Sábado, 22 Enero 2022 06:12

Que ni se te ocurra

Ceremonia con motivo del centenario del Partido Comunista de China, en la plaza de Tian´anmen, en Beijing, China, en julio de 2021 XINHUA, SHEN HONG

China impone el silencio en Hong Kong

En el enclave, los últimos periódicos y sindicatos prodemocracia están siendo cerrados. Van quedando pocas vías legales para expresar el descontento con Beijing.

Xia Baolong, jefe de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China, instó el mes pasado al pueblo de Hong Kong a votar en las elecciones legislativas del 19 de diciembre. «No es solo un voto por sus candidatos preferidos, sino también un voto de confianza en el principio de “un país, dos sistemas”», dijo (la fórmula ideada en la década del 80 que se suponía que garantizaba la autonomía de Hong Kong luego de que el enclave regresara a la soberanía china en 1997). El 19, la mayor parte del electorado rechazó la invitación de Xia. Solo 1,35 millones de personas (el 30 por ciento del electorado) acudieron a votar por los concejos distritales sometidos a votación, muy lejos de los 2,94 millones (el 71 por ciento del electorado) que votaron en las elecciones distritales de noviembre de 2019.

En aquellas elecciones de hace dos años, llevadas a cabo en el punto álgido de las enormes protestas que sacudieron la ciudad (véase «El consenso imposible», Brecha, 12-VI-20), los candidatos prodemocráticos ganaron casi 400 de los 452 escaños disponibles y se hicieron con el control de 17 de los 18 concejos distritales. En las elecciones del mes pasado, celebradas luego de que la Asamblea Popular Nacional de China introdujera una reforma del sistema electoral hongkonés que hizo prácticamente imposible que las figuras de la oposición se presentaran, los candidatos «patrióticos» pro-Beijing ganaron el 100 por ciento de los escaños.

«La legislatura ya no degenerará en una guarida de políticos anti-China, anticomunistas y secesionistas», escribió Lau Siu-kai, vicepresidente de la Asociación China de Estudios de Hong Kong y Macao, en el estatal China Daily. La jefa ejecutiva de Hong Kong (su «gobernadora», elegida por Beijing), Carrie Lam, descartó las críticas por la baja participación electoral. «Hong Kong está de vuelta en el camino correcto. Nosotros no podemos copiar y pegar el llamado sistema democrático de los países occidentales», dijo.

La confianza de Lam puede estar justificada. Es difícil imaginar un retorno de la oposición que durante las dos últimas décadas mantuvo movilizada a la juventud y a gran parte del resto de la población local. Sus principales figuras están ahora en la cárcel, en el exilio o retiradas de la política. El periódico prodemocracia más grande de la ciudad, Apple Daily, fue obligado a cerrar en junio, tras 26 años de actividad. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, desde sindicatos hasta grupos de apoyo a los presos, han sido presionadas para disolverse.1

La represión a la oposición continuará, y será en los tribunales donde podrá seguirse su faceta más visible. Hasta el momento, se han completado dos juicios en virtud de la ley de seguridad nacional, impuesta por China el 30 de junio de 2020, cuya entrada en vigencia marcó el fin del movimiento de protestas. Tong Ying-kit fue condenado en julio a nueve años de cárcel por llevar una bandera con el lema «Liberar a Hong Kong, la revolución de nuestra era» y estrellar su motocicleta contra tres policías antidisturbios. Ma Chun-man fue condenado en noviembre a cinco años y nueve meses por corear consignas, mostrar pancartas y hacer declaraciones a la prensa en las que pedía la separación de Hong Kong de China.

En marzo del año pasado, 47 activistas a favor de la democracia fueron acusados ​​de conspiración subversiva, conforme a la ley de seguridad nacional. Fue luego de que organizaran elecciones primarias no oficiales para elegir candidatos a las elecciones del consejo legislativo. Luego de dos aplazamientos solicitados por la fiscalía, su juicio fue agendado para marzo de este año. A muchos de ellos se les ha negado la libertad bajo fianza y han permanecido detenidos durante los últimos diez meses.

Mientras tanto, a principios de diciembre, ocho personas –entre ellas Jimmy Lai, el expropietario del Apple Daily– fueron sentenciadas a penas de prisión de cuatro a 14 meses por participar de una vigilia prohibida en la que se conmemoró a las personas asesinadas en la masacre de Tiananmén de 1989.

Las protestas callejeras y otras formas de oposición explícita son ahora casi imposibles. No votar es una de las pocas vías de resistencia que todavía quedan abiertas. Pero no les pidas a otros que se unan a tu boicot. En el período previo a las elecciones del 19 de diciembre, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong arrestó a diez personas por incitar a otras a abstenerse o emitir votos en blanco o anulados, lo que configura un delito según la reciente reforma de las leyes electorales. Los encontrados culpables pueden enfrentar hasta tres años de cárcel.

(Publicado originalmente en London Review of Books. Traducción de Brecha).

*Es un periodista e investigador que reside en Hong Kong desde 1991 y el autor de A System Apart: Hong Kong’s Political Economy from 1997 until Now (Penguin, 2017).

1. La Confederación Hongkonesa de Sindicatos (HKCTU) votó por disolverse, tras 31 años de actividad, en octubre, poco después de que hicieran lo propio el Sindicato de Profesores y la oficina local del Asia Monitor Resource Centre, un organismo dedicado a promover los derechos sindicales y las agremiaciones de base desde la década del 70. La HKCTU citó su preocupación por la seguridad de sus líderes y afiliados como su principal causa para tomar la decisión (N. de E.).

 
20 enero, 2022

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Sede de la empresa israelí que comercializa el programa Pegasus, NSO Group, en Herzliya, cerca de Tel Aviv.. Imagen: AFP

Hackearon los celulares de civiles, incluyendo a manifestantes e intendentes opositores al exprimer ministro Netanyahu.

La policía israelí utilizó el software de espionaje Pegasus de la empresa de tecnología local NSO Group. La investigación revelada por el medio digital Calcalist indica que la policía hackeó los teléfonos celulares de civiles, incluyendo a manifestantes e intendentes opositores al exprimer ministro Benjamin Netanyahu. Mientras que el Controlador Estatal de Israel, Matanyahu Englman, afirmó que va a investigar el uso de Pegasus por parte de la policía.

Pegasus

Según reveló la investigación del diario Calcalist, la policía compró el softaware espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group por primera vez en 2013 y desde entonces el mismo fue utilizado contra una lista de personas entre ellas líderes civiles y políticos, aunque no precisó nombres. El portal indicó que el exfuncionario del Servicio de Seguridad General de Israel (Shin Bet) y exjefe de policía de Israel, Yohanan Danino, fue el primero en hacer un uso masivo del sistema.

Pegasus fue desarrollado en la ciudad de Herzliya y permite a sus operadores acceder de forma remota a los celulares infectados con el software. El sistema de espionaje fue vendido a las agencias de inteligencia en todo el mundo y permitió obtener acceso a los contenidos dentro del dispositivo: mensajes, fotografías, así como una funcionalidad para activar de forma remota la cámara y el micrófono del celular infectado, todo sin el consentimiento del propietario del teléfono.

En su artículo, Calcalist reveló un detallado historial del uso de Pegasus por parte de la policía israelí. En 2015, con la llegada de Roni Alsheich a la dirección de la policía, que venía de ocupar un alto cargo en el servicio de seguridad Shin Bet, uso del software de espionaje fue ampliado. El matutino israelí Hareetz consignó que recibió una copia de la factura entre NSO Group y la policía de Israel que evidencia la compra del programa por parte de las fuerzas de seguridad. Esa misma factura fue enviada en diciembre de 2013 al departamento de presupuesto del Departamento de Investigaciones e Inteligencia de la Policía de Israel. El diario israelí además citó a una fuerte cercana que afirmó que la policía primero compró el paquete básico del software y cada año fueron incorporando actualizaciones adicionales para el desarrollo de Pegasus.

En la factura a la que accedió Haaretz la descripción del producto era vaga, no hacía referencia de forma explícita al nombre del software de espía, de igual forma el documento fue firmado por Shirley Shochat de NSO Technologies Ltd. y Hadas Biton del Departamento de Investigaciones e Inteligencia de la Policía de Israel.

Diplomacia y espionaje

Durante mucho tiempo Israel colaboró en la promoción de la venta de Pegasus y otros servicios cibernéticos como parte de su “diplomacia cibernética”. Entre los clientes más reconocidos del NSO Group figuraban los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, India, Hungría, México y Polonia. En julio de 2021 la ONG Forbidden Stories publicó la investigación del Proyecto Pegasus, donde reveló que el software de espionaje era utilizado contra periodistas, activistas de derechos humanos y presidentes en todo el mundo. En este sentido, la fundación para la protección de defensores, Front Line Defenders, precisó hace unos meses que Pegasus fue utilizado para espiar a los palestinos que trabajaban con grupos de derechos que Israel proscribió.

Según el informe de Calcalist, entre los objetivos espiados por la policía también había empleados del gobierno que no estaban acusados ​​de delitos penales pero que tenían acceso a información que podría resultar clave en una investigación más amplia. El informe por su parte subraya que teóricamente algunos de estos casos pueden incluir objetivos legítimos, pero el espionaje se realizó sin supervisión y sin justificación legal.

Sin embargo, Pegasus no es el único software de espionaje con el que cuenta la policía israelí. Cellebrite, por ejemplo, permite a los efectivos policiales acceder a cualquier teléfono en su posición física. En esos casos, por lo general obtiene una orden judicial antes de infiltrar los teléfonos. Algo que no se cumplió con el uso de Pegasus.

En tanto, tras la publicación de Calcalist, el Controlador Estatal de Israel, Matanyahu Englman, afirmó que su oficina, encargada de fiscalizar las decisiones de los organismos públicos, va a investigar el uso de Pegasus por parte de la policía para espiar a ciudadanos israelíes. Por su parte, el jefe de la policía, Kabi Shabtai, no negó el uso de Pegasus aunque indicó que algunos datos del reportaje son "incorrectos".

"Todo se llevó a cabo con las debidas garantías legales y supervisiones", insistió. Shabtai sí desmintió que Pegasus fuera utilizado para espiar a los manifestantes del movimiento "Bandera Negra", que lideró protestas masivas y recurrentes contra Netanyahu entre 2020-2021 para exigir su renuncia tras las acusaciones de corrupción en su contra. “La Policía de Israel no utiliza sus capacidades tecnológicas avanzadas contra civiles inocentes y manifestantes”, dijo Shabtai en un comunicado emitido por la policía.

En el congreso, diputados de todo el arco político exigieorn abrir una investigación parlamentaria, mientras que el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, aseguró  en Twitter que "no hay prácticas de escuchas telefónicas o intrusión en dispositivos por parte de la Policía de Israel sin la aprobación de un juez", aunque afirmó que iba a verificar que ese cuerpo reciba autorización explícita de un juez para usar el software de espionaje.

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Haití se hunde en la inseguridad. Una mujer muestra una señal con su mano junto a una barricada en llamas durante una jornada de protesta, el 6 de enero de 2022, en Pétion-ville (Haití). — Johnson Sabin / efe

Desde el asesinato del presidente Moïse en julio, el país caribeño sigue a la deriva, con un gobierno interino muy cuestionado, el auge de las pandillas criminales y la incompetencia de la comunidad internacional

 

Al periodista haitiano Jean Dominique, azote de los poderosos, lo mataron el 3 de abril de 2000 a la puerta de la emisora de radio donde trabajaba en Puerto Príncipe. Había sido un feroz opositor a la dictadura de los Duvalier (1957-1986) y desde los micrófonos de Radio Haití-Inter también denunciaba la corrupción enquistada en las instituciones democráticas. A día de hoy todavía no se sabe quién lo mandó matar. Dos décadas después de ese crimen que conmocionó a Haití, nada parece haber cambiado en ese rincón del Caribe. La impunidad campa a sus anchas. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado ha dejado un país ingobernable, cada vez más empobrecido, víctima de las constantes rencillas entre la clase política y dominado por unas violentas pandillas que pretenden suplantar al Estado ante la incompetencia de la comunidad internacional.

Secuestros, asesinatos y extorsiones son el pan de cada día en Haití. El año pasado se registraron casi mil secuestros, entre ellos los de 55 extranjeros, según el Centro de Análisis e Investigaciones de Derechos Humanos de Haití (CARDH). El primer ministro, Ariel Henry, salía ileso de un atentado a principios de este mes. Desde el gobierno se acusa del ataque a bandas del crimen organizado. Apoyado en un primer momento por el denominado Core Group (EE.UU., Canadá y Francia, entre otros países), Henry ha ido perdiendo credibilidad desde que la justicia lo vinculara con el magnicidio. El fiscal Bedford Claude reveló en septiembre que Henry había hablado por teléfono horas después del atentado con uno de los principales sospechosos del caso, Joseph Badio, y pidió que se abriera una investigación al respecto. Para defenderse, el primer ministro pasó a la ofensiva y ordenó al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, que cesara al fiscal. Como Vincent no le hizo caso, Henry destituyó al ministro y despidió al fiscal de una tacada.

Hay cerca de medio centenar de personas arrestadas por el asesinato de Moïse, entre ellas 18 mercenarios colombianos y varios mandos policiales haitianos. Pero no se ha podido demostrar todavía quiénes fueron los autores intelectuales de un atentado que tiene muchos interrogantes sin resolver. Los miembros de la seguridad del mandatario no opusieron resistencia al comando armado que irrumpió en la residencia presidencial el 7 de julio. En una entrevista con The New York Times, Rodolphe Jaar, empresario ligado en el pasado al narcotráfico, ha admitido su colaboración en la trama. Según su relato, puso 130.000 dólares de su bolsillo, armas y una casa para albergar a los exmilitares colombianos.

Ahora que acaba de ser detenido en República Dominicana a petición de Estados Unidos, tal vez tenga tiempo para dar más explicaciones. Entre otras revelaciones, Jaar le contó al diario norteamericano que Badio le había hablado maravillas de Henry, un aliado político al que supuestamente tenía bajo su control. El plan inicial era deponer a Moïse pero no matarlo, de acuerdo con la declaración de Jaar, quien se habría unido a la confabulación después de que Badio le asegurara que los conspiradores contaban con el apoyo de Estados Unidos. Según esa hipótesis, Moïse, en el poder desde 2017, habría perdido el favor de Washington por su errática forma de gobernar.

El académico haitiano Laennec Hurbon, lamentaba ya en febrero de 2021 la "deriva autoritaria" de Moïse. En un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad, Hurbon señalaba también la responsabilidad de la Casa Blanca: "La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato (de cinco años) finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional, representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití (…) Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe". Moïse pretendía permanecer en el poder hasta febrero de 2022, bajo el argumento de que tardó un año en asumir el cargo debido a las irregularidades detectadas en los comicios de finales de 2015 y la repetición electoral un año después. En enero de 2020 disolvió el Parlamento y se negó a convocar elecciones legislativas.

Mientras la investigación del magnicidio continúa, Haití sigue tan inestable como siempre. El asesinato de Moïse provocó una dura pugna por el control del poder. Henry, un neurocirujano de 72 años que ya fue ministro del Interior en el gobierno de Michel Martelly (2011-2016), se impuso a sus rivales con la promesa de una reforma constitucional y una convocatoria electoral. No ha cumplido su palabra todavía, aunque se espera que lo haga a lo largo de este año.

En todo caso, Haití precisa de un consenso social y político previo a cualquier proceso electoral, y un mayor esfuerzo de la comunidad internacional para aliviar la grave crisis humanitaria que padece. Como si se tratara de una maldición bíblica, la tierra tembló otra vez un mes después del magnicidio. Aunque el terremoto del 14 de agosto no fue tan devastador como el de 2010 (en el que murieron unas 300.000 personas), hubo más de 2.000 muertos y 300 desaparecidos.

El poder de las pandillas

A la inestabilidad política se suma la cada vez más violenta presencia de las pandillas criminales en las calles de la capital. Hombres armados mataron hace diez días a dos periodistas que investigaban precisamente sobre las disputas entre bandas rivales en un barrio de Puerto Príncipe. Históricamente, el poder político se ha valido de esas pandillas, a las que ha formado y financiado con la ayuda de empresarios sin escrúpulos. Los sátrapas François y Jean-Claude Duvalier tenían como fuerza de choque a los tristemente célebres Tontons-Macoutes. Ya en democracia, Jean-Bertrand Aristide contó en sus diferentes mandatos con el fanatismo de los Chimères. Y Moïse también se apoyó en varias pandillas.

El informe anual de Human Rights Watch denuncia esa connivencia entre actores institucionales y un centenar de grupos armados. Pero esa dinámica podría estar cambiando. Organizaciones de Derechos Humanos de Haití alertan sobre la creciente independencia de las bandas, cuyo perfil va pareciéndose al de las maras centroamericanas. Un caso paradigmático es el de la G-9 an fanmi (G9 y familia, una alianza de nueve pandillas), comandada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y acusada de varias masacres. A mediados de septiembre, las pandillas pusieron en jaque al país al tomar varios puertos y hacerse con el control de los depósitos de combustible.

La encrucijada en la que se encuentra Haití no tiene visos de resolverse a medio plazo. Dos millones de haitianos (casi el 20% de la población) han emigrado en los últimos años. Para el 50% de los que se quedan, la lucha por la vida se libra con menos de dos dólares al día. No hay soluciones fáciles para el país caribeño, hundido en una recesión económica y castigado también por la pandemia. Un reciente informe del International Crisis Group sugiere que antes de embarcarse en un proceso electoral, Haití debería acometer sin más dilación reformas profundas con la ayuda de la comunidad internacional: “Los donantes y organismos extranjeros deben actuar de inmediato para respaldar reformas al poder judicial, a la policía y al sistema penitenciario, enfocadas en la lucha contra los delitos graves de alto impacto".

Jean Dominique era la voz de los que no tienen voz. Desde los micrófonos de Radio Haití-Inter les hablaba en créole a esos miles de haitianos que nacen y mueren en una bidonville. Pese a las amenazas de muerte recibidas, denunció hasta el último momento a políticos y empresarios corruptos. Soñaba con un Haití más justo, menos desigual. Casi veintidós años después de que silenciaran su voz, la corrupción, la violencia institucional y una pobreza secular son todavía las señas de identidad de un territorio ingobernable.

16/01/2022 21:26

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Domingo, 16 Enero 2022 05:55

Cuba, razones de una crisis

Cuba, razones de una crisis

La isla caribeña arrastra una crisis multidimensional, con dificultades similares a otros países del viejo «socialismo real». Una capa de promesas incumplidas, cansancio social y poder burocrático se cierne sobre la población cubana. Los sacrificios que impone una revolución son parte de un horizonte de cambio en la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos.

 

La pandemia de covid-19 colocó al mundo ante una situación terrible. La crisis es global y sus consecuencias serán perdurables. Muchos argumentan, con razón, que las lecciones de esta época imprimirán cambios de toda índole a escala mundial en las relaciones humanas, culturales, laborales y políticas. Cuba no es una excepción. Soportar los embates de la pandemia ha tenido un costo altísimo para las personas, las familias y el Estado. Sin embargo, en nuestro caso, la epidemia encontró a la Isla en uno de sus peores momentos, tanto en el plano económico, como social y político. En este texto examinaré los primeros. Me apoyaré para ello, sobre todo, en publicaciones del equipo de articulistas de La Joven Cuba, que hemos acompañado desde nuestros análisis, con  objetividad, responsabilidad y civismo, a la sociedad cubana.

Mucho antes de que el virus apareciera, la situación en Cuba era en extremo complicada. El desgaste del modelo de socialismo burocrático es de vieja data y, dado el más elemental sentido de discernimiento, requería cambiarse desde que ocurrió el derrumbe del campo socialista. Tenemos treinta años de retraso. De hecho, las reformas anunciadas por Raúl Castro en julio de 2007, casi quince años atrás, ya estaban rezagadas. Por si fuera poco, su demora en aplicarse en unos casos, y su no implementación en la mayoría, generarían resultados fatales. Nuestra burocracia dirigente nunca imaginó que un murciélago pudiera ser su más implacable catalizador.

Un artículo que escribí el último día del 2018 me permite recordar que no necesitábamos de la pandemia para ir cuesta abajo:

«Otro año concluye y con él las esperanzas de que la situación económica de los cubanos mejore. A mediados del 2017 el anterior presidente del Consejo de Estado y de Ministros explicó que la economía decrecería en el segundo semestre de ese año y aún para el primero del 2018, pero que después de esa fecha se apreciaría una recuperación en los suministros y una tendencia hacia la mejoría. Nuestro gobierno, una vez más, ha sido incapaz de un vaticinio correcto en el corto plazo. Los pronósticos de 2018 fueron particularmente erróneos y pendulares. Si el verano comenzó con una campaña totalmente enajenada del contexto insular, donde se le pedía a la familia cubana que disfrutara Cuba con alegría; el año casi finaliza y sabemos que la economía apenas creció 1%, y en las reuniones del presidente Miguel Díaz-Canel con el Consejo de Ministros se ha insistido en que van a disminuir todavía más las importaciones.

Diciembre, que debería ser un mes alegre, se torna sombrío. La escasez de harina ha reducido la producción de pan y existen largas colas en las panaderías; el precio de la carne de cerdo asciende por días en un mes de tradicional aumento de la demanda, y ya es exorbitante; el importe de los vegetales es tal que parecen cosechados en invernaderos del ártico para ser vendidos en el trópico; el detergente y el aceite son acaparados, pues es vox populi que los proveedores vietnamitas de detergente no garantizan el producto hasta que no se les pague lo adeudado, ¿será cierto?».

El 2019 no sería mucho mejor. Los medios cubanos lo anunciaban, apenas comenzado, como un año «de grandes desafíos». Casi en los meses finales se produjo una semiparalización del país, denominada eufemísticamente «situación coyuntural» por el presidente Miguel Díaz-Canel. Todos sabíamos que era una crisis estructural y sistémica. 

Cuba no es ya una nación eminentemente agrícola, como fue durante casi toda su historia, en la actualidad no logramos producir alimentos para el sustento de una población que, lejos de crecer, disminuye de manera constante; mucho menos para exportar. Aunque no éramos un país industrializado, al menos tuvimos una industria base como la azucarera, que generaba cadenas productivas, alimento para las personas y el ganado y energía renovable.

Como bien ha señalado el economista Juan Triana, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, la pérdida de esa industria afectó el desarrollo de diversos sectores asociados que se nutrían de ella:

«(…) además de azúcar, la industria de la caña puede producir energía, alcohol, CO2, levaduras -Torula forrajera y Saccharomyces, que nos permitiría sustituir la importación de alimento para pienso- tableros y composites de bagazo -ahora que necesitamos tanta madera para la construcción- sorbitol, bioestimulantes, productos químicos industriales, furfural y alcohol furfurílico, biofertilizantes, azospirillum, azotobacter y rizobium, compost, residuales líquidos, herbicidas, medicamentos de uso humano y animal, y alimento humano».

La decisión de desmontar la industria del azúcar, anunciada hace dos décadas, bajo la fórmula «reestructuración azucarera» (abril de 2002), fue uno de los mayores desastres económicos de la historia nacional. Nos convertimos, de un país exportador, en importador de azúcar.

La industria nacional, como explica el economista cubano Mauricio de Miranda, profesor titular de la Universidad Javeriana de Cali, en el artículo «El «modelo» económico cubano y la persistencia del subdesarrollo», está colapsada: «Muestra de ello es que muchas empresas industriales estatales se encuentran paralizadas por obsolescencia tecnológica y/o escasez de materias primas, mientras las exiguas divisas en manos del Estado impiden las inversiones necesarias para relanzar el sector industrial».

Los paisajes cubanos, llenos de cañaverales, devinieron terrenos desatendidos donde no se distinguían los sembradíos ni el ganado. En un artículo aparecido en el periódico Granma en diciembre de 2002, el periodista Juan Varela Pérez informaba sobre una intervención de Ulises Rosales del Toro, entonces ministro de la Industria Azucarera, en el Parlamento:

«Varios diputados preguntaron sobre las perspectivas del MINAZ [Ministerio del Azúcar] en el uso de las tierras liberadas de caña y la producción de alimentos. Para cumplir esta misión, puntualizó Rosales del Toro, se trabaja desde mayo último, junto a otros organismos e instituciones, en varios subprogramas y esperamos, dijo, emplear óptimamente los recursos disponibles en beneficio de la alimentación del pueblo».

Otra meta incumplida. La burocracia cifraría sus esperanzas en el desarrollo del turismo y en la exportación de servicios profesionales, dos rubros fluctuantes ante influencias geopolíticas y altibajos globales. La pérdida de la preferencia electoral por algunos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, la crisis en Venezuela y la consiguiente disminución del suministro de petróleo a Cuba, el endurecimiento de la hostilidad de los gobiernos estadounidenses y el endurecimiento del bloqueo, junto a la pandemia de covid-19, han demostrado que una economía eminentemente de servicios es un error garrafal para un país como Cuba, tan dependiente de alianzas ideológicas.

En los últimos años, la estructura de inversiones en la Isla se tornó asimétrica. El turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles, ya no solo en playas sino en ciudades, cada vez más lujosos y confortables, destinados a un sector de turistas de alto nivel adquisitivo. Mientras tanto, se invertía menos en sectores claves como agricultura, salud, educación y ciencia. Se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados, en un país donde los hipertensos y los diabéticos proliferan.

En su exhaustivo reportaje sobre la crisis de medicamentos en Cuba, el periodista José Manuel Pérez Rubines nos dice: «El ‘Portafolio de Inversiones de BioCubaFarma 2018’, último publicado, (…) propone una inversión en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel para erigir una planta con capacidad productora de 5.000 millones de unidades». No obstante, aclara que tales datos «tienen una antigüedad de tres años, por lo que habría que constatar si el proyecto de construcción de la planta productora de medicamentos se concretó».

Todo parece indicar que no se hicieron las inversiones comprometidas, pues, según cifras ofrecidas por el periodista: «en febrero de 2020, un mes antes de que se detectara el primer caso de covid-19 en la Isla, el reporte arrojaba un faltante de 78 fármacos en marzo, 86 en abril, 98 en mayo, 94 en junio, 85 en julio, 88 en agosto, 84 en septiembre, 93 y 80 en octubre, fecha de su última publicación».

Si bien Raúl Castro ocupó la presidencia interina del Consejo de Estado y de Ministros desde 2006 -cuando enfermara su hermano Fidel-, y lanzó su proyecto de reformas en el 2007, durante el primer acto por el 26 de Julio en que fungió como tal; no fue hasta su nombramiento/elección oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, que empezó a poner énfasis en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas».

Tal proceso fue paulatino pero expedito. Si en casi todo el resto del paquete de reformas hubo pausas, aquí sí se actuó con prisas. Entre 2016 y 2020, la inversión en salud y ssistencia social disminuiría en dos tercios: de 232,6 a 84,5 millones de pesos. En consecuencia, aumentaron en esos años la pobreza y la desigualdad. Parámetros exitosos hasta los años 80, como la «tasa de mortalidad», con tendencia a la disminución -aunque con un repunte durante la crisis de la década de 1990-, comenzaron a crecer nuevamente. En el análisis de la variación de ese parámetro en Cuba, Mario Valdés Navia explica que «entre 2007 y 2008 se produjo un salto de 4.496 fallecidos, al incrementarse de 81.927 a 86.423. Otro pico ocurrió desde 2016 a 2017, cuando la cifra de decesos escaló de 99.388 a 106.949, es decir, 7.561 fallecimientos más». A partir de entonces ha continuado en ascenso. En 2020 se produjeron 112.441 muertes. Esto representó 32.779 más defunciones que en el peor año del Período Especial (1996), cuando fallecieron 79.662 cubanos y cubanas.

El investigador relaciona este aumento de la tasa de mortalidad con dos elementos: «por un lado, la falta de mantenimiento de los hospitales, la reducción de servicios municipales en muchas provincias y la escasez de medicinas, insumos y equipamiento; por otra, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad cubana».

Uno de los servicios hospitalarios afectados fue el de obstetricia. En marzo del 2019, a raíz de la celebración del X Congreso de la FMC, apunté que no se evidenció en las sesiones una preocupación real por las condiciones de las mujeres cubanas al no mencionarse siquiera:

«La desaparición de los programas de atención obstétrica en los municipios donde existían, al menos es lo que ha ocurrido en la provincia de Matanzas, y su concentración en el hospital de la cabecera provincial. Esto ha generado un gran hacinamiento, a pesar del traslado del centro para otro más amplio, y las familias que viven lejos de la ciudad deben desembolsar de la ya precaria economía doméstica para sufragar gastos de transporte».

Evidentemente en todas las provincias aconteció algo parecido, y aunque el aumento de la mortalidad infantil y maternas, dadas a conocer hace pocos díasdadas a conocer hace pocos días, fue relacionada con muertes por covid-19, habría que verificarlo. Las cifras muestran una mortalidad infantil de 7,6 por cada mil niños nacidos vivos. Esto indica un crecimiento de 55,1% en comparación con el año 2020 (4,9) y de 91,77% con el 2018 (3,9). La mortalidad materna fue aún superior: 175 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, que significa un incremento del 341%. La pandemia influyó indudablemente, eso se conoce, pero ¿cuánto lo hizo el inicio inesperado de un parto complejo lejos de servicios especializados?, ¿cuánto se relacionan los niños de bajo peso al nacer o prematuridad con la desnutrición en algunos casos y la falta de tratamientos prenatales y vitaminas para las embarazadas?       

En el análisis de Mario Valdés, también se expone que el recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente en etapas en que los ingresos por exportación de servicios médico-farmacéuticos fueron la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo (2006-2018). Es lógico entonces que arribe a esta conclusión: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción». 

Un sector vulnerable en todos estos años fueron los asistenciados. Así lo expresa el profundo reportaje «El ordenamiento de la resistencia», de la estudiante de periodismo Karla R. Albert. En él se cita a Carmelo Mesa-Lago, economista cubano y catedrático por la Universidad de Pittsburg, que apunta que el valor de las pensiones entre 1989 y 2018, respecto a los precios, había descendido a la mitad ajustado a la inflación. ¿Cuánto representará ese valor actualmente?

En Cuba es difícil acceder a datos estadísticos sobre la pobreza, pues no existen cifras oficiales. Pero la socióloga cubana Mayra Espina, especialista en el tema, afirma que en La Habana el índice de pobreza ascendió del 6 al 20% entre 1988 y el 2002. Podemos imaginar la situación actual.

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población vulnerable, sin embargo, como sostiene Karla R. Albert en su trabajo, «ocurrió lo contrario»: «Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2,2% a 0,3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%». Ello se explica mayormente, según Mesa-Lago, «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles».

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el deterioro marcado de los indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo en un 61% en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total, pasó del 5,3% al 2,1%. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de CUP por «depuración de beneficiarios».

Los jubilados constituyen otro sector vulnerable, que fue creciendo sostenidamente junto al envejecimiento poblacional. Actualmente existen alrededor de 1,7 millones de personas en esa condición. El economista Mauricio de Miranda dedicó su artículo «Los jubilados de la Revolución» a las medidas tomadas respecto de este sector y muestra el desfase considerable del sistema de pensiones cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

¿Cómo entender estos inmensos recortes? Entre 2009 y 2017, la normalización de la deuda externa del país -declarada como «impagable» por Fidel Castro durante años- tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó alrededor de 23.000 millones de dólares, lo que, como concluye Valdés, «limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos».

A ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de París, congelada desde hacía más de tres décadas. Se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en dieciocho años para acceder a créditos. Encaminados a cumplir estas obligaciones, desde 2009 comenzó una política de ajustes que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones. A la par, disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno, en particular los alimentos, al no realizarse en la secuencia lógica las reformas concebidas y prometidas, que debían estimular a los productores nacionales a sustituir importaciones.

Al unísono, se decidieron medidas que afectaron la alimentación pública. Una de las peores fue el cierre de los comedores obreros, iniciada en 2009 y generalizada al siguiente año. Solo en sectores específicos se sustituyó por el pago de un estipendio monetario. Tres millones y medio de personas fueron afectadas por el cierre de 24.000 comedores. La mayor parte de los cubanos debió llevar sus alimentos al trabajo… si podían hacerlo. Un factor agravante fue que también en 2009 se echó por tierra una conquista obrera que había establecido la edad de jubilación laboral en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Desde entonces fueron aumentados cinco años en cada categoría de género. Es decir, personas más envejecidas dejaron de contar con la seguridad de su almuerzo. 

Raúl Castro había dicho en agosto de 2009 , ante los diputados: «Hay subsidios para prestaciones sociales que son poco eficaces o, peor aún, hacen que algunos no sientan la necesidad de trabajar». Imagino que lo aplaudieron. Apenas dos meses después, el 9 de octubre de 2009, el periodista Lázaro Barredo publicó en Granma el artículo «Él es paternalista, tú eres paternalista, yo soy paternalista…». Allí se quejaba de que «la Revolución fue desde sus inicios un torrente de justicia, que no siempre ha sido correspondido», y adjudicaba a la sociedad cubana una serie de «vicios o costumbres» que impedían «que nuestro proyecto socialista salga adelante», uno de ellos era: «El síndrome del pichón: andamos con la boca abierta porque buena parte de los mecanismos que hemos diseñado están concebidos para que nos lo den todo (…)».

Se iniciaba así la tendencia, hoy en su clímax, de culpar al pueblo por los resultados de las políticas erróneas, las pésimas decisiones y la ineptitud de la burocracia dirigente. Muchos de nuestros políticos, y también algunas personas de buena fe, recuerdan con nostalgia el trienio del deshielo con Barack Obama, entre 2014 y 2016, y aseguran que si al menos se quitaran las más de 243 medidas tomadas por Donald Trump y mantenidas por Joa Biden, la economía cubana enrumbaría un sendero exitoso. Pero las estadísticas hablan de una «década perdida» para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020 y de un deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía que viene de antes. Trump asumió el poder en 2017, sería injusto atribuirle toda la responsabilidad.

Puestos entonces entre la espada y la pared, y ya en medio de la pandemia, nuestra burocracia decidió «agilizar» las cosas. Se habían perdido catorce años. O en realidad veintinueve. En diciembre de 2020 fue anunciada la «Tarea Ordenamiento», a comenzar en enero de 2021. En su fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre, sentado al lado de un silencioso primer secretario del Partido que muy pronto entregaría el mando -dudoso honor ante lo que se avecinaba- el presidente resaltó que «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo».

Creo innecesario enjuiciar esa declaración a la altura de los resultados que el Ordenamiento ha ocasionado. Solo citaría lo dicho al respecto por el investigador Mario Valdés: «Es penoso constatar cuánto tiempo se perdió entre los años 2011 y 2018 para reposicionar al peso cubano como divisa nacional y en qué momento tan difícil se decidió ejecutar la “Tarea Ordenamiento”».

Si la extensión de la pobreza y la desigualdad eran innegables desde antes de Trump y la pandemia, la determinación de abrir, en medio de esta crisis, comercios donde únicamente pueden adquirir productos -muchos de ellos de fabricación nacional- los poseedores de dólares y divisas, en ausencia además de otros avituallamientos en moneda nacional, ha creado un abismo de penurias, injusticia y corrupción en la sociedad cubana.

Ya el Informe Central al VIII Congreso del PCC, celebrado en abril de 2021, develó con toda crudeza que los objetivos fundacionales de la Revolución socialista molestaban a los intereses reales de la burocracia. En el artículo «La despedida de Raúl Castro» cuestioné su discurso, que mostró irritación, inflexibilidad y sobre todo, una falta tremenda de empatía. En su intervención señaló que «la economía cubana en los últimos cinco años ha mostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que representa el recrudecido bloqueo», cuando debió reconocer que son las cubanas y cubanos los que hemos mostrado una heroica capacidad de resistencia, no solo contra el bloqueo, sino contra los errores, la lentitud y el dogmatismo de los que determinan la política económica en Cuba.

Convocó también a «borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la capacitación del capital extranjero». Tales prejuicios fueron impuestos por la misma clase burocrática que hoy nos pide un cambio de mentalidad. Seguramente piensa que debemos borrar otras cosas, como el rechazo -del que nos enorgullecíamos-, al crecimiento de la desigualdad social. La crítica del anciano político a la «cierta confusión» de algunos cuadros que alertaron de la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada en Cuba, desconoció un problema de primera magnitud que ha generado lo que Mario Valdés denominó, con amarga ironía, «un malestar general».

El modelo cubano actual, como argumenta De Miranda en su artículo ya citado, solo conduce a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada. Nada diferente a eso hemos tenido en las últimas tres décadas.

El principal eslogan del presidente Díaz-Canel desde su llegada al gobierno ha sido presentarse como «continuidad». Pero claramente no se trata de continuidad respecto a los objetivos sociales fundacionales de la Revolución, sino de una prolongación del proceso de ajustes que se apartó de esos objetivos. En el momento en que fue designado como presidente de Cuba, le dediqué un artículo, «El verdadero cambio», en el cual lo exhortaba:

«(…) rechacemos tanto las gratuidades indebidas, que no sabemos a ciencia cierta cuáles son, y aboguemos por el control y la participación de los trabajadores en las decisiones y en la gestión de los planes de producción. Abandonemos los privilegios con que vive la casta burocrática, empresarial y política, para que sintiéndose más cerca del pueblo, y en condiciones similares, se apresure en lograr resultados. En fin, más prisa y menos pausas. Ese es el verdadero cambio que necesitamos».

En el año que acaba de concluir se cumplieron 35 del anuncio del «Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas», veintisiete de la dualidad monetaria (en su primera temporada), veintiséis de la creación del holding Gaesa, catorce del estreno del «Proceso de actualización de la economía cubana», diez de la puesta en marcha del experimento interminable de Artemisa y Mayabeque y ocho de que se aprobara el decreto de creación de la zona de desarrollo del Mariel.

Ahora será el año I de la indicación de Raúl Castro para la salvación de la industria azucarera. Nos movemos sí, pero en un enorme círculo de consignas, proyectos y planes incumplidos, en el cual se desgastan generaciones, se frustran proyectos vitales y se separan familias. Desde hace tres años mueren en Cuba más personas que las que nacen. El círculo ha devenido órbita de extinción y para ese mal no se crean vacunas, como para el covid-19. Como explica Mauricio de Miranda: «El caso cubano ejemplifica la persistencia de un modelo económico con pésimos resultados en términos de prosperidad y bienestar, al punto de mantener la vida de la mayor parte de la población en constante lucha por la subsistencia cotidiana».

Igual a lo acontecido en otras experiencias del «socialismo real», en las que un partido único y antidemocrático usurpó el poder popular, la burocracia en Cuba paulatinamente se ha convertido en una clase, con modo de vida muy diferente al de la mayor parte de la ciudadanía, lo que es evidente entre sus retoños más nuevos. Con razón Mario Valdés la denominó «la burocracia conquistadora».

Es una clase que no desea perder ningún privilegio político que le impida el derecho a administrar la propiedad que legalmente se reconoce como social, pero que no logra transitar felizmente caminos de reforma, todos se van cerrando al final sin conseguir los objetivos propuestos.

La existencia de una clase de burócratas debe ser considerada también teniendo en cuenta su actitud ante la agudización de la crisis económica. ¿Cuál es su propuesta concreta para sumarse a la austeridad y al ahorro que tanto le piden al pueblo? Es muy cierto lo que afirma en su texto «Ellos y nosotros, sus hijos y los nuestros…» la doctora e investigadora cubana Ivette García: «Una clase que no rinde cuentas, que no declara su patrimonio personal, que tiene un enemigo externo al que puede culpar de todo, que controla los medios, mantiene oculta su vida privada y no precisa del voto popular, no siente compromiso más que con ella misma. Puede construir un capitalismo de la peor especie y vestirse con desfachatez de socialista para la escena pública».

En Cuba existe un enorme aparato de dirección, partidista y estatal, que lejos de disminuir tiende a incrementarse. Un país empobrecido como el nuestro, cuya economía prácticamente no crece desde hace casi una década, no puede mantener tal derroche de recursos materiales y humanos al sostener dos formas de dirección, una que orienta y otra que gobierna. No necesitamos que la doctora Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) nos pida más sacrificio; ni que el presidente Díaz-Canel ofrezca construir un monumento al pueblo. Precisamos que los que dirigen este país se hagan responsables de sus errores, que rindan verdadera cuenta de las finanzas públicas, que informen con transparencia de las decisiones relativas, por ejemplo, al pago de la deuda externa; y sobre todo, exigimos que sea la ciudadanía la que decida si pueden permanecer en sus cargos mediante elecciones generales y secretas para todos los altos cargos públicos.

La intención explícita de los cambios en Cuba, es, como señaló Martha Prieto en un debate en la revista Temas, que «las transformaciones que prevén los Lineamientos y el Modelo son económico-sociales, no políticas». Eso precisamente ha hecho inviable a las reformas. Necesitamos transformaciones políticas, y con urgencia.

En su artículo «La realidad cubana actual y las lecciones de la historia», Mauricio de Miranda analiza cómo el derrumbe del socialismo en Europa Oriental demostró que «(…) cuando el liderazgo no está a la altura de las circunstancias, no evalúa objetivamente la realidad económica, política y social y no interpreta adecuadamente el sentir de la sociedad o de una parte de ella, se producen fracturas que conducen a protestas sociales. La represión de las mismas solo genera un agravamiento de los conflictos y estimula acciones violentas».

Una revolución, y los sacrificios que ella impone, se aceptan para cambiar y mejorar la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos. Lo ocurrido el 11 de julio no fue, como afirma el gobierno, un golpe blando de mercenarios pagados desde el exterior, fue la reacción tardía de una parte del pueblo que no puede sufrir más los rigores de la pobreza y los ajustes de un semi-neoliberalismo con maquillaje socialista.

Fue el alarido de una ciudadanía que necesita cambios y seguridad en el futuro y que no confía en la clase burocrática que nos dirige hace demasiado tiempo. Los gritos de «Libertad» significan, primero que todo, libertad para elegir y sustituir a los corruptos, los ineficientes y los ineptos.

Nota: este artículo fue publicado originalmente en la revistaLa Joven Cuba. Es el primero de dos artículos, el segundo tratará los problemas políticos

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El 80 por ciento, sin estrategias y confundido

Un año después del alzamiento zapatista, durante el Foro sobre el estado del mundo (State of the World Forum) en San Francisco, en 1995, miembros destacados de las élites globales comentaron las estrategias que vienen diseñando.

Como se sabe, porque el tema ha sido difundido en libros y en muchos medios, Zbigniew Brzezinski (ex consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter e ideólogo del neoliberalismo) expuso su idea, la Sociedad 20-80, que se ha convertido en paradigma de las clases dominantes, aunque se niegan a repetirlo por razones más que obvias.

Enfatiza que 20 por ciento de la población mundial, es suficiente para sostener el sistema económico y que 80 por ciento restante no tendrá ni empleo, ni oportunidades, ni futuro. El primer sector es el que participa de los beneficios del sistema: consumo de calidad, sanidad y educación privadas y empleos en empresas de alta tecnología.

Los de abajo, ese inmenso 80 por ciento, consumen comida chatarra, llenan la panza, pero no se alimentan, son adormecido con entretenimientos que los aturden y les impiden comprender lo que sucede alrededor. Los de arriba leen libros y periódicos, asisten a universidades, viajan y tienen capacidad de ahorro. Los demás sólo miran televisión, telenovelas y partidos de futbol.

Bzrezisnki acuñó el término tittytainment (pechos más entretenimiento, en el sentido del adormecimiento de los bebés cuando son amamantados), para dar cuenta de cómo tratan a las mayorías del sistema-mundo.

Hasta aquí un panorama bastante conocido de lo que sucede en el mundo actual, digamos posterior a la implosión de la Unión Soviética. Se pueden discutir los porcentajes (20-80 o 30-70), pero parece fuera de discusión que el mundo está dividido en estos dos sectores: los que sostienen el sistema y los descartables.

El problema principal, es el que apunta Carlos Fazio con base en el análisis del sicoanalista Mattias Desmet (https://bit.ly/3K26qK6). Encuentro que el llamado "grupo disidente" debe ser bastante inferior al 30 por ciento que se menciona en el artículo. Ojalá seamos 10 por ciento, pero me parece inconducente detenernos en la cuestión de los porcentajes.

El tema central es si hay posibilidad de unirnos, como apunta Fazio, y cuáles son las dificultades que enfrentamos para hacerlo. Entiendo que hay varios problemas a superar, tanto estructurales como culturales.

La primera dificultad son las naturales diferencias del sector antisistema, destacando las sexuales y de género, las contradicciones y desencuentros entre generaciones, las de color de piel, geografías y culturas, que dificultan la creación de un "nosotros", una identidad colectiva o, en su lugar, espacios de confluencias entre diferentes y diferencias.

En segundo lugar, entre quienes nos definimos anticapitalistas no tenemos consensos antipatriarcales y anticoloniales, por lo que el machismo y el racismo siguen provocando escisiones y rupturas. Conozco unos cuantos colectivos que han quebrado, literalmente, por la actitud machista de algunos integrantes.

La cultura política estatista o estadocéntrica, es la tercera dificultad a superar. No podemos pasar por alto que la adhesión a las políticas sociales –como expresión de la cultura estatista– sigue siendo mayoritaria en el campo del 80 por ciento, entre los de abajo. Por el contrario, la tensión por la autonomía y el autogobierno son minoritarias, aun entre movimientos que trabajan en esa dirección.

Sin poner nombres, conocemos importantes movimientos de pueblos cuyas comunidades sobreviven del cultivo de drogas, lo que contradice brutalmente los objetivos trazados, ya que los convierte en rehenes del narcotráfico y, por tanto, de grupos paramilitares y del propio Estado.

Sin embargo, una dificultad mayor para actuar conjuntamente, que divide profundamente a los movimientos y organizaciones, proviene de la izquierda. Una parte central del entretenimiento aturdidor es el sistema político, el circo electoral: pan y circo, decían los romanos, que hoy podemos traducir como políticas sociales y campañas electorales.

La izquierda de arriba, la electoral e institucional, es parte central del entretenimiento que ofrece el sistema, con su promesa de renovación cada cuatro o seis años, apelando al mismo marketing que se usa para vender jabones. Profesa la cultura del consumismo que caracteriza al capitalismo y ha secuestrado la política electoral.

Esta izquierda quedó atrapada en el binomio dictadura o democracia, apoyando siempre al "mal menor", aun sabiendo que de ese modo no se puede construir nada distinto.

Más allá de cuántos sean los verdaderamente empeñados en superar este sistema, lo que parece decisivo es avanzar hacia autonomías territoriales donde ejercer autogobiernos, capaces de crear mundos nuevos. Su multiplicación, será por contagio.

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Justicia: el grito de las madres de las víctimas de disparos de la Policía en Colombia

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo

Cali / Medellín - 12 ene 2022 - 16:02 COT

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

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El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano visitan el batallón blanco de un coche bomba en Cúcuta, el 15 de junio.NICOLAS GALEANO / HANDOUT (EFE)

La imagen de militares y policías se resquebraja entre la represión de las protestas, la crisis de seguridad y las controversias del ministro de Defensa de Iván Duque

 

En Colombia, la firma de la paz con la extinta guerrilla de las FARC hace ya cinco años provocó una profunda transición ante la cual los militares no han podido adaptarse con la velocidad requerida, y la Policía Nacional tampoco ha sabido responder en este 2021 al desafío que representaba la oleada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, un inédito estallido social. El país se encamina a cerrar el año con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2014, según datos del propio ministerio de Defensa. Y en medio de esa crisis que evidencian múltiples indicadores, una sucesión de escándalos ha resquebrajado la imagen de los uniformados.

Tanto militares como policías han estado rodeados por la controversia durante los tres años largos del Gobierno de Duque, en medio de un clima de deterioro de la seguridad que incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, el aumento de las masacres y repetidos episodios de brutalidad policial. También, en junio, un ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el propio Duque en Cúcuta, una ciudad fronteriza que ha sido blanco de varios atentados, entre ellos un carro bomba contra una instalación militar. La larga lista de polémicas ha provocado diversos cuestionamientos con relación a la formación y la doctrina de las fuerzas de seguridad colombianas.

Aunque el Gobierno ha respondido a las múltiples denuncias con una defensa cerrada de la fuerza pública, y Duque incluso escenificó una famosa foto con el uniforme de la policía en el momento más crítico, la percepción ciudadana históricamente favorable se derrumba. Las Fuerzas Militares mantienen un 55% de imagen favorable frente a un 42% desfavorable, mientras a la policía le va peor, con un 35% de aprobación frente a un 62% de rechazo, de acuerdo con el tradicional estudio de la firma Invamer.

“Nos encontramos en un momento de reconfiguración del conflicto, pero la fuerza pública no ha cambiado suficientemente para combatir la nuevas amenazas, sobretodo en la ruralidad. Mientras los grupos armados han evolucionado, la fuerza pública no”, apunta Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group. Para esta experta es fundamental cambiar los indicadores de éxito en el ejército en favor de las comunidades y la presencia territorial. “Hoy en día éxito significa capturas, bajas y erradicación [de cultivos ilícitos], pero eso no nos dice nada sobre la situación de seguridad para los que viven en la zona”. En cuanto a la policía, añade, ve a los manifestantes como enemigos, y urge cambiar esa mentalidad. Muchas voces han pedido una reforma integral para dotarla de un carácter más civil, y sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa.

Una buena parte del desprestigio reciente se deriva de la represión de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza. El esperado informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el llamado paro nacional, presentado hace dos semanas, responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes en el marco de las manifestaciones que se iniciaron el 28 de abril. Y el año se cierra con la polémica aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana que para algunos observadores agrava los riesgos de violencia policial y privada contra los manifestantes. “Esa ley sobreprotege a la Policía pues agrava los delitos en su contra, con lo cual desestima las denuncias por sus abusos, e incrementa desproporcionadamente las penas por excesos de los manifestantes”, advertía el constitucionalista Rodrigo Uprimny en el periódico El Espectador.

El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha ido convirtiendo en un funcionario incómodo por sus salidas en falso. Desde que asumió en febrero, su gestión ha estado rodeada de un rosario de controversias. Ni siquiera la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, que el Gobierno ha intentado enmarcar como el mayor golpe contra el narcotráfico en este siglo, le ha significado un respiro. La lista de tempestades que ha cosechado es extensa. El tercer ministro de Defensa de la Administración Duque reemplazó a Carlos Holmes Trujillo, quien murió en enero por complicaciones del coronavirus, y este a su vez había asumido tras la renuncia de Guillermo Botero ante la inminente aprobación de una moción de censura, luego de haber ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Los tres han pertenecido a sectores muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque.

El propio Molano se estrenó en marzo con un escándalo por la muerte de menores en otro bombardeo contra disidencias, cuando se refirió a esas víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra”. Después, la política de seguridad para sofocar las protestas provocó que la oposición haya pedido con insistencia su cabeza. En un fallido intento de moción de censura, el senador Iván Cepeda recordó episodios como el ataque de civiles armados contra manifestantes indígenas ante la inacción de la policía en Cali, o la agresión de decenas de uniformados a defensores de derechos humanos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también señaló al Ministerio de Defensa de fingir un ciberataque para mejorar su imagen en pleno estallido social.

Molano fue el ministro peor valorado de todo el Gabinete por los más de 1.500 líderes de opinión consultados para un estudio anual de la firma Cifras y Conceptos, el tradicional Panel de Opinión divulgado en noviembre. Con 27 puntos sobre 100, fue también el ministro de Defensa peor calificado desde que se realiza la encuesta, hace 13 años, e incluso el funcionario en cualquier campo con la calificación más baja. “Lo que más deteriora la imagen de la policía es el abuso por parte de algunos de sus miembros”, señala el analista César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos. “El uribismo politiza la fuerza pública, y al hacerlo la convierte en un actor político a favor de un movimiento político. Eso es parte de lo que estamos pagando en este momento”, advierte.

A esos escándalos se añadió en noviembre otro con alcance diplomático, cuando varios uniformados exaltaron a la Alemania nazi, con esvásticas, uniformes e incluso uno de ellos disfrazado de Adolf Hitler, en un evento “pedagógico” de una escuela de policía en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. El repudio fue unánime, con protestas de las embajadas de Alemania, Israel y Estados Unidos. Algunos observadores aprovecharon la ocasión para recordar que el entomólogo chileno Alexis López ha sido invitado a dar cátedra a militares colombianos a pesar de que en su país lo han señalado como un neonazi. Y que al comienzo de las protestas, el expresidente Uribe apeló al concepto que promueve justamente Alexis López, el de la “revolución molecular disipada”.

Bogotá - 30 DIC 2021 - 12:43 ECT

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https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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MÁS LEÍDOS 2021: El escuadrón móvil antiderechos y la supresión violenta de la protesta

“El Estado en Colombia no viola los derechos humanos”, dice la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez como conclusión de lo que fue la visita de la Cidh1. Por su parte, el presidente Duque reconoce que ha habido casos de abusos policial pero que no es algo común, no son sistemáticos, y en todo caso, son investigados, judicializados y sancionados, incluso más rápido de lo que pasa en EEUU2

Son voces, simples voces, que reafirman que “no hay peor ciego que quien no quiere ver”, como sentencia el saber popular. Pero también expresión desnuda de lo que es el poder y el autoritarismo que lo refrenda. De ahí que después de negarse durante año y medio a dialogar y atender los reclamos del Comité Nacional de Paro, el Presidente deduzca que no hay motivos para las protestas, al negar que éstas hayan sido motivadas por una explosión de inconformidad, pues lo que él dice observar es un “estallido de emprendimientos y creatividad”, afectado por “algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad”3.

Sin embargo, la permanencia de la protesta por más de 60 días y la alarma de entidades nacionales e internacionales referidas a los graves hechos de violencia estatal muestran otra realidad. Los registros de la Campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas durante estos dos meses dan cuenta de: 84 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a “civiles” particulares sin identificar, y en 43 casos no se ha identificado el agresor; 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el Esmad y civiles armados no identificados; 84 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego, 298 defensoras de DDHH que hacían verificación de abusos fueron agredidos por agentes de policía; 808 mujeres han sido víctimas de violencias policiales (516 detenidas, 136 heridas, 4 asesinadas y 106 fueron víctimas de violencia basada en género); en tanto que 3.274 personas han sido detenidas, generalmente de manera arbitraria y muchas de ellas sometidas a torturas y/o tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención4

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, las agresiones en contra de periodistas superan la cifra de 300, sin que hasta el momento se conozcan resultados de las investigaciones o sanciones más allá de las declaraciones públicas realizadas por la Alcaldesa de Bogotá, la fiscalía o la presidencia. Durante estos dos meses de Paro Nacional los periodistas han sufrido 102 agresiones físicas, 45 amenazas, 26 obstrucciones al trabajo periodístico, 14 robos o eliminación de material, 17 hostigamientos y 11 detenciones ilegales, entre otras agresiones5.

El Esmad, ¿protege o violenta?

El Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– fue creado mediante Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999 de la Dirección General de la Policía, durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana. Previsto inicialmente para confrontar las movilizaciones gigantescas de los campesinos cultivadores de coca perseguidos por el Estado, se estableció de manera transitoria, pero una vez implantado el Plan Colombia con sus enfoques contrainsurgente y de “guerra contra las drogas” se decidió establecerlo de manera permanente.

Los sucesivos gobiernos le han concedido a la Policía la facultad de reglamentarse a sí misma en el ejercicio de sus actividades y procedimientos, por lo que en estos reglamentos poca coherencia con estándares de derechos humanos puede encontrarse. Ejemplo de esto son las reglamentaciones sobre el uso de armamentos que descargan contra los civiles y que a pesar de denominarlos “de letalidad reducida” han causado ya varias decenas de muertos, y cada vez más añaden nuevos dispositivos que resultan mortales. La resolución 02686 sobre dotación de armas de letalidad reducida dispone el empleo de la mayor parte de estos artefactos. Su dotación, equipamiento, accionar, tácticas operativas e ideología encarnan la más perfecta concepción de un trato a la población desde la condición de “enemiga”. 

En las condiciones impuestas al movimiento social por un gobierno como el de Iván Duque que se niega a negociar o hace uso dilatorio y burlesco del diálogo para negarse a ceder cualquier concesión a la movilización ciudadana, la noción de conservación del “orden público” o de “legalidad” se reduce casi siempre a la disolución violenta de la protesta social, previa su estigmatización y la criminalización de sus líderes o de los sectores que arriesgan para defender la vida y la integridad de los manifestantes (como el caso de la persecución, estigmatización y judicialización de jóvenes integrantes de las llamadas “primeras líneas”). 

Estas reiteradas actuaciones, perpetradas de manera arbitraria y contraria a los mandatos legales y constitucionales, llevan a que la existencia y proceder de este cuerpo de choque y contención de los derechos al reclamo y la movilización ciudadana lo hagan incompatible con los postulados básicos de un Estado Social de Derecho. No hay duda de ello, ya que no es concebible que en una democracia exista un cuerpo de agentes armados dedicados a impedir la libre expresión de los ciudadanos en las calles y a vulnerar de manera sistemática su integridad, o privarlos de su libertad o su vida cuando intentan hacerlo. La Corte Suprema de Justicia ha resumido estos patrones de actuación ilegal de este cuerpo policial afirmando que se evidencia una “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”6.

Los efectos de las actuaciones violentas, arbitrarias e indiscriminadas desplegadas con sistematicidad por este cuerpo policial desde su creación en 1999 y hasta el año 2019 causaron la muerte de al menos 59 personas7. En lo corrido del gobierno de Iván Duque la represión a la protesta social ha multiplicado las muertes de quienes reclaman en las calles, al punto que durante el año 2020 y solo hasta el mes de septiembre, la Campaña Defender la Libertad documentó 37 casos de muertes de personas asesinadas por la Policía y el Esmad en el marco de las protestas, a los que habría que añadir las 84 personas asesinadas en el marco de las protestas comenzadas el 28 de abril8

Además de los asesinatos ocasionados por el Esmad en contextos de protesta, también se denuncia que entre 2017 y 2019 la ocurrencia de 289 muertes a cargo de la Policía, según fuentes de Medicina Legal9, de las cuales solo el 0.69 por ciento ha terminado en condena, de suerte que la impunidad y connivencia estatal con sus actuaciones se convierte en un factor que impide frenar la sistematicidad de estas prácticas delictivas. En el 2020 fueron 86 las civiles víctimas de homicidios por parte de la Policía según la ONG Temblores10.

De igual manera, las denuncias indican que en 2020 se presentaron 7.992 casos de violencia interpersonal presuntamente cometida por la Policía y son la población negra y migrante los más afectados. En el caso de la población negra y contra migrantes existen 292 casos documentados. En cuanto a los casos de delitos sexuales en los que presuntamente participaron agentes policiales, se reportaron 30 durante 2020, según la ONG Temblores11. De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa entre 2014 y octubre del 2020 se han iniciado 288 investigaciones que involucran a miembros de la Fuerza Pública por violencia o abuso sexual a menores de edad, de los que la institución que más reportes de investigaciones tiene es la Policía Nacional, en la cual se abrieron 242 procesos contra uniformados involucrados en abuso y violación de menores12

En suma, tanto por su incapacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales y legales adecuadamente con sus principales funciones constitucionales, incluido el control del orden público y la prevención e investigación de los delitos en el marco de las protestas, como por su doctrina y resultados contrarios a cualquier estándar de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Esmad debe ser desmantelado pues ha demostrado ser estructuralmente incapaz de cumplir sus funciones con apego a la ley y respetar los derechos que deben ser garantizados en un Estado de Derecho.  

 

 

 

1Gutiérrez, N.P. (15 junio 2021). “La visita de la CIDH”. En: El Heraldo, Barranquilla. https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-visita-de-la-cidh-la-columna-de-nancy-gutierrez-825533

2 Infobae (2 junio 2021). Presidente Iván Duque reconoció que ha habido abuso policial, pero asegura que no es sistemático. En: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/02/presidente-ivan-duque-reconocio-que-ha-habido-abuso-policial-pero-asegura-que-no-es-sistematico/ 

3Cuarto de Hora (29 junio de 2021). En vez de «estallido social», Duque dice que ve «estallido de creatividad y emprendimiento». En: https://cuartodehora.com/2021/06/29/en-vez-de-estallido-social-duque-dice-que-ve-estallido-de-creatividad-y-emprendimiento/

4Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas (30 junio 2021). Boletín informativo 20: #ParoNacional. En: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/ 

5Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (30 junio 2021). Datos abiertos sobre agresiones a la prensa relacionadas con el cubrimiento del paro nacional en Colombia. En: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRhDY3s1iXi4BtoCSwYdqciHnOAyaENP7GiBMNzpSMLxFDpcNgTFiB6eKS70a6jGBjIwpruMqKmO9Wd/pubhtml 

6Corte Suprema de Justicia (22 junio de 2021). Sala Civil de la Corte Suprema ordena medidas para garantizar derecho a protesta pacífica. En: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/ 

7Wikipedia (2020). Escuadrón Móvil Antidisturbios. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadr%C3%B3n_M%C3%B3vil_Antidisturbios 

8Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas.

9Cote Lozano, J. S. (2021). “La Policía es responsable por 289 homicidios entre 2017 y 2019: Temblores ONG”. El Espectador, 4 de enero de 2021. p. 4 

10El Espectador (24 febrero de 2021). “Policía habría participado en el homicidio de 86 personas durante 2020: Temblores ONG”. En: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-habria-participado-en-el-homicidio-de-86-personas-durante-2020/?output-Type=amp

11Ibídem.

12El Tiempo (19 de octubre 2020). “Van 288 policías y militares investigados por abuso sexual a menores”. En: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/abuso-sexual-de-menores-cifras-de-militares-investigados-por-violacion-544080 

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Más de 300 palestinos heridos en enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania

GAZA (Sputnik) — El número de palestinos que resultaron heridos en enfrentamientos con militares israelíes en Cisjordania superó los 300, informó la Media Luna Roja Palestina.

Al menos "301 sufrieron heridas esta noche en enfrentamientos con militares israelíes en las zonas de (la aldea de) Burqa, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania", dice el comunicado.

La nota indica que 19 personas resultaron heridas por balas reales, 91 fueron alcanzadas por balazos de goma y los demás inhalaron gases lacrimógenos.

Según los palestinos, los enfrentamientos fueron causados ​​por ataques de colonos israelíes.

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