La crisis de valores de la psiquiatría mundial: Entrevista a Dainius Pūras

[El doctor Dainius Pūras, psiquiatra lituano y defensor de los derechos humanos, fue relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud de 2014 a 2020. En esta entrevista de “Conversaciones en psiquiatría crítica”, en Psychiatric Times, plantea la necesidad de un cambio en el statu quo de la atención a la salud mental. Como defensor de los derechos humanos, el doctor Pūras lleva más de 30 años haciendo campaña para reformar las políticas y los servicios de salud pública para las personas con enfermedades mentales, discapacidades y otros grupos vulnerables. Antes de ser relator especial de la ONU, fue miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2007 a 2011. Ha actuado como experto independiente y consultor de numerosos gobiernos, ONG y organismos de la ONU en relación con la promoción de los derechos humanos en los servicios de salud mental y física. Sus informes a la ONU como relator especial han criticado la excesiva dependencia sistémica de los enfoques biomédicos y las prácticas coercitivas en la psiquiatría en todo el mundo, abogando por un énfasis muy necesario en los enfoques basados en la salud pública y los derechos humanos.]

Awais Aftab: Háblenos un poco de la función del relator especial de la ONU y de lo que esperaba conseguir cuando aceptó este papel. Para los psiquiatras que puedan no estar familiarizados con sus informes de la ONU, ¿puede resumir cuál fue su principal mensaje para la comunidad psiquiátrica?

Dainius Pūras: La ONU tiene un mecanismo único de procedimientos especiales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra relatores especiales sobre diferentes cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Son expertos independientes. Trabajan gratuitamente, y la idea principal es que los relatores especiales, aunque tengan el mandato de la ONU, son independientes tanto de la ONU como de los Estados miembros (gobiernos). A través de sus informes y otros métodos de trabajo, los relatores especiales informan a la ONU, a los Estados miembros y a otras partes interesadas sobre las oportunidades, los retos y los obstáculos en el camino hacia la plena realización de los derechos humanos. Los relatores especiales también pueden hacer públicas las violaciones de los derechos humanos en un determinado país o, por ejemplo, los fallos sistémicos en el ámbito de las leyes y las políticas que conducen a violaciones de los derechos humanos.

De 2014 a 2020, tuve un mandato que se considera uno de los más amplios: el derecho a la salud física y mental. La salud mental fue mi prioridad, aunque también trabajé en diferentes temas relacionados con el derecho a la salud en general. En realidad, creo que esta separación de la salud física y mental ha allanado el camino a la discriminación y la estigmatización. Uno de mis objetivos era abordar la disparidad histórica y contribuir a la paridad de la salud mental y la salud física.

Mi principal mensaje a las partes interesadas (en primer lugar, a los Estados miembros) fue que el statu quo en las políticas y servicios de salud mental ya no es aceptable, y que ya es hora de abandonar las leyes y prácticas discriminatorias. En otras palabras, ha llegado el momento de un nuevo cambio de paradigma en este campo.

A.: ¿Cómo ha evolucionado su propio pensamiento en el transcurso de los últimos seis años como relator especial de la ONU? ¿Ha habido algún cambio en su perspectiva?

P.: Han sido años difíciles, inspiradores y gratificantes. El derecho a la salud mental era mi prioridad, y todo el mundo, incluidos los funcionarios de alto nivel de la ONU, apoyaba la idea de que había llegado el momento de sacar la salud mental de la sombra. Recuerdo mi reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en octubre de 2018 en su despacho de Nueva York. Yo era entonces el presidente del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales (unos 80 expertos independientes pertenecen a este mecanismo). Estábamos hablando de la situación mundial en materia de derechos humanos y el secretario general me pidió, entre otras cosas, que hiciera todo lo posible por la salud mental, señalando su apoyo a la causa.

Mi mandato era elevar la salud mental al nivel más alto posible de importancia, y hacer que pasara de los márgenes al centro de las políticas nacionales, regionales y mundiales. Con los esfuerzos concertados de muchos aliados, creo que pudimos tener un impacto global. Al principio, me preocupaba que hacer de la salud mental una prioridad se entendiera como el deseo egocéntrico de un profesional de la salud mental de impulsar su propio campo, e incluso podría haberse visto como un mal uso del mandato. En cambio, en Ginebra, en Nueva York y en muchas capitales se me pidió que siguiera con esta prioridad y que hiciera más. Mi percepción es que la salud mental se está convirtiendo por fin en una de las prioridades mundiales de la ONU, y este éxito es el resultado de los esfuerzos concertados de muchas personas y organizaciones.

Otra parte de mi plan, desde el principio, fue navegar por el amplio espectro de puntos de vista de la salud mental en todo el mundo, incluidos los desacuerdos obvios, y averiguar cómo avanzar. Especialmente si –y cuando– la salud mental recibe más recursos financieros, ¿cuál es la mejor manera de utilizar estos recursos? ¿Debemos apoyar el statu quo o intentar hacer las cosas de forma diferente? Tengo mucha experiencia regional y mi sueño durante muchos años ha sido que la subregión de Europa Central y Oriental, así como muchos países del sur global, se pongan al nivel de la calidad de los servicios de los países occidentales, o lo que ahora se llama el norte global.

Aunque sigo siendo crítico con los efectos de los regímenes totalitarios y autoritarios en la salud mental y en el bienestar de la sociedad, y estoy convencido de que la democracia es una necesidad para promover una buena salud mental, también me he vuelto más crítico con la situación en el norte global, donde el derecho a la salud mental no siempre se cumple. También me he vuelto crítico con los mensajes sobre salud mental global que se formulan y envían a la comunidad mundial desde los centros académicos del norte global. El cambio global hacia la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos está siendo bloqueado principalmente por los centros de poder del norte global.

El cambio global hacia un enfoque basado en los derechos humanos está siendo bloqueado principalmente por los centros de poder del norte global 

Estos centros académicos tienden a apoyar el statu quo e ignoran sus efectos negativos cada vez más evidentes en muchas partes del mundo. Sostienen y apoyan la opinión de que la sombría situación en el campo de la salud mental y los derechos humanos puede mejorarse simplemente apoyando los sistemas y modelos actuales con más recursos. Los mismos mensajes provienen de las asociaciones psiquiátricas mundiales, regionales y nacionales. Estos mensajes se utilizan de forma creativa y se malinterpretan en muchas partes del mundo, pero en general suenan así: sí, hay problemas, pero primero tenemos que abordar la brecha de tratamiento con más recursos financieros para la salud mental. En otras palabras, los enfoques basados en los derechos humanos no se toman en serio, y se permiten excepciones que pasan por encima de los principios básicos de los derechos humanos, incluido el del consentimiento informado. Estas excepciones se convierten en la norma en muchas partes del mundo. De hecho, convierten los servicios de salud mental en entornos en los que se violan los derechos humanos de forma rutinaria. De ahí que el campo de la salud mental mundial siga siendo rehén de un legado de leyes y prácticas discriminatorias. Este triste hecho ha sido reconocido como una preocupación muy seria en tres resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2016, 2017, 2020) sobre salud mental y derechos humanos.

Mis informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (también algunos informes a la Asamblea General de la ONU) han advertido a los Estados miembros de la ONU y a otras partes interesadas de que todo el campo de la salud mental mundial debe liberarse de los obstáculos que refuerzan el círculo vicioso de la discriminación, la estigmatización, la institucionalización, la coerción, la sobremedicalización y el desamparo. El problema no es tanto la carga global de los trastornos mentales (que es otro mensaje que refuerza la excesiva medicalización). Más bien, el problema radica en los obstáculos que impiden la realización de los derechos en materia de salud mental. Estos son los obstáculos más graves que hay que abordar: las asimetrías de poder, el uso excesivo del modelo biomédico y las intervenciones biomédicas, y el uso sesgado del conocimiento y la evidencia. Esto no lo he descubierto yo, ni mucho menos. Me limité a recopilar estas crecientes preocupaciones en mis informes y a informar a las partes interesadas, instándolas a abordar estas situaciones inaceptables y a actuar en consecuencia.

A.: Usted tiene experiencia de haber vivido y trabajado como psiquiatra en la Unión Soviética. ¿Cuáles son sus observaciones sobre cómo las trayectorias de la psiquiatría como profesión médica han sido influidas por el comunismo y el capitalismo en Oriente y Occidente, respectivamente?

P.: Para tratar de resumir una larga historia, en Occidente el colonialismo y el capitalismo condujeron a un aumento de las desigualdades y la pobreza. Esta violación sistémica de los derechos económicos y sociales ha tenido un impacto negativo y generalizado en la salud mental y el bienestar, llevando a la medicalización y criminalización de los problemas sociales. Al otro lado del muro, el socialismo de estilo soviético se convirtió en un sistema totalitario, con intentos de igualar a los individuos por la fuerza a costa de los derechos políticos y civiles, destruyendo cualquier espacio para la sociedad civil y la iniciativa privada. Ese tipo de experimento social tuvo un impacto muy perjudicial en la salud mental del individuo y de la sociedad, con efectos duraderos. Incluso después de las revoluciones pacíficas y la llegada de la democracia a Europa Central y Oriental (ECE), esta región con 400 millones de individuos sigue sufriendo. La región tiene tasas muy elevadas de suicidio y otras formas externas de muertes prematuras, que pueden explicarse como reacciones al estrés social prolongado y como consecuencia de la falta de control de la población sobre su propia vida y salud bajo el régimen totalitario. La atención soviética a la salud mental era extremadamente reduccionista y utilizaba brutalmente la psiquiatría biológica, sin apenas intervenciones psicosociales eficaces.

Pero, ¿qué ocurrió cuando se derrumbó el muro y se abrieron finalmente las fronteras? Aunque muchos de nosotros en el Este esperábamos que el desarrollo de la salud pública y las intervenciones psicosociales contaran ahora con el apoyo de los socios occidentales, las cosas se desarrollaron de manera muy diferente. Muchos consultores, entre ellos famosos psiquiatras occidentales, vinieron e informaron a los políticos y psiquiatras de esta región, a menudo con el apoyo de la industria farmacéutica, de que la única forma eficaz de hacer frente a las epidemias de suicidio y otros problemas relacionados con la salud mental era invertir en medicamentos psicotrópicos. Esto coincidió con un cambio de paradigma en la psiquiatría occidental, el paso del psicoanálisis a la era del Prozac. Lamentablemente, esto dio lugar a una segunda ola masiva de medicalización de la atención a la salud mental en la región de Europa Central y del Este.

Incluso después de 30 años, los efectos de este error sistémico están presentes. Los sistemas de salud mental de esta región siguen sufriendo la institucionalización, la exclusión social y la sobremedicalización. Las reformas suelen estar bloqueadas por la idea predominante de que la atención a la salud mental consiste en arreglar las enfermedades mentales con intervenciones biomédicas. Esto es lo que ocurre cuando intentamos utilizar la química del cerebro para gestionar sociedades que atraviesan transiciones difíciles y complicadas.

Lituania, el país en el que vivo y trabajo, no es el único. En la región de la UE, muchos países tienen legados y escenarios similares. Lamentablemente, en muchos casos la psiquiatría académica se ha vuelto demasiado dependiente del statu quo y es reacia a transformar los servicios de salud mental. Las organizaciones de la sociedad civil han sido los verdaderos líderes.

Desde 2018 trabajo como director del Instituto de Vigilancia de los Derechos Humanos (HRMI), una de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos de Lituania, que exige a las autoridades que respeten, protejan y cumplan sus obligaciones en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Las regiones de Europa Central y Oriental y Asia Central tienen una historia única y la realización de los derechos de salud mental aquí forma parte de la transición más amplia a la democracia. El legado del autoritarismo persiste en nuestras instituciones democráticas y es quizás más visible en nuestros sistemas de salud mental, que se basan en la exclusión y la institucionalización, siendo la biomedicalización reduccionista una solución común, pero ineficaz. En mi anterior función como relator especial de la ONU y en mi actual trabajo con la HRMI, me complace fortalecer la red de expertos y organizaciones que están dispuestos a abandonar el legado de la discriminación y avanzar hacia la plena aceptación de la atención a la salud mental como un derecho humano.

A.: Su informe de 2017 para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU[1] provocó un debate bastante animado en revistas académicas como el Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, donde se le acusó de tener un sesgo antipsiquiátrico[2]. Defendiendo esta caracterización, uno de los comentarios de Dharmawardene y Menkes fue el siguiente: “La medicina científica progresa en el contexto de un debate sólido, y las críticas legítimas a la psiquiatría son bienvenidas; la ciencia se basa en la evidencia y en la evolución de su utilidad... Por el contrario, la antipsiquiatría desacredita el papel de la biomedicina en la salud mental como una cuestión de principios y, al hacerlo, privilegia la política basada en valores sobre la evidencia científica”[3].

No creo que tenga mucho valor debatir las acusaciones de antipsiquiatría. Me temo que algunos de nuestros colegas tienen el gatillo fácil cuando se trata de hacer tales acusaciones. Sin embargo, ¿qué opina de la relación entre la política basada en valores y la evidencia científica? ¿Cree que una tiene un papel más privilegiado que la otra?

P.: El rasgo más preocupante de la psiquiatría es que su liderazgo, bajo la influencia de los partidarios de la línea dura, tiende a etiquetar como antipsiquiatras a los expertos que denuncian y abordan críticamente el statu quo. Por muchos capítulos dolorosos de la historia de la psiquiatría y la medicina, sabemos lo que ocurre con los descubrimientos en biomedicina cuando están desconectados de los valores y socavan los derechos humanos. Pueden llegar a ser peligrosos y dañinos. Y si los psiquiatras influyentes siguen repitiendo que los valores no son una prioridad en la atención de salud mental, no debería sorprendernos que la salud mental global y la psiquiatría global se enfrenten a una crisis que en gran medida es una crisis moral, o una crisis de valores.

Los avances de la medicina, incluida la psiquiatría, se basan en dos conceptos modernos. Estos conceptos son, en mi opinión, lo mejor que ha conseguido la humanidad. El primero es la medicina basada en la evidencia, y se trata de apoyarse en el método científico. Solo para aclarar, esa evidencia proviene de muchas ciencias, incluyendo las ciencias sociales. Muchas de las ciencias sociales nos dicen que el statu quo de la salud mental mundial no se basa necesariamente en la evidencia. Por ejemplo, el uso de medidas involuntarias para tratar cuestiones de peligrosidad y de necesidad médica: la evidencia dice que estas medidas pueden hacer más daño que bien.

El segundo concepto poderoso es el del enfoque basado en los derechos humanos. El enfoque de los derechos humanos protege a la medicina, incluida la psiquiatría, de hacer daño. No debemos olvidar muchos episodios tristes en la historia de la psiquiatría, y a menudo se produjeron porque se socavaron los valores en nombre de evidencias dudosas o arbitrarias. El enfoque de los derechos humanos y el científico se complementan. Pero las evidencias, como sabemos por la historia de la psiquiatría, pueden ser frágiles y tendenciosas, o producidas de forma deshonesta, y cuestionadas posteriormente. Y por eso los derechos humanos sirven como una poderosa barrera de protección.

El futuro moral y científico de la psiquiatría depende de que se tomen los valores tan en serio como las pruebas científicas

No es una coincidencia, creo, que la psiquiatría sea más sensible a los derechos humanos en algunos países que en otros. Pondré el ejemplo de Alemania. El diálogo más maduro que mantuve como relator especial sobre salud mental y derechos humanos fue con los líderes de la psiquiatría alemana. Ellos iniciaron una reunión conmigo durante el Congreso Mundial de Psiquiatría en Berlín, 2018, y luego organizaron una reunión muy importante en Berlín en 2019, invitando a la presidenta de la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA), Silvana Galderisi, PhD, MD, y a mí como ponentes. (Es relevante aquí señalar que la respuesta de la EPA a mi informe de 2017 fue muy crítica). A esta reunión asistió un gran grupo de figuras importantes de la psiquiatría alemana. Fue bueno ver un deseo genuino de avanzar hacia una reducción radical de la coerción y un deseo de comprender la gravedad de las preocupaciones que estaba planteando sobre la violación de los derechos humanos en la psiquiatría en todo el mundo. En muchos otros países, sus líderes evitan las duras discusiones sobre salud mental y derechos humanos. Sospecho que los psiquiatras de Alemania son más conscientes de su historia y de lo que puede ocurrir cuando las pruebas supuestamente científicas se desconectan de los valores.

Para concluir, estoy convencido de que el futuro moral y científico de la psiquiatría depende de que se tomen los valores tan en serio como las pruebas científicas, y este futuro puede ser bastante brillante si se adoptan plenamente los derechos humanos.

A.: Usted considera que la eliminación de todo confinamiento y tratamiento psiquiátrico forzado es el ideal al que deberíamos aspirar. Tengo curiosidad por conocer su opinión sobre el tratamiento y el confinamiento involuntarios de personas con enfermedades neuropsiquiátricas en las que la capacidad de decisión se ha visto afectada; por ejemplo, el delirio y la demencia. Me resulta difícil ver cómo podemos mantener éticamente el objetivo de eliminar el tratamiento coercitivo en su totalidad cuando se trata de estas situaciones, a menos que quizás redefinamos coercitivo e involuntario para excluir las situaciones en las que hay un sustituto que toma decisiones. Pero si reconocemos la incapacidad de decisión como una justificación ética para condiciones como la demencia, entonces, ¿qué es diferente de la incapacidad de decisión como una justificación ética para el tratamiento involuntario en varios trastornos psicóticos?

P.: Esta cuestión forma parte de un difícil debate que debemos mantener como profesión y que contribuye a la situación de impasse. Reconozco los serios argumentos de los profesionales que advierten de la prohibición del tratamiento forzoso. Insisten en mantener el permiso legal para tratar a personas con enfermedades mentales graves de forma involuntaria en circunstancias excepcionales, de manera que se preserve la dignidad y la autonomía. Sin embargo, estas buenas intenciones están fallando.

En mis informes, y en algunas otras publicaciones (como este artículo de 2019 para World Psychiatry[4]), comparto las preocupaciones de expertos en diversos campos, como la filosofía, la neurociencia, la psicología y la economía, que cuestionan cada vez más los fundamentos de las excepciones que legitiman la coacción en la atención a la salud mental. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha elevado este desafío al nivel del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, la CDPD pone en tela de juicio siglos de prejuicios legalmente sancionados. Sin embargo, sigue habiendo excepciones a nivel nacional en la legislación, la política y la práctica. Estas excepciones influyen en la norma, fomentando las asimetrías de poder, el uso excesivo de intervenciones biomédicas y el desempoderamiento de una población ya marginada. De ello se derivan violaciones sistémicas.

Para los psiquiatras y todas las profesiones sanitarias, un giro hacia los derechos humanos requeriría dejar de lado la toma de decisiones sustitutiva y ofrecer apoyo según la voluntad y las preferencias del individuo y, cuando no se conozcan, la mejor interpretación de su voluntad, sus preferencias y sus derechos.

Las prácticas coercitivas están tan extendidas que parecen inevitables, pero sugiero que demos la vuelta a nuestra forma de pensar y actuar. Asumamos que cada caso de uso de medidas no consensuadas es un signo de fracaso sistémico, y que nuestro objetivo común es liberar la atención sanitaria mental global de las prácticas coercitivas. Deberíamos buscar, con esfuerzos concertados, formas creativas de sustituir la toma de decisiones por el apoyo según la voluntad y las preferencias del individuo. Y esto se aplica a todos los individuos con psicosis. Si no avanzamos en esta dirección, los argumentos para la coerción seguirán siendo utilizados, y mal utilizados.

Entiendo que esta sugerencia puede sonar ingenua y poco realista para los psiquiatras pragmáticos. Pero si echamos un vistazo a la historia de la salud mental, ha habido muchos casos de cambios de paradigma. Comprendo que no es un camino fácil, pero tenemos que intentarlo, porque la otra perspectiva –mantener y reforzar el statu quo– ya no es una opción, dados los fracasos del statu quo.

Hay algunas señales prometedoras entre los líderes de la psiquiatría; por ejemplo, la declaración de posición de la Asociación Mundial de Psiquiatría sobre la necesidad de reducir la coerción en la atención de salud mental[5]. Sigo convencido de que la psiquiatría tiene un buen futuro si se une a otros actores importantes en el cambio hacia servicios de salud mental basados en los derechos y orientados a la recuperación.

A.: Usted ha criticado la división arbitraria de la salud física y mental y el consiguiente aislamiento y abandono de la salud mental, algo con lo que estoy muy de acuerdo. ¿Puede explicar con más detalle cómo su enfoque de la salud mental encaja con el rechazo a la división entre salud física y mental? Esto es crucial, porque tal distinción es a menudo mantenida de forma tajante por muchos en la comunidad crítica, que sostienen que la salud y la enfermedad son cuestiones aplicables solo al cuerpo físico y abogan por la completa desmedicalización del malestar, el deterioro y la discapacidad mentales.

Creo que no solo la salud mental, sino también la salud física deben ser razonablemente desmedicalizadas  

P.: Creo que no solo la salud mental, sino también la salud física deben ser razonablemente desmedicalizadas. La excesiva biomedicalización, con algunas tendencias hacia la nueva eugenesia, está amenazando a todo el sector sanitario y a los sistemas de salud. La psiquiatría y la salud mental están en una buena posición para recordar al resto del mundo médico que la medicina es en realidad una ciencia social, un sentimiento expresado relevantemente por el doctor Rudolf Virchow. Muchas personas en todo el mundo sufren la falta de servicios sanitarios esenciales que necesitan desesperadamente, pero la otra cara de la moneda es que muchas intervenciones diagnósticas y terapéuticas son excesivas y derrochadoras. He apoyado y promovido la iniciativa Elegir sabiamente (choosing wisely), una iniciativa de médicos de muchas partes del mundo que educa al público para que no abuse de la medicina y los servicios sanitarios.

Uno de mis informes a la Asamblea General de la ONU (en 2019) trataba sobre la educación médica. Lamentablemente, en muchas facultades de medicina, los futuros médicos se forman con demasiada frecuencia en torres de marfil. Esto no es una buena inversión para el futuro de la salud pública. Los derechos humanos en la atención al paciente, o la importancia de los determinantes sociales de la salud, no se priorizan en la educación médica. Volviendo a la salud mental, durante las últimas décadas el principal mensaje que han recibido los futuros médicos es que las afecciones de salud mental tienen que ver principalmente con anomalías biogenéticas o bioquímicas en el cerebro y que, por tanto, dichas afecciones deben tratarse predominantemente con intervenciones biomédicas. Mi deber era informar a los interesados de que este pensamiento simplificado y reduccionista no funciona.

Me preocupa cuando hablo con jóvenes psiquiatras. El marco de los derechos humanos les es desconocido o es un obstáculo para su sueño de curar los trastornos mentales, o para impedir los descubrimientos de la genética moderna. La psiquiatría académica debería replantearse qué tipo de conocimientos reciben los futuros médicos. Aunque el doctor Arthur Kleinman dio la voz de alarma sobre la necesidad urgente de cambios en la psiquiatría académica hace casi una década, las cosas no han cambiado mucho hasta ahora[6].

A.: Su asombro y admiración por el movimiento de usuarios de servicios es evidente en sus informes. En un punto de su informe de 2017, usted escribe: “Lo más importante ha sido los esfuerzos organizados de la sociedad civil, en particular los movimientos liderados por los usuarios y exusuarios de los servicios de salud mental y las organizaciones de personas con discapacidad, para llamar la atención sobre los fracasos de los servicios tradicionales de salud mental para satisfacer sus necesidades y garantizar sus derechos. Han puesto en tela de juicio las causas de las violaciones de los derechos humanos, han desarrollado tratamientos alternativos y han reconstruido una nueva narrativa para la salud mental”[7]. El auge de los movimientos de personas usuarias de los servicios es uno de los acontecimientos más significativos de las últimas décadas, y probablemente uno de los que más potencial tiene para la reforma a largo plazo. ¿Quiere explicar por qué es así?

P.: Efectivamente, el auge de los movimientos de personas usuarias y exusuarias de los servicios de salud mental es uno de los signos más impresionantes y prometedores de cambio en la salud mental mundial. Yo compararía su activismo con el de los activistas que luchaban y siguen luchando por los derechos de las mujeres o por los derechos de las personas de color. Las personas con discapacidades psicosociales son discriminadas en todo el mundo, y son discriminadas dentro y fuera de los servicios de salud mental. Creo que ha llegado el momento de acabar con esta discriminación y de apoyar a este grupo que ha sido oprimido durante tantos años y de tantas formas brutales. En gran medida, siguen siendo discriminados dentro de los sistemas de salud mental, porque tanto las leyes como las prácticas han creado enormes asimetrías de poder entre proveedores y usuarios de los servicios. Lo que se suele llamar el radicalismo del movimiento es que insisten en acabar con este legado de discriminación. La psiquiatría aún no ha abordado seriamente esta petición. Como ha sucedido en el resto de la medicina, la psiquiatría debería aceptar que ha llegado el momento de la asociación y las relaciones de colaboración entre dos grupos de expertos: los profesionales y los expertos por su experiencia vivida. Esta asociación debería reemplazar la anticuada visión paternalista de que el psiquiatra es el experto que sabe lo que es mejor para el paciente. Pero en muchos países, los grupos de usuarios y exusuarios de los servicios de salud mental o no existen, o son débiles y están controlados por los psiquiatras y las empresas farmacéuticas. Esto significa que el movimiento de usuarios y exusuarios de los servicios de salud mental todavía necesita tiempo para convertirse en un movimiento fuerte e independiente.

Los testimonios más impresionantes y dolorosos fueron los que escuché de mujeres, y a menudo tenían historias muy similares

Una cosa que quiero decir –y esto puede explicar mejor por qué los mensajes que formulé mientras ejercía el mandato de la ONU recibieron el apoyo de muchos usuarios y exusuarios de servicios– es que durante mis viajes conocí a personas que usan o han usado los servicios de salud mental y que compartieron su experiencia personal. Los testimonios más impresionantes y dolorosos fueron los que escuché de mujeres, y a menudo tenían historias muy similares, a pesar de ser de regiones muy diferentes. Por lo general, la historia es que la mujer es llevada por sus familiares a ver a un especialista debido a alguna condición de salud mental, y en algún momento comienza a darse cuenta de que está sola entre extraños y comienza a insistir en volver a casa. Pero entonces le dicen que se ha tomado la decisión de que necesita un tratamiento hospitalario para su problema de salud mental. Y entonces, tras sus desesperados intentos de disentir, la someten a medidas involuntarias. Al ser sometida a medidas de contención, se siente igual que cuando fue violada hace uno, cinco o diez años. Y entonces algunas de estas mujeres me imploraban, por favor, “diga a los psiquiatras y al resto del personal de los centros psiquiátricos que dejen de hacer esto”.

Y así, muy a menudo, durante numerosas reuniones con representantes de la psiquiatría, compartía esta historia. Las reacciones eran diferentes. Algunos se lo tomaban en serio. Pero la reacción de muchos profesionales, incluidos los psiquiatras académicos, fue que no debemos tomar en serio lo que dicen los pacientes psiquiátricos, y que las intenciones de las medidas involuntarias son siempre buenas, por lo que es un error ver paralelismos entre ellas y la violación. Si tal voluntad de descartar los sentimientos y testimonios está extendida, no puedo evitar pensar que la psiquiatría está realmente en una grave crisis.

De todos modos, el problema de la rendición de cuentas en la salud mental y la psiquiatría mundial sigue siendo muy grave. Si existe un acuerdo, incluso a nivel de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de que las violaciones de los derechos humanos siguen siendo generalizadas en los sistemas de salud mental, ¿quién debe rendir cuentas? La rendición de cuentas por los daños graves es importante, pero yo optaría por un cambio estructural. El cambio estructural garantizará que los días de discriminación y de abusos de los derechos humanos han terminado, y que los daños no se repetirán.

A.: Dado que usted es una figura bien considerada en la comunidad de usuarias de servicios, ¿qué consejo les daría respecto a cómo pueden seguir haciendo el buen trabajo que están haciendo sin perder la credibilidad científica?

P.: Las personas usuarias de los servicios que han sufrido coacciones y actitudes irrespetuosas pierden la esperanza, y pierden los nervios, cuando observan que la psiquiatría no está dispuesta a reflexionar seriamente y abordar los fallos del statu quo. Pero algunos representantes de las usuarias y exusuarias de los servicios de salud mental tienden a demonizar a la psiquiatría y a los psiquiatras. No estoy de acuerdo con eso. Si se demoniza al oponente, y si se insiste en llamar a los psiquiatras criminales que deberían ser llevados ante la justicia, entonces se pierde toda oportunidad de entablar un diálogo. No es de extrañar que los líderes de la psiquiatría utilicen a menudo esas declaraciones como excusa para mantenerse en una posición defensiva y no abrirse a una autorreflexión crítica.

A.: Como corolario de mi pregunta anterior, ¿qué consejo daría a los psiquiatras que ven a la comunidad de consumidores/supervivientes/expacientes con recelo y desconfianza? ¿Cómo pueden los psiquiatras desarrollar más relaciones de colaboración con los usuarios de los servicios?

P.: Me gustaría destacar el lado positivo de la situación actual, aunque estoy de acuerdo en que las tensiones existen. Hay muchos psiquiatras en todo el mundo que están trabajando en colaboración y con éxito con las usuarias de los servicios y sus organizaciones. Estas asociaciones pueden ser muy productivas. Mis informes destacan algunos de estos modelos innovadores. Para responder a su pregunta, recomendaría que los psiquiatras estuvieran más abiertos a las iniciativas que se basan en prácticas no coercitivas y que liberan a ambas partes, proveedores y usuarias de servicios, de la trampa de las relaciones paternalistas.

A.: Asyou señaló en su informe de 2017: “En algunos países, el abandono de los manicomios ha creado un camino insidioso hacia la falta de hogar, el hospital y la prisión”. Eso es ciertamente así en EE UU, donde las personas enfermas mentales graves experimentan tasas mucho más altas de falta de vivienda y encarcelamiento. Por el contrario, en muchas otras partes del mundo las condiciones no son mejores, como informa Human Rights Watch. Un número escandalosamente elevado de personas con enfermedades mentales en todo el mundo pasan sus vidas encadenadas como si fueran ganado. Yo mismo, cuando vivía en Pakistán, vi a un individuo con una enfermedad psicótica encadenado a un árbol en un pueblo, sin acceso a la atención médica y con la familia poseyendo una concepción premédica de la locura. Esto me sugiere que centrarse exclusivamente en los diagnósticos y tratamientos biomédicos como el hombre del saco es ingenuo, y subestima gravemente el esfuerzo colectivo que se requiere de la sociedad para garantizar una atención humanista y eficaz a los enfermos mentales. ¿Qué opina de esta dinámica?

P.: Tengo muchas ideas sobre esta dinámica. En primer lugar, es cierto que los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales se violan fuera de los servicios de salud mental. Sufren en las calles, en las cárceles y son discriminados. Es interesante que la psiquiatría mundial, incluida la AMP y las asociaciones psiquiátricas regionales y nacionales, haya hecho mucho en este sentido y debe ser elogiada por plantear estas cuestiones y luchar por los derechos humanos, no solo para las personas con problemas de salud mental, sino también para muchos otros grupos en situaciones vulnerables (por ejemplo, las personas LGBTQ+). Veo aquí una paradoja. La profesión psiquiátrica ha estado muy comprometida y ha tenido éxito en la promoción de los derechos humanos más allá de las paredes del sistema de salud mental, mientras que dentro de los sistemas de salud mental la historia ha sido más complicada, en donde la psiquiatría ha mantenido su propia interpretación de los derechos humanos dentro de los sistemas asistenciales.

Todos debemos ser conscientes de que el virus del nacionalismo populista sigue atacando los principios universales de los derechos humanos, y necesitamos la unidad de muchas fuerzas progresistas de todo el mundo para defender lo mejor que ha conseguido la humanidad: la protección y la promoción de los derechos humanos, que son indivisibles e interdependientes. ¿Cómo podemos esperar que los gobiernos protejan los derechos de las personas con discapacidades psicosociales y otros problemas de salud mental si no se toman en serio los derechos humanos de todas?

A.: En medicina, no hay que hacer ninguna distinción fundamental entre los enfoques biomédicos y los enfoques de salud pública. Felizmente, ambos coexisten. Los expertos en salud pública pueden centrarse en los determinantes sociales de, por ejemplo, la tuberculosis o la disentería, mientras que los médicos pueden tratar a las personas afectadas con intervenciones médicas; el objetivo de los responsables políticos es garantizar que se proporcionen recursos tanto para las medidas de salud pública como para el tratamiento individual (algo que, por desgracia, no suele ocurrir). Sin embargo, cuando se trata de la psiquiatría, el tono del debate parece cambiar drásticamente. En lugar de abogar por enfoques de salud pública y abordar los determinantes sociales de la salud como complemento de la atención individual, vemos que algunos críticos argumentan que el propio modelo médico es el culpable, y que deberíamos abandonar los diagnósticos porque estos sitúan el problema dentro del individuo. ¿A qué cree que se debe esta diferencia?

P.: En mi opinión, la tensión existe también en el resto de la medicina. Pero sí, estoy de acuerdo en que la tensión es mayor en el ámbito de la salud mental. Una posible explicación sería que hay más claridad sobre la eficacia de las intervenciones biomédicas en aquellas áreas de la medicina en las que se han identificado marcadores de patología. En algunas áreas, como la oncología, los logros de la biomedicina han sido notables. Podría haber más coherencia en cuanto a la financiación de los esfuerzos dirigidos a la prevención y el tratamiento del cáncer.

En cambio, si tomamos la mayoría de los problemas de salud mental, hay una grave falta de claridad. Si decimos que la depresión se encuentra entre las afecciones sanitarias más prevalentes y con enormes costes para la sociedad, no está claro cuál es la mejor manera de abordar esta cuestión. ¿Con un enfoque de salud pública o dirigiéndose al cerebro de los individuos? De acuerdo, podemos intentar encontrar una solución diciendo que es necesario un amplio espectro de diferentes intervenciones basadas en la población y orientadas a los individuos, pero esto no minimiza las tensiones subyacentes. En este momento, por ejemplo, no hay acuerdo entre los expertos sobre si el tipo de intervenciones psiquiátricas que predominan en el norte global para el tratamiento de la depresión (como los antidepresivos y las terapias individuales) son las intervenciones más adecuadas para su aplicación en el sur global. De ahí la tensión.

A.: El discurso en torno a la psiquiatría está muy polarizado, como se puede juzgar por las reacciones a sus informes. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo podemos ayudar a las personas bien intencionadas que se encuentran en lados opuestos a encontrar un terreno común? Debido a la naturaleza polarizada del discurso, tendemos a olvidar que a menudo es más lo que nos une que lo que nos separa. Por ejemplo, podemos estar en desacuerdo sobre si es posible la eliminación completa de la atención involuntaria, pero podemos estar de acuerdo en que debemos tomar medidas para reducir la necesidad de atención involuntaria tanto como podamos, y en lo que debe ocurrir para tomar esas medidas. Del mismo modo, en lugar de insistir en que se abandonen los diagnósticos psiquiátricos, podemos encontrar un terreno común en el reconocimiento de las limitaciones de los diagnósticos psiquiátricos y la necesidad de reestructurar la educación, la investigación y la prestación de servicios para ayudar a abordar esas limitaciones.

P.: ¡Esta pregunta probablemente resume toda nuestra discusión! Sí, la polarización es bastante grave, y sí, nos hace aún más difícil superar los impases y avanzar. Pero esta dinámica también es muy significativa. El proceso tiene mucho sentido. El doctor Stefan Priebe y sus colegas han escrito que “los paradigmas no son verdaderos ni falsos, simplemente son más o menos útiles para generar hipótesis comprobables y fomentar el progreso”[8]. Probablemente, el éxito de un modelo puede predeterminar su fracaso, ya que el modelo se convierte en víctima de su propio éxito. La era psicoanalítica fue sustituida por el paradigma biomédico, y ahora ha llegado el momento de preguntarse qué tipo de paradigma sustituirá el dominio del modelo biomédico.

A.: Gracias.

 

Awais Aftab es psiquiatra. Es miembro del consejo ejecutivo de la Asociación para el Avance de la Filosofía y la Psiquiatría y ha participado activamente en iniciativas para educar a los psiquiatras y aprendices sobre la intersección de la filosofía y la psiquiatría. También es miembro del Consejo Asesor de Psychiatric Times

https://www.psychiatrictimes.com/view/global-psychiatry-crisis-values

Traducción: viento sur

29 abril 2022

 

Notas:

[1] Pūras, Dainius (2017) “Informe del relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Human Rights.

[2] Dharmawardene, Vajira; Menkes, David B. (2019) “Responding to the UN Special Rapporteur’s anti-psychiatry bias”. Aust N Z J Psychiatry, 53(4): 282-283; Cosgrove, Lisa; Jureidini, Jon (2019) “Why a rights-based approach is not anti-psychiatry”. Aust N Z J Psychiatry, 53(6): 503-504; McLaren, Niall (2019) “Criticising psychiatry is not antipsychiatry”. Aust N Z J Psychiatry, 53(7): 602-603.

[3] Menkes, David B.; Dharmawardene, Vajira (2019) “Anti-psychiatry in 2019, and why it matters”. Aust N Z J Psychiatry, 53(9): 921-922.

[4] Pūras, Dainius; Gooding Piers (2019) “Mental health and human rights in the 21st century”. World Psychiatry, 18(1): 42-43.

[5] Rodrigues, María; Herrman, Helen; Galderisi, Silvana; Allan John, et al. (2020) “Implementing alternatives to coercion: a key component of improving mental health care”. World Psychiatric Association. Octubre.

[6] Kleinman, Arthur (2012) “Rebalancing academic psychiatry: why it needs to happen-and soon”. The British Journal of Psychiatry, 201(6): 421-422.

[7] Pūras, Dairius. (2017) “Informe del relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Human Rights.

[8] Priebe, Stefan; Burns, Tom; Craig, Tom K. (2013) “The future of academic psychiatry may be social”. The British Journal of Psychiatry, 202(5): 319-320.

Domingo, 24 Abril 2022 05:55

Salvarse de milagro

Momento de oración en la iglesia evangélica «Jesús es nuestro salvador» en Antananarivo, Madagascar AFP, GIANLUIGI GUERCIA

El pentecostalismo como nueva religión de los pobres del mundo

Con su auge ligado al de la derecha global, millones acuden a sus iglesias en todo el planeta, donde se ofrece no solo orientación espiritual, sino también apoyo material.

El pastor sudafricano Alph Lukau alcanzó la infamia mundial en 2019, con un video viral en el que resucitaba de entre los muertos a un hombre que mostraba claras señales de vitalidad. Ese «milagro» de caricatura fue el clímax de una reñida competencia profética: varios predicadores sudafricanos venían incorporando prácticas cada vez más extremas en sus servicios religiosos, en los que capitalizaban el descontento y la frustración de una nueva generación de fieles.

El «profesor» Lesego Daniel venía afirmando desde hacía varios años que él tenía el don de convertir «la nafta en piña colada», y llegó a alentar a su congregación a beber gasolina como una especie de comunión habitual. Uno de sus protegidos, el pastor Lethebo Rabalago, fue apodado Prophet of Doom (‘profeta del apocalipsis’) por rociar a sus feligreses con insecticida de la marca Doom, para así expulsar los demonios en forma de sida que supuestamente habitaban en los fieles. Mientras tanto, el «profeta» Penuel Mnguni es conocido por caminar por encima de creyentes semidesnudos tendidos en el suelo, a quienes hace comer serpientes vivas mientras los libera del mal.

Es fácil pensar en la secta de Jim Jones y la masacre de Jonestown al leer sobre estos episodios. Pero estos pastores no pertenecen a alguna secta apocalíptica minoritaria. Son solo una expresión excepcionalmente moderna y extrema del cristianismo pentecostal, una fe que, al menos en lo que respecta a conversiones, es la religión mundial de crecimiento más rápido, con más de 600 millones de seguidores en la actualidad.

Lo que Mnguni ha denominado como su «iglesia del horror» podría parecer algo alejadísimo del cristianismo tal como mucha gente lo conoce, pero de eso se trata. Los predicadores jóvenes más salvajes, populares y ricos del sur de África no se caracterizan por hacer las cosas al pie de la letra, ni siquiera de la letra bíblica. Y sus congregaciones los aman por eso. El nuevo pentecostalismo es un gran fuck you a todas las instituciones que les han fallado. Es la nueva fe de los trabajadores pobres del mundo.

SALUD Y DINERO

De unos 2.000 millones de cristianos que habitan la Tierra, más de una cuarta parte son ahora pentecostales, una denominación que en 1980 reunía a solo el 6 por ciento de ellos. Se prevé que para 2050, 1.000 millones de personas, o uno de cada diez humanos, serán parte de esta fe. No está mal para una corriente iniciada en Los Ángeles en 1906 a impulso de un hijo de esclavos libertos, a la que durante mucho tiempo se consideró como la hija bastarda del cristianismo.

El pentecostalismo es una rama del cristianismo evangélico. Sus adherentes primero «nacen de nuevo», aceptan a Jesús como su señor y salvador, y luego son imbuidos por el Espíritu Santo, del que reciben dones que incluyen la capacidad de obrar milagros, profetizar y hablar en lenguas. Muchos pentecostales no adoptan esa etiqueta, pero su práctica carismática o guiada por el Espíritu Santo, aunque varía notablemente en todo el mundo, es inconfundible.

Desde sus inicios, el pentecostalismo ha atraído con fuerza a mujeres, inmigrantes, afroamericanos y pobres. Su surgimiento como la fe predilecta de los trabajadores pauperizados del mundo se debe, en gran parte, a su enfoque doctrinal de «salud y riqueza»: la promesa de experiencia directa e interacción personal con la presencia de Dios y sus milagros, que brinda éxito tanto en cuestión de mente, cuerpo y espíritu como de billetera.

He pasado los últimos dos años viajando por el mundo para comprender el notable auge de este movimiento. En Estados Unidos, se tiende a pensar en los evangélicos como personificados por el clásico votante blanco de Donald Trump, pero lo cierto es que el pentecostal promedio es una mujer joven del África subsahariana o de América Latina. A ella se unen los desertores de Corea del Norte que luchan por sobrevivir en Seúl, los gitanos británicos y europeos que durante mucho tiempo han sido los más marginados de sus sociedades, los pueblos indígenas que cargan con el trauma de las guerras sucias y las dictaduras en América Central. Poblaciones como estas, que vienen convirtiéndose en grandes números desde la década de 1980, nos dicen mucho sobre el mundo moderno.

La nueva ola de predicadores sudafricanos, con sus camisas coloridas y trajes elegantes, ha encontrado una audiencia ávida entre los millennials, quienes crecieron rodeados por el optimismo posterior a la caída del apartheid, solo para sufrir una terrible decepción. Se trata de una generación a la que se le prometió todo y que, en cambio, se encontró al llegar a la adultez con la sociedad más desigual del mundo (así lo indican los últimos reportes del Banco Mundial), con un 65 por ciento de desempleo juvenil, de acuerdo a cifras oficiales, más del 80 por ciento de la población sin seguro médico y un sistema educativo deficiente.

Los problemas de Sudáfrica pueden parecer extremos, pero en casi todos los rincones del mundo el patrón se repite. Particularmente en las grandes ciudades y sus alrededores, millones de personas recurren a las Iglesias pentecostales porque son los únicos lugares donde logran encontrar satisfacción a sus necesidades tanto espirituales como materiales.

A medida que este movimiento crece, las Iglesias se convierten en Estados dentro de los Estados, en los que los diezmos son efectivamente una forma de impuestos. A través de las Iglesias, las personas reciben atención médica, clínica y milagrosa, así como una red de cuidado para los niños y apoyo social. Cuando los Estados no brindan suficientes programas sociales ni un nivel de vida decente que pueda sostener a las comunidades, los trabajadores pobres buscan alternativas en otras instituciones, y a menudo las encuentran en el pentecostalismo.

PROSPERIDAD Y POPULISMO

La mayoría de las Iglesias pentecostales no practican la fe con los mismos métodos extremos que los jóvenes predicadores de Sudáfrica, pero algunas de sus prácticas no resultan menos extrañas para quienes están por fuera del movimiento. Para ver de primera mano la revolución que está ocurriendo en América Latina, basta ir a Brás, un barrio de clase trabajadora de San Pablo. En Brasil, los pentecostales pasaron de ser el 3 por ciento de la población en 1980 a constituir más del 30 por ciento en la actualidad, trastocando 500 años de dominio católico en tan solo unas pocas décadas.

Es lunes por la mañana y el sol aún lucha por pasar por encima del Templo de Salomón, el santuario de 55 metros de alto cuya construcción costó 300 millones de dólares dedicados al dios de la salud y la riqueza, y que funciona como sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). En el servicio de las 7 de la mañana, un hombre frente a nosotros abre una enorme Biblia desgastada y le pone su billetera encima, la eleva por encima de su cabeza y se comunica con los cielos en lenguas.

Los feligreses de la IURD se han hecho famosos por regalar a la Iglesia, en momentos de éxtasis, incluso sus autos y en ocasiones hasta sus propias casas. El fundador de la Iglesia, Edir Macedo, quien ha hecho más que nadie por popularizar el pentecostalismo en Brasil, es hoy un magnate multimillonario, pero fue una vez un niño pobre de las favelas, uno de los siete que sobrevivieron la infancia de un total de 17 hermanos.

La gran innovación de Macedo fue abrir sus iglesias a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, cuando quienes trabajan en las fábricas o como empleadas domésticas van y vienen de sus trabajos. En opinión de Macedo, un predicador pentecostal necesita seguidores, no formación. Durante años este líder religioso se dedicó a promover a personas comunes para que crearan bajo sus propios términos sus propias filiales de la Iglesia.

En las favelas y los pueblos pobres en las orillas del Amazonas, los pastores pentecostales se ven y se escuchan como la población local. Crecen pateando las mismas calles que sus fieles y a través de la Iglesia ascienden en la escala social a posiciones de mayor estatus, tal como aspiran a hacerlo sus vecinos. Oyen en esas calles hablar de la madre enferma de alguien y le dan una visita para consolarla. Actúan como mentores de su congregación, alentando a los feligreses a iniciar sus propios emprendimientos de venta ambulante y a escapar de patrones maltratadores. Si un marido mujeriego vuelve a sus andanzas o a la bebida, el pastor pasa a darle una charla para hacerlo entrar en razón.

Por supuesto, también presionan a su rebaño empobrecido para que dé en diezmo, como mínimo, el 10 por ciento de su dinero, pero ¿acaso no existimos en un sistema que iguala valorar algo con pagar por ello? En ese sentido, el evangelio de la prosperidad es la respuesta incómoda a un mundo que rinde culto al dinero todos los días, solo que generalmente lo hace sin ceremonia de por medio.

Además de eso, habría creciente evidencia de que el evangelio de la prosperidad, a su manera, cumple. En los últimos años se han publicado varias investigaciones académicas que afirman haber encontrado que las personas que provienen de la pobreza o de ciclos de violencia y adicción tienen mayores posibilidades de escapar de ese mundo si se unen a una Iglesia evangélica: la llamada profecía autocumplida de la gracia divina manifestada a través del bienestar material. Esta teología de la prosperidad no solo tiene éxito donde fracasan los Estados, sino que les ofrece a estos un incentivo para que fracasen, al brindarles a las poblaciones vulnerables la red de solidaridad que el Estado les niega.

El pentecostalismo de hoy tiene mucho en común con el giro político global hacia un populismo derechista que despotrica contra la globalización, el feminismo, la migración masiva y la ciencia. No es casualidad que la popularidad de esta fe coincida con un marcado cambio en la perspectiva política, social y económica alrededor del mundo. El pentecostalismo, de hecho, ha desempeñado un papel vital en el ascenso de un nuevo tipo de líderes de derecha dura, incluidos Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y Rodrigo Duterte. Pero este movimiento es, al mismo tiempo, más grande que la política. El avance de esta fe sigue los patrones de migración global de la clase trabajadora. Para muchas personas que se ven obligadas a mudarse a grandes ciudades, como Johannesburgo, San Pablo, Londres o Los Ángeles, la religión es su única forma de comunidad.

El pentecostalismo ofrece acceso directo al alimento espiritual, social y material en un universo que niega los tres a los pobres del mundo. Naturalmente, un número creciente de Iglesias pentecostales también atiende a las clases media y rica. Después de todo, la escala social siempre es resbalosa y cualquiera que la ascienda necesita de un milagro para mantenerse ahí arriba.

21 abril, 2022

(Publicado originalmente en Jacobin. Traducción y titulación de Brecha.)

*Elle Hardy es una periodista e investigadora australiana, autora de Beyond Belief: How Pentecostal Christianity Is Taking Over the World.

Publicado enSociedad
Aumenta la desaprobación del gobierno de Gabriel Boric a solo un mes de haber asumido

Una encuesta de Cadem le da al mandatario un 40% de aprobación, otra de Pulso Ciudadano un 27,8% de aprobación ¿Cuáles son las razones?

El triunfo en la elección presidencial de Gabriel Boric generó altas expectativas que, a medida que pasaron los días desde su asunción han generado una creciente insatisfacción por no cumplirse.

La encuesta publicada por Cadem reveló la perdida de apoyo a la gestión presidencial. En su “track semanal”, otorgó un 40% de apoyo y un 50% de desaprobación, un aumento de 9 puntos porcentuales en una semana, a la gestión del presidente chileno.

La encuesta muestra un alza de 30% en la desaprobación desde que asumió Boric como jefe de Estado. La encuestadora también reveló que los segmentos donde se registra la desaprobación más alta recaen en las personas entre 35 y 54 años (61%), de sectores medios (56%) y bajos (54%), que se identifican con la derecha (80%) e independientes (59%) y que votaron por José Antonio Kast (86%) o no votaron (58%).

Otro sondeo, de la encuestadora Pulso Ciudadano, indica que la aprobación al nuevo mandatario llega a un 27,8%, mientras que su desaprobación ascendió al 51%, un número similar a la de Cadem.

Un “despegue con turbulencias” había definido el presidente al primer mes de su mandato que estuvo cruzado por cuestionamientos y el debilitamiento de su ministra del Interior, Izkia Siches, luego de que anunció una millonaria inversión en más represión en el Wallmapu, sur de Chile, y la creación de un nuevo sistema de inteligencia del Estado. Esto sumó debilidad al nuevo gobierno autodenominado “anti neoliberal” que comenzó a vivir las disputas internas entre las “dos coaliciones” sobre las que el Gobierno busca lograr estabilidad. Más de fondo la dificultad que encuentra Boric es la inexistencia, aún, de bases sólidas para lograr una “transición” política pacífica e institucional que termine por dejar atrás los efectos de la revuelta del 2019.

Las disputas entre las "dos coaliciones" que Boric busca integrar en su gobierno no son más que la expresión de intentar unir a los sectores que confirman la plataforma Apruebo Dignidad que lo llevó a la presidencia, compuesta principalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), y la inclusión de sectores de la ex-Concertación (coalición que por ejemplo llevó a la presidencia a Michel Bachellet) sobre todo al Partido Socialista (PS).

Ese intento de integración se selló con el anuncio de gabinete, que cuenta con ministros de Apruebo Dignidad y del PS en la primera línea, y de otros partidos de la ex Concertación –como el Partido por la Democracia (PPD)- en las segundas y terceras líneas.

Así el nuevo gobierno quedó tensionado entre el reformismo PC y del progresismo neoliberal PS (parte fundamental en mantener el modelo neoliberal cuestionado por la rebelión de finales del 2019), como expresión de fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales que cruzan el Chile pos revuelta.

Estas tensiones internas cobran más peso cuando la inflación en Chile, que llega a un 9,4% anual, los efectos de la pandemia y el golpe a la economía global por la invasión rusa a Ucrania, generan turbulencias en la situación económica de millones de chilenos, muchos de los que votaron a Boric con la expectativa de un cambio más profundo.

Ante está situación, el gobierno que en campaña prometía el “Fin de las AFP” (sistema de pensiones privado), se encaminó en una moderación hacia la "derecha" y hoy puja para que su propia coalición no apruebe, en el Congreso, la posibilidad de que las personas hagan un quinto retiro adelantado de sus fondos. El cambio de postura ha sido desconcertante para muchas personas, sumado al rechazo popular que generó el salvataje que el gobierno terminó haciendo a las AFP.

Cómo afirma Pablo Torres en un articulo publicado en este diario "Las presiones en el régimen, en los medios y en el empresariado, buscan correr el cerco de la situación y del gobierno hacia la derecha. Los pedidos de renuncia a Siches, los cuestionamientos para fortalecer el orden público y las policías, la criminalización de la protesta, la instalación del discurso delincuencia, terrorismo en el sur. Los golpes a la Convención Constitucional por parte de todos los grandes personajes del régimen como Ricardo Lagos. Las amenazas –por parte de Hacienda, de banqueros, medios y empresas- de una inflación desatada de aprobarse un nuevo retiro de pensiones, el discurso de “austeridad” y de ajustarse los cinturones. Todo ese movimiento en las alturas se dirige hacia la derecha: a moderar las reformas y hacerlas con gradualidad, para no joder a las grandes empresas.".

La perdida de apoyo que vive la gestión de Gabrial Boric es expresión de los límites del proyecto “progresista anti neoliberal” que buscó representar y que por ahora, es más neoliberal progresista que otra cosa, decidido a no hacer cambios profundos que generen el descontento de los empresarios y otros sectores de poder.

Sumado a las condiciones económicas desfavorables (no hay súper ciclo del cobre que garantice muchos dólares, tampoco hay viento de cola favorable, más bien la inversión retrocede), el aumento de la inflación histórica en 30 años, en Chile, y en el mundo, son las "turbulencias" a las que se refirió Boric. Pero el actual presidente responde con las viejas recetas neoliberales, buscando “enfriar” la economía a costa de bajar el consumo de masas y evitar tocar las ganancias de los empresarios.

Mientras cada símbolo de Boric busca dialogar con el pueblo con “su” izquierda, cada gesto real, cada hecho, del gobierno lleva a la agenda hacia la derecha, sin responder a las expectativas de millones que lo apoyaron.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 18 de abril

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Castillo pide la castración química como pena para los acusados de violación sexual.

Una medida cuestionada por los organismos de derechos humanos

"La castración química es una opción, no podemos esperar más", apuntó Castillo, tras el caso del secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en Chiclayo. El rechazo de organizaciones sociales y los proyectos similares en Argentina.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que evalúa la aplicación de la castración química obligatoria como pena para los acusados de abuso sexual. "Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad", expresó el primer mandatario tras conocerse el caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en la ciudad norteña de Chiclayo, en la región Lambayeque, que generó la conmoción del país y motivó diferentes movilizaciones.

"Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños, y la castración química es una opción, no podemos esperar más", disparó Castillo, que vive inmerso en una crisis política interminable y acosado por las protestas sociales tras la subida del precio de los combustibles y de los alimentos.

Además, Castillo recordó que la propuesta debe ser aprobada por el Congreso nacional y luego incluida en el Código Penal. "Exhortamos al Congreso a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos", remarcó.

El debate se abrió en el país andino en el peor momento posible, con una sociedad en agitación permanente y con el cuarto Gobierno de Castillo con casi nula aceptación. Tal es así que, a poco de conocerse las declaraciones del Presidente, varias organizaciones sociales y derechos humanos se expresaron en contra de la medida punitivista.

"La castración química es una medida ineficiente para los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas y ¿ha disuadido esto a los agresores?", se cuestionó Matilde Cobeña, abogada adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo peruana.

"Entendemos la indignación, pero ni la castración química ni la pena de muerte son soluciones. Los sectores que proponen la castración son los mismos que bloquean los derechos de las mujeres", criticó Nuevo Perú, formación de izquierda moderada.

Qué es la castración química

Con un origen que se remonta a las campos de concentración nazi, la castración química es un método que se utiliza desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona.

Mediante el suministro de medicamentos se reduce la libido e inhibe el deseo sexual en las personas. De momento, se aplica en países como Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, así como en los estados de Texas, California y Montana, en Estados Unidos.

Proyectos similares en Argentina

A partir del anuncio de Castillo, es conveniente recordar que en Argentina se han presentado dos proyectos similares que fueron descartados por ir en contra de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional.

El más cercano en el tiempo había sido presentado por el diputado del PRO Alfredo Olmedo, quien en 2012 propuso incorporar al Código Penal la castración química y física para las personas condenadas por delitos de pedofilia, violación y violación seguida de muerte.

La iniciativa no prosperó por ser violatoria de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional. “La castración, sea física o química, es una mutilación, una medida que atenta contra la integridad y la dignidad humana", coincidían en aquel momento Mario Juliano, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, y la abogada, experta en Justicia internacional, Mariana Rodríguez-Pareja, directora del Área de Derechos Humanos de la organización Asuntos del Sur, quienes salieron a contrarrestar los dichos del diputado salteño.

“Además, este tipo de sanciones podrían ser consideradas como una forma de tortura, tratos degradantes o inhumanos”, apuntaron. “No tardaría un segundo en que nuestro país fuese condenado ante Tribunales internacionales”, habían advertido.

Una situación similar se dio en 2009, cuando el entonces gobernador de Mendoza, Celso Jaque, anunció que analizaba la posibilidad de aplicar en la provincia una solución penal farmacológica para los violadores reincidentes, y convocó a un “comité de expertos” (científicos y abogados) para que se analice la posible implementación.

Después del polémico anuncio, especialistas expresaron sus críticas al proyecto: no solo al considerar que va en contra de las libertades y los derechos humanos sino que, además, conllevaría una solución errónea para una problemática social profunda.

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  Bombas de extracción de petróleo en Vaca Muerta en Argentina. — Agustin Marcarian / REUTERS

En 2021, los sesenta principales bancos del mundo destinaron más dinero a los combustibles fósiles que en en 2016, año en el que se firmó en la capital francesa el principal acuerdo internacional contra la crisis climática. 

 

La banca mundial sigue dando la espalda a la lucha contra la crisis climática. En la última Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), más de un centenar de entidades financieras firmaron un compromiso para reducir los flujos de dinero que respaldan actividades que contribuyen al calentamiento del planeta. No era la primera vez. Los bancos llevan años prometiendo cambios en sus negocios, pero esos cambios no llegan y el tiempo de acción se estrecha.

Desde que se firmó el Acuerdo de París en 2016 –el tratado internacional más importante para la lucha contra la crisis climática–, los sesenta bancos privados más grandes del mundo han incrementado la financiación y las inversiones en combustibles fósil, es decir, en petróleo, gas o carbón, cuya quema es la causa principal de la subida global de temperaturas.

Así lo evidencian los datos del informe anual Banking on Climate Caos, que detalla que la cantidad de dinero destinada en 2021 a estas materias o actividades relacionadas con ellas, 742.000 millones de dólares, se mantiene por encima de lo que se invertía antes del acuerdo climático de 2016, cuando las sesenta principales entidades bancarias destinaron 723.468 millones de dólares, una subida del 2,5%. En estos últimos seis años la banca mundial ha destinado a combustibles fósiles un total de 4,6 billones de dólares.

En 2020 y 2021, la financiación de gas, carbón y petróleo se redujo levemente, en parte, debido a las consecuencias económicas de la covid-19. Antes de la pandemia los bancos estaban destinando 829.000 millones de dólares a estos negocios. Aún así, la contracción no ha conseguido rebajar las finanzas nocivas para el clima y mantenerlas por debajo de los niveles previos al histórico acuerdo parisino.

En esas seis decenas de bancos, destacan cuatro entidades estadounidenses que acapararan una cuarta parte de toda la financiación de combustibles fósiles de los últimos seis años: JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo y Bank of America. De esta forma, suman 1,1 billones de dólares a actividades que se relacionan de alguna forma con los combustibles fósiles. 

La banca lleva años trabajando para cambiar su imagen, presentándose al mundo en las cumbres internacionales como ejes imprescindibles para la transición energética y como pilar central para movilizar los flujos de dinero hacia las nuevas tecnologías renovables. Sin embargo, los datos del informe revelan que estos sesenta bancos siguen otorgando crédito a empresas cuya actividad se basa en la extracción y comercialización de petróleo, gas o carbón. Concretamente, se ha destinado 26.000 millones a proyectos de exploración de hidrocarburos –nuevos yacimientos de petróleo o gas– de una veintena empresas, como las petroleras ExxonMobil o Saudi Aramco o la gasista rusa Gazprom. Esta cifra es relativa al crédito otorgado entre 2019 y 2021.

Los bancos españoles

En el listado aparecen tres entidades conocidas en España: el banco Santander, BBVA y CaixaBank. De estas, destaca el grupo dirigido por Ana Patricia Botín, pues sigue la tendencia global de incrementar las inversiones en los combustibles sucios. En 2016 este compañía destinó 6.512 millones de dólares a estos actividades y ahora, seis años después, la cantidad es de 7.920 millones. Es decir, un incremento del 21% respecto a los niveles del Acuerdo de París.

En el caso del BBVA, el banco ha reducido en cerca de mil millones sus inversiones fósiles, pasando de 4.640 millones en 2016 a 3.550 en 2021, un 23% menos en seis años. CaixaBank, por su parte, mantiene estables sus finanzas en esta materia, aunque hay un ligero descenso del 7%, al pasar de 584 millones en 2016 a 541 millones en 2021.

madrid

14/04/2022 21:35

Por Alejandro Tena@AlxTena

Publicado enMedio Ambiente
Estados Unidos. "La rebelión de una generación de trabajadores está en marcha

A partir de hoy, la relación de fuerzas en la lucha de clases en Estados Unidos parece haber cambiado ligeramente.

¿Lucha de clases? ¿Qué lucha de clases? Más bien una interminable y unilateral guerra relámpago. Las grandes y pequeñas empresas, las corporaciones y las empresas de capital privado, los accionistas y los empleadores han estado apaleando a los trabajadores durante décadas. La oposición feroz y unificada del empresariado estadounidenses a reconocer a sus trabajadores y trabajadoras un mínimo de poder ha sido la base de la vida económica estadounidense durante los últimos 40 años. Pero puede que eso haya cambiado a partir de ahora.

El recuento final de los votos para constituir un sindicato en la JFK8, el gigante almacén de Amazon en Staten Island, ha dado que un resultado favorable de 2654 frente a 2131 [con 67 abstenciones]. La empresa más rica, poderosa y aparentemente indispensable de Estados Unidos perdió frente a una coalición espontánea de trabajadores y trabajadoras que hizo campaña sin afiliación ni ayuda de ningún sindicato existente. Está claro, que hay una nueva generación en movimiento[1].

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Los rumores venían de lejos, pero hasta hace poco se limitaban a sectores privilegiados de la economía. El hecho de que las y los trabajadores jóvenes se hayan llevado la peor parte del disfuncionamiento económico de Estados Unidos quedó claro desde la crisis de 2008. El deseo de que el capitalismo estadounidense tendría que transformarse radicalmente si querían obtener alguna seguridad económica se expresó claramente en su apoyo a Bernie Sanders en 2016 y 2020, así como en su entusiasmo por Alexandria Ocasio-Cortez en 2018. El año pasado, en la encuesta de Gallup, se mostraron a favor de los sindicatos en un 77%; un porcentaje superior al del conjunto de las personas encuestadas (68%); se trata, a su vez, del mayor porcentaje a favor de los sindicatos en los últimos 50 años.

Pero la dirección podría consolarse aún pensando que los restos de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que ya no protege a los trabajadores sindicados de ser despedidos (es ilegal, pero es una ilegalidad por la que ningún empleador ha sufrido consecuencias significativas en el último medio siglo), le permitiría echar por tierra las campañas a favor de sindicalizarse, independientemente de la voluntad de las y los asalariados por sindicarse. Es así como ha venido funcionando el mundo empresarial estadounidense desde principios de los años 80, con una práctica ilegal tan desarrollada que la mayoría de los sindicatos renunciaban a organizar campañas de sindicación en las empresas.

Sin embargo, en los últimos dos años, los trabajadores y trabajadoras que pensaban que sus habilidades particulares les protegía de ser  despedidos, comenzaron a sindicalizarse (para un puñado de trabajadores verdaderamente indemnes y establecidos -atletas profesionales, actores de cine, pilotos de aerolíneas- esto ha sido así incluso en los años de vacas flacas). En los últimos años, los periodistas y quienes conforman los llamados grupos de expertos, así como profesores asistentes y ayudantes de investigación, o animadores y el personal de los museos se han sindicado en masa. Se trata de una revuelta de las y los profesionales, a la que se han unido los millennials [Generación Y, nacidos en los años 80 y 90], que disfrutan al menos de cierta seguridad laboral, y los miembros de la Generación Z [nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000], que no pueden ser sustituidos. A principios de esta semana, las y los estudiantes universitarios que trabajan en los comedores del Dartmouth College votaron, en una elección supervisada por la NLRB (Junta Nacional de Relaciones Laborales) a favor de fundar un sindicato. La votación fue de 52 a 0.

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En los últimos meses, sin embargo, la revuelta se ha extendido a los millennials que no son profesionales, a quienes los empresarios podrían sustituir fácilmente. Y lo que es más importante, la revuelta se ha extendido a los camareros y camareras de Starbucks, una mano de obra desproporcionadamente joven y formada, pero sujeta a los caprichos de horarios y a las amenazas de despido que despliega la dirección. Y sí, Starbucks ha cultivado una imagen de empresa bondadosa, que no podía arriesgarse a empañar demasiado públicamente, aunque ha jugado el clásico juego de las empresas: amenazas implícitas transmitidas en reuniones antisindicales obligatorias y similares cuando pensaba que nadie le prestaba atención.

Pero las y los empleados de Starbucks ganaron en suficientes establecimientos como para que hoy en día, miles de baristas en cientos de tiendas hayan solicitado la sindicalización.

Pero Starbucks no es Amazon. Y Amazon dejó claro en Bessemer, Alabama, y en todas partes en las que su organización del trabajo fuera cuestionada, que su personal de almacén es sólo un mal necesario hasta que la empresa pueda robotizar toda su plantilla. Con su forma de actuar, Amazon ha dejado claro que no hay ningún problema con que la rotación anual en sus almacenes supere el 100%, que de hecho los puestos de trabajo están diseñados para provocar una tasa de rotación anual superior al 100%. La empresa quiere que sus trabajadores y trabajadoras se vayan; esta es una alternativa mucho mejor que la de quedarse y luchar.

Además, Amazon es la segunda mayor empresa empleadora del sector privado en el país, después de Walmart, la campeona del antisindicalismo. Hasta hace poco, la idea de que un trabajador o trabajadora de los almacenes de Amazon votara para afiliarse a un sindicato era prácticamente impensable. Pero ahora se ha pensado y se ha hecho.

Con esa victoria, se han roto muchas de las reglas estándar tanto de la sindicalización como del antisindicalismo, lo que sugiere que está ocurriendo algo más profundo en el mundo del trabajo. Reflexionemos un poco. Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU) que se encargaron de la organización del referéndum para constituir un sindicato] -recuérdese que ningún sindicato les proporcionó activistas profesionales; los líderes activistas fueron los propios trabajadores- sólo consiguieron las firmas del mínimo de trabajadores legalmente requerido para convocar la votación, que fue el del 30% [de la plantilla]. Prácticamente ningún sindicato celebra unas elecciones si no cuenta con las firmas del 70% de las y los trabajadores, porque prevén que las amenazas y la oposición de la empresa harán que esa cifra disminuya en el momento de la votación.

[Con esta votación] también se pone en cuestión la eficacia de la amenaza de la dirección de despedir a quienes reclaman su opinión sobre las condiciones de trabajo. En este sentido, la situación del mundo empresarial parece reforzar el valor de las y los empleados. [Actualmente] el número de personas empleadas que abandonan sus puestos de trabajo es el más alto de todos los tiempos. Muchas empresaras están desesperadas por contratar, lo que ha hecho subir los salarios en las habitualmente bulliciosas ciudades que intentan recuperar su dinamismo.

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Es el caso de Nueva York, donde Amazon se ha visto obligado a subir los salarios para mantener a los trabajadores y trabajdoras que tiene, si bien otras empresaras los han subido aún más. No es así, debo añadir, en Bessemer, Alabama, donde el salario de Amazon supera al de otras empresas que ofrecen empleos locales comparables. Sin embargo, incluso en Bessemer, el resultado de la segunda votación sobre la sindicalización -después de que fracasase la primera - sigue siendo demasiado ajustado [a 31 de marzo] y se decidirá mediante el recuento de las papeletas en disputa. Esto tampoco tiene precedentes; la segunda votación no suele cambiar mucho respecto a la primera.

Además, en Amazon podrían aprender del ejemplo de Starbucks: como ellas, son personas sometidas a las tensiones e indignidades del un sistema salarial ordinario, sin sindicatos, pero que superaron la oposición de la dirección para ganar el derecho a sindicarse en uno, luego en dos, luego en tres locales, y que, sin inmutarse, hicieron campaña a favor de la sindicación en cientos de otros. Si es posible en Starbucks, ¿por qué no en Amazon?

Y ahora, si es posible en Amazon, ¿por qué no en otros lugares? A veces, una sola victoria puede desencadenar una ola de victorias. Eso es lo que ocurrió en 1937, cuando la gran huelga de brazos caídos de la UAW (United Auto Workers) en las plantas de General Motors en Flint, Michigan, les hizo ganar un contrato con General Motor e inspiró a docenas de campañas similares y cientos de campañas de organización exitosas en todo el país.

Por supuesto, los trabajadores de Staten Island del almacén JFK8 de Amazon tienen ahora que negociar un contrato con su obstinada empresa (aunque el nuevo régimen de la Junta Nacional de Relaciones Laborales parece decidido a penalizar a las empresas que dan largas con la esperanza de que los trabajadores y trabajadoras se rindan). Hace casi 20 años, la plantilla de una tienda de Walmart en Quebec votó a favor de la sindicalización y al cabo de seis meses la empresa cerró la tienda. Pero Amazon, en virtud de sus compromisos de entrega en un día, simplemente no puede cerrar grandes almacenes que emplean a miles de personas en las principales ciudades donde viven muchos de sus clientes. Al contrario, la empresa necesita más infraestructura, no menos. La ubicuidad de Amazon le obliga a emplear una mano de obra que exige algo más por su trabajo.

Así que tal vez, sólo tal vez, la división económica y política entre la América urbana y la rural tiene hoy una nueva dimensión. Tal vez los millones de trabajadores y trabajadoras de servicios, del comercio minorista, de la cadena de suministro, de la hostelería y de la restauración de las ciudades se sientan no sólo lo suficientemente enfadadas, sino también lo suficientemente seguras como para hacer lo que están haciendo sus colegas de Starbucks y de Amazon, y organizarse en un sindicato. Por supuesto, esta sensación de seguridad podría desvanecerse si la Fed sube los tipos de interés lo suficiente como para detener el auge de la contratación en las ciudades. En las zonas fuera de las grandes ciudades de EE UU, donde los buenos empleos siguen siendo escasos, todavía es difícil imaginar que ocurra esto, pero en las ciudades, los trabajadores y trabajadoras de Starbucks y Amazon han mostrado el camino.

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Sin embargo, no puedo evitar pensar que esto podría presagiar el ascenso no sólo de un sector de la población activa, sino de una generación, cuya actitud política es al menos tan izquierdistas como las de cualquier otra generación en la historia de Estados Unidos. Los asalariados y asalariadas organizadores del último gran impulso sindical en el sector privado, los organizadores del CIO (Congreso de Organizaciones Industriales) que en los años 30 construyeron el único movimiento obrero verdaderamente poderoso que hemos visto en este país, eran también desproporcionadamente jóvenes. Los hermanos Reuther (socialistas) y Bob Travis (comunista), que ayudaron a dirigir la huelga de brazos caídos de la UAW, eran veinteañeros. Chris Smalls, el principal organizador del JFK8 en Staten Island, tiene treinta años; las y los camareros que dirigen las campañas de Starbucks son igual de jóvenes.

Cuanto antes desarrollen sus funciones de liderazgo trabajadores como éstos, ya sea dentro del movimiento sindical existente o en nuevos sindicatos que puedan surgir junto a los antiguos, mejor. Algunos sindicatos existentes -como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que apoya a las y los camareros de Starbucks y ha liderado la lucha por un salario mínimo de 15 dólares durante la última década- pueden ser más receptivos a dicha transformación. Otros pueden ser más desconfiados. Estoy pensando en la UAW, que, incapaz de organizar las fábricas de automóviles no sindicalizadas del sur de Estados Unidos, recurrió a la organización de los campus universitarios, y ahora se encuentra con que casi una cuarta parte de sus miembros son estudiantes graduados.

Ahora bien, [el ejemplo de] Staten Island nos dice que algo ha cambiado. Si se toman en cuenta los agravios que han estado latentes durante mucho tiempo en una generación y las sensibilidades políticas de algunos de sus miembros, y se le añaden (por ahora)  los sectores favorables [a la sindicación] en el mercado de trabajo en las ciudades estadounidenses, y relación de fuerzas que ha regido los lugares de trabajo y las vidas de las y los estadounidenses durante los últimos 40 años se podría ver alterada. Por el bien del país, esperemos que así sea.

1/94/2022

Por Harold Meyerson

9 abril 2022

Fuente: Al'Encontre

Notas:

[1] ] Un informe del New York Times del 2 de abril ofrece una visión de la brutalidad con la que la dirección de Amazon han combatido a los activistas sindicales. Amazon ha creado un equipo de combate completo, que incluye guardias de seguridad militares y especialistas en vigilancia, para acabar con la campaña de sindicalización. El primer objetivo del ataque fue Christian Smalls, que fue despedido con un pretexto, justo cuando se estaba produciendo el primer movimiento de organización; fue por la cuestión de la salud en el momento del covid. Christian Smalls pudo apoyarse en un amigo, Derrick Palmer -que había conservado su trabajo-, y organizando una verdadera red de contactos, mediante vídeos en TikTok, multiplicaron los vínculos con los empleados, en un almacén que funciona 7 días a la semana, 24 horas al día; JFK8 tiene 8000 personas empleadas. Por ejemplo, organizaron lugares de encuentro antes de que la gente volviera a casa al amanecer, con carteles que decían "Hierba y comida gratis", y los trabajadores inmigrantes llevaban sus especialidades culinarias. Christian Smalls explica: "Empezamos sin nada, con dos mesas, dos sillas y una carpa”. Recibieron una pequeña ayuda de los sindicatos. Por el contrario, según el New York Times, "Amazon gastó más de 4,3 millones de dólares sólo en consultores antisindicales en todo el país, según documentos federales [nde].

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Ucrania y la lucha contra la invasión. Entrevista a Vitaliy Dudin

 Vitaliy Dudin, dirigente de la organización socialista democrática ucraniana Sotsyalnyi Rukh (Movimiento Social), habló desde Cherkasy, Ucrania, el 6 de abril, sobre la crítica coyuntura ucraniana y el papel de la izquierda en la lucha contra la invasión rusa.

 

Es muy difícil obtener información confiable de lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Podríamos comenzar con tu evaluación de la situación actual, seis semanas después de la invasión de Putin? ¿Ve alguna perspectiva probable del fin de la guerra en las próximas semanas?

La invasión de Rusia ha creado una gran amenaza para la existencia de Ucrania como Estado independiente. Sin duda, podemos decir que la guerra actual es la guerra más devastadora que hemos visto en Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial. Varias regiones —Chernigiv, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Luhansk, Mykolaiv, Sumy y Zaporizhia —se han convertido en escenarios de acciones militares, con tanques y artillería bombardeando ciudades. El ejército ruso incluso ha atacado ciudades en el oeste de Ucrania, en las regiones de Lviv, Rivne y Volyn, disparando misiles letales desde el aire y el mar.

Cerca de 6.000 civiles han muerto. Las acciones militares han cobrado la vida de miles de soldados de ambos lados. Alrededor de cinco millones de personas han perdido sus trabajos, principalmente porque muchos lugares de trabajo han sido bombardeados. Casi 10 millones de personas se han visto obligadas a huir en busca de seguridad y cientos de miles han perdido sus casas.

Muchos pueblos en el norte, este y sur están actualmente, o estuvieron hasta hace poco, bajo una brutal ocupación rusa. Pero los invasores no han logrado alcanzar sus objetivos estratégicos. Solo han ocupado una gran ciudad, Kherson, y están tratando de asaltar Mariupol, que está sufriendo una inhumana campaña de bloqueo y bombardeos. Casi todos los edificios de la ciudad han sido atacados, incluida la infraestructura médica.

En varias partes del país, las tropas rusas han sido detenidas y han sufrido pérdidas significativas en términos de soldados y vehículos. Los ucranianos han demostrado que están dispuestos a contraatacar con valentía, incluso sin armas modernas como sistemas antiaéreos, aviones de combate y misiles. Por eso creo que el ejército ruso carece de fuerza para aplastar al ejército ucraniano y por eso las acciones militares podrían detenerse, al menos en algunas regiones. El gobierno de Putin tiene muchos recursos, pero el pueblo ucraniano está dispuesto y listo para resistir.

En este momento, el ejército ucraniano está haciendo retroceder a las fuerzas invasoras en varias direcciones, principalmente en las regiones de Kiev y Chernigov. Ciudades como Ivankiv, Bucha y Hostomel, que fueron ocupadas y saqueadas en las primeras semanas de la guerra, han sido liberadas. Pero no debemos subestimar el peligro: la invasión rusa ha causado una gran destrucción, sus ataques con misiles continúan causando provocando destrozos a gran escala y han revitalizado la ofensiva en el Donbas.

Creo que la guerra continuará mientras [el presidente ruso Vladímir] Putin esté en el poder. Hasta su derrocamiento, por ahora solo podemos contemplar un alto de fuego parcial. Ahora, el destino de Ucrania depende de la batalla por Mariupol.

¿Podría darnos una idea de los tipos de resistencia, armada y desarmada, en la que participan los ucranianos? ¿Qué papel juegan la izquierda, como Movimiento Social, y los sindicatos en ella?

En primer lugar, cientos de miles de ucranianos se han unido a las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Defensa Territorial, que está integrada en las Fuerzas Armadas. Estas están luchando actualmente en primera línea con todas las armas disponibles, mientras que la defensa territorial protege principalmente las ciudades.

Algunos activistas de Movimiento Social, así como muchos miembros de los sindicatos, se han unido a la Defensa Territorial como voluntarios. Cabe mencionar que decenas de anarquistas y socialistas han formado su propia unidad de esta fuerza, denominada //medium.com/@blackheadquarterinua/resistance-committee-9c290e2a8b66">Comité de Resistencia.

En segundo lugar, muchos militantes de izquierda están ayudando como voluntarios para abastecer al ejército o satisfacer las necesidades humanitarias de la población. Una de las iniciativas más eficaces en este sentido es la Operación Solidaridad, que ha conseguido dotar de víveres a la izquierda militante. También estamos trabajando para satisfacer las necesidades de los sindicalistas que sirven en el ejército. Y hemos estado trabajando con la ONG de enfermeras Be Like Nina, ayudándolos a obtener medicamentos para los hospitales que atienden a los soldados heridos.

Tercero, vemos que mucha gente está protestando contra la invasión en las ciudades ocupadas. No estamos involucrados en esa actividad, pero lo apoyamos. Por supuesto, es muy peligroso porque las protestas pacíficas pueden ser reprimidas por soldados rusos armados. Esa resistencia demuestra que la gente está en contra de la «liberación» que busca convertir sus ciudades en «zonas grises».

En cuarto lugar, nosotros como Movimiento Social seguimos actuando como organización política. Buscamos contrarrestar la propaganda rusa y llamamos a nuestro pueblo a luchar por una Ucrania libre y justa.

Se ha prestado mucha atención al batallón Azov y otras fuerzas neonazis. ¿Podría hablarnos sobre su nivel real de influencia y el papel que juegan? ¿Les preocupa que la extrema derecha, en Ucrania y en el extranjero, salga fortalecida de esta guerra, particularmente cuanto más se prolongue?

Creo que se ha sobreestimado el papel de la extrema derecha. Esto se ha puesto de manifiesto en la forma fantasmagórica en que Rusia trató de justificar su invasión y sus crímenes de guerra.

Antes del 24 de febrero, Azov reunió a unas mil personas que estaban ubicadas en Mariupol y no hacían nada, porque Azov está integrado en la Guardia Nacional de Ucrania. Después de la invasión rusa, sus integrantes han sido convertido en héroes debido a su papel en la defensa de Mariupol, junto con las unidades del ejército. Esta es una forma extraña de desmantelar una agenda nacionalista de extrema derecha, lo que supuestamente es la intención de Putin, ¿no?

Los militantes de extrema derecha han cometido actos de violencia en las calles, pero ¿pueden estas acciones compararse de alguna manera con los asesinatos en masa que han resultado de los bombardeos y la campaña de terror llevada a cabo durante la ocupación? Por supuesto, podrían volverse más fuertes, pero si esto ocurre, sería mayormente culpa de Rusia.

Los nacionalistas radicales existen en Ucrania, en su nicho específico, como en muchos otros países. Sus actividades plantean sin duda un problema para la sociedad ucraniana, pero no para Rusia ni para la paz internacional. La extrema derecha en Ucrania fue tolerada principalmente debido a las necesidades de defensa del Estado. El gobierno hizo la vista gorda ante los ataques de los nacionalistas radicales mientras estos ayudaban a satisfacer las necesidades de defensa.

Estos nacionalistas radicales han desempeñado un papel de servicio y protección para la elite oligárquica y su régimen. Pero su influencia política es muy pequeña y en su mayoría tienen un papel muy limitado. Por ahora, los nacionalistas radicales están jugando un papel menos importante que el que tuvieron en las protestas de Maidan de 2014, porque miles de personas comunes y corrientes están tomando las armas. Cuantos más ucranianos tengan las armas necesarias para defenderse, y cuanto más la izquierda internacional apoye a Ucrania, menos influencia tendrá la extrema derecha en el país.

La mejor manera de neutralizar el problema del nacionalismo radical en Ucrania es debilitando las intenciones imperialistas de Rusia. Aquellos que se niegan a expresar su solidaridad con Ucrania debido a la existencia de nacionalistas radicales no tienen nada en común con los principios e ideas de rechazo a la guerra.

Se habló mucho sobre el conflicto en el este de Ucrania que comenzó mucho antes de la invasión. ¿Cuál ha sido el impacto de la invasión en este conflicto y, más generalmente, en las relaciones entre los ucranianos de origen ruso y el resto?

La invasión de Putin ha dañado gravemente las relaciones entre los pueblos ruso y ucraniano, pero, al mismo tiempo, ha supuesto una especie de consolidación de la sociedad ucraniana. Después del 24 de febrero, incluso las personas que tenían algunas ilusiones políticas sobre el papel progresista de Rusia se convirtieron en enemigos convencidos de Moscú. Podemos decir que esta tragedia común ha unido a los pueblos. Las personas de la parte occidental de Ucrania están dispuestas a ayudar a los refugiados del este y están demostrando su apoyo en acciones concretas.

Sin duda, algunas personas han seguido una agenda excluyente y extremista, afirmando que los rusoparlantes son «agentes de Putin». Sabemos que la cultura rusa estará asociada con la cultura de los opresores durante mucho tiempo (hasta que el régimen de Putin sea derrocado por los propios rusos). Pero estamos dispuestos a oponernos a cualquier tipo de discriminación lingüística o cultural y esperamos que prevalezca la solidaridad.

También hemos visto que la gente corriente de las autoproclamadas repúblicas de Donbas está cansada de que Moscú los utilice en la guerra contra los ucranianos. Por supuesto, la mayoría de ellos consideran el ruso como su idioma nativo, pero tampoco desean renunciar a sus vidas. Incluso en medio de esta horrible historia, el potencial de reintegración permanece.

Como están las cosas, algunos creen que el mejor resultado posible es que Ucrania negocie y renuncie a sus ambiciones de unirse a la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ¿Cómo respondería a ese argumento? Y, en términos más generales, ¿cómo ve Movimiento Social el tema de la OTAN y su papel en esta guerra?

En primer lugar, pensamos que cualquier intención de unirse a la OTAN no puede justificar la invasión rusa. Este es un tema que se encuentra en el campo del debate interno y de la soberanía nacional. En segundo lugar, vemos a la OTAN como un club de los países más ricos y sus aliados. Para Ucrania, sería mejor desarrollar relaciones con todos los países y garantizar una independencia real. Tercero, es importante darse cuenta de cómo el tema de la OTAN ha impactado la vida política ucraniana. La perspectiva de membresía era muy vaga: la OTAN nunca ha garantizado la incorporación de Ucrania. Entonces, una «orientación atlántica» siempre fue más bien un caso de ilusión de parte del gobierno, mientras que para la ciudadanía fue una reacción al trauma colectivo y al miedo a la guerra en 2014.

La OTAN podría haber ofrecido la membresía de Ucrania hace mucho tiempo, pero en cambio prometió algún tipo de cooperación, lo que solo dejó a Ucrania vulnerable. Creemos que la OTAN ha jugado el papel de espectador pasivo en esta guerra. Desde finales de 2021, no han hecho nada decisivo para apoyar a Ucrania con las armas. Parece que están más interesados en evaluar la fuerza del ejército ruso.

Se han producido debates sobre el tema del envío de armas a Ucrania. Algunos se oponen a esto diciendo que solo contribuiría a la remilitarización de Europa y al empoderamiento de la OTAN. Otros dicen que conducirá a un escenario como el de Afganistán en la década de 1980, con los ucranianos siendo utilizados para lograr el objetivo de los Estados Unidos de socavar a Rusia. ¿Cuál es su posición sobre esta cuestión?

No veo ninguna razón para un debate como este. Hablar de los riesgos de la remilitarización en Europa es algo totalmente mal fundamentado, porque existe una asimetría impresionante entre Ucrania y Rusia. El futuro de la desmilitarización radica en detener la maquinaria de guerra de Rusia ahora.

Las cuestiones de seguridad deben ser motivo de gran preocupación. Cualquier desmilitarización que ignore la seguridad de los pueblos, su derecho a defenderse, y justifique acciones de bloqueo a la resistencia contra la agresión imperialista es moralmente incorrecta. Ucrania necesita armas para defenderse a sí misma y al resto de Europa. Necesitamos armas antiaéreas y aviones para proteger a los civiles, porque la gente está muriendo por causa de los misiles y ataques aéreos rusos.

Quiero enfatizar que tales armas no cambiarán la naturaleza de la guerra: no permitirán que el ejército de Ucrania elimine enemigos lejanos, sino que mejorará su potencia de fuego en el combate cuerpo a cuerpo. Cuantas más unidades militares rusas se destruyan, más estable será la paz que obtendremos. Es simple, como durante la guerra contra el Tercer Reich. Rusia también justifica su agresión con una ideología de etnonacionalismo. Es una amenaza real a la que debemos hacerle frente.

También es importante saber que muchos trabajadores ucranianos se están alistando en el ejército. Deberíamos armarlos para que puedan regresar a sus hogares con vida y, a su vez, empoderados para continuar la lucha de clases contra los oligarcas codiciosos.

Más allá de la cuestión de las armas, ¿qué tipo de solidaridad cree que se requiere para garantizar una paz genuina para Ucrania?

Pedimos que todos presionen a sus gobiernos para garantizar la cancelación de la deuda y para brindar ayuda financiera incondicional para la reconstrucción de Ucrania, como parte de un «Nuevo Plan Marshall». También pueden ayudarnos enviando cualquier tipo de ayuda (incluidos botiquines, chalecos antibalas, cascos).

Pero lo más específico que puede hacer la izquierda es cambiar fundamentalmente el análisis de la guerra en sus organizaciones. No deben tolerar el imperialismo de Putin y deben apoyar plenamente el derecho del pueblo ucraniano a la autodeterminación.

Nota: esta entrevista fue originalmente publicada, en inglés, en la revista Green Left, de Australia.

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Sábado, 09 Abril 2022 05:53

Son tiempos de contradicciones

Fuentes: Instituto Tricontinental de Investigación Social [Imagen: Henry Moore (Gran Bretaña), Grey Tube Shelter [Refugio del tubo gris], 1940]

Esta no es la época de las certezas

Es difícil desentrañar las profundidades de nuestro tiempo, las guerras terribles y la información confusa que circula sin mucho criterio.

Es fácil encontrar certezas en las transmisiones de los medios y en Internet, pero ¿se basan en una evaluación honesta de la guerra en Ucrania y de las sanciones contra los bancos rusos (que forman parte de una política de sanciones más amplia de Estados Unidos, que actualmente afecta a unos treinta países)? ¿Reconocen la horrible realidad del hambre que ha aumentado debido a esta guerra y a las sanciones? Parece que gran parte de las «certezas» están ancladas en la «mentalidad de la Guerra Fría», que entiende que la humanidad está irremediablemente dividida en dos bandos opuestos. Sin embargo, este no es el caso; la mayoría de los países están luchando por elaborar un enfoque no alineado ante la «nueva Guerra Fría» impuesta por Estados Unidos. El conflicto de Rusia con Ucrania es un síntoma de batallas geopolíticas más amplias que se han librado durante décadas.

El 26 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, definió algunas certezas desde su punto de vista en el Castillo Real de Varsovia (Polonia), calificando la guerra en Ucrania como «una batalla entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión, entre un orden basado en reglas y otro gobernado por la fuerza bruta». Estos binarios son totalmente una fantasía de la Casa Blanca, cuya actitud hacia el «orden basado en normas» no se basa en la Carta de la ONU, sino en las «normas» que dicta Estados Unidos. Las antinomias de Biden culminaron en un objetivo político: «Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder», dijo, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin. La estrechez de miras de Biden ante el conflicto de Ucrania ha provocado un llamamiento público al cambio de régimen en Rusia, un país de 146 millones de habitantes cuyo gobierno tiene 6.255 cabezas nucleares. Con el violento historial de Estados Unidos en el control del liderazgo en varios países, sus imprudentes declaraciones sobre el cambio de régimen no pueden quedar sin respuesta. Deben ser contestadas universalmente.

El eje principal de la guerra de Rusia no es en realidad Ucrania, aunque hoy se lleve la peor parte. Se trata de si se puede permitir que Europa forje proyectos independientemente de Estados Unidos y su agenda para el Atlántico Norte. Entre la caída de la URSS (1991) y la crisis financiera mundial (2007-08), Rusia, las nuevas repúblicas postsoviéticas (incluida Ucrania) y otros Estados de Europa del Este intentaron integrarse en el sistema europeo, incluida la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Rusia se incorporó al proceso de la Asociación para la Paz de la OTAN en 1994, y siete países de Europa del Este (entre ellos Estonia y Letonia, fronterizos con Rusia) se unieron a la OTAN en 2004. Durante la crisis financiera mundial, se hizo evidente que la integración en el proyecto europeo no sería totalmente posible debido a las vulnerabilidades de Europa.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2007, el presidente Vladimir Putin cuestionó el intento de Estados Unidos de crear un mundo unipolar. «¿Qué es un mundo unipolar? No importa cómo embellezcamos este término, significa un único centro de poder, un único centro de fuerza y un único amo”, dijo. Refiriéndose a la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos en 2002 (que ya había criticado entonces) y a la guerra ilegal de Irak en 2003, Putin dijo: «Ya nadie se siente seguro porque nadie puede resguardarse detrás del derecho internacional». Más tarde, en la Cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest (Rumania), Putin advirtió sobre los peligros de la expansión de la OTAN hacia el este, presionando contra la entrada de Georgia y Ucrania en la alianza militar. Al año siguiente, Rusia se asoció con Brasil, China, India y Sudáfrica para formar el bloque BRICS como alternativa a la globalización impulsada por Occidente.

Durante generaciones, Europa ha dependido de las importaciones de gas natural y petróleo crudo, primero de la URSS y luego de Rusia. Esta dependencia de Rusia ha aumentado a medida que los países europeos han tratado de poner fin a su uso del carbón y la energía nuclear. Al mismo tiempo, Polonia (2015) e Italia (2019) se adhirieron a la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (BRI, por su sigla en inglés) liderada por China. Entre 2012 y 2019, el gobierno chino también formó la Iniciativa 17+1, que vincula a diecisiete países de Europa Central y Oriental en el proyecto BRI. La integración de Europa en Eurasia abrió la puerta a su independencia en política exterior. Pero esto no estaba permitido. Toda la farsa de la «OTAN global» —articulada en 2008 por el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer— fue un elemento para impedir esta evolución.

Temeroso de los grandes cambios que se estaban produciendo en Eurasia, Estados Unidos actuó en los frentes comercial y diplomático/militar. Desde el punto de vista comercial, EE. UU. trató de sustituir la dependencia europea del gas natural ruso prometiendo suministrar a Europa gas natural licuado (GNL) procedente tanto de proveedores estadounidenses como de los Estados árabes del Golfo. Dado que el GNL es mucho más caro que el gas por tubería, no se trataba de un acuerdo comercial atractivo. Las empresas de Silicon Valley no podían sostener los desafíos a los avances chinos en soluciones de alta tecnología —sobre todo en telecomunicaciones, robótica y energía verde—, por lo que Estados Unidos recurrió a dos instrumentos de fuerza: en primer lugar, el uso de la retórica de la Guerra contra el Terrorismo para prohibir las empresas chinas (alegando consideraciones de seguridad y privacidad) y, en segundo lugar, las maniobras diplomáticas y militares para desafiar el sentido de estabilidad de Rusia.

La estrategia de Estados Unidos no fue del todo exitosa. Los países europeos pudieron constatar que no había un sustituto eficaz para la energía rusa ni para las inversiones chinas. Prohibir las herramientas de telecomunicaciones de Huawei e impedir la certificación de NordStream 2 solo perjudicaría a los pueblos europeos. Esto estaba claro. Pero lo que no estaba tan claro era que, al mismo tiempo, Estados Unidos comenzó a desmantelar la arquitectura que mantenía la confianza en que ningún país iniciaría una guerra nuclear. En 2002, Estados Unidos abandonó unilateralmente el Tratado de Misiles Antibalísticos y, en 2018-19, se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por su sigla en inglés). Los países europeos desempeñaron un papel clave en el establecimiento del Tratado INF en 1987 a través del movimiento por la «congelación nuclear» (nuclear freeze), pero el abandono del tratado en 2018-19 fue recibido con un relativo silencio por parte de los pueblos europeos. En 2018, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos pasó de centrarse en la Guerra Global contra el Terrorismo a la prevención de la «reaparición de la competencia estratégica a largo plazo» de «rivales cercanos» como China y Rusia. Al mismo tiempo, los países europeos comenzaron a realizar ejercicios de «libertad de navegación» a través de la OTAN en el Mar Báltico, el Mar Ártico y el Mar del Sur de China, enviando mensajes amenazantes a China y Rusia. Estas maniobras acercaron a China y a Rusia.

Rusia indicó en varias ocasiones que era consciente de estas tácticas y que defendería sus fronteras y su región con la fuerza. Cuando Estados Unidos intervino en Siria en 2012 y en Ucrania en 2014, estas maniobras amenazaron a Rusia con la pérdida de sus dos principales puertos de aguas cálidas —en Latakia (Siria) y Sebastopol (Crimea)—, razón por la cual Rusia se anexionó Crimea en 2014 e intervino militarmente en Siria en 2015. Estas acciones sugerían que Rusia seguiría utilizando su ejército para proteger lo que considera sus intereses nacionales. Ucrania cerró entonces el canal de Crimea del Norte que aportaba a la península el 85% de su agua, lo que obligó a Rusia a abastecer a la región con agua a través del puente del estrecho de Kerch, construido con un enorme coste entre 2016 y 2019. Rusia no necesitaba «garantías de seguridad» de Ucrania, ni siquiera de la OTAN, pero las buscaba en Estados Unidos. En Moscú se temía que Estados Unidos colocara misiles nucleares de alcance intermedio alrededor de Rusia.

A la luz de esta historia reciente, las contradicciones sacuden las respuestas de Alemania, Japón e India, entre otros. Cada uno de estos países necesita el gas natural y el crudo ruso. Tanto Alemania como Japón han sancionado a los bancos rusos, pero ni el canciller alemán, Olaf Scholz, ni el primer ministro japonés, Fumio Kishida, pueden reducir las importaciones de energía. India, a pesar de formar parte junto con Japón del Quad respaldado por Estados Unidos, se ha negado a sumarse a la condena de Rusia y a las sanciones a su sector bancario. Estos países tienen que gestionar las contradicciones de nuestro tiempo y sopesar las incertidumbres. Ningún Estado debe aceptar las denominadas «certezas» que refuerzan la dinámica de la Guerra Fría, ni descuidar los peligrosos resultados de los cambios de régimen y el caos con influencia externa.

Siempre es una buena idea reflexionar sobre el tranquilo encanto de los poemas de Tōge Sankichi, que vio caer la bomba atómica sobre su Hiroshima natal en 1945, y luego se unió al Partido Comunista Japonés para luchar por la paz. En su «Llamado a la acción», Sankichi escribió:

estira esos brazos grotescos
a los muchos brazos similares
y, si parece que ese destello puede volver a caer,
sostén el maldito sol:
incluso ahora no es demasiado tarde.

Por Vijay Prashad | 09/04/2022

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Paro y marcha en Atenas por la inflación y los bajos salarios.. Imagen: AFP

La inflación alcanzó el 7,2 por ciento interanual en febrero, el mayor índice de los últimos 25 años

La medida de 24 horas, convocada por sindicatos del sector privado y público, se celebró bajo el lema "El salario no alcanza, las cuentas no cierran". 

Grecia vivió este miércoles su primera gran huelga del año, un paro convocado por los sindicatos para protestar contra las subas de precios y exigir aumentos salariales. Aunque el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis aprobó una serie de ayudas económicas para paliar el encarecimiento de la energía, la inflación, que en febrero alcanzó el 7,2 por ciento interanual (el mayor índice de los últimos 25 años), afecta directamente a los consumidores. Frente a ese escenario el gobierno no dispuso rebajas al IVA, como vienen reclamando sindicatos y partidos de la oposición.

El gobierno destinó desde septiembre pasado alrededor de 3.700 millones de euros en ayudas para hogares, empresas y agricultores, fondos que los gremios consideran insuficientes. Mitsotakis es uno de los gobernantes de la Unión Europea que han reclamado sin éxito intervenciones más directas en el mercado del gas, como un tope a los precios o a las "superganancias de las empresas energéticas". 

Los sindicatos reclaman a su vez que el salario mínimo sea elevado por la inflación galopante hasta los 751 euros, frente a los 663 euros en los que se encuentra actualmente tras la subida del dos por ciento aprobada en enero por el Ejecutivo.

La huelga de 24 horas convocada por el sindicato del sector privado nucleado en la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y a la que se han sumado también los trabajadores públicos, así como representantes de otros gremios, se celebra bajo el lema "El salario no alcanza, las cuentas no cierran". 

"Durante los últimos 14 años, los trabajadores han asumido la carga de una profunda crisis que afectó a los ingresos y las vidas de todo el mundo", dijo la GSEE en relación a la crisis financiera griega que comenzó a finales de 2009 y dejó al país dependiente de rescates internacionales durante una década.

“Los años han pasado y la crisis se ha agravado, las cargas permanecen, los derechos se reducen. Vamos a la huelga y exigimos que el gobierno tome medidas aquí y ahora", advirtió el sindicato de trabajadores privados. Grecia viene registrando un aumento de los precios, especialmente en energía y algunos productos básicos como la harina, luego de la invasión rusa en Ucrania.

Prácticamente todo el transporte público quedó paralizado el miércoles, salvo colectivos que pararon solo desde el inicio del turno hasta las nueve de la mañana y lo volvieron a hacer por la tarde. Además del metro, el tranvía y los trolebuses, se detuvo también buena parte del tráfico ferroviario, tanto de cercanías como de largo recorrido, aunque se garantizaron servicios mínimos.

Tampoco los ferries han salido de los puertos ni trabajaron las administraciones públicas. En el tráfico aéreo la jornada transcurrió con normalidad, ya que un tribunal le prohibió a los controladores aéreos sumarse a la huelga. Los medios de comunicación se han sumado parcialmente a la protesta con un paro de cuatro horas, desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde. 

Miles de personas salieron por la mañana a las calles en varias ciudades del país en apoyo a las reivindicaciones sindicales. En Atenas, la marcha discurrió por todo el centro de la capital hasta la plaza de Syntagma, en la que se encuentra el Parlamento. 

Entre los manifestantes se encontraban también empleados de ministerios como Jristina Jristidu, que trabaja en el de Fomento. Jristidu aseguró que después de diez años de crisis económica su sueldo se redujo tanto que todos los meses tiene que pedir adelantos para poder sobrevivir, y el encarecimiento de la energía pone las cosas peor.

Apostolis Dallas, que trabaja como asesor fiscal, sostuvo por su parte que las ayudas que está dando el gobierno griego para afrontar el encarecimiento de la energía "no pueden contrarrestar las enormes subidas de precios", si bien recordó que en Grecia las altos precios energéticos y de los combustibles siempre fueron un problema, incluso antes de la guerra en Ucrania. 

Pero no todas son malas noticias, ya que Grecia completó de manera anticipada el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de toda su deuda pendiente, contraída con la institución desde 2010 en los distintos rescates del país heleno. "¡Fin de una era para el FMI como prestamista en Grecia! Una era que los griegos no deben y nunca volverán a vivir", sostuvo en su cuenta de Twitter el primer ministro griego, Kyriakos Mitstotakis

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Castillo ante un escenario de revuelta social

Dura protesta en Perú por la suba de los precios

El presidente Pedro Castillo enfrenta las primeras protestas populares contra su gobierno. El alza en los precios de los combustibles, peajes, alimentos e insumos para el agro, gatilló las protestas en diferentes regiones del país. Gremios de transportistas y agricultores iniciaron las movilizaciones contra el incremento de precios, las que se extendieron a otros sectores ciudadanos. Bloqueos de carreteras, saqueos a comercios y enfrentamientos entre manifestantes y policías han puesto en jaque al gobierno. La violencia estalló el fin de semana y este lunes se agravó. Se han reportado cuatro muertos, pero el gobierno ha salido a aclarar que no han sido consecuencia de la acción policial. Un niño murió ahogado al caer a un río cuando corría para alejarse de un choque entre manifestantes y policías, dos personas murieron atropelladas en medio del caos y otra al no poder llegar a recibir atención médica de urgencia por uno de los piquetes que bloqueaban una vía. 

El gobierno enfrenta esta crisis social a poco más de ocho meses que Castillo asumiera la presidencia en medio de la esperanza popular de cambio, la que se ha venido diluyendo, y cuando está debilitado por la guerra que desde el primer día le ha declarado la derecha y por problemas internos, como nombramientos cuestionados, denuncias de corrupción y un alejamiento de su programa original de cambios.

Ha sido la cuna del partido de gobierno Perú Libre (PL), la región andina de Junín, donde se inició la violencia. Una declaración del presidente Castillo hecha el viernes acusando a los dirigentes de la protesta de estar pagados para atacar al gobierno encendió la ira popular. “Se anuncian paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas”, fueron las palabras de Castillo que incendiaron un escenario social que ya estaba muy cargado de carencias agravadas con la pandemia y las últimas alzas, frustración y rabia.

El sábado, el gobierno envió a la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín, a siete ministros para dialogar con los huelguistas. La violencia se había extendido en esa ciudad, con saqueos y ataques a locales públicos. La casa en Huancayo del secretario general de PL, Vladimir Cerrón, fue apedreada. Ministros y manifestantes se reunieron en un coliseo, en medio de un gran desorden. Afuera continuaban los enfrentamientos y el olor a gases lacrimógenos penetraba hasta el coliseo. En el tumultuoso encuentro los representantes del gobierno, para buscar bajar el malestar, comenzaron poniendo en los parlantes las disculpas de Castillo por sus cuestionamientos a los dirigentes de la protesta. “Si en algunas de esas declaraciones hubo un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, lo tengo que hacer mil veces”, fue la disculpa del presidente.

Para atender los reclamos por las recientes alzas de precios, el gobierno anunció una reducción de impuestos a los combustibles para disminuir su precio, que entró en vigencia desde este lunes, y la eliminación del Impuesto General a las Ventas (equivalente al IVA argentino) para alimentos básicos de la canasta familiar, como el pollo, huevos, harina, azúcar, fideos. Esto último debe ser aprobado por el Congreso. También se anunció el incremento del sueldo mínimo de 930 a 1 025 soles (de 248 a 273 dólares) a partir de mayo. Se acordó la revisión de los contratos de concesión de los peajes para enfrentar las recientes alzas, y la adopción de medidas para reducir el costo para los agricultores de los fertilizantes. Se firmó un acta al final de la tarde del sábado y se anunció el levantamiento de los bloqueos y movilizaciones. Pero no todos los dirigentes aceptaron lo acordado y en otros casos buena parte de las bases desconocieron lo firmado por sus dirigentes. En ese escenario, no hubo tregua, ni levantamiento de bloqueos. Por el contrario, el lunes la convulsión social se agravó, los bloqueos, la violencia y los saqueos se extendieron a diferentes regiones del país.

Este lunes, la Panamericana Norte y Sur, y la Carretera Central que comunica Lima con la zona andina, las tres principales vías de comunicación del país, estaban bloqueadas por piquetes de manifestantes. Los saqueos a comercios se repitieron en distintas ciudades. En Lima, mercados y tiendas cerraron por temor a los saqueos. Durante todo el día se dieron los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Con la violencia y el caos en las calles y carreteras, representantes del gobierno se reunieron nuevamente con dirigentes de los huelguistas. Esta vez en Lima. El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, uno de los negociadores, dijo que el gobierno reconocía y respetaba las demandas sociales, que estaban abiertos a seguir dialogando, pero advirtió que “no se van a tolerar los bloqueos”. El ministro anunció que a lo acordado el fin de semana se sumarán otras medidas para atender las demandas de los gremios en protesta, pero no anunció cuáles serían. Las negociaciones seguían. Al cierre, uno de los gremios de transportistas anunció el levantamiento de la protesta.

Las alzas de los precios de combustible y alimentos, impulsadas por la crisis producida por la guerra en Ucrania, han agravado hasta el límite de la resistencia la precaria situación de un importante sector de la población que ya estaba muy golpeado por la pandemia. Esa desesperación estalló en rabia contra el gobierno. La derecha, que culpa por el alza de precios al gobierno desconociendo el escenario internacional, busca subirse a las protestas sociales de los sectores populares, las que antes siempre ha criminalizado, para sacarles provecho en su afán de desestabilizar al gobierno. Lo hace después de haber fracasado en su convocatoria desde el inicio del gobierno a movilizaciones antigubernamentales con discurso golpista, que quedaron limitadas a Lima y con escasa convocatoria. Estas protestas populares de los sectores que han sido la base electoral de Castillo cambian el escenario en las calles, jaqueando al gobierno como la derecha golpista no ha podido hacer

Por Carlos Noriega

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