La Red para la Justicia Fiscal denuncia que, vía acuerdos opacos, hay una riqueza oculta de 10 billones de dólares a través de terceros países. Este monto equivale a más de 2.5 veces el valor de todos los billetes y monedas de dólares y euros que hay en circulación actualmente en todo el mundo.Foto Ap

Las siete economías más grandes apoyan el secreto financiero

Estados Unidos es el país que con su sistema financiero, legislación y peso económico más contribuye a que las personas de altos ingresos oculten su riqueza. Las facilidades que da la economía más grande del mundo para el encubrimiento de activos duplica a las de Suiza, de acuerdo con el Índice de Secreto Financiero de la Red para la Justicia Fiscal.

"La provisión de servicios de secreto financiero, como los que utilizan los oligarcas rusos, los evasores de impuestos y los políticos corruptos, va en descenso en todo el mundo debido a las reformas sobre transparencia", pero Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia son responsables de frenar en más de la mitad estos avances, de acuerdo con el informe. La Red para la Justicia Fiscal denuncia que, vía acuerdos opacos, hay una riqueza oculta de 10 billones de dólares a través de terceros países. Este monto equivale a más de 2.5 veces el valor de todos los billetes y monedas de dólares y euros que hay en circulación actualmente en todo el mundo.

De acuerdo con el informe, los países que encabezan el Índice de Secreto Financiero son Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, las Islas Vírgenes Británicas (territorios británicos de ultramar) y Guernsey (dependencia de la Corona británica). México está en la posición 82.

El índice identifica que la negativa de Estados Unidos al intercambio recíproco de información con las autoridades fiscales de otros países es una de sus principales contribuciones a la opacidad en la transparencia de activos; esto, mientras 100 economías comparten datos automáticamente sobre las cuentas financieras que los no residentes en sus jurisdicciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó en 2020 que ese intercambio automático de información logró aportar transparencia a más de 11 billones de dólares en patrimonio y activos que estaban ocultos, consigna el reporte de la Red para la Justicia Fiscal.

"Resulta hipócrita que Estados Unidos, en virtud de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) y los acuerdos intergubernamentales asociados (IGA, por sus siglas en inglés), sí exija que todos los países compartan información sobre las cuentas financieras en el extranjero de los contribuyentes estadunidenses, mientras que, por su parte, comparte poca o ninguna información", condena el reporte.

Se prevé que los países del G-7 se comprometan esta semana a aplicar sanciones a los activos ocultos de los oligarcas rusos, pero Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón e Italia se encuentran entre los países que más contribuyen a la opacidad en la información financiera, 12.7 por ciento en todo el mundo.

Es decir, prácticamente las siete economías más importantes del mundo, con excepción de Francia y Canadá, encabezan los listados de facilitadores para ocultar riqueza. "El G-7 debe aclarar cuál es su posición en la lucha contra el secreto financiero comprometiéndose a un registro mundial de activos", exigió Alex Cobham, director ejecutivo de la Red para la Justicia Fiscal .

El informe agrega que Rusia aumentó su contribución al secreto financiero mundial 5.5 por ciento, y pasó del puesto 44 al 43 de la clasificación, luego de promulgar una ley que permite la creación de fundaciones privadas o "fondos personales" sin que sus titulares deban estar registrados en una autoridad pública y después de que dejara de compartir estadísticas bancarias bilaterales con el Banco de Pagos Internacionales.

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Sábado, 09 Abril 2022 06:02

El asalto de los millonarios

Fuentes: Rebelión - Foto: Bezos, Buffet y Musk, tres de los hombres más ricos de EE.UU. y del mundo.

¿Qué inventó Jeff Bezos? ¿Qué inventó Bill Gates? ¿Qué inventó Steve Jobs? ¿Qué inventó Mark Zuckerberg? Históricamente hablando, nada, aparte de algunos maquillajes a siglos de progreso acumulado.

Los discursos sobre el capital que aportan los millonarios en impuestos y lo mucho que reciben los pobres y la clase media de esta forzada generosidad, son todo un género literario. Es más, este género es cultivado sobre todo por los de abajo, tal como reza el principio del genio de la propaganda Edward Bernays: nunca se debe decir que lo que uno quiere vender es bueno sino hacer que los demás lo digan.

Que los pobres y los trabajadores (disculpen la redundancia) defiendan a los ricos como bondadosos donantes, es el resultado directo de semejante estrategia publicitaria y, como el mismo Bernays sabía, no se trata sólo de una inoculación masiva sino de una explotación de las debilidades del consumidor, como lo es el deseo de distinguirse de sus iguales y, un día, aunque sea un día muy lejano, alcanzar a ser parte de esa inalcanzable elite. 

 En realidad, los millonarios no le dan nada a la sociedad. Solo le devuelven con los impuestos una mínima parte de lo que han tomado de ella gracias a su posición de poder en los negocios (que es prácticamente la única forma de entrar al club del uno por ciento).

A esta devolución convenientemente se la califica “redistribución de la riqueza” como si se tratase de una donación o de un robo que los de abajo, los holgazanes trabajadores, le hacen a los sacrificados e intelectualmente superdotados de arriba. Pero la misma palabra esconde la verdad. No es una “distribución” de la riqueza producida por un pequeño sector de la sociedad, sino una “redistribución” de la riqueza producida por la totalidad de la sociedad, no sólo la existente sino todas las sociedades que nos precedieron y le dejaron a la Humanidad un legado de conocimientos, descubrimientos, invenciones, luchas sociales y progreso. 

En otras palabras, todo sistema económico es un sistema de redistribución de la riqueza, sea de arriba hacia abajo a través de los impuestos o de abajo hacia arriba a través de la producción y el consumo. 

Pero los mitos sociales son funcionales al poder y, como tales, son una máscara semántica, un espejo ideológico que se encarga de reflejar la realidad, pero al revés. Como en realidad son los millonarios quienes le roban a los trabajadores cada día y de forma masiva (les roban no sólo riqueza sino representación política), la narrativa ideológica insiste en que son perversos quienes quieren quitarle a los millonarios para dárselo a los pobres con “impuestos que castigan el éxito”. Este es otro mito profundamente arraigado en la sociedad, producto del mismo proceso de propaganda de quienes tienen un poder social desproporcionado, es decir, quienes dominan la economía y las finanzas, quienes son dueños de los grandes medios o son sus subsidiarios a través del pago de publicidad, quienes están sobrerepresentados en la política.

La misma lógica lleva a que no pocos trabajadores (sobre todo en Estados Unidos y en sus colonias) repitan otro mito: son los ricos quienes crean trabajo. Son los ricos quienes crean prosperidad.

Otro mito indica que los ricos son exitosos porque saben competir. Muchos de ellos pueden ser creativos, pero su creatividad no está invertida en crear algo nuevo sino en apoderarse de lo creado. Las loas a proyectos privados, como Space X de Elon Musk, es presentada como el paradigma de la innovación privada. Lo paradójico es que todo su proyecto espacial está sentado sobre casi un siglo de éxitos y fracasos de agencias espaciales de gobiernos como la NASA, el Programa espacial de la Unión Soviética y, mucho antes, los descubrimientos y progresos del gobierno nazi de la Alemania de Hitler. Space X no sólo usa todo este conocimiento acumulado y por el cual no invirtió ni una moneda, sino, incluso, las mismas instalaciones de la NASA y su dinero, es decir, dinero de los impuestos. 

Los ricos no compiten; destruyen la competencia. Los ricos no crean riqueza; la acumulan. Los ricos no crean conocimiento; los secuestran: los ricos no crean ideas; las demonizan. 

Los pequeños y medianos empresarios compiten cada día por ofrecer un servicio y, de esa forma, obtener ganancias que les permitan sobrevivir y, en lo posible, prosperar. Pero las megaempresas como Amazon o Walmart basan su éxito no en la competencia sino en la progresiva destrucción de esa competencia, la cual comienza siendo la aniquilación de pequeños negocios a través de prácticas como el “dumping” encubierto (venta a pérdida). Luego continúa con la aniquilación de otros monstruos, como en Estados Unidos ocurrió con todo tipo de cadenas como Sears o Radio Shack. Se puede argumentar que el servicio de Amazon es efectivo, pero cualquiera en cualquier momento de la historia con una acumulación superior de capitales será efectivo porque cada nueva innovación estará a su disposición. 

Ahora son adulados como los que “crearon el mundo en el que vivimos”. ¿Qué inventó Jeff Bezos? ¿Qué inventó Bill Gates? ¿Qué inventó Steve Jobs? ¿Qué inventó Mark Zuckerberg? Históricamente hablando, nada, aparte de algunos maquillajes a siglos de progreso acumulado. Todo fue inventado antes o después por otros que no llegaron a millonarios ni sufrían de esa terrible patología psicosocial. Desde los algoritmos inventados por el matemático persa Al-Juarismi (o Algorithmi) en el siglo IX hasta las computadoras, Internet, los softwares, el correo electrónico, las redes sociales y todo tipo de instrumento que, para bien y para mal hacen posible nuestro mundo, todo o casi todo fue creado por inventores e investigadores asalariados y casi todo fue financiado por algún gobierno. En la mayoría de los casos ni existía el capitalismo como etapa histórica y cuando existió sus genios no fueron capitalistas, con una o dos excepciones dudosas.

No nos dejemos confundir por la propaganda mediática ni por la industria cultural. El objetivo de todo gran negocio, de toda gran empresa no es ni aportar un invento a la Humanidad ni beneficiar a nadie más que a sus dueños a través del secuestro y la acumulación de una riqueza producto de una larga historia de progresos tecnológicos y sociales, producto de un vasto esfuerzo del resto de la sociedad con sus instituciones públicas y privadas. Pensar lo contrario es como insistir que el trabajo del pescador que tira sus redes al mar consiste en reproducir peces. Toda megaempresa es eso: una gigantesca red de pescador. Todo lo demás es verso, y no del mejor.

Los millonarios se justifican solo por su poder económico, por la propaganda que transpira este poder y por el poder político que secuestran para beneficiar sus propios negocios. Esta propaganda es tan efectiva que puede falsificar la realidad hasta que un sacrificado vendedor de choripanes con dos asistentes se identifique con alguno de estos héroes posmodernos (ahora divinizados como entrepreneurs o emprendedores) y descargue su frustración y su furia política contra sus compañeros de clase que sólo se distinguen de él porque son empleados, no patrones. Pero los tres son trabajadores; ni entrepreneur ni Jeff Bezos ni Mauricio Macri.

Un millonario puede ser una buena persona, pero su rol histórico y social es el robo legalizado del resto de las sociedades. Un robo sexy, está de más decir, porque una gran parte del pueblo quiere ser millonaria, como en los cuentos de Hadas. Pero, como en los cuentos de hadas, sólo una pobre cenicienta puede casarse con el príncipe; no dos y mucho menos un millón. En el club del uno por ciento no hay lugar para más, sino para menos. 

Por Jorge Majfud | 09/04/2022

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El senador Bernie Sanders exhibió también que un puñado de fondos buitre de Wall Street tienen un enorme control sobre muchas industrias y dominan 50 por ciento de los multimedia de Estados Unidos. Foto Ap

Antecedentes: Desde hace casi cinco años enuncié que los tres "gigabancos" BlackRock/Vanguard/StateStreet controlaban, en ese entonces, la mitad de Wall Street: "Nunca acaba de asombrar el grado de reconcentración de la riqueza propiciada por la desregulada globalización financierista que propende por su naturaleza intrínseca al darwinismo oligopólico o casi monopólico" (https://bit.ly/3oYB8uM).

Hace siete años Russia Today desnudó a los cuatro (sic) gigabancos oligopólicos, incluyendo a Fidelity, que "controlan al mundo financierista" (http://goo.gl/UjlfE3). Hace 10 años, el anterior legislador texano Ron Paul señaló que "los Rothschild poseen acciones de las principales 500 trasnacionales de la revista Fortune" que son controladas por "los cuatro grandes (The Big Four): Black Rock, State Street, FMR (Fidelity) y Vanguard".

Fue cuando comenté que "los banqueros esclavistas Rothschild forman parte de las ocho (sic) familias que controlan los cuatro megabancos que dominan Wall Street". ¡Y todavía la maquinaria propagandística de guerra anglosajona pretende engañar con que su plutocracia ciber-bancocrática –que políticamente es una "anocracia" (https://bit.ly/3oYnEPS)– es una democracia!

Hechos: Nada menos que el admirable "judío progresista" Bernie Sanders (BS), en una audiencia ante el Comité del Presupuesto del Senado que preside, fustigó la "codicia de Wall Street" y la creciente oligarquía en Estados Unidos (https://bit.ly/3gZIHx8), donde sentenció que “hoy, en Estados Unidos, sólo tres firmas de Wall Street –Black Rock, Vanguard y State Street– manejan 22 billones de dólares de activos (que) constituyen los principales accionistas de más de 96 por ciento (sic) de las empresas que cotizan en S&P 500”, lo cual refleja una "influencia significativa en varias centenas de empresas que emplean a millones de trabajadores estadunidenses y, de facto, a la economía entera". ¡Y eso que BS no citó a Fidelity, uno de los cuarto gigabancos de Wall Street!

El gigabanco Fidelity, con sede en Boston, que se le pasó mencionar a BS, ostenta 4.9 billones de dólares de "activos bajo manejo" (Assets Under Management: AUM; https://bit.ly/359JKaN). Si agregamos los "activos bajo manejo (AUM)" de Fidelity por 4.9 billones a los 22 billones de dólares de los otros tres gigabancos, pues prácticamente representan el PIB entero de Estados Unidos, cuando ni cuadran ya a esos niveles las etéreas y deletéreas cifras.

BS acotó que los tres gigabancos BlackRock/StateStreet/Vanguard –¡sin Fidelity!– "controlan 22 billones de dólares en activos", poco menos de los casi 24 billones de dólares del PIB entero de Estados Unidos.

Según el FMI, el "PIB nominal" de Estados Unidos se encuentra en 22.9 billones de dólares. Más que una precisión micrométrica del PIB y de la pantagruélica fortuna de los cuatro gigabancos, que prácticamente degluten todo el PIB de Estados Unidos, lo que vale la pena es su abordaje cualitativo y semicuantitativo.

A juicio de BS, los gigabancos son a su vez los principales accionistas de algunos de los máximos bancos de Estados Unidos –que yo he denominado "megabancos"– como JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citibank, y exhibió que, además de los "tres grandes (Big Three)" gigabancos, "un puñado de fondos buitre de Wall Street" –empresas de fondo de capital privado (private equity)–, también tienen un enorme control sobre muchas industrias y dominan 50 por ciento (sic) de los multimedia de Estados Unidos (¡mega-uf!). Los fondos buitre se hicieron famosos gracias a la depredación deliberada del israelí-estadunidense Paul Elliott Singer, de Elliott Management, que ha descuartizado a Argentina (https://bit.ly/33wi5k2).

Conclusión: El senador republicano Mike Braun le replicó a BS que no estaba seguro de que el tópico de la codicia de Wall Street forme parte de la jurisdicción del Comité del Presupuesto (https://bit.ly/33vJSRA).

En efecto, la jurisdicción en el Congreso ha sido, desde hace mucho, rebasada y horadada en cualquiera de sus comités por el infinito poder político de los cuatro gigabancos de Wall Street que tienen secuestrado a un país entero con sus más de 333 millones de habitantes esclavizados ciberfinancieramente.

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Lunes, 31 Enero 2022 05:51

Reseteados

Reseteados

DAVOS Y LOS MILLONARIOS INDIGNADOS POR LA DESIGUALDAD

 

Los diez hombres más ricos del mundo tienen seis veces más que el conjunto de los 3.100 millones de personas más pobres. La distancia crece y sus sombras atemorizan incluso a los más beneficiados.

                       

  • Los informes se suceden y las conclusiones son las mismas: las desigualdades entre ricos y pobres han llegado a niveles desconocidos desde, por lo menos, comienzos del siglo XX. El año pasado se cerró con la difusión de un macroestudio del Laboratorio sobre la Desigualdad Global (véase «Mundo Musk», Brecha, 7-I-22) y 2022 se abrió con uno de Oxfam que reafirma el anterior y aporta datos complementarios. El documento de la ONG británica («Las desigualdades matan») se presenta como un balance de lo sucedido desde el inicio de la pandemia de covid-19. Parte de marzo de 2020 y llega a noviembre último. En ese lapso, dice Oxfam, los diez hombres más ricos del planeta duplicaron sus ya siderales fortunas: ganaron, en promedio, unos 15 mil dólares por segundo, es decir unos 1.300 millones al día, para llegar a acumular una riqueza seis veces mayor a la que tienen, todos juntos, los 3.100 millones de personas más pobres del planeta.

Los milmillonarios siguen siendo una pequeña elite: 2.755 en todo el mundo, hasta donde Oxfam pudo contar, pero son casi unos 700 más que antes de la pandemia. Están, entre ellos, los dueños de las GAFAM (sigla de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), el cowboy espacial Elon Musk, el gurú de Wall Street Warren Buffett, pero se les sumaron, entre otros, cinco ejecutivos de las grandes farmacéuticas, como Pfizer, Biontech, Moderna. «En todo este tiempo, en lugar de vacunar a miles de millones de personas en países de renta media y baja, se generaron 1.000 millonarios gracias a esas vacunas, vendidas por empresas que deciden de hecho quién vive y quién muere», denuncia Oxfam. En el marco de este apartheid de las vacunas, las farmacéuticas se embolsaron unos 1.000 dólares por segundo (86,4 millones por día) en beneficios.

Si los riquísimos crecieron en número –y los bienes destinados a ellos se vendieron bastante más que antes de la pandemia–, los pobres de toda solemnidad, esos que viven con menos de 5,5 dólares por día, aumentaron infinitamente más: en 160 millones. Aun si a los milmillonarios se les sacara, por ejemplo, vía impuestos, el 99 por ciento de su fortuna, dice Oxfam, seguirían siendo más ricos que los pobrísimos.

También creció en el año y medio analizado la brecha entre países y la brecha en el interior de los países más ricos. Y la brecha entre hombres y mujeres, y la que separa a los blancos de los negros o los indios u otras «minorías».

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El informe de Oxfam, además de sus datos, tiene otro mérito: destruye el mito de que los ricos y los riquísimos son ricos y riquísimos debido a sus habilidades, su talento, su capacidad de innovación, su creatividad y que, en definitiva, el resto de los mortales deberíamos estarles agradecidos por tanto empeño, trabajo, generosidad, y por tanta generación de empleo. Pues bien, su fortuna de este año y medio provino, esencialmente, de no hacer nada. De sentarse a esperar y dejar que el precio de las acciones de sus empresas aumentara y aumentara.

«La ironía absoluta de este aumento fabuloso de las riquezas de los ricos –dice el diario francés Libération, que poco puede ser confundido en sus recientes versiones con una publicación de izquierda radical– es la consecuencia directa de políticas públicas de respaldo a la economía para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. El vertido masivo de dinero decidido por los Estados engendró, en un contexto de tasas de interés sumamente bajas y, en consecuencia, no remuneradoras, una corrida hacia los mercados de acciones. Las fortunas de todos los Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault de este mundo están precisamente asentadas en el valor de las participaciones en las empresas que dirigen o poseen. […] Un ejemplo es el de Apple, la empresa más cara de la historia, que superó recientemente los 3 billones de dólares en la bolsa de Wall Street.»

Quentin Parrinello, representante de Oxfam en Francia, fue más claro aún: «Si esta gente se enriqueció, no fue por la mano invisible del mercado ni por sus brillantes opciones estratégicas, sino principalmente por el dinero público que les fue entregado sin condiciones por los gobiernos y los bancos centrales». Es un fenómeno similar al de las farmacéuticas y los laboratorios productores de las vacunas, que se beneficiaron de gigantescas subvenciones públicas que les generaron aún más gigantescas ganancias privadas. El resultado de todo esto es «más riqueza para unos pocos y más deuda pública para todos», dijo el director de Oxfam en España, Franc Cortada. «No vino solo, no cayó del cielo: es consecuencia de políticas.»

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El informe de Oxfam fue presentado ante el Foro Económico Mundial (FEM), ese «intelectual colectivo» de los poderosos del mundo que se reúne desde hace ya décadas en las alturas de la coquetísima ciudad alpina de Davos, en la riquísima Suiza. La paradoja es solo aparente.

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Fue en 1971 que el ingeniero alemán Klaus Schwab tuvo la idea de crear un ámbito para que los grandes empresarios y banqueros europeos «dispusieran de tiempo y espacio para pensar el mundo en el que viven y proyectarlo hacia el futuro». Lo llamó Simposio Europeo del Management y lo instaló en Davos, una pequeña localidad montañosa (hoy no supera los 11 mil habitantes) promocionada en el siglo XIX para el tratamiento de la tuberculosis por su microclima seco y frío. Thomas Mann ambientó allí La montaña mágica.

Hoy Davos es una (cara) estación de esquí. «Es un lugar ideal para que los grandes empresarios, los creadores de riqueza encuentren el reposo que necesitan para pensar más allá de lo que sus obligaciones les imponen cada día», dijo en su momento Schwab. Unos 15 años después, el simposio salió del marco estrictamente corporativo y regional y dio paso al Foro Económico Mundial, incluyendo a gobernantes, dirigentes políticos de variado pelaje (fundamentalmente conservadores y liberales, pero también socialdemócratas), académicos y «analistas».

Rápidamente el FEM se convirtió en un think tank, una usina de pensamiento de quienes comparten, como premisa fundamental, la defensa de la economía de mercado y «su permanente readecuación a los cambiantes contextos mundiales», según definió hace unos años un alto dirigente de la confederación patronal francesa, quien se presenta como «abierto a las evoluciones societales». Desde la crisis económico-financiera de 2007-2008, se hizo evidente que en el FEM las disputas intercapitalistas estaban en vías de saldarse en favor de los representantes de los sectores empresariales «modernos», que comenzaron a pesar decisivamente en el foro con sus propuestas en favor de un capitalismo supuestamente «moralizado». A la George Soros, a la Joseph Stiglitz, a la Warren Buffett.

Pero también a la Kristalina Georgieva, la búlgara que desde 2019 funge como directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, una institución que hasta hace poco incluía invariablemente en su famoso recetario desregular la economía, privatizar todo lo que se pueda y reducir impuestos y salarios, y que ahora propone en todos lados (tanto en países ricos como «emergentes») reformas de la fiscalidad para obligar a los riquísimos a soltar algún dinerillo para las arcas de Estados cuyo papel en cierta medida hoy revaloriza. «El inicio de esta década –escribió Georgieva en 2019– trae recuerdos inevitables de los años veinte del siglo XX: elevada desigualdad, rápido desarrollo tecnológico y grandes retornos en el ámbito financiero.»

En un libro publicado al año siguiente, en 2020, Joseph Stiglitz proponía un «capitalismo progresista» que limara, afirmaba, las apabullantes desigualdades que minan la confianza de la población en el sistema, alteran la «calidad de la democracia», afectan el crecimiento y, a la larga, fomentan eventuales rebeliones que, al decir de Warren Buffett, «no convienen a nadie», menos que menos a los ricos que están («estamos», precisó el gurú de las finanzas) «ganando la lucha de clases».

Hoy las palabras clave para esta gente son refundación, regeneración, reinicio, escribió en 2020, cuando el covid-19 estaba recién en sus balbuceos, el economista español Manuel Garí (Viento Sur, 3-II-20). «El gran reseteo» se tituló la propuesta que en junio de 2020 presentó en Davos Klaus Schwab para reconstruir la economía pospandemia «sobre bases sostenibles». El ingeniero alemán recogía en su planteo parte de las discusiones que habían tenido lugar en la ciudad suiza en enero de ese año durante la última, hasta ahora, de las ediciones presenciales del FEM.

Unos 3 mil grandes empresarios, banqueros, gobernantes y dirigentes políticos de todo el planeta, así como representantes de organizaciones internacionales, se dieron cita en esa ocasión, cuidados por más de 5 mil policías que acordonaron la localidad alpina durante casi una semana. Los señores allí reunidos hablaron de responsabilidad social empresarial, de ética, de economía circular y colaborativa, de fomentar un «capitalismo de los partícipes» en el que «accionistas, clientes, asalariados, empresarios, proveedores» se den la mano, de un capitalismo más distributivo e inclusivo, más «conectado con la economía real que lo que lo ha estado en los últimos años», según dijo Schwab.

Para Davos, apuntó Manuel Garí, «la solución a los problemas generados por el capitalismo no se encuentra en una nueva política y un nuevo modelo productivo y de relaciones de producción y de intercambio, que reorganicen la apropiación del plusvalor y la riqueza entre clases y a nivel mundial, respetando los límites de suministro y carga de la biosfera, sino simplemente en una nueva forma de hacer negocio. Forma que no cuestiona la propiedad y, por tanto, quién tiene el botón rojo de la economía. […] El foro apuesta por el capitalismo productivo (en torno a la digitalización y la robótica) frente al especulativo, sin tener en cuenta la realidad: la imbricación de la producción con la especulación, que ha convertido el dinero en la principal mercancía mundial, y la creación de este por el complejo entramado de las finanzas (viejas y nuevas) en la forma mayoritaria de acuñación, al margen del control de los Estados. Hoy la economía financiera mundial representa un monto casi diez veces superior al PBI mundial. Economía real y financiera son las dos caras del mismo modelo. Y los presentes en el foro lo saben. Podríamos decir que en Davos se dicen cosas a medias y se deciden cosas enteras. Por un lado, se detectan los efectos del funcionamiento del sistema y, por otro, se ocultan las causas de fondo».

Muy claro quedó todo eso cuando, en 2020, Schwab creó un grupo de «expertos» para ir pensando las líneas de la futura «economía colaborativa» en el marco del capitalismo decente y remoralizado que preconiza. A la cabeza del grupo designó al entonces presidente del Bank of America, un señor al que, al parecer, la justicia social le debe preocupar mucho. «Recuerda la fábula de la zorra y las gallinas», comentó Garí.

***

El informe de Oxfam sobre las desigualdades que matan fue distribuido en instancias virtuales del foro de Davos.En junio, cuando se prevé Que el FEM vuelva a ser presencial, estará entre los «insumos para la discusión de los líderes económicos, políticos e intelectuales», dijo Schwab. «Somos gente comprometida en mejorar el estado del mundo», dijo también, repitiendo un viejo eslogan del foro.

Algunos creen, acaso buenamente, que efectivamente es así, que del magín de la «clase de Davos», como la define la activista estadounidense Susan George, saldrá algo nuevo y bueno. Señal del estado en que se encuentra eso que alguna vez se llamó pensamiento crítico.

Por Daniel Gatti

27 enero, 2022

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Morris Pearl, presidente de Millonarios Patrióticos.

"Cóbrennos más, háganlo ya"

El planteo, hecho ante el Foro de Davos, se basa en la observación del crecimiento de las desigualdades con la pandemia y el consiguiente aumento de las grandes riquezas. Es un argumento ético pero también de preservación del sistema.

"In tax we trust". Haciendo un juego de palabras con la insignia que llevan impresos los dólares estadounidenses - in god we trust o en dios creemos-, un grupo de alrededor de 100 milmillonarios reinstaló el debate para que se les cobren más impuestos. Fue a través de una carta abierta que publicaron en el marco del Foro Económico Mundial Davos 2022, espacio que recibió fuertes críticas por generar debates desde escritorios que luego no se traducen en acciones concretas.

"La confianza -en la política, en la sociedad, en los demás- no se construye en pequeñas habitaciones a las que sólo pueden acceder los más ricos y poderosos. No está construido por viajeros espaciales multimillonarios que hacen una fortuna con una pandemia pero no pagan casi nada en impuestos y proporcionan salarios bajos a sus trabajadores", apunta el escrito impulsado por el grupo Millonarios Patrióticos, en una directa referencia a algunos de los hombres más ricos del mundo, como Elon Musk y Jeff Bezzos, que participan de la carrera espacial y hasta viajan ellos mismos al cosmos, mientras pagan cada vez menos impuestos. 

Millonarios Patrióticos, por José Pablo Feinmann

"Como millonarios, sabemos que el sistema fiscal actual no es justo. La mayoría de nosotros puede decir que, si bien el mundo ha pasado por una inmensa cantidad de sufrimiento en los últimos dos años, en realidad hemos visto aumentar nuestra riqueza durante la pandemia; sin embargo, pocos, si es que alguno de nosotros, puede decir honestamente que pagamos nuestra parte justa en impuestos", continúa el escrito que apunta al sistema fiscal internacional que "ha sido diseñado deliberadamente para enriquecer aun más a los ricos". 

En este contexto, este grupo de millonarios realiza un pedido poco habitual a los gobiernos del mundo: "Cóbrennos impuestos a los ricos y háganlo ahora". La organización se dio a conocer en 2010 en rechazo a la baja de impuestos a los más ricos durante la administración del ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush. Se reconocen como gente que tuvo éxito en el sistema capitalista y  quieren salvar al capitalismo de sus propios excesos. Sus demandas giran en general sobre el incremento del impuesto del patrimonio, una revisión de los agujeros fiscales por los cuales se evaden legalmente impuestos, e incluso aumentos del salario mínimo.

Quiénes son los Millonarios Patrióticos

El grupo es liderado por Morris Pearl, un ex ejecutivo de Blackrock. Entre los firmantes, además de Pearl, figuran Abigail y Tim Disney, nietos y herederos del cofundador de la compañía, Roy Disney, y una lista de empresarios, algunos políticos, inversores y filántropos no sólo de EE.UU sino también de Inglaterra, Canadá, Alemania, Austria, Dinamarca y Groenlandia.

En respuesta a esta carta, un vocero del Foro indicó a Reuters que uno de los principios de la organización es el pago de una cuota justa de impuestos y que "un impuesto sobre la riqueza como el que existe en Suiza, donde tiene su sede la organización, podría ser un buen modelo para su desarrollo en otros lugares".

El debate sobre un impuesto a las grandes fortunas

El debate de gravar las grandes riquezas se impuso firmemente durante la crisis de la pandemia, que agravó y visibilizó las desigualdades entre ricos y pobres de todo el mundo. Durante el 2021 se avanzó en una propuesta similar durante el encuentro de ministros de Economía del G20. Con el objetivo de mitigar las guaridas fiscales se propuso implementar un impuesto mundial global del 15 por ciento a las multinacionales. 

El acuerdo contaba con el apoyo de la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  y se empezaría a cobrar a partir de 2023. Argentina acompañó esta propuesta a pesar de proponer elevar el guarismo por encima de 15. El ministro de Economía Martín Guzmán sugirió entre un 21 y un 25 por ciento. 

La pandemia agudizó la desigualdad

La carta se publicó horas después de la presentación del informe “Las desigualdades matan”  que asegura que entre marzo del 2020 y noviembre de 2021 los diez hombres más ricos del mundo duplicaron su fortuna pasando de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares, a un ritmo de 15.000 dólares por segundo o 1.300 millones de dólares por día. Mientras tanto, más de 160 millones de personas en todo el mundo bajaron al nivel de pobreza respecto al período anterior a la pandemia. Es decir, disponen de menos de 5,5 dólares por día. 

De acuerdo a un estudio hecho por Millonarios Patrióticos junto con Oxfam y otras organizaciones sin ánimo de lucro, un impuesto progresivo sobre la riqueza que comenzara en el 2 por ciento para los que tuvieran más de 5 millones de dólares y aumentara hasta el 5 por ciento  para los multimillonarios, podría recaudar u$s 2,52 billones, cifra que alcanzaría para sacar a 2300 millones de personas de la pobreza y garantizar la asistencia sanitaria y la protección social de los individuos que viven en los países con menores ingresos.

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La eterna lucha por la igualdad: a propósito del último libro de Piketty

La lucha por la igualdad es el motor de la historia. Eso se desprende del último ensayo publicado por Thomas Piketty, un interesante trabajo de historia económica, política y social, más relevante si cabe por el momento histórico en el que se inscribe. Un momento en el que los marcos ideológicos que asentaban nuestra concepción de la economía se han resquebrajado después del impacto de la pandemia. Aunque es prematuro hablar del final del neoliberalismo como paradigma económico imperante, sí que es verdad que algunos de sus dogmas empiezan a resquebrajarse después del impacto social, económico y laboral causado por la pandemia de la covid-19. El fetichismo por la austeridad, una política monetaria restrictiva o la negación del intervencionismo estatal parecen estar guardados en un cajón a la espera de que las fuerzas promercado vuelvan a recuperar la hegemonía ideológica. Una hegemonía que obras como Una breve historia de la igualdad intenta combatir.

Si en sus anteriores obras, Piketty se centraba en el análisis de la desigualdad socioeconómica y en las justificaciones ideológicas y culturales que se han asociado a su mantenimiento en el tiempo, en este ensayo el autor invierte el objeto de estudio. Piketty analiza la búsqueda de la igualdad desde el S. XVIII. Para el economista, la lucha por la igualdad ha sido el hilo histórico que ha ligado luchas, revueltas y revoluciones a lo largo y ancho del globo desde hace más de 300 años, consolidando una tendencia que, con sus avances y retrocesos, camina siempre hacía mayores cotas de igualdad. Cuestiones como un reparto más equitativo de la riqueza, de los ingresos o de las propiedades, el acceso al poder político o el reconocimiento de derechos, pasando por la mejora en los indicadores educativos o sanitarios son ejemplos de esa tendencia.

Sin embargo, es necesario hacer hincapié en cómo el economista francés define la desigualdad ya que se aleja de lecturas economicistas de la misma. Para Piketty la desigualdad es un fenómeno multidimensional cuyas derivadas se relacionan con el poder político, el estatus social, los ingresos, el género, la etnia, las propiedades o el acceso a determinados bienes y servicios y afectan directamente al individuo. El autor considera la desigualdad, por lo tanto, como un conjunto de factores construidos políticamente que afectan al pleno desarrollo de las capacidades y a la autonomía de las personas. La desigualdad serían aquellos condicionantes estructurales que no nos permiten ser individuos autónomos y regir nuestros destinos. Unos condicionantes que emanan de decisiones políticas conscientes de determinados grupos que ostenta el poder y que se benefician de la situación.

La desigualdad, por lo tanto, es política y no es un fenómeno natural. Solo una actuación multidimensional contra la desigualdad puede ser efectiva ya que estos elementos se interrelacionan entre ellos dando lugar a múltiples factores de opresión. Estos factores han sido combatidos con la creación de unos mecanismos institucionales que han permitido transformar las sociedades desigualitarias por sociedades en las que instituciones de carácter más justo permitían consolidar unas estructuras políticas, sociales y económicas más igualitarias. Algunas de estos mecanismos institucionales son la igualdad jurídica, el sufragio universal, el seguro social universal, la progresividad fiscal el acceso a una educación gratuita o las leyes que fomentan la igualdad de género son un ejemplo. Todos estos mecanismos nacen de una serie de movilizaciones políticas y se han ido consolidando a lo largo del tiempo, aunque no sin dificultades. Piketty nos muestra como todas las luchas, revueltas y revoluciones sociales y políticas han sido en favor de la redistribución de la riqueza, el reequilibrio de poder o reconocimiento como grupos con acceso a la esfera política y las han llevado a cabo las mayorías oprimidas por las élites.

Ahora bien, la desigualad no se combate solo con movilizaciones. La consecución de la igualdad también se basaría en una batalla cultural e ideológica que asiente la base teórica y práctica de las nuevas estructuras. Este factor es vital porque la conquista del poder político sin un orden alternativo coherente y legítimo lleva al fracaso de estas experiencias y a la falta de consolidación de los mecanismos que deben estructurar una mayor igualdad. Los movimientos emancipadores deben tener la suficiente imaginación política para asentar nuevos consensos que sean aceptados socialmente. Lucha y hegemonía deben ir de la mano.

No obstante, parte del optimismo histórico que transmite Piketty parece topar con la realidad de los últimos 40 años. Si atendemos a los datos que autores como el propio Piketty, Milanovic o Atkinson han analizado, la tendencia hacía la igualdad parece haberse frenado en seco. La desigualdad se ha acelerado en la mayor parte de las sociedades democráticas y en los países en vías de desarrollo se da una creciente polarización de ingresos y de riqueza. Pero no solo ha habido un aumento de la desigualdad socioeconómica. Las consecuencias de la crisis climática además de las luchas por el reconocimiento de grupos minoritarios y oprimidos generan nuevos ejes de desigualdad que serán combustible para futuras luchas. Vivimos un momento además que, a causa del ascenso de fuerzas políticas reaccionarias a lo largo y ancho del planeta, algunos de los compromisos políticos que cimentan una cierta concepción igualitaria de la sociedad están en retroceso: la democracia representativa, los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales o la persecución de la disidencia política se dan o se han dado en Europa y en EEUU.

La lucha, por lo tanto, no ha acabado aún. Y es en los momentos de crisis y tensión, en el momento en que los sistemas políticos y económicos muestran sus costuras cuando las movilizaciones políticas pueden alcanzar su objetivo y cuando las nuevas ideas pueden penetrar en la opinión pública con más facilidad. Las crisis, y la del coronavirus es un buen ejemplo, son ventanas de oportunidades políticas y culturales que facilitan la lucha por instituciones más justas y emancipadoras. Es por eso por lo que las consecuencias de la pandemia deben ser aprovechadas por las fuerzas políticas que defienden proyectos igualitarios y emancipadores. Las izquierdas y todas las opciones políticas preocupadas por el aumento de la desigualdad en las últimas décadas deben aprovechar el contexto actual y tener en cuenta que la igualdad no solo se consigue con movilización y luchas, o con victorias electorales, por aplastantes que estas sean. Para combatir la desigualdad hace falta dar la batalla por las ideas. Producir marcos ideológicos coherentes que aúnen ambición política y posibilidades prácticas. El debate, la reflexión, la experimentación, la negociación y el acuerdo alrededor de qué instrumentos o mecanismos son los más justos para combatir la desigualdad son vitales para que estos sean considerados legítimos socialmente y eficaces en su cometido. Sin poder y sin alternativas ideológicas consistentes no hay cambio posible. La izquierda, por lo tanto, no debe olvidar la batalla cultural si quiere realmente reducir la desigualdad que rompe sociedades y deshumaniza al individuo. Una batalla ideológica que deben llevar a cabo las instituciones u organizaciones de intermediación como son los partidos o los sindicatos.

La consecución de la igualdad es constante. Es un proceso de lucha política y elaboración intelectual continuo para garantizar y consolidar los precarios compromisos sociales, políticos y económicos que combaten la desigualdad. Nunca se debe dar por segura: la lucha por la igualdad es eterna. Economistas como Piketty, Milanovic, Atkinson o Mazzucato ya han realizado su parte del trabajo: han generado y difundido el conocimiento suficiente para crear nuevas instituciones más justas. Ahora es el turno de la política. La movilización social, política y electoral en favor de proyectos políticos igualitarios es más necesaria que nunca y cuenta en su favor con un arsenal de propuestas y un contexto favorable. ¿Qué fuerzas políticas y sociales liderarán las nuevas propuestas igualitarias? Solo el futuro nos lo dirá.

Por Mario Ríos Fernández, analista político, doctorando en la Universitat de Girona y profesor asociado en la Universitat de Barcelona y en la UdG.

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Jeff Bezos (centro), fundador de Amazon, tiene una fortuna de 192.2 mil millones de dólares. El multimillonario estadunidense aparece en la imagen junto a un actor que realizó un viaje al espacio en una de sus naves. El magnate es el segundo más rico en Estados Unidos.Foto Ap

La cifra representa el doble del PIB de México // Presionan para que se les fiscalice mejor y paguen más impuestos

La riqueza de los multimillonarios de Estados Unidos creció 2.1 billones de dólares durante la pandemia de Covid-19, prácticamente el doble de lo que representa el producto interno bruto (PIB) de México, exhibe inequality.org, un proyecto del Instituto de Estudios Políticos.

En marzo de 2020 la riqueza colectiva de los multimillonarios de la mayor economía del mundo ascendía a unos 3 billones de dólares y ahora se estima en unos 5 billones de dólares, de acuerdo con un análisis de listados de Forbes, realizado por Estadunidenses por la Equidad Fiscal y el Programa del Instituto de Estudios de Políticas sobre Desigualdad.

También ha crecido el número de personas que forman parte de este selecto grupo; los cuales –en medio de la mayor crisis mundial en 90 años– han pasado de ser 614 al inicio de la pandemia, a 745, de acuerdo con los datos más recientes.

La bonanza de estas personas contrasta con los 89 millones de estadunidenses que han perdido sus trabajos, más de 44.9 millones que han enfermado de Covid-19 y más de 724 mil que han muerto a causa del virus, recalca la plataforma.

Incluso, los 5 billones de dólares en riqueza que ahora concentran 745 multimillonarios estadunidense superan los 3 billones que comparte la mitad de los hogares en Estados Unidos, de acuerdo con estimados de la Reserva Federal. También equivale a 142.9 por ciento del plan Reconstruir mejor, impulsado por el presidente Joe Biden.

“La bonanza multimillonaria de Estados Unidos demuestra las fallas estructurales en nuestros sistemas económicos y fiscales actuales”, subrayan los responsables de inequality.org.

Entre los beneficiados de la crisis, destaca el cofundador de Tesla, Elon Musk, cuya fortuna tuvo un crecimiento de 751 por ciento, al pasar de 24.6 mil millones de dólares a 209.4 mil millones de dólares, con lo que además encabeza la lista de estos multimillonarios.

Enseguida se sitúa Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuya fortuna para mediados de octubre de este año asciende a 192.2 mil millones de dólares, luego de crecer 70.1 por ciento frente a marzo de 2020.

Otro personaje que sobresale en la lista es Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, que posee una fortuna de 117.6 mil millones de dólares tras un aumento de 114.9 por ciento durante la pandemia de Covid-19.

Frente a la dimensión de la desigualdad en Estados Unidos, 67 organizaciones enviaron una carta al Congreso de ese país expresando su preocupación sobre la necesidad de fiscalizar mejor a los multimillonarios y que paguen más impuestos.

En promedio, los multimillonarios pagan una tasa efectiva de impuesto sobre la renta federal de alrededor de 8 por ciento, por debajo de la que deben entregar contribuyentes de ingresos medios, incluidos maestros, enfermeras y bomberos.

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Pablo Dávalos

El gobierno de Guillermo Lasso está atenazado por dos grandes fuerzas que lo condicionan y de las cuales no ha podido salir: de una parte la organización social que tiene en la organización indígena CONAIE su representación más importante y legítima; y, de otra, su débil posición en la Asamblea Nacional que nunca pudo ser resuelta.

Lo paradójico y contradictorio es que, a pesar de tener un escenario tan poco favorable, el gobierno nunca dejó de pisar el acelerador para sus reformas económicas neoliberales.

En pocos meses, en efecto, emitió una serie de Decretos Ejecutivos que alteraban de forma trascendente varias políticas públicas, por ejemplo, la privatización de toda la industria hidrocarburífera, la adscripción al CIADI del Banco Mundial, la apertura para la minería a gran escala, el financiamiento del gasto corriente con ingresos no permanentes que está prohibido por la Constitución, etc.

El sustento social gracias el cual pudo avanzar tanto en tan poco tiempo estuvo en su exitosa campaña de vacunación que, en apenas semanas, logró avances sin precedentes y que redujo la mortalidad de la pandemia del Covid-19 por vez primera desde que esta empezó.

Nunca hubo una alianza de gobernabilidad con Pachakutik e Izquierda Democrática

Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que tiene el gobierno? Un primer análisis, y que partía de una interpretación apresurada de la alianza que se realizó entre el gobierno, el movimiento Pachakutik y la Izquierda Democrática para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, consideraba que con esta alianza circunstancial se podía dar al régimen la gobernabilidad que necesitaba. Para realizar esa alianza el gobierno, en efecto, tuvo que romper con los acuerdos previos a los que había llegado con el derechista partido socialcristiano y con el movimiento del ex presidente Rafael Correa, UNES.

No obstante, y como el tiempo habría de demostrarlo, se trató de una interpretación errónea sobre una alianza coyuntural que en absoluto significaba una alianza de gobernabilidad. Esto significaba que el gobierno siempre estuvo solo en la Asamblea Nacional y que, más allá de los asambleístas independientes que pudieron ser cooptados por el régimen, no tenía ninguna base sólida para garantizar su gobernabilidad, al menos en la Asamblea Nacional.

Esto suscita una inquietud y es tratar de discernir si el gobierno estaba consciente de sus propias debilidades en la Asamblea Nacional y saber cómo trató su superarlas. Pero la coyuntura política dio cuenta que el gobierno de Guillermo Lasso no realizó ninguna lectura política coherente sobre su debilidad dentro del sistema político, justo por ello se explican la serie consecutiva de errores políticos del régimen. Al no tener una idea clara de sus posibilidades y límites dentro del legislativo, era obvio que sus errores tenían que ser proporcionales a su falta de comprensión de su propio entorno.

El fracaso de la consulta popular como estrategia política

El régimen de Guillermo Lasso creyó que la popularidad y la credibilidad que había obtenido a partir del exitoso programa de vacunación, podía ser suficiente para darle el piso y sustento de gobernabilidad que necesitaba. Quizá en sus propios cálculos pensó que con esos niveles de legitimidad podía arrinconar a la Asamblea Nacional y obligarla a plegarse a su proyecto. Pensó también que con el apoyo de los grandes medios de comunicación, esa estrategia podía ser eficaz. Pero, en realidad, se trató tanto de ingenuidad, cuanto de desconocimiento quizá por la arrogancia de pensar que haber ganado el poder ejecutivo le podía dar patente de corso para imponer sus propias prescripciones al país y a la legislatura. El gobierno creyó en sus propios simulacros.

Es sobre esa estrategia que el gobierno apela a la consulta popular si no se aprobaban sus propuestas económicas, políticas y jurídicas. A través de este mecanismo de la consulta popular, el régimen podía orillar a la Asamblea Nacional a una posición defensiva. Le sirvió, para esta estrategia, la campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional realizada tanto por la gran prensa cuanto por sus propios alfiles dentro del sistema político.

Pequeños errores administrativos de la legislatura fueron amplificados y coparon el debate nacional como si fuesen cuestiones de trascendencia única. Los medios de comunicación, y los operadores políticos del gobierno en la Asamblea, en especial, el presidente de la Comisión de Fiscalización, habían creado un ambiente de tal tensión política que incluso podían llegar al escenario de nombrar nuevas autoridades para el legislativo.

La crisis carcelaria y el fracaso de la estrategia política del gobierno

Esta estrategia mediática y política fracasó de forma estruendosa por la crisis carcelaria que vivió el país justamente en esos momentos, a fines del mes de septiembre. Guayaquil, de la misma manera que sucedió en la crisis sanitaria del Covid-19, esta vez fue noticia mundial por el asesinato y tortura de más de cien personas privadas de libertad, en un ejercicio de sadismo y horror que sobrecogieron a la sociedad y al mundo.

Las masacres en las cárceles de Guayaquil daban cuenta que el gobierno no había podido resolver el tema de la crisis carcelaria y que su apuesta por la reducción del tamaño del Estado le pasaba factura desde uno de los sectores más críticos, como son las penitenciarías, y que habían sido sometidas al desmantelamiento de varios programas específicos para ese sector, así como a la reducción incluso del gasto en mantenimiento de las instalaciones penitenciarias en todo el país.

Si a eso se suma la forma-prisión desde la cual las autoridades judiciales del país piensan que se pueden resolver los conflictos sociales y jurídicos, se tiene un escenario complejo de hacinamiento, deterioro de servicios, falta de inversión en programas específicos, dotación de equipos y contratación de personal clave, entre otros.

El gobierno de Lasso se descuidó completamente de este sector tan importante, así como de otros huelga decir, y se concentró en utilizar el exitoso proceso de vacunación contra el Covid-19 como su única baza política. Por ello, cuando estalló nuevamente la crisis carcelaria, el primer sorprendido con la noticia fue el propio gobierno que no atinó a dar una sola respuesta. Se quedó paralizado por sus propios errores y descuidos.

Al no tener capacidad de respuesta inmediata, la crisis carcelaria lo rebasó por los cuatro costados y puso un límite a su estrategia política de utilizar la credibilidad del proceso de vacunación. La sociedad se horrorizó por lo sucedido en las cárceles y fue testigo y víctima de cómo ese conflicto se derramaba por el tejido social. El ambiente de inseguridad se convirtió en una incertidumbre real para las personas que ahora tienen miedo incluso de transitar por cualquier calle. El Estado había fracasado en uno de sus temas más delicados y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La percepción de “Estado-fallido” es cada vez más persistente en los ciudadanos y no hay aún una sola política pública que pueda revertir esa percepción.

El fallido proyecto de ley económico urgente: “Creando Oportunidades”

En ese contexto, la campaña mediática contra la Asamblea nacional (el costo de las empanadas), mostró su ridiculez y mezquindad. Puso en su justa perspectiva los conflictos sociales de un país acosado por la crisis, el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso, la falta de oportunidades. No obstante, el gobierno no supo realizar una lectura de ese momento. En medio de la crisis carcelaria y apresurado por cumplir con sus obligaciones contraídas con el FMI, el gobierno se apresuró a enviar el proyecto de ley con el carácter de económico-urgente “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, el 24 de septiembre de 2021.

De forma previa y apenas semanas antes, la Asamblea Nacional le había devuelto al gobierno, sin aprobar y con observaciones, la proforma presupuestaria para el año 2021 y también le había reclamado al Presidente Lasso por no haber presentado, conforme lo dictamina la Constitución y la ley, el Plan Nacional de Desarrollo, insumo básico para la construcción de la política fiscal y la programación presupuestaria para los próximos cuatro años.

Todas las señales, por lo tanto, dan cuenta de un gobierno inexperto, sin capacidad de lectura política de sus propias condiciones de gobernabilidad, y llevado al fanatismo por su propia ideología libertaria y neoliberal, sin considerar para nada los límites constitucionales, jurídicos, legales y políticos de su propio proyecto.

Esto puede avizorarse con el proyecto de ley económico urgente que el gobierno había sumarizado en la frase: “Creación de Oportunidades”. Se trataba de un proyecto de ley económico urgente que tenía que ser revisado, discutido y analizado por la Asamblea Nacional en un mes, caso contrario entraría en vigencia por el ministerio de ley. El proyecto de ley del gobierno constaba de cuatro libros normativos con 335 artículos, 11 Disposiciones Generales y 15 Disposiciones Transitorias.

En el primer libro el proyecto de ley intentaba crear un régimen laboral alternativo al vigente Código del Trabajo en el que, prácticamente, eliminaba todos los derechos laborales hasta ahora vigentes para instaurar un régimen de flexibilización laboral absoluta, en el cual el epítome se registraba en el artículo 75 del proyecto de reforma que establecía que en caso de despido intempestivo era el trabajador quien tenía que pagar una indemnización a sus patronos; en el segundo libro de las reformas se establecían contribuciones temporales a través de imposiciones tributarias básicamente a la clase media para obtener alrededor de 950 millones adicionales para el presupuesto del año 2022 (que no iban a ser utilizados como gasto corriente, sino que tenían como destino las reservas internacionales para garantizar flujos de capital a los bancos privados, hay que aclarar); en el tercer libro constaban normas para el régimen impositivo único y temporal para activos en el exterior, mientras que en el libro cuarto se contemplaban reformas a varios cuerpos legales, como por ejemplo reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Artesano, al Código General de Procesos, a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de Minería, a la Ley Orgánica de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana, entre los 31 cuerpos legales que esta propuesta de ley intentaba cambiar. En todas ellas subyacía la desregulación pública y la transferencia de capacidades públicas hacia el sector privado.

El proyecto de ley económico urgente del régimen, a todas luces, entraba en contradicción directa con el artículo 136 de la Constitución que establece que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia; la Constitución determina que si no se cumple con este requisito no podrá tramitarse ningún proyecto de ley; era obvio, entonces, que un proyecto de esas características no pase por los filtros constitucionales, jurídicos y procedimentales de la Asamblea Nacional.

A pesar de la enorme maquinaria mediática que trabajó a favor del régimen para crear el consenso sobre este proyecto de ley, el Consejo de Administración de la Legislatura, no pudo aprobar ese proyecto de ley para su trámite respectivo dentro de la Asamblea, porque no cumplía con los requisitos básicos de unidad y conexidad de materia, y tuvo que devolver el proyecto de ley al gobierno para que subsane los errores y, si cree conveniente, pueda volver a enviarlo.

Para el gobierno se trataba de una derrota en toda la línea porque había apostado los ejes gruesos de su proyecto de largo plazo en esta propuesta de ley. No había punto de retorno y, al mismo tiempo, se había desmoronado la estrategia de shock que hasta entonces había caracterizado a la política del régimen.

El gobierno no puede cumplir con los acuerdos con el FMI

Los principales partidos y movimientos políticos de la Asamblea, además, emitieron un mensaje específico en el cual le ratificaron al gobierno que no aprobarían ninguna reforma fiscal, tributaria, económica y, menos aún, laboral en contra de los derechos de los trabajadores y que castigaban a las clases medias. Su plan económico, por tanto, se quedaba sin piso en el legislativo.

A pesar que la crisis carcelaria desmoronaba poco a poco la legitimidad y credibilidad del régimen, el gobierno comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de la consulta popular. Su lectura aún radicaba en los altos índices de popularidad y pensaba, otra vez ingenuamente, que ese ambiente podía darle el oxígeno político para aprobar sus reformas por la vía de la consulta. De esta manera, se imaginaba el régimen, podía retornar a la Asamblea Nacional con las reformas tributarias y fiscales, mientras que el grueso de las otras reformas se podían aprobar vía consulta.

Ahora bien, para el régimen era imprescindible aprobar las reformas fiscales y tributarias, así como las reformas laborales y a la seguridad social, porque ya se había comprometido con el FMI durante la segunda y tercera revisión al acuerdo de financiamiento extendido que el país tenía con esta institución desde septiembre del año 2020 y para un plazo de 27 meses, para hacerlo.

Con las revisiones al programa económico establecido con el FMI y con los compromisos asumidos por el gobierno de incrementar el ingreso fiscal y reducir aún más el gasto corriente y el gasto de inversión (el superávit fiscal que sería trasladado a las reservas internacionales), más las reformas de flexibilización laboral y la transición al sistema de cuentas individuales en la seguridad social, el gobierno esperaba que el FMI desembolse los recursos pendientes desde estas revisiones: 802 millones de dólares en octubre de 2021, más 700 millones a desembolsarse en diciembre de ese mismo año. Con esa liquidez, podía capear los últimos meses del 2021. Por tanto, es absolutamente impensable, para el régimen, incumplir con los compromisos asumidos con el FMI.

Es por eso que el gobierno no puede revisar el incremento del precio de los combustibles, como lo han pedido varias organizaciones sociales y gremiales, y tampoco puede evitar la reducción del tamaño del Estado y las reformas fiscales y tributarias, a pesar del alto costo político de mantener esas medidas. El régimen está dispuesto a inmolarse a incumplir con el FMI.

La devolución del proyecto de ley económica-urgente, empero, pone en cuenta regresiva al acuerdo con el FMI. Una suspensión o incumplimiento de ese acuerdo con el FMI se castiga directamente con el incremento del riesgo país, con la caída del precio de los bonos de deuda soberana en los mercados secundarios, con aumentos de las tasas de interés para la emisión de nuevos bonos y, a nivel interno, con más fugas de capital, que en el caso del Ecuador reducen la cantidad de moneda existente en virtud del esquema de dolarización de la economía y, en consecuencia, acentúan la crisis económica.

Los Pandora Papers y el fantasma de la destitución

Es en medio de este escenario que se producen dos hechos que afectan aún más al gobierno. El primero es la publicación de los denominados “Pandora Papers”, una investigación periodística en el cual están comprometidos más de 600 periodistas de investigación de todo el mundo y con la participación directa de los medios de comunicación más importantes del planeta. En estos Pandora Papers aparece involucrado directamente el Presidente Guillermo Lasso como poseedor de fondos fiduciarios y de inversión en diversos paraísos fiscales.

La ley ecuatoriana, producto de una consulta popular efectuada en el año 2017, prohíbe de manera terminante que los servidores públicos, y en especial las autoridades de elección popular y, evidentemente el Presidente de la república, tengan inversiones en paraísos fiscales, tanto ellos cuanto sus cónyuges e hijos dependientes.

La investigación del consorcio internacional de periodismo de investigación que publicó los Pandora-Papers, y que continúan la saga de los Panamá-Papers, demuestra que Guillermo Lasso y su familia directa efectivamente poseen inversiones en paraísos fiscales.

Al tenor de esta denuncia internacional, la Asamblea Nacional procedió a aprobar la investigación correspondiente para conocer los movimientos económicos y tributarios de Guillermo Lasso.

Ahora bien, una primera consecuencia de esta denuncia, es que deja sin piso a la propuesta tributaria contenida en el proyecto económico-urgente y que el gobierno pensaba enviar como reformas parciales a la Asamblea Nacional. En efecto, surge la duda sobre la ética y moral de la propuesta gubernamental: ¿tiene capacidad ética un Presidente de la república de proponer el pago de impuestos a sus ciudadanos, cuando la prensa mundial lo acusa de tener inversiones en paraísos fiscales para evitar pagar precisamente esos impuestos?

Para la ciudadanía, y para el sistema político, es difícil apoyar y suscribir cualquier propuesta de reforma fiscal y tributaria que provenga desde el Presidente Guillermo Lasso en especial luego del affaire de los Pandora Papers. Aparecerá como una propuesta falaz y con un costo político muy alto para quienes la aprueben y suscriban.

Sin temor a equivocarme, pero creo que las reformas fiscales y tributarias de Guillermo Lasso prácticamente no tienen posibilidad alguna de ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin sustento ético y sin apoyo social, es difícil que la Asamblea lo haga.

El incumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, por tanto, es inevitable. La crisis de credibilidad de los mercados financieros internacionales con respecto al gobierno de Lasso también es ineluctable.

Ahora bien, este escenario pone la disputa del Ejecutivo con la Asamblea Nacional a otro nivel porque esta vez el gobierno pasa a la defensiva. Tiene que demostrar que las denuncias internacionales de los Pandora Papers no son relevantes ni lo afectan en absoluto porque el Presidente Lasso habría cumplido con la ley y no posee ninguna inversión en paraísos fiscales, ni en la banca off-shore. Empero, para alguien que proviene directamente desde uno de los bancos privados más importantes del país, el Banco de Guayaquil, y como su director y accionista principal, demostrar que no posee inversiones en banca off-shore se convierte en una tarea casi imposible.

De esta forma, el espacio político sobre el cual el régimen pensaba articular la consulta popular para aprobar las reformas negociadas con el FMI, prácticamente desaparece. No tiene ningún capital político para el proceso de consulta popular. Tiene que defenderse de las acusaciones de los Pandora Papers y tiene que enfrentar una amenaza que, hasta antes de esa denuncia internacional, no existía, la posibilidad de su enjuiciamiento político y eventual destitución por parte de la Asamblea Nacional.

Para los partidos y movimientos políticos más importantes de la Asamblea Nacional, los Pandora Papers son un regalo caído del cielo. Tienen un argumento potente para poner a la defensiva al régimen. Tienen en sus manos la posibilidad cierta de su eventual destitución por incumplimiento de disposiciones legales expresas con respecto a inversiones en bancas off-shore y la participación electoral. La Asamblea Nacional sabe que si tira de los hilos adecuados y sigue las pistas apropiadas, puede llegar a demostrar que, efectivamente, el Presidente incumplió con la ley. Así, el escenario no puede ser peor para Guillermo Lasso, y apenas a cinco meses de su posesión. El fantasma de su destitución cruza por los pasillos del palacio de gobierno.

La CONAIE prepara otro levantamiento

El otro hecho significativo es la ruptura de los diálogos con las organizaciones sociales, en especial, la CONAIE. En la reunión mantenida con las organizaciones indígenas el 4 de octubre de 2021, la CONAIE llevó a la mesa de diálogo con el gobierno su rechazo a la elevación continua de los combustibles producto de varios decretos ejecutivos al respecto y que fueron emitidos por el anterior gobierno, pero que forman parte de las negociaciones con el FMI.

Al no existir ningún acuerdo sobre este punto, los demás acuerdos (seis puntos en total y que comprendían, entre otros, una moratoria de un año para las obligaciones financieras de los pequeños productores agrícolas, el respeto a los derechos colectivos y el cese de actividades extractivas en territorios indígenas, etc.), tampoco tuvieron oportunidad de ser ni discutidos ni negociados.

El gobierno desperdició una circunstancia única por su tozudez de revisar una política condicionada por el FMI, aquella del incremento de los precios de los combustibles, y se abrió, de forma gratuita y en su peor momento, otro frente de batalla. La CONAIE, en efecto, y luego de la reunión con Guillermo Lasso anunció que se abría un proceso de consultas internas para ejercer el derecho a la resistencia, es decir, la movilización social.

Es realmente increíble la incapacidad del gobierno por comprender su propio tiempo político y sus propias condiciones de gobierno. Si durante el diálogo con la CONAIE el gobierno hubiese aceptado la propuesta de congelar el precio de los combustibles y apoyar una moratoria de pagos de un año al sistema financiero nacional de los pequeños productores agrícolas, habría desarmado un frente en el cual no tiene ninguna capacidad de generar contrapesos. Pero el gobierno creó un simulacro (que habían llegado a 11 puntos de acuerdo con el movimiento indígena), y se lo creyó. No hay acuerdo alguno con el movimiento indígena. El régimen no puede dar consistencia a sus propias ficciones porque daría cuenta que ha perdido incluso su sentido y su principio de realidad.

Ahora tiene que confrontar una dura batalla en la Asamblea Nacional que se encamina hacia su destitución, y tiene que hacer frente a una probable movilización nacional del movimiento indígena. Además necesita de capital político para aprobar su próxima proforma presupuestaria para el año 2022. ¿Cómo va a confrontar un escenario tan complicado?

Quizá sea un estudio de caso la forma por la cual el gobierno decidió no hacer política cuando más la necesitaba. Tal como ha procedido en estos primeros meses, su ingenuidad, su fanatismo, su arrogancia, y su incapacidad absoluta de comprender qué es la política y cómo hacerla, determinen su desenlace. El gobierno ha demostrado no tener ni la inteligencia, ni la habilidad política para enfrentar tanto a la Asamblea Nacional cuanto a los movimientos sociales, en especial al movimiento indígena. Así, todo apunta a confirmar la hipótesis que, tal como están las cosas, Guillermo Lasso no terminará el periodo al cual fue electo.

Por Pablo Dávalos | 09/10/2021

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Con una fortuna de 2.5 mil mdd Donald Trump no alcanzó a ingresar a la lista de los 400 estadunidenses más ricos, el mínimo requerido es de 2.9 mil mdd. A la derecha, Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien repite por cuarto año consecutivo en el número uno de los más ricos del país. Ambos en imagen de archivo. Foto Ap

Incrementaron sus fortunas 40% en año de pandemia // Trump sale de la lista de Forbes por primera vez en 25 años // Pagan tasas muy por debajo de la mayoría de los contribuyentes

 

Nueva York., Los 400 estadunidenses más ricos incrementaron su riqueza total 40 por ciento el año pasado, en plena pandemia, cuyas consecuencias económicas han devastado a millones de personas en este país y el resto del mundo, elevando el monto de su fortuna colectiva a 4.5 billones de dólares.

Casi todos en este exclusivo club tienen más dinero ahora que hace un año, pero entre las excepciones está un ex presidente, según la lista anual de los 400 más ricos de Estados Unidos calculada y publicada por Forbes.

Muchos de estos mismos individuos y sus empresas legalmente pagaron poco o nada de impuestos federales, con tasas muy por debajo de la gran mayoría de los contribuyentes, a tal extremo que no requieren de los servicios para ocultar sus fortunas del fisco en cuentas y entidades offshore como las reveladas por los Papeles de Pandora esta semana.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, repitió por cuarto año consecutivo en su puesto número uno en la lista de Forbes de los estadunidenses más ricos con una fortuna personal de 201 mil millones de dólares (su ahora ex esposa MacKenzie Scott está en el número 15 con 58.5 mil millones). Elon Musk, de Tesla, le sigue con una fortuna de 190.5 mil millones y en tercero está Mark Zuckerberg, de Facebook, con 134.5 mil millones. Bill Gates está en cuarto puesto con 134 mil millones (su ex esposa Melinda French Gates ocupa el número 158 con 6.3 mil millones). Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin ocupan los siguientes dos lugares, y entre los 20 más ricos también están Michael Bloomberg, y en los sitios 11, 12 y 13 están los integrantes de la familia Walton, dueños de Walmart. (Para ver la lista completa: https://www.forbes.com/forbes-400/).

Para ingresar a este exclusivo club de los 400 más ricos, se requiere una fortuna mínima de 2.9 mil millones. Unos 51 fueron expulsados de la lista de ricos supremos, entre ellos, el ex presidente Donald Trump, quien por primera vez en 25 años no figura en la lista, su fortuna se calcula en sólo 2.5 mil millones. Fue uno de los pocos ricos que no disfrutaron del auge de los multimillonarios del año pasado, con la fortuna del autoproclamado "genio" empresarial perdiendo 600 millones.

La concentración de riqueza que este club representa es parte de la mayor desigualdad económica en la historia de Estados Unidos desde 1928, tema que está al centro del debate político y social nacional. El hecho de que se volvieran más ricos que nunca durante una pandemia con consecuencias económicas masivas para las mayorías en el país expresadas en mayor pobreza, más hambre, y por un tiempo con niveles de desempleo dramáticos, sólo confirmó para muchos un sistema que algunos críticos –como el senador Bernie Sanders o intelectuales como Noam Chomsky, Cornel West y Robert Reich– califican de llegar casi a una oligarquía.

Los Papeles de Pandora, proyecto de investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que está provocando un terremoto al revelar los clientes y cómplices de una economía clandestina internacional para los ricos y sus métodos de operación, arrojó una interrogante al no encontrar a muchos estadunidenses entre los individuos ultra-rricos que suelen usar los llamados paraísos fiscales.

Una razón de ello, concluyen algunos de los investigadores, es que estos estadunidenses no necesitan esos paraísos fiscales para ocultar sus fortunas, ya que bajo las leyes y el sistema tributario de su país logran evitar el pago de impuestos de manera legal.

Los más ricos de Estados Unidos, Bezos, Musk, Bloomberg... pagan casi nada en impuestos federales sobre sus ingresos, y muchas veces ni un solo centavo, confirma una investigación reciente de ProPublica. La organización de periodismo de investigación obtuvo un enorme acervo de la agencia federal de impuestos –el IRS– de los datos sobre miles de los individuos más ricos del país a lo largo de15 años, y concluyó que "destruye el mito de la piedra angular del sistema de impuestos estadunidense: que todos pagan su justa parte y que los más ricos pagan más que todos". Los documentos oficiales muestran que los más ricos, de manera legal, logran pagar apenas una mínima fracción en impuestos sobre el crecimiento por cientos de millones, y hasta miles de millones, de sus fortunas.

La tasa media de impuestos federales de un hogar estadunidense es de 14 por ciento, y el más alto sobre una pareja llega a 37 por ciento si tienen ingresos superiores a 628 mil 300. Pero el análisis realizado por ProPublica descubre que lo que llaman la "tasa real de impuestos" sobre el incremento de riqueza cada año de los 25 estadunidenses más ricos es de sólo 3.4 por ciento. La tasa real para Jeff Bezos entre 2014 y 2018, cuando su fortuna creció 99 mil millones, fue de 0.98 por ciento, la de Warren Buffett de 0.10 por ciento, y así (https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax).

En algunos años, estos megarricos pagaron cero en impuestos –fue el caso de Bezos, entre otros–, en 2007 y lo mismo en 2011.

Fideicomisos para heredar

A la vez, más de la mitad de los 100 estadundienses más ricos usan fideicomisos para evitar el pago de impuestos cuando trasladan sus fortunas a sus herederos, descubrió ProPublica. Bloomberg, los hermanos Koch, la viuda del fundador de Apple están entre los que usan estos mecanismos especiales, todo lo cual lleva a que las arcas públicas pierdan, según algunos cálculos, cientos de miles de millones.

Chuck Collins, especialista en maniobras de los más ricos para proteger sus fortunas y coordinador del programa sobre desigualdad económica del Institute for Policy Studies (https://inequality.org), bautiza a los banqueros, abogados y contadores dedicados a esta sagrada misión como "la industria de defensa de los ricos" en su libro Los acaparadores de la riqueza.

Así, los estadunidenses con más dinero ya viven esencialmente en un paraíso fiscal, y no necesitan recurrir al extranjero, o sea, offshore, bajo las reglas del juego actuales en su país para evitar pagar impuestos, aunque muchos desean ocultar partes de sus fortunas por otras razones, y varias empresas estadunidenses siempre buscan formas de trasladar parte de sus activos a otros "paraísos", a fin de reducir sus impuestos.

Con las revelaciones de los Papeles de Pandora, junto con el trabajo de otros como ProPublica e IPS, es cada vez más difícil fingir que los más ricos en Estados Unidos viven bajo las mismas reglas que los demás.

Todo eso está provocando un debate nacional que buena parte de la cúpula económica y los políticos cómplices de este juego clandestino habían logrado evitar durante años sobre la existencia, transparencia y legitimidad del paraíso de los ricos

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Pandora Papers y el impuesto global a las multinacionales

Los Pandora Papers reavivaron el reclamo por una mayor justicia tributaria. Críticas al presidente norteamericano Joe Biden

 

"Se necesita un ambicioso impuesto mínimo global sobre las multinacionales, mucho más alto que el 15 por ciento que está ahora sobre la mesa y lo más cercano posible al 25 por ciento, para acabar con la dañina competencia fiscal entre países y reducir el incentivo de las multinacionales a trasladar sus beneficios a los paraísos fiscales", señaló la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Impositivo Corporativo (ICRICT).

El pedido de este grupo de expertos, entre los que sobresale el Nobel Joseph Stiglitz, y el reconocido economista Thomas Piketty, es en respuesta al informe "Pandora Papers" publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que destapó una larga serie de operaciones por medio de empresas fantasmas que permiten a las personas más ricas del mundo transferir enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

El ICRICT propone gravar las ganancias de las multinacionales no en función de dónde establecen su casa matriz, que suele ser en lugares de opacidad fiscal como Luxemburgo, Suiza, Hong Kong o el Reino Unido, sino en base a sus actividades reales, es decir, dónde se ubican los factores clave: empleo, ventas y activos.

También la prestigiosa organización Tax Justice Network se hizo eco del informe Pandora Papers. "Cada año, el mundo pierde 427 mil millones de dólares en impuestos a raíz de los paraísos fiscales. Eso equivale al salario anual de una enfermera que se pierde cada segundo en favor de las corporaciones y los individuos más ricos del mundo. No es casualidad que el pequeño club de países ricos que tienen el control de las reglas globales impositivas sean los responsables de dos tercios de los abusos tributarios. Los principales bloqueos a la transparencia son responsabilidad de los Estados Unidos y el Reino Unido. El Presidente Joe Biden debe hacerse cargo de su propia retórica sobre bajarle la persiana a las finanzas ilícitas comenzando con su propio país", indicó Alex Cobham, CEO de la entidad.

Pandora 

Los Pandora Papers surgieron a partir del estudio de 12 millones de documentos durante un año por 150 medios de prensa del planeta. Entre los nombres que destapan están el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa; el ex director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; el rey Abdalá II de Jordania; el círculo más próximo al presidente ruso de Vladimir Putin; los músicos Julio Iglesias, Shakira, Elton John y Ringo Starr; el entrenador del Manchester City Pep Guardiola y el primer ministro de República Checa, Andrej Babis.

La lista también incluye a 14 jefes de Estado de América Latina, de los cuales tres están en el poder: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de las firmas off-shore. Entre los nombres púbicamente conocidos destacan Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; Mariano Macri, hermano menor del ex presidente; el futbolista Angel Di María y el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del difunto presidente Néstor Kirchner. También aparece el ex consultor político de Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Impacto

"La elusión y la evasión fiscal tienden a reducir los ingresos públicos, pero también han generado un cambio en la composición tributaria hacia los impuestos indirectos, especialmente en los países en desarrollo, lo cual ha contribuido claramente a aumentar la regresividad del sistema. La forma más eficaz de acabar con los paraísos fiscales sería adoptar lo que podría ser un acuerdo internacional verdaderamente histórico: que todos los beneficios mundiales de las multinacionales tributen en función de sus actividades reales en cada país mediante un prorrateo formulario y que se adopte un ambicioso impuesto mínimo efectivo global del 25 por ciento sobre las multinacionales", señaló José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y presidente de la ICRICT.

La evasión tributaria a partir de la operatoria con paraísos fiscales está estrechamente ligada con la desigualdad, en la medida en que permite a las personas ricas no pagar dinero cuyo uso por parte del Estado tiende a equilibrar la balanza social de los ingresos.

"Cuando las compañías más grandes y las personas más ricas engañan con sus impuestos, todos sufrimos de peores servicios públicos. Los gobiernos cuentan con menos recursos para redistribuir y aumenta la inequidad", explica Cobham.

Gabriel Zucman, profesor asociado de economía en la Universidad de California, Berkeley, y miembro de la ICRICT dijo que "las empresas ficticias, es decir, sociedades sin sustancia económica, cuyo único propósito es eludir los impuestos u otras leyes, deben ser prohibidas. La manera de conseguirlo no es complicada: necesitamos un acuerdo mundial. Y los principales obstáculos para acabar con las empresas ficticias no son las Islas Vírgenes Británicas o Vanuatu, a las que probablemente se pueda obligar a unirse a un acuerdo de este tipo, sino los grupos de personas en Estados Unidos y en Europa que utilizan a los gobiernos de los paraísos fiscales como excusa".

5 de octubre de 2021

Publicado enEconomía
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