Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enEdición Nº247
La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

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La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

Publicado enEdición Nº246
“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
Los detalles de la ley islandesa que regula la igualdad salarial entre hombres y mujeres

 

Por: Èric Lluent

Estos días todos los medios nacionales e internacionales hablan de Islandia para destacar la entrada en vigor de la ley que regula la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se trata de una revolucionaria legislación que obligará a las empresas con más de 25 trabajadores a certificar que pagan de forma igualitaria a todos ellos, sin discriminación de género. A continuación, un análisis de la nueva ley para entender mejor de qué se trata y aclarar dudas sobre su implementación.

 

ÍST 85:2012. Debemos familiarizarnos con este código, puesto que es el nombre técnico del estándar en el que se basa la nueva legislación islandesa. Este es un estándar de calidad que se redactó en 2012 y que voluntariamente ya han implementado algunas empresas. Tanto los sindicatos como las patronales participaron en su creación y la idea inicial era que las empresas se sumaran al proyecto para conseguir el certificado con el fin de mejorar su reputación y dar garantías de igualdad a sus trabajadores y a los consumidores. La voluntad de las partes que impulsaron el ÍST 85:2012 es que, poco a poco, vaya exportándose a otros países, con el fin de internacionalizar esta revolucionaria medida para acabar con la brecha salarial de género.

Ley de igualdad de estatus e igualad de derechos entre hombres y mujeres. La norma a la que hacemos referencia es la ley 10/2008 (Ley de igualdad de estatus e igualdad de derechos entre hombres y mujeres) aprobada por el parlamento islandés hace diez años. La novedad la encontramos en la modificación 56/2017, aprobada el pasado mes de junio, que se desarrolla especialmente en el artículo 19 de la citada ley. En su redactado se especifica que las empresas de más de 25 trabajadores deben cumplir los requerimientos del estándar ÍST 85:2012 mediante una auditoria que debe presentarse al Centro para la Igualdad de Género, tanto si el resultado es positivo como si es negativo.

Se implementará completamente en 2022. Respecto a la aplicación de esta ley, la provisión temporal sexta nos aclara el calendario previsto. Si bien ha entrado en vigor este 1 de enero, las empresas de más de 250 trabajadores tienen hasta el 31 de diciembre de 2018 para presentar su auditoría a las autoridades para conseguir el certificado. Las empresas de 150 a 249 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2019. Las de 90 a 149 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, finalmente, las de 25 a 89 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2021. De esta forma, no será hasta 2022 que todas las empresas de más de 25 trabajadores deberán contar con este certificado. Hay que tener en cuenta que las empresas de menos de 25 trabajadores quedan fuera de esta ley, lo que supone que no se garantiza la igualdad salarial a todas las trabajadoras, si bien sí a la mayoría. También hay que considerar el hecho de que las diferencias salariales más significativas se dan especialmente en las grandes empresas.

Sanciones de hasta 400 euros al día. Una de las grandes incógnitas es la cuestión de las sanciones que deberán afrontar las empresas si no consiguen el certificado. Hasta que no se resuelvan los primeros casos el próximo año, no conoceremos la cuantía exacta de las multas. Hay que tener en cuenta que antes de la aplicación de las sanciones, la ley prevé un periodo para que las empresas regularicen la situación. En caso de no ser así, la ley especifica que las multas no superarán las 50.000 coronas islandesas al día, unos 400 euros. No se impondrán, por lo tanto, multas millonarias, puesto que la intención no es recaudar sino disponer de una herramienta efectiva para asegurar la igualdad salarial. La ley también prevé la publicación de los resultados cada dos años.

No todo se soluciona con esta ley. Esta legislación pretende garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo tipo de trabajo. Es decir, hace referencia a la brecha salarial ajustada, la que, por resumir, compara el salario hora a hora por una misma tarea. No obstante, la brecha salarial sin ajustar incluye las diferencias salariales entre hombres y mujeres derivadas de la mayor disposición de los hombres para hacer horas extras, turnos nocturnos o fines de semana, en perjuicio de las mujeres que se ocupan de tareas familiares o del hogar no remuneradas. La ley no hace referencia a estas diferencias entre hombres y mujeres, por la cual es previsible que la media salarial continúe mostrando un fuerte desequilibrio. Si tenemos en cuenta la brecha salarial sin ajustar, a día de hoy las mujeres islandesas cobran, de media, un 72,5% de lo que cobran los hombres.

Aquellos lectores que quieran conocer con más detalle esta legislación, la pueden consultar en inglés en la página del Ministerio de Bienestar del gobierno de Islandia.

 

Publicado originalmente en La Marea

 

 

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Martes, 03 Octubre 2017 06:28

Lo que podemos aprender de Avon

Lo que podemos aprender de Avon

Avon y su instrumentalización de la mujer, una muestra más de cómo opera hoy el patriarcado capitalista.

 

Ver televisión se ha convertido para mí, con el paso del tiempo, en una experiencia extraña, de extrañamiento. No solo porque sucede ocasionalmente, ya que vivo (o he aprendido a vivir) sin televisor, sino porque, justamente estando rara vez sometido a su influencia, siempre que me topo con una pantalla ocurre una suerte de cortocircuito. Hay que esforzarse por rehacer el propio nicho ecológico en las urbes contemporáneas para percatarse, afectivamente hablando, de hasta qué punto es modificada nuestra percepción en la dinámica de existir-con las máquinas. Uno de los choques que con mayor fuerza me impacta tiene que ver con las temáticas fitness que atraviesan innumerables comerciales. “Aclara tus axilas”, “elimina barros y espinillas”, “luce un cabello sedoso”, “enriquecido con vitaminas”, “recomendado por expertos” o “dos de cada tres médicos lo recomiendan”, “estrena sonrisa”, “toma X y mantente activo”, “toma Y para sentirte bien/mejor”, “edúcate, no te quedes atrás”, son algunas de las consignas más recurrentes. Y si son consignas es en razón de que ordenan, dan órdenes, así el efecto para el “consumidor” sea el de la libertad de elección.

 

El patriarcado

 

Quizá estemos acostumbrados a asociar lo fitness con aquello que, contribuyendo a la buena salud, nos hace “lucir bien” o “conservar la línea, la figura”. No obstante, lo fitness puede devenir en modelo o paradigma para comprender un vasto conjunto de dinámicas ligadas al trabajo sobre el cuerpo, y al “mejoramiento” mental-corporal en general. Este tema, por supuesto, no es nuevo: en los escenarios filosóficos, sociológicos y antropológicos, pero también en los de las artes y las ciencias naturales, muchas teóricas feministas, hace décadas, han puesto en circulación el concepto “patriarcado” para hacer referencia a la manera en que, en Occidente, y por ende en el mundo entero, pues vivimos en un mundo caracterizado por la hegemonía occidental, ha primado una tendencia al control y la explotación de los cuerpos, en especial del de las mujeres, pero también del gran cuerpo de la naturaleza y de todos los seres fuertemente naturalizados: niños, “locos”, indígenas, personas racializadas como negras, animales, plantas, ríos, etcétera.

 

Control y explotación de la naturaleza que ha requerido establecer la primacía de la mente sobre el cuerpo (tan apreciada por Platón y Aristóteles), de lo divino frente a lo terrenal (tan apreciada en el medioevo cristiano) y del “racional” hombre blanco (“moderno”, “civilizado”, etc.) sobre su propio cuerpo, sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las formas de vida no occidentales y no humanas en general (incluyendo esa hermosa dimensión inorgánica de la Vida que poco se suele mencionar). Así, actualmente el patriarcado llegó a convertirse, específicamente, en uno de corte capitalista y colonial, en el que se recrudece la explotación y se refinan las técnicas de gobierno sobre la Vida. Ahora bien, ¿en qué consiste la última reconfiguración del patriarcado capitalista occidental (es decir, colonial o imperial)? Aquí entra a jugar aquello que podemos aprender de Avon, pero también de los comerciales fitness que últimamente resultan increíblemente chocantes.

 

Los ataques con ácido como técnica política patriarcal

 

Esta historia comienza con Natalia Ponce de León, reconocida activista colombiana que, tras sufrir un ataque con ácido propinado por un hombre, creó una fundación que lleva su propio nombre, cuyo objetivo es “defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de ataques con químicos”, según se puede leer en su página de Internet. Los ataques con ácido, en los que Colombia desafortunadamente ocupa el tercer puesto a nivel mundial, son una famosa técnica política patriarcal de control sobre los cuerpos de las mujeres. El ácido destroza los cuerpos de aquellas que se niegan a ocupar los lugares esperados por el patriarcado, o, en otras palabras, es cuando los hombres perciben su dominio menguado que ponen en funcionamiento esta técnica de control, deseando demostrar con ello, espantosa y radicalmente, que las mujeres no son “dueñas de sus vidas”. Por supuesto, es recurrente, parte del funcionamiento de tal técnica política, que cada vez que ocurre un ataque con ácido éste se reduzca a una cuestión “psicológica” o “individual”, sea a causa de los “celos”, la “locura del amor”, la “obsesión”, etcétera.

 

Natalia Ponce, a pesar de saber que la violencia del ácido está asociada a formas de violencia patriarcales mucho más imperceptibles, es decir, a otras técnicas de control, recientemente inició una campaña con la Fundación Avon para la Mujer.

 

Como parte de la campaña vemos que a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá se han desplegado afiches donde aparece la propia Natalia Ponce, maquillada y sonriente, junto con mensajes como: “¿Te hace sentir culpable? Es violencia” o “¿Te maltrata verbalmente? Es violencia”. Como es de esperarse, para muchas personas resulta inmediatamente chocante, aunque “conmovedor” e “inspirador”, el contraste entre el “desfigurado” rostro y el maquillaje. Y es que la historia de Natalia no puede sino despertarnos pasiones encontradas en un mundo donde la imagen y su circulación juegan un rol central. Sea como fuere, en esto coincido con parte del “sentido común”, creo que Natalia verdaderamente nos enseña cosas valiosas, pues, al contrario de lo que se espera con el despliegue de las técnicas de control patriarcales (sea el ataque con ácido, la culpa, el interrumpir al hablar o no escuchar, la violación, etc.), ella ha emprendido una ardua lucha por “reapropiarse” de su cuerpo, de su imagen, de su vida, e incentivar a otras mujeres para que lo hagan, lo cual no es nada fácil. De ella admiramos su increíble fuerza vital. Sin embargo, para nuestro pesar, parece que Avon, a su vez y de manera tremendamente refinada, ha logrado capturar parte de esa fuerza vital con la finalidad de ponerla al servicio del (reconfigurado) patriarcado capitalista occidental una vez más.

 

La biorregulación, o Avon y el patriarcado capitalista fitness

 

La Fundación Avon para la Mujer pertenece a Avon Products Inc., una empresa multinacional, con presencia en más de 120 países, dedicada al negocio de los cosméticos y otros productos como perfumes y joyas. Su mercado se instala en la zona fronteriza de la “salud” y la “belleza”. Aunque parezca baladí recordarlo, Avon es una empresa, una de tamaños colosales, cuya principal preocupación, como sucede con toda empresa colosal, es la obtención y acumulación indefinida de capital, lo cual implica, necesariamente, la explotación y el control de las energías de las trabajadoras y trabajadores, y de la naturaleza, que es de donde proceden sus productos. Avon es, igualmente, un caso paradigmático de lo que líneas atrás llamé fitness, a saber, ese vasto conjunto de dinámicas ligadas al trabajo sobre el cuerpo y al “mejoramiento” mental-corporal en general. De ahí que “salud” y “belleza” se crucen con el discurso del “empoderamiento” de las mujeres, del ser cada vez “más bellas”, “más fuertes”, “más independientes” y “más sanas”. Que la publicidad emplee los cuerpos de las mujeres, con el objetivo de incrementar las ganancias de las empresas, no es una novedad, esto sucede tanto con empresas que venden productos para las mujeres mismas como con empresas que no, lo cual, en efecto, es una de las múltiples maneras en que el patriarcado capitalista usa, vende, intercambia, expone, explota y consume los cuerpos femeninos, pero el caso de Avon va más allá.

 

Avon no solo pone en circulación los cuerpos de las mujeres de la manera ya mencionada, sino que, al tiempo, regula y modela los cuerpos de sus propias trabajadoras y consumidoras. Michel Foucault, el conocido intelectual francés, propuso en su curso Defender la sociedad dos conceptos que nos ayudan a comprender mejor este fenómeno. Según él, en determinados momentos del desarrollo capitalista, aparecieron un par de tecnologías políticas que permiten regular, gobernar y explotar los cuerpos y las energías, las fuerzas, de los sujetos: la biorregulación (o biopolítica) y la organodisciplina (o anatomopolítica). Mientras la organodisciplina se pone en marcha en espacios cerrados y sobre sujetos precisos (por ejemplo en la escuela, el hospital (mental), etc.), la biorregulación se ejerce sobre poblaciones enteras a través, por ejemplo, de programas de salud pública, y está relacionada con el gobierno de los grandes fenómenos vitales de cualquier viviente: nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, etcétera. Por cierto, tanto la biorregulación como la organodisciplina son necesarias en un contexto donde se requieren trabajadores con unos mínimos vitales, o incluso con una vida cualificada, para desempeñar ciertas labores y además consumir ciertos productos. El Estado-mercado capitalista patriarcal, evidentemente, no se ocupa de la vida de la población y de la naturaleza por motivos “altruistas”. Adicionalmente, estas tecnologías presuponen una adaptación conveniente de la jerga de la biología evolutiva, en donde los problemas son los de la “adaptación del más sano y fuerte”, el “mejoramiento”, la “lucha por la supervivencia”, etcétera. Toda una competencia por la vida entre individuos y grupos que, como sabemos desde la escuela, el capitalismo no cesa de incentivar.

 

Pues bien, la novedad acá radica en que el patriarcado capitalista fitness, en el marco de un ambiente tamizado jurídica y militarmente por el Estado, promueve formas de biorregulación donde la cuestión “salud” y el “mejoramiento” mental-corporal en general las delega a las empresas privadas. Avon es una gran prueba de ello, su interés en las mujeres no es un interés feminista por echar abajo al patriarcado capitalista occidental, simplemente necesita invertir un mínimo para que existan ciertas mujeres que consuman sus propios productos y a su vez los vendan. Recordemos que Avon “emplea” a innumerables mujeres en todo el mundo.

 

En síntesis, Avon necesita con vida, e incluso con unos mínimos de vida “saludable”, a las mujeres de las que extrae todas sus energías y ganancias. Eso explica en gran medida su Fundación y sus campañas en pro del “empoderamiento”, contra el cáncer de seno y contra la “violencia doméstica”, como la campaña realizada en alianza con la Fundación Natalia Ponce de León.

 

No obstante, como es bien sabido, en la lucha capitalista por la vida no todas las mujeres pueden comprar y usar los productos de Avon, ni todas pueden si quiera tener unos mínimos vitales. ¡Pero claro! Si de ingresos se trata, Avon “empodera” a las mujeres con trabajos precarios que consisten en vender productos voz a voz y, de paso, fagocitar las capacidades relacionales y afectivas que pueden darse entre ellas. Y se atreve a llamarlas “empresarias” y “emprendedoras”. En sentido estricto, ni si quiera las reconoce como obreras. Y, ¡vaya sorpresa!, las más afectadas son siempre las mujeres que se alejan del ideal occidental: las pobres, las indígenas, las ancianas, las de los países “periféricos”, las que no cumplen con determinadas “capacidades” y estándares corporales, etcétera. Esto, aunado al uso de las imágenes de sus cuerpos para el incremento de ganancias (así se trate de “diferentes formas de ser mujer”) y al estimulado hiperconsumo que está devastando nuestro planeta, hace de Avon una muestra más de cómo opera hoy el patriarcado capitalista. Por ello, el presente texto es escrito, al tiempo, en complicidad con mujeres como Natalia y contra empresas como Avon.

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