Domingo, 01 Mayo 2016 07:10

Una vez más Primero de mayo

Una vez más Primero de mayo

Durante la Segunda Internacional, celebrada en París en 1889, se decide establecer esta fecha para celebrar el día en que los trabajadores debían demandar sus derechos en recuerdo de los llamados “mártires” de Chicago, obreros anarquistas norteamericanos ejecutados por haber iniciado una huelga ese día de 1886 para reclamar la jornada laboral de ocho horas.

Todavía hoy, como siempre, siguen siendo tiempos de resistencias. En cualquier lugar. Por ejemplo, la resistencia de las compañeras y compañeros de Argentina en su lucha contra las arbitrarias decisiones de su presidente; la de la gente que en Brasil combate por evitar la caída de la democracia por motivos supuestamente “democráticos”; de las personas que en Europa pelean contra la violación de derechos y de la legalidad internacional frente a la inmigración. Por todas y todos los que, en cualquier parte del mundo, continúan defendiendo la vida digna, la justicia social y los derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

El 1º de mayo de 2016 las organizaciones sindicales en España se movilizarán “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”. Bien. Pero aprovechemos para demandar primero lo último, lo más básico: DERECHOS. El trabajo es uno de ellos. Antes necesitamos el derecho a vivir en paz y con dignidad. A que nos escuchen y no nos quieran dar limosnas sin haber oído las demandas. No queremos favores que luego nos cobran, queremos DERECHOS.

En Colombia, las centrales sindicales dicen “Vamos a la movilización”, exigiendo al Gobierno trabajo decente y que cumpla los quince puntos de la propuesta que le entregaron el pasado 17 de marzo y entre las que se encuentran: un aumento general de salarios, frenar la venta del patrimonio público, fortalecer la salud y educación, restablecer la mejora salarial cuando se labore por las noches, en domingos o en festivos o cumplir los acuerdos con las personas pensionadas.

También que derogue el Decreto 583 de 8 de abril por el que se legaliza la tercerización laboral en cualquier clase de empresa pública o privada.
Frente a todas las injusticias tenemos el derecho a resistir, a mantenernos firmes contra los embates de esta sociedad neocapitalista y neocolonizadora que nos hunde en las profundidades de las ignorancias y en el consumismo sinsentido haciéndonos creer que somos libres.

También por las luchas silenciosas o acalladas, que las hay y muchas, que los medios no dicen. Tal vez porque no forman parte del “espectáculo” mediático.
Por estos días está bajo amenaza de cierre el periódico francés L´Humanité, un clásico de los medios que necesitamos que subsista y que no siga el camino de L´Unita, otro histórico tristemente desaparecido. Porque, sean cuales sean nuestras utopías, necesitamos de los medios, de la información y sobre todo de la comunicación. Es otro derecho inalienable, para todas y todos.

Hace ciento doce años, el 18 de abril de 1904, ese diario galo decía en su primer editorial: “No hay necesidad de mentiras, ni medias mentiras, ni de informaciones tendenciosas, ni de noticias forzadas o truncadas, ni de procedimientos retorcidos o calumniosos. No se necesita reducir o rebajar injustamente a los adversarios. Tampoco hay necesidad de mutilar los hechos”.

Por eso creo necesario recordar que tenemos la palabra y recuperar “Una carta por la palabra”, otra entrada del viejo pateras al Sur que también fue publicada en la Tribuna del sindicato CCOO, y dedicársela a todas y a todos los que seguimos resistiendo. Porque no se trata de ser resilientes, sino resistentes.

sábado 15 de septiembre de 2012

“En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo”

Una carta por la palabra

Ciudadanas y ciudadanos, escribo, tal vez, con la libertad que da la distancia. Con la tranquilidad y el punto de vista que te imprime ser “extranjero”. Escribo, porque me queda la palabra. Escribo como sociólogo, como comunicador, como periodista. Escribo como empleado público, como funcionario, como sindicalista. Escribo, en fin, como persona y como ciudadano. Escribo porque, todavía, me queda la palabra.

En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo. Sí, y lo malo es que llevan camino de conseguirlo. Recortes sociales; privatizaciones de servicios públicos; falta de presupuestos para instituciones y organismos públicos, ya sean educativos, sanitarios, judiciales, de investigación, de ayuda a personas dependientes,... ¿Por qué? ¿Para salir de la crisis? ¿Para reducir el desempleo? ¿Para mejorar la competitividad? La respuesta es la palabra NO. No, no y no.

Todo lo que dicen es mentira. Sus medidas buscan empobrecer socialmente el país; perjudicar más a los desfavorecidos; recortar derechos a minorías, mujeres e inmigrantes, y arrasar con más de treinta años de luchas democráticas por los derechos laborales.

Persiguen allanar el camino al capital, a la especulación y a la explotación. Están acabando con la democracia. Pero, nos queda la palabra.

Con sus políticas están destrozando los logros sociales de ese sueño, que no se llegó a realizar del todo, que era el Estado de bienestar. Crean la sensación de que todo lo público es malo, que no funciona, que es costoso y que cerrarlo contribuye a mejorar la situación económica y a cumplir con Bruselas. Más mentiras.

Lo que hacen es armarse de falsos argumentos para tener justificación para privatizarlo todo. No nos arruinan económicamente porque nunca hemos tenido patrimonio monetario, como esos que atesoran nuestros políticos y políticas. Pero tenemos un patrimonio moral, tenemos valores,... y nos queda la palabra.

Y no nos van a callar. Aunque nos dejen desnudos, “como a los hijos de la mar”, aunque descabecen sindicatos y sindicalistas a golpe de “reales decretos”. Desde donde estemos, o a donde nos manden, aunque seamos “cuatro gatos”, pese a que no contemos nada para los poderes. Gritaremos alto y claro. Porque nos queda la palabra.

El sábado 15 de septiembre habrá una manifestación multitudinaria, esperemos. Que probablemente, pensarán muchos, no servirá para nada. Pues sí, es posible que así sea porque “ellos” tienen la sartén por el mango. Tienen el poder económico y tienen el poder político, lo poco que les queda de ambos sin vender a los mercados. Pero no importa, hay que movilizarse y luchar para que vean que estamos hartos y dispuestos a enfrentarnos.

Porque la ciudadanía española sí quiere hacer política, verdadera política de luchar por el bien común de las mayorías. Porque nos queda la palabra.

En 1947, Camus escribió que “No hay, quizá, ningún régimen político bueno, pero la democracia es, con toda seguridad, el menos malo. La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia.

Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres (añadamos y de mujeres) cree poseer la verdad absoluta. Por eso, el Parlamento y los diputados necesitan hoy una cura de modestia”.

Y continuaba diciendo “demócrata, en definitiva, es aquel que admite que el adversario puede tener razón, que le permite, por consiguiente, poder expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos. Cuando los partidos o los hombres están demasiado persuadidos de sus razones como para cerrar la boca de sus oponentes por la violencia (en este caso la legislativa y ejecutiva), la democracia deja de existir”.

En ese mismo texto señalaba que “las civilizaciones no se forjan a reglazos en los dedos, sino con la confrontación de las ideas, con la sangre del espíritu y con el dolor y el coraje”. Y con la palabra.

Pues señoras y señores, el Gobierno español, y sus diputados, senadores y seguidores varios, se cree en poder de la verdad absoluta, no sabe lo que es la democracia y quiere plantar su civilización a base de “reglazos” en los dedos y en la cabeza de toda la ciudadanía. Pero, no tienen el poder de la palabra.

Termino mis citas del gran pensador francés, premio Nobel de Literatura en 1957, con esta otra: “La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no sabemos ya nuestras razones para luchar o, precisamente, si debemos luchar”.

Sabemos nuestras razones y sabemos que sí tenemos por qué luchar. Creemos en la democracia, aunque sea mala. Así que debemos seguir esperanzados, convencidos de nuestros ideales y de nuestros motivos, que son los de la mayoría aunque “ellas y ellos” no lo quieran ver. Y creo, como decía el maestro Freire, que “no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza“. Nosotras y nosotros tenemos la palabra.

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Martes, 05 Abril 2016 15:22

Con amor y decisión de madre

Con amor y decisión de madre

Las madres comunitarias que trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) no cesan su denuncia. Desde febrero del año en curso denuncian la decisión oficial de terminar con los programas tradicionales de Instituto, sosten fundamental de los cuales ha sido la incansalbe labor de miles de mujeres por todo el país a lo largo de por lo menos los últimos 30 años.

 

Abril llegó con miles de mujeres movilizadas en defensa de los derechos de los niños y niñas más pobres de nuestro país, así como de su derecho al trabajo. En efecto, el lunes 4 arrancó el paro nacional indefinido de las Madres Comunitarias. Su presencia se hizo sentir en varias ciudades del país, igual al inicio del segundo día de paro, donde cientos de mujeres ocuparon avenidas en ciudades capitales. A su inconformidad se suma la denuncia por las pésimas condiciones laborales a las que el Icbf las some y los pocos recursos que el Estado gira para el cuidado y la alimentación de los niños y niñas que ellas tienen a cargo.


Las Madres Comunitarias, que dependen totalmente de los recursos del Estado para su funcionamiento y sostenimiento, viven una pauperización paulatina en la calidad de la asistencia gubernamental, así como la tercerización en la prestación de algunos servicios alimenticios y dotacionales, pues al parecer la disminución en la calidad de los productos que reciben responde a la ganancia que las empresas contratadas buscan obtener.
Niños y niñas los principales perjudicados


Sus denuncias más importantes están basadas en que miles de niños y niñas no han podido ser atendidos este año debido a que aún existen falencias en la infraestructura del nuevo modelo implementado. Esto ha traído como consecuencia la muerte de niñas y niños por desnutrición o por condiciones de desatención. Según Sintracihobi estas denuncias han sido reportadas en la sede nacional del Icbf sin recibir alguna respuesta.


El día 18 de febrero de este año las Madres Comunitarias citaron a la directora del Icbf, Cristina Plazas Michelsen, a una audiencia pública que tuvo desarrollo en la sede central del Instituto. Allí denunciaron abiertamente la lamentable situación que viven los niños atendidos a nivel nacional. Entre las denuncias más destacadas se encuentra la miserable minuta de alimentación (seguimiento nutricional y alimenticio) que otorga el Icbf para la atención de las niñas y los niños a nivel nacional. Desde este año este Instituto aumentó una ración más de alimentación para los niños, pero el Estado no aumentó el presupuesto para esa nueva ración de comida.


Las Madres Comunitarias reciben $ 2 mil 500 por día para la alimentación de cada niño que está a su cuidado, dinero con el cual deben garantizarle desayuno, y las onces de la tarde. Ahora, con ese mismo dinero, tienen que garantizar, además de los platos ya relacionados la media mañana. Es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les aumentó sus obligaciones sin incrementar el aporte en dinero.


Derechos laborales no reconocidos


Además de las graves falencias en la administración de insumos para la alimentación y la educación de las niñas y los niños, las Madres Comunitarias también están afectadas por el incumplimiento de algunos acuerdos pactados. El Ministerio de Trabajo y el Icbf les han incumplido con su contrato laboral. Desde 2013 están vinculadas laboralmente y se pactó que sus contratos serían a término indefinido, pero nunca ha sido así. Los contratos son por término definido, por tres o cuatro meses, máximo seis, lo que genera la interrumpción de las prestaciones sociales y que las liquidaciones no lleguen completas.


Esta inestabilidad laboral, denuncian representantes de Sintracihobi, se agudizó desde el 2015, cuando tomó cuerpo la iniciativa del Banco Nacional de Oferentes, la cual es una “invitación pública” a todos los interesados en participar en los programas de primera infancia, que cuenten con músculo financiero y experiencia al cuidado de la infancia y adolescencia. La puesta en marcha de este sistema fue nefasta para el personal de las programas de Icbf, los niños a su cargo y las asociaciones de padres de familia, debido a que las pusieron a competir contra los operadores privados –que cuentan con una amplia capacidad económica–, operadores muchas veces elegidos a dedo por funcionarios del Instituto con intereses monetarios o con situación de cercanía con los mismos, evidenciando la corrupción con la que en algunas regiones realizaron el proceso de contratación.


Esto ha obligado a las madres comunitarias a solicitar contratos con operadores privados, a menudo sin ser recibidas por estos a pesar de que la directriz del Icbf es la de contratación obligatoria.


Las madres comunitarias sin pensión


Estas injusticias provocaron la deserción de las madres vinculadas al programa desde hace más años, muchas de ellas fundadoras del Programa, dejando esta labor sin haber sido reconocidos sus derechos prestacionales, adeudados por el Estado desde hace tantos años. Estos derechos desde el 2014 son motivo de litigio laboral por parte de las Madres. Tienen ellas claro que el Estado, y no los intermediarios, es quien les debe su derecho a pensión y contra él encausan sus esfuerzos. Por el momento éste las quiere despachar con un bono equivalente a $ 200.000 por veinte y hasta treinta años de servicio, todo un insulto y una violación a los derechos fundamentales.

Estas y otras reivindicaciones están relacionadas en su pliego de peticiones, en el cual está resumida una lucha de muchos años, diversidad de derechos violados por el Estado y los mismos derechos de las niñas y niños de los sectores populares los cuale continúan vistos por el Estado como sujetos de segunda clase.

Expresiones desde algunas regiones

 

Bolívar


Las madres comunitarias del departamento se unen así al paro nacional indefinido que busca crear una mesa de negociación para debatir un pliego de peticiones en los que se resalta el pago de seguridad social, pensión y calidad alimentaria para los niños bajo su protección.


“Quedamos desafiliadas de la seguridad social y tenemos muchas madres comunitarias enfermas que hasta el momento no han sido atendidas. Le exigimos al Estado contrato indefinido, pensión digna para aquellas que lo necesiten, que son las enfermas y mayores de 70 años”, denunció, Eduviges Campos, quien viajó desde Cartagena al paro indefinido frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá.


Santander


Alrededor de 200 madres comunitarias salieron a protestar en la mañana de este lunes 4 de abril al parque García Rovira, frente a la gobernación de Santander, para exigir mejores condiciones laborales y un aumento en el presupuesto de alimentación por niño.


Diana Patricia Arguello, lideresa de las madres comunitarias en el departamento aseguró que “si hay desnutrición en Colombia no es por culpa de las madres comunitarias, sino del Estado. Si no aumentan los recursos entonces que quiten una de las raciones de comida, que vuelvan a ser tres raciones diarias, como era el año pasado y no cuatro como en la actualidad”.

 

Pereira


Cerca de 400 madres comunitarias de Pereira se unieron a la protesta para reclamar por mejores condiciones labores; entre otras peticiones.
Bárbara Oviedo Ospina, fiscal del Sindicato de Madres Comunitarias de Pereira afirmó, “estamos peleando los derechos porque a las madres comunitarias les están cerrando los hogares y no los quieren volver a abrir; adicionalmente quieren volver la modalidad satelital, es decir que van a agrupar los hogares tradicionales en una sola sede. También reclamamos porque no es justo que mamitas de más de 70 años sigan laborando. Incluso hay mamitas que se han muerto sin recibir nunca una pensión”.


Entre las peticiones de las madres comunitarias también se encuentra la reducción de la presión laboral a que están sometidas por causa de los altos estándares de calidad demandados por el Icbf –a través de sus intermediarios–, los cuales exigen que una sola persona haga lo que le corresponde a diferentes profesionales.

 

La Guajira


La madre comunitaria Nelly de la Hoz aseguró que se ve obligada a racionar la poca comida que recibe por parte de la entidad. “Me veo obligada a hacer una sopa para 12 niños con solo 6 onzas de frijoles”, dijo De la Hoz,


Pliego de exigencias


1. Vinculación con contrato a término indefinido directamente con el Icbf para quienes laboran en los programas de primera infancia y adolescencia, para permitir la estabilidad laboral de las madres trabajadoras. Dar continuidad entre diciembre y enero para el pago de este último mes bajo contrato laboral y todas las prestaciones que representa, así como la certeza de contar todo el año con seguridad social.


2. Pensión digna que abarque todos los años en los cuales se prestó el servicio a la primera infancia y adolescencia, independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre.


3. Revocar el banco de oferentes y permitir que las asociaciones que históricamente han venido contratando con el Icbf y han cumplido estándares de calidad lo continúen haciendo en el manejo de los recursos de los niños y niñas. Para ello se exige que todas las asociaciones que contrataron en el 2015 lo hagan actualmente para no generar más traumatismos en la atención de los niños y niñas y se brinde la capacitación necesaria para fortalecer administrativamente las asociaciones y capacitar a sus integrantes en la correcta administración de los recursos para poder garantizar la calidad del servicio.


4. Igualdad presupuestal en términos locativos —arriendo— y de canasta para los programas tradicionales frente a la estrategia de ‘Cero a Siempre’. Frente a este punto, se rechaza deliberadamente la propuesta de Bienestar Familiar de los programas de hogares integrales, por vulnerar la privacidad y la propiedad privada, por eso se exige la equidad presupuestal, con garantías reales sobre los inmuebles de las madres y garantía de una igualdad laboral. Exigimos que la modalidad Fami no atienda por fuera de su casa, y además se cubran para HCB, HI y HCB Fami todos los rubros necesarios para alistamiento como pintura, adecuación, auxiliar operativo, entre otros, que permita que las modalidades tradicionales puedan brindad una atención gratuita.


5. Las madres Fami deben tener la opción de trabajar tiempo completo y continuar con su calidad de madre comunitaria tradicional Fami. Adicional a esto debe existir igualdad entre el complemento alimenticio que se entrega para la modalidad Fami con el entregado en la modalidad familiar.


6. La contrapartida exigida a las asociaciones en la vigencia 2016 debe ser eliminada, y las asociaciones y operadores que firmaron este año el documento entregado no debe afectar el salario o prestaciones sociales de las madres y trabajadoras.


7. En consonancia con el memorando emitido en el mes de febrero, en el cual se expresa la obligatoriedad de vinculación de las madres comunitarias para los operadores, se rechaza deliberadamente la disposición del párrafo 3° en el cual se da la disposición clara de que las madres comunitarias transitadas a modalidad familiar y CDI, por el hecho de pasar a los programas de ‘Cero a Siempre’ pierden la calidad de madre comunitaria. Exigimos se retire este mandato expreso por parte del Icbf y se respeten los derechos adquiridos de las madres transitadas, manteniendo su estatus de madre comunitaria.


8. Las madres sustitutas deben ser cubiertas en su totalidad por parte del Icbf en los montos correspondientes a salud y pensión.


9. Los perfiles laborales de las modalidades: madre comunitaria, Fami, modalidad familiar y CDI deben ser respetados y remunerados justamente teniendo en cuenta los criterios de formación académica, pero más importante aun reconociendo la experiencia y todos los años de servicio que han prestado las madres trabajadoras en los programas de primera infancia. Este último criterio debe ser determinante para realizar un reajuste salarial a las madres con mayor experiencia.


10. En caso de que exista el cierre de un hogar o la renuncia temporal o definitiva de la madre trabajadora, cuando se logre la reapertura del mismo, debe hacerse en la modalidad que históricamente ha desarrollado, no en una modalidad integral como se está obligando por parte de algunas regionales.


11. Se debe revisar integralmente los estándares aplicados en los últimos años por parte del Icbf, ya que son lesivos para las madres trabajadoras, su estabilidad, e imponen condiciones imposibles y difíciles de cumplir por parte de los hogares tradicionales.


12. Se exige el pago de las prestaciones sociales independientemente, si existe contrato laboral para las trabajadoras de todas las modalidades. De igual manera el pago de enero debe ser reconocido para las madres trabajadoras de CDI, modalidad familiar y hogares infantiles.

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Martes, 01 Marzo 2016 05:54

El socialismo de Hollande muta liberal

El socialismo de Hollande muta liberal

El último acto de esa “mutación” que descalabró a la izquierda es una reforma laboral que responde a los lineamientos de Bruselas y Berlín y que ni siquiera los gobiernos conservadores anteriores osaron presentar.


Si alguien se anima a preguntar en Francia “qué es la izquierda”, un azorado y confuso flujo de explicaciones llenará un relato imposible. El mandato del socialista François Hollande habrá terminado la empresa de clarificación social liberal a pesar de que se hizo elegir con una plataforma de izquierda y su famoso himno “mi enemigo es la finanza”: el PS francés sufre, como lo reconoció el actual Primer Secretario del Partido, Jean-Christophe Cambadélis, “una crisis de mutación”. El último acto de esa “mutación” que descalabró a la izquierda es una reforma laboral que responde a los lineamientos de Bruselas y Berlín y que ni siquiera los gobiernos conservadores anteriores, entre ellos el muy liberal de Nicolas Sarkozy, osaron presentar.


El presidente Hollande y su primer ministro Manuel Valls sí dieron el paso y se proponen retocar el sacrosanto régimen del trabajo. Analistas de izquierda y de derecha apuntan que un gobierno socialista está completando el mandato de su predecesor liberal. El proyecto de reforma presentado por la ministra de Trabajo Myriam El Khomri arremete contra bases bíblicas de la izquierda: admite despidos en masa regulados mediante indemnizaciones a bajo costo según el estado financiero de las empresas, pone en tela de juicio el horario de 35 horas de trabajo por semana, estipula que las horas extras puedan ser pagadas por debajo de los acuerdos sectoriales. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de haber vuelto “al Siglo XIX”. Manuel Valls les responde que son ellos quienes están “anclados en el Siglo XIX”. Más allá de esta propuesta, es el conjunto de la izquierda francesa la que está en la cuerda floja. Con una constancia muy aplicada, Hollande ha borrado las fronteras entre los principios de acción de la izquierda y los de su antaño “enemigo” liberal. La confrontación se instaló hoy con dos antagonistas irreconciliables: la línea reformista socialliberal modernizadora de Valls y una socialdemocracia clásica cuya mejor exponente es la ex ministra de Trabajo y autora de ley sobre las 35 horas de trabajo semanal, Martin Aubry. En las páginas del vespertino Le Monde, esta dirigente socialista firmó un contundente alegato contra la política gubernamental junto a otros 18 dirigentes de la izquierda e intelectuales. El texto titulado “Salir del camino sin salida” plasmó el carácter irrecuperable de cualquier conciliación. La tribuna acota que “no basta con reivindicar un reformismo social para merecer ese título. No hay ni verdadera reforma, ni nada social en muchas de las políticas que se llevan a cabo desde hace dos años. En esas políticas encontramos propuestas sacadas del campo de enfrente, que no tienen nada de modernas y son ineficaces”. El texto clama un “esto es demasiado” y dinamitó la ya ficticia convivencia entre socialdemócratas y socioliberales. Martine Aubry es una referencia del PS francés. Fue la ministra de trabajo que batalló contra el patronato para hacer votar la ley de las 35 horas de trabajo semanales, fue Primera Secretaria del Partido y fue ella quien lo puso en orden de batalla hacia la victoria de Hollande en 2012. Pero desde ese entonces, la línea gubernamental asumió un perfil social liberal que llevó al Partido Socialista a perder sucesivamente cinco elecciones consecutivas, entre ellas las europeas, las municipales, las regionales y las departamentales.


El mandato de Hollande se ha caracterizado por una colección de renuncias a los enunciados de su plataforma electoral y, más ampliamente, a los núcleos que forjaron la identidad del PS. Hollande fracturó como nunca a la izquierda cuando, luego de los atentados del 13 de noviembre en París, decidió inscribir en la Constitución el retiro de la nacionalidad francesa a quienes detenten dos nacionalidades y hayan estado implicados en actos terroristas. Esa medida ha sido una de las banderas de la derecha y la extrema derecha y terminó siendo aplicada por un Ejecutivo socialista. Con ella se rompe el sacrosanto principio de igualdad porque, de hecho, se crean dos categorías de franceses. Por ello, en la tribuna publicada por Le Monde, los firmantes se preguntan “qué quedará de los ideales del socialismo cuando, día tras día, se hayan sepultado sus principios y sus fundamentos?” De las palabras, la dirigente socialista pasó a la acción. Ella y varios de sus partidarios anunciaron que querían abandonar los puestos que ocupan en la dirección del Partido Socialista.


Esos ideales socialistas han sido la retórica empleada para ganar las elecciones, nada más. Quienes hoy se oponen a que se levante la regulación son tachados de arcaicos, nostálgicos y antimodernos. Los socialistas críticos con el gobierno vaticinan una derrota fenomenal en las elecciones presidenciales de 2017. Ellos y otros sectores de la izquierda más radical han abierto otro debate en el seno de la izquierda exigiendo una “primaria” de toda la izquierda de cara a la presidencial del 2017. Pero son fuegos de artificios. La verdad es que el progresismo francés es un cuento de hadas en el que pocos electores creen. Dato inédito en los últimos siete años, las 5 centrales sindicales más grandes de Francia se han puesto de acuerdo para salir a la calle en marzo contra la política gubernamental. Con su reforma laboral, Hollande apuesta por su reelección. Este proyecto de ley que sacudió el último consenso que existía en la izquierda tiene como objetivo cumplir con lo que fue “la promesa” de Hollande, es decir, reducir el desempleo (más del 10,5 de la población). Apuesta incierta que, desde el vamos, acabó por descomponer a su propio campo.


El historiador Jacques Julliard retrató muy bien la hecatombe actual cuando, hace unos meses, en una entrevista publicada por el diario de derecha Le Figaro, consideró que “la izquierda francesa vive una crisis fundamental”. Fundamental quiere decir de esencias, es decir, de ruptura y negaciones profundas. Los social liberales del gobierno argumentan que las reformas actuales apuntan al progreso. Sin embargo, como lo recalca Julliard, “el pueblo tiene el sentimiento de una disociación: piensa que el progreso no apuntala más la justicia social”. El quiebre es considerable y deja a millones de personas perdidas entre retóricas tecno seductoras y realidades que significan retroceso. Nadie niega que se requieren retoques, cambios y reformas para adaptar la regulación de otras épocas al mundo de hoy, pero la mutación va, para muchos, demasiado lejos y deja en el camino lo que el progresismo francés construyó como idea y proyecto durante décadas: la irrenunciable igualdad.


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Estado de la negociación colectiva en Colombia

Este 2016 se deberán negociar 270 convenciones colectivas de trabajo que terminan su período de vigencia en el sector privado, además de unas 300 que se negociará entre el Estado y los sindicatos del sector público a nivel territorial y en algunas entidades del Estado.

Es de recordar que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y empleo es parte del Diálogo Social que la OIT define como uno de los indicadores más claros para medir el grado de desarrollo y madurez de una democracia, en tanto indica cuál es la capacidad de la sociedad para resolver de modo civilizado e integrador sus conflictos, entre ellos los laborales, y el grado de legitimidad que tienen las políticas públicas en materia económica y social. La OIT ha señalado, que “las políticas formuladas por medio del diálogo social son más legítimas, porque los actores sociales participan en los procesos decisorios y sus puntos de vista se reflejan en los resultados. Al participar en la elaboración de estas políticas por medio del diálogo social, los actores sociales las acaban sintiendo como propias y las aceptan más fácilmente”.

En Colombia la cultura del Diálogo Social es todavía incipiente, como lo reflejan los altísimos niveles de violencia que aún tenemos y la exclusión social de una tercera parte de la población; violencia como expresión del desconocimiento de la legitimidad del “otro” y por tanto de su exclusión en los procesos de toma de decisión; exclusión social como expresión de políticas sociales y económicas que sólo consultan los intereses de los sectores que controlan el poder económico y político.

En el terreno de las relaciones laborales, la cultura del Diálogos Social se concreta en la existencia de 3.943 convenios y acuerdos colectivos de trabajo , entre ellos 608 en la administración pública, de los cuales se benefician cerca de 1´600.000 trabajadores. Si cruzamos estos datos con las empresas afiliadas al sistema de riesgos laborales y con el número de trabajadores dependientes (asalariados), la cobertura es apenas del 0.33% de las empresas y del 14.7% de los trabajadores, (o apenas el 7.1% si tomamos la población ocupada total).

Como se ve, se trata de una expresión de la cultura democrática de un país que en las relaciones laborales es prácticamente marginal, fenómeno que tiene una enorme incidencia en la calidad del empleo y en la distribución del ingreso.

Así que la negociación colectiva que se va a desarrollar este año le impone retos al país y al sindicalismo para que se desarrollen, amplíen y se fortalezcan procesos de negociación que signifiquen avances en la construcción de un país más democrático e incluyente, situando el Diálogo Social como la estrategia más efectiva para lograr estos objetivos; estrategia más necesaria aun cuando estamos ad portas de resolver uno de los conflictos armados más violentos, dolorosos y destructivos que nos ha tocado.

Cultura antisindical y restricciones a la libertad sindical

Nada más urgente que aprovechar esta coyuntura para acabar de una vez por todas con esa otra guerra que una buena parte de los empleadores de Colombia les han declarado a los sindicatos; empleadores que todavía consideran que los trabajadores no son sujetos de derechos, que una vez que son contratados dejan de ser ciudadanos y deben limitarse únicamente a cumplir órdenes.

Es lo que sucede en relación con los derechos de organización sindical y de negociación colectiva, ambos consagrados en nuestra constitución política, que son además parte de los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de derechos humanos; los cuales permiten a los trabajadores tener voz propia y autonomía en las relaciones laborales, e incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo, a fin de que éstas no sean definidas de manera unilateral por los empleadores, y para minimizar sus arbitrariedades en lo posible.

Crear un sindicato en Colombia y luego negociar un pliego de peticiones, son actividades que encuentran feroz oposición por parte de la mayoría de los empleadores, y que a cientos de trabajadores les cuesta su empleo todos los años. Es la razón que explica, entre otras, la baja tasa de sindicalización que tenemos.

No sólo la baja tasa de sindicalización existente en Colombia explica la escasa cobertura de la negociación colectiva. También la explican las restricciones legales que existen para negociaciones a un nivel distinto al de las empresas, un tema que recientemente fue advertido por la OCDE, pero que desde el sindicalismo lo hemos señalado desde siempre.

En efecto, con la excepción de la negociación marco nacional que se hace en el Estado entre el gobierno y las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos, con aplicación a todos los trabajadores del Estado, independiente de si están sindicalizados o no, y del acuerdo sectorial que igualmente negocia el Ministerio de Educación con FECODE y los sindicatos de los profesores de las universidades públicas , el cual también tiene aplicación sectorial, las demás negociaciones se aplican únicamente a nivel de empresa y sólo a los trabajadores implicados: a los sindicalizados, cuando el sindicato es minoritario, o a todos, cuando es mayoritario.

Esta restricción tiene un efecto perverso en los niveles salariales y en la distribución del ingreso, pues los trabajadores de las empresas con sindicatos fuertes y con negociación colectiva, tienen por lo general mejores salarios y prestaciones sociales, más estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, beneficios que no tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país que no están organizados sindicalmente.

Este fenómeno se ve, por ejemplo, en la cerca que está el salario mínimo ($644.350 en 2015) del ingreso medio de los colombianos asalariados ($670.194) una cercanía que es resultado de ausencia de procesos reales de negociación que le permita a los trabajadores incidir colectivamente en la determinación de las remuneraciones, incluyendo los incrementos salariales anuales. Como en la mayoría de empresas no existen sindicatos, o los éstos son minoritarios y carecen de capacidad de incidencia en las políticas de relaciones laborales, las empresas imponen unilateralmente los salarios y los incrementos salariales, imponiendo intereses de corto plazo con el resultado que indicamos.

Modernizar y racionalizar la gestión de los sindicatos

Esta restricción legal podría ser remediada, en parte, con un trabajo sindical más racional y sistemático. Por ejemplo: con el desarrollo de una estrategia de unificación de los sindicatos en grandes sindicatos de rama, que permita unificar a los trabajadores, articular sus procesos de negociación y promover negociaciones a nivel sectorial o de rama, para fijar en este nivel condiciones mínimas de trabajo y empleo, una iniciativa que en ningún sentido excluye la negociación por empresa sino que la complementa y la hace extensiva a todos los trabajadores de un mismo sector, independiente de si están o no organizados en sindicatos.

En Colombia la mayoría de los sindicatos son de empresa o de gremio, un hecho que desde la perspectiva de la patronal se ajusta al viejo precepto maquiavélico de “divide y reinarás”. Sin embargo, una estrategia como esta choca con la resistencia de muchas direcciones sindicales, que perciben que una mayor centralización de los sindicatos significaría para ellos pérdida de poder en sus respectivos ámbitos, y pérdida de control sobre recursos y patrimonios. Una alternativa a esta centralización es la que nos muestra FECODE, en la que los sindicatos gremiales regionales no desaparecen, pero están fuertemente integrados a la federación, transfiriéndole a ésta los recursos y el poder necesario para hacer eficaz la unidad sindical.

Por otra parte, es necesario que los sindicatos de industria funcionen efectivamente como tales, no como las débiles federaciones que en la práctica son, pues, como lo muestra cualquier análisis de su dinámica en la negociación colectiva, esta se asume en todos sus procesos como si se tratara de sindicatos de empresa. Por ejemplo: ninguno de los sindicatos de industria existentes cuenta con una estructura especializada que se ocupe de la negociación colectiva, que investigue los problemas y condiciones de trabajo en todas las empresas y en los diversos lugares de trabajo, temas que deberán ser el insumo principal en la elaboración de los pliegos; una estructura que apoye la negociación con estudios sectoriales y de las empresas que conforman el sector, y con las cuales se va a negociar; que estudie la estructura de costos sectorial y de cada una de las empresas, para determinar cuál es el impacto de los costos laborales; que impulse la coordinación de la presentación de los pliegos de peticiones; que promueva la afiliación sindical más allá de las empresas donde se cuenta con afiliados; que promueva la adopción de pliegos únicos sectoriales; y que desarrolle un fuerte estrategia de comunicaciones para visibilizar la problemáticas de los trabajadores, la razonabilidad de los pliegos y las posibilidades que tienen las empresas para resolver los problemas de los trabajadores.

Adicionalmente, es necesario que este tipo de sindicatos promueva una estructura organizativa que permita la representación sindical en los diversos lugares de trabajo, pues las actuales estructuras son muy verticales y demasiado centralizadas, por lo que corren el riesgo de perder el contacto y la comunicación permanente con las bases. Y éstas se ven abocadas a que sus problemáticas específicas no sean visibilizadas y reivindicadas de manera efectiva .

Esta coyuntura es la ocasión para que las centrales sindicales se decidan de manera efectiva a la construcción de una política para la negociación colectiva. La queja de los sindicatos es que en estos procesos las centrales no aparecen, o su aporte es muy marginal y coyuntural.

En este sentido, el reto de las centrales es el de desarrollar una política que fortalezca la capacidad negociadoras de los sindicatos: primero, con el desarrollo de procesos de formación en negociación colectiva, un contenido que debería figurar de manera permanente en la agenda de educación de los sindicatos; segundo, disponiendo de estructuras especializadas para acompañar todo el proceso de la negociación colectiva a nivel nacional, desde su preparación, para eliminar la improvisación y falta de rigor que caracteriza mucha de la cultura de la negociación por parte de los sindicatos, pasando por las orientaciones generales que se relacionan con la coyuntura macroeconómica y con las problemáticas más relevantes de los trabajadores a nivel general; tercero, promoviendo la coordinación y articulación de las diversas negociaciones a nivel local, regional, nacional y sectorial, con los sindicatos de industria y federaciones implicadas; y cuarto, apoyando a los sindicatos en sus estrategias de comunicación y promoviendo el apoyo y la solidaridad de todos los sindicatos del país, e incidiendo en el Ministerio del Trabajo y en otros espacios del gobierno, para que los diversos conflictos tengan la atención oportuna y se puedan resolver de la manera más efectiva y adecuada.

Publicado 22 de febrero de 2016.

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Terminó conflicto laboral en Goodyear Colombia

Más de 3 meses de huelga se necesitaron para que trabajadores y directivos de Goodyear Colombia, empresa con asiento en Yumbo, Valle, llegaran a un acuerdo que pusiera fin al conflicto laboral iniciado desde el 13 de octubre pasado, día en que la totalidad de los 174 trabajadores afiliados a Sintraincapla, sindicato de industria, votaron la huelga tras el fracaso en la negociación de la nueva convención colectiva.

Si bien el acuerdo se firmó el pasado 20 de enero, solo el 10 de febrero se reiniciarán actividades en la planta de Yumbo debido a que desde el 23 de enero los trabajadores tomaron su periodo de vacaciones.

Este hecho Sintraincapla lo reclamó como un triunfo, toda vez que Goodyear no logró lo que pretendía, que era imponer un contrapliego que aumentaba los días de trabajo, rebajaba los permisos sindicales, atacaba la estabilidad laboral y cambiaba los modelos de contratación. Además, solo reconocía el 4% de aumento salarial, cuando el sindicato pedía el 9.5%.

En contra de las pretensiones de la empresa, mediante el recurso legal de la huelga el sindicato logró mantener la estructura de la convención colectiva y mejorar incluso algunos porcentajes. El reajuste salarial quedó en 8,5% para el primer año y del IPC para los años siguientes, y los demás beneficios económicos (educación y vivienda, entre otros) aumentaron entre el 8.5% y el 10%. También logró un bono de 25 días de salario básico para cada trabajador por la firma de la convención.

En lo único que perdió el sindicato fue en el tiempo de vigencia de la convención, que quedó de 5 años, cuando su pretensión era de 3 años, dijo a esta agencia Julio César Perea, secretario de la seccional de Sintraincapla-Cali.

Sobre las razones que hubo de por medio para que la huelga durara tanto tiempo, el dirigente señaló: "Desafortunadamente estas empresas son manejadas por gente que no está capacitada para conducir una negociación", refiriéndose a que el jefe de la delegación negociadora de la empresa fue un funcionario chileno que vino desde Perú, con poco conocimiento de la operación en Colombia. "Fue torpe al tratar de imponer el contrapliego, que nunca prosperó, pero nos perjudicó a todos, a los trabajadores y a la misma empresa", agregó Perea.

Además, en el desarrollo de la negociación la empresa desplegó diferentes maniobras para desestabilizar la organización sindical; y luego, durante la huelga, intentó deslegitimizarla con recursos jurídicos: desde demandas contra la junta directiva de Sintraincapla por injuria y calumnia hacia representantes de la empresa, hasta solicitud al Ministerio de Trabajo para que interviniera ya que presuntamente había habido irregularidades en el proceso de huelga, sin argumentación ni pruebas.

Durante los 104 días que duró la huelga, los 172 trabajadores sindicalizados permanecieron en carpas instaladas en las afueras de la fábrica, y mantuvieron un estricto plan de contingencia para preservar las máquinas y equipos de la empresa.

La fábrica de Goodyear en Yumbo opera con 500 trabajadores, 320 de ellos con contrato directo. Es una de las 5 plantas que esta multinacional estadounidense tiene en América Latina, desde donde atiende tanto el mercado nacional como el de los países vecinos de la región. Tanto así que exporta el 80% de su producción. Además, se beneficia de la participación en el mercado como único productor de llantas en Colombia, luego del cierre de la planta de Michellin el año pasado, también en el Valle del Cauca.

Según datos de la Supersociedades, Goodyear Colombia genera utilidades operacionales por $321.047'785.000, y sus costos laborales apenas son del 4.6% de esos ingresos operacionales, que es un margen bastante bueno para cualquier empresa. Sobre esa base el sindicato elaboró su pliego petitorio.

En Colombia lleva 71 años de operación, y en todo este tiempo ha tenido 6 huelgas, la penúltima en 1991, que se prolongó durante 54 días.

Publicado 28 de enero de 2016.

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Condiciones socioeconómicas, laborales y sindicales de los trabajadores del café

Octubre es mes de cosecha de café en Colombia, actividad que ocupa un enorme "ejército" de recolectores del grano en los departamentos cafeteros, hombres y mujeres para quienes las condiciones en las que trabajan no se compadecen con la riqueza que generan. Entre los trabajadores del agro son tal vez los que padecen de condiciones laborales más precarias.

Lo anterior se infiere de los resultados de una encuesta que realizó la Escuela Nacional Sindical en junio de este año entre recolectores en 4 regiones cafeteras del país: Antioquia, Huila, Tolima y Caldas.

En total se hicieron 142 encuestas por muestras aleatorias, 92% a hombres y 8% a mujeres. No es de ninguna manera una muestra representativa del total de trabajadores del café en Colombia, que son 716 mil, pero si da pistas certeras sobre las características socioeconómicas del grueso de ellos: los que se dedican a la recolección del grano en tiempos de cosecha.

La encuesta proporciona asimismo información laboral y empresarial, datos sobre el grado de satisfacción y las condiciones de trabajo, sobre seguridad social y salud en el trabajo, protección sindical. Se aplicó en forma directa afuera de los lugares de trabajo, principalmente en plazas públicas, plazas de mercado, ventas de café y lugares informales de "enganche laboral". Y estos son sus resultados:

 

Caracterización socio-económica

 

Procedencia: El 38% de los encuestados dijo ser de Antioquia, el 16% de Tolima, 12% de Caldas, y 9% del Valle del Cauca, todas, zonas de gran cultura cafetera.

Estrato socio-económico: El 83.1% de los encuestados son de estratos 1 y 2, y el 86% de ellos tienen en el trabajo del café su única fuente de ingreso.

Estado civil: El 47.9% de los encuestados son solteros, 25.4% están en unión libre y sólo el 18.3% son casados. La lógica misma de trabajo, su carácter nómada e inestable dificulta la conformación de lazos familiares, otra dimensión que a los recolectores de café los empuja hacía el aislamiento cultural y la marginalidad.

Cabezas de familia: El 56.6% responde económicamente por sus familias, porcentaje que sube al 66.6% en el caso de las mujeres. El 73,4% responde por menos de 3 personas, el 19.5% por 4 o 5 personas, y el 7,8% por más de 5, con ingresos que pocas veces superan un salario mínimo legal vigente (SMLV).

Bajo nivel educativo: Son trabajadores con bajas tasas de escolaridad y alta deserción escolar. De los encuestados solo el 10.6% realizó estudios secundarios, el 48.6% logró terminar primaria, y el 16.9% ni siquiera estudió. Sólo una persona pasó por la universidad y se desempeña en funciones administrativas.

Alta migración laboral: De los 142 encuestados, el 18.8% son personas que se desplazan de región en región en busca de cosechas. Son contratados por las fincas medianas y grandes, permanecen en éstas durante los periodos de recolección y por lo regular en condiciones de alojamiento y alimentación que dejan mucho que desear.

Población envejecida: El 68.8% de los encuestados es mayor de 38 años, y solo el 11.3% es menor de 28 años, lo que evidencia la falta de relevo generacional, que es un serio problema que tiene la caficultura. Los jóvenes ya no ven en el campo una opción de vida, los salarios son muy bajos y el trabajo extenuante, por lo que prefieren otros sectores económicos.

 

Condiciones laborales

 

Perfiles ocupacionales: El 46.5% de los encuestados solo se desempeña como recolectores, el 23.9% hace oficios varios en la finca y recolectan también. El 9.2% son agricultores-recolectores, es decir, son propietarios de pequeñas parcelas, pero en época de cosecha trabajan en fincas grandes para tener ingresos adicionales para atender las necesidades básicas familiares. El 7.7% son fumigadores de químicos y venenos, pero la mitad de ellos no tiene afiliación a riesgos profesionales. El 12.7% restante hace labores del deshierbe, siembra, celaduría, administración.

Tiempo en la caficultura: El 64.1% llevan más de 10 años con el café, el 41.5 % más de 20 años, y el 38% más de 30 años, porcentajes que evidencian largas trayectorias laborales en el mismo sector. El 71% del total desempeña siempre la misma función, bien sea en la misma finca o en varias; el 20.4% trabaja solo en épocas de cosecha de café, y el 8.5% lo hace de forma ocasional, como opción laboral esporádica.

Tipo de contrato: El 95.1% de los encuestados no tiene contrato de trabajo escrito. El 59.1% tiene pactado su trabajo a término fijo, ya sea por días (33.8%), por semanas (19.7%), meses o años (2.8%). El 40.8% restante no respondió la pregunta, pues el tiempo del contrato no está estipulado, labora hasta que una de las partes lo considere necesario, sea el trabajador o el capataz de la finca.

Tiempo en el trabajo: Dependiendo de la urgencia de la recolección, el 49.3% de los encuestados trabaja 5 días a la semana, el 45,1% trabaja 6 días. La jornada se inicia entre 5 y 6 de la mañana, y en el 82.4% de los casos superan las 8 horas al día. En épocas de cosecha el 14.8% trabaja horas extras, básicamente para atender el tratamiento del grano en el beneficiadero.

Herramientas y elementos de protección: Al 82.4% de los trabajadores les suministran las herramientas y elementos que necesitan para realizar su labor; al 10% no se les suministran y para el 8% el suministro es parcial. En cuanto a elementos de protección, el 50.7% dice no recibir ninguno y el 3.5% lo reciben parcialmente, a pesar de ser trabajadores expuestos a temperaturas cambiantes y otros factores de riesgo químico y ergonómico y que necesitan elementos como botas, guantes, sombreros, delantales, impermeables, equipo para fumigación, para levante de carga, etc.

Salud y seguridad social: El 25% dice no tener ningún tipo de afiliación a salud, y el 75% restante sí está afiliado, y de ellos solo el 10.6% lo están en el régimen contributivo, y casi ¾ partes pertenece al régimen subsidiado , lo que da cuenta de la informalidad en este sector.

Riesgos laborales: El 87% de los encuestados no cuenta con afiliación a riesgos laborales, pese a que un porcentaje considerable ha tendido algún tipo de accidente (20%) y enfermedades profesionales (37%) en las fincas donde han trabajado durante el último año. Entre los accidentes más frecuentes están la intoxicación, cortaduras, caídas y picaduras de culebras. Las enfermedades más comunes son gripas (por la exposición a difíciles y cambiantes situaciones climáticas), migrañas y sangrado por la nariz por las altas temperaturas, alergias y hongos por la pulpa de café.

Afiliación a pensión: Este tema es preocupante, pues el 94% de los encuestados no cotiza a pensión y el 80% no lo ha hecho nunca en su vida. Incluso el 85% de los trabajadores con más de 53 años no tiene ni una semana cotizada, y los que están entre los 18 y 27 años tampoco lo hacen. Son cifras dramáticas, mucho más si se tiene en cuenta el envejecimiento de la mano de obra en este sector. Tanto los trabajadores como los pequeños productores y sus familias carecen de esta protección.

Capacitación laboral: 77.5% dijo no recibir capacitación por parte de sus empleadores. Quienes sí la reciben suele ser en manejo de máquinas, herramientas y químicos, en caficultura y primeros auxilios. Esta capacitación en un 14% la subsidiaron los empleadores, el 3% la Federación Nacional de Cafeteros, y 3% las diferentes cooperativas de las regiones.

Discriminación laboral: EL 77.5% informa no haber sufrido ningún tipo de discriminación laboral, el 20.4% sí la ha sufrido, básicamente por razones de edad avanzada, enfermedades, situación de pobreza y por región de origen.

Niveles de satisfacción: Al preguntarles a los trabajadores cómo ven la situación actual comparada con la de hace 5 años, el 51,7% coincide en que está peor, el 30,5% dice verla igual, y el 17,6% que está mejor. Al preguntarles qué temas son prioritarios para mejorar su situación, mencionaron en este orden: tener mejores salarios, salud y seguridad social, alimentación, estabilidad laboral, vacaciones, tiempo de descanso y mejora de condiciones de los campamentos.

Organización sindical: En todo el trabajo de campo que realizó la ENS para este estudio, no se encontró ninguna organización que vele por el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores del café. Preguntados si se afiliaría a un sindicato del café, el 50% contestó que sí, argumentando que dicha organización podría mejorar las condiciones laborales y sus garantías en materia de salarios, estabilidad y seguridad social; podría gestionar proyectos para mejorar la calidad de vida del recolector y sus familias, y aportar a la integración cafetera. El 8% que dijo que no se afiliaría, argumentando que no les llamaba la atención este tipo de iniciativas, que no tienen tiempo, desconfían de algunos liderazgos, o temen perder sus empleos o salir perjudicados. El 42% restante no sabe o no responde, dicen que primero tendrían que conocer la naturaleza y fines de dicha organización para poder tomar la decisión.

 

Publicado el 9 de octubre de 2015.

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