Juan González, asesor de Biden para América Latina. . Imagen: EFE

La agenda de EE.UU. para la reunión en Los Angeles del 6 al 10 de junio

La decisión de Biden de excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba desnaturalizó la cita y disparó la queja de varios líderes.  

 

A menos de una semana de la XI Cumbre de las Américas, Estados Unidos, país anfitrión, dio a conocer la lista de prioridades que tiene en su agenda para el evento. Energías renovables, democracia y transformación tecnológica son los ejes que la Casa Blanca propondrá en la reunión multilateral en California, convencida de que esos son los problemas que le preocupan a la clase media de la región en su vida cotidiana. Así lo dijeron este miércoles dos funcionarios estadounidenses encargados de las relaciones del país norteamericano con América Latina. El Gobierno de Joe Biden también trabajará para una declaración conjunta en torno a la migración en el continente.

Estados Unidos quiere mostrarse optimista ante la convocatoria, ahora que los presidentes de Argentina, Brasil y Chile finalmente confirmaron su viaje a la ciudad de Los Angeles. Pero la Cumbre, que se desarrollará del 6 al 10 de junio, sigue ensombrecida sobre todo por la decisión de Estados Unidos de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba. La exclusión causó que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se negara a participar del evento si no se convoca a todos los países. Como reclamo ante la ausencia de los tres países, Argentina impulsa un encuentro paralelo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), una iniciativa que tiene el apoyo de México.

El problema ahora para Washington es que la ausencia de López Obrador, presidente de la segunda economía de América Latina y vecino sur del anfitrión, sería contraproducente para el principal deseo de la Casa Blanca: mostrar en Los Ángeles que puede congregar a los líderes latinoamericanos, que todavía tiene influencia en la región y que puede unirlos para firmar un pacto sobre migración.

En una teleconferencia con periodistas, Juan González, asesor del presidente Joe Biden para América Latina, sostuvo este miércoles que el Gobierno estadounidense está trabajando en “consideraciones finales” respecto de la lista de países invitados y dijo que la darán a conocer “pronto”. “Estamos confiados en que habrá una buena asistencia a la Cumbre”, insistió.

El funcionario reconoció conversaciones sobre el interés de México en incluir a Cuba entre los invitados y dijo que Biden “quiere personalmente” que López Obrador vaya a la Cumbre. Sin embargo, evitó dar definiciones: “No nos hemos enfocado tanto en quién está invitado, sino en los resultados que queremos alcanzar”.

González también evitó confirmar si la Casa Blanca va a invitar a Juan Guaidó en representación de Venezuela, a pesar de que Estados Unidos lo reconoce como presidente interino del país caribeño. “Hay gobiernos que tienen otras miradas y les consultamos. En última instancia, la prerrogativa del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una discusión amplia en el hemisferio y asegurarnos de que estamos incluyendo todas las miradas”, sostuvo.

En la llamada, González enumeró las áreas que Estados Unidos espera tratar en el encuentro multilateral. En primer lugar, la agenda económica del país norteamericano. “El presidente va a usar la Cumbre para alinear a líderes regionales, el sector privado y la sociedad civil detrás de una nueva agenda económica ambiciosa que surja de nuestros actuales acuerdos de libre comercio”, dijo el funcionario, sin dar detalles de cuáles serían las novedades.

Washington se muestra preocupado por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, un contexto en el que también mezcla los efectos de la guerra en Ucrania y la inflación en distintos países. Para la Casa Blanca, son los “principales desafíos que enfrenta la gente”.

La salud, dijo González acompañado del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, también será otra de las áreas clave de la cumbre. Para Estados Unidos, que tuvo más de un millón de muertes en la pandemia, es una cuestión “de seguridad nacional”.

En California, Biden también buscará tratar el tema de seguridad alimentaria y anunciará un nuevo acuerdo con países del Caribe sobre clima y energía, una iniciativa que encabezará la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Cuando la Cumbre termine el próximo viernes 10 de junio, la Casa Blanca quiere por lo menos tener una declaración sobre migración en el continente. Un pacto “sin precedentes” que le permita a Estados Unidos “enviar un mensaje de unidad” y que, sobre todo, diga que es un problema de toda la región y no solo de la frontera sur de Estados Unidos, en la que cada año cientos de miles de personas intentan cruzar desde México. “La clave es que la migración es un problema regional que toca a casi todos los países de la región”, dijo González. “Es un síntoma de un desafío más amplio”, insistió el funcionario. En ese contexto, dijo, la declaración que propone el país anfitrión busca distribuir las “responsabilidades” ante esta problemática.

Para el encuentro internacional, el Gobierno de Estados Unidos también tiene una serie de “compromisos políticos”, según los llamó el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. Son una lista abstracta de temas que a primera vista podrían caerle bien a todo el mundo: democracias más fuertes e inclusivas, resiliencia para salir de la pandemia, energías limpias, un futuro verde y la transformación digital. Una agenda armada en Washington en tono diplomático que prefiere centrarse más en el futuro que en la situación actual de la región. El verdadero contenido de los planes de acción será discutido en Los Ángeles la próxima semana.

Por Aldana Vales

Desde Washington D.C. 

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Estados Unidos y Rusia debatirán la crisis ucraniana con una serie de reuniones en Europa

Las conversaciones podrían determinar el futuro de sus relaciones bilaterales

En medio de perspectivas poco alentadoras, Estados Unidos y Rusia celebrarán desde este lunes conversaciones estratégicas que tienen a Ucrania como eje y que podrían determinar el futuro de sus relaciones bilaterales y las de Washington con el resto de sus aliados de la OTAN. La posibilidad de una invasión rusa de Ucrania encabezará la agenda de los diálogos de alto nivel de esta semana en Europa, aunque mezclada con otras disputas, desde armas nucleares a ciberdelito y cuestiones diplomáticas diversas, que ambas partes también deberán superar.

Funcionarios del gobierno de Joe Biden dijeron a periodistas que Estados Unidos está abierto a discutir la limitación de un posible despliegue de armas ofensivas en Ucrania en el futuro y de ejercicios militares de la OTAN en Europa del Este si Moscú está dispuesto a hacer concesiones sobre Ucrania. Sin embargo, también aclararon que Estados Unidos está preparado para imponer sanciones económicas a Rusia si interviene en Ucrania.

El vicecanciller ruso, Sergei Riabkov, quien encabezará la delegación de su país en Ginebra, se mostró "decepcionado" por las señales provenientes tanto de Estados Unidos como de la OTAN. "No aceptaremos que se nos imponga ninguna concesión. Está totalmente descartado", dijo Riabkov a medios locales. 

Rusia quiere que las conversaciones den como resultado garantías vinculantes y por escrito de que la OTAN no se expandirá más hacia el Este y de que Estados Unidos retirará armamentos desplegados en partes de Europa. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y la Unión Europea (UE) dicen que esas demandas son inaceptables.

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Fabio Manosalva, El tiempo cósmico, 29 x 22cm. (Cortesía del autor)

El poder político de las elites de origen criminal en Colombia se afianza en la redefinición del monopolio de la fuerza del Estado para favorecer intereses privados y en la captura del tributo nacional para su enriquecimiento particular. Todo con el visto bueno de las distintas fracciones del bloque dominante que también se beneficia de esos arreglos y con el aval de uno de los guardianes del orden mundial. La guerra contra las drogas y las narrativas sobre el narcotráfico se han afinado para favorecer la hegemonía de órdenes privados de claro origen criminal y que soslayan la vigencia de la sociedad civil, que fundamenta las viejas aspiraciones democráticas liberales.

 

El informe reafirma la realidad de una política antidrogas fracasada: Durante el 2020 Colombia mantuvo una dinámica de crecimiento de su capacidad de refinamiento de cocaína (1) y de exportación hacia mercados internacionales distintos a Estados Unidos principalmente Europa, Asia, Australia y África como puente hacia Europa y Suramérica región donde se incrementa el consumo problemático (2).


No obstante, distintos instancias del Estado colombiano como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, así como los organismos de seguridad responsables de este tipo de tráfico, carecen de un diagnóstico asertivo sobre las estructuras criminales y sus aliados responsables del manejo del potencial productivo de cocaína hacia su exportación. En su lugar, son recurrentes las narrativas facilistas que oscilan entre una producción para el consumo interno colombiano cuya evidencia es extremadamente limitada y de otro, que los narcotraficantes colombianos han sido reemplazados por mexicanos, llegando a controlar porciones del territorio nacional, explicación que igual carece de datos contundentes.


En síntesis, mientras las autoridades colombianas se mantienen en la elaboración de informaciones que miran las zonas de producción de hoja de coca con un nivel de detalle sorprendente (usando indicadores como la permanencia, desplazamiento, presencia de nuevas áreas, resiembras, amenazas, zonas libres de cultivos, etcétera), las dinámicas de estructuración de empresas criminales, el crecimiento de mercados, la configuración de rutas de tráfico ilícito, el lavado de activos, el uso de soborno a funcionarios estatales, la corrupción asociada a dicha cadena de valor, permanecen en un desconocimiento insólito.


Esta es una característica y una paradoja muy notoria en el diagnóstico del problema de drogas de Colombia: mientras el afán de conocimiento gira casi de manera obsesiva alrededor de los cultivos y del comportamiento de las áreas de producción y sus tendencias, el nivel del tráfico en el que se asienta la mayor criminalidad, se caracteriza por vacíos de información sobre todo de los organismos de investigación judicial.


Esta paradoja no es gratuita. La actual estrategia contra drogas pone todo el énfasis en la reducción de áreas de cultivos de uso ilícito, indicador que incluye a los programas de sustitución, soslayando el origen socio económico del problema en ese nivel inicial de la cadena ilegal. Esta distorsión compromete seriamente también a la política bilateral de Colombia con EU, país que condiciona el éxito del comportamiento de Colombia en materia de drogas si muestra la reducción de sus áreas de producción de materia prima. De allí que la cooperación militar se centre principalmente en la logística para desarrollar acciones de erradicación forzosa, con lo cual terminan desconociéndose los factores estructurales que más inciden en la permanencia del problema.


Por problemas estructurales entendemos aquellos asociados a la crisis de las economías campesinas, así como de los elementos que intervienen en la vigencia y sostenibilidad de la producción y comercialización tanto en territorios indígenas como de comunidades negras; crisis a la que contribuye un modelo basado en la concentración desproporcionada de la propiedad de la tierra acelerada por la usurpación violenta de más de 6 millones de hectáreas por parte de grupos paramilitares en alianza con elites políticas y económicas principalmente del orden regional (3), a la desfinanciación del agro colombiano en relación con la pequeña producción; a la expulsión de campesinos hacia los puntos de la frontera agrícola y lo que es mucho más grave, a la presencia de un lavado de activos del mismo narcotráfico acumulando tierras a través del despojo, ventas forzadas y en general mediante el uso de la violencia, situación facilitada por las distorsiones del uso de la seguridad estatal, del poder político de grandes terratenientes y en general por la protección política y legal de esos procesos (4).

 

Figura 1. Serie histórica del área sembrada con coca, 2001-2020, según Parques Nacionales Naturales, Resguardos indígenas y Tierras de las comunidades negras

Fuente: UNODC. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.

 


En otras palabras, la actual estructura agraria colombiana es el principal factor que estimula la persistencia de los cultivos de uso ilícito convirtiéndose esta economía en un mecanismo recurrente para la obtención de ingresos para los productores empobrecidos y desarraigados de sus territorios.
Esta situación se buscó corregir en el marco del Acuerdo de Paz (5), en el que se estableció la relación de causalidad entre el cultivo de uso ilícito y la estructura agraria colombiana, al punto de señalar expresamente que el manejo de los cultivos ilícitos constituía un capítulo del punto uno de los acuerdos relacionado con la Reforma Rural Integral que el país demanda y en consecuencia, buscó incorporar una serie de medidas de transformación del agro que procuran fortalecer a esos sectores rurales empobrecidos y vulnerados por la guerra en Colombia. No obstante, precisamente es el punto 1 de los Acuerdos de Paz el considerado como el que menos desarrollo ha tenido en su implementación, tanto a nivel legislativo, como presupuestalmente y en términos de su ejecución concreta.


Adicionalmente y como otra consecuencia perversa de las distorsiones tanto del diagnóstico como de los énfasis de la política sobre drogas frente a los agricultores, es el crecimiento exponencial de la instalación de cultivos de uso ilícito en zonas de protección especial, áreas protegidas por su importancia ambiental como los parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal, así como en territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas.


Para el año 2020, casi la mitad de todos los cultivos de coca estaban en estas zonas consideradas de manejo especial. Aunque entre 2019 y 2020 el área de cultivos de uso ilícito bajó en los consejos comunitarios afrodescendientes y resguardos indígenas, el 48 por ciento de los consejos y el 20 por ciento de los resguardos mantienen actualmente cultivos de coca (6), tendencia registrada en el gráfico adjunto.


Previendo impactos negativos por el modelo dominante en relación con el manejo de los cultivos de uso ilícito, las comunidades negras e indígenas lograron incorporar en el Acuerdo de Paz un capítulo étnico donde fue consignada la protección de los derechos ya adquiridos por esas comunidades y se salvaguarda la autonomía de los territorios bajo su jurisdicción.


No obstante, el Estado colombiano tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el actual presidente Duque han llevado a cabo intervenciones alrededor de la presencia de cultivos de uso ilícito en esos territorios, incluyendo la política de erradicación forzada, con tratamientos homogéneos, como si se tratase de un mismo fenómeno sin especificar la condición diferencial. Así mismo se implementó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –Pnis–, sin que en sentido estricto se reconozca la especificidad territorial de esas comunidades, ni se reconozca en la práctica el gobierno y derecho propios, la ley de origen junto con la institucionalidad y autoridades propias de los territorios étnicos.


En consecuencia el capítulo étnico, o ha sido incumplido sistemáticamente en la mayor parte de los casos, o en aquellas zonas donde su implementación ha tenido desarrollos incipientes no se han incorporado las especificidades de las apuestas socio culturales y económicas de este tipo de territorios (planes de vida por ejemplo) pero también sin que se haya llevado a cabo procesos de consulta previa tal y como lo demandan Convenios internacionales y la Constitución colombiana para esta clase de áreas (7).


Las expectativas de grandes inversiones en minería o explotación de recursos naturales o simplemente en tierras que permitan seguir afianzando el proceso de concentración, explica de alguna manera la inacción del Estado frente a las amenazas y hechos graves de seguridad para los territorios que giran alrededor de la vigencia de la economía ilegal de los cultivos de uso ilícito. Los territorios colectivos e indígenas resisten el ejercicio de soberanía de los grupos armados que ofrecen seguridad de protección a los beneficiarios de la transformación de la materia prima producida en esas zonas, controlan rutas de comercio ilegal dentro de sus territorios, a la vez que disponen de la juventud para incrementar sus filas, imponen tributos, debilitan el ejercicio de la autonomía con disposiciones respaldadas por las armas y asesinan líderes sociales como si su guerra fuese contra las comunidades. Es así como el tejido comunitario de los pueblos indígenas ha sufrido un duro golpe con el asesinato de 376 de sus líderes en lo corrido entre la firma del Acuerdo de Paz y el 2021. En ese mismo período sólo en el norte del Cauca 51 suman las mujeres y hombres indígenas asesinados y que desarrollaban un ejercicio de liderazgo (8).


Mientras tanto, en diversas zonas con presencia de cultivos de uso ilícito se desarrollan las acciones de erradicación forzosa acarreando una serie de violaciones en derechos humanos y de los mínimos de protección a la población civil previstos en el Derecho Internacional Humanitario. Medidas de fuerza que se implementan sin considerar previamente lo consignado en el Acuerdo de Paz, en el sentido de que la erradicación forzosa sería una última medida para quienes se negasen a entrar en programas de sustitución y persistiesen en la economía ilegal de la coca.
En ese sentido y a instancias de Washington alrededor de la ‘lucha antidrogas” se siguen construyendo bases militares y policiales, llevando más dotación de infraestructura y adquiriendo pertrechos para garantizar los operativos de erradicación forzosa con dineros de cooperación provenientes de los contribuyentes de EEUU (9).


El dispositivo establecido por el Ministerio de Defensa, ha conllevado una militarización de la erradicación de cultivos de coca, mediante el empleo de tropas del Ejército o de una Policía antinarcóticos cada vez más militarizada, no solo en su vestimenta sino especialmente en su armamento y en sus prácticas, acompañadas del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad–, unidad cuestionada por el uso excesivo de su fuerza en la disolución de protestas sociales. Es de considerar que estas operaciones se adelantan en lugares a los que nunca ha llegado el Estado social y donde la presencia institucional territorial se caracteriza por su nula o débil presencia (10).


Finalmente, este panorama desolador se ve fuertemente contrastado por el silencio que caracteriza a los organismos de investigación como la Fiscalía, Procuraduría, el Consejo Electoral, alrededor de alarmas que se encendieron por las múltiples fotos, audios, versiones de informantes de primer orden, entre otras, que dan cuenta del compromiso del narcotraficante José Guillermo Hernández, alias “el Ñene” con la financiación, acompañamiento y compra de votos a favor del candidato Iván Duque, en la campaña del 2018, tal y como lo ilustran varias investigaciones periodísticas (11), situación que compromete también a representantes de organismos de seguridad del Estado. Este contexto de denuncias periodísticas también se vio complementado por la divulgación sobre presencia de pilotos de reconocidos narcotraficantes en la campaña presidencial, transportando al candidato Duque, al expresidente Uribe y miembros de su partido en correrías de dicha campaña (12).


El silencio sobre todos estos hechos sigue creando mucha confusión puesto que se observan prácticas esquizofrénicas entre la proclamación de la lucha antidrogas y la ausencia de demandas claras de solución frente a la impunidad del sistema institucional colombiano en aquellos aspectos más complejos de la economía ilegal de las drogas. Allí se refleja el control del Estado por parte de elites que se mueven en zonas grises de lo legal e ilegal, con nexos claros con el narcotráfico, blindando la oscuridad en los procedimientos y montos del lavado de activos provenientes de esa economía, así como en un manejo sin transparencia de los bienes incautados de origen ilegal y que excluye a las víctimas de la guerra contra las drogas por parte de la Sociedad de Activos Especiales. No obstante, Washington y las élites políticas colombianas radicalizan las acciones contra los cultivadores que, como ya fue relacionado en este artículo, son un producto de las distorsiones concentradoras de la riqueza que caracteriza la estructura económica y particularmente la agropecuaria en Colombia.


Junto a los sectores fundamentalistas de la guerra contra las drogas del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia (DEA), el Departamento de Defensa de los EU (DoD por sus siglas en inglés) mantiene la asociación inusitada del caso colombiano con el grave problema de muertes por sobredosis en EU y que como se sabe, son parte de las “muertes por desesperación” y a la vez son un producto de la bancarrota de su política de prevención y manejo de los opiáceos de todo tipo incluido el fentanilo. Los beneficios que obtienen en materia de seguridad para la región (principalmente zona Andina, Caribe y Pacífico) ayudan a sostener su compromiso en la guerra contra las drogas, así Colombia tenga muy poco que ver en esa crisis. La debilidad del presidente Biden y la puja de las posiciones de extrema derecha para restablecer la conducción de ese país tanto a nivel doméstico como en el plano internacional, contribuyen a detener o neutralizar cualquier intento de replanteamiento razonable de la política de drogas.


Bajo este contexto impredecible, seguimos navegando con el ángel de la historia de Paul Klee, Ángelus Novus, con sus ojos desorbitados, su boca entreabierta, sus alas desplegadas avanzando impulsado por las explosiones de muerte detrás y que el ángel ve como “una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso, es justamente esta tempestad” (13). Debe ser sobre esa visión de progreso que el jefe de la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización sermonea repetitivamente: “hay que construir sobre lo construido”.

1. UNODC Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.
2. Vargas, Ricardo “Narcotráfico, poder mafioso y democracia en Colombia. ¿Hay una salida? Transnational Institute TNI https://www.tni.org/es/articulo/narcotrafico-poder-mafioso-y-democracia-en-colombia
3. Salinas Abdala, Yamile; César Molinares D. Ricardo Cruz, “Macrocriminalidad con licencia legal Urabá-Darién 1980-2014”, Indepaz, 2020, Bogotá.
4. Véase Ballvé, Teo. “Grassroots masquerades: Development, paramilitaries, and land laundering in Colombia”, GEOFORUM 50 (2013) 62–75 y Teo Ballbé, “The Frontier effect: State formation and the violence in Colombia”, Cornell University Press March 15 2020.
5. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0
6. El consejo comunitario Pro-Defensa del Río Tapaje en Nariño continúa siendo con mayor afectación. UNODC Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.
7. Entre otros, el Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT; la sentencia SU-039/97 y que señaló los parámetros para la realización de las consultas previas con los grupos étnicos del país donde se encuentran aportes legales para la protección y garantía de los derechos de las comunidades o la sentencia de la Corte Constitucional, T-382 de 2006 y que también salvaguarda derechos fundamentales para los grupos étnicos. Véase, Rodríguez Gloria Amparo, “La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia”. Revista Semillas, Septiembre 23 de 2008. https://www.semillas.org.co/es/la-consulta-previa-un-derecho-fundamental-de-los-pueblos-indgenas-y-grupos-tnicos-de-colombia
8. ACIN Pronunciamiento “Rechazamos el asesinato de Marco Camayo y llamamos a defender la vida y la armonía territorial”, 22 de noviembre de 2021.
9. Vargas Ricardo y Pedro Arenas, “Erradicaciones Forzosas de cultivos de uso ilícito y Derechos Humanos en Colombia”, Corporación Viso Mutop, junio de 2020.
10. Ibídem.
11. Gonzalo Guillén y Julián Martínez, “La Ñeñepolítica” en La Nueva Prensa, https://www.lanuevaprensa.com.co/. Agencia EFE “Supuesta compra de votos en Campaña de 2018. Colombia: piden abrir una investigación a Duque y a Uribe por delitos electorales” en El Confidencia https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-10/colombia-investigacion-duque-uribe-expresidente-delitos-electorales_2489428/ . Julián Martínez Vallejo, “La narcoempresa vinculada a campaña de Iván Duque”, Especial para La Nueva Prensa, 10 de Marzo de 2020. https://www.pares.com.co/post/la-narcoempresa-vinculada-a-campa%C3%B1a-de-iv%C3%A1n-duque
12. Véase Guillén, Gonzalo y Julián Martínez, “Líder de los narco-pilotos de las campañas de Uribe y Duque fue condenado en 2015 por quien fuera Fiscal General de Barack Obama”, La Nueva Prensa, 22 Julio e 2021. Guillén Gonzalo y Julián Martínez, “Piloto de campaña de Iván Duque y de confianza de Álvaro Uribe desapareció en Guatemala transportando cocaína del cartel de Sinaloa”, La Nueva Prensa, agosto 3 de 2020.
13. Walter Benjamin, “Tesis de Fiolosofía de la Historia” (Tesis 9), versión de Maira Herrero “Paul Klee -Angelus Novus- Walter Benjamin”, Alejandra de Argos, 12 Mayo 2020. https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/41803-paul-klee-angelus-novus-walter-benjamin

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El primer ministro de Australia, Scott Morrison, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el primer ministro británico Boris Johnson, durante una reunión virtual, 15 de septiembre de 2021.Foto: Andrew Harnik / AP

El anuncio se realiza en medio del aumento de la influencia de China en la zona.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, han anunciado este miércoles la formación de una nueva alianza de seguridad y cooperación en materia de defensa para el Indo-Pacífico.

La cooperación trilateral, que llevará el nombre de AUKUS, prevé que EE.UU. ayude a Australia con tecnologías necesarias para dotarse de submarinos de propulsión nuclear, argumentando la "estabilidad" en la región donde China va aumentando su influencia y capacidades militares.

"Todos reconocemos el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo", declaró Biden desde la Casa Blanca en una reunión virtual con sus homólogos.

Por su parte, Morrison aseguró que Australia seguirá cumpliendo con todas sus obligaciones de no proliferación nuclear y no va a poseer armas nucleares. Los submarinos en cuestión se construirán en Adelaida en una estrecha colaboración con EE.UU. y Reino Unido, agregó.

Johnson calificó el proyecto de los submarinos de propulsión nuclear para Australia como "uno de los más complejos y técnicamente exigentes del planeta", al sostener que su construcción hará del mundo un lugar más seguro.

La propulsión nuclear permitiría a los submarinos australianos moverse y operar sigilosamente y durante períodos más prolongados. Además de la cooperación naval, la nueva alianza también implicará colaboración en la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y la cibernética.

Pese a que ninguno de los tres líderes mencionó si su iniciativa va dirigida contra algún país en particular, durante su presidencia, Biden ha buscado reorientar la política exterior de EE.UU. hacia el Pacífico, mientras que su Administración ha acusado a Pekín de ignorar las normas del mar de la China Meridional, lamentando que el Gobierno chino "no se ha enfrentado a ninguna consecuencia" por ello.

En ese sentido, desde China recuerdan que Washington no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y, sin embargo, se considera a sí mismo como "un juez de la Convención, que señala con el dedo a otros países e interfiere arbitrariamente". Además, insisten en que Pekín siempre ha defendido el concepto de seguridad marítima común con el fin de lograr una cooperación mutuamente beneficiosa para todos.

Publicado: 15 sep 2021

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El capitalismo aspira a refundarse con las criptomonedas

Esta misma semana conocíamos la noticia de que El Salvador adoptaba el bitcoin como moneda legal, protagonizando una polémica puesta en marcha y el posterior desplome de esta criptomoneda. A pesar de haberse resistido en un primer momento, cada vez más países tienen en su punto de mira las criptomonedas y estudian la posibilidad tanto de crear su propia divisa digital como de desarrollar plataformas de intercambio de transacciones. Parecen haber entendido al fin que no se trataba de un fenómeno ni residual ni pasajero y, asumido esto, quieren ahora subirse al carro e, incluso, llevar las riendas.

Las primeras experiencias las encontramos fundamentalmente en Asia. Singapur se encuentra desarrollando su Proyecto Ubin, contando ya con cinco años de pruebas. Concebido como un proyecto de colaboración con el sector privado (JP Morgan y Temasek) para explorar el uso de tecnologías blockchain y DLT (Distributed Ledger Technology), la autoridad monetaria del país confía en que el prototipo desarrollado de esta red de pagos pueda servir, incluso, a otros bancos centrales y al sector financiero para desarrollar la infraestructura de pagos transfronterizos de próxima generación.

China es el otro gran ejemplo asiático, si bien es verdad que por la opacidad de su gobierno se conocen mucho menos los detalles. Pekín lleva más de una década trabajando en su yuan digital y en más de 3.000 cajeros de la capital es posible sacar efectivo a partir de la conversión de los yuanes digitales.

En Europa contamos con el Swiss Trust Chain, en cuyo desarrollo se involucró el MIT (Massachusetts Institute of Technology). En este caso, se trata de una infraestructura calificada como "altamente segura" para aplicaciones blockchain, habiéndose convertido en uno de los pocos proveedores de servicios Hyperledger certificados en el mundo (el proyecto colaborativo de código abierto para desarrollar todo lo necesario para utilizar aplicaciones blockchain en el ámbito empresarial). Las aplicaciones comerciales alrededor de esta plataforma aún se están desarrollando, pero ha generado un gran interés.

En este contexto, surgen cuestiones alrededor de estas iniciativas, de estas ‘cadenas de confianza’, especialmente considerando que las pretensiones de algunos países comienza a ser generar en torno a ellas una economía mundial distribuida. Sobre el papel, las transacciones financieras, el comercio mismo, serían más baratos con las divisas digitales, algo que no se le ha escapado ni al sector financiero ni a los Estados, tal y como ya lo reveló el Bank for International Settlements en un informe a principios de año, en el que indicaba que el 86% de los bancos centrales encuestados está explorando la posibilidad de emitir su propia criptomoneda.

La primera de estas cuestiones a resolver son los estándares y, en este sentido, EEUU y la Unión Europea (UE) tienen ante sí el reto de que Oriente no les coma la tostada. En la actualidad, tanto EEUU como la UE marcan el ritmo de la práctica totalidad de los sistemas financieros del mundo, pero este poder se podría ver drásticamente menguado si terminan imponiéndose las divisas digitales de otros países, llevando la voz cantante en estas cadenas de confianza de intercambios. Hablamos, pues, de una cuestión de estrategia geopolítica.

Por eso no sorprende que se escuchen cada vez más voces reclamando una suerte de nuevo Breton Woods, la conferencia tras la II Guerra Mundial en la que se vino a refundar el capitalismo, de la que surgirían el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y que, claramente, estuvo dominada por EEUU. Este Breton Woods digital vendría a crear la gobernanza, los estándares y la interoperabilidad, así como el modo de proceder en casos de disputas. Sin embargo y dadas las continuas tensiones entre Occidente y Orientes, ¿es viable? ¿Se cobrará Oriente la revancha? ¿Es realmente posible desarrollar una economía mundial estable e inclusiva en torno a las cadenas de confianza y las criptomonedas? Son cuestiones de compleja respuesta pero que, siendo realistas, no llaman

10 septiembre, 2021especialmente al optimismo.

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Domingo, 20 Junio 2021 05:22

¿Unidos contra China?

¿Unidos contra China?

Por ahora, los poderes comunitarios siguen caminando por una línea muy fina en lo que respecta a la potencia oriental y siguen siendo cautelosos a considerar a China como su mayor rival geopolítico, como hace Estados Unidos.

 

Entre la cumbre del G7 en Cornualles (Reino Unido), la OTAN en Bruselas (Bélgica) y la reunión entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra (Suiza), ha tenido lugar la cumbre entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE UU) con el fin de “renovar” la asociación transatlántica. La última tuvo lugar en 2017 con Donald Trump. En esta ocasión, Biden ha pretendido con su gira europea reclutar aliados para su política exterior y el enfrentamiento geopolítico con China y Rusia.

Al gobierno alemán le pareció tan relevante la visita que la canciller Angela Merkel envió a principios de junio un equipo negociador de alto nivel a Washington para preparar algunos de los asuntos más sensibles como la relación con China o la construcción del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. En mayo, Biden había retirado las sanciones a las empresa constructora, la suiza “Nord Stream 2 AG”, por colaborar con Putin, para tender la mano a Alemania. Para desactivar el conflicto, Merkel visitará a Biden en julio.

La cumbre UE-EE UU rebajó el tono en la disputa entre ambas potencias sobre las subvenciones que dan a los dos mayores fabricantes de aviones del mundo Boeing y Airbus.

El contencioso comercial de mayor duración en la historia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha estado en la mesa de tres presidentes estadounidenses, cinco representantes comerciales de EE UU y seis comisarios de comercio de la UE. Después de 17 años, miles de millones de euros en aranceles y otros tantos millones gastados en honorarios judiciales, ambas partes anunciaron la suspensión de los aranceles de represalia.

En 2004, la administración estadounidense inició un procedimiento en la OMC contra la UE, alegando que subvencionaba ilegalmente al fabricante de grandes aeronaves Airbus. La UE también presentó una denuncia contra los Estados Unidos en mayo de 2005 por sus ayudas ilegales a Boeing.

La OMC autorizó tanto los Estados Unidos —en octubre de 2019— así como la Unión —en noviembre de 2020— que impusieran aranceles punitivos a las exportaciones respectivas, afectando un valor total de 11.500 millones de dólares de intercambios comerciales entre ambas partes. Como consecuencia de ello, las empresas de la UE y de los EE UU han tenido que pagar aranceles por más de 3 300 millones de dólares, incluyendo los productos alimentarios europeos como quesos, aceite de oliva y aceitunas, carne de cerdo y licores.

Tregua de cinco años

En la mayoría de los medios de comunicación se ha celebrado la cumbre con titulares como “La UE y EE UU pactan el fin del conflicto Airbus-Boeing tras 17 años de disputa” (El País) o “Biden da una tregua a la UE en la guerra de aranceles a cambio de apoyo ante China” (Noticias de Navarra).

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se felicitó por un “acuerdo histórico en política arancelaria” y un “buen resultado para la UE y para España”. “Bien hecho”, escribió la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, al comisario europeo de comercio, Valdis Dombrovskis a través Twitter. “El acuerdo para acabar con el conflicto entre Airbus y Boeing abre una nueva etapa en las relaciones transatlánticas”, según el grupo socialista en el Parlamento Europeo.

Pero detrás de las palmaditas en la espalda entre jefes de Estado y ministros y las declaraciones triunfalistas de un supuesto cambio de paradigma de “litigio a colaboración”, la verdad es que todavía no se ha concluido nada que ponga fin a la disputa de forma permanente.

En lo que Biden calificó de “gran avance”, la UE y los EE UU sólo han acordado aparcar los aranceles de represalia, dejando sin resolver por ahora las causas fundamentales de sus desacuerdos, y darse cinco años para resolver el lenguaje jurídico y llegar a un marco mutuamente aceptable sobre las subvenciones a los oligopolios aeronáuticos.

Se creará un “Grupo de Trabajo” cuyo objetivo será “analizar y superar los desacuerdos que puedan surgir entre las partes” en materia de aeronaves civiles. Este grupo se reunirá cada seis meses.

Las dos partes no cuestionan la legitimidad del apoyo gubernamental a sus empresas aeroespaciales sino el “entendimiento sobre un marco de cooperación para grandes aeronaves civiles” busca definir cuál es el nivel aceptable de subvención y las formas permitidas tales como ciertas medidas de investigación y desarrollo y préstamos en “condiciones de mercado”. Pero las dos partes no han llegado a un acuerdo sobre los subsidios al lanzamiento de aviones Airbus, que la OMC ha declarado ilegales y que EE UU reclama que se supriman por completo. Boeing dice que la UE se ha comprometido a abordar el asunto, pero no es verdad.

Gran parte de las negociaciones frenéticas y secretas en las últimas semanas se ha centrado en la transparencia de las subvenciones y en si los Estados sigan concediendo a Airbus créditos para desarrollar nuevos modelos de avión, en virtud de los cuales la aeronáutica devuelve más o menos dinero, dependiendo del éxito que haya tenido el prototipo.

Hasta ahora, los gobiernos de Francia, Alemania, el Reino Unido y España no han publicado los detalles de los contratos por los que conceden a Airbus estas ayudas. Algo que, por cierto, no es un tema de debate en España.

La UE, por su parte, quiere que el gobierno de EE UU deje de financiar el desarrollo de aviones civiles de Boeing en virtud de contratos secretos pagados con el presupuesto de defensa, una cuestión sobre la que Bruselas no consiguió pruebas suficientes para defender su causa en los muchos años de litigio que llevó contra Washington en la OMC.

30 años de subvenciones a la industria aeroespacial

El asunto se remonta a 1992, cuando se firmó el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación del Acuerdo GATT sobre el comercio de aeronaves civiles al comercio de grandes aeronaves civiles que reconocía los subsidios a Airbus y Boeing. Nunca debería haber sido aprobado.

Desde entonces ningún gobierno ha tenido voluntad para cortar el grifo de dinero que las dos multinacionales llevan décadas cobrando ilegalmente. Es humillante que se ensalcen ahora los resultados de la cumbre UE-EE. UU. cuando se haya malversado miles de millones de euros y dólares para subvencionar un oligopolio responsable del cambio climático y el comercio de armas.

A fin de cuentas, la disputa sobre las subvenciones a la industria aeroespacial es un paradigma de cómo el capital transnacional ha puesto a su servicio las políticas económicas de los Estados. A su vez representa uno de estos “proyectos de progreso” que los gobiernos nos han vendido con el pleno condicionamiento de los principales grupos de poder económico. Se identifica como intereses generales lo que sólo son los intereses de una minoría. También desenmascara el argumento que el “libre comercio” nos ayudará “salir de la crisis” porque el dopaje de estas empresas privadas se ha pagado del bolsillo de los contribuyentes.

Recientemente, el gobierno de España ratificó su compromiso de apoyar al sector aeronáutico con más de 300 millones de euros a cargo principalmente de los fondos “Next Generation” de la UE y comprar aviones y helicópteros para el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pedro Sánchez se ha comprometido a lanzar un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), dotado con un total de 185 millones de euros, y la constitución de un Fondo de Apoyo a la cadena de suministro dotado con un mínimo de 100 millones con la cooperación de Airbus y la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Y a pesar de esta enorme sangría de recursos públicos, Airbus, en la que el Estado español mantiene una participación del 4,12% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha anunciado el recorte de 1.611 puestos de trabajo en España y 15.000 en el mundo.

Cuando un escaso número de firmas se va apoderando del mercado mundial, la cooperación entre Boeing y Airbus les permite reforzar su influencia en los gobiernos y una estrategia común de la UE y EE UU “contra China” es parte de la planificación privada para blindar sus beneficios.

¿En tiempos de emergencia climática y necesidad para reforzar la salud pública, ¿no deberían suprimirse estas subvenciones a la industria aeroespacial? ¿No debería el Gobierno español dejar de financiar los programas militares de Airbus? ¿Alguien con responsabilidad institucional reclamará que se devuelvan íntegramente estas ayudas?

El objetivo era... China

Aunque la cumbre no pusiera fin a la disputa comercial, sí era una señal de que los aliados transatlánticos estaban dispuestos a apartar los litigios bilaterales para centrarse en lo que han calificado como “amenaza económica común”: China.

Es lo que realmente perseguía el gobierno estadounidense con la jugada: “EE UU y la UE suspenderán los aranceles durante cinco años y trabajarán juntos para desafiar y contrarrestar las prácticas no comerciales de China en este sector de manera específica que refleje nuestros estándares de competencia leal. Esto incluye la colaboración en la inversión interna y externa y la transferencia de tecnología”, dijo Biden.

Bruselas y Washington colaborarán para ”abordar las prácticas contrarias a la competencia por parte de terceros que puedan perjudicar a sus respectivas industrias de grandes aeronaves civiles“ en clara referencia a China. No han sido capaces de resolver su propia disputa en 17 años, pero quieren dar lecciones a los demás. Es un cinismo supremo.

El comunicado de la cumbre recoge así las mismas advertencias a China que el texto final de la reciente cumbre del G7: “Tenemos la intención de consultar y cooperar estrechamente en toda la gama de cuestiones (…) hacia China, que incluyen elementos de cooperación, competencia y rivalidad sistémica”. Se mencionan las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet; la erosión de la autonomía y los procesos democráticos en Hong Kong; la coerción económica; las campañas de desinformación; la situación en los mares de China Oriental y Meridional. También tienen la intención de coordinar con China cuestiones como el cambio climático y la no proliferación de armas.

Por supuesto, ni la UE ni los EE UU asumen compromisos para hacer frente a sus propios abusos de los derechos humanos.

Aun no hay unanimidad sobre China

Las posiciones de la UE y los EE.UU. sobre las relaciones con China han ido convergiendo desde su difícil comienzo en los primeros días de la administración Biden, provocado por la conclusión del Acuerdo General de Inversiones de la UE con China en diciembre de 2020. La imposición de sanciones por parte de China a personas europeas, entre ellas eurodiputados, en respuesta a las sanciones impuestas por la UE por el trato a los musulmanes uigures puso fin a cualquier perspectiva inmediata de ratificación del acuerdo, y endureció las relaciones entre la UE y China.

En la rueda de prensa posterior a la reunión con Biden ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hicieron mención alguna a China.

Por ahora, los poderes comunitarios siguen caminando por una línea muy fina en lo que respecta a la potencia oriental y siguen siendo cautelosos a considerar a China como su mayor rival geopolítico, como hace Estados Unidos.

En particular la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron advirtieron que no se debía aislar a China en un momento en que se necesita su ayuda para hacer frente al cambio climático y la salida de la pandemia.

Una razón de fondo de los desacuerdos es que la mayor parte de la industria europea depende profundamente de la producción china, especialmente los sectores automovilístico, tecnológico (informática y telecomunicación) y energético, como muestra la crisis de desabastecimiento de semiconductores (microchips), pero también de sus recursos naturales —como las Tierras Raras para las instalaciones de energías renovables—, y de su mercado para vender productos. En una reciente encuesta de confianza empresarial, el 91% de las empresas extranjeras con negocios en China afirmó que mantendría sus inversiones en el país.

Por mucho que Biden intentara unir a sus aliados en el G7, la OTAN y la UE contra China, ha sido precisamente Alemania el estado de la UE más favorable a Pekín y está aplicando su propia estrategia. Tras doce viajes a la superpotencia asiática en dieciséis años como canciller, Merkel siempre ha intentado calmar las aguas con China y fue la líder europea que más ha presionando para cerrar el acuerdo de inversiones actuando de embajadora de la poderosa industria alemana. Eso se debe, entre otros, a su gran dependencia del mercado chino, tanto para exportar como para producir. En 2020, Alemania ha exportado a China mercancías por 96.000 millones de euros y China ha exportado bienes a Alemania por 117.000 millones de euros.

Después de la era Merkel puede que el tono con China será más duro

Paralelamente, la Comisión Europea quiere frenar la creciente influencia de China en el continente con nuevas regulaciones dirigidas a las empresas estatales extranjeras. Las medidas previstas buscan blindar a las empresas europeas ante su posible compra por compañías que reciban ayudas públicas de países de fuera de la UE y las empresas extranjeras podrían ser multadas si se han beneficiado injustamente de las subvenciones públicas. Pero aunque la UE intente bloquear algunas inversiones, está tratando de atraer otras aunque sin saber cómo impulsar la producción de semiconductores en Europa. Para fabricar chips de última generación, la UE probablemente tendrá que asociarse con empresas estadounidenses o taiwanesas como Intel o TSMC. Pero Intel ya ha dejado clara una condición que necesita para invertir en Europa: importantes subvenciones públicas.

El grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo indica que Bruselas y Washington deberían “cooperar estrechamente siempre que sea posible, para un enfoque estratégico conjunto hacia China, incluyendo una discusión sobre la fase estadounidense del acuerdo y el Acuerdo de Inversiones de la UE con China”, según un documento interno. El documento sugiere una “agenda comercial transatlántica progresiva”, con prioridades multilaterales y bilaterales y cooperar más con China.

En junio de 2020, la eurodiputada del PSOE, Isabel Rodríguez-Piñero se quejó, en una entrevista en Radio Nacional, de que China podría sacar tajada de la vulnerabilidad europea por la pandemia y quedarse con las empresas estratégicas europeas, al tiempo que reconoció que es un “socio comercial esencial para la UE”.

Volviendo a las subvenciones a la aeronáutica, también esta pugna hace ver las diferentes estrategias corporativas. Mientras Airbus teme la creciente competitividad de China, el desarrollo del avión chino C919 se ha visto facilitado por las ayudas estatales de entre 49.000 y 72.000 millones de dólares al fabricante público Comac, el fabricante de vehículos Volkswagen apuesta por la colaboración con China. De hecho fue una de las principales compañías detrás del lobby alemán para cerrar el acuerdo de inversión con China.

Pero, como se ha visto en las últimas semanas, no es imposible que Biden consiga mayor apoyo de la UE para enfrentarse a Pekín, concretamente en materia de disputas comerciales, reforma de la Organización Mundial de Salud (OMS) y cooperación tecnológica.

Sin avances en el acero y el aluminio ni en la OMC

En víspera de la cumbre bilateral, Valdis Dombrovskis intentó ser tajante al exigirle a Biden que “cumpla” y tome medidas concretas para deshacer los aranceles que envenenaron las relaciones transatlánticas bajo el mandato de Trump. “Queremos avanzar de forma decisiva para resolver nuestras disputas bilaterales sobre los aviones y las medidas de la Sección 232 de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio”, dijo el comisario de Comercio en el Parlamento Europeo.

A mediados de mayo, Bruselas envió una señal al no aumentar los aranceles de represalia contra los aranceles sobre la importación de acero y aluminio.

Sin embargo, la UE no consiguió que EE UU eliminara los aranceles sobre el acero y el aluminio. Estos aranceles se introdujeron en 2018 por motivos de seguridad nacional bajo la administración Trump. El comunicado final es vago y sin compromiso.

La contienda sobre estos aranceles será aún más difícil de resolver que la cuestión de las subvenciones a los aviones y Biden no tiene prisa por derogarlos si no quiere enfadar a los sindicatos del metal en su país.

La UE se siente discriminada frente a los socios estadounidenses como Canadá o México que están exentos de esos aranceles aunque tuvieron que aceptar todas las condiciones de Trump en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas en inglés). Pero ninguna parte tiene voluntad de resolver el problema de la sobreproducción en la industria metalúrgica y la necesidad de pactar otro modelo de producción que no esté dominado por las empresas transnacionales como han demostrado los casos Alcoa o Nissan en España.

También el lenguaje del comunicado sobre la reforma de la OMC es muy impreciso y comparable a lo acordado en el G7. Bruselas quiere que Washington entre a negociar cambios en el Órgano de Apelación de la OMC pero no ha logrado un compromiso de Biden.

Otros resultados de la cumbre

Además del “marco de cooperación” sobre el conflicto Boeing-Airbus, uno de los principales resultados de la reunión es crear dos nuevos espacios de cooperación: un Consejo de Comercio y Tecnología y un Diálogo Conjunto sobre Competencia Tecnológica. La UE propuso la iniciativa en diciembre, aunque los funcionarios estadounidenses son escépticos sobre cómo funcionará realmente una vez que se establezcan.

El Consejo de Comercio y Tecnología estará formado por diez grupos de trabajo, cuya composición está aún por determinar en un momento en que no se han cubierto todos los puestos relevantes por Washington. Abordarán normas tecnológicas, clima y “tecnología limpia”, “cadenas de suministro seguras”, seguridad y competitividad de las tecnologías de la información y la comunicación, gobernanza de los datos y plataformas tecnológicas, “uso indebido de la tecnología que amenaza la seguridad y los derechos humanos”, cooperación en materia de control de las exportaciones, cooperación en materia de control de las inversiones, acceso y uso de la tecnología por parte de las PYME y, por último, “retos del comercio mundial”.

Según la Comisión Europea, el nuevo diálogo sobre competencia tecnológica se centrará en “desarrollar enfoques comunes y reforzar la cooperación en materia de política de competencia y aplicación de la ley en los sectores tecnológicos.” Si estos comités de cooperación reguladora están compuestos como en el Reino Unido, que ha publicado la composición de los grupos consultivos sobre comercio, copados por las grandes empresas, entonces es de temer que las regulaciones de las grandes plataformas de internet, que afectarían a muchas empresas estadounidenses, no se harán de forma transparente ni justa.

Asimismo habrá diálogos entre Estados Unidos y la UE sobre Rusia, las ciberamenazas y la migración, otro consejo sobre competencia, un grupo de trabajo sobre las cadenas de suministro de materiales sanitarios para combatir la covid-19, un grupo de trabajo sobre los aranceles del acero y aluminio y una alianza sobre “tecnología verde”. A la UE le encantan este tipo de cosas, pero es probable no se avanzará en resolver los grandes problemas porque necesitan soluciones políticas debatidas y decididas democráticamente.

¿Qué pasa con el TTIP?

¿Habrá una resurrección del Tratado Comercial Transatlántico (TTIP por sus siglas en inglés) que la movilización social logró parar? Al menos no durante los próximos dos años y puede que tampoco hasta el final del primer mandato de Biden. Por una parte, porque la UE quiere abrir los mercados de contratación pública en EE UU y Biden no parece dispuesto a ceder en esta ámbito. Estados Unidos, por otra parte, quiere incluir el sector agrícola en un acuerdo y la UE no se atreve hacerlo, por la oposiciones de países como Francia o Bélgica.

Lo que puede haber son acuerdos parciales en materia comercial como se ha visto con la cooperación en tecnología o la pesca. Todos estas “colaboraciones” son aun menos transparentes que la negociación de un gran acuerdo comercial.

Así ocurre por ejemplo con las importaciones de gas de esquisto de EE UU que han aumentado en los últimos años, siendo España particularmente irresponsable —desde un punto de vista acumulativo es el importador número uno de la UE—. Los informes trimestrales de la Comisión Europea dan cuenta que las importaciones de gas fósil han sido extremadamente altas en la mayor parte de 2019 y partes de 2020, incluso durante algunos meses los EE UU fueron el proveedor de gas Nº 1 a Europa. Tanto la UE como los Estados miembros, como España, están vulnerando sus propias legislaciones climáticas. No sirve de mucho prohibir los sondeos y prospecciones de gas con fracturación hidráulica (fracking) en España y permitir su comercialización.

La gira europea de Biden

Su gira comenzó en Cornualles (en inglés Cornwall, en córnico Kernow) donde se entrevistó con Boris Johnson del que le separan diferencias políticas. En una ocasión llamó al primer ministro británico un “clon físico y emocional” de Donald Trump. Biden le trajo un mensaje incómodo: evitar que los desacuerdos comerciales posbrexit entre la UE y el Reino Unido socaven el acuerdo de paz del Viernes Santo. El Acuerdo de Belfast de 1998 fue negociado por EE UU, entre otros, y puso fin a décadas de derramamiento de sangre entre los unionistas de Irlanda del Norte —de religión protestante y ultranacionalistas leales a la Corona británica— y los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos y partidarios de la independencia o bien la reunificación irlandesa. La línea roja para la Administración de Biden es no imponer una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.


Antes de la cumbre del G7, Biden y Johnson acordaron revitalizar la Carta del Atlántico, suscrita en 1941 por Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill y que estableció sus objetivos de cooperación después de la Segunda Guerra Mundial, para adaptarla a los compromisos de ambas Estados con la alianza militar de la OTAN y los nuevos desafíos, como el cambio climático, los ciberataques o la pandemia.

EE UU marcó la agenda comercial del G7

La reunión del G7, el club de los estados más enriquecidos del mundo, igualmente reflejó la apuesta del actual gobierno de EE UU en relaciones internacionales: China, impuesto de sociedades, COVID-19 y cambio climático.

Por su parte, los gobiernos europeos del G7 querían tratar asuntos como la reactivación de la OMC, la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre EE UU y el Reino Unido o la disputa sobre las subvenciones a Airbus y Boeing y los aranceles sobre el acero y el aluminio.

El G7 culminó sin sorpresas y la “Declaración de Carbis Bay” insiste en recetas fallidas de la globalización neoliberal como si no hubieran existido las recientes crisis globales: “prosperidad mediante el comercio y la inversión”, “poner fin a las innecesarias medidas comerciales restrictivas”, “apoyar cadenas de suministro abiertas”, reforzar las “normas de protección contra las prácticas desleales, como la transferencia forzada de tecnología” o “el robo de la propiedad intelectual” y el “desarrollo de infraestructuras”.

“Estamos unidos en nuestro compromiso con el comercio libre (…) Estamos de acuerdo en la necesidad de que el sistema comercial multilateral se reforme, con un reglamento modernizado y una Organización Mundial del Comercio (OMC) reformada en su centro”, reza la declaración.

De cara a la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en noviembre, pretenden concluir la negociación multilateral sobre las subvenciones a la pesca y avanzar en las negociaciones sobre el comercio electrónico.

Con la necesidad de reforzar la alianza transatlántica una vez fuera del club comunitario, parece que el gobierno del Reino Unido elaboró unas conclusiones de la cumbre deliberadamente favorables a EE UU, y que la UE estuviera dispuesta a aceptarlas aunque no reflejaran plenamente las diferencias políticas.

“En lo que respecta a China, y a la competencia en la economía mundial, seguiremos consultando sobre los enfoques colectivos para desafiar las políticas y prácticas no comerciales que socavan el funcionamiento justo y transparente de la economía mundial”.

Aunque la Administración Biden logró incluir en el comunicado del G7 su demanda de un estudio sobre el origen de covid-19, “incluyendo China”, no alcanzó un consenso general sobre la potencia asiática, sino que emitió una declaración separada sobre el uso de trabajos forzados en Xinjiang. El comunicado final sí hizo referencia a la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, las libertades y la autonomía en Hong Kong y “pidió a China que respetara los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en relación con Xinjiang”.

El G7 también busca impulsar otro plan desmesurado en infraestructuras “Reconstruir mejor para el mundo” con el apoyo del Fondo Monetario Internacional que generaría nuevos endeudamientos de los países bajos y medios, sobre todo de África, por mas de 100.000 millones de dólares.

El plan “Build back better for the world” pretende contrarrestar la iniciativa china “La Franja y la Ruta” (“One Belt, One Road”), una estrategia para dominar gran parte de las infraestructuras, recursos y rutas comerciales que ha sido interpretado por algunos como la táctica más audaz de Pekín en su afán de poder mundial. La iniciativa china, para la cual Xi Jinping ha comprometido más de 1 billón de dólares, es un ejemplo de gigantismo geopolítico que agravará la emergencia ecológica y social mundial. El impulso clave detrás de “La Franja y la Ruta” consiste en utilizar la capacidad excedente de China para producir para los mercados extranjeros con el fin de hacer que sus industrias sean rentables. De hecho este proceso de externalización de la capacidad de construcción excedente que ha estado ocurriendo durante bastante más de una década.

En relación a Rusia, el G7 planteó que “ponga fin a su comportamiento desestabilizador y a sus actividades malignas, incluida su injerencia en los sistemas democráticos de otros países”, que “investigue urgentemente y explique de forma creíble el uso de un arma química en su territorio, que ponga fin a su represión sistemática de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”, y que “desbarate” los ciberdelitos.

La lectura de un comunicado de una cumbre suele ser un ejercicio aburrido en el que pesa mas lo que se ha excluido. Por ejemplo, en el comunicado de los ministerios de comercio del G7, del 28 de mayo, no se dan detalles ni plazos sobre la renovación del órgano para la solución de diferencias en la OMC ni se mencionan iniciativas más polémicas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera de emisiones de Carbono de productos importados propuesto por la UE.

Las organizaciones sociales y ecologistas afirmaron que el G7 no ha estado a la altura de los retos a los que se enfrenta el mundo. El comunicado no contenía ningún calendario para poner fin a la quema del carbón o las subvenciones a los combustibles fósiles, sólo ofrecía ayudas económicas equivalentes a 613 millones de dosis contra el coronavirus para los países más vulnerables del mundo en los próximos 12 meses, cuando se necesitan 11.000 millones según la OMS.

La gente está cansada de tanta retórica y caridad colonialista. Hay que acabar con los monopolios de las grandes farmacéuticas.

20 jun 2021 05:32

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Un niño sentado sobre los escombros tras un bombardeo de la coalición saudí en Sanaa, Yemen, en octubre de 2019. — Reuters

Con el cambio de administración, Washington ha prometido cambios sustanciales en su política en el Golfo Pérsico, especialmente en relación con los derechos humanos. El problema es que los mandatarios se resisten a abandonar las vigentes formas de gobierno porque que si lo hacen pueden perder el poder. El equipo de Biden tendrá que hallar un terreno común sin cuestionar demasiado las autarquías tradicionales.

 

Oriente Próximo se halla inmerso en un gran lío endémico que se agravó con Donald Trump. La situación debe cambiar rápidamente puesto que ya se ha escapado de las manos, algo de lo que es consciente el actual presidente americano Joe Biden, quien tiene la oportunidad de enderezar algunos de los múltiples problemas que asolan la región.

Aunque parece imposible que todos los conflictos, de Irán a Libia y de Siria a Yemen, vayan a resolverse de la noche a la mañana, es necesario que la administración cambie el paso cuanto antes en el Golfo. La problemática más acuciante vinculada con el Golfo es la de Yemen, un país hundido en un sinfín de calamidades a las que Estados Unidos y Europa han contribuido con la venta masiva de armas.

En un artículo aparecido en Foreign Affairs, el senador Chris Murphy afirma que la política de Estados Unidos en esa zona está "desfasada" y es preciso "reformatearla" para evitar que las catástrofes avancen al ritmo que lo han hecho en los últimos años.

Murphy fue uno de los primeros senadores en oponerse a la campaña militar de saudíes y emiratíes en Yemen, instando a Washington a suspender la venta de armas a los dos países. En 2017 acusó a la administración Trump de complicidad en los crímenes de guerra cometidos en ese país y a finales de 2018 defendió una ruptura con el príncipe saudí Mohammad bin Salman por su implicación en el asesinato de Jamal Khashoggi.

Sin embargo, Murphy ha defendido las políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, firmando con el lobby judío AIPAC una carta dirigida en 2016 al presidente Barack Obama exigiéndole que rechazara las medidas "unilaterales" de las Naciones Unidas contra el estado judío. Israel respalda e incita a Arabia Saudí y los Emiratos en la guerra de Yemen, un conflicto estrechamente vinculado a toda la región.

En la época de Carter, el 29% de la energía que consumía EEUU provenía del Golfo, mientras que hoy ese porcentaje desciende al 13%

A finales de los años 70 el presidente Jimmy Carter estableció una doctrina que consideraba que el Golfo Pérsico era "vital" para los intereses de Estados Unidos, doctrina que sigue vigente a pesar de que la realidad ha experimentado cambios notables desde entonces.

En la época de Carter, el 29% de la energía que consumían los Estados Unidos provenía del Golfo, mientras que hoy ese porcentaje es solo del 13% y sigue descendiendo. Esta realidad, dice el senador Murphy, debe modificar la actitud de Washington de manera que se refuercen los valores de Estados Unidos y se priorice la paz y la estabilidad.

Sin embargo, no está claro que la propuesta de Murphy sea fácil de llevar adelante. Es cierto que Biden y su administración han hablado en repetidas ocasiones de los derechos humanos en Oriente Próximo, pero también es cierto que una imposición forzada podría desestabilizar una región que se sustenta sobre valores ajenos a la experiencia occidental.

Una prueba es que este fin de semana numerosos países han expresado su apoyo al príncipe saudí Bin Salman en el caso Khashoggi. Las recientes críticas de Washington al príncipe no han sentado bien a los demás países de la zona, cuyos líderes han pensado que si Biden se carga a Bin Salman, ellos pueden ser los siguientes, de ahí que se hayan solidarizado con el príncipe.

Murphy argumenta que a largo plazo la represión destruirá a los países del Golfo, por lo tanto es necesario que sus líderes se responsabilicen de los derechos humanos.

Las políticas que han guiado a la administración Trump durante los pasados cuatros años han sido desastrosas. Es necesaria una sacudida, pero lo difícil es determinar hasta dónde puede llegar el cambio sin excederse para no provocar un efecto más negativo.

Lo más urgente es poner coto a las aventuras militaristas de los Emiratos Árabes Unidos desde Yemen hasta Somalia pasando por Libia. El príncipe emiratí Mohammad Bin Zayed ha arrastrado a Bin Salman en muchas de esas aventuras que solo logran desestabilizar a Oriente Próximo y que hasta ahora han encontrado el respaldo de Washington, que ha alimentado los conflictos perpetuos de la región.

Otra prioridad es alcanzar un acuerdo con Irán y con él un entendimiento entre Teherán y los países del Golfo que espoleados por Israel prefieren la confrontación a pesar de que sus intereses son distintos a los de Tel Aviv.

Una causa y consecuencia de todos estos conflictos es la multimillonaria venta de armas que satisfacen a la insaciable industria americana y europea. Murphy propone que las armas que se vendan a esos países sean defensivas y no ofensivas con el fin de limitar los conflictos y las violaciones de los derechos humanos.

También propone que Estados Unidos reduzca el número de bases militares que se multiplicaron tras la invasión de Irak en 2003, bases que no compensan lo que cuestan al contribuyente. Es posible que los Emiratos y Arabia Saudí se opongan a esta idea, pero el senador considera que sería positiva para evitar una permanente carrera de armamentos.

 

segovia

02/03/2021 07:15

Por Eugenio García Gascón

Publicado enInternacional
Sábado, 30 Enero 2021 05:34

¿Acabarán alguna vez?

¿Acabarán alguna vez?

Llega el 20º aniversario de la Guerra contra el Terrorismo.

 

“Este es un nuevo tipo de guerra, que llevaremos a cabo agresivamente y metódicamente para interrumpir y destruir la actividad terrorista”, anunció el presidente George W. Bush apenas dos semanas después de los ataques del 11-S. “Algunas victorias se conseguirán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas. Otras victorias quedarán claras para todos”.

 

Este año marcará el 20º aniversario de la guerra contra el terrorismo, incluyendo el conflicto sin declarar de EE UU en Afganistán. Después de que el apodo original de esa guerra, Operación Justicia Infinita, fuera rechazado por ofender sensibilidades musulmanas, el Pentágono la renombró como Operación Libertad Duradera. A pesar de no haber ni victoria clara ni la más ligera evidencia de que la libertad duradera se hubiera impuesto alguna vez en ese país, “las operaciones de combate de EE UU en Afganistán terminaron”, según el Departamento de Defensa, en 2014. En realidad, ese combate simplemente continuó bajo un nuevo nombre, Operación Centinela de la Libertad, y se prolonga hasta hoy.

Igual que la invasión de Iraq de 2003 —conocida como Operación Libertad Iraquí—, Libertad Duradera y Centinela de la Libertad, no consiguieron hacer justicia a sus nombres. Ninguno de los apodos aplicados a las guerras de EE UU post 11-S atrapó tampoco nunca la imaginación pública; los campos de batalla se extendieron desde Afganistán e Iraq hasta Yemen, Somalia, Filipinas, Libia, Siria, Níger, Burkina Faso y más allá, con un precio superior a 6,4 billones de dólares y un coste humano que incluye al menos 335.000 civiles asesinados y al menos 37 millones de personas desplazadas de sus hogares. Mientras tanto, las durante tanto tiempo claras victorias prometidas nunca se materializaron incluso mientras el número de grupos terroristas en el mundo proliferaba.

El mes pasado, el principal general de EE UU ofreció una evaluación de la guerra afgana que fue tan adecuada como sombría. “Creemos que, tras dos décadas de esfuerzo consistente, hemos logrado una pizca de éxito”, dijo Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. “También diría que durante los últimos cinco o siete años como mínimo hemos estado en una situación de tablas estratégicas”. Las declaraciones de Milley ofrecían apelaciones mucho más adecuadas que aquellas con las que el Pentágono había soñado durante años. Si el Departamento de Defensa hubiera abierto las guerras post 11-S con nombres como Operación Pizca de Éxito u Operación Tablas Estratégicas, al menos los estadounidenses habrían tenido una idea realista sobre qué esperar en las décadas siguientes mientras tres presidentes llevaban a cabo tres guerras no declaradas sin conseguir victorias en ningún lugar del Gran Oriente Medio o África.

Qué traerá el futuro en términos de los muchos conflictos armados de este país está más oscuro que nunca mientras el Gobierno de Trump ha perseguido una variedad de esfuerzos en el último momento interpretados como intentos de último minuto para hacer buenas las promesas de terminar las “interminables guerras” de este país o simplemente como intentos llenos de amargura para desestabilizar, minar y sabotear al “Estado profundo” (la CIA en concreto) a la vez que para dejar sin mano de obra a la próxima política exterior del Gobierno de Biden. En realidad, sin embargo, las tambaleantes tácticas finales del presidente Trump, aunque en absoluto terminan las guerras de EE UU, ofrecen al Gobierno de Biden una oportunidad única para poner esos conflictos en los libros de historia, si el presidente electo elige aprovecharse del involuntario regalo que le dio su predecesor.

El tercer presidente que no terminó la Guerra contra el Terrorismo

Durante cuatro años, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo una guerra en múltiples frentes, no solo en Afganistán, Iraq, Somalia, Siria y en otros lugares del planeta, sino también con el Pentágono. Donald Trump entró en la Casa Blanca prometiendo detener las incesantes intervenciones en el extranjero de EE UU y repetidamente flirteó con terminar esas “guerras interminables”. No lo hizo. En vez de eso, él y su gobierno siguió llevando a cabo los muchos conflictos de EE UU, aumentó las tropas en Afganistán y Siria, y amenazó con ataques nucleares contra enemigos y aliados por igual.

Cuando finalmente el presidente empezó a hacer gestos hacia reducir los conflictos interminables del país e intentó retirar tropas en varias zonas bélicas, el Pentágono y el Departamento de Estado empezaron a dilatar y obstaculizar a su comandante en jefe, engañándole, por ejemplo, cuando se trató de algo tan básico como el número real de tropas estadounidenses en Siria. Incluso tras llegar a un acuerdo con los talibanes para finalizar la guerra afgana y ordenar significativas retiradas de tropas de ese país y otros a medida que se convertía en un presidente incapaz, no consiguió detener una sola intervención armada que hubiera heredado.

Lejos de terminar con las interminables guerras, el presidente Trump intensificó las más interminables de todas: los conflictos en Afganistán y Somalia, donde Estados Unidos ha estado involucrado de forma intermitente desde los años 70 y 90, respectivamente. Los ataques aéreos en Somalia, por ejemplo, se han disparado bajo el Gobierno de Trump. De 2007 a 2017, el Ejército de EE UU llevó a cabo 42 ataques aéreos declarados en ese país. Bajo el presidente Trump, se ejecutaron 37 ataques en 2017, 48 en 2018, y 63 en 2019. El año pasado, el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) reconoció 53 ataques aéreos en Somalia, más que durante los 16 años de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

Los motivos de ese aumento siguen envueltos en el secreto. En marzo de 2017, sin embargo, el presidente Trump supuestamente designó partes de Somalia como “áreas de hostilidades activas”, mientras eliminaba las reglas de la era de Obama que requerían que hubiera seguridad de que los ataques aéreos no hirieran o mataran no combatientes. Aunque la Casa Blanca rechaza confirmar o negar explícitamente que esto ocurriera alguna vez, el general de brigada retirado Donald Bolduc, que encabezaba el Mando África de Operaciones Especiales en ese momento, dijo a The Intercept que “la carga de la prueba respecto a qué se podía considerar objetivo y por qué motivo cambió dramáticamente”. Ese cambio, apuntó, llevó a AFRICOM a llevar a cabo ataques que previamente no habrían tenido lugar.

El aumento en los ataques aéreos ha sido desastroso para los civiles. Mientras el Mando África reconoció recientemente cinco muertes de no combatientes en Somalia por estos ataques aéreos, una investigación de Amnistía Internacional descubrió que, en solo nueve de ellos, murieron 21 civiles y otros 11 fueron heridos. Según el grupo de seguimiento del Reino Unido Airwars, la evidencia sugiere que hasta 13 civiles somalíes han sido asesinados por ataques aéreos estadounidenses solo en 2020, y la reciente decisión de Trump de retirar las fuerzas estadounidenses de allí no terminará con esos ataques aéreos, y mucho menos la guerra de EE UU, según el Pentágono. “Aunque es un cambio en el despliegue, esta acción no es un cambio en la política de EE UU”, se lee en una declaración del Departamento de Defensa que siguió a la orden de retirada de Trump. “EE UU retendrá la capacidad de llevar a cabo operaciones de contraterrorismo focalizadas en Somalia y de recoger advertencias e indicadores tempranos respecto a amenazas contra la patria”.

La guerra en Afganistán ha seguido una trayectoria similar bajo el presidente Trump. Lejos de rebajar la intensidad del conflicto mientras negociaba un acuerdo de paz con los talibanes y buscaba retiradas de tropas, la administración intensificó la guerra en múltiples frentes, desplegando inicialmente más tropas aumentando su uso de poder aéreo estadounidense. Como en Somalia, los civiles sufrieron enormemente, según un informe reciente de Neta Crawford, del proyecto Costes de la Guerra de la Brown University.

Durante su primer año en el cargo, el Gobierno de Trump relajó las normas de combate e intensificó la guerra aérea en un esfuerzo por conseguir una mejor posición en la mesa de negociaciones. “Desde 2017 hasta 2019, las muertes civiles debidas a los ataques aéreos de EE UU y fuerzas aliadas en Afganistán aumentaron dramáticamente”, escribió Crawford. “En 2019, los ataques aéreos mataron a 700 civiles, más que en ningún otro año desde el comienzo de la guerra en 2001 y 2002”. Después de que EE UU y los talibanes alcanzaran un acuerdo de paz provisional el pasado febrero, los ataques aéreos estadounidenses disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Tan recientemente como el mes pasado, EE UU supuestamente llevó a cabo uno en Afganistán que dio lugar a víctimas civiles.

A medida que esas muertes civiles por la fuerza aérea estaban disparándose, una unidad paramilitar afgana de elite formada por la CIA, conocida como 01, en alianza con fuerzas de Operaciones Especiales de EE UU, estuvo involucrada en lo que Andrew Quilty, escribiendo en The Intercept, denominó como “una campaña de terror contra civiles”, incluyendo “una serie de masacres, ejecuciones, mutilación, desapariciones forzosas, ataques sobre instalaciones médicas, y ataques aéreos con el objetivo de estructuras conocidas por albergar civiles”. En total, la unidad mató al menos 51 civiles en la provincia afgana de Wardak entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Como Akhtar Mohammad Tahiri, el jefe del consejo provincial de Wardak, dijo a Quilty, los estadounidenses “pisan todas las reglas de la guerra, derechos humanos, todas las cosas que dijeron que traerían a Afganistán”. Están, dijo, “comportándose como terroristas. Muestran terror y violencia y piensan que traerán control de esta forma”.

La decisión del presidente Biden

“No somos un pueblo de guerra perpetua, es la antítesis de todo lo que defendemos y de todo por lo que lucharon nuestros ancestros”, escribió el secretario de Defensa en funciones como parte de un informe de dos páginas a los empleados del Departamento de Defensa el pasado noviembre, añadiendo: “Todas las guerras deben terminar”. Su predecesor, Mark Esper, aparentemente fue despedido, al menos en parte, por resistirse a los esfuerzos del presidente Trump de retirar tropas de Afganistán. Pero ni Miller ni Trump resultaron estar comprometidos con acabar de verdad con las guerras de Estados Unidos.

Tras perder la reelección en noviembre, el presidente dictó una serie de órdenes retirando algunas tropas de Afganistán, Iraq y Siria. Virtualmente todo el personal militar va a ser retirado de Somalia. Allí, sin embargo, según el Pentágono, algunas o todas esas fuerzas serán simplemente “reposicionadas desde Somalia a países vecinos para permitir operaciones transfronterizas”, por no hablar de las continuas “operaciones focalizadas de contraterrorismo” en ese país. Esto sugiere que la prolongada guerra aérea seguirá ininterrumpida.

Lo mismo ocurre con otras zonas bélicas donde está previsto que las tropas estadounidenses permanezcan y no se ha anunciado ningún cese de los ataques aéreos. “Todavía vas a tener la capacidad de hacer las misiones que hemos estado haciendo”, dijo el mes pasado un veterano cargo del Pentágono respecto a Afganistán. Miller se hizo eco de esto durante un reciente viaje a ese país cuando dijo: “Especialmente quiero ver y oír el plan para nuestro continuado papel de apoyo aéreo”. Irónicamente, el informe ‘todas-las-guerras-deben-terminar’ del documento de noviembre de Miller en realidad defendía una actitud de guerra eterna insistiendo en la necesidad de “acabar con la guerra que Al-Qaeda trajo a nuestras orillas en 2001”.

En la clásica forma de ‘EE UU-finalmente-ha-dado-el-paso-definitivo’, Miller afirmó que Estados Unidos está “a punto de vencer a Al-Qaeda y sus socios” y “debe evitar nuestro pasado error estratégico de no librar la batalla hasta el final”. Para cualquiera que pueda haber pensado que estaba señalando que la guerra contra el terrorismo estaba acercándose al final, Miller ofreció un mensaje que no podía haber sido más sucinto: “Esta guerra no ha terminado”.

Al mismo tiempo, Miller y varios otros nombrados por Trump tras las elecciones, incluidos su jefe de personal Kash Patel y el vicesecretario de Defensa para Inteligencia en funciones, Ezra Cohen-Watnick, han buscado hacer importantes cambios de política de último minuto en el Pentágono, molestando a miembros de la elite de la seguridad nacional. El mes pasado, por ejemplo, responsables del Gobierno de Trump entregaron al Estado Mayor Conjunto una propuesta para desvincular la Agencia de Seguridad Nacional y el Cibercomando de EE UU. Miller también envió una carta a la directora de la CIA Gina Haspel informándola de que está en peligro un antiguo acuerdo en el que el Pentágono ofrecía apoyo a la agencia.

Informes de prensa indicaron que el Departamento de Defensa está revisando su apoyo a la CIA. El motivo, contaron a Defense One antiguos y actuales responsables gubernamentales y militares, era determinar si fuerzas de Operaciones Especiales deberían ser redirigidas desde las operaciones de contraterrorismo de la agencia hacia misiones “relacionadas con la competencia con Rusia y China”. The New York Times sugirió, sin embargo, que el verdadero propósito sería “hacer difícil” que la CIA llevara a cabo operaciones en Afganistán.

Las retiradas de tropas y los cambios de última hora en la política han sido desechados por expertos y defensores de la elite de la seguridad nacional como los despreciables actos finales de un presidente fracasado. Sea lo que sean, también representan una genuina oportunidad para un presidente electo que ha defendido un giro en la política de seguridad nacional. “Biden acabará con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio, que nos han costado incalculable sangre y riqueza”, se lee en el plan para “Liderar al Mundo Democrático” en JoeBiden.com. Allí, también, en la letra pequeña, acecha una serie de lagunas sobre luchar-hasta-el-final como la de Miller, como sugieren las palabras en cursiva en esta frase: “Biden traerá a casa la inmensa mayoría de nuestras tropas de Afganistán y centrará nuestro enfoque en Al-Qaeda e ISIS”.

Bajo un acuerdo que el Gobierno de Trump alcanzó con los negociadores talibanes el año pasado, Estados Unidos promovió retirar todas las tropas que quedan en Afganistán para el 1 de mayo de 2021, si ese grupo cumple sus compromisos. Si el equipo de Biden quisiera aprovecharse tanto del pacto de retirada del Gobierno de Trump como de su desesperado esfuerzo para maniatar a la CIA, una parte importante de la guerra estadounidense simplemente expiraría esta primavera. Aunque esto sin duda suscitaría aullidos de angustia por parte de los defensores de esa guerra fallida, el presidente Biden se podría remitir a los poderes de guerra asignados constitucionalmente al Congreso, dejando al poder legislativo la decisión de declarar la guerra en ese país tras todos estos años o simplemente permitir que el conflicto termine.

También podría utilizar el intimidante púlpito de la presidencia para llamar a la expiración de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) de 2001, una resolución de 60 palabras aprobada por el Congreso tres días después de los ataques del 11 de septiembre, que se ha utilizado para justificar 20 años de guerra contra grupos como el Estado Islámico que ni siquiera existían el 11-S. Podría hacer lo mismo con la Autorización en Iraq para el Uso de la Fuerza Militar de 2002, que autorizó la guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Iraq, pero fue sin embargo citada el año pasado en la justificación del Gobierno de Trump para el asesinato con drones del general iraní Qasem Suleimani.

Tras dos décadas después de que el presidente George W. Bush lanzara “un tipo diferente de guerra”; más de una década después de que el presidente Barack Obama entrara en la Casa Blanca prometiendo evitar las “guerras estúpidas” (aunque prometiendo ganar la “guerra correcta” en Afganistán); seis meses después de que el presidente Trump se comprometiera a “acabar con la era de las guerras interminables”, el presidente electo Biden entra en la Casa Blanca con una oportunidad para empezar a hacer buena su propia promesa de “acabar con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio”.

Como el presidente Bush señaló en 2001: “Algunas victorias se ganarán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas”. Las guerras de Estados Unidos en el siglo XXI han sido, en vez de eso, tragedias para millones y han llevado a una proliferación de amenazas que dañaron a Estados Unidos de forma importante. El presidente electo Biden ha reconocido esto, apuntando que “quedarse atrapado en conflictos imposibles de ganar solo consume nuestra capacidad de liderar en otros asuntos que requieren nuestra atención, y nos impide reconstruir los demás instrumentos del poder estadounidense”.

Las guerras fallidas sin fin son, sin embargo, también un legado de Joe Biden. Como senador, votó a favor del AUMF de 2001, el AUMF de 2002, y después secundó a un presidente que expandió las intervenciones en el extranjero de EE UU, y nada en su historia personal sugiere que tomará las valientes acciones necesarias para lograr poner un fin a los conflictos internacionales de Estados Unidos. “Ya es hora de que terminemos con las guerras infinitas”, anunció en 2019. En realidad, al entrar en el Despacho Oval se encuentra ante una decisión formidable: ser el primer presidente de EE UU de este siglo que no redoble la apuesta en conflictos internacionales malditos o el cuarto que descubra el fracaso en guerras que nunca se pueden ganar.

Por Nick Turse

30 ene 2021 04:49

tomdispatch.com

Artículo publicado originalmente por Tomdispatch.com y traducido para EL Salto por Eduardo Pérez

Publicado enInternacional
Viernes, 29 Enero 2021 05:19

Hacia un capitalismo feudal

La Plaza de San Marco, en Venecia, inundada por el "Acqua Alta", fenómeno agravado por el cambio climático. Foto: Roberto Trombetta

Las crisis son siempre un momento de reconfiguración del capitalismo. Eso define los campos de lucha y las formulas de resistencia y ofensiva de las clases subalternas.

 

Vivimos tiempos de ansiedad. La pandemia del covid-19 ha catalizado de forma concreta una serie de tendencias ya presentes en el sistema-mundo: los problemas son globales, ecológicos, caracterizados por la agudización de las contradicciones entre las clases y entre diferentes territorios. En Occidente, la emergencia de corrientes de extrema derecha forma parte de la nueva normalidad política. Las viejas clases medias, asustadas ante el impacto de una crisis que las empuja hacia el despeñadero de la historia, luchan por aliarse con las élites en un frente común contra una gran mayoría de la población cada vez mas precarizada y aplastada.

Para las clases populares del mundo, la situación es extremadamente complicada. La reconfiguración de un proyecto político, social y cultural alternativo al capitalismo es todavía incipiente y amarga, llena de saltos, oportunidades, retrocesos y derrotas. En realidad, si nos viéramos “desde fuera”, comprenderíamos que es un proceso habitual. Configurar un proyecto anticapitalista necesita tiempo: condensar experiencias, trasmisiones de saberes, organizaciones, intelectuales, referencias... le llevó al movimiento obrero clásico décadas de conflictos, derrotas y pequeños avances que parecían insignificantes. Por supuesto, no afirmo que tengamos tanto tiempo. La crisis ecológica introduce una nueva temporalidad. No hay duda de que es el problema central de nuestro tiempo, porque sin resolverlo, no podremos afrontar los demás.

Dicho esto, me parece interesante destacar que las crisis son siempre un momento de reconfiguración del capitalismo. Para los que luchamos por un cambio social radical, estas tendencias no son secundarias. Definen los campos de lucha y las formulas de resistencia y ofensiva de las clases subalternas. En ese sentido, la idea fundamental que quiero destacar es que vivimos una reconfiguración en términos feudales del capitalismo: el poder político se torna cada vez más insignificante, y oscila entre la impotencia y el servilismo funcional ante los todopoderosos señoríos “libres” de las multinacionales.

El caso de la UE con las farmacéuticas refleja bien ese proceso. Incapaces de generar una estructura productiva y distributiva propia, los Estados capitalistas delegan en empresas supranacionales funciones que en una época de excepción deberían ser fundamentales. No es solo que privaticen los beneficios y les regalen financiación pública. Es que han perdido el control sobre las empresas. Esto es un cambio cualitativo con respecto a otras épocas de crisis. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, los Estados asumieron la centralización económica como forma de enfrentarse a los retos que la guerra les imponía. No estoy reivindicando aquel terrible modelo burocrático-industrial belicista. Lo que me interesa destacar es que a día de hoy, los Estados son incapaces de hacer una operación similar ante una crisis de magnitudes desconocidas.

La cuestión es qué tipo de geografía política se deriva de esta nueva configuración política del capital. Es pronto para saberlo, pero si que podemos avanzar algunas tendencias. La que me parece más destacable por sus posibles repercusiones es que comienza a reaparecer la desconfianza contra la clase política. Esto podría ser un síntoma de una nueva “crisis orgánica”, es decir, de una nueva fase en la separación y conflicto entre “gobernantes” y “gobernados”. La última crisis generó momentos de ese estilo y con expresiones variadas: las revoluciones árabes, el 15M. No podemos saber que tipo de revueltas generará esta nueva crisis, pero si podemos estar seguros de una cosa. La clase política no será percibida como parte de la solución, si no como parte del problema, fundamentalmente, por su combinación de incapacidad y servilismo frente a los intereses irracionales a corto plazo del gran capital.

Ante esta situación la respuesta desde la izquierda no puede ser que “no todos los políticos son iguales”, auto-posicionándose como el ala moralmente respetable de una casta despreciada y odiada por amplios sectores de la población. Sin duda, una respuesta de esas características sería la mejor muestra de que la izquierda ya no es capaz de ofrecer e inventar otra política, lo cual tendrá como consecuencia ser percibidos como parte del problema. La respetabilidad de los sillones tienen su costes.

La nueva derecha ha optado por explorar su propio camino ante este nuevo capitalismo feudal. Por supuesto, no ofrecen ninguna solución frente a los nuevos señores feudales. Les ofrecen mas pleitesía, pero a cambio de aplastar con más virulencia a los de abajo. La izquierda tiene que pensar como afronta esta nueva convulsión que viene. Las formas de protesta no serán siempre desfiles organizados, aunque tengamos que llegar con más fuerza organizada que nunca para tener alguna posibilidad de vencer. La radicalidad de la crisis que viene provocará también revueltas abigarradas, sin predeterminación ideológica, de toda esa nueva clase trabajadora que se está conformando bajo el nuevo feudalismo capitalista. Comenzar a pensar en que lado queremos estar y contra quien queremos confrontar los próximos años es también una tarea urgente.

Por Brais Fernández

Es militante de anticapitalistas y de la redacción de Viento Sur.

29 ene 2021 06:13

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China, a punto de igualar el poder de EEUU en el Indo-Pacífico

La región Indo-Pacífico está llamada a convertirse en una de las claves en el diseño del nuevo orden global pos pandemia.

 

Según un informe reciente, en ese lugar, EEUU registró la mayor caída de poder entre todos los demás países y la ventaja que aún mantiene sobre China se redujo a la mitad en los dos últimos años, lo que marca un ritmo de ascenso imparable de la nación asiática.

Esta es la conclusión de un reciente informe del Instituto Lowy de Australia, el Asia Power Index 2020, reproducido por el diario oficialista chino Global Times. El Lowy Institute es un think tank independiente con sede en Sydney, fundado en 2003 por el empresario Frank Lowy para investigar cuestiones estratégicas y económicas internacionales. El Asia Power Index, una de sus publicaciones más relevantes, este año registró un descenso del poder de EEUU en la región y sitúa a China a sólo cinco puntos, de un total de 100.

 Es por eso que, como sucede en las aguas del vecino Mar del Sur de China, la Armada de EEUU se empeña en realizar ejercicios con sus aliados, en particular Japón y Australia, "para apoyar la libertad de navegación en el Indo-Pacífico".

Pero a diferencia de la región Asia-Pacífico, la Indo-Pacífico abarca hasta las costas de África y la península arábica, controlando la entrada a los estratégicos Mar Rojo y Golfo Pérsico. Una región tan amplia, es la contracara marítima de Eurasia, considerada como el corazón geopolítico del sistema mundo.

El informe del Instituto Lowy es interesante ya que no está centrado sólo en cuestiones de economía y poder militar, como suelen hacer buena parte de los centros de investigación, sino que abarca una gama de ocho áreas: capacidad militar, influencia cultural, redes de defensa y resiliencia, en las que sigue liderando EEUU; y relaciones económicas, influencia diplomática, recursos futuros y capacidad económica, en las que lidera China.

Aunque sigue siendo la potencia más poderosa en la región, las tendencias que marca el citado informe son muy claras. "En una perspectiva de largo plazo, EEUU comenzó a declinar desde la crisis financiera de 2008", escribe Su Hao, director y fundador del Centro de Estudios Estratégicos y de Paz de la Universidad de Asuntos Exteriores de China.

Si se mira el mundo en el largo plazo, "el dominio mundial de Occidente, especialmente EEUU, está cayendo rápidamente". Su Hao agrega que "la campaña de EEUU contra China en realidad ha divido a toda Asia", pero China y otros países de la región "se han elevado de manera prominente".

Global Times entrevista al director del Asia Power Index, Hervé Lemahieu, en una extensa cobertura, inusual en el medio, en la que matiza "la mayor caída en el poder relativo" de EEUU.

En opinión de Lemahieu, este año EEUU ha perdido prestigio en la región "por su manejo de la pandemia", mientras el poder global de China se ha mantenido estable, aunque "su posición diplomática también ha disminuido". No obstante, sostiene que "muchos de los factores del declive de EEUU en Asia se deben a elecciones políticas más que a fuerzas estructurales".

Anticipa que el deterioro de las relaciones de China con India y Australia "es un gran problema para el predominio de China", mientras EEUU puede revertir su aislamiento con "una forma más multilateral de liderazgo". Su conclusión mayor es que "no va a haber un orden asiático unipolar, ya sea liderado por EEUU o China".

Pero el centro del análisis del Instituto Lowy reside en que la hegemonía dependerá del que logre vencer en la carrera de superioridad tecnológica, por lo que estima que en la región Indo-Pacífico "China alcanzará a EEUU en 2030", aventurando que al finalizar la década "incluso puede superar marginalmente" a la ex superpotencia.

"Será el país que prevalezca en la carrera de armamentos tecnológicos el que esté en mejores condiciones para superar al otro. De modo que esto será más importante que cualquier tipo de nueva estrategia de guerra fría", concluye Lemahieu, en referencia a las recientes políticas comerciales y diplomáticas de la administración de Donald Trump.

Como se trata de un análisis dinámico y complejo, también establece los puntos débiles de China, y asegura que será muy difícil que el Dragón logre reemplazar al Águila como garante de la seguridad regional. Advierte que Pekín deberá tener mucho cuidado "para manejar las consecuencias del envejecimiento de la población".

En este punto, recuerda cómo el factor demográfico está teniendo una seria influencia en el largo estancamiento japonés, ya que aumenta la población que no trabaja y declina en su consumo, dejando de ser un factor dinámico en la economía.

En algunos aspectos, Rusia está a la cabeza según el Instituto Lowy. En las áreas de "disuasión nuclear" y "recursos de seguridad" (definidos como "acceso seguro a la energía" y "recursos esenciales para la economía"), Moscú supera holgadamente a EEUU que se sitúa en 66 puntos, mientras a Rusia le otorga 99,9, un 50% por encima.

Sin embargo, en el área de "influencia cultural" (sobre todo en medios de comunicación y universidades), la ventaja de EEUU es abrumadora, lo que le permite moldear a la opinión pública internacional y de ese modo influir en los gobiernos, de modo directo e indirecto.

En el terreno estrictamente militar, EEUU sigue siendo preponderante incluso en la región Indo-Pacífico. En particular, en cuanto a sus plataformas de guerra terrestre, marítima y aérea, sus "ventajas tácticas y estratégicas para la guerra asimétrica" y la "capacidad para desplegarse rápidamente durante un período prolongado en caso de un conflicto interestatal en Asia".

El aspecto más interesante de este informe son los matices. En un mundo en el que nos hemos acostumbrado a ver las cosas en blanco o negro, leer un informe rico en dibujar tendencias y contratendencias, destacando cuestiones como la influencia cultural o la resiliencia de las potencias, resulta un aporte interesante para comprender dónde estamos y hacia dónde es posible que caminemos.

Finalmente, en un apartado tan defintivo como 'resiliencia' (definida como "capacidad para disuadir amenazas reales o potenciales a la estabilidad del Estado"), el informe dibuja un mundo tripartito:

  • EEUU con 86 puntos;
  • Rusia con 78;
  • China con 70.

En ningún aspecto debe considerarse a cada país por separado sino destacar, como hace el informe, la capacidad de tejer alianzas, que no es más que recordar el modo como se decidieron las dos guerras mundiales

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