Jueves, 09 Mayo 2019 05:50

Un cowboy en el llano venezolano

“Rechazamos manifestaciones que bordean intervenciones militares”, dijo Borrell.

El canciller español, Josep Borrell, dijo ayer que Estados Unidos actúa como un cowboy en la crisis venezolana, al tiempo que defendió la puesta en marcha de una negociación pacífica y democrática en el país caribeño que culmine en una convocatoria electoral.


Según las palabras del funcionario, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su gobierno “están actuando en el país sudamericano como un cowboy que va diciendo ‘mirá que desenfundo’”. Por ello, abogó por dar continuidad al papel del Grupo de Contacto de la Unión Europea (UE) en Venezuela, ya que, según dijo, no está en la misma longitud de onda que la administración norteamericana. El Grupo de Contacto de la UE apela a la negociación y a la toma de decisiones como la adoptada el martes: el envío de una delegación para favorecer dicho diálogo. “Esto sólo puede tener una salida que permita ir a elecciones y rechazamos manifestaciones que bordean intervenciones militares”, añadió Borrell.


El jefe de la diplomacia española se refirió también a la situación del líder opositor venezolano Leopoldo López, hospedado en la embajada en Caracas, al insistir en que López no puede pedir asilo en España porque no está físicamente en el país. El pasado día 30 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente interino del país Juan Guaidó, junto con un grupo de militares ayudó a escapar a López, que cumplía en su casa una pena de casi catorce años. Ese día Guaidó hizo un llamamiento a militares y a la población a que se sumaran a un movimiento para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, intento que fracasó y llevó al líder opositor a la embajada española.


Borrell afirmó, asimismo, que el reconocimiento de Guaidó por parte de España fue de las pocas cosas que se podían hacer tras proclamarse éste presidente interino. No obstante, destacó que pasados los meses, el presidente de la Asamblea Nacional no ha tomado el control de la administración ni del Ejército y la diplomacia española no puede obviar que quien controla el territorio, la administración y el Ejército es Nicolás Maduro.


En la entrevista, Borrell se refirió, además, a la activación plena por parte de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton, que supone un nuevo perjuicio para Cuba, pero que también daña a empresas españolas. El ministro insistió en que España apelará a la Organización Mundial del Comercio para que resuelva sobre la activación de algunos aspectos de esta ley. Borrell denunció, una vez más, que la toma de medidas extraterritoriales por parte de Washington suponen un abuso de poder.


Borrell no es el único que apunta contra Estados Unidos por su actitud patotera. El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) también lanzó ayer acusaciones a la Casa Blanca, después de que el martes el vicepresidente Mike Pence amenazara con ampliar a las sanciones al STJ si no respalda a Guaidó y si no vuelve, según él, a su mandato constitucional. “Denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos intentan con este ultimátum que el poder judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado”, dijo el presidente de la Corte, Maikel Moreno, al leer un comunicado en nombre del alto tribunal. “Rechazamos de forma categórica la amenaza formulada por el señor Mike Pence que pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenaza que son violatorias de los principios de independencia, autodeterminación y soberanía”, agregó. En este sentido, Moreno hizo hincapié en que lo que busca el vicepresidente estadounidense de manera infame y extorsiva, según calificó, es abiertamente contrario a la Constitución, la ley y el respeto por el Estado de Derecho.


Además, consideró que propone a lo que calificó como los legítimos y altos administradores de justicia de Venezuela ponerse al margen de la Constitución con el objetivo de que se pongan al servicio de los intereses de la Casa Blanca. Por todo ello, consideró que la declaración de Pence viola las normas y principios del derecho internacional que rigen las relaciones entre naciones civilizadas. Finalmente, ratificó en nombre del TSJ su apego a la Constitución, la ley y la correcta administración de justicia para cumplir y hacerla cumplir como norma suprema del Estado.

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¿Quién es Philip Goldberg, el polémico hombre que Trump quiere como embajador en Colombia?

Fue expulsado de Bolivia y tuvo diferencias con el presidente de Filipinas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, nominó al diplomático Philip Goldberg como embajador de su país en Colombia, para tratar de sustituir a Kevin Whitaker, designado por su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama.


Goldberg, de 62 años, se desempeñó como encargado de negocios interino en la Embajada de EE.UU. en Cuba, entre febrero y julio de 2018.


Expulsado de Bolivia


Pero antes de ese cargo, Goldberg fue protagonista de varias controversias en los países que estuvo. En 2008 fue expulsado de Bolivia, tras dos años en la representación de Washington en ese país, por el presidente, Evo Morales.


"Sin miedo a nadie, sin miedo al imperio. Hoy día delante de ustedes, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Goldberg, embajador de EE.UU., persona no grata", dijo Morales, el 11 de septiembre de 2008, tras calificar al diplomático de "experto en alentar conflictos separatistas" y acusarlo de conspirar con la oposición boliviana contra su Gobierno.
Morales recordó, en ese entonces, que Goldberg, entre 1994 y 1996, estuvo como jefe de oficinas del Departamento de Estado de EE.UU. para Bosnia, durante la guerra separatista de los Balcanes; y, entre 2004 y 2006, fue jefe de misión en Prístina, Kosovo, cuando se abría paso a la separación de esa región.


Su despedida en Filipinas


Entre entre 2013 y 2016, Goldberg ocupó el cargo de embajador en Filipinas.


En agosto de 2016, dos meses antes de dejar el cargo, hubo una controversia con el presidente de ese país, Rodrigo Duterte, quien había asumido el cargo en junio de ese año.
En un discurso ante militares en el centro del país, en Campo Lapu-Lapu, de la ciudad filipina de Cebu, Duterte llamó "gay" e "hijo de puta" a Goldberg.


El mandatario explicó su molestia con el entonces representante de EE.UU. en Filipinas por supuesta intromisión durante los comicios: "se entrometía durante las elecciones, dando declaraciones sobre mí aquí y allá. No tenía que hacer eso", dijo el mandatario en esa oportunidad.
Cerca del Plan Colombia


Además de estos cargos, el aspirante a diplomático en Bogotá se desempeñó, entre 2010 y 2013, como subsecretario de Estado adjunto para Inteligencia e investigación.
Goldberg es el segundo candidato que propone Trump para sustituir a Whitaker en Colombia. Su primera propuesta fue el diplomático Joseph Macmanus, pero el Senado no dio su visto bueno.


Para Goldberg, Colombia no es algo nuevo, ya que se desempeñó en ese país como coordinador del controversial Plan Colombia, que EE.UU. impulsó en el país suramericano.

Publicado: 6 may 2019 21:36 GMT

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Sábado, 27 Abril 2019 06:33

El dinero es amor

El dinero es amor

”Love is money”, dijo Kevin Whitaker, embajador norteamericano en Bogotá, ante un grupo de legisladores colombianos con los que estaba desayunando en su residencia. Estados Unidos podría dejar que “querer” a Colombia si ellos no apoyaban al presidente Iván Duque en “las objeciones” presentadas en un capítulo de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016, cuando el presidente era Juan Manuel Santos. Whitaker les decía que necesitaban la aprobación de “las objeciones”, aunque eso implicara desconocer a la justicia colombiana o a la Constitución. De modo que si no se aprobaban su país retiraría su cariño: “Love is money”. Básicamente, Duque quiere “objetar” algunos puntos vinculados a las pruebas necesarias en caso de que Estados Unidos reclame la extradición de algunos ex miembros de las FARC, previa acusación de narcotráfico.


Fue en los primeros días de abril. Dos tandas de legisladores de casi todos los partidos, dos desayunos, dos días consecutivos. Huevos con panceta y un café cargado fue el menú de ambos días. Aunque el embajador pidió discreción, un legislador habló (ya le retiraron la visa) y todo salió publicado en El Espectador. En una de las rondas, uno de los legisladores preguntó por qué Estados Unidos no hacía público su reclamo. Whitaker dijo que no podía, porque los acuerdos fueron acompañados y aprobados también por un enviado del entonces presidente Barack Obama. Quedaba mal. Pero en el patio trasero a los representantes del pueblo, que es un abstracto y que cuando toma cuerpo es el cuerpo que cae acribillado en plena noche o en plena mañana, Estados Unidos se considera con derecho a pedirles que voten lo necesario, aunque hayan hecho pública o prometido la posición contraria.
Hace dos semanas hablábamos de la oscuridad pública. Vale la pena ampliar la idea. Porque como vemos, aunque haya un intersticio y algo no conveniente se publique, los mecanismos de control de información están tan aceitados, que esa noticia no tiene más destino que la llama de un fósforo. Aunque alumbre el crimen más horrible o una injerencia impudorosa como la de Whitaker: se ve, pero no se ve. Se sabe, pero todo el mundo sigue con su vida como si no lo supiera.


Dos tandas de seis legisladores colombianos fueron a escuchar la recomendación de la embajada en un tema crucial, y uno de los principales diarios publicó todo. No se movió ninguna estantería. El vasallaje está naturalizado. La hipocresía se da por sentada. No hay tiempo para procesarlo. Muere gente sin parar y específicamente mueren los líderes sociales –mueren asesinados por bandas paraestatales– asignados para reconstruir las redes sociales en los territorios que ocuparon durante décadas las FARC. Entre 2018 y lo que va de 2019 llegan a más de cuatrocientos los líderes eliminados. Está claro que Estados Unidos tiene pensado qué hacer con esos territorios: no serán el hábitat natural ni bucólico de ninguna comunidad local. Los quieren para ellos y para hacer otra cosa.


En Perú, donde no hubo Diálogos de Paz, llegan a doscientos los líderes y las lideresas asesinados en estos dos años. Allí la presencia de pueblos originarios que defienden sus recursos naturales es mayor, y contra ellos actúan las patotas que los acribillan delante de sus familias, como escarmiento a las comunidades. Como en Honduras, como en Guatemala, como en El Salvador, como en Chile o la Argentina, se trata de activistas de pueblos originarios que se oponen a represas, a mineras, a agrotóxicos, a madereras. De los más de cien líderes asesinados el año pasado en Perú, sólo uno tiene una causa judicial que aparentemente avanza. Los otros asesinatos también se naturalizaron. Se ven, pero no se ven. Se saben, pero la gente continúa con su vida como si no lo supiera.


La oscuridad pública cubre un amplísimo abanico de temas que, aunque lleguen a ser publicados, nunca son interconectados ni llegan a ser enunciados con la relevancia que tienen. “El mayor enemigo de la gente es la confusión. La gente tiene que entender en qué mundo vive”, dijo hace ya algún tiempo Julian Assange, a quien ahora en Gran Bretaña ni siquiera le dejan tomar contacto con sus abogados. Es que no hay enemigo mayor para los guardianes de la oscuridad pública que aquel que aporte más fósforos para que la realidad se haga visible. Porque tenemos eso: fósforos. El poder de las cámaras y los flashes, el poder de la reproducción invasiva de las redes, lo tienen ellos.


En América Latina, ante los 800 millones de euros reunidos en un par de días para la reconstrucción de Notre Dame, fueron muchas las publicaciones de protesta porque la agenda mundial que hizo centro y foco en el incendio de la catedral parisina mientras continúa manteniendo en penumbras otros incendios, innumerables crímenes, la destrucción de ciudades enteras, como la siria Aleppo, como la palestina Gaza. Es cierto. Pero tenemos otras formas de Aleppos y Gazas aquí rozándonos, tenemos crímenes de lesa humanidad rondándonos, tenemos una derecha tutelada por mandantes que nos exigen un cinturón de castidad para que el otro polo de poder emergente en el mundo –Rusia y China– no les quite su Dorado.
Hay incendios descomunales en la Amazonia, donde Estados Unidos hace por primera vez en la historia sus ejercicios militares. Los incendios son intencionales. Empresas vinculadas a los agronegocios quieren convertir en sabana la selva, para hacerse ganaderos. Y donde no incendian, talan. Somos el escenario central de la catástrofe que sobrevendrá si no damos vuelta el rumbo. Destruirán el pulmón del planeta. Envenenan el agua. Matan a quienes viven donde ellos necesitan más rentabilidad. Hablarán de narcotráfico y terrorismo, como siempre. Los mismos que inventan a los terroristas y los arman. Los mismos que corrompen Estados para que sus fuerzas de seguridad sean cooptadas por el narco.


La oscuridad pública lo que ampara es la muerte. Y Estados Unidos siempre tuvo mucho más que ver con la muerte que con la libertad. Ese es el mundo en el que vivimos, y ésas son las desgracias a las que nos quieren arrastrar, trasladando la lógica de la guerra que impera en Medio Oriente. Mientras tanto, los pueblos convertidos en audiencias chorrean baba por odios o fascinaciones inventadas al solo efecto de hacerles creer que viven en un mundo que no es éste.

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Se refirió además a los desafíos en temas como la justicia de transición, la sustitución de cultivos ilegales y la reincorporación de los excombatientes. Foto: Prensa Latina

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, afirmó que es fundamental aplicar el Acuerdo de Paz de manera integral y superar las actuales divisiones.

Al intervenir en una sesión del Consejo de Seguridad, expresó que existe un debate divisorio en cuanto a ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, a raíz de objeciones presentadas por el presidente colombiano, Iván Duque.


Después de que la Cámara de Representantes votara en contra de esas objecciones, queda pendiente el debate en el Senado, recordó Ruiz, y todo esto demora más el proceso. Mientras tanto, agregó, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue realizando su trabajo.


Asimismo, se refirió a los desafíos en temas como la justicia de transición, la sustitución de cultivos ilegales y la reincorporación de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


En los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación hay mucha preocupación sobre lo que sucederá en el futuro cuando venza en agosto próximo el actual estatuto jurídico que los ampara.


Por ello, el jefe de la misión de la ONU en Colombia llamó a garantizar la seguridad de los exguerrilleros y enfatizó en la importancia de contar en esos espacios con una presencia coordinada e integrada de las autoridades estatales.


Ruiz sugirió el Gobierno de Bogotá acelerar la aprobación de más proyectos productivos para apoyar a los excombatientes, ofrecer mayor financiamiento a esas iniciativas y tener en cuenta el enfoque de género.


Además, recalcó, es fundamental unir a los colombianos y superar las divisiones.


La directora ejecutiva de Corporación de Investigación y Acción Social y Económica en Colombia, Rosa Emilia Salamanca, consideró que este es un momento de dificultad en la implementación del Acuerdo de Paz y no debe olvidarse que es necesario poner a las víctimas en el centro.


Esa representante de la sociedad civil enfatizó en la importancia de asegurar la reincorporación de los excombatientes e invertir en tales iniciativas pues ese es un asunto de seguridad, de prevención de nuevos conflictos y de avance en la reconciliación.


Nos encontramos ante una oportunidad de cambio para que terminen los ciclos de violencia, pero urge acelerar la toma de decisiones y acabar con la incertidumbre sobre el futuro de los espacios territoriales, recalcó.


Del mismo modo, añadió, hay que ofrecer certezas para quienes se acogen a la Justicia Especial de Paz, y garantizar un enfoque de género.


Queremos participar en la toma de decisiones sin sentirnos en peligro por tener determinadas creencias o pensamientos, queremos que los niños puedan jugar sin temor y tener un futuro sin peligro para la vida, expresó.


La Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los puntos en el centro del debate en Colombia analiza los casos de violencia durante el conflicto y es considerada una instancia vital.


Tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en noviembre de 2016, después de unos cuatro años de diálogos en la capital cubana, el Consejo de Seguridad dio luz verde a una misión para verificar el cese al fuego.


Al concluir esta, se aprobó una segunda misión con el fin de dar seguimiento al proceso para la reincorporación de las FARC-EP a la sociedad y la implementación de medidas de protección y seguridad.

12 abril 2019
(Con información de Prensa Latina)

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 ▲ Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, informó que Assange pasó su primera noche en la prisión de Belmarsh.Foto Ap

Nueva York. El arresto y pedido de extradición de Julian Assange detonó, una vez más, un intenso debate sobre la libertad de la prensa en Estados Unidos y en torno al controvertido fundador de Wikileaks, lo cual definirá el futuro de una de las supuestas libertades civiles sagradas en el orden democrático de este país.

Tal vez lo más sorprendente es que algunos grandes medios –incluyendo el New York Times y el Washington Post (el cual argumentó que Assange no es un "héroe de la libertad de prensa" y que merece enfrentar la justicia estadunidense sin necesariamente impactar las libertades civiles)– periodistas y columnistas influyentes y hasta algunas organizaciones de defensa de libertades de expresión dieron el beneficio de la duda al Departamento de Justicia de que su acusación no era un ataque inmediato a la libertad de prensa. Expresaron "alivio" de que el cargo criminal formulado contra Assange se centra sólo en una "conspiración" para lograr una "intrusión" ilícita a computadoras del Pentágono para obtener información clasificada. O sea, no es un cargo que criminaliza las actividades periodísticas tradicionales como algunos temían.

Pero para otros, el cargo formulado de esa manera es una envoltura justo para evitar denuncias del atropello de la libertad de expresión, pero que su objetivo obviamente es nada menos que castigar a alguien que se atrevió a obtener, publicar y difundir documentos oficiales secretos que implicaron al gobierno estadunidense en violaciones de derechos humanos, maniobras diplomáticas intervencionistas, y hasta posibles crímenes de guerra.

El régimen de Donald Trump, quien repetidamente declara que los medios son "enemigos del pueblo", no ocultó su deseo de perseguir a Assange. En abril de 2017, cuando el actual secretario de Estado Mike Pompeo era el jefe de la CIA, afirmó: “Tenemos que reconocer que ya no podemos permitir más a Assange y a sus colegas la actitud de usar los valores de la libre expresión en contra de nosotros… Eso se acaba ahora”, recuerda The Intercept.

Por su parte, la cúpula demócrata, en un ejemplo inusual de bipartidismo, también festejó el arresto de Assange junto con los republicanos ya que aún no le perdona al fundadsor de Wikileaks la divulgación de correos electrónicos jaqueados del Comité Demócrata Nacional durante la contienda de 2016. Hillary Clinton expresó que Assange ahora "tiene que responder por lo que ha hecho" y afirmó que los cargos no estaban relacionados con la libertad de prensa, mientras el líder de la fracción demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que espera que Assange "pronto rendirá cuentas por su intromisión en nuevas elecciones a nombre de Putin y el gobierno ruso".

Sin embargo, varios periodistas y defensores de libertades civiles denunciaron que obviamente el objetivo del arresto y extradición es castigar no sólo a los filtradores de información secreta –lo cual hizo el gobierno de Barack Obama a escala sin precedente–, sino ahora con Assange, a los periodistas que difunden y publican la información.

Daniel Ellsberg, el famoso filtrador de los Papeles del Pentágono, consideró que el arresto de Assange es "un intento claro para rescindir la libertad de la prensa". Señalo que este es el primer caso de una acusación contra un periodista y editor, y "si es exitosa, no será la última", comentó en entrevista con The Real News Network. Advirtió que si esto avanza “la libertad de la prensa no está a salvo, se acaba, y nuestra república está en sus últimos días….”.

La acusación contra Assange implica "amenazas graves a las libertades de prensa, no sólo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo", escribe el periodista Glenn Greenwald de The Intercept –uno de los reporteros que colaboró con Edward Snowden– y advirtió que con ello se "busca criminalizar varias actividades al centro del periodismo de investigación". [https://theintercept.com/2019/04/11/the-u-s-governments-indictment-of-julian-assange-poses-grave-threats-to-press-freedoms/

Concluye que en el caso de Assange, figura controvertida en Estados Unidos ya que hay un consenso bipartidista en su contra, "más importante que los sentimientos personales sobre Assange es el enorme paso que esta acusación representa para la meta explícitamente declarada del gobierno de Trump de criminalizar el periodismo que incluye reportar sobre información clasificada. Oponerse a esa meta amenazante no requiere de admiración o afecto para Assange. Sencillamente requiere creer en la importancia crítica de una prensa libre en una democracia".

Matt Taibbi, el gran reportero político de Rolling Stone, coincide con Greenwald en ese punto, y escribió: "la acusación actual es la extension de un esfuerzo de años, antes de Trump, de construir un argumento legal contra alguien que divulgó secretos vergonzosos".

Bruce Shapiro, director del Dart Center for Journalism, escribió en The Nation que en la acusación se afirma que hubo una "conspiración para filtrar información filtrada", y subraya que eso es algo que hacen los reporteros constantemente. Afirma que esta acusación en este contexto es "una persecución políticamente motivada", que tiene serias implicaciones sobre la libertad de expresión constitucional.

"Este es un caso de libertad de prensa. Punto. Assange está siendo castigado por hacer valientemente su trabajo como un periodista, ahora sujeto de una de las cacerías de brujas más peligrosas en la historia de Estados Unidos, justo porque reveló información que el público estadunidense tenía un derecho de conocer sobre crímenes de guerra del gobierno estadunidense", declaró el veterano periodista Robert Scheer, ahora director de Truthdig.

Varios activistas y comentaristas resaltaron que Assange, Chelsea Manning, y Edward Snowden –como Ellsberg hace medio siglo– revelaron al público mundial crímenes de guerra y violaciones a derechos civiles y humanos por las autoridades, pero ellos son los acusados de ser criminales.

 

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Sábado, 13 Abril 2019 06:48

Una filtración que no ocurrió

Una filtración que no ocurrió

Los argumentos de Estados Unidos para pedir la extradición del fundador de WikiLeaks. Lo acusan de un crimen informático.

Finalmente Estados Unidos puso sus primeras cartas sobre la mesa. Después de investigar durante años a Julian Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks, después de presionar al gobierno ecuatoriano para que lo expulsara de su embajada en Londres, donde estuvo asilado casi siete años, después de que la justicia británica lo detuviera por asilarse en la embajada estando en libertad condicional, después de que el juez del caso emitiera un comunicado anunciando que Assange permanecería detenido por un pedido de extradición de Estados Unidos, después de todo eso el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer una acusación formal en contra de Assange realizada por un Gran Jurado de Alexandria, Virginia, que había permanecido secreta o “sellada” durante años, a la espera de que Assange perdiera la protección de Ecuador.


El documento, firmado por los fiscales Kellen S. Dwyer y Thomas W. Traxler, acusa al editor y ciberactivista de un solo delito, “conspiración para cometer intrusión de computadora”, cargo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. No es un delito grave, pero alcanza para pedir una extradición. Si dicho proceso llegara a prosperar, agotar todas las instancias previstas en el sistema judicial británico puede demandar años. Solo entonces la fiscalía podría agregar acusaciones, por ejemplo de espionaje, para elevar la eventual sentencia si fuera hallado culpable.


El texto presentado a las autoridades británicas ofrece algunas pistas de las intenciones de la fiscalía del norte de Virginia, localidad en la que se concentra buena parte de las familias de militares, agentes de inteligencia y fuerzas de seguridad que rodean a la capital estadounidense. El texto señala que Assange conspiró para robar documentos “relacionados con la defensa nacional, incluyendo algunos con la calificación de ´secreto’, teniendo razones para suponer que la información así obtenida podría ser usada para lesionar a los Estados Unidos en favor de cualquier país extranjero”.


En concreto, la acusación se refiere a un hecho que apareció cuando los expertos informáticos lograron desencriptar los chats entre Assange y Chelsea Manning, la oficial de inteligencia condenada y luego perdonada por filtrar documentos sensibles a WikiLeaks. La acusación afirma que después de mandarle los partes de guerra de Irak y Afganistán, los documentos sobre la cárcel de Guantánamo y los cables diplomáticos del Departamento de Estado, Manning le advirtió a Assange que había otros documentos interesantes almacenados en el servidor del Departamento de Defensa pero que solo tenía una parte de la clave de acceso. Assange, entonces, según la acusación se ofrece a intentar obtener la otra parte de la clave. Para la fiscalía de Virginia, la oferta de Assange constituye el eje central de una conspiración.


Lo interesante del caso, o preocupante, desde el punto de vista del ejercicio del periodismo, es que los demás elementos citados en la acusación como parte de la conspiración no difieren para nada de una práctica habitual de los periodistas en todo el mundo. A saber:


“Fue parte de la conspiración que Manning y Assange usaran el servicio de chat online ‘Jabber’ para adquirir y difundir documentos clasificados.” Hoy en día es práctica habitual de los periodistas de investigación el uso del chat encriptado para obtener documentos secretos.


“Fue parte de la conspiración que Assange y Manning adoptaran medidas para ocultar que Manning era la fuente de la transmisión de documentos clasificados a WikiLeaks, inclusive haber borrado el nombre del usuario en la transmisión de datos y haber borrado los chats entre Assange y Manning.”


Digamos que si no revelar la fuente y proteger su identidad forma parte de una conspiración, el mundo está lleno de periodistas conspiradores.


“Fue parte de la conspiración que Assange alentara a Maning a que le proveyera información y archivos de agencias y departamentos de los Estados Unidos.”


Otra vez: si alentar a una fuente a darnos información secreta constituye un delito, millones de periodistas deberíamos estar presos. Y los que no será porque son malos periodistas.
El documento afirma que Manning le pasó a Assange 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, 490.000 sobre la guerra de Afganistán, 800 sobre la cárcel de Guantánamo y 250.000 cables diplomáticos. Pero no lo acusan por eso, sino al mejor estilo del juicio contra Al Capone lo acusan por una filtración que nunca ocurrió, ya que la clave del servidor del Departamento de Defensa, según la acusación, no pudo ser descifrada. En su último considerando, el documento de la fiscalía informa:


“El 10 de marzo de 2010 o alrededor del 10 de marzo, Assange le pide más información a Manning acerca de la clave en cuestión y le comenta había intentado obtenerla “pero hasta ahora no tuve suerte”.

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'INA Papers': La filtración sobre la presunta cuenta de Lenín Moreno en Panamá a la que WikiLeaks atribuye el arresto de Assange

La detención del periodista Julian Assange, llevada a cabo este jueves por parte de la Policía británica en la Embajada de Ecuador, no podía ser posible sin la decisión del gobierno de Lenín Moreno de retirarle el asilo diplomático. Esta medida, según la organización internacional WikiLeaks, fundada por el australiano, es una represalia por haber dado a conocer una trama de corrupción que presuntamente involucra a Moreno y a buena parte de su familia: los INA Papers.

De acuerdo con la investigación, hay documentos que prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de varias empresas extranjeras 'offshore' en diversos paraísos fiscales. Según trascendió, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público en el tiempo en que Lenín Moreno era vicepresidente.


Parte del blanqueo de esos capitales se habría hecho a través de la firma INA Investment, constituida en el 2012 por el hermano del presidente, Edwin Moreno.

Se cree que el nombre de la empresa, INA, proviene del acrónimo que coincide con las últimas tres letras de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Cristina, Irina y Karina.
El diputado ecuatoriano de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, fue el encargado de presentar la denuncia ante la Justicia local. A fines de marzo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el caso.


La indagación previa, abierta por la fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, gira en torno a la presunta realización de varias compras irregulares en beneficio tanto del mandatario ecuatoriano como de su esposa e hijas, entre ellas artículos de lujo, automóviles de alta gama y bienes inmuebles como un apartamento de 140 metros cuadrados en Alicante (España).


Moreno había calificado dichas acusaciones de "campaña de desprestigio" y señaló a los aliados del presidente del país entre los años 2007 y 2017, Rafael Correa, de estar detrás del proceso.


¿Venganza o decisión soberana?

El exmandatario ecuatoriano coincide en que la detención de Assange es a modo de "venganza" por la revelación de lo que calificó como "uno de los casos de corrupción más graves de la historia del país". Y pide la colaboración de la comunidad internacional para que sea inspeccionada la cuenta 100-4-1071378 de Balboa Bank en Panamá, y salgan a la luz todas las operaciones y la inocencia de Moreno quede demostrada o desmentida.


Por su parte, Moreno rechaza las acusaciones y sostiene que el retiro del asilo a Assange fue una determinación "soberana", y se debe a que el periodista "violó reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia".

Explicaciones del presidente


En cuanto a la causa en la que se le investiga, Moreno afirmó el pasado martes que la empresa 'offshore' INA Investment fue fundada por su hermano Edwin Moreno, a pedido de alguien que le debía dinero, para trasladar los fondos a Ecuador a través de esa compañía panameña. Señaló que su hermano quedó fuera de la firma una vez que le terminaron de pagar la deuda y, como no es empleado público, "puede tener las empresas 'offshore' que quiera".


Además del presidente de Ecuador, figuran como involucrados en la causa su esposa, Dama Rocío González; su hermano, Edwin Moreno Garcés; su cuñada, Guisella González; su íntimo amigo, el empresario y testaferro Xavier Macías Carmignani, entre otros.

Publicado: 12 abr 2019 00:29 GMT | Última actualización: 12 abr 2019 10:22 GMT

 

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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU

Londres. Arrastrado primero y cargado después por siete agentes de Scotland Yard, "invitados" por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue sacado este jueves de la legación en la que se refugió desde el 19 de junio de 2012.

Media hora antes, Marchán citó al activista a su despacho para leerle la decisión de Ecuador y le pidió abandonar la sede diplomática, relató el canciller ecuatoriano, José Valencia. La agencia de noticias Europa Press reportó que el periodista al parecer se resistió al grito de "esto es ilegal".

En vista de la negativa, el diplomático pidió a la seguridad del recinto que lo sacaran del lugar y lo entregaran a la policía metropolitana londinense.

Cerca de las 10 de la mañana Assange, de 47 años, fue expulsado de la representación diplomática, esposado, cargado por la fuerza y aferrándose al libro Gore Vidal, historia del estado de seguridad nacional, que recoge las conversaciones sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos entre el periodista canadiense Paul Jay y el fallecido ensayista estadunidense.

"Deben resistir, Reino Unido tiene que resistir este intento de la administración (de Donald) Trump", gritó Assange cuando era sacado de la embajada.

Delgado y desaliñado, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola, el australiano fue introducido por la fuerza en un furgón policial.

En julio de 2010, Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación de mujeres. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó un video en el que justificó su decisión de revocar el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.

Desde Quito, el canciller José Valencia, ante la asamblea unicamaral ecuatoriana, alegó que se adoptó la decisión porque el fundador de Wikileaks externó opiniones sobre asuntos internos de otros estados, mal comportamiento y falta de respeto a las autoridades ecuatorianas, amenazas contra el Estado y la embajada en Londres.

Más aún, aseguró que Assange, junto con el ex canciller Ricardo Patiño y algunos hackers, que no identificó, conspiraban para desestabilizar al gobierno de Moreno.

Agregó que la salud del australiano estaba en riesgo debido al encierro prolongado y que el asilo no es un instrumento para evadir la justicia. Añadió que la cancillería y la contraloría investigarán las anomalías detectadas para la concesión de la ciudadanía ecuatoriana.

Desde su asiento en el furgón policial, Assange sonrió, hizo un guiñó y levantó el pulgar de la mano derecha en señal de victoria a un grupo de periodistas y fotógrafos. Sin pausas, fue trasladado al Tribunal de Magistrados de Westminster.

El juez de distrito Michael Snow no perdió tiempo en culparlo por violar los términos de su libertad condicional, otorgada en 2012, luego de que Suecia lo solicitó en extradición.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque "no pudieron avanzar", mientras Assange permaneció en la embajada. La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó ayer que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso, lo cual, si ocurre, puede abrir una batalla judicial que se prolongaría varios años.
El activista alegó que no tuvo una audiencia judicial justa, porque el marido de la juez que llevó el caso resultó perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. "Eso es ridículo", replicó Snow, quien calificó a Assange de "narcisista incapaz de superar sus propios intereses".

Mientras la sesión se desarrollaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por "conspiración para cometer intrusión informática" por haber ayudado a la ex analista de inteligencia estadunidense Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego divulgarlos en su portal.

El juez Snow lo citó a nueva audiencia el 2 de mayo y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial. La pena exacta por violar la libertad condicional la decidirá un tribunal superior en fecha aún por determinar, informó el diario británico The Guardian, aunque podría ser condenado a 12 meses de cárcel.

Tras la comparecencia, Jennifer Robinson, abogada británica de Assange, afirmó que "impugnará y luchará" contra la extradición a Estados Unidos. Carlos Poveda, otro letrado defensor del activista, comentó que el gato de Assange fue resguardado antes de la detención.

En Madrid, el ex juez Baltasar Garzón, otro de sus abogados, comentó que Assange corre el riesgo de ser torturado si lo trasladan a Estados Unidos.

Expertos en derecho internacional aseguraron que la nueva pelea legal podría durar años, con largas audiencias en Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos que requieran de evidencias que deberán cruzar varios países y testimonios de expertos en medio de una discusión sobre los derechos humanos y la salud de Assange.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó ante la Cámara de los Comunes: "En el Reino Unido nadie está por encima de la ley", y agradeció al gobierno de Ecuador por su cooperación y a la policía británica por su "gran profesionalidad".

El líder laborista Jeremy Corbyn tuiteó: "La extradición de Julian exhibiendo a Estados Unidos por exponer evidencias de las atrocidades en Irak y Afganistán debería ser rechazada por el gobierno británico".

El redactor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró que Assange sólo es culpable de "conspiración para cometer periodismo".

Horas más tarde, Lenín Moreno arremetió de nuevo contra el activista: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Durante un acto en la sureña ciudad Latacunga, aseguró que Assange llegó a "manchar con su excremento" la embajada de Quito en Londres.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.

Con su encierro, Assange superó los casos de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954), y del argentino Héctor Cámpora, refugiado en la embajada de México en Buenos Aires donde permaneció tres años después del golpe de Estado que instituyó una sangrienta dictadura que se extendió hasta 1983.

Al cierre de esta edición se reportó que un colaborador de Assange fue detenido cuando intentaba salir de Ecuador hacia Japón, informó la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, sin precisar la identidad del detenido.

Sin citar fuentes, el canal Teleamazonas lo identificó como Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía.

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El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Mauer, y el mandatario venezolano Nicolás Maduro./ REUTERS

La crisis ha ocasionado escasez de medicinas y material médico. En febrero la oposición intentó introducir ayuda donada por Estados Unidos y otros países, pero los cargamentos, almacenados en Colombia, Brasil y Curazao fueron bloqueados.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este miércoles un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país, después de reunirse con el presidente del Comité Internacional de esta organización, Peter Maurer. "Llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el Gobierno Bolivariano, de trabajar para, conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda" humanitaria "que pueda traerse", ha asegurado Maduro en una transmisión obligatoria de radio y televisión.


Venezuela atraviesa una aguda crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace unos cinco años, y por ello en febrero la oposición venezolana intentó introducir ayuda donada por Estados Unidos y otros países, pero los cargamentos, almacenados en Colombia, Brasil y Curazao fueron bloqueados por orden de Maduro.
En el anuncio de hoy Maduro no hizo referencia a este hecho, sino que explicó que su canciller, Jorge Arreaza, trabaja en negociar un documento "formal" con la Cruz Roja donde se establezcan los parámetros del ingreso de ayudas para que el Comité Internacional del organismo sea el "rector" de todos los "mecanismos" que quieran ayudar.


"Respetando la soberanía de nuestro país, sin politización de ningún tipo, ni tergiversación (...) y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema, máxima, que el sistema internacional tiene para cuando, a los distintos países del mundo, incluida Venezuela, envían algún tipo de ayuda humanitaria", apuntó. El mandatario señaló que es "bienvenido todo lo que sea legal", aunque destacó que "desde hace mucho tiempo Venezuela recibe de China, Rusia, Turquía, India" y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoyo "de ayuda humanitaria".


Este miércoles, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró que esa organización está en la disposición de atender la crisis de Venezuela y reducir sus "impactos negativos" sobre los ciudadanos. Maurer estuvo de visita en el país durante cinco días y sostuvo encuentros con Maduro y varios ministros de su gabinete, los dos vicepresidentes del Parlamento, así como con doctores, enfermeras, pacientes y asociaciones civiles. "Hay un muy buen espíritu de cooperación", dijo Maurer durante un encuentro con periodistas en Caracas al término de su visita.


Maurer indicó que la Cruz Roja ha visto las dificultades de algunos hospitales para prestar servicios a la gente por falta de agua o electricidad y aseguró que también pueden cooperar en esas áreas, así como en la rehabilitación de centros de salud. Pero "no podemos rehabilitar todo el sistema de salud" y "no podemos atender todos los problemas", matizó.

11/04/2019 08:43 Actualizado: 11/04/2019 08:43

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Trump se apunta una victoria con la elección de David Malpass como presidente del Banco Mundial

El candidato del mandatario republicano es crítico con la institución multinacional que presidirá por cinco años

Donald Trump se ha apuntado una victoria con el nombramiento de David Malpass como nuevo presidente del Banco Mundial. El candidato favorito del mandatario estadounidense para presidir la entidad multilateral ha sido electo este viernes de manera unánime por la junta directiva de la institución. El analista económico de 63 años liderará la entidad de asistencia financiera y técnica a países en desarrollo por un periodo de cinco años. Hasta ahora ejercía como alto cargo del Tesoro de EE UU. La cómoda carrera de Malpass por el puesto generó controversia por ser un crítico de las organizaciones globales, a las que considera que hay que reformar de manera “urgente”. Antes de su nombramiento calificó al Banco Mundial de “demasiado grande e intervencionista” y defendió que no debería prestarle tanto dinero a economías medianas.


El candidato de Trump es un republicano veterano. Inició su carrera profesional en el Gobierno de Ronald Reagan y después trabajó para la Administración de George W. Bush, hasta que en 1993 se mudó a Wall Street para ejercer de economista jefe en el banco de inversión Bearn Stearns. Su aterrizaje al Banco Mundial llega después de la sorpresiva dimisión en enero de Jim Yong Kim, quien dejó el cargo casi cuatro años antes de vencer su mandato. La búlgara Kristalina Georgieva, consejera delegada, ha presidido la institución financiera de forma interina desde entonces.


La frase que persiguió a Malpass durante toda la candidatura fue su crítica a las organizaciones multilaterales realizada en el Consejo de Relaciones Exteriores en 2017. Durante el encuentro sostuvo que estas entidades “se han convertido en más grandes e intrusivas”, y que “el desafío de reenfocarlas se ha convertido en urgente y más difícil”. A su vez, se ha mostrado reacio a los préstamos a China argumentando que la segunda mayor economía del mundo es demasiado fuerte para recibir esa ayuda.


Otra de las aprehensiones que giraban en torno al nombramiento del analista económico es que en su afán reformista reduzca el papel del Banco Mundial para luchar contra el cambio climático y la ayuda a los refugiados. Malpass puso paños fríos a las especulaciones en una entrevista con Reuters en la que afirmó que mantendría el compromiso de combatir el cambio climático y perseguiría los propósitos establecidos el año pasado de conseguir un aumento de capital de 3.000 millones.


El escepticismo de Malpass ante las instituciones multilaterales es compartido por Trump. Aunque en su declaración de este viernes bajó el tono: "Nuestros objetivos de eliminar la pobreza extrema y lograr la prosperidad son más relevantes que nunca. Debemos trabajar incansablemente para fomentar un crecimiento de base para todos".Cuando Trump anunció en febrero que era su candidato sostuvo que la prioridad de EE UU, el mayor contribuidor a las cuentas del Banco Mundial, es "asegurar" que el dinero de los contribuyentes del país norteamericano se use "sabiamente" y para "defender los intereses estadounidenses".


Malpass asumirá en la previa de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monteraio Internacional (FMI), dos fechas que le permitirán estrenarse por todo lo alto y enfrentarse cara a cara con los prestamistas. El nuevo presidente de la institución es la decimotercera personalidad en dirigirla que desde su creación hace siete décadas, que siempre ha sido presidida por un estadounidense. Esta regla no escrita se repite el Fondo Monetario Internacional con un europeo y en el Desarrollo Asiático con un japonés.

Por Antonia Laborde
Washington 5 ABR 2019 - 13:21 COT

 

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