"La COP26 es un fracaso": Greta Thunberg describe la cumbre climática como un "evento de relaciones públicas donde los líderes dan hermosos discursos"

 "La COP26 ha sido calificada como la más excluyente de la historia, pero ya no es una conferencia climática, [...] es un festival global de lavado verde", aseveró la activista.

Durante la manifestación realizada frente a la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en Glasgow (Escocia, Reino Unido), Greta Thunberg declaró que esa cumbre devino en un "evento de relaciones públicas" y criticó a los líderes mundiales por convertir las discusiones urgentes en un "festival verde".

"La COP se ha convertido en un evento de relaciones públicas, donde los líderes están dando hermosos discursos y anunciando compromisos y objetivos sofisticados, mientras que detrás de las cortinas los gobiernos de los países del Norte Global todavía se niegan a emprender cualquier acción climática drástica", puntualizó Thunberg.

"No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver la crisis con los mismos métodos que nos llevaron a esta situación", dijo la activista. 

Asimismo, Thunberg acusó a los organizadores del encuentro de permitir que se convierta en un "festival de lavado verde". "La COP26 ha sido calificada como la más excluyente de la historia, pero ya no es una conferencia climática, [...] es un festival global de lavado verde, [...] una celebración de dos semanas de negocios como siempre y bla, bla, bla", sostuvo Thunberg.

El término 'lavado verde' (o blanqueamiento verde) alude a la desinformación producida por una entidad para presentar una imagen pública de responsabilidad ambiental

Publicado: 5 nov 2021

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Viernes, 05 Noviembre 2021 18:59

Rechazan China y EU reducir uso de carbón

Activistas de la organización Ocean Rebellion protestaron ayer en Glasgow para exigir alto a la pesca en alta mar. “Con la muerte del mar, morimos nosotros”, se lee en uno de los carteles. Foto Afp

La propuesta de acuerdo fue elaborada por Reino Unido // Tampoco fue suscrita por India ni Australia

 

Glasgow. China, Estados Unidos, India y Australia, que están entre los países más contaminantes del planeta y que en conjunto suman más de 53 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, se negaron a suscribir un acuerdo propuesto por Reino Unido para reducir el uso del carbón en sus actividades industriales y comerciales.

Rusia, otra nación en la lista de países más nocivos para el medio ambiente, ni siquiera entró a negociar. Sí lo hicieron y lo firmaron 40 países, pero pequeños o medianos, como Polonia, Vietnam y Chile.

La Cumbre de las Naciones para el Cambio Climático de Glasgow (COP26) no acaba de perfilar los compromisos que la mayoría de la sociedad civil representada en la cita multilateral exigen.

Mientras tanto, los representantes de las comunidades indígenas, los ambientalistas, los jóvenes –cada día más exasperados por la “negligencia” de los políticos– y la comunidad científica reclaman más contundencia para alcanzar el gran objetivo, que es no superar los 1.5 grados de calentamiento a finales del siglo para salvar el planeta. Sin embargo, los políticos y los representantes de las grandes corporaciones empresariales, que son finalmente los que están negociando en privado las resoluciones definitivas del encuentro, siguen lanzando mensajes decepcionantes.

El gobierno de Reino Unido, anfitrión de la cumbre, informó los días previos que ayer, fecha dedicada a la transición energética de la COP26, se daría un anuncio importante de cara al futuro, pero las negociaciones encallaron en algún momento, porque finalmente se confirmó no sólo que el acuerdo era insuficiente, sino que se habían descolgado cuatro de los países que más interesaba incluir, al ser los más contaminantes, y en el caso de Australia, uno de los principales productores y exportadores de carbón.

El gobierno británico explicó que el acuerdo sigue abierto, para el que quiera sumarse a lo largo de la COP26 y en el futuro, y detalló que entre los más de 40 países que se han adherido a la declaración se incluyen 18 que se comprometieron a eliminar gradualmente y/o no construir o invertir en nuevas energías que utilicen carbón, como Polonia, Vietnam y Chile. Además, otras 28 naciones se han adherido a una “antigua alianza del carbón” para eliminar gradualmente el uso de este combustible fósil.

La ausencia de los cuatro países citados es en realidad un impedimento fundamental para lograr el gran objetivo de 2030, ya que China, por ejemplo, es el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero y se calcula que sólo en 2021 lanzó a la atmósfera 31 por ciento del total de dióxido de carbono, según un informe presentado, paradójicamente, también en la COP26 y casi de forma simultánea a la presentación del fallido acuerdo.

Ese mismo informe, además, confirmó algo malo para el medio ambiente y supuestamente bueno para la recuperación económica tras la pandemia: que los índices de emisión de dióxido de carbono se han recuperado del todo y ya se han alcanzado de nuevo los niveles de 2019. El informe fue elaborado por científicos de la Global Carbon Project, que expresaron su profunda preocupación ante el giro que está tomando la COP26 con un rubro tan vital para el mundo como el del carbón y el de la transición energética.

El informe explica que en el año de la pandemia, 2020, hubo un descenso de 5.4 por ciento de las emisiones mundiales y que, tras recuperarse la actividad anterior a la crisis sanitaria, no se descarta un nuevo aumento en 2022.

En concreto, está previsto que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcance 414.7 partes por millón (ppm) en 2021, lo que supone 49 por ciento más que en los niveles preindustriales (siglo XVIII), cuando era de 277 ppm.

Pierre Friedlingstein, del Instituto de Sistemas Globales de Exeter, Reino Unido, y autor principal del estudio, explicó durante la presentación que “el rápido repunte de las emisiones tras la pandemia refleja un retorno hacia la economía basada en los combustibles fósiles y refuerza la necesidad de una acción global inmediata sobre el cambio climático”.

En el informe también se señala, con pesar, que China sigue siendo el principal emisor y que sigue aumentando el uso de combustibles fósiles. Al igual que India, con lo que entre los dos son los “responsables históricos de la mayor parte de las emisiones acumuladas hasta la fecha”. Un balance al que hay que sumar a Estados Unidos.

Por Armando G. Tejeda

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La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, durante la conferencia sobre el clima COP26 de Glasgow. — Emily Macinnes / EFE/EPA

Más de 400 entidades firman en la COP26 una alianza para alcanzar a mitad de siglo cero emisiones netas. Esto quiere decir que no dejarán de invertir en combustibles fósiles, sino que tratarán de encontrar un equilibrio entre el CO2 que recortan con sus actividades financieras y el CO2 que emiten.

 

Las grandes entidades financieras han avanzado un nuevo compromiso económico para alcanzar la descarbonización de sus inversiones en 2050. En el marco de la Cumbre del Clima, más de 450 firmas bancarias han anunciado que destinarán 130 billones de dólares (112 billones de euros) en las próximas tres décadas a actividades que contribuyan a descarbonizar la economía y reducir sus emisiones de CO2. De esta forma, las compañías pretenden llegar a mediados de siglo cumpliendo el objetivo de cero emisiones netas en sus finanzas. Sin embargo, el convenio está marcado por dudas y falta de transparencia, según han denunciado los grupos ecologistas.

El anuncio se enmarca dentro de la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (GFANZ), que reúne a instituciones financieras que representan un tercio del capital invertible a nivel mundial. Se trata de un grupo que aglutina a firmas de 45 países del mundo que fue creado en abril de 2021, cuando un grupo de entidades anunciaron que movilizarían 70 billones de dólares en los próximos treinta años para llegar a las cero emisiones netas. Ahora, amplían el fondo con 60 billones adicionales, tras una conferencia en la que han participado Mark Carney, copresidente de GFANZ, y Michael R. Bloomberg, enviado especial de la ONU sobre soluciones climáticas.

Este pacto financiero llega cargado de pomposidad pero con poca sustancia y muchas dudas. Más allá de la cuantiosa cifra billonaria, las entidades de la GFANZ sólo han dado un paso más para alinearse dentro de la campaña Race to Zero de la ONU, con la que las empresas se comprometen a cumplir con el Acuerdo de París, algo que ni siquiera los Estados que rubricaron el acuerdo están cumpliendo al cien por cien. El primer problema de este anuncio es la falta de mecanismos de control sobre los bancos, pues se trata de un convenio para descarbonizar sus inversiones que no es vinculante, es decir, depende de la buena voluntad de las empresas para movilizar sus inversiones hacia la economía verde.

El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha alertado de los problemas derivados de la falta de herramientas para fiscalizar los compromisos no estatales de reducción de emisiones. "Hay un déficit de credibilidad y un exceso de confusión sobre las reducciones de emisiones y los objetivos de cero neto, con diferentes significados y diferentes métricas", dijo en la inauguración de la COP26.

El acuerdo, además, deja de lado la necesidad de reducir las emisiones de alcance 3, es decir, el CO2 y resto de gases de efecto invernadero que se generan de manera indirecta en la cadena de valor de la compañía, como el transporte, las inversiones o los servicios contratados. Según un informe reciente de Reclaim Finance, en las inversiones en combustibles fósiles este tipo de emisiones representan el 88% del total, por lo que se estaría dejando de actuar sobre el grueso del problema. 

De hecho, el compromiso habla de movilizar 130 billones hacia economías limpias, pero no pone normas ni objetivos concretos para reducir los flujos de dinero destinados a financiar actividades relacionadas con gas, petróleo o carbón.

"Más de 130 billones de dólares y ni una sola norma que impida que se invierta un solo dólar en la expansión del sector de los combustibles fósiles", expone Lucie Pinson, directora ejecutiva de Reclaim Finance, una ONG francesa que investiga el impacto que tiene la Banca en la crisis climática. "El sector financiero está dispuesto a hincharse con compromisos en lugar de promulgar los recortes concretos en la financiación del petróleo, el gas y el carbón que realmente necesitamos".

La quimera del cero-neto

La alianza GFANZ basa su programa de descarbonización financiera en una reducción cero-neto. Este término quiere decir que la empresa o Estado no erradica al 100% sus emisiones de CO2, sino que encuentra un equilibrio entre los gases que emite a la atmósfera y las emisiones que elimina o recorta a través de tecnología o inversiones. Es decir, no implica que se dejen de quemar combustibles fósiles tal y como ha pedido el IPCC en su último informe, en el que exigía que el petróleo, el gas y el carbón se queden para siempre bajo tierra.

Bancos como JP Morgan han aumentado un 141% las inversiones en combustibles fósiles en cinco años

Una investigación reciente del Transnational Institute (TNI) desentraña cómo las grandes corporaciones están empleando el vocabulario cero-neto para seguir basando su economía en los combustibles fósiles sin la reprimenda –y con el apoyo– de los organismos internacionales. Esta publicación pone el foco sobre algunos de los bancos fundadores de la alianza y sus inversiones contaminantes. Por ejemplo, el francés BNP Paribas incrementó un 40% la financiación a combustibles fósiles en 2020. JP Morgan Chase, por su parte, ha incrementado un 141% las inversiones de este tipo desde 2016, año en el que los países ratificaron el Acuerdo de París. TNI, además, analiza las probabilidades de que haya un giro radical, pero se encuentra con que no hay ningún objetivo específico en la publicación de las metas de 2030 presentadas por los bancos adscritos a esta alianza cero-neto.

Por otra parte, el anuncio arroja dudas sobre la forma en la que las empresas lograran equilibrar la balanza entre lo que emiten y lo que recortan para alcanzar en 2050 el cero-neto. La inversión en reforestación para crear bosques que actúen como sumideros de carbono natural es una de las opciones más habituales. De hecho, algunas compañías ya anunciaron el martes que dejarán de financiar actividades que fomenten la deforestación. La otra, las tecnologías de Captura Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés). Se trata de obras de ingeniería de alto coste y, por el momento, con escasa incidencia. Hace meses, Climática  publicaba un análisis cobre el impacto real de estas infraestructuras en la lucha climática y detallaba que una planta era capaz de absorber en un año todo el CO2 que la humanidad emite durante 3,71 segundos. 

03/11/2021 21:34

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Jueves, 04 Noviembre 2021 05:43

Los retos de una transición ecosocial

Los retos de una transición ecosocial

El reciente informe del IPCC no deja lugar a dudas: “es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”. Es más, según las filtraciones del borrador del documento del grupo III, se llega a afirmar que el sistema capitalista es el responsable directo de dicho cambio. Pues bien, en este artículo voy a tratar de hablar de cuáles serían los retos para la transición y, además, por qué la transición debe ser planificada y ecosocialista y no bajo una dinámica de mercado.

¿Cuáles son los retos para la transición?

En general, hablar de transición ecosocial y hablar de transición energética en sentido amplio no son sinónimos, pero casi. La transición energética,  lejos de lo que se suele pensar, va mucho más allá del sistema eléctrico: el 77% de la energía final consumida es distinta de la electricidad. Por ello, una transición energética hacia un modelo completamente sostenible implica un cambio muy profundo del conjunto de las estructuras y dinámicas sociales.

Al margen de consideraciones de tipo político, se pueden identificar cuatro grandes retos para esa transición, ya sea desde una perspectiva neoliberal, social-liberal o ecosocialista:

1- El agotamiento de los combustibles fósiles

Que los combustibles fósiles se van a agotar es un hecho dado el carácter finito de nuestro planeta. Pero en realidad, el problema inminente no es tanto que se agoten como que la oferta no sea capaz de suplir la demanda. Al desequilibrarse la oferta y la demanda, suben los precios y eso es precisamente lo que está empezando a ocurrir.

Por otra parte, si la oferta no satisface la demanda, entonces, con el petróleo disponible hay que decidir para qué hay y para qué no. En este punto, el gran problema del sistema capitalista es que la decisión final no es fruto de una deliberación democrática, sino de una imposición vía precio cuando no de una imposición militar. Y al margen de la profunda crisis en la que puede entrar la economía mundial, recordemos que para fabricar las fuentes renovables se sigue necesitando quemar fósiles.

2- Los materiales para la transición

Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, para llevar a cabo la transición (su modelo de transición), en 2040 la cantidad de materiales escasos a emplear será ingente. Pero de todos los materiales que se requieren, los destinados a los coches y las baterías supondrían en torno al 45%. Igualmente, la red eléctrica consumiría el 35% de los materiales, pero también es cierto que sin electrificar toda la flota de vehículos no sería necesario aumentar la red eléctrica en tan gran escala. Aunque los aerogeneradores requieren de algunas tierras, no así la fotovoltaica basada en silicio, parece que los materiales no tendrían por qué ser un mayor problema si la transición llevada a cabo es de tipo ecosocial y comedida. El problema vendrá si se quiere mantener el estándar de consumo actual.

3- El almacenamiento

El almacenamiento es de las cuestiones más estratégicas en el ámbito de la energía en el medio plazo, porque, en última instancia, es lo que va a marcar la disponibilidad energética. Las distintas tecnologías renovables se complementan entre sí, pero aún así habrá huecos por la noche y en invierno que deberán ser cubiertos: bien quemando fósiles, aprovechando la energía almacenada en las horas de excedente o bien racionalizando la energía; o, lo que es lo mismo, asumiendo que haya cortes.  Si el almacenamiento está en manos públicas, podrá ser gestionado de forma democrática, pero si está en manos privadas, será una gran fuente de lucro para una minoría y de privación de derechos básicos para la mayoría. Por eso es tan importante la creación de una empresa pública que gestione el almacenamiento.

El gran problema es que el almacenamiento de energía no es fácil de conseguir. Y cuanto más consumo haya, mayor será la necesidad de almacenamiento. Por tanto, si se quiere un escenario 100% renovable, es imperativo reducir el consumo de forma drástica.

4- La electrificación de los consumos

El cuarto de los grandes retos es la cuestión de la electrificación. Del actual consumo energético final en el Estado español, sólo el 23% es electricidad y el 7% renovable directa. Esto quiere decir que el otro 70% procedente de fuentes fósiles, principalmente derivados del petróleo y gas, hay que hacerlo renovable. Y eso implica electrificar los consumos (por ejemplo, el coche eléctrico), emplear renovables directas (por ejemplo, los viejos molinos para moler el trigo), y reducir el consumo energético de esos sectores.

Aquí el problema es que ni todos los procesos son electrificables (o al menos no son sencillos de electrificar) ni tampoco es posible emplear renovables directas en muchas ocasiones. Por ello, cuando se habla de un escenario 100% renovable, aun con propuestas de reducciones drásticas de consumo energético, es mucho más fácil enunciarlo que ponerlo en práctica.

¿Cuál es el modelo de transición actual?

La principal característica del modelo de transición que se está llevando a cabo es que sigue la dinámica de mercado. El Estado deja hacer a las entidades privadas, que ven en la transición un gran nicho para hacer negocio a nuestra costa. Pero otro problema aún más crucial es que, lejos de ser una transición medianamente ordenada, en la que a cada apagón fósil le acompaña un encendido simultáneo renovable, será una transición completamente caótica. Dado que bajo el sistema de mercado el mecanismo de ajuste entre oferta y demanda es vía precio, cuando se rompa ese equilibrio en la sustitución de fósiles por renovables, los precios de la energía se van a disparar, impactando en el conjunto del sistema económico.

Así, una transición bajo dinámica de mercado será caótica, generará grandes sufrimientos sociales y probablemente desencadenará una conflictividad e inestabilidad política global.

Entonces, ¿qué transición y por qué?

Frente a una transición caótica, injusta y generadora de desigualdades, necesitamos una transición planificada, porque es la única forma de garantizar que sea efectiva, además de justa y democrática. Modelos de transición planificada puede haber muchos, pero la propuesta que se defiende aquí es una combinación pública y comunitaria. La parte pública es fundamental porque hay una serie de infraestructuras que tiene que garantizar el Estado y, en especial, todo lo que tiene que ver con la distribución, el almacenamiento o la garantía en el suministro. Por otra parte, la titularidad comunitaria es imprescindible para garantizar la soberanía energética de las comunidades con la suficiente autonomía respecto a los vaivenes del mercado o del Estado. Previene frente a movimientos especulativos o futuras privatizaciones, además de permitir una gestión democrática y más cercana al territorio.

No obstante, y dados los retos expuestos, dos cosas se deben hacer a la vez y además rápido: instalar renovables masivamente y reducir el consumo energético drásticamente. Incluso en un escenario de reducción del consumo del 70%, la fotovoltaica en tejados sólo cubriría del orden del 40% del total de fotovoltaica que habría que instalar en ese escenario de reducción extrema, la eólica habría que multiplicarla por 2, la solar térmica por 5 o por 6… Es muchísima la potencia renovable que aún faltaría por instalar.

Siendo conscientes de que reducción va a haber sí o sí, ya sea por un acto consciente, ya sea por el agotamiento de los combustibles fósiles, o ya sea porque no existan suficientes materiales, la decisión de época es si el mecanismo de reducción va a ser vía mercado o vía planificación democrática. Bajo la vía de mercado será un sálvese quien pueda, bajo la vía de la planificación democrática, podrá ser un aterrizaje lo más suave e igualitario posible. Primero deberán reducir su consumo las actividades que más derrochan, pero sobre todo, los fuertes descensos en el consumo energético se van a producir mediante cambios sistémicos en nuestro modelo de vida como el modelo productivo o el modelo de ciudad. Además, si hay escasez energética, habrá que prepararse para racionalizarla bajo criterios como el establecimiento de un consumo máximo por actividades y/o por habitantes.

La tarea a realizar es realmente épica teniendo en cuenta que, durante lo más duro del confinamiento, tan sólo se consiguió reducir el consumo energético en torno al 30%. Llevar a cabo el gran reto que tenemos como sociedad implica no sólo una socialización del sistema eléctrico y energético, implica la socialización del conjunto de actividades económicas productivas y reproductivas.

30 octubre 2021

Estanislao Cantos es ingeniero aeronáutico y miembro del Área de Ecología de Anticapitalistas

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Vista de la central de carbón de Jaenschwalde, en Alemania. — Matthias Rietschel / REUTERS

 

La Cumbre del Clima se abre con una brecha clara entre los proyectos de descarbonización de los países y lo que reclama la ciencia a través del Acuerdo de París.

 

Con los deberes sin hacer. Así acuden las potencias internacionales a la Cumbre del Clima de Glasgow. Los países llegan al encuentro de la ONU con todas las promesas manchadas de CO2 y con la difícil tarea de encontrar, durante las próximas dos semanas, una salida a este entuerto. Los datos de diferentes fuentes demuestran que los grandes contaminantes han incrementado su huella de carbono en el último año. Ni la pandemia ni el parón económico han conseguido impulsar ese giro verde y radical que demanda la ciencia. El G20, los países más industrializados y emergentes, han aumentado sus niveles de CO2 en un 4% en 2021, recuperando los niveles previos a la pandemia. De hecho, algunas naciones de este grupo como Argentina, India, China o Indonesia han superado los valores previos a la emergencia de la covid.

Estos países son, según el índice de Climate Transparency, responsables del 75% de las emisiones globales. Otros estudios publicados en la previa de la Cumbre del Clima señalan que no sólo aumentan las emisiones liberadas a la atmósfera, sino que la concentración de partículas de CO2 es cada vez mayor. La Organización Mundial de Meteorología informaba de que esta misma semana se había documentado un nuevo récord, con 413,2 partes por millón de dióxido de carbono en el aire. 

La retórica de la lucha climática adoptada por los países firmantes del Acuerdo de París también ha quedado en evidencia esta semana. Ha sido la propia ONU quien ha alertado de las "tendencias preocupantes" y de la inacción de la mayoría de las 196 naciones que firmaron en 2016 el compromiso de descarbonizar sus economías. Con los planes para reducir los gases de efecto invernadero que hay sobre la mesa ahora mismo, la temperatura del planeta subirá 2,7ºC, un dato demoledor si se tiene en cuenta que el objetivo marcado por la ciencia es mantener la subida del mercurio global por debajo del grado y medio.

El informe de síntesis de la ONU analiza los NDC, las contribuciones nacionales a la lucha climática que cada país ha presentado ya. Según este documento de los 196 países vinculados al Acuerdo de París, tan sólo 143 han presentado su planes. De estos, además, sólo la mitad cumplía con lo acordado de alcanzar la neutralidad de CO2 para 2050. 

"Las partes deben redoblar urgentemente sus esfuerzos climáticos si quieren evitar que el aumento de la temperatura global supere el objetivo del Acuerdo de París de estar muy por debajo de los 1,5ºC para finales de siglo", ha valorado Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático. "No estamos ni de lejos donde la ciencia dice que deberíamos estar".

El incremento de emisiones de las grandes potencias viene parejo a las inversiones públicas y empresariales que se destinan a las energías sucias. Según Climate Transparency, entre 2018 y 2019 los países del G20 destinaron más de 50.000 millones de dólares a financiar proyectos relacionados con combustibles fósiles. Los expertos advierten, no en vano, que lo que hoy son beneficios derivados de las inversiones en carbón, gas o petróleo se convertirán en importantes pérdidas: el PIB del G20 podría bajar un 4% si no se frena la crisis climática, según una publicación presentada esta semana por el Centro Euro-Mediterráneo de Cambio Climático (CMCC).

Reino Unido, China, EEUU y Europa

Los ojos, en cualquier caso, siempre están puestos en los grandes países industrializados. Esos mismos que han elevado sus cifras de CO2 en el último año. Sólo Reino Unido presenta de cara a 2030 una reducción de la producción de gas, carbón y petróleo acorde con las demandas de la ciencia. El resto de los Estados fuertes del G20, según otra publicación previa a la COP26, sigue apostando por los combustibles fósiles de tal manera que en 2030 se estará consumiendo un 110% más de lo acordado en el Acuerdo de París. 

China, por ejemplo, ha presentado in extremis sus NDC, a las puertas de esta COP26. Pero el documento no sólo no satisface las demandas de la ciencia sino que siquiera plantea un recorte de emisiones de CO2 hasta finales de década. El país dirigido por Xi Jinping anuncia que seguirá emitiendo gases de efecto invernadero hasta 2030, año en el que alcanzará "un pico de emisiones", según los planes presentados. El gigante asiático no prevé alcanzar la neutralidad de carbono hasta 2060.

Con los planes actuales, se producirá un 110% más de combustibles fósiles de lo que marca el Acuerdo de París

EEUU –que se incorpora a las negociaciones tras la salida casi anecdótica del Acuerdo de París por parte de Donald Trump– ha planteado una reducción del 50% para 2030, un porcentaje que está algo adulterado si se compara con Reino Unido o la Unión Europea, que presentaron recortes más o menos similares, pero respecto a las emisiones de 1990. La Administración Biden anunció una rebaja respecto a 2005, lo que implica una reducción menor. 

Europa acude en un momento marcado por la incertidumbre energética. Aunque el mandato de Ursula von der Leyen ha estado marcado desde su inicio por un incremento de la ambición, con una reducción del 55% para 2030 y con amplias medidas financieras encaminadas al impulso de las renovables, en las últimas semanas se ha abierto un peligroso debate que podría echar por tierra los planes de transición. Se trata de la idea de incluir el gas y las nucleares dentro de la taxonomía de energías verdes, algo que podría apartar a un segundo plano la financiación de proyectos renovables al mismo tiempo que se eleva el consumo de gas y las emisiones asociadas.

Con este contexto de acción climática arranca la COP26 de Glasgow, una nueva oportunidad para que las grandes potencias reconduzcan sus planes y eleven la ambición climática, es decir, incrementen sus compromisos para la reducción de emisiones. El reto de esta cumbre es tratar de alinear esos porcentajes de reducción de emisiones con el texto del Acuerdo de París, que reclama una reducción anual del 7,5% de las emisiones de CO2 durante la próxima década para poder conseguir mitigar los peores efectos de la crisis climática. 

30/10/2021 21:20

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El vicepresidente estadounidense Al Gore se da la mano con el primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto, antes de sus conversaciones en la Cumbre del Clima de Kyoto de 1997, la COP3. — Katsumi Kasahara / AFP

El camino para llegar a la COP26 de Glasgow no ha sido fácil. La historia diplomática de las negociaciones climáticas han estado marcadas por desastres como el de Copenhague en 2009, pero también por momentos positivos como el Acuerdo de París de 2015 o el peso creciente de la ciencia en las últimas cumbres.

 

"La Cumbre del Clima sella unos compromisos mínimos"; "Fracaso en la creación de un mercado de carbono"; "La COP22 rebaja la ambición"; "Las negociaciones encallan". Desde que en 1995 se celebró en Berlín la primera conferencia climática de la ONU, la hemeroteca no ha dejado buen sabor de boca. Demasiadas malas noticias para un planeta al que se le agota un tiempo cada vez más manchado de CO2 y metano. La historia de las negociaciones de los últimos 25 años, sin embargo, también han arrojado luz y esperanza trayendo consigo múltiples cambios culturales y políticos que han sacado los debates ambientales del ostracismo en el que estaban situados al término del siglo XX.

La primera Cumbre del Clima, en la capital alemana, fue un encuentro multilateral y rompedor. Allí se articuló el Mandato de Berlín por el que las grandes potencias reconocían el importante peso que sus economías fósiles estaban teniendo en el calentamiento del planeta. De esta forma, las partes que acudieron a la cita se emplazaban a iniciar las negociaciones necesarias para establecer plazos concretos y objetivos vinculantes de reducción de sus emisiones de CO2. Dos años después, en la COP3 de Kioto, nació el protocolo que lleva el nombre de la ciudad nipona, un documento histórico con el que los países industrializados asumían compromisos de obligado cumplimiento para reducir su huella de carbono, reconociendo que eran los países ricos los que más estaban contribuyendo a la crisis climática.

Juan López Uralde, hoy presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, ha pisado moqueta en el grueso de las cumbres, asistiendo como observador de la sociedad civil a fracasos y victorias de la lucha ecologista. "Siempre se dan discusiones sobre si estos eventos son necesarios, y yo creo que sí lo son. Que se reúnan delegaciones de 190 países una vez al año es fundamental, independientemente de cómo terminen las negociaciones", opina. El diputado de Alianza Verde considera que pese a los abundantes fracasos, el multilateralismo ha avanzado en una dirección positiva en estás últimas décadas, pero advierte: "Hay que cambiar las expectativas, son reuniones muy positivas, pero no creo que sean negociaciones decisivas para la crisis climática".

Tatiana Nuño, activista de Greenpeace que habitualmente acude a las convenciones climáticas de la ONU en calidad de observadora internacional, sostiene que la historia reciente muestra "claros avances" en los posicionamientos políticos para mitigar la crisis climática. "Berlín fue un hito", narra, "luego llegó Kioto y después las cosas empezaron a avanzar rápido para crear mecanismos reales que permitieran a los países reducir las emisiones". Desde Kioto hasta 2009 las negociaciones avanzaron con poca atención mediática, pero a un ritmo acorde con los reclamos de la ciencia. Sin embargo, ese año hubo un punto de inflexión con el fracaso estrepitoso de la Cumbre de Copenhague (COP15).

El "desastre" de 2009

Por entonces, el Protocolo de Kioto había envejecido demasiado. La ambición debía elevarse y marcar una reducción del 50% de las emisiones de CO2 para mediados de siglo. Al menos ese era el objetivo con el que las delegaciones de los Gobiernos acudieron en diciembre de 2009 a la capital de Dinamarca. "Desde el primero momento todo parecía ir mal. Para empezar, el espacio físico del lugar donde se celebraba la cumbre era demasiado pequeño para albergar todos los acreditados", narra. "Pero lo peor fue el tema de la represión contra la sociedad civil. Fue algo que no se había visto en ninguna de las ediciones anteriores. La sede de Greenpeace fue intervenida y hubo miles de detenciones sin justificar en la manifestación que siempre se hace", recuerda López de Uralde, que estuvo en la cárcel cerca de tres semanas por una protesta. 

"Fue un desastre, una voladura de todo el proceso de negociaciones", describe. La idea de ampliar la ambición no fue el único escollo. Las naciones trataron de ampliar los mecanismos de control para que la nueva herramienta que sustituyese al Protocolo de Kioto tuviera un carácter global e incluyera a los países menos industrializados desde la óptica de justicia social y económica. Sin embargo, "todo saltó por los aires".

Herman van Rompuy, por entonces presidente del Consejo Europeo, calificaba en 2010 lo sucedido como "desastre" y advertía de que el enquistamiento de las negociaciones iba a suponer el fin de las COP de las Naciones Unidas. "No funcionarán", avisaba en unas conversaciones filtradas por El País. Lo cierto es que, en Copenhague, Europa quedó aislada por primera vez en mucho tiempo, oscurecida por el liderazgo poco verde de EEUU y China, que apostaron por eliminar el carácter vinculante de los acuerdos. Hasta la fecha los países estaban obligados a cumplir los objetivos de reducción de emisiones, pero en 2009 la dinámica cambió para siempre, reduciendo todo a la buena voluntad de los Gobiernos.

De la irrelevancia diplomática al Acuerdo de París

Tras Copenhague, los ánimos quedaron por los suelos. "Fue un momento de decepción enorme", argumenta Nuño, que recuerda cómo las movilizaciones sociales bajaron durante los siguientes años. También bajó la atención mediática y política de los siguientes encuentros climáticos de la ONU, sumergidos en una irrelevancia preocupante. 

No fue hasta 2015, seis años después, cuando se consiguió cambiar las dinámicas negativas y el enquistamiento de las negociaciones. Las partes consiguieron un nuevo acuerdo para avanzar en los compromisos de reducción de emisiones de acuerdo con las peticiones de la ciencia. De hecho, en esta reunión diplomática, las investigaciones científicas cobraron un papel sin precedentes, en tanto que los Gobiernos encargaron al Panel Intergubernamental del Expertos, el IPCC, un informe actualizado para poder organizar una hoja de ruta con la que mantener la subida de temperaturas del planeta por debajo del grado y medio. 

De ahí nació el Acuerdo de París, el documento respaldado por casi 200 naciones, nacido del consenso y del que todavía quedan puntos que pulir en Glasgow. "Desde entonces el papel del IPCC en los plenarios de las cumbres ha ganado mucho peso", opina la activista de Greenpeace, que considera que la gran victoria de 2015 fue el peso que adquirió la ciencia y la sociedad civil en las negociaciones internacionales. 

El Acuerdo de París, no obstante, nació de las heridas de Copenhague. El alineamiento del tratado y la ciencia contrasta con su carácter no vinculante, dejando las acciones concretas a la voluntad de los Gobiernos de turno y sin ningún tipo de régimen sancionador. "El único punto vinculante fue el compromiso de limitar la subida de temperaturas 1,5ºC, pero se puede decir que en términos generales hay un paso hacia atrás porque no puede obligar a cumplir con los acuerdos", arguye López de Uralde.

El documento ratificado en la capital gala por más de 190 países obligaba a los Gobiernos a presentar periódicamente Compromisos Nacionales Asumidos (NDC), un documento entregado a la ONU con el que cada parte informaba de sus planes para reducir las emisiones. Según los datos actuales, con los planes de descarbonización que cada nación ha presentado la temperatura global subirá 2,7ºC a finales del siglo XXI y las emisiones de CO2 incrementarán un 30% en 2030. La voluntad es insuficiente para mitigar la crisis climática.

Precisamente, esa es la barrera que los cuerpos diplomáticos y sus delegaciones han tratado de salvar en las últimas reuniones, que tratan de dar un contenido legal al Acuerdo de París. En Glasgow se brinda una nueva oportunidad para que los representantes políticos asuman su parte.

27/10/2021 23:19 Actualizad

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Claves para entender la COP26, la cumbre mundial que busca (otra vez) salvar el planeta de la emergencia climática

El domingo 31 de octubre arranca la vigesimosexta Cumbre del Clima, un encuentro crucial para alcanzar acuerdos internacionales que consigan reducir las emisiones de CO2.

 

Este domingo arranca la COP26, la vigésimo sexta Cumbre del Clima que se celebrará en Glasgow, Escocia, a la que acudirán los representantes internacionales de todas partes del planeta para tratar de arrancar acuerdos y compromisos efectivos para luchar contra la crisis climática. Este encuentro de alto nivel diplomático es crucial y llega tras un 2020 sin negociaciones debido a la pandemia de la covid-19.

Tras la Cumbre presidida por Chile y celebrada en Madrid en 2019, esta es una oportunidad (otra nueva ocasión) para que las naciones actualicen –o presenten por primera vez– sus objetivos de descarbonización, pero también para que se coordinen actuaciones destinadas a impedir que la temperatura global del planeta suba mas de 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales, el limite marcado por los científicos del IPCC (el grupo de expertos científicos sobre cambio climático).

Estas son algunas de las claves para entender desde lo más básico hasta lo más complejo de lo que ocurrirá en Glasgow las próximas semanas.

Qué es la COP y quién acude a ella

El acrónimo de COP alude a Conferencia de las Partes, es decir, los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), un tratado que se remonta a 1992 y que ha sido respaldado por 197 gobiernos nacionales, incluido el de la Unión Europea. 

Representantes de estas 197 naciones se reúnen cada año con la intención de alcanzar acuerdos que les permita reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además de los miembros gubernamentales, la ONU permite la entrada de observadores, entre los que se incluyen representantes de la comunidad científica, de las organizaciones ambientales, sindicatos, empresas y gobiernos locales. Sin embargo, el elevado precio de los alojamientos en la ciudad y las restricciones sanitarias por la covid-19 han provocado que muchos de estos actores sociales no hayan podido asistir

Por qué la COP26 se celebra en Glasgow

Esta Cumbre multilateral, que no pudo celebrarse en noviembre de 2020 por la pandemia, se celebra en Glasgow ya que es a Escocia a quien le corresponde esta vez asumir la presidencia, un cargo rotatorio anualmente entre los cinco continentes principales del planeta. 

Pero, si la COP25 fue en Madrid, ¿por qué vuelve a celebrarse en Europa? Aunque la última reunión climática se celebró en la capital española, la presidencia estaba en manos de Chile, que tuvo que trasladar la sede física a los pabellones de IFEMA por la coyuntura de protestas sociales que vivía el país latinoamericano durante los últimos meses de 2019. La COP23 de 2017 también se celebró en Europa, en Bonn, pero fue presidida por la República de Fiyi, en Oceanía. 

Cuáles son las fechas clave de la Cumbre del Clima

El encuentro político comenzará el 31 de octubre y finalizará el viernes 12 de noviembre. En estas dos semanas, los tiempos se dividen en dos momentos diferentes: la primera semana y la segunda. En la primera fase, las negociaciones apenas tienen ritmo y es poco habitual que se anuncien acuerdos. El foco mediático, en estas primera siete jornadas, suele estar puesto sobre la comunidad científica y social que asiste a la Cumbre a presentar sus informes y datos que actualizan las evidencias sobre la crisis climática. 

Es en la segunda semana cuando las conversaciones suelen precipitarse y cuando los acuerdos políticos empiezan a ver la luz. Hay que tener en cuenta que las decisiones que se rubrican en las Cumbres del Clima se toman por consenso de 197 partes, por lo que se trata de un proceso de negociaciones lento y complejo. Esto lleva a que habitualmente la clausura se alargue más de lo previsto. La COP25 de Madrid, por ejemplo, se extendió dos jornadas más de lo previsto y la COP24 de Katowice tuvo que coger un día de más al calendario para sellar un acuerdo. 

Qué se negocia

Aunque hay demasiados frentes abiertos, este encuentro del multilateralismo abordará dos puntos clave que no se consiguieron cerrar en la anterior Cumbre del Clima de Madrid. En primer lugar, los países deberán tratar de crear un mercado internacional de carbono, una herramienta que sustituya al envejecido Mecanismo de Desarrollo Limpio creado en la Convención de Kioto de 1997. En ese sentido, se busca generar un marco legal que permita a los países y empresas realizar transacciones asociadas a los derechos de emisión de CO2. De esta forma, un Gobierno que exceda su emisiones de CO2 podrá pagar a otro para que reduzca un porcentaje similar a lo emitido.

En segundo lugar, Glasgow es fundamental para dotar de fuerza a los fondos de adaptación y resiliencia. En las últimas negociaciones, las Partes acudieron con el objetivo de financiar anualmente con 100.000 millones de dólares una reserva verde destinada a que los países más vulnerables ante la crisis climática puedan generar políticas efectivas para afrontar inundaciones, sequías o inseguridad alimentaria, entre otras consecuencias del calentamiento global. Esa meta no se llegó a alcanzar en Madrid, pues las negociaciones se sellaron con el compromiso de dotar el fondo con tan sólo 89 millones de dólares anuales.

Por qué es importante el Acuerdo de París

El Acuerdo de París es la pieza clave de esta Cumbre del Clima, pues aunque fue firmado en 2016 tras la COP21, todavía existen puntos a los que se les debe dotar de contenido para que no se queden en papel mojado. La creación del mercado de carbono es un ejemplo, en tanto que el Artículo 6 de este tratado contra la crisis climática establecía el desarrollo del mismo pero no especificaba cómo se debería articular. 

España, ¿acude con los deberes hechos?

España llega a Glasgow en un momento clave de sus políticas verdes. El propio presidente de la COP26, Alok Sharma, señaló hace meses que el Gobierno estaba dando los pasos adecuados, haciendo mención a la Ley de Cambio Climático aprobada en la primavera de este año. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. De hecho, los porcentajes de reducción de emisiones plasmados en dicho texto legislativo han sido ampliamente criticados por los sectores más ecologistas, pues fija un objetivo de recortar un 23% el CO2 liberado a la atmósfera para 2030, un dato muy lejos del 55% que se marcó la Unión Europea en 2020 y de las exigencias del Acuerdo de París, que establecía un recorte anual de 7,6% en todo el planeta para conseguir mantener la subida de temperaturas por debajo de 1,5ºC.

No obstante, lo que importa en un encuentro cómo este no son tanto las decisiones particulares como el consenso global, que tampoco se acerca a lo reclamado por la ciencia. Tanto es así que, con los planes de descarbonización que los países han presentado en la actualidad, las emisiones de CO2 solo disminuirán un 7,5% para finales de década. Según los últimos datos de la ONU, con esta situación la Tierra subirá su temperatura 2,7ºC antes de que termine el siglo XXI.

26/10/2021 22:47

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Niños afganos recolectan opio crudo en un campo de amapolas en las afueras de Jalalabad, abril 2015.- REUTERS/Parwiz

"Afganistán ya no será un país de cultivo de opio", afirma el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, esperando el aplauso de los ingenuos -que piensan que una organización criminal puede dejar de serlo-, y el de los políticos hipócritas extranjeros, que desesperados esperan reconocer el nuevo totalitarismo islámico instalado por EEUU. Lo que buscan los caudillos del opio afganos, que jamás renunciarán a ese "oro marrón" que abastece el 83% del mercado mundial y generó en 2020 cerca de 1,6 mil millones de dólares, en realidad, es:

- Chantajear a las naciones afectadas por la sustancia asesina, y añadir a sus billonarias ganancias del comercio de opio y heroína la financiación extranjera que recibirán bajo el pretexto de "contribución al cultivo de arroz".

- Insinuar que "han cambiado a mejor", e incluso respetarán los derechos de la mujer y las minorías étnicas, eso sí, dentro del marco del islam (o sea, que seguirán sin derechos). Es otra farsa: "Talibán" ya es el sinónimo de barbarie, crueldad, subdesarrollo y falta del más mínimo escrúpulo moral y ético. ¡Tendrán que cambiar de nombre!

- Empujar los precios del opio en los mercados mundiales que temen escasez de la mercancía. De hecho, el caos en el país, el cierre de las fronteras y la propia toma del poder por este cartel de droga han elevado el precio del opio a nivel mundial.

Opio: de alucinógeno al medio del control

Han pasado 5400 años desde que los sumerios descubrieron Hul Gil, "la planta del placer", quemando sus semillas al fuego para entrar en el trance. Siglos después, la fruta de la adormidera se codeaba con el ajo en la medicina natural, y bajo el nombre griego de Theriac, "antídoto", viajaba por toda Asia a través de la Ruta de la Seda. Ya entonces se conocían los efectos perturbadores de las drogas, como el hachís, sobre la mente humana: así pudo El Viejo de Alamut Hasan Sabbah, el guerrillero iraní del siglo XI, poner en jaque a los califas y sultanes de la región con miles de adeptos "suicidas", previamente drogados (salvando distancias, la CIA lanzó en los años cincuenta el Proyecto Bluebird para "mejorar sus métodos de interrogatorio", usando sustancias químicas como LSD para manipular el comportamiento de sus presas).

Pero, es en el siglo XVII, y a mano de la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuando el opio se convierte en un producto de consumo de masas y un gigantesco negocio transfronterizo, contaminando todo Oriente y sobre todo a China.

Y habrá más momentos históricos en la vida de esta amapola:

- En 1680, el médico británico Thomas Sydenham logra fabricar pastillas analgésicas de la sustancia marrón.

- En 1803 se extrae la morfina del opio, y se la llama "la medicina de Dios", la "heroína". Así, los laboratorios se convertirán en otro cliente-adicto de Theriac.

 La CIA y la narcopolítica

La participación de EEUU en el negocio mundial de la droga empieza durante la Segunda Guerra Mundial y le convierte en el primer país del mundo en el uso sistemático del opio para fines políticos; lo hace desde varios puntos del globo:

- En Nueva York y Chicago pacta con las mafias china e italiana (dedicadas al narcotráfico y la industria de prostitución tras la prohibición del alcohol), que también estaban conectadas con los delincuentes corsos en Marsella, con el objetivo de parar el avance de las fuerzas marxistas en Italia, Francia y China, a cambio de permitirles importar heroína a EEUU.

- En el sudeste de Asia, utiliza la estructura de tráfico de opio creada por el colonialismo francés en Indochina y, uniendo a las mafias de Laos, Tailandia y Birmania, forma el Triángulo de Oro de opio para destruir al recién fundado estado socialista chino que declara la guerra a los Señores de Tharyac. La organización producirá el 70% del opio y la heroína del planeta, y a cambio de su cooperación anticomunista, la CIA exportará su mercancía al mismísimo suelo de la patria, utilizando los vuelos chárter de Air América. Con este mismo fin, ficha al grupo anticomunista de delincuencia japonesa Yakuza, "los intocables", echándoles una mano en el tráfico de metanfetamina. Más adelante, los 30.000 soldados estadounidenses que regresarán vivos (pero adictos) a "casa" de la guerra contra Vietnam serán simples "daños colaterales" del crimen organizado (como banqueros y fabricantes de armas) instalado en Washington. La catástrofe sanitaria es tal que en 1973 el presidente Nixon ordena crear la Administración para el Control de Drogas (DEA). Serán los programas de agricultura alternativa del gobierno chino los que desmantelan el Triángulo Dorado.

- En la década de 1980, George Bush padre, director de la Agencia, paga unos 110.000 dólares al agente de la CIA, Manuel Noriega, un narcotraficante panameño, con el dinero de la cocaína colombiana por sus servicios en la lucha contra el sandinismo nicaragüense. Y como "Roma no paga a los traidores", le secuestraron y encerraron durante 17 años en una mazmorra de Miami.

- En Asia Central se diseña la Medialuna Dorada de opio, compuesta por Afganistán, Pakistán e Irán; y con sus ganancias financia a las fuerzas reaccionarias islamistas, incluidas su ejército de yihadistas (chiitas y sunnitas), alias Al Qaeda, alias Muyahedines (¡los mismos "leones de Panjshir"!), alias Estado Islámico, etc.

El cartel CIA-Talibán

"No creo que tengamos que disculparnos por esto. (...) Hubo consecuencias en términos de drogas, sí. Pero el objetivo principal se cumplió. Los soviéticos abandonaron Afganistán", confiesa Charles Cogan, ex director de las operaciones de la CIA, acerca de la santa alianza anticomunista de EEUU con los Muyahedines. Entre 1986 y 1992, unos 100.000 hombres fueron entrenados para el oficio de terrorista en Pakistán y EEUU por la CIA y el MI6 británico, y enviados a Afganistán con el fin de desmantelar su recién instalado estado socialista -convirtiendo las amapolas en granadas, bombas o veneno para contaminar el agua de las escuelas de niñas- y cercar a la Unión Soviética desde Asia Central. La Agencia convertirá a los jefes tribales en barones narcotraficantes y, después, a señores de guerra, quienes tejerán una red de laboratorios de heroína a lo largo de la frontera afgano-pakistaní,  abasteciendo en 1984 el 60% del mercado estadounidense y el 80% del europeo. Al convertir el opio crudo a la morfina o heroína reducen su tamaño, aumentando los beneficios: de una tonelada de opio se obtienen 100 kilos de heroína pura, que luego se adulterará y engordará aún más las cuentas bancarias de criminales de cuello blanco que ni fuman cigarros.

Así, los camiones que transportaban armas de la CIA a Helmand regresaban a Pakistán cargados de opio y escoltados por los militares pakistaníes, lo que en la jerga inglesa se llama "hacer un backhaul". El negocio de droga requiere la misma protección militar que el petróleo.

En el propio Pakistán, donde la heroína era desconocida, en 1985 habrá 1,3 millones de personas adictas. Con los Muyahedines y los talibanes, que ofrecen protección gubernamental a la producción del opio, los cárteles internacionales harán su agosto, hasta que debido a la brutal hambruna que provoca la sequía del 2000, los Talibán se ven obligados a prohibir el cultivo de la adormidera para a cambio recibir la ayuda internacional; decisión que bajará hasta el 94% la producción y provocará graves tensiones en el mercado mundial de la droga. Este sin duda es uno de los motivos de la ocupación directa del país por EEUU en 2001: sigue financiando a cientos de miles de mercenarios por todo el mundo y en múltiples guerras y sólo podrá hacerlo con este tipo de negocios. Los mercados se recuperan. La invasión, además de restaurar el comercio del opio, lo expande. En EEUU se dispara la adicción a la heroína: habrá, en pocos años, otros 3,8 millones de consumidores.

En 2002, el país cogobernado por la OTAN-TALIBAN aumenta la superficie cubierta de la adormidera hasta 20 veces, convirtiendo la agricultura afgana en monocultivo. Se trata de una producción a escala industrial y no ocultos en las cuevas de Tora Bora.

Unas fotos filtradas en 2010 mostraban a los soldados de EEUU patrullando los campos de amapola.

¿O alguien ha pensado que abastecer un mercado con cientos de millones de clientes en el mundo era cosa de unos barbudos prehistóricos?

En 2007, Afganistán, cuyo suelo y cielo estaba bajo el control absoluto de los 300.000 soldados de la OTAN y miles de "contratistas", tenía más cultivos de droga que Colombia, Bolivia y Perú juntos, señala la ONU. Afganistán será el principal narcoestado fallido de la historia, patrocinado por EEUU y presidido por los narco-presidentes títeres, Hamid Karzai y Ashraf Ghani.

La tranquilidad también vuelve a los bancos que temían quedarse sin la liquidez generada por el blanqueo del dinero del narcotráfico. Millones de afganos, incluidos niños, que carecen de agua potable, luz, sanidad y alimento suficientes, además de adictos al opio, son explotados en estos duros campos. ¿Quiénes ganan la diferencia entre los 3 dólares que cuesta el gramo de heroína en Kabul y los 1.168 dólares por los que se vende en las calles de Nueva York?

En 2017, el valor de 9000 toneladas de heroína (con una estimación a la baja y solo basado en su precio en EEUU) asciende a 800.000.000.000 dólares, más que el presupuesto militar de EEUU.

Después de firmar el acuerdo de la entrega de Kabul a Talibán en 2019, EEUU presionó al régimen de Ashraf Ghani para liberar a decenas de Señores de Opio en el marco de amnistía para los 5000 terroristas talibanes.

La multimillonaria industria de opio-heroína afgana seguirá prosperando arrancado vidas y destrozando familias y naciones enteras: cerca del 70% de los reclusos del mundo lo están por tráfico de droga. Y, por cierto, ¿a dónde han ido los 8400 millones de dólares que EEUU afirma haber gastado en acabar con la producción de opio en Afganistán?

21 octubre 2021

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Un hombre camina a la orilla del río Huangpu cerca de una central eléctrica de carbón en Shanghai, China. — Aly Song / REUTERS

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) evidencia que los compromisos de los países para reducir el consumo de carbón, petróleo y gas no son suficientes para frenar la subida global de temperaturas.

19/10/2021 23:41

 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha vuelto a advertir este miércoles que la producción y quema mundial de combustibles fósiles está alejada de los compromisos climáticos alcanzados en el Acuerdo de París. Un nuevo informe, publicado este miércoles por el organismo de la ONU y varias instituciones científicas, revela una peligrosa "brecha" entre los planes de descarbonización de los Gobiernos y los objetivos de reducción de emisiones de CO2 marcados por la ciencia para conseguir mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 1,5º C.

Esta publicación de carácter anual llega a las puertas de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26) y pone de manifiesto que el planeta producirá en 2030 un 110% de combustibles fósiles más de lo que debería para conseguir mantener la subida del termómetro global por debajo de los 1,5º C. Este porcentaje habla de la actual situación, pero también de la próxima década, pues para hacer esa estimación los expertos tienen en cuenta los compromisos que los países han presentado ante la ONU –las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC)– para cambiar su modelo económico en los años venideros.

"La producción mundial de combustibles fósiles debe comenzar a disminuir inmediata y abruptamente para ser coherente con la necesidad de limitar el calentamiento del planeta a largo plazo", expone el texto, cuyos datos y estimaciones apenas han variado desde los últimos años. 

Sólo el carbón ha experimentado un descenso moderado en su extracción actual y en las proyecciones a futuro. Tanto los compromisos nacionales como las proyecciones realizadas por los Gobiernos revelan que la producción de este material ha comenzado a decaer, pero no lo suficiente. En 2030, con los planes aprobados en la actualidad, el carbón llevará asociado unas 7 gigatoneladas de CO2 al año y la ciencia requiere que para entonces el volumen de emisiones asociadas a este mineral no superen las 2 GtCO2/año para mantener la subida de temperaturas por debajo del umbral del 1,5º C. Para finales de década, si no hay un viraje radical de las políticas energéticas globales, la quema de carbón estará un 240% por encima de los niveles requeridos por la ciencia y el Acuerdo de París.

En el caso del petróleo se sitúa en una tendencia al alza, superando para 2030 los 100 millones de barriles diarios. Para reducir la huella ambiental de este combustible se deberían generar, como mucho, unos 40 millones de barriles diarios. En otras palabras la brecha entre ciencia y producción capitalista será del 57% para finales de década. En el caso del gas, los planes de las grandes potencias apuntan a un crecimiento exponencial de su producción que, para 2030, podría estar un 73% por encima de las cantidades exigidas por la ciencia.

La pandemia de la covid 19 no ha movilizado las inversiones hacia las fuentes de energía renovable de la forma que se preveía. Más bien al contrario. Otra publicación reciente sobre el G20 demuestra que el dinero de los fondos de recuperación que estos países han destinado a las energías limpias es muy inferior al que han dedicado a actividades relacionadas con los combustibles fósiles. De 1,8 billones de dólares que se suman de los paquetes de recuperación de estos Estados, sólo 300.000 millones han ido destinadas a las finanzas verdes y al desarrollo de las renovables.

En ese sentido, la ONU pone el foco también sobre los países que componen el G20, pues son los responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pide a los Gobiernos que tomen medidas que ayuden a reducir la demanda de consumo de energías sucias y a reconducir sus planes de descarbonización, alineándolos con el espíritu del Acuerdo de París.

De los países que componen este grupo, tan sólo Indonesia y Reino Unido tenían planes en 2019 que contemplaban una reducción drástica de la generación de petróleo y gas. Este último, de hecho, ha anunciado este martes un plan para eliminar las calderas de gas de las viviendas del país financiando con 5.000 libras a los propietarios para el cambio de instalación.  Pese a ello, prácticamente la totalidad de los Gobiernos sigue apostando por estas fuentes de energía. La única nota positiva del informe la pone el carbón, cuya producción de aquí a 2030 descenderá en todos estos países salvo en India y Rusia, con subidas del 5% para finales de década.

"Este informe muestra una simple pero poderosa verdad: tenemos que dejar de extraer gas y petróleo del suelo", ha advertido Antonio Guterres, secretario general de la ONU. "Es urgente que todos los inversores públicos y privados trasladen su apoyo financiero del carbón hacia las renovables", ha reclamado.

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Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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