Viernes, 09 Noviembre 2018 05:39

América latina, desigual y subalimentada

América latina, desigual y subalimentada

Argentina es uno de los tres países de América Latina y el Caribe, junto a Bolivia y Venezuela, donde desde 2014 ha aumentado el número de personas subalimentadas, dijo el informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018” difundido esta semana y elaborado por distintos organismos de Naciones Unidas, entre ellos FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenración), OPS (Organización Panamericana de la Salud), UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). Por “personas subalimentadas” se entiende aquellas que no cuentan con alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades y llevar una vida sana.

Según el informe, el hambre afecta a 39,3 millones de latinoamericanos, el 6,1% de la población. Pero entre 2015 y 2016 el número de personas subalimentadas creció en 200.000 personas y entre 2016 y 2017 en 400.000 personas. Entre ellos hay 5 millones de niños que padecen desnutrición. Si se habla de pobreza extrema –que se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos y quien no puede pagar ese costo es considerado pobre extremo–.en América Latina hay 62 millones de personas en esa condición.
Las desigualdades económicas “agravan el hambre, la desnutrición y la obesidad en América Latina y el Caribe”, subrayó el texto.


Respecto de la Argentina las cifras publicadas indicaron que en 2014-2016 sufrían inseguridad alimentaria en el país 1,6 millones de personas (el 3,6% de la población) mientras que en 2017 esa cifra aumentó a 1,7 millones de personas (el 3,8% de la población). También Bolivia aumentó el número de subalimentados pasando de 2,1 millones (19,6% de la población) a 2,2 millones (19,8%).


Los casos más graves de la región, sin embargo, son considerados Haití, con 5 millones de subalimentados (el 45,8% de la población) y Venezuela, donde hay 3,7 millones de subalimentados que representan el 11,7% de la población.


El informe no sólo abordó el tema tradicional del hambre y la desnutrición sino también problemas como la obesidad que es una enfermedad creciente en toda la región, sobre todo entre mujeres y niños. “Cada año se suman 3,6 millones de personas obesas en la región”, especificó el informe, aclarando que “el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más que nada a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a las familias rurales de América Latina y el Caribe”.


La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional para América Latina y el Caribe. Uno de cada cuatro adultos es obeso mientras el sobrepeso afecta a 3,9 millones de niños menores de 5 años.


Pero estos problemas tienen a su vez que ver marcadamente con la edad y con el sexo además del nivel socioeconómico al que se pertenezca. “En diez países de América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que el 20 por ciento más rico”, dijo el informe. Y respecto de las diferencias de sexo aclaró que “el 8,4 por ciento de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9 por ciento de los hombres”. Se trata de 19 millones de mujeres contra 15 millones de hombres. Para las mujeres esto significa que a menudo se ven afectadas, entre otras cosas, por anemia (falta de hierro) y por todos los problemas que esto significa para ella y el bebé si además están embarazadas. La desnutrición crónica infantil, pero no sólo eso, es mayor además entre las poblaciones indígenas y campesinas, precisó el documento.


El hambre, la subalimentación, la desnutrición, el retraso en el crecimiento, la obesidad, no tienen como única explicación la falta de dinero de parte de las familias. Sin duda, la pobreza, las crisis económicas, los conflictos, la desocupación, no ayudan a las familias a mantener el mínimo ingreso y el mínimo de alimentos. Pero a eso hay que agregarle otros factores como los desastres naturales que afectan a América Latina, como huracanes, terremotos, tormentas furiosas, sequías entre otros. Esos fenómenos alteran la economía, la producción agrícola, la vida de las personas y son en parte la explicación de los miles de migrantes que en estos días están caminado desde América Central por México y hacia Estados Unidos.
También intervienen en la subalimentación o mala alimentación los problemas políticos internos, las disputas entre los ricos productores y distribuidores y los gobiernos, como es el caso de Venezuela, donde escasean los alimentos.


Influyen asimismo los procesos de urbanización en los distintos países, a menudo no planificados suficientemente, que suponen el desplazamientos de las personas y de las familias, que producen cambios importantes dentro del grupo familiar, sobre todo si ambos padres trabajan. El excesivo tiempo ocupado de los padres lleva a menudo a una mala selección de los alimentos, prefiriendo los alimentos ya procesados, porque son más cómodos, a veces hasta más baratos, pero que contienen un alto nivel de grasas y de agregados malos para la salud. Y los niños y adultos, influenciados por otra parte por la propaganda de ciertas marcas que se difunden por televisión o en Internet, no aprenden a hacer una correcta selección de los alimentos y favorecen la obesidad y las enfermedades.


Según el documento, los niños tendrán “un estado nutricional óptimo si pueden acceder a una alimentación variada y nutritiva, a prácticas adecuadas de atención materno infantil, a servicios de salud y a un entorno saludable que incluya agua potable y buenas prácticas de higiene”. Por eso los cuatro organismos que elaboraron el documento, FAO, OPS, UNICEF y PMA, “llaman a los países a aplicar políticas públicas que combatan la desigualdad y promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles”.

 

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Alrededor de 2.000 personas están en situación de calle en Uruguay / Foto: Leónidas Martínez

Un seminario realizado en Montevideo esta semana obligó a trazar un mapa de los sin techo en la región. Invisibles e ignorados por algunos gobiernos, perseguidos y asesinados por otros o, en el mejor de los casos, empoderados e involucrados en la toma de decisiones. Desde esas perspectivas tan distintas surgen políticas a imitar y repudiar.

En Colombia, a los habitantes de la calle los matan de madrugada, la mayoría de las veces, la policía. Según el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en tres años hubo 2.700 violaciones a los derechos humanos contra “os moradores de rua”. Hasta no hace tanto, en Paraguay, los niños de la calle o “pirañitas” eran detenidos con autorización judicial por la policía, torturados y hasta desaparecidos. Los relatos surgen de militantes y técnicos que trabajan en los seis países que integran la Red Calle Latinoamericana –Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay– reunidos el martes y miércoles en un seminario internacional.

Pedro Cabrera –doctor en sociología y uno de los consultores contratado por la red para evaluar las políticas públicas destinadas a esta población–, arrancó diciendo que los seis países son “enormemente distintos. Mientras que en Uruguay son poco más de 3 millones y las personas en situación de calle unas 2 mil, en Brasil son alrededor de 215 millones, y sin techo, no sabemos”. En Paraguay, por otra parte, “distinguir a personas en situación de calle de las decenas de miles que se encuentran viviendo bajo chapa de zinc y cartón es un ejercicio verdaderamente complicado, y cuando digo bajo chapa de zinc y cartón, hablo del centro de Asunción, enfrente al Congreso, acampando en la Plaza de Armas”.

En todos los países de la red, la Iglesia fue el primer actor que trabajó con esta población, “y en la década del 90 el Estado, gradualmente, empezó a asumir sus responsabilidades, sobre todo en las grandes ciudades, en general capitales”, cuenta el doctor en antropología, también consultor de la red, Santiago Bachiller. Y en los seis países los programas para personas en situación de calle partieron de los ministerios de Salud y sólo en algunos casos viraron hacia enfoques más estructurales a través de los ministerios de Desarrollo Social. Pero en todos los casos, y pese a que los ministerios de Salud sean de los más presentes, “los programas sanitarios, en general, y los de salud mental y de adicciones, en particular, brillan por su ausencia o son insuficientes”, plantea Bachiller.

 

TECHO Y TRABAJO

 

Sin embargo, los ministerios de Trabajo estuvieron directamente “ausentes en las reuniones que hicimos en los seis países; eso ya es muy sintomático de los problemas de interinstitucionalidad y de que ciertas dependencias no se terminan de hacer responsables de sus funciones”, señala Bachiller, algo que ocurre en cierta medida también con los ministerios de Vivienda.

“En el caso uruguayo, el Mides actúa en aislamiento y no logra que otras dependencias estatales asuman sus responsabilidades. Lo que se escucha en el Mides es que si se trata de un asunto de pobres, automáticamente se lo cargan a ellos”, plantea el antropólogo.

Para Natalia Pintado –encargada del equipo móvil de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle–, es “un retroceso” que tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad vean al Mides como el único responsable de velar por los derechos de las personas en situación de calle. Pero además, a su equipo le preocupa que esa misma lógica se esté reproduciendo a la interna del ministerio. “El manto ‘calle’ impide que otros servicios actúen”, por ejemplo cuando alguien que está en situación de calle llega al ministerio y automáticamente es derivado al equipo móvil, “como si no pudieran hacer una consulta como cualquier otro ciudadano”.

Bachiller plantea que “está la idea de que el sujeto se desenganchó de la estructura social”, y sin embargo no hay una política de reinserción: “Se los toma como sujetos pasivos, pero la gente se gana la vida por sus propios medios. Empecemos por reconocer las estrategias de subsistencia cotidiana, porque si fuera por el Estado, se morirían. En el mejor de los casos hay un dispositivo que los saca temporalmente de la situación de calle, pero que no propone soluciones a una vida, en general, precaria”.

Más tarde, en diálogo con Brecha, Cabrera se preguntará y se responderá: “¿Por qué sale la gente de la calle? Porque consigue ingresos regulares. Pero si la red de atención no tiene claro cómo reconectarla con el mundo del trabajo, la gente se va a quedar ahí embolsada, en una especie de complejo burocrático-asistencial. No digo que sea lo que pasa en los países de la red, que están muy lejos de crear un aparato con centros, instituciones y recursos, porque en algunos lados directamente no hay nada”.

 

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN

 

Si desde Colombia las organizaciones sociales denuncian que la policía ejecuta una operación “limpieza”, que no es otra cosa que una masacre con un saldo de 4.176 muertos en los últimos diez años (véase “Los ‘ñeros’ que faltan”), Costa Rica “ha sido el único sitio donde hemos tenido uniformados de la policía que trabajaban con personas en situación de calle y sabían cómo hacer un trabajo policial de corte mediador de conflictos”, plantea Cabrera.

Pero en Paraguay –“el país con menos políticas para gente en situación de calle”, dice Cabrera–, la represión estuvo dirigida incluso a los niños. Aunque la cosa haya empezado a cambiar en la última década, Jorge Luis Amarilla –funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Paraguay– cuenta que “en 2008 la solución que tenía el Estado para los niños en situación de calle era la tortura: picana eléctrica, la cabeza en el inodoro, asfixia. Cuando empezamos a intervenir en las comisarías, la cosa empezó a mermar, pero en algunos casos nosotros fuimos también detenidos”.

De vuelta en Costa Rica, donde “la existencia de redes a nivel local es muy intensa y muy real”, este país aparece como ejemplo o excepción: “Entienden que la gente que hoy está en la gestión se va a ir y si se quiere que las políticas perduren, es necesario que se les dé lugar a los movimientos sociales”, alega Bachiller, algo similar a lo que ocurre en Brasil, donde existen organizaciones integradas por personas en situación de calle que presionan y promueven un enfoque de derechos, además de tener voz en la discusión pública sobre su propia realidad. En los términos de Samuel Rodrigues –del Movimento Nacional da População de Rua–, “nosotros tenemos una activa participación en este tipo de encuentros”, desliza, a diferencia de lo que ocurrió el martes y el miércoles dentro de las paredes del salón Rojo del Edificio Mercosur, frente a la rambla del Parque Rodó (véase recuadro “Con las personas, no para las personas”).

Para Cabrera es complicado pensar en la “experiencia de internacionalidad que supone una organización de varios países para poner este tema en la agenda política”, porque “la historia de cada país y los impactos más recientes a nivel económico, la demografía, el nivel social” dejaron una huella que marca una impronta. Sin embargo, también indica que “las vidas sin techo han sido históricamente vidas sin derechos. Y lo siguen siendo. Lo que hemos visto en los países de la red no es muy diferente a lo que se puede ver en Bruselas, Roma, Madrid o Nueva York”.

 

AUSENTES Y MIGRANTES

 

Argentina es uno de los grandes ausentes, dicen los consultores del proyecto. Bachiller –argentino–, aclara que su país “se negó a participar de la red”, y es además un ejemplo de los diferentes criterios que se usan para definir lo que se entiende por “situación de calle” y por lo tanto construir una cifra o establecer su dimensión: el conteo “les viene dando mil personas, más allá de las coyunturas. Ni siquiera incluyen a los que están en un refugio. La situación es tan absurda que aquellos que duermen en una parada de colectivo no son contabilizados” porque se interpreta que si hay un techo, no hay situación de calle. Mientras, “a las organizaciones sociales que realizan su propio conteo les da que hay más de 5 mil personas”, apunta el porteño.

Cuando varios de los académicos y militantes hacen énfasis en que la solución primera pasa por el acceso a la vivienda –por ejemplo Leonardo Moreno Núñez, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de Chile, plantea que el problema es que la vivienda es cada vez más un bien de cambio, una mercancía más, en lugar de un bien de uso–, Bachiller acota que en los años del kirchnerismo, en Argentina se construyeron más de 900 mil viviendas –“no hay precedentes en la historia de mi país de algo similar”–, y sin embargo el déficit habitacional se incrementó, al igual que los conflictos por el acceso a la tierra: “Ahí está la diferencia entre construir viviendas y construir ciudad. Hubo una política que pensó en construir viviendas sin regular el mercado de suelos, lo que generó mayor cantidad de desplazados”. En Paraguay “el peso del déficit habitacional es bestial”, sostiene Cabrera y agrega que esos campamentos informales que se han instalado en la plaza frente al Congreso son alimentados –entre tantos– por poblaciones indígenas que han huido de sus tierras desplazados por el avance del cultivo de soja.

Venezuela, el otro ausente, no sólo tiene algunos problemas en su propia casa, sino que también los tiene puertas afuera. En el mundo, los extranjeros en situación de calle suelen ser los más vulnerables de esta expresión de máxima vulneración, y en Colombia y el norte de Brasil la cantidad de venezolanos en calle es alarmante. “La capacidad de captación y de retirada de la calle de los dispositivos de albergues operan con mayor eficacia sobre los nacionales. Y cuando la gente que está en la calle habla una lengua extranjera, ahí sí que es complicado”, plantea Cabrera.

En Uruguay “no es que no haya, pero afortunadamente no tiene ese carácter masivo y no tenemos por qué lidiar todavía con ese reto”, considera este sociólogo, a lo que Bachiller agrega: “De los países que conforman la red, el que tiene mayor tasa de inmigración es Costa Rica, y ahí sí tienen un problema con los inmigrantes nicaragüenses. Las estadísticas todavía no muestran que en Uruguay tenga un impacto demasiado importante, pero que en este momento no tengan este problema no quiere decir que no lo vayan a tener”. Cuando Bachiller hizo la investigación de su tesis de doctorado –entre 2004 y 2008 en la plaza Ópera, de Madrid–, los inmigrantes en España no eran una porción significativa de la población de calle: ahora son más del 60 por ciento de los que están a la intemperie.

Lo cierto es que el fenómeno se viene arrimando. Durante su intervención, Natalia Pintado advierte que la población con la que trabajan en el equipo móvil del Mides también la integran “personas que escapan de redes de tráfico e inmigrantes recién llegados al país”, y que “últimamente esta es la mayor dificultad que estamos encontrando, porque no estamos preparados para atender las problemáticas que tiene una persona que recién llega al país”.

Si bien en el Mides no cuentan con datos sistematizados sobre la cantidad de inmigrantes en situación de calle y su nacionalidad, indican que se percibe su presencia en los refugios y que, como el tema de la migración en general, este es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay.

 

POR CASA

 

Si se compara a la población uruguaya que duerme a la intemperie con la que asiste a los refugios, la primera es más masculina, joven, lleva más tiempo en la calle, en mayor medida por problemas vinculares y adicciones, mientras que en los refugios la calle se dio como resultado de problemas de salud mental. A la intemperie se encuentran personas con menor cantidad de años de escolarización, pero que trabajan más y reciben más ayuda de los vecinos. A su vez, 47 por ciento son ex presos, frente a un 24 por ciento de los que asisten a los refugios.

Con base en una encuesta realizada a ex usuarios de los refugios del Mides –“algunos cientos que pudimos encontrar porque son muy difíciles de ubicar”, aclara Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides–, más del 75 por ciento se refiere a aspectos positivos, como el aumento de los ingresos, el logro de un subsidio de alquiler, la recomposición de vínculos, la finalización de un tratamiento de salud. La mayoría dice, sin embargo, que logró salir del refugio por su propia cuenta.

Según las consideraciones preliminares del estudio que dio a conocer Labat, la gran mayoría reside en una vivienda –aunque dos de cada tres lo hacen en la casa de alguien más–, pero un 10 por ciento se encuentra en un hospital, una cárcel, una iglesia o volvió a un refugio o a la calle. Los empleos a los que han accedido son en gran medida precarios: trabajan como vendedores ambulantes, cuidacoches o en mantenimiento y limpieza.

“Si empezamos a sumar, tenemos medio millón de personas que tienen algún tipo de riesgo de estar en situación de calle”, aunque “el más alto es para aquellos que egresan de cárceles, del Inisa y de instituciones psiquiátricas”, plantea Labat, y agrega: “Estamos planteando la desinstitucionalización –el cierre de los manicomios, por ejemplo–, pero vemos que la gente en la práctica se está reinstitucionalizando”, al apelar a un refugio.

“No deberían producirse desinstitucionalizaciones sin saber el destino de las personas, sí que se garantice que el que sale, sale a algún sitio razonablemente digno”, plantea Cabrera. Y Bachiller advierte que “ustedes pueden llegar a tener un problema grave a futuro con toda esta lógica de desmanicomialización, porque a priori es una política progresista, pero si no es acompañada con recursos específicos, va a aumentar la población de calle, y al haber personas con problemas de salud mental, la intervención va a ser mucho más compleja y escandalosamente mediática”.

“Es importante que seamos honestos y asumamos que hay personas que van a requerir del apoyo de por vida del Estado… o de alguien”, y sin embargo, “muchas veces pensamos las políticas como transitorias”, plantea Pintado. Además, concluye que el hecho de que no se haya logrado trabajar con otros ministerios, desde otros enfoques, generó la saturación de los refugios, o dicho de otro modo, una falta de espacio para todos los que acuden al servicio. Eso, a su vez, derivó en el “desarrollo de argumentos meritocráticos” para asignar un cupo, y que los que no pueden sostener un proceso pierdan su lugar: “Aparece la idea de que no hicieron un buen uso y de alguna forma terminamos castigándolos. Por eso hoy dije que intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos, porque si bien logramos facilitar el acceso de la población a muchas prestaciones, a veces también terminamos revulnerando”.

Pintado cree que “se necesita generar otro tipo de oferta además del centro nocturno y pensar qué pasa con las personas durante el día”. Comprender que “si bien reivindicamos el trabajo sobre el vínculo, eso tiene su límite. Es necesario también mejorar la distribución del gasto” y asegurar aspectos que tienen que ver con “la materialidad”, como lo es una vivienda.

 


Brasil y sus movimientos sociales

 

Con las personas, no para las personas

 

La experiencia de Brasil está marcada por colectivos sociales que luchan para que los habitantes de la calle participen directamente en los procesos que los involucran. Es decir, una mirada de las políticas públicas desde un enfoque de derechos. “Hay que invitarlos a conversar y garantir que esas personas intervengan como controladores de la política pública, no como objetos de esa política”, resumió a Brecha Samuel Rodrigues, en representación del Movimento Nacional da População de Rua. Así es como en ese país las personas en situación de calle y los clasificadores participan de comités y reuniones periódicas como observadores, sugieren estrategias y proponen instrumentos desde sus experiencias personales. También encabezan movilizaciones de calle con otras poblaciones vulnerables como las prostitutas o los sin tierra. A algunos, la militancia les ha permitido ser contratados en proyectos sociales, abriéndoles el camino al mundo del trabajo y a la superación del estigma de vagabundos o mendigos que les ha dejado la rua.

Desde el Movimento Nacional da População de Rua se definen a sí mismos como una forma de organización de hombres y mujeres en situación de calle, con un fuerte trabajo de voluntarios, todos comprometidos con la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Y entre sus tantas banderas, priorizan un aspecto importante: contribuir a la construcción de una cultura que entienda la vivienda como la principal puerta de salida de la calle.

“Las personas pudieron superar su situación cuando de hecho tuvieron una vivienda”, coincidió a su turno María Cristina Bove, de la Pastoral Nacional do Povo da Rua. Este colectivo social brasileño trabaja por la emancipación y el empoderamiento de la población de calle desde las ideas de la teología de la liberación, mezcladas con la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire. Persiguen una transformación social estructural, “no desde una visión de la caridad o la misericordia, sino entendiendo la vida de la gente de la calle y los clasificadores como actores sociales”.

Como movimiento han ido más allá de su eslogan “Chega de omissão! Queremos habitação!”, y han realizado acciones concretas, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Han trabajado mano a mano con los grupos de personas que viven bajo los numerosos viaductos que tiene la capital y los han acompañado durante los desalojos: “Concretamente en 11 lugares pudimos ayudarlos a que se organizaran durante el proceso y conseguimos vivienda para todos ellos”. También han construido dos bloques de viviendas y están atentos a los terrenos baldíos o los inmuebles ociosos, lo que les permitió, entre otras cosas, conseguir un edificio de 17 pisos –con 160 apartamentos– luego de 13 años de espera. “Hoy están todos en sus casas”, resumió Bove ante los presentes, no sin antes recordar otra de las principales consignas de su colectivo social: “Nadie está en la calle porque quiere”.

 


 

Violencia institucional y muerte en Colombia

 

Los “ñeros” que faltan

 

Los homicidios de habitantes de la calle fueron 4.176, cometidos en Colombia entre los años 2007 y 2017, según una investigación de la Ong Temblores titulada Los nunca nadie. La cifra –obtenida a partir del registro de la policía nacional y la fiscalía de ese país–, muestra un crecimiento de los homicidios al borde de la masacre y sólo en el último año se contabilizaron 582 casos. El 80 por ciento de las muertes ocurrieron en la vía pública durante los días domingo y sábado, sobre todo por la madrugada. La ciudad más violenta es Bogotá, con 1.175 homicidios del total de muertes. “Cuando se dedican a hacer limpieza, más de un loco se desaparece”, opina Ernesto, uno de los cientos de testimonios recogidos en la calle por los investigadores de Temblores.

“Uno de los grandes perpetradores de los homicidios es la policía”, sentenció en Montevideo el abogado e integrante de la Ong Alejandro Lanz, y agregó: “forma parte de una violencia sistemática y selectiva: creemos que a los habitantes de calle los matan por ser habitantes de calle”. Dedicados a tres áreas –“sexo, drogas y paz”–, Temblores trabaja por el reconocimiento de los habitantes de la calle, pero también de la población Lgtbi, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, víctimas de violencia policial y personas privadas de libertad.

Pero antes de la investigación Los nunca nadie estuvo el informe Destapando la olla. En mayo de 2016, más de 3 mil agentes de la fuerza pública intervinieron la zona del Bronx y expulsaron a toda la población que vivía allí. Conocida como “la olla” más grande de Bogotá, se construyó luego de haber hecho un desalojo similar en otro famoso vecindario llamado El Cartucho. “El operativo fue ordenado por la alcaldía de Enrique Peñalosa”, el actual alcalde de Bogotá, dijo Lanz, el mismo que en agosto de 2016 pronunciara las felices palabras: “Tampoco hay que hacerle fácil la vida a los habitantes de calle”.

Los desalojados del Bronx fueron a parar a la salida de un enorme caño de la ciudad, en donde en agosto de ese año se presentó una crisis humanitaria: las compuertas se abrieron y unas 500 personas fueron arrastradas por el repentino caudal de agua, de nuevo durante la madrugada. Desde Temblores siguieron el proceso, lo documentaron y a partir de testimonios de los sin techo reafirmaron que la apertura de las compuertas fue una acción premeditada por las autoridades del distrito. “No lo hemos podido probar, pero todavía estamos pidiéndole al Estado que investigue el proceso”. Han realizado varios pedidos de acceso de información al gobierno, pero aún continúan sin respuestas.

Aunque desde la Ong denuncien incansablemente las violencias institucionales más comunes hacia los habitantes de la calle (ataques a la vida y la integridad física, indocumentación, violencia psicológica), y hasta tengan a algunos policías identificados (dos de los más peligrosos son el Cara de Papa y el Topo Gigio), el nivel de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en situación de calle es muy bajo y no denuncian la violencia policial por miedo a las represalias. Las amenazas son básicamente dos: la primera es llevarlos a la Unidad Permanente de Justicia (Upj), una suerte de centro transitorio donde la policía está habilitada para conducir a los habitantes que se encuentran en “alto grado de exaltación”, parámetro ambiguo que se convierte en una excusa perfecta para llevar allí a usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, relata Lanz. La segunda amenaza es “cargarlos” con drogas, para luego inculparlos y detenerlos.

“Nosotros no podemos acusar directamente al Estado de la comisión de estos crímenes que están sucediendo porque no tenemos las pruebas necesarias, no hay procesos de denuncias efectivos y acceso a la justicia. Pero sí podemos responsabilizar políticamente a los discursos que ha traído esta alcaldía (la de Peñalosa) y que ha sido nefasta para los habitantes de calle”, dijo Lanz el miércoles en el edificio Mercosur.

Estas no son sólo cifras, dijo el joven abogado, son historias de violencia, de discriminación y de negación sistemática de derechos que merecen ser contadas para hacer memoria, “una memoria que desde las calles ha transformado a la sociedad colombiana en guerra”. “Sólo a través de esta memoria y la resistencia colectiva lograremos que algún día ningún ciudadano sea registrado como un ‘nunca nadie’, que cada historia de violencia sea denunciada, que quienes matan a los ciudadanos habitantes de calle no queden impunes y que a los ‘ñeros’ se les reconozca su dignidad. Sólo así lograremos que ser habitantes de calle no sea una sentencia de muerte”, concluyó.

 


 

Niños de la calle y drogas

 

Pantalón cortito

 

A partir de los años 2012 y 2013 se comenzó a ver menos niños en las calles de Montevideo, en gran parte por el impacto de las políticas universales y focalizadas sobre esa población, resumió Marcelo Rossal, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el seminario de Red Calle.

“Comenzaron a estar más cuidados, incluso por sus propias familias”, opinó Rossal. Hubo un cambio, agregó el antropólogo, y las madres que antes pedían en las calles con sus hijos, ahora ya no querían ser vistas: “Evidentemente había un sentir de que cierto apoyo del Estado podía empañarse si las veían. Era algo malo hacer pedir en la calle a sus niños o pedir ellas mismas”. Antes, en 2010, “los niños apenas podían caminar y ya estaban pidiendo monedas para sustentar a sus familias”, explicó el autor del libro De calles, trancas y botones (2011), que junto al también antropólogo Ricardo Fraiman recogieron muchas de esas trayectorias.

Por otro lado, observaron que los mismos niños que habían iniciado la vida en la calle a los 8 o 9 años, los encontraron de nuevo ya con 14 o 15 años, y con “una vida más consolidada” en la ciudad. Utilizaban de manera pragmática los programas de calle y los instrumentos que instituciones como el Inau les ofrecían, también el vínculo con los educadores para acercarse a la institución; “los tomaron como forma de reducir sus propios daños, de rescatarse, para sobrellevar la violencia del Estado o de particulares, muchas veces las ganas de bañarse, el hambre o el querer dejar de consumir ciertas sustancias”. También comenzaron a aparecer otras instituciones evangélicas como Remar o Beraca, que “si bien se podían ver como que los explotaban, eran un ámbito de refugio, literal y simbólico”, “estaban protegidos del castigo posible que les pudieran dar agentes del sistema penal o por deudas en el mercado de la pasta base”.

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Los Ángeles es la segunda ciudad de Estados Unidos, por detrás de Nueva York, con mayor población de personas sin techo. Foto: Reuters

Parecen estar por todas partes. Personas de todas las edades, durmiendo sobre cartones o directamente en el piso. Son gente sin un hogar que se congrega bajo puentes o en parques, con sus pertenencias en bolsas de plástico como símbolo de sus vidas en movimiento.

 

Muchos llegaron a las calles recientemente, víctimas de la prosperidad que ha transformado en los últimos años muchas ciudades de la costa oeste de Estados Unidos.

 

Mientras las autoridades intentan responder a esta creciente crisis, algunos dicen que lo más probable es que la situación empeore.

 

El periodista de la BBC Hugo Bachega visitó la vibrante ciudad de Portland, la más grande de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos.

 

“Es la Ciudad de las Rosas, de clima agradable, rica cultura y pensamiento progresista”, cuenta Bachega. “También es un núcleo de innovación, parte de lo que se llama el Silicon Forest, (en contraposición con Silicon Valley), y los nuevos residentes se trasladaron aquí en los años posteriores a la crisis atraídos por las empresas de alta tecnología y sus trabajos bien remunerados”.

 

“Pero la bonanza no llegó a todos”, añade el periodista.


Escasez de vivienda

 

Lo sucedido en Portland es una historia que se repite en varias ciudades de Estados Unidos, entre las que destacan Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

 

La floreciente demanda en una zona con escasez de viviendas enseguida hizo subir el costo de vida y aquellos que financieramente estaban en el límite perdieron la capacidad que una vez tuvieron para permitirse un lugar donde vivir.

 

Muchos fueron rescatados por familiares y amigos o programas gubernamentales y organizaciones de ayuda. Otros, sin embargo, terminaron en la calle. Los más afortunados encontraron sitio en albergues públicos. No pocos están ahora en tiendas de campaña y vehículos en las calles.

 

“Incluso aunque la economía esté más fuerte que nunca”, declaró el alcalde de Portland, Ted Wheeler, del Partido Demócrata, “la desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y los beneficios de una economía en crecimiento se concentran cada vez en menos manos”.

 

Muchos expertos creen que es “una bomba de tiempo” en las calles estadounidenses que les puede explotar a las autoridades, ya que el problema va en aumento.

 

“Tenemos más desigualdad en todo Estados Unidos y esto indudablemente tiene un impacto en la gente”.

 

El número de personas sin casa ha aumentado en otras prósperas ciudades de la costa oeste de EE.UU. que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo, como San Francisco y Seattle, donde la culpa se le han echado también a los precios en alza y los desahucios.

 

Las cifras exactas son siempre difíciles de establecer pero 553.742 personas estaban sin hogar en una misma noche en todo Estados Unidos en 2017, según informó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Fue la primera subida en siete años. No obstante, la cifra para todo EE.UU. sigue siendo un 13% inferior a 2010, gracias al descenso que se ha producido en 30 estados del país.

 

Esta caída fue eclipsada por las altas subidas en el resto del país, con California, Oregón y Washington entre los peores estados.

 

Los Ángeles, donde la situación se describe año tras años como sin precedentes, tiene más de 50.000 personas sin hogar, solo por detrás de Nueva York, que tiene unas 75.000.

 

Joseph Gordon, un hombre transgénero conocido como Tequila, vive en un campamento para personas sin casa, llamado Hazelnut Grove y fundado en 2015, cuando Portland declaró por primera vez el estado de emergencia por la crisis de los sin techo.

 

“Da mucho miedo. La gente con la que me cruzo proviene de todos los lados de la vida. Y la población sin casa no hace más que crecer”, le dijo a la BBC este hombre de 37 años.

 

“Estando en la calle lidias con todo tipo de situaciones, como tener que relajarte conviviendo con ratas. También empiezas a apreciar el agua corriente o el hecho de poder ir al baño siempre que quieras”, cuenta Tequila.

 

La gente suele pensar que es mexicano por el color de su piel y su apodo.

 

Los ancianos y las minorías se ven afectadas por este problema de forma desproporcionada, según un estudio de la Universidad Estatal de Portland, que augura que la tecnología puede tener como consecuencia el recorte de miles de empleos de sueldos bajos, probablemente empeorando las cosas.
Hartos de los vecinos

 

La presencia de los sin hogar en Portland y otras ciudades estadounidenses con el mismo problema es más visible que nunca.

 

Los residentes están cada vez más frustrados por el olor de orina, heces humanas y objetos abandonados que se amontonan en espacios públicos, a veces en sus propias escaleras.

 

En algunos sitios, cunde la sensación de que es una batalla que se está perdiendo. Pero esta es una crisis que se está fraguando desde hace tiempo.

 

Los recortes del gobierno federal en los programas de vivienda asequible y en instalaciones para salud mental en las últimas décadas, hicieron que muchas personas acabaran en la calle en Estados Unidos, según señalan autoridades y proveedores de servicios, mientras que los gobiernos locales son incapaces de llenar el vacío.


Devastador informe de Naciones Unidas

 

El académico australiano Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, viajó por todo Estados Unidos durante dos semanas en diciembre del año pasado.

 

Su misión incluyó visitas a Los Ángeles y San Francisco.

 

En su brutal informe, Alston declaró que “el sueño americano” se está convirtiendo rápidamente para muchos en “la ilusión americana”. El gobierno del presidente Donald Trump criticó duramente sus hallazgos.

 

El futuro, advirtió Alston en una entrevista, no parece alentador.

 

“Las políticas del actual gobierno federal se centran en recortar, al máximo posible, los subsidios para vivienda, y creo que lo peor está por llegar”.


Otros países ricos se han debido enfrentar también el problema de los sin casa, en tiempos en que los más vulnerables sufren la carga de las políticas de austeridad, los precios en alza y el desempleo. Pero en la mayor parte de Europa, por ejemplo, todavía hay una “red robusta del sistema de bienestar” para ayudar a quienes están en riesgo, dijo Alston.

 

“En esencia, si estás en Europa tienes acceso a una atención sanitaria básica y rehabilitación psicológica y física. Esto contrasta fuertemente con Estados Unidos”.

 

De vuelta en Hazelnut Grove, Tequila, quien encontró un trabajo a tiempo parcial, pide donaciones para papel higiénico, bolsas de basura y champú.

 

Está recopilando documentos para apuntarse a un programa local de vivienda asequible, pero no espera trasladarse pronto del campamento.

 

“Una gran población de personas sin hogar no es algo bueno, especialmente cuando vives en el país más rico del mundo”, le dice Tequila al reportero de la BBC Hugo Bachega.

 

“Hay muy poca esperanza. Es una situación extrema”.

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC
 
El número de personas sin casa ha aumentado en ciudades de la costa oeste de EE.UU., que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo. Foto: BBC
 
La cantidad total de personas sin casa en todo Estados Unidos ha disminuido en los últimos años pero, como contraste, en algunas ciudades del país se ha disparado de forma alarmante. Foto: BBC
 
 
Tequila es un hombre transgénero de 37 años que vive en un campamento para personas sin casa en Portland. Foto: BBC
 

Hazelnut Grove, una comunidad autogestionada de pequeñas estructuras de madera, tiene más de una docena de residentes. Foto: BBC

La elevada población de personas sin casa contrasta con el nivel de riqueza en Estados Unidos. Foto: Reuters

 
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Domingo, 16 Septiembre 2018 08:20

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.

 

Publicado enColombia
Jueves, 13 Septiembre 2018 19:40

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.

 

La experiencia urbana y su relación territorial expandida

Más allá de identificar las tensiones permanentes de habitar la ciudad, la sociedad está llamada a cuestionarla y actuar desde la construcción –o destrucción– de paradigmas urbanos que derroten la individualidad, la desigualdad y la pobreza desde el posicionamiento de actuaciones alrededor del medio ambiente y la acción prioritaria por el ser humano.

 

Hablar de ciudad conduce a pensar, casi inmediatamente, en las características físicas del concepto, su infraestructura y la facilidad que brinda tal o cual escenario para que una persona pueda acceder a una gama de servicios diferenciados. A partir de ello sería posible decir que generalmente la ciudad se concibe como uno de los resultados de la modernización.

 

Desde las Leyes de Indias, promulgadas en Europa con el fin de regular la vida en sociedad en los territorios de América invadidos y colonizados, se impuso una visión de ciudad que debería cumplir con ciertas características físicas. La definición de un centro (plaza) que está delimitado por las instituciones que representan autoridad y poder, como la iglesia católica, las instituciones que administran justicia y los lugares de decisiones de la vida pública, así como su mantenimiento con el pasar de los años, son la expresión del intento por regularizar la vida social en medio del tránsito hacia la modernidad.



Este patrón urbano, construido desde el poder, y reglado por las instituciones, terminó por consolidarse como el método formal y ordenado de construir la ciudad. Sin embargo, esa forma impuesta que ha cambiado de acuerdo a épocas, tendencias y dinámicas globales, ha desatado en la actualidad el establecimiento de un modelo de ciudad cuyo enfoque se ha limitado a desarrollar lo físico-espacial bajo pautas de mercado que destacan fundamentalmente una imagen, por encima del desarrollo socio-espacial que humanice la ciudad y, en consecuencia, las haga sostenibles, saludables y vivibles. Las ciudades en la actualidad no dialogan con sus habitantes y están reguladas simbólicamente por aquellas instituciones dedicadas a mantener un statu quo.



En este sentido, es necesario rescatar vértices de la ciudad que han sido menguados. Se trata de un espacio fundamentalmente social, y que por ende no puede ser predeterminada de antemano ya que es producida y construida por las interacciones sociales cotidianas que se dan dentro de un contexto político, ideológico, social y cultural determinado; es por ello que hablar de ciudad nos remite a hablar también de democracia. La ciudad es, finalmente, un organismo complejo donde la imagen de felicidad no es más que un sofisma que atenúa las tensiones que la vida social produce dentro de lo urbano.

 

La cotidianidad es la vida de la ciudad

 

La vivienda, la movilidad, los servicios públicos, las infraestructuras públicas, los equipamientos, y demás aspectos característicos de las ciudades se encuentran en constante interacción y resuelven, en diferentes medidas, problemáticas asociadas a lo urbano. Sin embargo, la realidad cotidiana, manifiesta de diferentes maneras a lo largo del territorio urbano, queda desvanecida ante los ejercicios de planeación, superando rápidamente las acciones planteadas por las instituciones desde la formalidad. Esta realidad es la que se vislumbra, tornándose discusión en los escenarios públicos que la ciudad –planeada o no– permite sean permeados por la cotidianidad y las tensiones de la vida que fluye a su interior.

 

En este sentido, la vida urbana también es el encuentro entre las distintas ciudadanías o sujetos urbanos cuya mayor actividad se da en los espacios abiertos como el lugar ideal para el desarrollo y consolidación de la democracia. Es así que el espacio público, ideológicamente hablando, es utilizado como herramienta homogeneizadora de la población, bajo paradigmas como la cultura ciudadana, que establece unos “usos adecuados”, normalmente relacionados con el mero tránsito o paso de peatones, espacio que es reforzado por estructuras físicas que no incluyen lugares para la permanencia o la contemplación.

 

Habitar el espacio público en los diferentes modelos de ciudad

 

El espacio público como lugar de reunión, es un escenario que se complejiza a partir de las diferentes prácticas y usos que le dan, y en esa medida constituye un espacio de encuentro que pone de manifiesto las diferencias y consensos entre la sociedad que acude al mismo.

 

Sin embargo, por lo menos en las actuales ciudades de Latinoamérica, la concepción del espacio público es cada vez más condicionante, lo que obliga a la ciudadanía asistente a replegarse a ciertas prácticas, omitiendo la diversidad en las representaciones culturales que a éste se remiten. Este tipo de espacio público fomenta la segregación, en tanto se construyen espacios para niños (parques) y ciclistas (ciclorutas), pero pocas veces espacios donde diversos sujetos (ancianos, niños, mujeres, estudiantes y deportistas) puedan convivir y encontrarse.

 

En lugar de generar un espacio público abierto, universal y accesible, un espacio que permita construir la colectividad y afianzar la posibilidad de establecer consensos ante las tensiones que resaltan en éste, el espacio público ha terminado por ser convertido en la herramienta propicia del mercado inmobiliario para potenciar sus propuestas urbanas caracterizadas, principalmente, por ser cerradas, focalizadas, conservadoras y aisladas, evitando así que la ciudad sea un espacio generador de experiencias desde el encuentro entre diferentes actores urbanos

 

Un ejemplo concreto de este análisis es el que surge de la vivencia en la ciudad con los centros comerciales o rascacielos, donde el espacio tejido con la ciudad está estrechamente vinculado a las actividades económicas que estos ofrecen. Es así como edificios como el BD Bacatá en Bogotá, o los centros comerciales en general, son una especie de coraza que no ofrece un relacionamiento con la ciudad distinto a una experiencia de consumo, a pesar de las grandes áreas y servicios urbanos que ocupan.

 

Este es el nuevo espacio público, que reemplaza las aceras y plazas por corredores y pasillos entre una multiplicidad de almacenes, un espacio que llama al consumo y a la individualidad. Un espacio que logra estructurar un escenario silenciador de las tensiones y, en consecuencia, de la posibilidad de consensuar sobre las mismas, un espacio que actúa en contraposición a las múltiples formas de tejer el territorio desde dinámicas participativas, como destaca en acciones de mejoramiento de barrios en Medellín o Bogotá.

 

Estamos entonces ante una opción para la ciudad, la cual sigue siendo una extensa malla de relaciones físicas y sociales, y que es el enclave territorial que precisa repensar su forma y relación en torno a lo colectivo y lo común. Ciertamente, el espacio público es ese hilo conector que permite abrir el encuentro en una ciudad atiborrada de construcciones, lo cual implica que estas conexiones superen la noción meramente funcional de la circulación de sus habitantes.

 

Es decir, el espacio público debe permitir organizar la vida colectiva y la reinterpretación de la ciudad a partir del reconocimiento de las diferentes representaciones culturales y políticas de la sociedad, de manera que la experiencia en lo urbano sea un ejercicio activo de apropiación que responda a las necesidades de la comunidad, todo ello por encima de los intereses inmobiliarios o económicos del mercado.

 

A partir de esto es necesario que la sociedad cuestione, desde su experiencia urbana, cuáles son las decisiones de ciudad y qué prioridad tiene lo humano, pues el espacio urbano –tal como si fuera un organismo complejo– mantiene una dinámica relacional no solamente dentro de sí, con sus múltiples sucesos, sino hacia fuera, con el espacio rural, del cual percibe una enorme cantidad de servicios sin los cuales sería imposible soportar sus actividades.

 

¿Ciudades más allá del capitalismo?

 

En la medida en que la renta sea lo que determine la construcción de ciudad, los usos colectivos serán desechados y dejados a la deriva. Es por ello que la ciudad es el espacio predilecto para la reproducción del capitalismo, el flujo e intercambio rápido de mercancías y servicios, lo que se pone de manifiesto en la forma como es ocupa el suelo, junto con las lógicas de uso establecidos en estos. Los usos agropecuarios y ambientales o de conservación del territorio, tal como el espacio público, quedaron supeditados a las necesidades de las urbes, de manera que la expansión y el desarrollo de las ciudades suceden a expensas de estos.

 

En este sentido, es necesario enfatizar en que el sostenimiento de las ciudades está estrechamente ligado al funcionamiento de grandes zonas que no son urbanas las cuales permiten el abastecimiento de agua, alimentos y generación de energía, así como de zonas para la disposición de residuos y recepción de vertimientos, entre otros, lo cual representa una dinámica ultra funcional que está a merced de prioridades lejanas a la de fortalecer las dinámicas relacionales entre las personas, la naturaleza y los espacios que habitan, lo que genera un claro desbalance entre las ciudades y las áreas rurales necesarias para garantizar estos procesos.

 

Es en este sentido que la disputa por el territorio es un suceso expandido entre las dinámicas urbanas y rurales-ambientales, disputa reflejada en la generación de conflictos como, en el caso de Bogotá, los que están ligados a la urbanización de los Cerros Orientales y el área rural de la localidad de Usme, o de áreas protegidas como en el Parque Nacional Farallones de Cali, o la ocupación sobre espacios de ronda y su posterior inundación, como sucedió en la cuenca del río Tunjuelo en la localidad de Bosa al sur de la capital del país, o con las viviendas de alto costo en la cuenca del río Bogotá en el municipio de Chía.

 

Bajo el actual modelo económico, la ciudad consume recursos externos y territorio, invade, desplaza, niega, impone; realidad que invita a pensar en nuevas formas de planificarla, gestionarla y construirla, eliminando o disminuyendo las desigualdades territoriales que genera su desarrollo. Es por ello que el encuentro y la interacción entre las diversas ciudadanías y sujetos urbanos también implican el relacionamiento de estos con los sujetos campesinos, los habitantes y cuidadores de áreas protegidas.

 

Los espacios de borde urbano rural, que se vienen consolidando en localidades como Usme y San Cristóbal en Bogotá, por ejemplo, dan cuenta de la posibilidad del encuentro, de la viabilidad de generar espacios públicos integrales donde se armonicen los usos y prácticas urbanas, rurales y ambientales en la ciudad. Prácticas que surgen desde abajo y que reivindican el derecho a la ciudad, a una ciudad diversa e incluyente en donde la experiencia urbana sea resultado de prácticas colectivas.

Publicado enEdición Nº249
Lunes, 02 Julio 2018 09:51

De Cazucá a la tierra

De Cazucá a la tierra

Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz [...] 

Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia.


Albert Camus-El extranjero

 

El cielo ha sido un cíclope, y el sol como su ojo de fuego destilando odio a cada lengüetazo. Su fulgor que encegueció a Mersault cuando apuntó con su revólver al árabe y descargó los cuatro tiros del tambor sobre la silueta del hombre al que no podía ver con claridad porque la luz lo encandiló. Lo que hizo entonces, al no verlo, fue asesinarlo con el ímpetu de su corazón, con las palpitaciones de la sangre que bombeaba en su cabeza y le produjeron desesperación. Luego de los disparos, todo fue silencio y una extraña sensación, de liviandad quizás, de orfandad en el vasto mundo. Eso fue lo primero que pensé cuando Poveda, de quince años de edad y que integra un grupo de aceleración de un colegio de Bosa, al sur occidente de Bogotá, me contó su historia.


Aquella misma mañana, una mañana cualquiera del mes de mayo de 2018 en que extrañamente el sol refulgía con furia sobre Bogotá, un amigo de su barrio fue hasta su casa y le avisó que las pintas estaban dando papaya, pues se encontraban campantes, sentados frente a otra de las ollas del barrio, hablando, como si no le debieran nada a nadie. Poveda entonces supo que era su oportunidad, se levantó, se puso una sudadera, cogió su bicicleta, le dijo a su mamá que no se demoraba y sin desayunar ni lavarse los dientes salió de la casa con dirección a la olla del Mono cuco y el Burro, quienes les pasaron los fuetes. Sebastián, como se llamaba su amigo, se acomodó la cachucha de los Lakers y Poveda intentó ajustar el revólver entre sus boxers y su vientre, ya que el material de algodón de su sudadera hacía que la cacha se resbalara. Antes de treparse a las bicicletas, el Burro les ofreció un cigarrillo de marihuana, para que se fueran relajados, y cuando arrojaron el resquicio del pucho, se echaron la bendición y empezaron a pedalear.

 

El barrio

 

Y pedalearon por las calles sin asfaltar del barrio Bosa Santa Fe, ubicado al sur de la localidad de Bosa, y que colinda con el canal de Cundinamarca, el río Bogotá y con los barrios Potreritos, Villa Ema y Ciudadela el Recreo. Sector en el que el Distrito de Bogotá, a través del Programa Integral de Vivienda Efectiva, construyó en 2017, 6.129 viviendas, agrupadas en el conjunto Campo Verde, para familias ahora llamadas pomposamente en condición de vulnerabilidad.

 

Sin embargo, esta zona de la ciudad se ha visto afectada por serios problemas debido a las constantes inundaciones que presenta, a la escasez del transporte público, y a los altos índices de delincuencia. Del mismo modo, la comunidad de indígenas muiscas que habitan el sector, interpusieron las respectivas denuncias para que frenaran la construcción, ya que en ningún momento se les consultó sobre la urbanización de los predios, pero como era de esperarse jamás les prestaron mayor atención.

 

Poveda y Sebastián son habitantes de esta zona, específicamente del conjunto residencial llamado El Bicentenario, el cual fue creado por «La Caja de la Vivienda Popular por medio del programa de Reasentamientos Humanos y buscando proteger la vida de las familias vulnerables» (radiosantafe.com, 2010). Esto quiere decir que además de las familias que salieron huyendo de las montañas de Ciudad Bolívar como víctimas de la violencia, el microtráfico y la delincuencia, también arribaron a El Bicentenario otro tipo de personas con el propósito de encubar el terror y establecer sus negocios ilícitos, como es el caso de la banda de narcotraficantes y asaltantes denominada los Nocopeo, que tenían allí su guarida y centro de operaciones.

 

Las calles del barrio están sin asfaltar, varias casas funcionan como dispendio de drogas, tanto así que de forma recurrente la policía aparece y quita las puertas de las casas; los caciques de las ollas caminan con tranquilidad armados a plena luz del día, y por lo tanto, los habitantes del sector viven con miedo. Anteriormente, el conjunto tenía una reja que lo bordeaba, la policía la quitó para establecer mayor control, pero el día en que empezaron a echarla abajo hubo un tiroteo que dejó varios muertos y heridos. Adentro del conjunto también hay ollas, pequeñas casas que sirven para el expendio del bazuco y donde se arriendan los cuatro cuartos que tienen para su consumo. Unas cuadras más abajo de El Bicentenario se extiende macilenta la cuadra picha, donde vive el cacique general, o el duro de la zona. Mejor dicho, la gente no puede salir en la noche, es muy peligroso, si alguien debe salir, tiene que hacerlo acompañado.

 

Infancia

 

Poveda vive allí desde hace tres años, me cuenta entretanto acomoda el mechón de pelo que le atraviesa la frente. Estamos sentados en un salón de clases y el sol golpea fuerte sobre Bogotá, el mismo sol de El extranjero de Camus. Como ya conté, tiene 15 años, es moreno, de contextura gruesa, rostro fuerte, expresión sombría, la piel de su cara es acartonada y tiene múltiples orificios, no por el acné sino por automutilaciones. Nunca mira a nadie directo a los ojos, por lo tanto su cabeza se mueve buscando escapatoria, para que nadie lo mire, para no hacer contacto con ningún interlocutor. Sus manos también están cicatrizadas, pero estas últimas, él me cuenta, son producto de la cantidad de papas que debe pelar en El Redentor, la cárcel para menores de edad en la que se encuentra recluido.

 

Su voz es pausada, no articula bien la letra r, no pronuncia la l que está a mitad de palabra, y jamás las finaliza con la s. Me cuenta que antes vivía en Cazucá, altos de Cazucá, que corresponde a la Comuna 4 del municipio de Soacha. Este barrio triste, marchito por el polvo que se levanta de sus calles, pobre y lóbrego, es aún refugio para los más de 17.000 desplazados por la violencia de todo el país, que encontraron en aquella montaña o en sus faldas, un trozo de raíz para sostenerse y no caer definitivamente al abismo. Y sus habitantes deben vivir, además sin servicios públicos, con el miedo constante que producen las bandas criminales que crecen como parásitos en una letrina y con la presencia pestilente de los grupos paramilitares, que regularmente hacen sus famosas limpiezas sociales.

 

La casa, o el rancho en el que creció y vivió estaba levantado sobre la falda de una montaña, sus paredes eran de lámina de madera y su techado era de zinc y hojalata. Allí se apretujaban Poveda, su mamá, cuatro hermanos, dos de ellos mayores y su papá cuando aparecía. Y por eso, porque su papá pocas veces frecuentaba su casa, su mamá debía rebuscarse lo de los alimentos vendiendo bolsas de basura.

 

Por supuesto, cuando le pregunto por el paradero de su padre, Poveda inclina más la cabeza, como si quisiera girarla 180 grados, o quizás arrancársela y arrojarla al bote de basura. Me dice: “él camellaba en una olla, era el cacique de una olla”, en el barrio le tenían respeto, que puede traducirse como miedo, porque era fácilmente alterable, ya había asesinado a varias personas. Incluso, un día que tuvo un altercado con el cacique de otra olla, se armó de un revólver y una granada y se dirigió a donde su enemigo, pero al comprobar que la olla estaba repleta de gente, decidió arrojar la granada. Luego su papá debió esconderse por un tiempo y cuando regresó consumía más drogas, hasta que una mañana, cuando Poveda tenía 6 años, la misma Sijin lo mató cuando intentaba huir por el techado de una casa.

 

Dos de sus hermanos mayores no corrieron con mejor suerte. A uno de ellos lo mataron por una jovencita, le pegaron 3 puñaladas y a su otro hermano lo mató la limpieza paramilitar de la zona cuando se encontraba departiendo con sus amigos y de la ventana de una camioneta salió la boca de una ametralladora. Del año 2004 al 2006, Jaime Andrés Marulanda de 26 años, alias el Chiquitín y miembro de las AUC, asesinó a más de 137 jóvenes de Soacha y Cazucá. Al momento de dictarle una sentencia de 28 años de cárcel, el Chiquitín se enfureció porque la condena estaba argumentada por el asesinato de 37 jóvenes, y él reclamó que les habían faltado otros 100, que además él le había hecho un favor a la comunidad, y que por cada joven asesinado recibía un pago de 400.000 pesos.

 

El crimen

 

Poveda pega su mirada al sol, como si no lo afectaran sus rayos. Creo que percibe su reflejo abotagado, perplejo, en la ventana. El resto de sus compañeros ríen por algún chiste, pero él permanece inmutable. Luego voltea lentamente su cabeza, me mira un instante y antes de proseguir con su historia vuelve a anclar su mirada al piso.

 

Sebastián pedalea a su lado derecho. Antes de doblar por la esquina donde están los enemigos se miran de reojo y palpan su vientre para comprobar que permanecen allí los revólveres o fuetes. Cuando gira el manubrio de la bicicleta Poveda recuerda a sus dos amigos asesinados por los hombres que están a media cuadra, luego recuerda las tres puñaladas que un mes antes los mismos hombres le habían propinado, únicamente porque él pasó por una calle prohibida. Las fronteras invisibles, le digo yo. Siente entonces el picor de la herida de su vientre, la que casi lo mata y le produce ira. La sangre le bombea más rápido, se agita turbia en su interior y se agolpa en su cabeza, al mismo tiempo que las ruedas de su bicicleta giran y el sol le da pleno en los ojos. Es un sol inusual en Bogotá, es estival, diáfano, entra al mundo puro, como si no tuviera ningún obstáculo, ni que atravesar tanto espacio y tiempo.

 

Los hombres están sentados sobre la acera, a media cuadra de distancia, en frente de la olla. Son tres, fuman cigarrillo, se rotan un bareto y se ríen a carcajadas. Las risas penetran con estridencia en los oídos de Poveda que mira a su lado y observa como Sebastián se pone de pie en la bicicleta y acelera, entretanto con la mano derecha saca el revólver. Los hombres los observan y se percatan de que van por ellos. Uno se pone de pie y echa a correr y Sebastián dispara, el hombre cae y Sebastián lo remata con tres tiros en la cabeza. Poveda siente que le falta el aire, no me dio nada matarlos, me confiesa, acelera también, saca el revólver y apunta al primero al que le pega un tiro que se pierde en el aire y otro que le da en una pierna, este hombre alcanza a huir por una bocacalle, pero el otro no alcanza a reaccionar y recibe un balazo primero en el hombro y otro en el pecho. Cuatro disparos, los mismos de Mersault.

 

Sebastián mira a Poveda y le hace un gesto cuando escuchan que salen personas por las ventanas y que a lo lejos aúlla una sirena de la policía. Emprenden la huida, cada uno por una calle diferente. Poveda siente cómo la adrenalina regurgita en su interior y se disemina por sus extremidades. Se siente tranquilo y satisfecho. Recuerda que tiene empuñado, con mucha fuerza, el revólver, el cual arroja a un costado, hacia un potrero. Gira por una esquina, no sabe con exactitud en dónde se encuentra, pero gira y pedalea como si fuera su última carrera, como si así lograra escapar del infierno. El sol golpea de nuevo en sus ojos y lo encandila, no lo deja ver las dos motos de la policía que se acercan a toda velocidad, ni a los policías que las conducen y que ya le apuntan.

 

Quizás Poveda jamás hubiera cometido el crimen si hubiera nacido en otro contexto, si sus padres lo hubieran bajado rápido de esa loma, si en su barrio no hubieran ollas en la casa vecina, si para estudiar no tuviera tantas necesidades. Estoy seguro de que Poveda es un fiel reflejo de las calles en las que creció, de la mirada perdida de su padre, de la sangre derramada de sus hermanos, de las avenidas sin asfaltar que debe recorrer diariamente levantando polvaredas que ensucian sus zapatos y lo enceguecen, de la desesperanza de no tener un futuro, solo un presente demasiado cercano, oscuro y tétrico, pero diáfano, porque no hay esperanza en él. Quizás Poveda sería un estudiante brillante si estuviera matriculado en uno de esos colegios del norte o de la Sabana de Bogotá que tienen canchas de fútbol, hermosas bibliotecas y piscina. Y de otra cosa estoy seguro, entretanto me despido dándole la mano y mi número de teléfono, porque las cosas en El Redentor son duras y de pronto necesita algo, ojalá un libro, y es que Poveda es un extranjero de la vida, de su contexto, de su tiempo, de las condiciones de su sociedad, un extranjero enceguecido por la inminente pobreza y violencia que brilla más que la luz del sol.

 

Referencias

radiosantafe.com. (19 de 9 de 2010). www.radiosantafe.com. Obtenido de www.radiosantafe.com: http://www.radiosantafe.com/2010/09/29/conjunto-residencial-el-bicentenario-sera-el-hogar-de-667-familias-vulnerables/

 

Video relacionado

https://youtu.be/_cLuZ7vS9eg

 

Publicado enColombia
Lunes, 02 Julio 2018 08:01

Crítica del pensamiento financiero

Crítica del pensamiento financiero

Un lugar común de la filosofía del siglo XX dictaminó que era posible hacer cosas con palabras. Desde luego, las más antiguas filosofías siempre supieron que era posible hacer política con palabras, y más aún, casi exclusivamente con palabras, y en caso extremo, con una única palabra. Por eso vale la pena detenerse en una cuestión principal. Es decir, bajo qué condiciones una palabra está indisociablemente unida a una cadena de hechos, por lo cual lo que entendemos habitualmente por palabra se convierte en una pieza al rojo vivo, acero laminado de una realidad política inmediata. Es el caso de la palabra incautación, que aparece en uno de los folios del entendimiento con el FMI, con la cual se interpretan los acontecimientos que bajo el gobierno de Cristina Kirchner llevaron a la restitución al Estado de los fondos jubilatorios, que habían sido apropiados por el sistema financiero. Si hubiera sido una incautación, tal como lo interpreta en su maquinaria de significados el mundo capitalista en general, queda limpio el conducto ávido y oscuro que los vuelva a ser presa de las especulaciones sostenidas en la teoría neoliberal. Esta convierte el aporte de la solidaridad intergeneracional entre trabajadores en otro excedente de la circulación privada de capitales.

El acontecimiento libre que en que debería convertirse la ciudadanía, en las grandes tesis heredadas de las revoluciones clásicas burguesas, se torna ahora en una coacción que impone la bancarización obligada de los ex sujetos sociales. En el período arcaico de las burguesías, la bancarización del sujeto público no era coactiva, por eso se podía seguir hablando de sujetos. No lo somos ya, aunque los gigantes financieros, comunicacionales e informáticos fusionados, nos hablen de vos y de ir juntos y de acompañarnos siempre. Este acompañamiento sí que preocupa.

Al señalar la presencia de esta palabra en el memorándum de entendimiento con el FMI, se revela uno de los gravísimos basamentos que lo constituyen. Y esa reveladora palabra, sobre la que descansa una red de decisiones que serían adversas y ruinosas para la población, es motivo de un proyecto de ley para que se la retire. Al presentar ese proyecto en el Senado, la senadora Cristina Kirchner produce una singular novedad que se une a la invitación siempre necesaria a refinar las luchas políticas. Se trata de aguzarlas por medios no convencionales, esto es, medir el alcance, significado y sedimentación de las palabras, en las acepciones en conflicto que siempre caracterizan lo político. ¡Una Ley para cuestionar una Palabra! Es evidente que las formas heredadas de las políticas de resistencia tienen siempre una aureola épica, masiva, perentoria. En ellas siempre late el justo deseo de continuidad y de agregados constantes de nuevos resistentes en virtud de los nuevos capítulos que va escribiendo una pedagogía de luchas sociales, intelectuales y morales. Sabemos, en tanto, que ellas no serían igualmente efectivas si no fueran punteadas con una rigurosa observación de las palabras, unidades de sentido a través de las cuales se lucha, pero que son asimismo los sentidos por los cuales se lucha.

Los que descartan la vida política testimonial –abundan–, tanto como los que ahora se arrepienten de no haber integrado un número de parlamentarios resistentes, aunque no alcance el quórum –pues no hay nada efectivo en política que no sea acompañado por su símbolo testimonial respectivo–, deben aleccionarse de cómo la realidad efectiva tan cantada y la actividad testimonial se complementan absolutamente. Y hasta se pueden fusionar, como el hierro con el carbono, en un sutil testimonio como lo es un Proyecto de Ley, que también quiere hacer de la palabra una fuerza operativa y social. Entonces, un hecho que parece una intervención ocasional, que no iría al pleno de las cosas, se convierte en una pieza esencial de la crítica a los tientos de acero revestidos de túnicas benévolas, con los que el FMI avasalla a una nación.

Publicado enEconomía
Lunes, 25 Junio 2018 17:34

La lógica del absurdo

Las ilustraciones que acompañan este suplemento son de Eiko Ojala, ilustrador, diseñador gráfico y director de arte residente en Tallinn (Estonia);  apuesta por unos tradicionales collages de papeles recortados con cuchilla en los que confluyen creatividad, seducción y poesía, http://ploom.tv.

Imaginemos dos situaciones sociales, dos absurdos colectivos. En una (llamémoslo Absurdo A), cada uno de los individuos de un país, del planeta todo, posee exactamente la misma riqueza que su vecino.

Sus defensores argumentarían que hay, por lo menos dos razones para esa realidad: primero, la riqueza generada por cada individuo no se debe exclusivamente a su mérito y esfuerzo individual sino a una serie de logros y esfuerzos que derivan de la sociedad toda (de vivos y de muertos a lo largo de miles de años, claro). La segunda razón sería: aunque no todos pueden contribuir de la misma forma, en la misma proporción, es por una razón moral que los fuertes deban ayudar a los débiles y no al revés. Al fin y al cabo, estas ideas han estado en los libros (no en las prácticas) de todas las religiones conocidas a lo largo de la historia de la humanidad, con la única excepción de algunas sectas contemporáneas que afirman que Jesús les pide a sus pastores que hagan sangrar a los miembros de su iglesia para pagar un avión privado de 54 millones de dólares.

¿Por qué sería esto absurdo o demasiado radical? Bueno, se podría argumentar, porque no todos somos iguales. Unos nacen más inteligentes que otros, otros poseen una capacidad de trabajo y sacrificio mayor, etcétera. Que haya una plétora de millonarios haraganes y con deficiencias mentales es un detalle en el cual no vamos a entrar ahora.

Entonces, imaginemos lo opuesto. Imaginemos un Absurdo B, algo aún más absurdo que el Absurdo A.

Imaginemos un país, un mundo donde el diez por ciento de la población sea dueña de tanta riqueza como la mitad de la población de ese país, de esa sociedad…
No, mejor exageremos un poco más para hacerlo más dramático: imaginemos un país, una sociedad donde el uno por ciento de la población acumule tanta riqueza como la mitad de ese país, o como la mitad del mundo entero…

Un momento. El uno por ciento del mundo sería más de setenta millones de personas, algo así como la población de Turquía o de Inglaterra. No, exageremos un poquito más. Para el Absurdo B imaginemos que cien personas poseen lo mismo que la mitad más pobre de la población mundial, que en el país más rico y poderoso del mundo, Estados Unidos, el 60 por ciento apenas alcance al seis por ciento de toda la riqueza generada por ese país, que en otras regiones, como en América Latina, las desproporciones sean aún mayor. Y así, sigamos con la imaginación, exagerando hasta la caricatura del Absurdo B. Sólo hay que tener cierto cuidado, como en una sesión de tortura se debe preservar la vida del interrogado, porque si exageramos mucho el sistema global colapsaría y eso no les serviría a los cien hombres que lo poseen casi todo.

La diferencia más importante entre el Absurdo A y el Absurdo B es que el Absurdo B existe y es a lo que hemos llegado después de siglos de progreso tecnológico y económico.

Cierto, es muy difícil, sino imposible, establecer dónde está el punto justo entre el Absurdo A y el Absurdo B, pero, en cualquier caso, no parece razonable sostener ninguno de los dos absurdos. Menos al mayor de los dos absurdos.

Un absurdo no se revela por su existencia, sino todo lo contrario: el absurdo que crea y sostiene una determinada realidad se convierte en la lógica de las mayorías. Si la humanidad cree que la Tierra es plana porque es una obviedad que se demuestra sola; si alguien quema a un hombre porque no entiende alguna complejidad teológica y luego la quema se extiende a otros cientos y miles por las mismas razones; si un esposo mata a su mujer porque no llegó virgen al matrimonio porque eso estaba escrito en algún libro sagrado seguido por millones; si todos repiten que la modernidad no se debe a siglos de inventores, científicos, pensadores, activistas sociales y humildes trabajadores que financiaron todo ese esfuerzo, sino a los venerados, geniales y supermillonarios CEOs**, es porque esos absurdos han sido normalizados y defendidos con ferocidad como si fueran pariciones de la lógica o de la Madre naturaleza. Más cuando el poder que sostiene un absurdo es tan desproporcionado que se alimenta desde arriba y desde abajo, de izquierda y de derecha; cuando se alimenta y se defiende con la hipocresía de quienes se benefician del absurdo y con el fanatismo de quienes deben sufrirlo cada día, como si se tratase de una larga sequía o de una lluvia interminable.

Lunes, 25 Junio 2018 09:48

De Cazucá a la tierra

De Cazucá a la tierra

Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz [...] 

Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia.


Albert Camus-El extranjero

 

El cielo ha sido un cíclope, y el sol como su ojo de fuego destilando odio a cada lengüetazo. Su fulgor que encegueció a Mersault cuando apuntó con su revólver al árabe y descargó los cuatro tiros del tambor sobre la silueta del hombre al que no podía ver con claridad porque la luz lo encandiló. Lo que hizo entonces, al no verlo, fue asesinarlo con el ímpetu de su corazón, con las palpitaciones de la sangre que bombeaba en su cabeza y le produjeron desesperación. Luego de los disparos, todo fue silencio y una extraña sensación, de liviandad quizás, de orfandad en el vasto mundo. Eso fue lo primero que pensé cuando Poveda, de quince años de edad y que integra un grupo de aceleración de un colegio de Bosa, al sur occidente de Bogotá, me contó su historia.


Aquella misma mañana, una mañana cualquiera del mes de mayo de 2018 en que extrañamente el sol refulgía con furia sobre Bogotá, un amigo de su barrio fue hasta su casa y le avisó que las pintas estaban dando papaya, pues se encontraban campantes, sentados frente a otra de las ollas del barrio, hablando, como si no le debieran nada a nadie. Poveda entonces supo que era su oportunidad, se levantó, se puso una sudadera, cogió su bicicleta, le dijo a su mamá que no se demoraba y sin desayunar ni lavarse los dientes salió de la casa con dirección a la olla del Mono cuco y el Burro, quienes les pasaron los fuetes. Sebastián, como se llamaba su amigo, se acomodó la cachucha de los Lakers y Poveda intentó ajustar el revólver entre sus boxers y su vientre, ya que el material de algodón de su sudadera hacía que la cacha se resbalara. Antes de treparse a las bicicletas, el Burro les ofreció un cigarrillo de marihuana, para que se fueran relajados, y cuando arrojaron el resquicio del pucho, se echaron la bendición y empezaron a pedalear.

 

El barrio

 

Y pedalearon por las calles sin asfaltar del barrio Bosa Santa Fe, ubicado al sur de la localidad de Bosa, y que colinda con el canal de Cundinamarca, el río Bogotá y con los barrios Potreritos, Villa Ema y Ciudadela el Recreo. Sector en el que el Distrito de Bogotá, a través del Programa Integral de Vivienda Efectiva, construyó en 2017, 6.129 viviendas, agrupadas en el conjunto Campo Verde, para familias ahora llamadas pomposamente en condición de vulnerabilidad.

 

Sin embargo, esta zona de la ciudad se ha visto afectada por serios problemas debido a las constantes inundaciones que presenta, a la escasez del transporte público, y a los altos índices de delincuencia. Del mismo modo, la comunidad de indígenas muiscas que habitan el sector, interpusieron las respectivas denuncias para que frenaran la construcción, ya que en ningún momento se les consultó sobre la urbanización de los predios, pero como era de esperarse jamás les prestaron mayor atención.

 

Poveda y Sebastián son habitantes de esta zona, específicamente del conjunto residencial llamado El Bicentenario, el cual fue creado por «La Caja de la Vivienda Popular por medio del programa de Reasentamientos Humanos y buscando proteger la vida de las familias vulnerables» (radiosantafe.com, 2010). Esto quiere decir que además de las familias que salieron huyendo de las montañas de Ciudad Bolívar como víctimas de la violencia, el microtráfico y la delincuencia, también arribaron a El Bicentenario otro tipo de personas con el propósito de encubar el terror y establecer sus negocios ilícitos, como es el caso de la banda de narcotraficantes y asaltantes denominada los Nocopeo, que tenían allí su guarida y centro de operaciones.

 

Las calles del barrio están sin asfaltar, varias casas funcionan como dispendio de drogas, tanto así que de forma recurrente la policía aparece y quita las puertas de las casas; los caciques de las ollas caminan con tranquilidad armados a plena luz del día, y por lo tanto, los habitantes del sector viven con miedo. Anteriormente, el conjunto tenía una reja que lo bordeaba, la policía la quitó para establecer mayor control, pero el día en que empezaron a echarla abajo hubo un tiroteo que dejó varios muertos y heridos. Adentro del conjunto también hay ollas, pequeñas casas que sirven para el expendio del bazuco y donde se arriendan los cuatro cuartos que tienen para su consumo. Unas cuadras más abajo de El Bicentenario se extiende macilenta la cuadra picha, donde vive el cacique general, o el duro de la zona. Mejor dicho, la gente no puede salir en la noche, es muy peligroso, si alguien debe salir, tiene que hacerlo acompañado.

 

Infancia

 

Poveda vive allí desde hace tres años, me cuenta entretanto acomoda el mechón de pelo que le atraviesa la frente. Estamos sentados en un salón de clases y el sol golpea fuerte sobre Bogotá, el mismo sol de El extranjero de Camus. Como ya conté, tiene 15 años, es moreno, de contextura gruesa, rostro fuerte, expresión sombría, la piel de su cara es acartonada y tiene múltiples orificios, no por el acné sino por automutilaciones. Nunca mira a nadie directo a los ojos, por lo tanto su cabeza se mueve buscando escapatoria, para que nadie lo mire, para no hacer contacto con ningún interlocutor. Sus manos también están cicatrizadas, pero estas últimas, él me cuenta, son producto de la cantidad de papas que debe pelar en El Redentor, la cárcel para menores de edad en la que se encuentra recluido.

 

Su voz es pausada, no articula bien la letra r, no pronuncia la l que está a mitad de palabra, y jamás las finaliza con la s. Me cuenta que antes vivía en Cazucá, altos de Cazucá, que corresponde a la Comuna 4 del municipio de Soacha. Este barrio triste, marchito por el polvo que se levanta de sus calles, pobre y lóbrego, es aún refugio para los más de 17.000 desplazados por la violencia de todo el país, que encontraron en aquella montaña o en sus faldas, un trozo de raíz para sostenerse y no caer definitivamente al abismo. Y sus habitantes deben vivir, además sin servicios públicos, con el miedo constante que producen las bandas criminales que crecen como parásitos en una letrina y con la presencia pestilente de los grupos paramilitares, que regularmente hacen sus famosas limpiezas sociales.

 

La casa, o el rancho en el que creció y vivió estaba levantado sobre la falda de una montaña, sus paredes eran de lámina de madera y su techado era de zinc y hojalata. Allí se apretujaban Poveda, su mamá, cuatro hermanos, dos de ellos mayores y su papá cuando aparecía. Y por eso, porque su papá pocas veces frecuentaba su casa, su mamá debía rebuscarse lo de los alimentos vendiendo bolsas de basura.

 

Por supuesto, cuando le pregunto por el paradero de su padre, Poveda inclina más la cabeza, como si quisiera girarla 180 grados, o quizás arrancársela y arrojarla al bote de basura. Me dice: “él camellaba en una olla, era el cacique de una olla”, en el barrio le tenían respeto, que puede traducirse como miedo, porque era fácilmente alterable, ya había asesinado a varias personas. Incluso, un día que tuvo un altercado con el cacique de otra olla, se armó de un revólver y una granada y se dirigió a donde su enemigo, pero al comprobar que la olla estaba repleta de gente, decidió arrojar la granada. Luego su papá debió esconderse por un tiempo y cuando regresó consumía más drogas, hasta que una mañana, cuando Poveda tenía 6 años, la misma Sijin lo mató cuando intentaba huir por el techado de una casa.

 

Dos de sus hermanos mayores no corrieron con mejor suerte. A uno de ellos lo mataron por una jovencita, le pegaron 3 puñaladas y a su otro hermano lo mató la limpieza paramilitar de la zona cuando se encontraba departiendo con sus amigos y de la ventana de una camioneta salió la boca de una ametralladora. Del año 2004 al 2006, Jaime Andrés Marulanda de 26 años, alias el Chiquitín y miembro de las AUC, asesinó a más de 137 jóvenes de Soacha y Cazucá. Al momento de dictarle una sentencia de 28 años de cárcel, el Chiquitín se enfureció porque la condena estaba argumentada por el asesinato de 37 jóvenes, y él reclamó que les habían faltado otros 100, que además él le había hecho un favor a la comunidad, y que por cada joven asesinado recibía un pago de 400.000 pesos.

 

El crimen

 

Poveda pega su mirada al sol, como si no lo afectaran sus rayos. Creo que percibe su reflejo abotagado, perplejo, en la ventana. El resto de sus compañeros ríen por algún chiste, pero él permanece inmutable. Luego voltea lentamente su cabeza, me mira un instante y antes de proseguir con su historia vuelve a anclar su mirada al piso.

 

Sebastián pedalea a su lado derecho. Antes de doblar por la esquina donde están los enemigos se miran de reojo y palpan su vientre para comprobar que permanecen allí los revólveres o fuetes. Cuando gira el manubrio de la bicicleta Poveda recuerda a sus dos amigos asesinados por los hombres que están a media cuadra, luego recuerda las tres puñaladas que un mes antes los mismos hombres le habían propinado, únicamente porque él pasó por una calle prohibida. Las fronteras invisibles, le digo yo. Siente entonces el picor de la herida de su vientre, la que casi lo mata y le produce ira. La sangre le bombea más rápido, se agita turbia en su interior y se agolpa en su cabeza, al mismo tiempo que las ruedas de su bicicleta giran y el sol le da pleno en los ojos. Es un sol inusual en Bogotá, es estival, diáfano, entra al mundo puro, como si no tuviera ningún obstáculo, ni que atravesar tanto espacio y tiempo.

 

Los hombres están sentados sobre la acera, a media cuadra de distancia, en frente de la olla. Son tres, fuman cigarrillo, se rotan un bareto y se ríen a carcajadas. Las risas penetran con estridencia en los oídos de Poveda que mira a su lado y observa como Sebastián se pone de pie en la bicicleta y acelera, entretanto con la mano derecha saca el revólver. Los hombres los observan y se percatan de que van por ellos. Uno se pone de pie y echa a correr y Sebastián dispara, el hombre cae y Sebastián lo remata con tres tiros en la cabeza. Poveda siente que le falta el aire, no me dio nada matarlos, me confiesa, acelera también, saca el revólver y apunta al primero al que le pega un tiro que se pierde en el aire y otro que le da en una pierna, este hombre alcanza a huir por una bocacalle, pero el otro no alcanza a reaccionar y recibe un balazo primero en el hombro y otro en el pecho. Cuatro disparos, los mismos de Mersault.

 

Sebastián mira a Poveda y le hace un gesto cuando escuchan que salen personas por las ventanas y que a lo lejos aúlla una sirena de la policía. Emprenden la huida, cada uno por una calle diferente. Poveda siente cómo la adrenalina regurgita en su interior y se disemina por sus extremidades. Se siente tranquilo y satisfecho. Recuerda que tiene empuñado, con mucha fuerza, el revólver, el cual arroja a un costado, hacia un potrero. Gira por una esquina, no sabe con exactitud en dónde se encuentra, pero gira y pedalea como si fuera su última carrera, como si así lograra escapar del infierno. El sol golpea de nuevo en sus ojos y lo encandila, no lo deja ver las dos motos de la policía que se acercan a toda velocidad, ni a los policías que las conducen y que ya le apuntan.

 

Quizás Poveda jamás hubiera cometido el crimen si hubiera nacido en otro contexto, si sus padres lo hubieran bajado rápido de esa loma, si en su barrio no hubieran ollas en la casa vecina, si para estudiar no tuviera tantas necesidades. Estoy seguro de que Poveda es un fiel reflejo de las calles en las que creció, de la mirada perdida de su padre, de la sangre derramada de sus hermanos, de las avenidas sin asfaltar que debe recorrer diariamente levantando polvaredas que ensucian sus zapatos y lo enceguecen, de la desesperanza de no tener un futuro, solo un presente demasiado cercano, oscuro y tétrico, pero diáfano, porque no hay esperanza en él. Quizás Poveda sería un estudiante brillante si estuviera matriculado en uno de esos colegios del norte o de la Sabana de Bogotá que tienen canchas de fútbol, hermosas bibliotecas y piscina. Y de otra cosa estoy seguro, entretanto me despido dándole la mano y mi número de teléfono, porque las cosas en El Redentor son duras y de pronto necesita algo, ojalá un libro, y es que Poveda es un extranjero de la vida, de su contexto, de su tiempo, de las condiciones de su sociedad, un extranjero enceguecido por la inminente pobreza y violencia que brilla más que la luz del sol.

 

 

Referencias

radiosantafe.com. (19 de 9 de 2010). www.radiosantafe.com. Obtenido de www.radiosantafe.com: http://www.radiosantafe.com/2010/09/29/conjunto-residencial-el-bicentenario-sera-el-hogar-de-667-familias-vulnerables/

Publicado enEdición Nº247