Pablo Dávalos

El gobierno de Guillermo Lasso está atenazado por dos grandes fuerzas que lo condicionan y de las cuales no ha podido salir: de una parte la organización social que tiene en la organización indígena CONAIE su representación más importante y legítima; y, de otra, su débil posición en la Asamblea Nacional que nunca pudo ser resuelta.

Lo paradójico y contradictorio es que, a pesar de tener un escenario tan poco favorable, el gobierno nunca dejó de pisar el acelerador para sus reformas económicas neoliberales.

En pocos meses, en efecto, emitió una serie de Decretos Ejecutivos que alteraban de forma trascendente varias políticas públicas, por ejemplo, la privatización de toda la industria hidrocarburífera, la adscripción al CIADI del Banco Mundial, la apertura para la minería a gran escala, el financiamiento del gasto corriente con ingresos no permanentes que está prohibido por la Constitución, etc.

El sustento social gracias el cual pudo avanzar tanto en tan poco tiempo estuvo en su exitosa campaña de vacunación que, en apenas semanas, logró avances sin precedentes y que redujo la mortalidad de la pandemia del Covid-19 por vez primera desde que esta empezó.

Nunca hubo una alianza de gobernabilidad con Pachakutik e Izquierda Democrática

Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que tiene el gobierno? Un primer análisis, y que partía de una interpretación apresurada de la alianza que se realizó entre el gobierno, el movimiento Pachakutik y la Izquierda Democrática para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, consideraba que con esta alianza circunstancial se podía dar al régimen la gobernabilidad que necesitaba. Para realizar esa alianza el gobierno, en efecto, tuvo que romper con los acuerdos previos a los que había llegado con el derechista partido socialcristiano y con el movimiento del ex presidente Rafael Correa, UNES.

No obstante, y como el tiempo habría de demostrarlo, se trató de una interpretación errónea sobre una alianza coyuntural que en absoluto significaba una alianza de gobernabilidad. Esto significaba que el gobierno siempre estuvo solo en la Asamblea Nacional y que, más allá de los asambleístas independientes que pudieron ser cooptados por el régimen, no tenía ninguna base sólida para garantizar su gobernabilidad, al menos en la Asamblea Nacional.

Esto suscita una inquietud y es tratar de discernir si el gobierno estaba consciente de sus propias debilidades en la Asamblea Nacional y saber cómo trató su superarlas. Pero la coyuntura política dio cuenta que el gobierno de Guillermo Lasso no realizó ninguna lectura política coherente sobre su debilidad dentro del sistema político, justo por ello se explican la serie consecutiva de errores políticos del régimen. Al no tener una idea clara de sus posibilidades y límites dentro del legislativo, era obvio que sus errores tenían que ser proporcionales a su falta de comprensión de su propio entorno.

El fracaso de la consulta popular como estrategia política

El régimen de Guillermo Lasso creyó que la popularidad y la credibilidad que había obtenido a partir del exitoso programa de vacunación, podía ser suficiente para darle el piso y sustento de gobernabilidad que necesitaba. Quizá en sus propios cálculos pensó que con esos niveles de legitimidad podía arrinconar a la Asamblea Nacional y obligarla a plegarse a su proyecto. Pensó también que con el apoyo de los grandes medios de comunicación, esa estrategia podía ser eficaz. Pero, en realidad, se trató tanto de ingenuidad, cuanto de desconocimiento quizá por la arrogancia de pensar que haber ganado el poder ejecutivo le podía dar patente de corso para imponer sus propias prescripciones al país y a la legislatura. El gobierno creyó en sus propios simulacros.

Es sobre esa estrategia que el gobierno apela a la consulta popular si no se aprobaban sus propuestas económicas, políticas y jurídicas. A través de este mecanismo de la consulta popular, el régimen podía orillar a la Asamblea Nacional a una posición defensiva. Le sirvió, para esta estrategia, la campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional realizada tanto por la gran prensa cuanto por sus propios alfiles dentro del sistema político.

Pequeños errores administrativos de la legislatura fueron amplificados y coparon el debate nacional como si fuesen cuestiones de trascendencia única. Los medios de comunicación, y los operadores políticos del gobierno en la Asamblea, en especial, el presidente de la Comisión de Fiscalización, habían creado un ambiente de tal tensión política que incluso podían llegar al escenario de nombrar nuevas autoridades para el legislativo.

La crisis carcelaria y el fracaso de la estrategia política del gobierno

Esta estrategia mediática y política fracasó de forma estruendosa por la crisis carcelaria que vivió el país justamente en esos momentos, a fines del mes de septiembre. Guayaquil, de la misma manera que sucedió en la crisis sanitaria del Covid-19, esta vez fue noticia mundial por el asesinato y tortura de más de cien personas privadas de libertad, en un ejercicio de sadismo y horror que sobrecogieron a la sociedad y al mundo.

Las masacres en las cárceles de Guayaquil daban cuenta que el gobierno no había podido resolver el tema de la crisis carcelaria y que su apuesta por la reducción del tamaño del Estado le pasaba factura desde uno de los sectores más críticos, como son las penitenciarías, y que habían sido sometidas al desmantelamiento de varios programas específicos para ese sector, así como a la reducción incluso del gasto en mantenimiento de las instalaciones penitenciarias en todo el país.

Si a eso se suma la forma-prisión desde la cual las autoridades judiciales del país piensan que se pueden resolver los conflictos sociales y jurídicos, se tiene un escenario complejo de hacinamiento, deterioro de servicios, falta de inversión en programas específicos, dotación de equipos y contratación de personal clave, entre otros.

El gobierno de Lasso se descuidó completamente de este sector tan importante, así como de otros huelga decir, y se concentró en utilizar el exitoso proceso de vacunación contra el Covid-19 como su única baza política. Por ello, cuando estalló nuevamente la crisis carcelaria, el primer sorprendido con la noticia fue el propio gobierno que no atinó a dar una sola respuesta. Se quedó paralizado por sus propios errores y descuidos.

Al no tener capacidad de respuesta inmediata, la crisis carcelaria lo rebasó por los cuatro costados y puso un límite a su estrategia política de utilizar la credibilidad del proceso de vacunación. La sociedad se horrorizó por lo sucedido en las cárceles y fue testigo y víctima de cómo ese conflicto se derramaba por el tejido social. El ambiente de inseguridad se convirtió en una incertidumbre real para las personas que ahora tienen miedo incluso de transitar por cualquier calle. El Estado había fracasado en uno de sus temas más delicados y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La percepción de “Estado-fallido” es cada vez más persistente en los ciudadanos y no hay aún una sola política pública que pueda revertir esa percepción.

El fallido proyecto de ley económico urgente: “Creando Oportunidades”

En ese contexto, la campaña mediática contra la Asamblea nacional (el costo de las empanadas), mostró su ridiculez y mezquindad. Puso en su justa perspectiva los conflictos sociales de un país acosado por la crisis, el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso, la falta de oportunidades. No obstante, el gobierno no supo realizar una lectura de ese momento. En medio de la crisis carcelaria y apresurado por cumplir con sus obligaciones contraídas con el FMI, el gobierno se apresuró a enviar el proyecto de ley con el carácter de económico-urgente “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, el 24 de septiembre de 2021.

De forma previa y apenas semanas antes, la Asamblea Nacional le había devuelto al gobierno, sin aprobar y con observaciones, la proforma presupuestaria para el año 2021 y también le había reclamado al Presidente Lasso por no haber presentado, conforme lo dictamina la Constitución y la ley, el Plan Nacional de Desarrollo, insumo básico para la construcción de la política fiscal y la programación presupuestaria para los próximos cuatro años.

Todas las señales, por lo tanto, dan cuenta de un gobierno inexperto, sin capacidad de lectura política de sus propias condiciones de gobernabilidad, y llevado al fanatismo por su propia ideología libertaria y neoliberal, sin considerar para nada los límites constitucionales, jurídicos, legales y políticos de su propio proyecto.

Esto puede avizorarse con el proyecto de ley económico urgente que el gobierno había sumarizado en la frase: “Creación de Oportunidades”. Se trataba de un proyecto de ley económico urgente que tenía que ser revisado, discutido y analizado por la Asamblea Nacional en un mes, caso contrario entraría en vigencia por el ministerio de ley. El proyecto de ley del gobierno constaba de cuatro libros normativos con 335 artículos, 11 Disposiciones Generales y 15 Disposiciones Transitorias.

En el primer libro el proyecto de ley intentaba crear un régimen laboral alternativo al vigente Código del Trabajo en el que, prácticamente, eliminaba todos los derechos laborales hasta ahora vigentes para instaurar un régimen de flexibilización laboral absoluta, en el cual el epítome se registraba en el artículo 75 del proyecto de reforma que establecía que en caso de despido intempestivo era el trabajador quien tenía que pagar una indemnización a sus patronos; en el segundo libro de las reformas se establecían contribuciones temporales a través de imposiciones tributarias básicamente a la clase media para obtener alrededor de 950 millones adicionales para el presupuesto del año 2022 (que no iban a ser utilizados como gasto corriente, sino que tenían como destino las reservas internacionales para garantizar flujos de capital a los bancos privados, hay que aclarar); en el tercer libro constaban normas para el régimen impositivo único y temporal para activos en el exterior, mientras que en el libro cuarto se contemplaban reformas a varios cuerpos legales, como por ejemplo reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Artesano, al Código General de Procesos, a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de Minería, a la Ley Orgánica de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana, entre los 31 cuerpos legales que esta propuesta de ley intentaba cambiar. En todas ellas subyacía la desregulación pública y la transferencia de capacidades públicas hacia el sector privado.

El proyecto de ley económico urgente del régimen, a todas luces, entraba en contradicción directa con el artículo 136 de la Constitución que establece que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia; la Constitución determina que si no se cumple con este requisito no podrá tramitarse ningún proyecto de ley; era obvio, entonces, que un proyecto de esas características no pase por los filtros constitucionales, jurídicos y procedimentales de la Asamblea Nacional.

A pesar de la enorme maquinaria mediática que trabajó a favor del régimen para crear el consenso sobre este proyecto de ley, el Consejo de Administración de la Legislatura, no pudo aprobar ese proyecto de ley para su trámite respectivo dentro de la Asamblea, porque no cumplía con los requisitos básicos de unidad y conexidad de materia, y tuvo que devolver el proyecto de ley al gobierno para que subsane los errores y, si cree conveniente, pueda volver a enviarlo.

Para el gobierno se trataba de una derrota en toda la línea porque había apostado los ejes gruesos de su proyecto de largo plazo en esta propuesta de ley. No había punto de retorno y, al mismo tiempo, se había desmoronado la estrategia de shock que hasta entonces había caracterizado a la política del régimen.

El gobierno no puede cumplir con los acuerdos con el FMI

Los principales partidos y movimientos políticos de la Asamblea, además, emitieron un mensaje específico en el cual le ratificaron al gobierno que no aprobarían ninguna reforma fiscal, tributaria, económica y, menos aún, laboral en contra de los derechos de los trabajadores y que castigaban a las clases medias. Su plan económico, por tanto, se quedaba sin piso en el legislativo.

A pesar que la crisis carcelaria desmoronaba poco a poco la legitimidad y credibilidad del régimen, el gobierno comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de la consulta popular. Su lectura aún radicaba en los altos índices de popularidad y pensaba, otra vez ingenuamente, que ese ambiente podía darle el oxígeno político para aprobar sus reformas por la vía de la consulta. De esta manera, se imaginaba el régimen, podía retornar a la Asamblea Nacional con las reformas tributarias y fiscales, mientras que el grueso de las otras reformas se podían aprobar vía consulta.

Ahora bien, para el régimen era imprescindible aprobar las reformas fiscales y tributarias, así como las reformas laborales y a la seguridad social, porque ya se había comprometido con el FMI durante la segunda y tercera revisión al acuerdo de financiamiento extendido que el país tenía con esta institución desde septiembre del año 2020 y para un plazo de 27 meses, para hacerlo.

Con las revisiones al programa económico establecido con el FMI y con los compromisos asumidos por el gobierno de incrementar el ingreso fiscal y reducir aún más el gasto corriente y el gasto de inversión (el superávit fiscal que sería trasladado a las reservas internacionales), más las reformas de flexibilización laboral y la transición al sistema de cuentas individuales en la seguridad social, el gobierno esperaba que el FMI desembolse los recursos pendientes desde estas revisiones: 802 millones de dólares en octubre de 2021, más 700 millones a desembolsarse en diciembre de ese mismo año. Con esa liquidez, podía capear los últimos meses del 2021. Por tanto, es absolutamente impensable, para el régimen, incumplir con los compromisos asumidos con el FMI.

Es por eso que el gobierno no puede revisar el incremento del precio de los combustibles, como lo han pedido varias organizaciones sociales y gremiales, y tampoco puede evitar la reducción del tamaño del Estado y las reformas fiscales y tributarias, a pesar del alto costo político de mantener esas medidas. El régimen está dispuesto a inmolarse a incumplir con el FMI.

La devolución del proyecto de ley económica-urgente, empero, pone en cuenta regresiva al acuerdo con el FMI. Una suspensión o incumplimiento de ese acuerdo con el FMI se castiga directamente con el incremento del riesgo país, con la caída del precio de los bonos de deuda soberana en los mercados secundarios, con aumentos de las tasas de interés para la emisión de nuevos bonos y, a nivel interno, con más fugas de capital, que en el caso del Ecuador reducen la cantidad de moneda existente en virtud del esquema de dolarización de la economía y, en consecuencia, acentúan la crisis económica.

Los Pandora Papers y el fantasma de la destitución

Es en medio de este escenario que se producen dos hechos que afectan aún más al gobierno. El primero es la publicación de los denominados “Pandora Papers”, una investigación periodística en el cual están comprometidos más de 600 periodistas de investigación de todo el mundo y con la participación directa de los medios de comunicación más importantes del planeta. En estos Pandora Papers aparece involucrado directamente el Presidente Guillermo Lasso como poseedor de fondos fiduciarios y de inversión en diversos paraísos fiscales.

La ley ecuatoriana, producto de una consulta popular efectuada en el año 2017, prohíbe de manera terminante que los servidores públicos, y en especial las autoridades de elección popular y, evidentemente el Presidente de la república, tengan inversiones en paraísos fiscales, tanto ellos cuanto sus cónyuges e hijos dependientes.

La investigación del consorcio internacional de periodismo de investigación que publicó los Pandora-Papers, y que continúan la saga de los Panamá-Papers, demuestra que Guillermo Lasso y su familia directa efectivamente poseen inversiones en paraísos fiscales.

Al tenor de esta denuncia internacional, la Asamblea Nacional procedió a aprobar la investigación correspondiente para conocer los movimientos económicos y tributarios de Guillermo Lasso.

Ahora bien, una primera consecuencia de esta denuncia, es que deja sin piso a la propuesta tributaria contenida en el proyecto económico-urgente y que el gobierno pensaba enviar como reformas parciales a la Asamblea Nacional. En efecto, surge la duda sobre la ética y moral de la propuesta gubernamental: ¿tiene capacidad ética un Presidente de la república de proponer el pago de impuestos a sus ciudadanos, cuando la prensa mundial lo acusa de tener inversiones en paraísos fiscales para evitar pagar precisamente esos impuestos?

Para la ciudadanía, y para el sistema político, es difícil apoyar y suscribir cualquier propuesta de reforma fiscal y tributaria que provenga desde el Presidente Guillermo Lasso en especial luego del affaire de los Pandora Papers. Aparecerá como una propuesta falaz y con un costo político muy alto para quienes la aprueben y suscriban.

Sin temor a equivocarme, pero creo que las reformas fiscales y tributarias de Guillermo Lasso prácticamente no tienen posibilidad alguna de ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin sustento ético y sin apoyo social, es difícil que la Asamblea lo haga.

El incumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, por tanto, es inevitable. La crisis de credibilidad de los mercados financieros internacionales con respecto al gobierno de Lasso también es ineluctable.

Ahora bien, este escenario pone la disputa del Ejecutivo con la Asamblea Nacional a otro nivel porque esta vez el gobierno pasa a la defensiva. Tiene que demostrar que las denuncias internacionales de los Pandora Papers no son relevantes ni lo afectan en absoluto porque el Presidente Lasso habría cumplido con la ley y no posee ninguna inversión en paraísos fiscales, ni en la banca off-shore. Empero, para alguien que proviene directamente desde uno de los bancos privados más importantes del país, el Banco de Guayaquil, y como su director y accionista principal, demostrar que no posee inversiones en banca off-shore se convierte en una tarea casi imposible.

De esta forma, el espacio político sobre el cual el régimen pensaba articular la consulta popular para aprobar las reformas negociadas con el FMI, prácticamente desaparece. No tiene ningún capital político para el proceso de consulta popular. Tiene que defenderse de las acusaciones de los Pandora Papers y tiene que enfrentar una amenaza que, hasta antes de esa denuncia internacional, no existía, la posibilidad de su enjuiciamiento político y eventual destitución por parte de la Asamblea Nacional.

Para los partidos y movimientos políticos más importantes de la Asamblea Nacional, los Pandora Papers son un regalo caído del cielo. Tienen un argumento potente para poner a la defensiva al régimen. Tienen en sus manos la posibilidad cierta de su eventual destitución por incumplimiento de disposiciones legales expresas con respecto a inversiones en bancas off-shore y la participación electoral. La Asamblea Nacional sabe que si tira de los hilos adecuados y sigue las pistas apropiadas, puede llegar a demostrar que, efectivamente, el Presidente incumplió con la ley. Así, el escenario no puede ser peor para Guillermo Lasso, y apenas a cinco meses de su posesión. El fantasma de su destitución cruza por los pasillos del palacio de gobierno.

La CONAIE prepara otro levantamiento

El otro hecho significativo es la ruptura de los diálogos con las organizaciones sociales, en especial, la CONAIE. En la reunión mantenida con las organizaciones indígenas el 4 de octubre de 2021, la CONAIE llevó a la mesa de diálogo con el gobierno su rechazo a la elevación continua de los combustibles producto de varios decretos ejecutivos al respecto y que fueron emitidos por el anterior gobierno, pero que forman parte de las negociaciones con el FMI.

Al no existir ningún acuerdo sobre este punto, los demás acuerdos (seis puntos en total y que comprendían, entre otros, una moratoria de un año para las obligaciones financieras de los pequeños productores agrícolas, el respeto a los derechos colectivos y el cese de actividades extractivas en territorios indígenas, etc.), tampoco tuvieron oportunidad de ser ni discutidos ni negociados.

El gobierno desperdició una circunstancia única por su tozudez de revisar una política condicionada por el FMI, aquella del incremento de los precios de los combustibles, y se abrió, de forma gratuita y en su peor momento, otro frente de batalla. La CONAIE, en efecto, y luego de la reunión con Guillermo Lasso anunció que se abría un proceso de consultas internas para ejercer el derecho a la resistencia, es decir, la movilización social.

Es realmente increíble la incapacidad del gobierno por comprender su propio tiempo político y sus propias condiciones de gobierno. Si durante el diálogo con la CONAIE el gobierno hubiese aceptado la propuesta de congelar el precio de los combustibles y apoyar una moratoria de pagos de un año al sistema financiero nacional de los pequeños productores agrícolas, habría desarmado un frente en el cual no tiene ninguna capacidad de generar contrapesos. Pero el gobierno creó un simulacro (que habían llegado a 11 puntos de acuerdo con el movimiento indígena), y se lo creyó. No hay acuerdo alguno con el movimiento indígena. El régimen no puede dar consistencia a sus propias ficciones porque daría cuenta que ha perdido incluso su sentido y su principio de realidad.

Ahora tiene que confrontar una dura batalla en la Asamblea Nacional que se encamina hacia su destitución, y tiene que hacer frente a una probable movilización nacional del movimiento indígena. Además necesita de capital político para aprobar su próxima proforma presupuestaria para el año 2022. ¿Cómo va a confrontar un escenario tan complicado?

Quizá sea un estudio de caso la forma por la cual el gobierno decidió no hacer política cuando más la necesitaba. Tal como ha procedido en estos primeros meses, su ingenuidad, su fanatismo, su arrogancia, y su incapacidad absoluta de comprender qué es la política y cómo hacerla, determinen su desenlace. El gobierno ha demostrado no tener ni la inteligencia, ni la habilidad política para enfrentar tanto a la Asamblea Nacional cuanto a los movimientos sociales, en especial al movimiento indígena. Así, todo apunta a confirmar la hipótesis que, tal como están las cosas, Guillermo Lasso no terminará el periodo al cual fue electo.

Por Pablo Dávalos | 09/10/2021

Publicado enInternacional
Con una fortuna de 2.5 mil mdd Donald Trump no alcanzó a ingresar a la lista de los 400 estadunidenses más ricos, el mínimo requerido es de 2.9 mil mdd. A la derecha, Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien repite por cuarto año consecutivo en el número uno de los más ricos del país. Ambos en imagen de archivo. Foto Ap

Incrementaron sus fortunas 40% en año de pandemia // Trump sale de la lista de Forbes por primera vez en 25 años // Pagan tasas muy por debajo de la mayoría de los contribuyentes

 

Nueva York., Los 400 estadunidenses más ricos incrementaron su riqueza total 40 por ciento el año pasado, en plena pandemia, cuyas consecuencias económicas han devastado a millones de personas en este país y el resto del mundo, elevando el monto de su fortuna colectiva a 4.5 billones de dólares.

Casi todos en este exclusivo club tienen más dinero ahora que hace un año, pero entre las excepciones está un ex presidente, según la lista anual de los 400 más ricos de Estados Unidos calculada y publicada por Forbes.

Muchos de estos mismos individuos y sus empresas legalmente pagaron poco o nada de impuestos federales, con tasas muy por debajo de la gran mayoría de los contribuyentes, a tal extremo que no requieren de los servicios para ocultar sus fortunas del fisco en cuentas y entidades offshore como las reveladas por los Papeles de Pandora esta semana.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, repitió por cuarto año consecutivo en su puesto número uno en la lista de Forbes de los estadunidenses más ricos con una fortuna personal de 201 mil millones de dólares (su ahora ex esposa MacKenzie Scott está en el número 15 con 58.5 mil millones). Elon Musk, de Tesla, le sigue con una fortuna de 190.5 mil millones y en tercero está Mark Zuckerberg, de Facebook, con 134.5 mil millones. Bill Gates está en cuarto puesto con 134 mil millones (su ex esposa Melinda French Gates ocupa el número 158 con 6.3 mil millones). Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin ocupan los siguientes dos lugares, y entre los 20 más ricos también están Michael Bloomberg, y en los sitios 11, 12 y 13 están los integrantes de la familia Walton, dueños de Walmart. (Para ver la lista completa: https://www.forbes.com/forbes-400/).

Para ingresar a este exclusivo club de los 400 más ricos, se requiere una fortuna mínima de 2.9 mil millones. Unos 51 fueron expulsados de la lista de ricos supremos, entre ellos, el ex presidente Donald Trump, quien por primera vez en 25 años no figura en la lista, su fortuna se calcula en sólo 2.5 mil millones. Fue uno de los pocos ricos que no disfrutaron del auge de los multimillonarios del año pasado, con la fortuna del autoproclamado "genio" empresarial perdiendo 600 millones.

La concentración de riqueza que este club representa es parte de la mayor desigualdad económica en la historia de Estados Unidos desde 1928, tema que está al centro del debate político y social nacional. El hecho de que se volvieran más ricos que nunca durante una pandemia con consecuencias económicas masivas para las mayorías en el país expresadas en mayor pobreza, más hambre, y por un tiempo con niveles de desempleo dramáticos, sólo confirmó para muchos un sistema que algunos críticos –como el senador Bernie Sanders o intelectuales como Noam Chomsky, Cornel West y Robert Reich– califican de llegar casi a una oligarquía.

Los Papeles de Pandora, proyecto de investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que está provocando un terremoto al revelar los clientes y cómplices de una economía clandestina internacional para los ricos y sus métodos de operación, arrojó una interrogante al no encontrar a muchos estadunidenses entre los individuos ultra-rricos que suelen usar los llamados paraísos fiscales.

Una razón de ello, concluyen algunos de los investigadores, es que estos estadunidenses no necesitan esos paraísos fiscales para ocultar sus fortunas, ya que bajo las leyes y el sistema tributario de su país logran evitar el pago de impuestos de manera legal.

Los más ricos de Estados Unidos, Bezos, Musk, Bloomberg... pagan casi nada en impuestos federales sobre sus ingresos, y muchas veces ni un solo centavo, confirma una investigación reciente de ProPublica. La organización de periodismo de investigación obtuvo un enorme acervo de la agencia federal de impuestos –el IRS– de los datos sobre miles de los individuos más ricos del país a lo largo de15 años, y concluyó que "destruye el mito de la piedra angular del sistema de impuestos estadunidense: que todos pagan su justa parte y que los más ricos pagan más que todos". Los documentos oficiales muestran que los más ricos, de manera legal, logran pagar apenas una mínima fracción en impuestos sobre el crecimiento por cientos de millones, y hasta miles de millones, de sus fortunas.

La tasa media de impuestos federales de un hogar estadunidense es de 14 por ciento, y el más alto sobre una pareja llega a 37 por ciento si tienen ingresos superiores a 628 mil 300. Pero el análisis realizado por ProPublica descubre que lo que llaman la "tasa real de impuestos" sobre el incremento de riqueza cada año de los 25 estadunidenses más ricos es de sólo 3.4 por ciento. La tasa real para Jeff Bezos entre 2014 y 2018, cuando su fortuna creció 99 mil millones, fue de 0.98 por ciento, la de Warren Buffett de 0.10 por ciento, y así (https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax).

En algunos años, estos megarricos pagaron cero en impuestos –fue el caso de Bezos, entre otros–, en 2007 y lo mismo en 2011.

Fideicomisos para heredar

A la vez, más de la mitad de los 100 estadundienses más ricos usan fideicomisos para evitar el pago de impuestos cuando trasladan sus fortunas a sus herederos, descubrió ProPublica. Bloomberg, los hermanos Koch, la viuda del fundador de Apple están entre los que usan estos mecanismos especiales, todo lo cual lleva a que las arcas públicas pierdan, según algunos cálculos, cientos de miles de millones.

Chuck Collins, especialista en maniobras de los más ricos para proteger sus fortunas y coordinador del programa sobre desigualdad económica del Institute for Policy Studies (https://inequality.org), bautiza a los banqueros, abogados y contadores dedicados a esta sagrada misión como "la industria de defensa de los ricos" en su libro Los acaparadores de la riqueza.

Así, los estadunidenses con más dinero ya viven esencialmente en un paraíso fiscal, y no necesitan recurrir al extranjero, o sea, offshore, bajo las reglas del juego actuales en su país para evitar pagar impuestos, aunque muchos desean ocultar partes de sus fortunas por otras razones, y varias empresas estadunidenses siempre buscan formas de trasladar parte de sus activos a otros "paraísos", a fin de reducir sus impuestos.

Con las revelaciones de los Papeles de Pandora, junto con el trabajo de otros como ProPublica e IPS, es cada vez más difícil fingir que los más ricos en Estados Unidos viven bajo las mismas reglas que los demás.

Todo eso está provocando un debate nacional que buena parte de la cúpula económica y los políticos cómplices de este juego clandestino habían logrado evitar durante años sobre la existencia, transparencia y legitimidad del paraíso de los ricos

Publicado enInternacional
Pandora Papers y el impuesto global a las multinacionales

Los Pandora Papers reavivaron el reclamo por una mayor justicia tributaria. Críticas al presidente norteamericano Joe Biden

 

"Se necesita un ambicioso impuesto mínimo global sobre las multinacionales, mucho más alto que el 15 por ciento que está ahora sobre la mesa y lo más cercano posible al 25 por ciento, para acabar con la dañina competencia fiscal entre países y reducir el incentivo de las multinacionales a trasladar sus beneficios a los paraísos fiscales", señaló la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Impositivo Corporativo (ICRICT).

El pedido de este grupo de expertos, entre los que sobresale el Nobel Joseph Stiglitz, y el reconocido economista Thomas Piketty, es en respuesta al informe "Pandora Papers" publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que destapó una larga serie de operaciones por medio de empresas fantasmas que permiten a las personas más ricas del mundo transferir enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

El ICRICT propone gravar las ganancias de las multinacionales no en función de dónde establecen su casa matriz, que suele ser en lugares de opacidad fiscal como Luxemburgo, Suiza, Hong Kong o el Reino Unido, sino en base a sus actividades reales, es decir, dónde se ubican los factores clave: empleo, ventas y activos.

También la prestigiosa organización Tax Justice Network se hizo eco del informe Pandora Papers. "Cada año, el mundo pierde 427 mil millones de dólares en impuestos a raíz de los paraísos fiscales. Eso equivale al salario anual de una enfermera que se pierde cada segundo en favor de las corporaciones y los individuos más ricos del mundo. No es casualidad que el pequeño club de países ricos que tienen el control de las reglas globales impositivas sean los responsables de dos tercios de los abusos tributarios. Los principales bloqueos a la transparencia son responsabilidad de los Estados Unidos y el Reino Unido. El Presidente Joe Biden debe hacerse cargo de su propia retórica sobre bajarle la persiana a las finanzas ilícitas comenzando con su propio país", indicó Alex Cobham, CEO de la entidad.

Pandora 

Los Pandora Papers surgieron a partir del estudio de 12 millones de documentos durante un año por 150 medios de prensa del planeta. Entre los nombres que destapan están el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa; el ex director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; el rey Abdalá II de Jordania; el círculo más próximo al presidente ruso de Vladimir Putin; los músicos Julio Iglesias, Shakira, Elton John y Ringo Starr; el entrenador del Manchester City Pep Guardiola y el primer ministro de República Checa, Andrej Babis.

La lista también incluye a 14 jefes de Estado de América Latina, de los cuales tres están en el poder: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de las firmas off-shore. Entre los nombres púbicamente conocidos destacan Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; Mariano Macri, hermano menor del ex presidente; el futbolista Angel Di María y el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del difunto presidente Néstor Kirchner. También aparece el ex consultor político de Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Impacto

"La elusión y la evasión fiscal tienden a reducir los ingresos públicos, pero también han generado un cambio en la composición tributaria hacia los impuestos indirectos, especialmente en los países en desarrollo, lo cual ha contribuido claramente a aumentar la regresividad del sistema. La forma más eficaz de acabar con los paraísos fiscales sería adoptar lo que podría ser un acuerdo internacional verdaderamente histórico: que todos los beneficios mundiales de las multinacionales tributen en función de sus actividades reales en cada país mediante un prorrateo formulario y que se adopte un ambicioso impuesto mínimo efectivo global del 25 por ciento sobre las multinacionales", señaló José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y presidente de la ICRICT.

La evasión tributaria a partir de la operatoria con paraísos fiscales está estrechamente ligada con la desigualdad, en la medida en que permite a las personas ricas no pagar dinero cuyo uso por parte del Estado tiende a equilibrar la balanza social de los ingresos.

"Cuando las compañías más grandes y las personas más ricas engañan con sus impuestos, todos sufrimos de peores servicios públicos. Los gobiernos cuentan con menos recursos para redistribuir y aumenta la inequidad", explica Cobham.

Gabriel Zucman, profesor asociado de economía en la Universidad de California, Berkeley, y miembro de la ICRICT dijo que "las empresas ficticias, es decir, sociedades sin sustancia económica, cuyo único propósito es eludir los impuestos u otras leyes, deben ser prohibidas. La manera de conseguirlo no es complicada: necesitamos un acuerdo mundial. Y los principales obstáculos para acabar con las empresas ficticias no son las Islas Vírgenes Británicas o Vanuatu, a las que probablemente se pueda obligar a unirse a un acuerdo de este tipo, sino los grupos de personas en Estados Unidos y en Europa que utilizan a los gobiernos de los paraísos fiscales como excusa".

5 de octubre de 2021

Publicado enEconomía
Pandora Papers: la caja infinita donde líderes mundiales esconden sus fortunas

Casi 12 millones de documentos revelan listas de clientes offshore 

La nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pone al descubierto al rey Abdalá II de Jordania, a los presidentes Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, al expremier británico Tony Blair, centenas de responsables políticos y millonarios. 

 

Las retóricas contra la corrupción duermen su sueño de palabras mientras los dirigentes del mundo esconden sus capitales en los paraísos fiscales. Cinco años después de los Panamá Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) vuelve a poner sobre la mesa la metodología con la cual monarcas, figuras de los medios y jefes de Estado y de Gobierno disimulan sus fortunas o sus operaciones fraudulentas por medio de empresas fantasmas o estructuras pantalla anónimas que les permiten mudar enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales. La nueva y amplísima investigación del ICIJ se llama hoy Pandora Papers y concierne a un rey, a siete presidentes (35 en total, 14 de ellos en América Latina), a cuatro primeros ministros en ejercicio, a centenas de responsables políticos de más de 90 países--la Argentina también--y a 130 millonarios.

En total, se trata de 12 millones de documentos que fueron analizados durante un año por 150 medios de prensa del planeta. El resultado es más que una “caja de Pandora”. Se parece, más bien, a un pozo negro e infinito donde van a parar miles y miles de millones de dólares gracias a la complicidad de, en este caso, 14 gabinetes especializados en la creación de empresas offshore en paraísos fiscales (Trident Trust, DadLaw, SFM, Alcogal, Il Shin, OMC Group, etc) como las Islas Vírgenes Británicas, Dubái, Singapur, Belice, Chipre, Panamá o las Islas Seychelles. También surgen otros intermediarios que suministran “llave en mano” los útiles necesarios para evadir capitales: abogados, notarios, escribanos, bancos y consejeros financieros son los intermediarios ideales para entender y acceder al vicioso mecanismo offshore.

Una práctica constante

Más allá de los nombres que revelan, los Pandora Papers descorchan dos escándalos más: la inoperancia de la justicia y el carácter sistemático de estas prácticas. No son un accidente sino una constante que regula todo el sistema de la corrupción mundial como lo demuestran las sucesivas revelaciones: Offshore Leaks (2013), China Leaks (2014), Panama Papers  (2016), Bahamas Leaks (2016), Football Leaks (2016), Money Island (2017), Malta Files (2017), Paradise Papers (2017), Dubaï Papers (2018), FinCEN Files (2020), OpenLux (2021) y Pandora Papers ahora. Este pozo de Pandora de 2021 es una radiografía exquisita de la impunidad de un sistema mundial que criminaliza las luchas sociales al mismo tiempo que se sirve de sus privilegios para esconder el dinero que roba al bien público. 

Los clientes

Los nombres que destapan los Pandora Papers abarcan todo el abanico imaginable e inimaginables de personajes mundialmente conocidos: el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa, el antaño (socialista francés) director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn (accionista de una compañía offshore creada en Dubái para gestionar el dinero que ganaba como asesor internacional), el rey Abdalá II de Jordania, el círculo más próximo al presidente ruso de Vladimir Putin, los cantantes Julio Iglesias y Shakira (tres empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas), el entrenador del Manchester City Pep Guardiola, el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, el jefe de la camorra napolitana Raffaele Amato, el financiero malasio Jho Low, el ministro de finanzas holandés, Wopke Hoekstra, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el cantante Elton Jon, la modelo Claudia Schiffer, el músico británico Ringo Starr.

El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, se sirvió del dispositivo tramposo de las offshore para comprarse el castillo Bigaud situado en la Costa Azul Francesa por unos 20 millones de dólares. Mediante una empresa pantalla declarada en Mónaco adquirió igualmente otras siete propiedades. El rey Abdalá II de Jordania creó unas 30 empresas offshore por medio de las cuales adquirió 14 propiedades en los Estados Unidos y el Reino Unido por un monto de 106 millones de dólares. El ex premier británico, Tony Blair, y su esposa, se ahorraron más de 400 mil euros en impuestos cuando recurrieron a un montaje offshore para comprar una casa de estilo victoriano en Londres por la que pagaron 7,3 millones de euros.

Según la investigación de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 365 dirigentes y responsables políticos terminaron creando mil empresas offshore, de las cuales dos terceras partes están situadas en las Islas Vírgenes británicas. No hay continente que se salve, pero América Latina brilla en primera línea porque de los 35 jefes de Estado que figuran en la lista, 14 son oriundos de América Latina y tres de ellos están en el poder. Hay, igualmente, 90 dirigentes políticos de alto vuelo, congregaciones religiosas, híper millonarios, el gobernador de un banco central y artistas de fama global como Shakira. 

Piñera, Lasso y Abinader

Casi la mitad de los jefes de Estado de la Lista Pandora se arraiga así en América Latina: Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el dominicano Luis Abinader, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, el paraguayo Horacio Cartes, los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares. En Brasil destacan dos figuras poderosas del mundo económico actualmente en pleno ejercicio de sus funciones: el Ministro de Economía Paulo Guedes y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Por la Argentina destacan el consultor político Jaime Durán Barba, Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999) y el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del difunto presidente Néstor Kirchner. México se lleva la medalla de oro con más de 3.000 evasores, entre ellos el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. 

¿Cuánto cuesta todo esto a las sociedades concernidas por las estafas de sus dirigentes?. En el Viejo Continente, la Comisión Europea estima que los montajes offshore y los consiguientes paraísos fiscales se tragan cada año el 10% del PIB europeo, unos 46. 000 millones de euros. La OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) resalta que los paraísos fiscales son una verdadera caja fuerte mundial de las sombras donde circulan unos 9,7 billones de euros. Mansiones de lujo en la Costa Azul, París, Nueva York o Londres, dinero oculto y otras trampas del lujo son tentaciones a los que los millonarios y políticos del mundo no resisten. Los mismos dirigentes electos que golpean a sus pueblos y los privan de derechos son los que luego enjuagan sus fortunas y sus fraudes en las aguas de la corrupción globalizada.

4 de octubre de 2021

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enEconomía
Viernes, 13 Agosto 2021 05:43

El diablo está en los detalles

El diablo está en los detalles

EL IMPUESTO GLOBAL A LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES

 

Pareciera ser que la comunidad internacional está avanzando hacia lo que muchos consideran un acuerdo histórico para fijar una tasa de impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales. Era hora de que sucediera –pero tal vez no sea suficiente.

Con las reglas existentes, las empresas pueden eludir pagar su porción justa de tributos si registran sus ingresos en jurisdicciones con bajos impuestos. En algunos casos, si la ley no les permite simular que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de sus operaciones a estas jurisdicciones.

Apple se convirtió en el paradigma de la evasión fiscal al registrar ganancias generadas en sus operaciones europeas en Irlanda y luego utilizar otro vacío legal para evadir gran parte de la notoria tasa impositiva del 12,5 por ciento que rige en Irlanda. Pero Apple no ha estado sola a la hora de dirigir la creatividad que pone en los productos que amamos hacia nuevas formas de evasión fiscal con respecto a las ganancias que obtiene al vendérnoslos. Ha dicho, con razón, que pagaba cada dólar exigido; simplemente estaba sacando plena ventaja de lo que el sistema le ofrecía.

Desde esta perspectiva, un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de por lo menos un 15 por ciento es un paso importante hacia adelante. Pero el diablo está en los detalles. En la actualidad, la tasa oficial promedio es considerablemente más alta. De esta forma, es posible, y hasta probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima. Una iniciativa que comenzó como un intento por obligar a las multinacionales a aportar su cuota justa de impuestos podría terminar cosechando un ingreso adicional muy limitado, mucho más bajo que los 240.000 millones de dólares por año que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no se pagan. Y algunas estimaciones sugieren que, además, los países en desarrollo y los mercados emergentes verían solo una pequeña fracción de esta recaudación.

Impedir este desenlace depende no solo de evitar esa convergencia global a la baja, sino también de garantizar una definición amplia e integral de las ganancias corporativas (una que limite, por ejemplo, la deducción por costos relacionados con gastos de capital, más interés, más pérdidas previas a la entrada, más…). Probablemente, lo mejor sería acordar una contabilidad estándar para que nuevas técnicas de evasión impositiva no reemplacen a las viejas.

Particularmente problemático en las propuestas presentadas por la OCDE el 1 de julio es el llamado Pilar Uno, que busca abordar las potestades tributarias y aplica en forma exclusiva a empresas globales muy grandes. El viejo sistema de precios de transferencia claramente no estaba a la altura de los desafíos de la globalización del siglo XXI; las multinacionales habían aprendido a manipular el sistema para registrar ganancias en jurisdicciones de bajos impuestos. Es por eso que Estados Unidos ha adoptado una estrategia en la que las ganancias son asignadas a cada estado mediante una fórmula que tiene en cuenta las ventas, el empleo y el capital.

Los países en desarrollo y los desarrollados pueden verse afectados de manera diferente dependiendo de qué fórmula se use: un énfasis en las ventas afectará a los países en desarrollo que producen bienes manufacturados, pero puede ayudar a resolver algunas de las desigualdades asociadas con los gigantes digitales. Y para las grandes empresas tecnológicas, el valor de las ventas debería reflejar el valor de los datos que recaban, que es crucial para su modelo de negocios. La misma fórmula tal vez no funcione en todas las industrias. De todas formas, hay que reconocer los avances en las propuestas actuales, incluida la eliminación de la prueba de presencia física para imponer tributos, algo que no tiene ningún sentido en la era digital.

Algunos consideran que el Pilar Uno es un respaldo al impuesto mínimo y, por ende, no les preocupa la ausencia de principios económicos que guíen su construcción. Solo una pequeña fracción de las ganancias por encima de un cierto umbral serán asignadas entre las jurisdicciones implicadas, lo que supone que el porcentaje total de ganancias a ser asignadas sea, por cierto, pequeño. Pero si a las empresas se les permite deducir todos los insumos de producción, incluido el capital, el impuesto a las ganancias corporativas es, realmente, un impuesto a las rentas o a las ganancias puras, y todas esas ganancias puras deberían estar disponibles para ser asignadas a las diferentes jurisdicciones implicadas en el proceso. En consecuencia, la demanda por parte de algunos países en desarrollo de que un porcentaje mayor de las ganancias corporativas sea objeto de esta reasignación es más que razonable.

Hay otros aspectos problemáticos de las propuestas, hasta donde se puede saber (ha habido menos transparencia, menos discusión pública de los detalles de lo que uno habría esperado). Un aspecto tiene que ver con la resolución de disputas, que, claramente, no se puede llevar a cabo usando los tipos de arbitraje que prevalecen hoy en los acuerdos de inversión; tampoco debería dejarse la resolución de disputas en manos del país «de origen» de una corporación (en especial frente a corporaciones sin ataduras que buscan constantemente hogares más favorables). La respuesta correcta es un tribunal fiscal global, con la transparencia, estándares y procedimientos que se esperan de un proceso judicial del siglo XXI.

Otra de las características problemáticas de las reformas propuestas tiene que ver con la prohibición de tomar medidas unilaterales, algo, al parecer, destinado a frenar la propagación de impuestos digitales. Pero el umbral propuesto de 20.000 millones de dólares deja a muchas grandes compañías multinacionales fuera del radar del Pilar Uno, ¿y quién sabe qué vacíos legales podrán encontrar los abogados tributarios inteligentes? Dados los riesgos para la base imponible de un país –y en vistas de lo difícil que es concluir los acuerdos internacionales y lo poderosas que son las multinacionales–, los responsables de las políticas públicas tal vez deban recurrir a medidas unilaterales. No tiene sentido que los países renuncien a su potestad tributaria por un Pilar Uno limitado y arbitrario. Los compromisos exigidos no tienen punto de comparación con los beneficios otorgados.

Los líderes del G20 harán bien si llegan a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global de por lo menos el 15 por ciento. Más allá de la tasa final que fije el piso para los 139 países que actualmente negocian esta reforma, sería mejor si por lo menos unos pocos países introdujeran una tasa más alta, de manera unilateral o como grupo. Estados Unidos, por ejemplo, planea una tasa del 21 por ciento (véase en este número la nota de Jorge A. Bañales).

Es crucial abordar el conjunto de cuestiones detalladas que son necesarias para un acuerdo fiscal global, y resulta especialmente importante interactuar con los países en desarrollo y los mercados emergentes, cuya voz no siempre ha sido escuchada lo suficiente. Pero, principalmente, será esencial revisar la cuestión en cinco años, no siete, como se propone en la actualidad. Si los ingresos impositivos no aumentan como se promete y si los mercados en desarrollo y emergentes no obtienen un porcentaje mayor de esos ingresos, el impuesto mínimo tendrá que ser aumentado y las fórmulas para asignar los derechos fiscales entre los países deberán ser revisadas.

Joseph E. Stiglitz
13 agosto, 2021

(Publicado originalmente en Project Syndicate.

Traducción de Brecha.)

Publicado enEconomía
Guillermo Lasso enfrentó su primera protesta nacional como presidente de Ecuador

La convocatoria con epicentro en Quito reunió a centrales sindicales y movimientos indígenas

El objetivo común de los distintos sectores que se movilizaron fue congelar el precio de los combustibles. También reclamaron mejoras en el ámbito educativo y laboral.

 

Por primera vez desde su asunción el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrentó a una jornada nacional de protesta a la que adhirieron sindicatos de trabajadores, gremios docentes y movimientos indígenas. El objetivo común de los distintos sectores era lograr el congelamiento de los precios de los combustibles, que en los últimos meses tuvieron un incremento de hasta el 18 por ciento gracias a un sistema de bandas aprobado por la gestión de Lenín Moreno y sostenido por Lasso. También exigieron una mayor llegada de vacunas contra el coronavirus, mejoras en la educación y participar en la discusión sobre eventuales reformas laborales. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que "Lasso ha decidido transitar, sostener y defender las políticas" de su antecesor Lenín Moreno" bajo la vigilancia del FMI. El presidente ecuatoriano replicó que no cederá a la "imposición" de determinados grupos sociales porque "hacerlo afectaría a los más pobres". Además prometió estar dispuesto al diálogo, aunque por el momento no hay ninguna invitación formal a los sectores movilizados este miércoles.

El epicentro de la marcha programada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) fue Quito, con una caminata que partió a las 16 horas locales desde la Caja del Seguro para avanzar hasta el Centro Histórico. También se replicaron manifestaciones en las principales ciudades del país. 

Ángel Sánchez, presidente del FUT, explicó que se movilizaron porque el gobierno de Lasso no dio respuesta a su pedido de que se apliquen las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que busca garantizar el acceso a la educación en un país de una importante diversidad étnica. Por ese motivo un grupo de maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se encadenó en los exteriores de la Corte Constitucional de Quito, mientras que 80 personas permanecen en huelga de hambre desde el 12 de julio.

El FUT, la mayor central sindical de Ecuador, también criticó la llamada "ley humanitaria", implementada durante la pandemia del coronavirus por el gobierno del expresidente Lenín Moreno. La ley favorece acuerdos de trabajadores y empleadores para modificar la relación laboral en busca, se supone, de preservar las fuentes de trabajo. 

Sin embargo, distintos gremios denuncian cientos de miles de trabajadores despedidos en tiempos de pandemia. El pliego de reclamos incluye un llamado a protestar "contra la privatización de las áreas estratégicas" y "las condiciones acordadas con el FMI".

El gremio de los transportes pesados, representado por Álex Bustillos, anunció en un comunicado que se adherían al "derecho a la resistencia" porque no cuentan con los recursos para la operación de sus unidades "debido a los incrementos de los precios del diesel". En consecuencia, desde las seis de la mañana del miércoles decidieron parar sus camiones.

El gobierno ecuatoriano sostiene que está a favor de abrir canales de diálogo para desactivar las protestas que se vienen dando hace semanas desde el gremio de arroceros y los sectores productivos de la ciudad de Huaquillas. A ese llamado se refirió Lasso el martes durante la ceremonia de conmemoración del Primer Grito de Independencia en Parcayacu, al norte de Quito.

"Siempre promoveremos el diálogo con todos, pero este debe ser propositivo y jamás impositivo. Nunca cederemos a amenazas, porque eso echaría abajo todo el buen trabajo que estamos haciendo para brindar estabilidad al Ecuador", planteó el mandatario, quien aseguró estar dispuesto a recibir a los dirigentes de la Conaie en el Palacio Carondelet.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, espera recibir por escrito una invitación para concretar el encuentro. "Lasso ha decidido transitar, sostener y defender las políticas de Moreno", enmarcadas en las condiciones impuestas por el FMI para entregar créditos al país, señaló el presidente de la federación indígena más grande de Ecuador en una rueda de prensa.

En octubre de 2019, la Conaie lideró un gran movimiento de protestas contra Moreno que se desactivaron cuando el entonces mandatario derogó un decreto con el que eliminaba los subsidios al precio de los combustibles que habían estado en vigor durante décadas. Pero en medio de la pandemia, el expresidente ecuatoriano instauró un sistema fluctuante para fijar el precio de los combustibles, lo que repercutió en un permanente aumento del precio de la nafta y de varios productos de primera necesidad.

Leonidas Iza reconoce que el pueblo ecuatoriano "no soporta un levantamiento", pero tampoco quiere "que la crisis caiga sobre los sectores populares". El dirigente indígena cuestionó a Lasso por haber advertido que no permitirá eventuales protestas indígenas y le recomendó "referirse a las estadísticas, más no perseguir a los sectores sociales", y que defina si va a "transitar por el camino de Moreno o realmente escuchar al pueblo ecuatoriano". 

11/08/2021

Publicado enInternacional
Nuevo impuesto global: Cuánto pagarían las multinacionales

El impacto país por país

El G20 avanzará en la creación de un nuevo tributo mundial a las grandes corporaciones. En Europa estimaron cómo impactaría.

Desde Londres

El mundo entero estará perdiendo miles de millones de dólares si se aprueba la actual propuesta impositiva a las grandes multinacionales de “por lo menos” un 15 por ciento. Este será uno de los puntos más álgidos del debate de la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Venecia este fin de semana.

El G7 y 130 de los 139 países que forman el Marco Inclusivo de la Organización de la Cooperación y Desarrollo (OCDE) respaldaron este 15 por ciento como un punto de consenso, pero queda claro que el “por lo menos” es un piso para la mayoría, no un techo. Argentina, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el apoyo de India, explicitó en una conferencia de prensa virtual que se debía cobrar más, una postura que está ganando peso en muchos miembros, incluso, según la agencia EFE en Roma, en los anfitriones del encuentro, Italia, que tienen la presidencia rotatoria del G20.

En la conferencia organizada por el G24, que representa a los países en desarrollo, y la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional (ICRICT), Guzmán señaló que le gustaría que se aplicara la propuesta original de Estados Unidos de un 21 por ciento y que si fuera un 25 “tanto mejor”. En términos de recaudación, las diferencias entre las tres tasas son siderales como muestra el estudio “Collecting the Tax Deficit of Multinational Companies” del Observatorio Fiscal Europeo que dirige uno de los nombres más reconocidos en estos debates, Gabriel Zucman, miembro del ICRICT al igual que Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

El Observatorio se concentra en los países europeos, pero incluye a otras naciones, desde ya a Estados Unidos, pero también a India, Japón, Corea del Sur y, por el lado latinoamericano, Brasil, Chile y México. Los resultados de la comparación entre las tres tasas -15, 21 y 25- son asombrosos. Medido en euros, Francia recaudaría 4,3 miles de millones de euros con el 15, prácticamente cuatriplicaría la cifra a 16 mil millones con el 21 y treparía a 26,1 mil millones con el 25. Todas las naciones europeas analizadas en el informe duplican o triplican su recaudación con un aumento mediano (21 por ciento) o más alto (25). Hasta paraísos fiscales europeos como Irlanda, Luxemburgo o Holanda se benefician notablemente de este aumento de las tasas.

Tampoco hay nada que pueda llamarse draconiano en el techo del 25. Entre 1985 y 2020 la tasa global nominal cayó de un 49 a 23 por ciento. Pero la tasa efectiva disminuyó mucho más de la mano de los paraísos fiscales y sus precios de transferencia, de las exenciones impositivas y la competencia a la baja por atraer inversiones extranjeras.

El impacto en Europa

En conjunto, la Unión Europea recaudaría unos 170 mil millones de euros si aplicara este año una tasa del 25 por ciento, 100 mil millones si aplica la propuesta estadounidense del 21 y dos veces menos si utiliza el 15. En las economías más grandes de la UE la recaudación aumentaría del 30 al 50 por ciento. En Alemania, un 42, equivalente a 29 mil millones de euros; en Francia, un 51 (26 mil millones); en España, un 44 (12,5 mil millones) y en la Italia del déficit, un 30 (11 mil millones).

El estudio del Observatorio Fiscal Europeo compara este ingreso adicional en las arcas fiscales con el impacto que tendrían en el financiamiento del servicio de salud, clave en estos tiempos de pandemia. Alemania es el país de la UE que más gasta en salud junto a Francia y Suecia: la recaudación adicional cubriría un 7,3 por ciento de sus gastos. En el caso de Francia sería un 9, en el de Suecia, un 9,2.

En el resto del mundo

La situación es similar en el resto del mundo. Con un 25 por ciento, Estados Unidos añadiría 165 mil millones de euros a sus arcas, un 5,1 de su gasto en salud. China recaudaría más de 30 mil millones (5,3 del gasto en salud). En los países de la región citados por el estudio, Brasil sumaría 7,4 mil millones de euros, un 4,4 de gasto adicional para su heroico y castigado SUS (Sistema Unificado de Salud). Con un impuesto del 21 por ciento recaudaría la mitad: con el 15 no llegaría a los mil millones de euros.

Chile sumaría 1.200 millones de euros con el 25 por ciento, un 5,6 de su gasto en salud: descendería a 800 con 21 y a 200 con el 15 por ciento de tasa mínima corporativa global. En el caso de México, la recaudación adicional de la tasa máxima sería 1,3 mil millones, equivalente a 2,1 del gasto en salud: esto bajaría a 0,9 con el 21 y a 0,5 con la actual propuesta.

En la conferencia de prensa virtual en la que Martín Guzmán agitó las aguas explicitando su apoyo al 21 o al 25, la comisionada del ICRICT señaló que la opinión pública debería jugar un papel mucho más importante. “Si la gente se enterara de esta información, si fuera pública y se debatiera, se daría cuenta de todo lo que está perdiendo en fondos públicos por el régimen actual impositivo de las multinacionales”, dijo Ghosh.

Es cierto que al debate público le falta todavía masa crítica, pero es la primera vez que el régimen impositivo de las multinacionales se ha convertido en un tema candente en los últimos 40 años. La cumbre del G20 este fin de semana y las negociaciones que seguirán hasta la siguiente cumbre en octubre con la OCDE, en la que se espera llegar a un acuerdo definitivo, agitarán más las aguas y quizás consigan algún aumento en este mínimo impositivo que, recordémoslo, se aplica a un número reducido de multinacionales, las que facturan más de 750 millones de dólares anuales.

Como señaló a PáginaI12, Sol Picioto, de la Universidad de Lancaster y asesor senior de Tax Justice Network, falta mucho más para un sistema fiscal global equitativo. “Lo que se está proponiendo ahora solo se aplica a unas 4000 multinacionales que llegan a esos niveles de facturación. Es un primer paso, pero todavía nos falta mucho”, indicó. 

Por Marcelo Justo

09 de julio de 2021

Publicado enEconomía
  El presidente de la OCDE, Ángel Gurría, en una imagen de archivo. — Dario Pignatelli / EP

130 países firman el acuerdo, pero desde organizaciones sociales critican que es un nuevo “colonialismo económico”.

Tras el G-7, hoy le ha tocado el turno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo ha acordado abordar una reforma del sistema fiscal global. Entre otras medidas, se ha acordado el Impuestos mínimo de sociedades del 15% para todo el planeta. Hasta 130 países de los 139 que conforman el organismo han firmado el documento, entre las que se encuentran las grandes potencias y España. 

El acuerdo tomado abarca dos vías de actuación para poder atacar a las técnicas de Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base imponible y traslado de beneficios) practicadas por las grandes empresas para trasladar sus ganancias a territorios con bajas tributaciones. La primera línea incluirá a las multinacionales con ingresos totales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo empresas extractivas y la industria financiera. El nuevo acuerdo asignará los ingresos a los países donde se consuma el bien o servicio.

La segunda vía será el impuesto acordado también por el G-7 de un 15% mínimo global en todos los Estados firmantes del acuerdo para las empresas que facturan 750 millones de euros o más nivel global. 

Según los cálculos de la propia OCDE, el pilar uno del paquete repartirá a los países que antes perdían ingresos mediante estas técnicas por unos 85.000 millones de euros. El segundo, aumentará los ingresos fiscales de los Estados en 126.000 millones de euros al año entre todos.

Aunque no todas las voces críticas ven que el acuerdo va a ser suficiente para “derrotar la desigualdad extraordinariamente alta y detener el colapso climático”. Según Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, “este acuerdo no es más que una apropiación de dinero por parte del G7, donde los países ricos están obligando a los países en desarrollo a elegir entre un trato injusto o la ausencia de trato”. La directora de Oxfam lo ha tildado de “colonialismo económico” y muy lejos de ser un acuerdo histórico: “Aquellos que amañaron descaradamente el sistema fiscal mundial en su beneficio hace más de un siglo, han vuelto a acotar el juego para ellos”, ha lamentado.

En cuanto a la incomprensible limitación a las empresas con rentabilidades superiores al 10%, desde Oxfam critican que se aplicará “solo a 100 de las empresas más rentables, y las lagunas jurídicas podrían dejar libres a grandes infractores como Amazon”, que debido a su modelo de negocio de bajos costes y continua expansión no llega a tener rentabilidades superiores al 10%. También han criticado las excepciones de la norma, incluida la presión que está del Reino Unido para dejar fuera a la industria financiera y, por ende, a la City londinense.

Con esta reforma, explica Bucher, “el G7 y la UE se embolsarán más de dos tercios del nuevo dinero que producirá un tipo impositivo mínimo del 15%. Los países más pobres del mundo recuperarán menos del 3%, a pesar de albergar a más de un tercio de la población mundial”.

Por Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

1 jul 2021 21:25

Publicado enEconomía
Algunos de los estadunidenses más ricos, entre ellos Jeff Bezos (en la imagen), Michael Bloomberg y Elon Musk, pagaron muy poco o nada de impuestos federales de ingresos entre 2014 y 2018, según un análisis de la organización ProPublica.Foto Ap

La clase alta usa su increíble poder para dominar el sistema político y el proceso legislativo: Sanders

Nueva York., Si algo comprueba cómo "el sistema" está hecho para beneficiar a los más ricos, sólo se debe observar lo que todos saben: los acaudalados no pagan impuestos sobre sus fortunas personales, pero aún más escandaloso es que para lograrlo no cometen ningún delito, es perfectamente legal.

Y no es exageración. Algunos de los multimillonarios estadunidenses más ricos del planeta –como Jeff Bezos, de Amazon; Elon Musk, de Tesla; George Soros y Michael Bloomberg– literalmente pagaron cero impuestos federales durante varios de los pasados 15 años, aunque sus fortunas se dispararon.

Algunos de los que sí pagan, lo hacen a una tasa bajísima. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, declaró en 2013 que la tasa efectiva de impuestos que tenía que pagar era menor a la de su secretaria y llamó, junto con otros millonarios "responsables", a que los políticos incrementaran los impuestos sobre los ricos, o sea, era tan exagerada la fórmula en beneficio a los ricos, que hasta les dio pena (o fue una maniobra de relaciones públicas bien hecha).

La pandemia revela obscena desigualdad

Pero con la crisis vinculada a la pandemia revelando aún más la desigualdad económica como el factor más determinante de la vida estadunidense, hay un creciente debate y el inicio de un giro en la política nacional, incluyendo el tema tributario, para enfrentar el problema estructural que ha llevado a los más ricos a volverse infinitamente más ricos mientras todos los demás se han vuelto más pobres durante este año de emergencia de salud y económica.

Los 719 multimillonarios estadunidenses con fortunas superiores a mil millones de dólares han visto su riqueza colectiva incrementarse más de 1.6 billones de dólares –un aumento de 55 por ciento– desde que se detonó la pandemia en marzo de 2020, mientras millones perdieron sus empleos, sus hogares y sus ahorros (https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/ ).

Con ello, se ha detonado un movimiento para exigir que los ricos "paguen su parte", y el gobierno de Joe Biden y sus aliados legislativos están contemplando medidas para cambiar la política fiscal, parte de la fractura del consenso neoliberal de los pasados 40 años.

La semana pasada, una investigación de ProPublica reveló que los 25 multimillonarios más ricos del país pagaron una tasa efectiva de impuestos de 3.4 por ciento sobre sus ganancias entre 2014 y 2018, y algunos pagaron literalmente cero en varios años durante los últimos 15 años a pesar de enormes ganancias (https://www.jornada.com.mx/2021/06/ 10/economia/019n1eco ).

El economista Gabriel Zucman subrayó que lo más importante revelado por ProPublica es que los 25 estadunidenses más ricos pagaron colectivamente 0.17 por ciento de su riqueza en impuestos en 2018, mucho menos que la tasa efectiva sobre ingreso que pagó la clase media.

Desplome de las tasas de impuestos

Nada de esto es nuevo: la tasa efectiva de impuestos sobre ingresos personales llegó a 92 por ciento para los más ricos en los años cincuenta, pero desde entonces se ha desplomado, sobre todo con la inauguración de la era neoliberal con Ronald Reagan, hasta llegar a sólo 23 por ciento en 2018, por debajo de la tasa de 24.2 pagado por esa mitad más pobre del total de los hogares estadunidenses, según reportan los economistas destacados Emmanuel Saez y Gabriel Zucman.

Pero ni esa tasa se paga. Chuck Collins, director del programa sobre desigualdad del Institute for Policy Studies, señala que "la industria de defensa de riqueza" conformada por contadores, abogados especializados en impuestos y administradores de ricos se dedican a buscar cómo escaparse legalmente de una serie de obligaciones tributarías con todo tipo de maniobras, logrando incluso a llegar a cero en algunos casos.

“Los documentos del IRS (el servicio de impuestos internos) demuestran que los más ricos pueden –legalmente– pagar tributos sobre ingresos que son sólo una fracción minúscula de los cientos de millones, si no miles de millones, que crecen sus fortunas cada año”, concluye el reportaje de ProPublica.

Y eso es sin contar las empresas. Críticos señalan que más de 90 de las 500 empresas más grandes del país no pagaron impuestos federales de ingreso en 2018. Algunas como Amazon, Chevron y Delta –todas con miles de millones en ganancias– incluso recibieron cheques de rembolso por miles de millones del gobierno federal.

Además de pagar casi nada en impuestos, también hay una creciente evasión tributaria de los individuos de alto ingreso y empresas. "El gobierno federal está perdiendo por lo menos 600 mil millones de dólares anuales por evasión de impuestos, en su mayoría de los ricos y las corporaciones", afirmó Frank Clemente, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, una de casi 90 organizaciones que han exigido mayor aplicación de las leyes tributarias contra ricos y empresas (https://americansfortaxfairness.org ).

Algunos críticos señalan que en los hechos hay reglas tributarias diferentes para los ricos y para todos los demás. Los impuestos para la mayoría de gente trabajadora se pagan sobre salarios, pero para los ricos funciona de otra manera ya que la mayoría de sus ganancias se logran a través de valores bursátiles, empresas privadas, un mosaico de entidades y bienes raíces, todo lo cual se puede manipular mágicamente para efectos tributarios.

Pero durante los últimos años hay un creciente repudio público y ahora una amplia mayoría de los estadunidenses (59 por ciento) critica el que empresas y ricos no paguen su parte en impuestos, según un sondeo por Pew Research.

En este contexto político, Biden promueve una reforma fiscal que impone un sistema tributario que, como él resume, "recompensa el trabajo, no la riqueza", obligando a los ricos a pagar un tasa de 39.6 por ciento sobre ingresos generados por sus fortunas, incrementar la tasa de impuestos sobre empresas de 21 actual a 28 por ciento, y por separado, cerrar el mecanismo fiscal que permite que los ricos trasladen riqueza a sus herederos sin pagar impuestos por el incremento en su valor.

Líderes legislativos demócratas como los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden también están proponiendo nueva medidas para elevar impuestos sobre fortunas millonarias y herencias.

"Necesitamos un sistema de impuestos que exige que la clase multimillonaria empiece a pagar su parte justa de impuestos para reducir el nivel obsceno de desigualad de riqueza e ingreso en Estados Unidos", afirma el senador Bernie Sanders, presidente del Comité sobre el Presupuesto de la cámara alta. "Esto no sólo es asunto de justicia económica, es un tema que amenaza el tejido mismo de la democracia estadunidense porque la clase multimillonaria usa su increíble poder para dominar nuestro sistema político y el proceso legislativo. El resultado es un código de impuestos tramposo, regresivo y corrupto que ha beneficiado al uno por ciento más rico con billones en exenciones de impuestos", concluyó.

Publicado enEconomía
Una pancarta con la frase "Aceptamos el bitcóin, libre, rápido y sin contagios" en una cafetería en una playa, La Libertad, El Salvador, el 25 de abril de 2021Jose Cabezas / Reuters

El presidente salvadoreño anunció este sábado que planea convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enumeró este domingo las ventajas de la vida en El Salvador, un día después de anunciar sus planes para convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

Como primer punto en la lista, el mandatario mencionó "buen tiempo, playas para hacer surf de clase mundial, propiedades frente a la playa en venta". Además, destacó a través de su cuenta en Twitter que El Salvador es "uno de los pocos países en el mundo sin impuestos a la propiedad".

Otros dos puntos en la lista están relacionados con la intención de las autoridades de usar al bitcóin como moneda de curso legal. De esta manera, Bukele reiteró que no habrá "impuestos sobre la ganancia de capital para el bitcóin", ya que será una moneda legal en el país, mientras los criptoemprendedores podrán contar con "la residencia permanente inmediata".

El presidente señaló este sábado que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley para darle al bitcóin un nuevo estatus. "A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proporcionar la inclusión financiera de miles [de personas] fuera de la economía formal", indicó.

Publicado: 7 jun 2021 01:32 GMT

Publicado enInternacional
Página 1 de 11