terapias de conversión” también generan estragos. Más cerca, o incluso dentro del psicoanálisis, perviven las prácticas hegemónicas estigmatizantes, y repetidoras de conceptos patologizantes de diversidades y disidencias, que ya deberían ser obsoletos.

Tenemos mucho camino por delante en cuanto a la política del trauma. Algunas alzamos la voz, nos agrupamos, conversamos en instituciones y con referentes de nuestro campo, recibimos pedidos de ayuda y escucha, son incontables y cotidianos los relatos de abusos y violencias ejercidos en instituciones de salud mental, consultorios privados, etc. Pero quiero señalar además, ya que la política del síntoma ha generado afortunadamente y sigue generando mucho interés en compañerxs y colegas, que es tiempo de poner en valor la pregunta y el trabajo de pensamiento en torno a la política del trauma y las acciones visibles o no visibles que genera, es tiempo de discutir la cofradía que confina el trauma al silencio y el amparo de la complicidad; es tiempo de discutir la falta o déficit de regulaciones con las que aún no contamos, para nuestro ejercicio profesional.

El psicoanálisis ha dedicado libros, páginas, congresos, horas y horas a hablar de trauma. Sabemos que el trauma necesita de --al menos-- dos tiempos, y sabemos que lo que se hace con el trauma importa. El trauma retorna y reclama elaboración, memoria, reparación, reclama ser alojado, nombrado, reclama ser pensado tanto en sus dimensiones singulares e individuales como colectivas. El trauma en nuestro campo nos implica, nos demanda, lo sepamos o no, lo nombremos o no. De nuestra política del trauma también somos responsables.

Por Lila María Feldm psicoanalista y escritora

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Se levantan las protestas en Panamá tras un mes de lucha: lo que se consiguió y lo que falta

A prácticamente un mes del estallido de las primeras huelgas y protestas, con marchas diarias, piquetes en las principales carreteras del país y cierres de calles por los pueblos originarios y campesinos, se terminan de levantar luego de acuerdos alcanzados en la mesa única del diálogo entre el Gobierno de Laurentino Cortizo y de las direcciones de los movimientos de las protestas, que finalizó en su primera etapa este sábado 30 de julio. La Iglesia Católica participó como mediadora. Qué se ha acordado y cómo queda la situación.

 

Panamá llegó a quedar paralizado en medio de las más grandes protestas vividas por el país en décadas. La gran mayoría de las provincias y comarcas del país centroamericano fueron foco de las manifestaciones, con cortes de carreteras, bloqueos y una huelga indefinida del magisterio. De un punto a otro del país prácticamente no hubo lugar donde las protestas no se hicieron sentir.

Durante casi dos semanas se abrieron negociaciones con la intermediación central del Episcopado panameño. Para entrar en las conversaciones con el Gobierno de Cortizo, tanto la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (ANADEPO), que tiene su principal base social en la provincia de Veraguas, incluyendo la Asociación de Profesores Veragüense (AEVE), como la Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV) que agrupa a sindicatos de empleados públicos y centrales obreras, entre ellos al el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), y los representantes de los pueblos originarios de la Comarca Ngäbe-Buglé y comunidades campesinas del Oriente chiricano, llegaron a un acuerdo para establecer una mesa única de negociación y presentar un pliego único de reclamos.

Todos estos sectores venían divididos, pero se vieron obligados a coordinar y centralizar las demandas a ser negociadas con el gobierno, tras varios intentos fracasados por parte del gobierno y algunos sectores de las protestas que rápidamente eran desbordados ante del desconocimiento de las bases en lucha, tan fuerte era el descontento por abajo. Acuerdos llegados durante 72 horas se caían en unas cuantas horas.

Luego de las largas negociaciones, recién este 30 de julio se presentaron los primeros acuerdos de esta primera ronda. Al momento de escribir este artículo, el miércoles 3 de agosto por la tarde se dará en Coclé la siguiente ronda para los otros temas pendientes. Con todo esto, las protestas y huelgas que sacudieron a Panamá y que no se veían desde hace varias décadas, amenazando un verdadero estallido social, se han levantado.

¿Qué se consiguió?

En la mesa única se llegaron a acuerdos en temas sobre la gasolina, canasta básica familiar, medicamentos y educación, bajo un esquema que se estableció como “consensos y disensos”, una forma eufemística para decir en qué cedía el gobierno o no con respecto a los reclamos. En una apretada síntesis y de manera general, se puede especificar que en el tema de la canasta básica de alimentos, se aprobó lo que se denominó la canasta básica saludable familiar ampliada con 72 productos, sin afectar al productor nacional, en donde el gobierno aceptó reducir su costo en un 30 %.

En cuanto al combustible se mantuvo en 3,25 dólares para todo tipo de maquinaria a motor de combustible, excepto yates o embarcaciones de lujo y placer, así como vehículos con placa de gobierno. No se llegó a acuerdo en el punto sobre el control del margen de ganancia, porque ponía al descubierto las enormes ganancias con los aumentos de los combustibles, incluso, a pesar de esta reducción.

En cuanto al tema de la rebaja en los precios y el desabastecimiento de medicamentos en la Caja del Seguro Social, el gobierno se comprometió a crear mecanismos para la compra directa a agentes internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, de igual manera, el establecer precios topes para 150 medicamentos. Aquí tampoco se llegó a acuerdo en el punto referido a la regulación del margen de ganancia en medicamentos en la cadena de compra y distribución de medicamentos de farmacia privadas.

Por su parte, los gremios del magisterio lograron un acuerdo en que el gobierno se comprometía a invertir 5,5 % del PBI para el año entrante y el 6 % para el 2024, lo que representaría 1.122 millones de dólares, en base a un crecimiento del 5 % del PBI. Otro punto fue en cuanto al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación conocido como FECE, ya que se propuso modificar el Decreto Ejecutivo 439 del 2020 que regula la Ley de Contrataciones Públicas en beneficio de los docentes.

En función de esto, el magisterio acordaba el levantamiento del paro nacional que decretaron en julio, que mantuvieron durante 26 días, tanto por sus propias demandas como en apoyo a las protestas surgidas por el alto costo de la vida. La decisión permitirá que los profesores retornen este miércoles 3 de agosto a las aulas para continuar con el año escolar.

Para la mayoría de las organizaciones presentes en la mesa única, que se le haya logrado arrancar estas exigencias al gobierno de Cortizo se trata de un triunfo de las protestas. Sin embargo, otros ven con serias dudas los acuerdos alcanzados pues, con una inflación que continúa, los precios acordados pueden volver aumentar, más aún si no fue establecido tope alguno para los márgenes de ganancia de los sectores empresariales. La vía libre y el secreto contable es lo que ha venido engordando los bolsillos empresarios, como se expresa sobre todo en el sector de las farmacéuticas, que vienen estableciendo precios con márgenes de ganancias exorbitantes.

Las cuestiones nodales que nunca estuvieron sobre la mesa

Las direcciones de las protestas nunca pusieron sobre la mesa tres temas cruciales, como la cuestión central de los salarios, los acuerdos con el FMI que es lo que está en la base de todo el ajuste que viene aplicando y lo seguirá haciendo el gobierno de Cortizo, y sobre los despidos en la administración pública, parte de ajuste fiscal. En este marco, las concesiones que se le arrancaron al gobierno al ser una economía dolarizada pueden ser efímeros debido a la inflación internacional, pues el “congelamiento” de precios es relativo y seguirá aumentando a medida que aumenten los precios internacionales.

Esto ocurre en una situación en que los ataques del gobierno de Laurentino Cortizo continúan en función de los acuerdos con el FMI. Así, por ejemplo, apenas iniciadas las negociaciones se hizo público un brutal ataque a los trabajadores estatales. De acuerdo al plan de “austeridad” que no es otro que el dictado por el FMI, se prepara el despido de aproximadamente 27.000 empleados públicos. Se trata de la “ajustar las cuentas”, no mediante el ataque a la alta corrupción o haciendo pagar a los grandes empresarios y capitalistas, sino a los trabajadores. Detener este ataque nunca estuvo en la mesa de negociaciones llevado a cabo por el gobierno y las direcciones de las organizaciones que estuvieron sentadas en la mesa de negociación.

Otro punto que nunca fue tratado ni puesto sobre la mesa de negociación fue el aumento de los salarios al nivel de la canasta básica y que sean indexados de acuerdo a la inflación, tanto en el sector público como el privado. Este hubiese sido un importante mecanismo de defensa frente a los constantes ataques al ingreso de los trabajadores y la inflación ante el alto costo de vida. Pero iba a contramano de las políticas de austeridad que el gobierno de Laurentino Cortizo pretende aplicar, de la mano de los despidos en el sector público, y dando vía libre en el sector privado.

Luego de presionar para estar en la mesa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que ha formado la Gran Alianza Nacional por Panamá (GANP), ingresaría en las siguientes etapas de negociaciones. Son los que en durante las protestas exigieron al Gobierno que actúe con mano dura, aduciendo que los cierres de carreteras les “han causado pérdidas millonarias”, cuando son ellos los que vienen golpeando a los trabajadores con los aumentos indiscriminados de los productos básicos y la ola de despidos, como se observó durante la pandemia, empeorando drásticamente las condiciones de vida y aumentando los servicios.

Es lo que, a su manera, ha anticipado el Episcopado, el principal mediador en los diálogos, en la voz del monseñor José Domingo Ulloa, quien reiteró que, finalizada esta primera etapa, los demás “actores sociales” serán incluidos en el diálogo nacional: “Hemos llegado a hacer está primera, vuelvo a insistir, está etapa nos prepara ahora para poder en un tiempo corto poder seguir fortaleciendo el diálogo con todos los actores que construyen nuestro querido Panamá” sostuvo el arzobispo. Y no se refiere a otro, centralmente, más que al sector empresarial.

La lucha que sigue planteada

En Panamá la informalidad roza el 50 %, según datos oficiales de la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo con los informes oficiales, el precio del combustible se había incrementado en hasta un 47 % entre enero y julio, lo que disparó las primeras movilizaciones y la actual ola inflacionista ha supuesto un especial shock para los trabajadores y las grandes mayorías populares panameñas.

El gobierno de Cortizo siempre apuntó a la desmovilización con sus mesas de diálogo. Lamentablemente, los representantes de los que estaban en las calles, cuando apenas se dio inicio a la mesa única de negociación, bajaron la intensidad de las mismas, cuando lo que se planteaba era profundizarla hacia sectores claves de la economía, y derrotar completamente la política del gobierno que ahora avanzará con sus planes del FMI, como ya se ha hecho público, y seguirá descargando la crisis sobre pueblo trabajador panameño.

En este extenso período de lucha, fueron las bases las que consiguieron mantener las acciones en las calles logrando incluso que las direcciones se unificaran. Aunque se han alcanzado puntos parciales que no van hasta el final con los problemas estructurales para el pueblo trabajador en Panamá, este es un primer round de la pelea, y plantea la necesidad de avanzar hacia un nivel superior de la lucha, organizarse frente a los ataques ordenado por el FMI, como la amenaza de despido de los miles de empleados estatales, para solo poner un ejemplo. Lo que Cortizo ha cedido ahora con una mano, lo sabrá sacar con la otra mano, junto a los empresarios y los organismos internacionales de ajuste. Este es el desafío que tiene el pueblo trabajador panameño, avanzando en niveles de organización y coordinación desde abajo, sacando las primeras lecciones de casi un mes de protestas en las calles.

Por Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 3 de agosto

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Autonomía contra viento y marea: 19 aniversario de los caracoles zapatistas

El 9 de agosto de 2003, en Oventic, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en sustitución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MARZ), cuyas funciones continuarían. Se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las juntas para "atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento".

Constituyeron así una organización inédita en América latina. Con ello, se reafirmó su congruencia en cuanto al respeto a los pueblos indígenas a contrapelo de posturas vanguardistas. La palabra del entonces subcomandante Marcos, hoy Galeano, compartió reflexiones estratégicas. Destaco dos de ellas: la decisión de ubicar a la organización militar en el plano de la defensa y deslindar este componente de las funciones de gobierno plenamente civil, nos hablan de la reiteración de la postura de no suplantar a los pueblos y, en última instancia de no "militarizar" su cultura. Por otra parte, el deslinde categórico frente al "fantasma separatista" (discurso oficial defensivo), señaló: "La autonomía no es fragmentación del país o separatismo, sino el ejercicio del derecho a gobernar y gobernarnos según establece el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Una década después, finales de 2013 y enero de 2014, el EZLN se empeñó en sistematizar y compartir su experiencia mediante la escuelita zapatista, un gran esfuerzo, con el afán de acercar el espejo y dar sustento a su llamado constante a la organización en el país y fuera de él. Por cierto, la Travesía por la vida, capítulo Europa, realizada en 2021, guarda continuidad con la convicción de aprender y compartir para fortalecer la lucha mundial anticapitalista.

Este aniversario de los caracoles y las juntas de buen gobierno nada tiene que ver con una mera efeméride festiva. El proceso ha sido complejo y su desarrollo se ha dado en un entorno problemático como la falta de recursos, la militarización, la paramilitarización, las campañas de contrainsurgencia, el acoso de delincuentes y del narcotráfico, entre otros factores que enmarcan su desafío al Estado mexicano para construir la autonomía en los hechos y recrear su derecho al derecho propio. Es un terreno de claroscuros.

Con un salto significativo, el EZLN informó el 17 de agosto de 2019 que "ya rompimos el cerco", creó siete nuevos caracoles o centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista (Crarez) –la mayoría serían sede de juntas de buen gobierno (JBG)–, adicionales a los cinco que ya tenía, los cinco caracoles originales (Oventic, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia y cuatro nuevos municipios autónomos rebeldes zapatistas en Chiapas. Y sin embargo, tanto los territorios zapatistas como el resto de municipios en Chiapas viven bajo asedio y violencia marcados por la impunidad y la omisión o acción desde los tres niveles de gobierno. Situación grave y lamentablemente también presente en otras regiones del país. Un ejemplo de ello es el pronunciamiento emitido el pasado 28 de julio por la Red de Resistencias y Rebeldías Ajmaq, la Red Universitaria Anticapitalista (Ciudad de México), Mujeres y la Sexta, Abya Yala, Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista (Red MyC Zapatista) con la adhesión de numerosas personas y organizaciones de México y otros países, denunciando las agresiones a comunidades del caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, de la junta de buen gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad del EZLN: quema de sus casas, riesgo de sus cosechas provocando su desplazamiento forzoso.

¿Quién se hace cargo de detener la violencia y el despojo? Un eje de la ­disputa contra los zapatistas está en los territorios recuperados desde 1994 y en los grupos que fuera de todo control o con alianzas en sectores políticos. Un panorama así nos lleva a suponer que el EZLN no está para festejos por más significativos que puedan ser y en este caso, obviamente, lo es. No sabemos la situación concreta del conjunto de los caracoles, ellos son quienes deciden cuándo y cómo se pronuncian respecto de agresiones como la que se denuncia contra el caracol 10, que no es la única. El ambiente de provocación está activo y dirigido a varios sectores del movimiento social y de pueblos indígenas en la entidad chiapaneca. Mientras esta situación se vive en Chiapas y otras entidades y pueblos, no nos sorprenda que siendo el próximo 9 de agosto también el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de parte oficial ataviada no sólo con mascarilla, sino con una venda en los ojos se despliegue la retórica de la celebración autocomplaciente.

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Lunes, 01 Agosto 2022 05:48

Horas inciertas

Estados Unidos es líder mundial en generar el calentamiento global, y aunque por un lado presume de promover ambiciosas medidas para enfrentar el problema, por otro permite mayor producción de combustibles fósiles. En la imagen, daños en Kentucky por fuertes lluvias producto del cambio climático. Foto Afp/Guardia Nacional de Kentucky

“Y no conozco a un alma que no haya sido golpeada / No tengo un amigo que se sienta tranquilo / No conozco un sueño que no haya sido destrozado /… Aun así, cuando pienso / Del camino sobre el cual estamos viajando / Me pregunto qué es lo que salió mal… Llegamos en las horas más inciertas de esta época…”

Estos versos de American Tune, de Paul Simon, identifican acertadamente algunas de las esencias del momento actual en Estados Unidos a pesar de que fue escrita en 1973.

Se desmoronan rápidamente los mitos fundamentales y necesarios, para bien y para mal: eso de libertades civiles y derechos, junto con los engaños sobre las bondades y la "misión divina" de esta democracia/imperio. La cúpula política sólo cuenta con un viejo vocabulario y paradigmas obsoletos repletos de nostalgia de guerra fría con qué enfrentar esta crisis sin precedente.

Nunca antes se ha hablado tan abiertamente de una crisis existencial: sobre si la democracia estadunidense sobrevivirá o no, sobre si el planeta sobrevivirá el cambio climatico. En torno a la tercera amenaza existencial, tal vez sea consuelo perverso que no es tan nueva: desde hace más de 75 años siempre ha estado presente la absurda y obscena posibilidad de un enfrentamiento apocalíptico entre potencias nucleares, hoy día entre Estados Unidos/OTAN y Rusia, y por otro lado China.

Casi todos los días despiertan con otra alerta más de la comunidad científica sobre las implicaciones mortales de extraer, producir y emplear otra gota de petróleo para el futuro de las próximas generaciones, o como lo formuló Antonio Guterres de la ONU: "tenemos una decisión: acción colectiva o suicidio colectivo" para poner fin a la "adicción" a los combustibles fósiles.

Estados Unidos es el líder mundial histórico en generar el calentamiento global y, como tantos otros, vive en una realidad política esquizofrénica en torno a la crisis ambiental. Mientras se congratula por promover una ley con la serie de medidas más ambiciosas en una generación para abordar el cambio climático, el gobierno, a la vez, como tantos otros, permite mayor producción de petróleo y gas.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está aprobando otro presupuesto récord de gasto militar para mantenerse como la suprema potencia de toda la historia, supuestamente para defender "la democracia y la libertad" a nivel mundial, las cuales no está logrando proteger ni dentro de su propio territorio.

Van siete años de una serie sin precedente de delitos graves antidemocráticos, incluido un intento de golpe de Estado, donde hasta la fecha el autor intelectual y el responsable principal aún no ha tenido que rendir cuentas. (https://twitter.com/donwinslow/status/ 1552761592139223040).

Aquí se está jugando la vida o muerte de esta república democrática, afirman desde ex jefes militares hasta líderes políticos, incluido el propio presidente actual; aquí, advierten y reconocen los líderes mundiales en sus grandes reuniones, se está jugando el futuro del planeta al aceptar el veredicto de la comunidad científica, sólo para regresar a casa para jugar con el "suicidio colectivo". Y ni hablar de aquellos supuestos estadistas y todos sus intelectuales militares, jefes de "seguridad nacional" y otras cosas que no son más que una patética bola de mentes infantiles armadas con suficientes juguetes mortales como para aniquilar el mundo, literalmente.

Aunque muchos aún no se han dado cuenta, ha llegado nada menos que el momento para decidir a favor de un futuro para todos. Eso es demasiado importante para dejarlo en manos de la cúpula política estadunidense y, con algunas excepciones, la mundial. Es hora de obligarlos a dejar de jugar con el futuro del planeta en estas "horas más inciertas de la época".

Paul Simon y Rhiannon Giddens. American Tune https://www.youtube.com/watch?v=IZTWSJFuuAY

Queen/David Bowie. Under Pressure. https://www.youtube.com/watch?v=ZyT8mVwf_40

Con un fuerte abrazo a la familia y amigos del Dr. Alberto Ysunza, uno de aquellos héroes modestos que rescatan a sus países y pueblos todos los días. QEPD

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El organizador sindical del centro de distribución de Amazon.com Inc, con sede en Staten Island, Chris Smalls en Nueva York, EEUU, 01 de abril de 2022. — JASON SZENES / EFE/EPA

Socialistas Democráticos de América (DSA) cumple este 2022 su 30º cumpleaños como protagonista del mayor 'boom' de la ideología socialista en Estados Unidos en un siglo. Impulsados por la irrupción de Bernie Sanders y los nuevos impulsos sindicalistas, el partido roza los 100.000 miembros y tiene ya cuatro congresistas en Washington.

Washington. El socialismo en Estados Unidos está viviendo su mayor auge en más de un siglo impulsado por movimientos de protesta social como el Occupy Wall Street de 2011, la irrupción de Bernie Sanders en el escenario de la política nacional en 2015 y por los impulsos sindicalistas en grandes corporaciones como Amazon o Apple. Todos ellos fenómenos que tienen como telón de fondo años de crisis económica e incremento de las desigualdades. El principal partido de esta ideología en el país, los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) celebra este año el 30º aniversario de su fundación y avanza ya hacia los 100.000 miembros, unas cifras que un partido socialista no conocía desde hace un siglo. El DSA tiene cuatro congresistas en la Cámara de los Representantes del Congreso de Estados Unidos y otros cien en los diferentes congresos de los 50 estados que componen el país.

Sanders, que a pocos meses de cumplir 81 años continúa sin estar adscrito a ningún partido, fue, sin embargo, el gran revulsivo del DSA y del socialismo en general en Estados Unidos. El senador por Vermont dio el salto a la política nacional en los años en que la onda expansiva de la crisis de 2008 aún causaba estragos. Todo había comenzado con el 15M español de 2011, que cruzó el charco en septiembre con el Occupy Wall Street de Nueva York. En 2015, el último año de Barack Obama en la Casa Blanca, empezaban las primarias demócratas y el senador y exalcalde de Burlington en la década de los 80, dio el salto y se postuló como candidato frente a Hillary Clinton. El resto es historia conocida: Sanders perdió frente al establishment demócrata, pero reavivó una ideología que estaba muerta.

"Sin Sanders, el DSA no se habría convertido en la organización de masas que es hoy, más de 90.000 miembros, frente a los apenas 6.000 que tenía en 2015, antes de que él se postulara para las primarias demócratas", explica a Público el historiador de la Universidad de Georgetown de Washington Michael Kazin, que acaba de publicar en Estados Unidos una historia del Partido Demócrata (What It Took To Win, aún sin traducir al castellano).

Aunque Sanders no era un miembro del partido, "el DSA decidió apoyar su candidatura a las primarias del Partido Demócrata en 2016 y 2020", dice a Público Ashik Siddique, miembro del Comité Político Nacional del DSA. "Lo hicimos sobre todo porque, aunque es un político formalmente independiente, eso mismo le ha permitido poder abogar, dentro del Partido Demócrata, por políticas más progresistas y contra el poder de las grandes corporaciones".

Siddique celebra que "Sanders ha logrado articular un discurso vertebrado en torno a las clases sociales, y él mismo, aunque no forma parte del DSA, se autoproclama socialista, lo cual es algo rarísimo si uno mira la historia de las últimas décadas en este país".

"Sanders desde luego se ha convertido [desde entonces] en el líder más popular de la izquierda de un modo en que ésta no lo había tenido yo creo que desde su héroe, Eugene Debs [1855-1926]", añade Kazin. "La diferencia es que Debs fue un socialdemócrata, pero también un socialista revolucionario, mientras que Sanders no lo es. En sus discursos tiene unas posturas no muy diferentes de las de Franklin Roosevelt [en los años 30 y 40], Lyndon B. Johnson [en los 60] o Martin Luther King, una corriente convencional del progresismo estadounidense".

El político de Vermont es el único socialista que forma parte del Senado. En la cámara baja hay cuatro miembros del DSA: Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowmen (ambos diputados por Nueva York), Rashida Tlaib (por Michigan) y Cori Bush (por Misuri). Los cuatro forman parte de la llamada La pandilla (The Squad), el nombre oficioso que se le ha dado al grupo de los seis congresistas considerados más de izquierdas de la Cámara de los Representantes. Los otros dos serían Ayanna Presley (por Massachussets) e Ilhan Omar (por Minesota).

Iniciativas sindicales en Amazon y Apple

Según el libro de Kazin, el Partido Socialista de Eugene Debs tuvo su récord de miembros en 1912 con 118.000 afiliados. El padre del socialismo americano se llegó a presentar cinco veces a las elecciones para presidente de Estados Unidos. Precisamente en las de 1912, describe Kazin, Debs apostó sin ambages por abolir la empresa privada y el sistema de salarios y obtuvo un 6% de los sufragios. "Es la cima de votos que cualquier candidato marxista a la Casa Blanca ha recibido jamás", afirma el historiador.

Fueron años, no por casualidad, de un sindicalismo que empezaba a ser fuerte y que se consolidaría en los años de New Deal. Una situación muy diferente a la actual, que podría estar cambiando tras experiencias como las de Amazon y Apple. Con todo, el nivel del sindicalismo en Estados Unidos está bajo mínimos (sólo siguen siendo importantes en el sector de la educación pública). Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de trabajadores asalariados afiliados a un sindicato fue del 10,3% en 2021; si se contempla sólo el sector privado, el porcentaje cae aún más hasta el 6,1%. En 1983, el primer año del que se dispone de datos comparables, la tasa fue del 20,1%. Y entonces, los años de Ronald Reagan en la Casa Blanca, ésos ya eran datos bajos. El país venía de los años 50 y 60, los años del desarrollo industrial americano, cuando la tasa de afiliación era superior al 30% y algunos estados industriales como Michigan y Washington llegaron a tener en 1964 unos porcentajes de afiliación sindical del 44,8% y 44,5%, respectivamente, unas cifras que hoy serían utópicas.

Sin embargo, esta tendencia podría estar empezando a cambiar después de la creación de los primeros sindicatos en grandes corporaciones como Apple y Amazon. La compañía de Jeff Bezos, la ahora segunda persona más rica del planeta, vio cómo el pasado 1 de abril se creaba un sindicato en una de sus plantas de Staten Island, en Nueva York, una iniciativa impulsada por un extrabajador de la firma, Chris Smalls, que ya es un hombre de moda y una especie de héroe nacional para un cierto sector de la clase obrera.

De momento, la envergadura de estas iniciativas es pequeña, pero los sindicatos mayoritarios del país confían en que sean los primeros destellos de un futuro auge sindical. El incremento de afiliados del DSA es otro indicador a favor de eso, puesto que desde su nacimiento el 20 de marzo de 1982, el DSA ha estado intrínsecamente unido a los movimientos sindicales.

1982: fusión de dos partidos de izquierda

Según la web del DSA, el partido surgió como una fusión de otros dos partidos que habían sido creados al principio de los años 70: por un lado, el Comité Organizador Socialista Democrático (DSOC), fundado en 1973 en el marco de la Guerra del Vietnam como facción separada del Partido Socialista clásico de Eugene Debs; por otra parte, el Nuevo Movimiento Americano (NAM), fundado en 1971 pero basado en un activismo diferente, menos ligado al sindicalismo y más a los movimientos de derechos y libertades civiles de aquellos años.

De este modo, según señala la web del DSA, mientras que DSOC "contaba con una importante red entre los activistas sindicales y del sector izquierdista del Partido Demócrata", el NAM "no se originó en un ala de la vieja izquierda, sino en Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS) y en los sindicatos de mujeres socialistas-feministas. [El partido] se había centrado en construir una presencia de base socialista-feminista democrática revolucionaria en las luchas locales en torno a cuestiones como la vivienda asequible, la libertad reproductiva y la reforma de las tarifas de los servicios públicos".

Ambas identidades (un socialismo vinculado al sindicalismo y los derechos de los trabajadores y otro más centrado en los derechos civiles de sectores discriminados como las mujeres o los negros) se fusionaron en marzo de hace 30 años en el actual DSA.

"Los sindicatos de trabajadores solían ser muy fuertes en este país, pero están bajo un ataque muy severo desde los años 70. Puede que, en décadas anteriores, cuando los sindicatos eran más potentes, el Partido Demócrata los representara políticamente en mayor o menor medida, pero ya no sucede eso y ahora el DSA busca ese lugar con los sindicatos", dice Siddique, que cree que los movimientos por hacer nuevos sindicatos en gigantes empresariales como Amazon y Apple y el incremento constante de miembros del DSA "forman parte de la misma tendencia. Desde luego, la sindicalización de trabajadores es una máxima prioridad para el partido y cada año le dedicamos más recursos", afirma.

La "demonización" del socialismo en EEUU

Los ataques continuos al sindicalismo y las ideologías progresistas por parte de la derecha americana han tenido como consecuencia, por un lado, los escasos índices de asociación sindical y, por otro, el recelo público y casi la criminalización de la palabra "socialista" en Estados Unidos, que la población general no es capaz de distinguir del término "comunista". Y ésta es, admite Siddique, "una de las barreras más inmediatas" que el DSA tiene que combatir para seguir creciendo. "Es algo que sufrimos", añade, "cuando hacemos campañas y hablamos con la gente. Nos ponen caras de recelo y enseguida nos dicen: yo apoyo lo que dices, pero ¿socialismo?".

"La propaganda antisocialista ha sido muy fuerte en las últimas décadas en Estados Unidos", dice Siddique, "antes de la Segunda Guerra Mundial y del New Deal de Roosevelt, la situación era diferente. Había sindicatos muy fuertes y populares y estaban apoyados por movimientos socialistas. Previamente, en los años de la Primera Guerra Mundial, ya se había producido una primera fuerte represión del gobierno contra el socialismo, y ese llamado miedo rojo regresó a partir de los años 40 por la guerra fría contra la URSS, con estrategias como el macartismo, que purgó a muchos socialistas de los sindicatos".

"Todo eso hizo mucho daño a la izquierda, que fue demonizada por lo que ha sido muy raro que alguien públicamente se declarara socialista. Por este motivo, que Bernie Sanders lograra ser alcalde de Burlington en los años 80 siendo públicamente socialista y explicando qué es el socialismo, fue muy importante y hace de él una figura decisiva para el socialismo en Estados Unidos", afirma el político del DSA.

Otro de los frentes abiertos para el DSA será intentar convertirse en el partido de la clase trabajadora, una etiqueta que tiene desde sus inicios el Partido Demócrata, que, no en vano, es a menudo mencionado con el eslogan de El partido del pueblo. Según Siddique, la diferencia fundamental entre ambos partidos es que el DSA "es una organización política independiente para la clase trabajadora y está gestionada y financiada por sus propios miembros. El Partido Demócrata no es así, es muy dependiente de sus grandes donantes y lobbies corporativos, que contribuyen a financiarlo. Esto hace que, aunque algunos candidatos puedan tener un discurso público más progresista sobre las desigualdades o políticas progresistas, si uno mira de dónde viene el dinero, es claramente un límite sobre lo que ellos pueden hacer y a veces hasta de lo que pueden hablar. Desde luego, el Partido Demócrata no es el partido de la clase trabajadora y nosotros aspiramos a ocupar ese papel".

El reto: ser racialmente más diversos

Para ello, el DSA quiere ampliar su base de votantes, pero también mejorar en la composición de sus afiliados para que se parezca cada vez más a la sociedad americana actual. "Tenemos que ser aún más diversos, sobre todo en cuanto a afiliados negros y latinos, donde tenemos carencias que tenemos que trabajar", admite Siddique. "En cuanto a la propaganda de la derecha de que somos un partido de gente con títulos universitarios, con dinero y ricos mimados, es falso, la media de ingresos de los afiliados se corresponde con la media del país, es un elemento más de la propaganda contra nosotros", asegura.

Debido al auge del socialismo en los últimos años, el perfil del afiliado al DSA ha cambiado mucho. "Antes de 2016, cuando el partido tenía unos 5.000 miembros, el perfil habitual de un miembro del partido era una persona que pertenecía a la generación boomer y que se había politizado en los años 60 y 70. Sin embargo, en sólo tres años, los que van de 2017 a 2020, la edad media de los afiliados cayó de unos cincuenta y tantos a los 32 años actuales", dice Siddique.

"La gran mayoría de los nuevos afiliados tenían veintialgo años. Creo que el factor importante", añade, "es que se trata de personas que han vivido su niñez y adolescencia presenciando las guerras que Estados Unidos ha provocado en el mundo y sufriendo después las consecuencias de la crisis económica de 2008, así que sienten una frustración enorme por un sistema político que no está funcionando como se supone que debería".

Con todo, la crisis actual y el escepticismo hacia los actuales protagonistas del sistema político pueden ser un elemento inspirador para la recuperación del socialismo en Estados Unidos. Es lo que está sucediendo y es, precisamente, lo que aventuró en octubre de 2016 en un artículo en la revista The Nation el historiador de Georgetown Tim Shenk. "La disminución de la confianza en la democracia actualmente, junto con el creciente optimismo sobre lo que la democracia podría llegar a ser", escribió Shenk, "da a la política contemporánea su calidad bipolar: una nueva generación de votantes que es más escéptica con respecto a la democracia que sus antepasados, pero también que está más dispuesta a apoyar a un socialista democrático como presidente". Es la premonición que el DSA quiere hacer cumplir en los próximos años.

31/07/2022 20:44 

Manuel Ruiz Rico@ManuelRuizRico

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Francia Márque junto a Pérez Esquivel en el CCK.. Imagen: Télam

Conferencia de la vicepresidenta electa de Colombia en el CCK 

Dijo que el mayor desafío que tendrá su gobierno es promover la paz y también atacar las causas de la violencia: el hambre, el racismo y el abandono del Estado. 

 

Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa de Colombia, habló de feminismo, medio ambiente, racismo y las reformas planeadas con su compañero de fórmula, Gustavo Petro, este sábado en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En diálogo con la autora Verónica Gago, la vicepresidenta remarcó su descendencia, consciente de que representa a comunidades vulneradas.“Mi presencia no es solamente la presencia de Francia Márquez, soy muy consiente que mi presencia es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados” exclamó la presidenta.

Márquez se presentó saludando a los colombianos migrantes, a los pueblos afrodescendientes, a las mujeres, a las comunidad LGTBQ y, por último, a todo el liderazgo social y político argentino que mantiene un gobierno en resistencia.

El auditorio nacional, o la ballena azul, como se lo llama comúnmente, estaba a su máxima capacidad. El ganador del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó a la vicepresidenta y la saludó con un fraterno abrazo. “Tenemos que abrir la mente y el corazón para mirarnos y ser solidarios con el pueblo hermano de Colombia” expresó Perez Esquivel luego de pedir que prendieran las luces del auditorio para verle la cara a la audiencia.

Desafíos 

Frente a la pregunta del futuro del gobierno que van a liderar Márquez y el presidente electo Petro, la vicepresidenta respondió que el mayor desafío que tienen es promover la paz, silenciar los fusiles, pero también, atacar las causas de la violencia armada. “Esas causas tienen que ver con el hambre, tienen que ver con la garantía de derechos. Esas causas tienen que ver con el abandono del Estado. Esas causas tienen que ver con el racismo” explicó Márquez. En su objetivo de restaurar la paz, la vicepresidenta confirmo que se abrirá la mesa de dialogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En relación con la intención de promover la paz, Márquez agregó que es necesario discutir la política de drogas. Por un lado, estableció que era necesaria la discusión sobre la marihuana. “Se puede generar toda una industria, en términos farmacéuticos, alimenticios y textil, para generarle oportunidades a las mismas comunidades que han sido víctimas del narcotráfico” expresó la vicepresidenta. Por otro lado, cree necesario que se traten a los problemas de adicciones como un problema de salud publica y no como criminalidad.

La vicepresidenta colombiana criticó la política de tolerancia cero de Colombia y estableció que era una vía para la corrupción. “No se atacan todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. La droga sale igual del país, sale con la complacencia de muchos corruptos que han estado en las desilusiones del estado colombiano” denunció Márquez.

Reformas

En un contexto donde el gobierno de Petro tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso e incluso obtuvo el apoyo del partido derechista Unión por la Gente o, Partido de la U., Márquez comunicó que tomará el mando del Ministerio de la Igualdad a propuesta de Petro. El presidente, dijo, le propuso tres objetivos inmediatos al crear ese ministerio: la igualdad salarial entre géneros, el reconocimiento del trabajo de hogar para jubilaciones y la implementación de un salario mínimo para las madres.

Otras medidas primordiales para el entrante presidente de Colombia son la reformas tributaria, agraria y política. Con respecto a la primera, la vicepresidenta estableció que los principios implicados son los de una justicia tributaria donde quienes mas tienen, son los que mas tienen que aportar. “Uno puede hablar bonito, pero es con plata con lo que se hacen las transformaciones” dijo Márquez.

Feminismo

Unos de los primeros temas tocados por Márquez fue la lucha de las mujeres, poniendo el foco en las mujeres negras. En la entrevista, remarcó que aprendió de la lucha de su madre y su abuela, pero también de ejemplos argentinos como las Madres de Plaza Mayo, señalando a Nora Cortiñas que se encontraba presente.

Remarcó la difícil lucha que tienen las mujeres negras incluso dentro del feminismo. “Las mujeres negras e indígenas no estamos haciendo la lucha para romper el techo de cristal, las mujeres negras e indígenas están luchando para ponerse de pie y caminar con sus hermanas, porque siempre han estado de rodillas” expresó Márquez.

La fuerza del pueblo

La entrevistadora le preguntó a Francia Márquez por el Paro Nacional en Colombia llevado a cabo en 2021, en el marco de protestas contra el Gobierno neoliberal de Iván Duque. La vicepresidenta estableció la importancia del hecho, el cual le dio fuerzas para postularse junto a Petro a las elecciones. “No eran los jóvenes universitarios ni los movimientos estudiantiles los que salieron las calles. Eran jóvenes que nunca habían pisado las puertas una universidad”, contestó.

Luego, remarcó la importancia de que se haga justicia por las agresiones, abusos y asesinatos policiales a manifestantes y por los presos que dejó el paro colombiano, estableciendo que puso a disposición de las víctimas abogados para hacer cumplir el debido proceso judicial. “Gracias a todos ellos es que estoy aquí. Ellos se pusieron en primera línea en el paro y yo me voy a poner en primera línea en el gobierno para defenderlos” remarcó la vicepresidenta.

Márquez culminó su charla esperanzada por los próximos cuatro años de cambio que se darán en Colombia. “Espero que después de cuatro años, mi corazón siga estando bien puesto” deseó la vicepresidenta frente a una audiencia que la aplaudía de pie.

La entrevista entre la vicepresidenta y la autora y docente feminista Gago se dió en el marco del Proyecto Ballena del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es la generación de encuentros con referentes políticos y culturales para elaborar alternativas que ayuden a problematizar y mejorar el presente. Siendo este año la tercera edición, la directora del proyecto, Lilliana Viola, propuso debatir el concepto de libertad poniéndolo como consiga. En un mundo donde la libertad es cada vez más una construcción individual, el proyecto propone una libertad creada desde lo comunitario.

Quién es Francia Márquez

La vicepresidenta electa, de 40 años, nació en la aldea de Yolombó, ubicada en Suárez, un pueblo del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. En ese pueblo, la explotación minera es el principal factor de la dependencia económica y de las luchas sociales. La mandataria trabajó como minera de oro artesanal, al igual que su padre, y luego fue empleada doméstica. Siendo madre soltera desde los 16 años, estudió en la Universidad de Santiago de Cali para recibirse de abogada.

Como la primera vicepresidente afrodescendiente de su país, y con lema de campaña “Soy porque somos”, refiriéndose a la idea de que su personalidad surge de una construcción colectiva, Francia Márquez consiguió mayoría el 19 de junio junto a su compañero de fórmula, Gustavo Petro. “Logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”, exclamó Márquez en su primer discurso como presidenta electa.

Márquez tiene larga experiencia en activismo ambiental desde el año 2009, donde fue reconocida por los reclamos para salvar el río Ovejas en su departamento natal, Cauca. Un activismo que la llevó a ganar el Goldman Environmental Prize, uno de los premios más importantes en términos de medio ambiente y ecología.

Gira por Latinoamérica

La vicepresidenta comenzó esta semana su gira por América del sur con el principal objetivo de entablar dialogo con sus pares de izquierda antes del cambio de mando. “Queremos establecer un diálogo fraterno con líderes políticos y sociales en temas de paz, Igualdad, cambio climático y justicia racial en la región” tuiteo Márquez al comienzo de la gira.

Su primer parada fue en Brasil, donde se reunió con Lula Da Silva en Sao Pablo. Encuentro que la vicepresidenta describió como fraterno y constructivo y en el que expresó su apoyo al candidato a presidente. Luego pasó por Chile, donde tuvo un encuentro con el presidente Gabriel Boric, aquien le agradeció su disposición para trabajar por la paz en Colombia, y por la creación conjunta de una nueva política de drogas, cambio climático y justicia de género.

En su visita en Argentina se reunió con el presidente Alberto Fernández. Conversaron sobre la agenda en común entre los países y sobre la coyuntura política internacional. Antes visitar al presidente, Márquez había estado con Cristina Kirchner, con quien habló de temas relacionados a la integración regional, la paz y la igualdad. Sin embargo, en el CCK no se mencionó la actualidad política argentina.

Márquez finalizará su gira por América del Sur en Bolivia. Este domingo tiene pactada una reunión con el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, en La Paz. La vicepresidenta regresará a su país el lunes luego de diálogar con organizaciones sociales de mujeres indígenas y campesinas bolivianas. A la semana siguiente, el 7 de agosto, participará, junto a Petro, en la ceremonia de envestidura y cambio de mando

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Por un horizonte más allá del capitalismo

El 7 de agosto, con la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, iniciará el primer gobierno popular en la historia de Colombia. En medio del pragmatismo y el compromiso que implica conducir el Estado, los movimientos sociales deben permitirse la radicalidad de las ideas en la construcción de un nuevo horizonte de sentido para el país.

En repetidas ocasiones, Gustavo Petro ha señalado que su gobierno se esforzará por «desarrollar el capitalismo» para superar la dependencia en el extractivismo y la violencia en el país. El presidente electo parte de una lectura lineal de la historia, en la cual Colombia se encuentra estancada en una suerte de premodernidad que llama «feudal», en donde el poder político-económico gira alrededor de la tenencia de la tierra. Bajo esta idea, al desarrollar el capitalismo como forma de superar el «feudalismo», las fuerzas productivas del país alcanzarían sus niveles más altos, de manera que el extractivismo se superaría mediante una sociedad industrializada y altamente productiva. 

Sin lugar a duda, superar las estructuras político-económicas heredadas del régimen de hacienda de la colonia es una necesidad histórica para la modernización del país y la profundización de la democracia. Esto se torna mucho más urgente si se tiene en cuenta que la distribución inequitativa de la tierra y la prevalencia del latifundio son parte fundamental de las causas del conflicto armado. Ahora bien, Petro, actuando como estadista, construye su discurso y sus propuestas bajo el marco ideológico institucional que hoy prevalece; de allí surge la lectura lineal de la historia y la creencia de que el desarrollo del capitalismo bajo la intervención del Estado es la «única forma conocida en la historia» —como dijo en una reciente entrevista— para alcanzar la modernización de Colombia. 

De esta manera, la propuesta del gobierno de transición de Petro y Márquez se enmarca en los límites de la racionalidad institucional promovida incluso por corrientes del pensamiento latinoamericano (como la cepalina). Los movimientos sociales que acompañamos esta candidatura y celebramos la victoria popular que representó el triunfo electoral, junto a la intelectualidad comprometida con el cambio, en esta coyuntura histórica en donde emergen grandes potencialidades para la transformación de la realidad, debemos garantizar que se expandan los límites de esa racionalidad.

Debemos pensar más allá de lo establecido enraizando el análisis en nuestra realidad para encontrar alternativas al desarrollismo capitalista, de manera que en Colombia y América Latina logre potenciarse un horizonte nuevo, un camino auténtico que le proponga al mundo una salida a la crisis planetaria. Como afirmó el sociólogo chileno Hugo Zemelman,

Se busca estar en la vastedad de la realidad y no dejarse aplastar por los límites de lo que ya está producido; de allí que se tenga que romper con las determinaciones histórico-culturales que nos conforman para rescatar al sujeto histórico como constructor y retador.

Capitalismo, crisis ambiental y violencia

Uno de los aspectos clave del nuevo gobierno es su compromiso con la superación del extractivismo. La centralidad que adquiere el medioambiente en su discurso es notoria, particularmente la preocupación por el cambio climático y la apuesta por ubicar la vida como eje de la política. «Colombia, potencia mundial de la vida», fue el eslogan de campaña de Petro y Márquez, aludiendo a la inmensa diversidad biológica del país y la necesidad de protegerla del extractivismo depredador, lo cual representa una apuesta novedosa y esperanzadora que pretende superar los errores de la «ola progresista» de la primera década de este siglo.

Sin embargo, promover el desarrollo capitalista resulta contradictorio con esta apuesta. Esto, debido —al menos— a dos elementos estructurantes del capitalismo. El primero, es que se trata de un sistema basado en el crecimiento económico y la acumulación constante. El crecimiento desaforado de la producción y el consumo para garantizar altas tasas de ganancia, sin considerar los ciclos de los ecosistemas, ha generado una presión tal sobre la naturaleza que tanto las condiciones para la producción como la vida misma están en riesgo. En sus ensayos sobre marxismo ecológico, James O’Connor define este proceso autodestructivo como la «segunda contradicción del capitalismo». 

El segundo elemento es que el capitalismo es un sistema esencialmente violento: el crecimiento y acumulación constantes son posibles solo gracias al despojo. La acumulación originaria es la categoría que usó Marx para describir el violento proceso de saqueo de tierras y bienes comunes en Inglaterra que posibilitó el desarrollo industrial capitalista de este país. Pero más que un proceso fundante, la acumulación originaria es una constante del capitalismo, que se expresa de maneras distintas en nuestro tiempo. Autores como David Harvey nos hablan de «acumulación por desposesión» para explicar cómo las privatizaciones de hoy se sustentan en el despojo violento no solo de bienes comunes materiales sino de derechos inmateriales. Así las cosas, desarrollar el capitalismo implicaría continuar con la violencia en contra de las poblaciones rurales y la naturaleza en función del crecimiento económico constante y la acumulación.

Sumado a estos dos elementos es preciso señalar que, desde la teoría del sistema-mundo y la división internacional del trabajo, el capitalismo ha tenido un alcance global a través de su expansión colonial sobre las «periferias del mundo». En el centro del capitalismo global se encuentran las potencias industrializadas, quienes concentran el poder económico, tecnológico y militar, mientras que en las llamadas periferias —como lo son Colombia y otros países de América Latina— se ubican las fronteras extractivas de donde se extraen las materias primas que alimentan la producción industrial y la mano de obra barata, explotada para sostener las altas tasas de ganancia de los más ricos.

Desde esta perspectiva, a diferencia de lo que señala Petro, el capitalismo ya ha estado presente en Colombia, aunque no en la forma en que el presidente electo pretende, sino en la forma en que éste se expresa en la periferia global colonizada. Allí yace entonces la realidad que debemos afrontar: el capitalismo en Colombia adquiere una forma extractivista que despoja violentamente y destruye la naturaleza. Y el orden clasista y racista del régimen de hacienda que justifica el exterminio ha sido el acuerdo político institucional que desde la colonia ha sostenido a Colombia en la periferia del capitalismo global.

La insistencia en la perspectiva lineal eurocéntrica que sugiere el desarrollo capitalista como vía para superar el «feudalismo» en Colombia, aunque pueda resultar efectiva discursivamente, niega la realidad del capitalismo rentista colonial y puede conducir a la justificación de nuevas formas de violencia y despojo.

Ideas para la construcción de un nuevo horizonte común

La idea unidireccional del progreso ha estado enraizada incluso en corrientes del marxismo ortodoxo. Desde allí, la destrucción de las formas «precapitalistas» del mundo rural y la proletarización de su población es vista incluso como parte de un proceso civilizatorio. Sin embargo, para quienes pensamos el mundo desde el trópico y el Sur, con la preocupación incesante de la crisis ecológica, el desarrollo capitalista significa violencia sistemática y la entrega de nuestro destino a la tecnocracia neoliberal.

De lo que se trata entonces, siguiendo la idea de Walter Benjamin, es de darle un manotazo a la locomotora del progreso capitalista —no de acelerarla— para que en el descarrilamiento podamos construir nuestro propio destino, partiendo de lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Ampliar los límites de la razón para construir un nuevo horizonte común, actuar sobre la realidad que nos fue dada escudriñando en las realidades posibles que yacen en las resistencias y luchas colectivas de nuestros pueblos.

Entre los movimientos sociales y sectores populares que han hecho posible la victoria electoral del primer gobierno de izquierda en Colombia, podemos encontrar valores y relaciones sociales que permitirían construir alternativas al capitalismo: la solidaridad, la comunalidad, el cuidado colectivo, la reciprocidad, la libertad, la dignidad y la autonomía son solo algunos de ellos.

En su planteamiento sobre el socialismo raizal, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda señalaba la importancia de retomar la estructura de los valores sociales de los pueblos con el objetivo de «descubrir aquellos valores que sean congruentes con nuestras actuales metas colectivas», de manera que sea posible construir un horizonte socialista común pero diverso, construido al son de los ritmos y culturas de cada pueblo. 

Para el caso de Colombia, Fals Borda identificó cuatro pueblos fundantes que, en su opinión, constituyen el ethos de lo que somos como nación: los pueblos indígenas, de donde se rescata la solidaridad o el «siempre ofrecer», la reciprocidad o el «siempre devolver», la no acumulación o el «siempre distribuir» y el extraer recursos de la naturaleza sin exceder sus límites. La afrocolombianidad palenquera, que cuenta con un sentido de libertad e inventiva en situaciones de resistencia, así como una vida comunitaria que hoy se reconoce en categorías como el «vivir sabroso» o el «soy porque somos» promovidos por la vicepresidenta Francia Márquez. Los campesinos y artesanos antiseñoriales de origen hispánico, de donde se destacan los valores de la dignidad política y personal y, finalmente, los colonos del interior agrícola, donde perviven valores de la autonomía y el gobierno participativo.

En la composición de los movimientos sociales que han protagonizado las grandes movilizaciones de la última década en Colombia hemos podido apreciar la presencia de estos pueblos originarios y de sus valores fundantes como ejes articuladores de las reivindicaciones y luchas por la paz, la educación, el medio ambiente, las garantías laborales y la justicia social. Pero existe otro sector que no fue considerado en su momento por Fals Borda y es crucial en América Latina: el movimiento feminista.

Sobre los cuerpos de las mujeres ha recaído la violencia del conflicto armado, y sobre sus hombros se han sostenido las familias y comunidades que han visto arrasado su territorio por la guerra. Tras mantenerse en pie luego de un conflicto armado de más de cinco décadas, las mujeres, sus resistencias y redes de solidaridad, constituyen un actor fundante de lo que hoy es la Colombia popular. Del movimiento feminista se rescata el valor revolucionario más importante de nuestro tiempo: la construcción crítica de una subjetividad emancipatoria a través del reconocimiento de que lo personal es político. 

No se trata, sin embargo, de «esencializar» a estos pueblos o sectores sociales. De lo que se trata es de rescatar, entre las contradicciones que les componen, aquellos valores en movimiento que nos permitan afrontar las metas de una sociedad que debe reconciliarse y buscar un rumbo propio en el marco de la crisis planetaria. El desafío, así, pasa por vernos a nosotros mismos no solo a través de las ideas de Occidente o los marcos normativos de la tecnocracia liberal, sino también como el resultado de las resistencias y luchas de nuestros pueblos, donde surgen valores, formas de ser, de pensar, de crear y de producir distintas a las de la productividad capitalista.

Expandir los límites de la razón

El nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, en el marco de una nueva ola progresista en América Latina, tiene potencial para hacer historia. Pero para ello resulta indispensable que los movimientos sociales se permitan el pensamiento radical. Son los movimientos populares los que deben tomar en sus manos la tarea de rescatar de la realidad que vivimos aquellos elementos que apunten a la transformación y superación del capitalismo y proyectarlos y profundizarlos.

América Latina es rica en saberes, prácticas y formas de vida que pueden reconfigurar nuestra relación con la naturaleza y con el mundo que nos rodea. Aprender a vivir de otra manera es una necesidad no solo de Colombia, sino de todo el mundo, si lo que se busca es evitar la catástrofe ambiental. El desarrollo capitalista amenaza esa posibilidad, por más buenas intenciones que tenga. Son en cambio, ideas como las del socialismo raizal las que debemos explorar con mayor detenimiento para la construcción de proyectos políticos que disputen el sentido del Estado y avancen hacia un horizonte común socialista, diverso, ecológico y feminista. 

En un momento de crisis planetaria como el presente, América Latina está en condiciones de hacer un gran aporte a los pueblos que luchan en todo el mundo. En Colombia, por primera vez en nuestra historia, tendremos un gobierno popular comprometido con la transformación de la realidad. Los movimientos sociales tendremos que aprender a movernos entre el apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez y la disputa del proyecto de gobierno hacia un sentido cada vez más transformador. Pero, sobre todo, debemos insistir en soñar más allá de lo establecido y atrevernos a crear, porque en nosotros está el futuro.

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  El presidente peruano, Pedro Castillo, a 5 de junio de 2022. — Archivo

Ha sido una gestión dubitativa y con nombramientos de ministros sin capacidades para el cargo, lo que alimentó los ataques opositores. Ha habido cuatro gabinetes y la derecha parlamentaria ha intentado hasta dos veces destituir al presidente.

 

Lima (perú).Un año de esperanzas y desilusión, de expectativas y frustraciones, de incertidumbre, de maniobras desestabilizadoras desde una derecha golpista que no aceptó su derrota electoral, y de una sucesión de errores, inoperancia y escándalos de corrupción en el Gobierno.

Así ha sido el primer año del Gobierno del maestro rural y sindicalista de izquierda Pedro Castillo, que se cumple este jueves 28. Un año de polarización extrema en una guerra sin pausa entre el Ejecutivo y el Congreso controlado por la derecha, en el cual el fujimorismo y otros grupos de ultraderecha marcan la pauta. Un primer año de Gobierno que abre un escenario de muchas dudas de que Castillo pueda terminar su presidencia.

La llegada al poder de Castillo, un campesino que viene de una de las zonas más pobres y excluidas del país, supuso una reivindicación de las poblaciones andinas, rurales, de las provincias y los sectores populares históricamente marginados, que en las elecciones derrotaron a los grupos de poder económico y los sectores sociales y políticos dominantes concentrados en Lima que tuvieron como candidata a Keiko Fujimori.

Una reivindicación que llegó en el año del bicentenario de la independencia del país y que despertó la ilusión del inicio de un cambio histórico. La derecha y los grupos dominantes le declararon la guerra desde el primer día. Las esperanzas y expectativas con el nuevo Gobierno de corte popular y reivindicativo eran muchas, y el reto enorme. Pero Castillo no ha estado a la altura de ese reto.

Con una gestión dubitativa, débil, sin convicción para implementar las promesas de cambio, que fueron abandonadas, una notoria carencia de reflejos y capacidades políticas para enfrentar la guerra declarada por la derecha, un entorno implicado en denuncias de corrupción, la insistencia en nombramientos de ministros sin capacidades para el cargo convertidos en presa fácil para los ataques opositores, y una vocación por el sectarismo y la división en el partido de Gobierno, Castillo ha terminado, involuntariamente, jugando a favor de la derecha y su apuesta para desacreditar y destruir no solamente su Gobierno, sino cualquier opción de cambio.

Ha sido un año convulsionado. Castillo inició su gestión convocando a otros sectores de izquierda para armar un frente progresista. Fue un buen comienzo. Pero duró poco. Desde su propio frente interno se encargaron de dinamitar esa alianza de Gobierno. El secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, empeñado en monopolizar el Gobierno para su partido y para él mismo, se convirtió en el principal enemigo de ese frente progresista que le podía dar estabilidad al Gobierno. Su prioridad fue atacar a los aliados de Castillo que no eran de su partido, para lo que no dudó en aliarse con la ultraderecha.

El sectarismo de Cerrón, quien se declara marxista-leninista y le gusta usar un lenguaje pretendidamente de izquierdas pero hace pactos con la extrema derecha, sumado a las denuncias de corrupción que se comenzaron a conocer y el abandono de las promesas de cambio, terminaron en unos pocos meses con el frente progresista.

Las ambiciones de poder de Cerrón lo han distanciado de Castillo. En las últimas votaciones en el Congreso los legisladores cerronistas han votado de la mano con la derecha en contra del Gobierno. Así, Castillo llega a su primer año en la presidencia cada vez más solo y aislado.

En este primer año de Gobierno, Castillo ha tenido cuatro gabinetes ministeriales, todo un récord. Uno de sus jefes de gabinete fue un legislador de ultraderecha, que duró apenas unos días. Un nombramiento que revela la falta de convicciones de Castillo. Ha cambiado ministros una y otra vez. Una muestra de esa alta rotación son los siete ministros que en un año han pasado por el Ministerio del Interior.

En sus primeros meses de gestión, los del frente progresista, Castillo pudo mostrar éxitos en la política económica y la campaña de vacunación contra la covid, pero bajo la presión de Cerrón, y la guerra de la derecha, sacó a sus dos ministros más exitosos, los de Economía y Salud. El Ministerio de Economía pasó del reconocido economista de izquierda Pedro Francke, que impulsaba una reforma tributaria para aumentar los impuestos a las grandes empresas mineras y a la riqueza, a un tecnócrata neoliberal, el actual ministro Oscar Graham, que archivó esa reforma.

La derecha parlamentaria ha intentado dos veces destituir a Castillo utilizando arbitrariamente la ambigua figura de la "incapacidad moral". En ambos casos fracasó en conseguir los dos tercios de los votos del Congreso unicameral para consumar el golpe parlamentario. Ahora esa derecha promueve dos acusaciones constitucionales contra el mandatario para destituirlo. Una es por el absurdo cargo de traición por haber declarado en una entrevista periodística su simpatía con facilitar una salida al mar a Bolivia.

La otra es por cargos de corrupción que están en investigación. Para aprobar una acusación constitucional y remover al jefe de Estado por esa razón no se necesitan dos tercios de los votos sino solamente la mitad más uno de los 130 congresistas. Por eso la derecha apuesta ahora a esta vía. Y también pretende destituir por este mismo mecanismo a la vicepresidenta Dina Boluarte, para así despejar el terreno para capturar desde el Congreso el poder que perdió en las elecciones.

En un país donde los últimos presidentes están presos o procesados por corrupción, la aparición de una figura como Castillo, ajeno a la clase política, fue vista como una opción de cambio también en este terreno. Pero en esto Castillo también ha sido una decepción. Su entorno, incluidos su exsecretario personal, ministros y dos de sus sobrinos, están acusados de corrupción. Las denuncias de malversación en la asignación de obras públicas y el cobro de comisiones en los ascensos policiales salpican a Castillo. El presidente asegura que es inocente, mientras las denuncias están en investigación en la Fiscalía.

Si a Castillo le ha ido mal en su primer año de Gobierno, al Congreso opositor le ha ido peor. Según un encuesta de Ipsos de este mes, Castillo tiene un rechazo del 74% y una aprobación del 20%, mientras en el caso del Congreso controlado por la derecha el rechazo ciudadano se eleva a 79% y su aceptación baja a 14%. En este escenario, se escucha con cada vez más insistencia el "que se vayan todos". Y eso pasa por un adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Hay una pregunta que domina el debate político y las charlas en las calles al cumplirse el primer año del Gobierno de Castillo: ¿Podrá el presidente terminar el mandato de cinco años para el que fue elegido? La insistencia en este interrogante es un reflejo de la debilidad de un Gobierno que camina en la cornisa, amenazado por sus opositores que lo quieren hacer caer y por sus propias carencias y problemas internos. Las apuestas de si Castillo termina o no su Gobierno no favorecen al presidente.

 

28/07/2022 10:52  

Carlos Noriega

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Martes, 26 Julio 2022 05:15

Espina

'San Jerónimo escribiendo' (1605).

Las espinas no trabajan contra nosotros; las púas, los pinchos, los alambres sí. O por decirlo de otra manera: el capitalismo no es un conjunto de espinas

 

Una historia popular arquetípica es esa del sabio o el santo o el niño o la doncella que liberan a una bestia de la espina que lo atormenta. De todas ellas, la que más me gusta es la de San Jerónimo, según el relato maravilloso de la Leyenda Áurea. Allí se nos cuenta, en efecto, que el traductor de la Vulgata, eremita en el desierto, tropezó en una ocasión con un león que, entre rugidos, se le acercaba para devorarlo. O eso parecía. Porque –nos dice la fabulita– no era hambre sino dolor lo que sentía el animal, afligido por el aguijón de una espina que se le había clavado en la zarpa. Jerónimo se la quitó con delicadeza y el león, agradecido, lo siguió mansamente hasta la pequeña comunidad que regentaba, donde –se entenderá– los otros monjes, al verlo así acompañado, sintieron mucho menos entusiasmo que estupor y espanto. Jerónimo, sin embargo, no solo insistió en incorporar el león a la vida de la comunidad sino que, contra las advertencias escandalizadas de sus compañeros, decidió encomendarle el cuidado de los únicos recursos que poseían: un asno y un cordero. Así que todos los días el león los pastoreaba hasta algún lejano mechón de hierba y todos los días, al caer la tarde, los devolvía indemnes al recinto del monasterio, desmintiendo una y otra vez la desconfianza de los monjes, quienes todas las mañanas aseguraban ceñudos que la bestia, tarde o temprano, cedería a su naturaleza depredadora y devoraría a los dos animales. Pasaron los años sin que nada ocurriera. Hasta que una jornada aciaga el león, ya anciano y con las fuerzas mermadas, relajó la vigilancia y sucumbió al sueño, oportunidad que aprovecharon dos ladrones para robarle el asno y el cordero; de manera que la pobre bestia volvió sola y cabizbaja a casa, donde fue acusado e imprecado y vituperado por los monjes (con esa fruición libidinosa, imaginamos, del que espera lo peor y ve cumplidos sus pronósticos): “¿Ves, Jerónimo? Ya te lo habíamos dicho: un león es siempre un león. No has querido escucharnos y se ha comido a nuestros animales”. La desaparición del león a la mañana siguiente pareció darles la razón. Pero no, amigos lectores, no la tenían; el león no había huido, como pretendían los maledicentes eremitas. Todo lo contrario. Ofendido en su honor, responsable de su destino, fiel a su amigo Jerónimo, recorrió durante meses los parajes más remotos y las aldeas más abstrusas de Siria hasta que encontró a los dos ladrones, rescató el asno y la oveja y los devolvió sanos y salvos a la comunidad monástica. Podemos imaginar la triunfal entrada de la bestia orgullosamente rehabilitada, la sorpresa –y desilusión– de los monjes y la satisfacción de Jerónimo, quien decidió entonces jubilar al provecto animal y darle cobijo en su mesa de trabajo. Allí sigue eternamente a los pies del santo mientras éste, con una calavera de pisapapeles, redacta con alta pluma la traducción al latín de la Biblia, tal y como lo representa la iconografía cristiana.

Recuerdo que, cuando leí por primera vez Las elegías del Duino a los dieciséis años, me impresionó mucho leer en el prólogo que Rilke, enfermo de leucemia, había muerto mientras cogía una rosa, pinchado por una de sus espinas. Naturalmente el poeta no murió enseguida sino tras semanas de una lenta infección agravada por sus bajas defensas, pero en mi cabeza quedó siempre esta imagen de una rosa blanca que, por sumisión lingüística, producía una irrestañable hemorragia de sangre también blanca, como si la flor le hubiese producido, o al menos descubierto, la enfermedad griega y mortal que padecía. La rosa de Rilke era, sin embargo, roja, y no lo digo porque sepa del amor de Rilke por esa variedad de rosas sino porque, si a uno le mata una rosa, le tiene que matar una verdadera rosa. Nuestro gran humanista Andrés de Laguna, en su comentario de 1555 al Dioscórides, dice que la naturaleza de la rosa reside en su “asperidad” y “espinidad”, de manera que la roja, la más erizada de espinas, es la rosa por excelencia o la rosa esencial. Es difícil no ver en este razonamiento, por lo demás muy aristotélico, una tentación de simpatía cromática. Me explico. Cuando se dice que “no hay rosas sin espinas” se entiende que, igualmente al revés, tampoco hay espinas sin rosa, pues la espina que penetra en el dedo produce –salvo en el caso de Rilke y su leucemia– una herida roja. Las rosas rojas hacen florecer rosas rojas en los dedos desprevenidos. O en la cabeza de Cristo, adornada por sus verdugos con una floración de heridas. La espina es, digamos, la pasarela física y simbólica entre dos rosas rojas, una en el arbusto y otra en el cuerpo; una en el rosal y otra en la sangre. Si la espina es la verdad de la rosa, la herida es la confesión de la espina. Por eso, más allá de su asonancia vocálica, en el famoso poema de Miguel Hernández podríamos sustituir un término por otro sin alterar su sustancia: “Llegó con tres heridas/ la del amor/ la de la muerte/ la de la vida”. Heridas o espinas, las rosas de dentro esperan el menor pinchazo para salir al exterior y exponer su dolor escondido. La belleza de las rosas rojas –gran tópico poético inevitable– tiene que ver con la alegría máxima del ojo, sí, pero también, a través de la espina, con esta extraversión –de dentro a fuera– de la íntima vivencia de la humanidad desvalida. El león de Jerónimo, al que volveremos enseguida, no se pinchó con una rosa roja sino –más probablemente– con un espino albar, pero rosa roja era lo que le ofreció al santo en su zarpa y lo que los unió a los dos para siempre. Una rosa es una espina es una herida es una rosa.

Una espina es una cosa muy seria. En 1934 la gran filósofa, mística y activista francesa Simone Weil dejó la carrera docente para enrolarse como obrera en una fábrica de la casa Renault. Lo hizo, según confiesa en su diario, para sentir clavada en su carne “la espina de la realidad”. Al calificar de “espina” la realidad –asociada en este caso al trabajo penoso y la explotación fabril–, Weil parece sucumbir a la idea muy judeocristiana del sufrimiento como medida de toda verdad, pero la noción de espina, y ella lo sabe, implica menos el concepto de dolor que el de intimidad: la realidad se interioriza en el cuerpo en la forma de una experiencia que, generalizada entre los cuerpos, nadie puede tener en mi lugar. El poder metafórico de la rosa no procede de su color ni de su caducidad maravillosa sino del hecho de que tiene espinas. Pero es que el poder metafórico de la espina, por su parte, procede del hecho de que, una vez se nos clava en la carne, se nos queda dentro. Se dirá que también la astilla se queda dentro, pero la astilla no tiene ninguna relación con una flor y, en consecuencia, no significa nada más allá de sí misma. Lo mismo pasa con otros sinónimos o ideas aledañas. Pensemos, por ejemplo, en el cardo, gótico y azul, que está armado, sin embargo, de “pinchos”; o en el erizo, al que tampoco se atribuyen “espinas” sino “púas”. La rosa es natural porque tiene espinas; al imaginar pinchos y púas en los cardos y los erizos los sacamos de la naturaleza para incorporarlos al mundo artefacto de la agresión humana, poblado de filos, ganchos y aceros. Pinchos y púas, digamos, tienen los dos un origen voluntarioso y artificial. El pincho, del latín punctio, es pariente de la “punta” y el “punzón”, que se utilizan conscientemente para agujerear una superficie. En cuanto a “púa”, palabra labial y liviana como un beso, es un apócope del cuchillo latino llamado pugia, de donde se deriva también nuestra “puya”, esa vara acerada con que ganaderos y picadores castigan a las reses, y quizás también la palabra “pulla”, la expresión afilada que dirigimos, fulminantes y picajosos, a quien queremos castigar verbalmente. Toda la diferencia entre “espinas”, “pinchos” y “púas” se pone de manifiesto, por lo demás, cuando intentamos hacer hablar a Weil de “la púa o el pincho de la realidad” o sustituimos en el poema de Miguel Hernandez “las tres heridas” –las tres espinas– por “los tres pinchos” o “las tres púas”. No funciona y no funciona porque los pinchos y las púas, que también hieren, en ningún caso forman parte de nosotros mismos. Solo la espina, inseparable de la rosa, retiene la ambigüedad de la belleza y del dolor humanos: es anfibia, por así decirlo, entre el alma y el cuerpo, entre el mundo y la carne. Por eso Machado podía escribir en unos famosos versos: “En el corazón tenía/ la espina de una pasión/ logré arrancármela un día:/ ya no siento el corazón”. A veces es difícil distinguir entre la espina y la vida. No es una casualidad quizás que el esqueleto de los peces se llame también “espina” y el de los humanos “espina dorsal”: una espina, al contrario que un cuchillo, es algo que se queda o se lleva dentro.

Por eso también, mientras nos arriesgamos con las espinas, huimos de los pinchos y las púas, a las que imita el mal humano cuando quiere herir al prójimo. Es repugnante la idea de un “alambre de púas” y más vergonzoso aún el símil de un “alambre de espino”, porque usurpa para el racismo y el egoísmo armado la belleza natural de ese bellísimo espino albar que se clava en la zarpa del león de Jerónimo o en el que se convierte el enamorado conde Olinos tras ser asesinado por la reina celosa. Las espinas no trabajan contra nosotros; las púas, los pinchos, los alambres sí. O por decirlo de otra manera: el capitalismo no es un conjunto de espinas sino un sistema de alambres, pinchos y púas. Acabo de pasar unos días ingresado en un hospital de Madrid, gigantesca nave náufraga en la que la mitad “sistema” es frenada sin parar por la voluntad heroica de miles de Jerónimos que siguen quitando espinas, una por una, noche y día, a gente que da las gracias y llora.

Contra ese sistema tenemos que luchar todos juntos. Las espinas nos las tenemos que quitar –cuerpo a cuerpo– los unos a los otros. Hay dos cosas que me gustan de la historia de Jerónimo y el león. La primera tiene que ver con el reconocimiento ingenuo de la potencia de la gratitud. Los veganos encontrarán ahí la prueba de que incluso una bestia depredadora puede renunciar a los imperativos de su naturaleza y convertirse en un compañero herbívoro. No me gusta esa politeja. Prefiero pensar en la seriedad de la espina, en la zarpa convertida en rosa roja y en ese vínculo de fidelidad entre cuidadores. El agradecimiento no convierte al león en vegetariano; lo convierte en pastor vigilante y cuidadoso. No ha cambiado su naturaleza sino su relación con el mundo.

La otra lección que me gusta de esta historia está relacionada con las espinas que llevamos dentro y con las espinas que nos quitan nuestros amigos. Contra el sistema y a medida que vivimos, vamos acumulando espinas que ningún Jerónimo viene a quitarnos. Pero intuimos, a través de esta leyenda blanca, que las cosas podrían ser de otro modo; es decir, que un león es en realidad un pastor al que se le ha clavado una espina; que algunas de las bestias que conocemos no son sino seres humanos con una espina dentro; que bastaría un poco de cuidado –personal e institucionalizado– para aliviar o eliminar una parte de los males de este mundo. Jerónimo libera la zarpa del león y el león –al contrario de lo que podría pensarse– no se hace ni vegano ni manso: recupera su verdadera naturaleza. El sistema y sus alambres –digamos– nos impiden quitarnos mutuamente las espinas.

Una rosa es una espina es una herida es una rosa. Hemos visto que llevamos dentro al menos cuatro: el amor, la vida, la muerte, la realidad. En este intercambio feroz de rosas rojas nos estamos todo el tiempo clavando y quitando espinas. Que nos deje el sistema de una vez lamernos las heridas.

Así que quítame, mi amor, todas las espinas que puedas, por favor. Salvo ésa que me encadena dolorosamente a tu alivio.

24/07/2022

Por Santiago Alba Rico. filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos dos libros son "Ser o no ser (un cuerpo)" y "España".

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¿Una nueva política frente a los cultivos de uso ilícito? ¿Regular es la salida ante la urgencia de un problema difícil?

Apuntes sobre el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el tema narcotráfico.

 

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) sobre el tema de narcotráfico ha concluido en una propuesta general de “implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga”. Recomienda que se debe superar su tratamiento como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Señala que el narcotráfico es un factor fundamental de la persistencia del conflicto armado porque mientras siga siendo ilegal proveerá los recursos suficientes para seguir haciendo la guerra, corromper las instituciones encargadas de combatirlo y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses. De lo contrario, si no se cambia el paradigma y se afronta el problema de manera integral con un enfoque de regulación, seremos testigos de un reciclaje permanente de los conflictos armados.[1]

A lo largo del texto se teje una narrativa en la cual se considera el narcotráfico como un fenómeno que involucra a paramilitares y guerrillas, ejército y policía, políticos de los niveles locales, regionales y del ámbito nacional que culminó en una instrumentalización de la guerra contra las drogas para dirigirla a golpear los niveles más vulnerables de la cadena de drogas, principalmente los productores, quienes han sido criminalizados y tratados como parte del enemigo interno al ser señalados de tener un relacionamiento con las guerrillas. No obstante, se diferencia que mientras el involucramiento del narcotráfico con los paramilitares es orgánico, con las guerrillas esa relación buscaba recursos para la guerra.

Adicionalmente el fenómeno narcotizó las relaciones con Estados Unidos y contribuyó a que la ayuda militar en nombre de la guerra contra las drogas se articulase a un contexto contrainsurgente y se afianzaran acciones dirigidas contra los productores de materia prima para procesar psicoactivos.

Hoy en día “las disputas por el control de las economías regionales de la cocaína es uno de los factores de persistencia del conflicto armado interno. Al ser un mercado ilegalizado, los actores armados y los entramados que han entrado en la pugna por controlarlo han sido tanto ilegales (insurgencias, paramilitares y narcotraficantes) como agentes de la fuerza pública involucrados en el negocio. Las propias leyes de prohibición aumentan el beneficio de la elaboración y el tráfico en cada eslabón de la cadena.”[2] Todo ello se dirige a afianzar la propuesta de regulación como única salida a la persistencia del conflicto.

Más allá de los notorios problemas metodológicos y algunos sesgos del informe sobre narcotráfico y que redundan una muy mediana elaboración máxime si se tiene en cuenta el tiempo para su preparación, su financiación y el contexto político que abrió la CEV para el acceso a información difícil de obtener, la conclusión principal y que se presenta como novedad llega con dos años de retraso: ya en Colombia existe una iniciativa de ley de regulación de la coca y sus derivados presentada el 25 de agosto de 2020 y con unas consideraciones de sustentación difícilmente rebatibles.

Para no detenernos en las deficiencias metodológicas sólo señalemos brevemente algunas debilidades del informe: el narcotráfico es un fenómeno que en Colombia adquiere características particulares a nivel regional con protagonistas diferenciados, modelos de economía de la coca diversos, instauración de mecanismos de protección asociados a esa geografía, impactos diferenciados en lo socio económico y cultural, entre otros. El informe de la CEV desconoció o no supo aprovechar esa rica diversidad geográfica y su traducción en procesos geopolíticos importantes en el marco de la confrontación interna y el fenómeno ilegal. Las escasas referencias geográficas no se trabajaron ordenadamente ni se dio cuenta, en ese contexto, de una secuencia histórica del fenómeno enmarcado en el trascedente y esclarecedor proceso geopolítico interno que contribuye a precisar mucho más las interrelaciones complejas entre narcotráfico y conflicto armado y las dinámicas de sus protagonistas en armas.

Incluso en el interior de un mismo departamento es errático darle un tratamiento homogéneo a la economía ilegal de la coca como en el caso del Guaviare, en donde encontramos la especificidad histórica del municipio de Miraflores frente al resto de municipios.

Otro ejemplo es el uso de la anacrónica relación mecánica entre zonas cocaleras y violencia donde se cruzan estadísticas de áreas y de violencia tratando los municipios cocaleros como si allí sólo existiese la coca, desconociendo complejos procesos de presencia en muchos de ellos de minería, contrabando, dinámicas de control territorial armado, entre otras, las cuales son fuentes claras de violencia.

El informe es notoriamente superficial en el tratamiento del tema de consumo de psicoativos y la conflictividad interna; la mirada sobre los escenarios urbanos, narcotráfico e impactos serios de violencia; sin mencionar la falta de precisiones rigurosas - así hubiesen sido sintéticas - sobre Plan Colombia y el tema de las fumigaciones. Sorprende así mismo el desconocimiento de la gravísima situación de la erradicación manual forzosa y sus impactantes efectos en vidas y seguridad personal de los implicados en esa actividad, así como de los productores lesionados y muertos donde escasamente se da una referencia sin conexiones rigurosas.

De otro lado, uno de los sesgos más notorios del informe se encuentra en el escaso tratamiento del vínculo de las FARC y el narcotráfico, donde la única conclusión posible es que la CEV queda con una significativa deuda con la sociedad colombiana sobre esta temática.

A pesar de que en el informe pesa bastante el testimonio de víctimas aunado a algunas referencias documentales, se puede concluir que el manejo metodológico testimonial es extremadamente exigente y difícil porque fácilmente se puede caer en una sumatoria de anécdotas sin fuertes conexiones o explicaciones que estaría a cargo de sus autores. En ese sentido, este capítulo no logró un manejo riguroso de la fuente testimonial como soporte de explicaciones de fondo y conclusiones complejas a un problema que demanda un tratamiento que desvele las múltiples interrelaciones que le caracterizan.

La conclusión sobre regulación se sustenta en afirmaciones reiteradas del tipo: “Si Colombia no encuentra, como sociedad, una solución de fondo y negociada nacional e internacionalmente al problema del narcotráfico, el conflicto armado continuará” o “El narcotráfico provee recursos para seguir haciendo la guerra, por lo que, si no se integran salidas efectivas a este problema en el proceso de construcción de paz, los conflictos armados que persisten serán probablemente insolubles”.[3] Sin negar la importancia de una iniciativa como la regulación de la coca y sus derivados y a cuyos desafíos dedicaremos lo que sigue del presente texto, es indudable que en ese tipo de afirmaciones del informe de la CEV, se infiere entonces que el narcotráfico es el núcleo de los intereses de la guerra y por tanto la salida es la regulación.

Fácilmente desde el ELN o del Frente 33 de las FARC en el Catatumbo – por solo referirnos a un par de actores armados - puede uno escuchar una respuesta contundente que destruye ese tipo de afirmaciones de la CEV: “Uds. podrán regular efectivamente el narcotráfico, pero el conflicto continuará mientras no se resuelvan los factores que o desataron y lo mantienen vivo y nosotros seguiremos financiándonos con el petróleo y en perspectiva, el carbón”.[4]

Para culminar este aparte, la CEV debió conocer y entender que su principal conclusión sobre narcotráfico no sólo se ha venido discutiendo y analizando desde hace años en Colombia, sino que ya hay en el congreso una iniciativa para avanzar en esa dirección y su principal aporte, en tres años y medio de trabajo, debió ser contribuir a responder la gran pregunta: ¿Cómo llevar a cabo una regulación de la coca y sus derivados en Colombia?

Adentrémonos en esa pregunta y algunos problemas que muestran la tremenda dificultad de hacerla una realidad.

 

Un intento loable de regulación: Algunos problemas del Proyecto de Ley “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones.” [5]

 

En el marco de la iniciativa de regulación de la coca y sus derivados, existe una disociación total entre la naturaleza dominante de la producción y distribución hacia el mercado internacional y el conjunto de iniciativas referidas a la cocaína que apuntan al mercado interno colombiano. Es decir, Colombia no puede controlar el volumen de psicoactivo que se orienta hacia la demanda por su naturaleza internacional y en consecuencia todo el andamiaje que se estructura, comenzando por una hipotética compra de la hoja de coca para producir cocaína y distribuirla, es frágil y no pasa de ser un acto simbólico sin mayores repercusiones en el corazón del problema.

En contra de lo que se piensa, el modelo previsto puede disparar aún más las siembras de hoja de coca y el mismo modelo de distribución interno de cocaína se puede convertir en otra fuente de desvíos hacia el mercado más poderoso y atractivo que sigue siendo el comercio internacional.

En general el proyecto carece de evidencia y de tratamiento riguroso en los apartados relacionados con el tamaño de la demanda interna de derivados psicoactivos de la hoja de coca. No se sabe cuánta área se requiere para satisfacer la demanda interna y no se conoce la magnitud del consumo (número de gramos por persona, frecuencia de uso, etc.). Es decir, el proyecto se elabora sobre supuestos sin fundamentación rigurosa estadística salvo algunas referencias a la macroeconomía del negocio, soslayando con ello un análisis riguroso sobre el tema de salud pública que en este caso es el fundamento de la iniciativa de regulación. La visión económica (oferta demanda principalmente) sustituye el rigor de una mirada de los problemas internos relacionados con impactos en la salud de los usuarios.

El proyecto no distingue tampoco entre usuario y uso problemático. La exigencia de registro del usuario equivale a darle un tratamiento de enfermo o eventual enfermo que debe pasar por la supervisión del médico.

La apertura alegre de distribución con una institucionalidad política totalmente permeable a la corrupción como alcaldías, gobernaciones, secretarías de salud configura una debilidad grande del proyecto. No se parte tampoco de un diagnóstico serio sobre los temas de institucionalidad en materia de salud y en general del manejo de un problema de gran complejidad.

No hay una precisión territorial, ni geográfica sobre las zonas susceptibles de compra de la hoja de coca a lo cual se anteponen unas consideraciones socio económicas y políticas con lo cual se abre un escenario caótico en términos del manejo de las zonas productoras para ese fin.

Es sorprendente en la iniciativa que se pase de largo sobre el tema del bazuco. Surgen muchas preguntas: Siendo este uno de los principales problemas de salud pública en Colombia y siendo por excelencia uno de los principales derivados de la hoja de coca para uso psicoactivo ¿Cómo es posible que se guarde silencio frente a este fenómeno? Ese mutismo le resta seriedad y solvencia para tratar los problemas derivados de la prohibición en la iniciativa de ley.

La falta de una respuesta con evidencia frente a la adicción del bazuco fue justamente la principal limitante del modelo de los CAMAD implementado en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. No hubo experiencias concretas de manejo de adictos al bazuco más allá de atender problemas de salud asociados al consumo. Loable pero limitado.

En consecuencia, si se observan los objetivos principales de la regulación del mercado de cocaína en el país y su consistencia surgen muchos interrogantes e inquietudes. Veamos:

Objetivo

  • Recuperar la vigencia de la Constitución y la Ley en los territorios cocaleros para que el Estado tenga la presencia y ejerza la autoridad que le corresponde en el marco de la democracia y las comunidades y los pobladores estén rodeados de garantías para la convivencia, así como de oportunidades para el progreso y el bienestar en condiciones dignas.

Comentario: Las medidas previstas no garantizan ese propósito. La brecha entre zonas susceptibles de compra (que no están determinadas ni hay metodología o criterios para establecerlas desde el punto de vista geográfico) y las que satisfacen la producción para la demanda internacional son grandes.

  • Así mismo, poner bajo control del Estado el monopolio de las armas, someter los grupos armados al margen de la ley y reprimir las conductas delictivas en dichos territorios.

El argumento es muy débil. Para hacer eso no se necesita regular las drogas. En otras palabras, esa acción del Estado no tiene que pasar por la legalización de los psicoactivos prohibidos. Si se refiere a que los grupos armados viven del narcotráfico y se cree que este va a ser controlado por el Estado, es bueno recordar que esos grupos tienen un portafolio de economías ilegales amplio y poderoso. Entonces resulta ingenua la pretensión de los legisladores.

  • Reconocer los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre la hoja de coca y salvaguardar los usos tradicionales y ancestrales de las comunidades.

Ya está en las convenciones internacionales, en la legislación colombiana y en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Otra cosa es la falta de desarrollos de los mismos por múltiples problemas diferentes a la falta de regulación.

  • Evitar que los cultivos de coca se extiendan y continúen causando destrozos sociales y ambientales.

Con las medidas que se anuncian eso no se logra. La producción colombiana es fundamentalmente para un mercado internacional. Es probable que con la propuesta de compra de cosecha dinamicen aún más los cultivos porque se seguirá necesitando materia prima para atender esa demanda.

  • Regular el proceso de producción y la calidad de la cocaína con el fin de reducir los riesgos ambientales, laborales y sanitarios.

Igual al anterior. La propuesta no garantiza que sea el Estado el que controle la transformación de la PBC. La infraestructura de procesamiento de la hoja de coca seguirá funcionando para atender la creciente y sostenida demanda internacional.

  • Reducir los gastos fiscales en la lucha contra el cultivo y la comercialización de la coca y la cocaína y recaudar recursos adicionales para la acción del Estado.

Esa lucha va a continuar porque la propuesta no garantiza el monopolio por parte del Estado.

  • Reducir los riesgos de corrupción de las instituciones por cuenta del narcotráfico.

Igual al anterior. El Estado seguirá siendo un elemento fundamental del dispositivo para garantizar la continuidad del negocio ilegal a través de la venta de protección. Como se señaló, la improvisada propuesta de la responsabilidad de distribución a instancias territoriales del orden local, departamental amplía la posibilidad de desvíos de cocaína para los mercados internacionales.

  • Disminuir la carga social de los delitos relacionados con el narcotráfico.

Igual al anterior. Los delitos asociados al narcotráfico se mantienen o acentúan porque la producción para atender la demanda internacional seguirá creciendo.

  • Poner en marcha una política solvente de salud pública encaminada a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y mitigar los daños asociados a dicho consumo.

Para eso no se necesita la legalización, sino que es una condición previa que se debe propiciar en el corto plazo para que la regulación sea seria y consistente.

El proyecto idealiza una situación que es difícil de materializar, porque el logro de la regulación nacional no garantiza que se detenga la producción, transformación de sustancias psicoactivas, sino que el motor es una demanda internacional para la cual el proyecto de ley no dice mayor cosa salvo una lánguida e hipotética demanda de cocaína legal establecida en estos momentos por una ciudad de Canadá.

Los legisladores desconocen que un proyecto de este tipo demanda una fase compleja de preparación con equipos muy especializados y en alianza con los desarrollos que centros de investigación inter y multidisciplinarios llevan a cabo principalmente en el escenario internacional. El afán por obtener un efecto de corto plazo les lleva a improvisar la mayor parte de los contenidos del proyecto, repitiendo la situación donde se reconoce que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

¿Qué se pueda hacer hoy?

  1. Desarrollar proyectos pilotos sobre tratamiento del bazuco (modelos de atención, experimentación con cannabis u otras sustancias, continuar experiencias de los CAMAD), incluyendo intercambio de saber y experiencia con otros países como Brasil que tiene procesos adelantados alrededor del uso fumable de derivados de la coca (pitillo, bazuco, etc.). Desde allí poder responder a la pregunta: ¿Qué es una apuesta de reducción de daños completa e integral para el bazuco?
  2. Apoyar, financiar y desarrollar los procesos de investigación sobre usos legales de la hoja de coca y marihuana.
  3. Comprometiendo a la academia nacional y a través de redes de conocimiento internacional, financiar y desarrollar procesos de investigación inter y multidisciplinarios alrededor de la cocaína (conocimiento detallado desde las perspectivas de salud pública, criminalidad, incidencia cultural, impactos socio económicos, etc.,) de modo que se lidere una dinámica internacional desde Colombia hacia la creación de una masa crítica para proyectar un proceso mundial de cambio de percepción e iniciativas de regulación.
  4. Adelantar diagnósticos sólidos sobre administración pública principalmente del sector salud y propuestas para un tratamiento adecuado de la reducción de daños de la cocaína y el bazuco, de modo que se pueda blindar de eventuales desviaciones hacia mercados ilegales.
  5. Incorporar la masa crítica que se obtenga sobre coca y sus derivados en diálogos internacionales sobre política de drogas hacia la generación de espacios multilaterales amigos de un cambio de política.
  6. Desarrollar una detallada investigación sobre el Estado como vendedor de mercancías políticas y en consecuencia prestador de protección a las redes de cocaína y desmontar las complejas estructuras que manejan rutas desde aeropuertos, puertos y zonas de frontera. El propósito incluye desvelar a fondo casos que comprometen diplomáticos o entidades como la misma Migración Colombia.
  7. Intervenir seriamente las estructuras de lavado de dineros, mecanismos, involucramiento de estructuras estatales, zonas francas, inversiones encubiertas, sacada de recursos hacia paraísos fiscales de modo que Colombia no siga siendo un espacio óptimo en el retorno de dineros originados en el narcotráfico.
  8. Desarrollar procesos piloto de reducción de daños (convivencia con cultivos de uso ilícito y gradualidad en la desaparición de los mismos a través de acuerdos con control social) en zonas de producción iniciando en territorios indígenas y territorios colectivos.
  9. Entender que la regulación no es un decreto o una ley. Es un proceso complejo largo, dispendioso, de mucho conocimiento riguroso con el comprometimiento del sector salud e incluidas sus experiencias de manejo hasta hoy. Es una dinámica que debe ir de la mano de una incidencia internacional “sin prisa pero sin pausa”, para un cambio de percepción y creación de condiciones diplomáticas que faciliten el cambio de paradigma.

 

Por, Ricardo Vargas M.

 

[1] Véase Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y lo no Repetición, “Hay futuro si hay verdad”, Informe Final, Pág.387.

[2] Véase pág.425.

[3] CEV Ibidem pág.457.

[4] Siguiendo el particular razonamiento de la CEV, entonces ¿hay que acabar con el petróleo y el carbón para terminar el conflicto armado?

[5] Versión radicada el 25 de agosto de 2020.

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