Fuentes: Rebelión - Imagen: "City Building" (1930-31), Thomas Hart Benton.

El gran quiebre del siglo XXI

¿Dónde se demuestra que la prosperidad procede de la riqueza acumulada de los ricos? ¿Por qué no ver que el desarrollo y la riqueza son productos de la humanidad, sobre la experiencia y el conocimiento acumulado de la milenaria historia humana?

El profesor Walter Scheidel, en su libro The Great Leveler mostró, de forma más que convincente, que desde la prehistoria hasta nuestros días todos los sistemas socioeconómicos que conoció la humanidad tendieron a la desigualdad y terminaron en catástrofes globales. Lo primero es bastante obvio y lo estamos viendo hoy en día: aquellos que tienen poder financiero y económico tienen poder político inflamado, lo que lleva a un efecto bola de nieve. Los ricos y sus corporaciones son los grandes donantes de los partidos políticos y luego escriben las leyes a su conveniencia. En 1971, un clásico de los comics políticos, The Wizard of Id  lo resumió de forma insuperable: “La regla de oro consiste en que quien tiene el oro hace las reglas”. 

En 2013, el filósofo francés Thomas Piketty escribió su aclamado libro El Capital en el siglo XXI donde expresó que, en gran medida, el crecimiento de la desigualdad se debe a que la riqueza de los ricos (basado en acciones y propiedades) creció más rápido que la economía y los ingresos del resto, es decir, más rápido que los salarios de quienes luchan por sobrevivir. 

Pero la desigualdad no es solo económica; también es racial, sexual, religiosa, ideológica y cultural. Desde generaciones, las sociedades han debatido sobre el significado de desigualdadsocial y si esto es bueno o malo. Una de las hipótesis conservadoras (ya que nunca alcanzaron categoría de teorías) radicó en justificar la desigualdad como una consecuencianatural de la prosperidad.  En una tribu o en la Antigüedad las diferencias nunca fueron tan grandes como en nuestras (orgullosas) sociedades actuales. De ahí se impuso la idea de que (1) la prosperidad procede de la inequidad o (2) la inequidad es una consecuencia necesaria e inevitable de la prosperidad. “Nunca antes los pobres fueron menos pobres que hoy”, y todo eso hay que agradecérselo al capitalismo y a los ricos. 

Esta demostración de ignorancia radical es la bandera de libertarios y neoliberales, misioneros contra la intervención de los gobiernos (de sus regulaciones y sus impuestos) en la vida social y económica de los pueblos. Irónicamente, tienen a EEUU como modelo ideológico, cuya prosperidad, como la europea, fue construida en base a la esclavitud y a fuerza de brutales intervenciones imperiales (de los gobiernos y sus agencias secretas) sobre el resto de la humanidad. Tampoco consideran que las corporaciones son dictaduras como lo eran los feudos en la Edad Media y las repúblicas bananeras más recientemente. 

Meros mitos. ¿Dónde se demuestra que la prosperidad procede de la riqueza acumulada de los ricos? ¿Por qué no ver que el desarrollo y la riqueza son productos de la humanidad, sobre la experiencia y el conocimiento acumulado de la milenaria historia humana?

Otro de los dogmas del mundo actual radica en una mala lectura del mismo Adam Smith, según el cual todo progreso social se basa en la ambición y el egoísmo del individuo. De ahí, el mito social según el cual el progreso y la prosperidad se basan en la ambición de los individuos por ser millonarios, razón por la cual no hay que “castigar el éxito” con impuestos. Un mito popular pero barato, si consideramos que todos los progresos, todos o casi todos los inventos técnicos, científicos y sociales que registra la historia (incluso en la Era capitalista) han sido hechos por gente que no estaba pensando en el maldito dinero. 

Los mitos sociales no proceden del pueblo. Proceden del poder. Sí, (1) la Revolución Industrial multiplicó (2) la riqueza y (3) la desigualdad por cien, pero no se puede separar los tres elementos del (4) brutal imperialismo euro-estadounidense. Si América del Sur hubiese saqueado al resto del mundo por siglos, hoy sería modelo de progreso y desarrollo. 

El hecho de que hoy los pobres sean menos pobres que ayer no es una prueba de las bondades del capitalismo, ya que la Humanidad ha venido haciendo progresos por milenios y todos de forma acelerada. Ningún progreso técnico o científico se debe al capitalismo ni a los capitalistas. Los millonarios solo lo secuestraron. El capitalismo corporativo actual es una herencia del sistema esclavista: en nombre de la libertad, la explotación de los de abajo, la concentración de la riqueza, la sacralización de los amos-empresarios y la demonización de los trabajadores-esclavos.

En este momento, el capitalismo no está aportando nada más que problemas existenciales, como (1) la destrucción del planeta a fuerza de crecimiento basado en el consumo y la destrucción y (2) el agravamiento de las diferencias sociales, las que conducirán a mayores conflictos. El capitalismo está agotado y la crisis radica en negar la socialización del progreso humano, el cual será inevitable (luego del quiebre) con la robotización masiva y el desarrollo de las IA. 

Sugerir que el problema de la desigualdad sea solucionado con limosnas es como combatir una infección con una aspirina. En lugar de curarse, la infección aumenta. El quiebre podría evitarse por un acuerdo global, pero si la sensatez no fuese un bien escaso, no estaríamos ahogándonos en una crisis ambiental. La alternativa es un colapso global, una situación distópica dende se rompan todas las leyes aceptadas hoy como dogmas, como el valor del dólar, de la propiedad privada. Un colapso donde no haya ganadores sino una regresión definitiva a la Edad Media. 

Si en un pueblo hubiese gente muriéndose de hambre y alguien se le ocurriese encender un cigarro con un billete de cien dólares, sería calificado de inmoral. Bueno, esa es la situación hoy en día. Es decir que estamos en el primer nivel de tres:

1) Moral: Es inmoral que mueran niños de hambre en un mundo superrico e hiper tecnológico. Necesidades básicas cubiertas sería el primer escalón de una civilización humanista.

2) Injusticia: Luego, quedaría la discusión de la injusticia de lo que le toca a cada uno y en base a qué razón. 

3) Conveniencia: una discusión menos relevante es sobre la necesidad o la conveniencia de la inequidad. Para muchos de nosotros, la equidad favorece el desarrollo y hasta la producción de riqueza. El crecimiento como condición previa a cualquier redistribución es un dogma creado por el poder.

Los superricos son los enemigos de la Humanidad. No sólo le secuestran riqueza al resto, no sólo monopolizan la política en democracias y dictaduras, sino que lo mantiene en estado de hipnosis a través de (1) los grandes medios de propaganda, (2) los medios de distracción, de diversión tóxica y fragmentaria, y (3) por la virtud de mantener a otros millones de humanos en estado de necesidad, como esclavos asalariados sin tiempo para pensar que los piratas no son sus hermanos ni sus vecinos. 

Pero gran parte de la humanidad ama, admira y desea a los superricos, como los esclavos amaban a los amos que les arrojaban una pócima al final de una jornada agotadora. El amo y la pócima eran recibidos como una bendición y los rebeldes como los demonios que querían poner el mundo patas arriba. 

Por| 16/07/2022

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Jueves, 07 Julio 2022 06:20

El hambre

El hambre

Casi una de cada 10 personas en el planeta viven en condición de hambre.

En sólo dos años –de 2019 a 2021–, el hambre atrapó a 150 millones de personas adicionales, para llegar a la brutal cifra de hasta 828 millones de seres humanos. En el orbe, 22 por ciento de las niñas y los niños padecen desnutrición crónica.

Un total de 56.5 millones de latinoamericanos y caribeños hacen parte de quienes en forma habitual no logran consumir alimentos que les brinden siquiera el mínimo de energía que necesita un ser humano para mantener una vida normal; es decir, viven en condición de subalimentación o, en palabras llanas, padecen hambre.

Suman 93.5 millones las personas que viven en condición de inseguridad alimentaria grave, y 267.7 millones en inseguridad alimentaria moderada o grave. En total, casi cuatro de cada 10 habitantes de América Latina y el Caribe no logran alimentarse ­suficientemente.

Al mismo tiempo, 106 millones de adultos viven con obesidad, en buena medida porque este es el lugar del planeta donde es más cara una dieta saludable: 22 por ciento por encima de lo que cuesta en Europa o Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Todo ello, en la región que es la principal exportadora neta de alimentos del planeta, y que produce suficiente comida para satisfacer los requerimientos básicos de energía de mil 300 millones de personas, el doble de su población.

Estas son algunas de las cifras incluidas en la nueva edición de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022, informe publicado por cinco agencias de la Organización de Naciones Unidas, bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Sumamos ya siete años de retroceso en la lucha contra el hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe. Ello se debe al cambio climático, a los conflictos y guerras, a la pandemia de covid-19, al débil crecimiento económico, y sobre todo a las desigualdades, pero (y esto hay que decirlo con fuerza) también a la indiferencia.

Un factor no menor que contribuye a agravar la inseguridad alimentaria y nutricional son los malos apoyos al sector agroalimentario en buena parte del mundo, en especial en los países de ingresos altos y medio-altos; cada año, se destinan 630 mil millones de dólares a apoyar al sector agroalimentario, principalmente mediante transferencias directas que suelen beneficiar desproporcionalmente a los agricultores de mayores recursos y a empresas de gran tamaño.

Otro gallo nos cantaría y no tendríamos que lamentar los números de horror con que se inicia este artículo, si ese mismo financiamiento se reorientara a promover el acceso de la población a una alimentación suficiente, inocua y saludable y a facilitar e incentivar innovaciones para que los sistemas agroalimentarios sean más eficientes, inclusivos, sostenibles y resilientes.

El nuevo informe de Naciones Unidas muestra cómo la reorientación de los actuales apoyos a la agricultura hacia otros objetivos y usos sería suficiente para mejorar el acceso económico a dietas saludables, incrementar los ingresos de los agricultores, y disminuir el hambre, la extrema pobreza y las emisiones de gases de efecto invernadero.

América Latina y el Caribe es una de las regiones que más se beneficiarían de un cambio en este tipo en las políticas ­agroalimentarias.

La tragedia, entonces, no es sólo el número creciente de niñas, niños y adultos que viven el drama del hambre y la malnutrición. Es también que la solución está ahí, al alcance de nuestra mano, pero no la vemos, o no la queremos ver.

Por Julio Berdegué, Subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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24 de enero de 2022, Noruega, Oslo: El representante talibán Amir Khan Muttaqi da declaraciones a la prensa frente al hotel Soria Moria en Oslo.- EUROPA PRESS

Las mujeres afganas no solo deben llevar el velo sino también cubrir su rostro. Esta es la última orden de los talibanes, después de que les privaran de ser atendidas por doctores masculinos, ir al hospital solas, trabajar en público, estudiar en la escuela segundaria, salir de casa si "no es necesario", coger taxi o autobús sin un varón familiar, montar en bicicleta, cantar, bailar, hablar en voz alta, reír, usar cosméticos o zapatos con tacón, hacer deporte, asomarse a las ventanas y balcones, elegir a su marido, organizarse en asociaciones políticas, feministas o gremiales, aspirar al poder, etc., etc. El burka solo es el símbolo del poder de esta fuerza de extrema derecha, que cohabitó con la OTAN en Afganistán, durante las dos últimas décadas.

Los "seminaristas" afganos han sido coherentes con su ideología, lo que es incomprensible es que el mundo les pidiera un trato humano y civilizado hacia los hombres y mujeres del sufrido país.

Pregunta 1: ¿Pedirían los demócratas a los nazis, por ejemplo, respetar la prensa libre, la igualdad entre los seres humanos, los derechos económicos, políticos, y sociales de los ciudadanos, cuando lo primero que hicieron los talibanes (y fue ignorado por la prensa europea) fue desmantelar de forma más violenta los partidos políticos, sindicatos, las libertades sociales, de prensa, reunión, expresión, para justamente privar a la sociedad afgana de voz y voto? ¡Hasta este punto se ha normalizado la persecución de las fuerzas progresistas en el mundo!

Pregunta 2: ¿Por qué la prensa de masas afirmaba que los talibanes del 2022, que recibieron el poder en Kabul a mano de EEUU, se habían transformado en "moderados" y no eran los mismos bárbaros de los años 90? ¿Cómo podían cambiar de actitud teniendo la misma ideología?

Pregunta 3: Puesto que el fundamentalismo es el ejercicio intransigente de una doctrina (religiosa o secular), ¿qué tipo de sistema político establece cuando toma el poder? ¿Fue el franquismo un simple régimen de católicos conservadores?

En líneas generales, el totalitarismo más agresivo y la economía de mercado son los dos puntos de unión entre el fascismo clásico y el  fundamentalismo en el poder, fenómeno que apareció de repente a finales de la década de los ochenta cuando EEUU decidió patrocinarlo y armarlo como una herramienta política para contener el avance del socialismo en Oriente Próximo y América Latina. Así, son instalados, de forma sutil y sigilosamente, los primeros regímenes de extrema derecha después de su espectacular derrota en la Segunda Guerra Mundial, para luego como movimiento respaldado por EEUU extenderse por gran parte del mundo, con el mismo discurso, pero con distintos ropajes y acentos.

Los medios de masas interesados han conseguido despolitizar dicho  movimiento presentándolo como el despertar de las tradiciones y culturas autóctonas no globalistas.

La nueva extrema derecha es el fascismo de siempre

Los totalitarismos religiosos en Turquía, Afganistán o Irán, a pesar de sus singularidades (al igual que los fascismos clásicos), comparten una serie de elementos entre sí y también con sus antecesores europeos. La República Islámica de Irán es el Estado más similar al prototipo de este sistema político, que además ha sido capaz de tomar prestados algunos elementos de la Santa Inquisición, pues, su Código Penal está basado en  los textos abrahámicos.

 Aquí algunos aspectos comunes entre el fascismo y el totalitarismo religioso:

- Son reacciones a la modernidad y el progreso: Mussolini anunció la muerte de la Revolución Francesa, y los fundamentalistas equiparan las conquistas sociales de los ciudadanos europeos con el colonialismo de sus gobiernos (de allí el término del "feminismo blanco"), para así, justificar su afán de resucitar el orden medieval del dominio sobre los ciudadanos convertidos en "rebaños".

- La existencia de un Führer, Caudillo, Líder Espiritual carismático, capaz de concentrar la totalidad del poder en su persona (Jomeini y Erdogan).

- Un Estado centralista, antifederal, contrario a las "autonomías" locales, porque reduce el poder de la autoridad central.

- Resucitar e incluso inventar mitos y leyendas del pasado para fascinar a las masas, en torno a un discurso familiarizado del Líder: decir que "Madrid tiene 2000 años de historia" es igual de falso que afirma que en el siglo VII nació el feminismo islámico en lo que hoy son tierras de Arabia Saudí, el único país del planeta donde las mujeres aún ni pueden ni votar, por la venia de Dios.

- La militarización de la sociedad, mediante la creación de numerosos cuerpos armados y de seguridad, y su presencia pública. Formar organizaciones paramilitares de los lumpen, e individuos desclasados, sin escrúpulos y capaces de cometer barbaries a cambio de tener poder, dinero y estatus. Los Basiy (Reclutas) de Irán es la viva imagen de los Escuadristas ( los Camicie Nere italianos). Las patrullas antivicios que controlan hasta la vestimenta y conducta moral de los ciudadanos en el espacio público. La coerción para los "antisistema" y la recompensa para los obedientes, al igual que en el "Cielo".

- Uso sistemático de la violencia y de la pedagogía del terror contra los críticos (redadas, lapidaciones, ahorcamientos públicos, latigazos, etc.). La fe hace que el terror se banalice: En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades, y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente (Deuteronomio, 2 :34). La normalización del odio y la venganza (ojo por ojo) contra otros, como muestra de valentía y el reclamo de justicia, en vez de justicia civilizada, comprensión y solidaridad.

- Nutrirse de la ira y los sentimientos de marginación entre las clases sociales "inferiores ofreciéndoles soluciones mágicas que pasan por delatar, oprimir o matar (en guerras) a personas como ellos, que ni conocen: el trabajador "ario" es como el "musulmán" o el "judío" contra sus hermanos de otros grupos étnicos y de otros credos a beneficio de los que mueven el negocio.

- El control y vigilancia de las masas, a través de los templos, los vecinos, las instituciones, etc.

- La primacía del concepto de "nación" o "comunidad" (racial o religiosa) para desdibujar las diferencias entre las clases sociales, evitando la solidaridad nacional e internacionalista de los oprimidos.

- Una visión social tribal: nosotros contra ellos.

- Un feroz anticomunismo: por ser un sistema económico socialista, y políticamente igualitario entre los hombres de cualquier credo, color de piel, estatus social, y entre los hombres y las mujeres.

- Rechazo hacia las democracias liberales, que no hacia el capitalismo, por las conquistas sociales de sus ciudadanos en cuanto a limitar el poder de los mandatarios, las libertades individuales y colectivas, y de que su autoridad emana de la "Demo", el pueblo y puede ser revocada, que no del "Teo", el Dios, un ente absolutista.

- Establecer el control, no solo sobre las actividades políticas y sociales, sino también sobre el pensamiento de los ciudadanos. Tener ideas distintas es considerado delito, aunque no se pongan en práctica ni se divulguen.

- La imposición de la uniformidad tanto entre los hombres pero sobre todo entre las mujeres (de allí el velo y la gabardina o el chador y el burka), eliminando las singularidades entre los "ciudadanos", con el objetivo de convertirles en una "masa" a la que se pueda dar la forma que desea el poder.

- Se basan en los dogmas de fe, las certezas inventadas, que no en la razón y el racionalismo, apelando a las emociones.

- Usan la represión sexual como método de manipulación y el control social: duros castigos para las relaciones entre personas del mismo sexo, adulterio, fornicación, etc. creando personas psicológicamente desequilibradas

- Al contrario de las dictaduras que se apoyan en el respaldo de una pequeña élite, los fascismos cuentan con una base social, a menudo amplia, y con millones de pobres y desheredados entre sus filas. En su desgaste y por la decepción de las masas por expectativas incumplidas, los totalitarismos pierden esta base para convertirse en una simple dictadura.

- Supremacía de hombres sobre mujeres, de elites sobre plebeyos, militares (mártires vivientes) sobre civiles, y creyentes sobre ateos. Los judíos afirman ser el "pueblo elegido por Yahvé" y los musulmanes que "su religión es la última, la más perfecta", por lo que consideran blasfemia y perseguibles los creados nacidos después del siglo VII. Esta ideología, que considera untermenschen (infrahumanos) a los integrantes de otros grupos, genera la llamada "fascismo social": no solo inculca en los hombres ser superiores a las mujeres, sino que consigue que ellas mismas asimilen esta creencia como una realidad biológica. Ellas no podrán contraer matrimonio con un hombre fuera del grupo, hecho llamado por los nazis «ley de bronce»: el rechaza del apareamiento entre dos seres de distinta raza, porque reduce la calidad biológica de los descendientes. Para justificar el sistema de Apartheid contra las mujeres que se estableció en Irán a partir del 1978, el expresidente de la República Islámica Hashemi Rafsenyani argumenta que «La diferencia de tamaño, vitalidad, voz, desarrollo, calidad muscular y fuerza física entre un hombre y una mujer demuestran que los hombres son más fuertes y más capaces en todos los campos (…) el cerebro de los hombres es mayor (…) Estas diferencias afectan a la delegación de responsabilidades, deberes y derechos". Aquí, las diferencias se convierten en desigualdades.

- Discursos populistas, término que significa manipular, estafar a las "masas": Hitler utilizó las palabras "socialista" y "obrero" para denominar a su partido, cuando sus objetivos eran justamente antisocialistas y burgueses, mientras la versión religiosa del fascismo roba las consignas "antiimperialistas" a las fuerzas progresistas y llama "desheredados" a la clase trabajadora. Intenta, de este modo, hacerse con la bandera de la defensa de los explotados, que ha sido exclusivamente de la izquierda y sigue siendo la única fuerza con programa viable para poner fin a las injusticias sociales.

- Afán de expansionismo, para exportar su ideología mediante patrocinio de grupos afines, e incluso ocupando territorios de otros estados, bajo el pretexto de la "hermandad internacional" "Liberar a hermanos oprimidos", etc.

- Sus guerras, por muy santas y justas que sean siempre son por los recursos, fortunas y mercados.

- Son profundamente misóginos. Hacen exaltación del patriarcado, glorifican la maternidad, y mandan que la mujer debe ser esposa obediente y subordinada, madre sacrificada y depositaria de los valores del grupo, y ser la ama de casa perfecta, por lo que prohíben la educación mixta. Paralelamente, establecen un sistema de Apartheid prohibiendo el acceso de la mujer al poder y a ciertos espacios, y consideran al feminismo y el derecho a la igualdad una aberración antinatural y demoniaco.

La violencia contra la mujer y su discriminación en las  religiones semíticas, no sólo consolidan el sistema patriarcal basada en la superioridad jurídica del hombre, sino las santifican (Corán, 4:34; Biblia 11.2–16); les excluyen del poder (Corán 17-40) que niegan la existencia de ángeles del sexo femenino "Dios nunca envió a una profeta", y eso a pesar de que el cielo de Oriente Próximo está repleto de las diosas. La exclusión y opresión de las mujeres es una táctica política, dentro de "divide y vencerás": luego irán a por la otra mitad de la sociedad, los hombres. Cuando deciden incluir a mujeres en sus equipos, por propaganda o por la presión social, lo hacen sin permitir su emancipación. No deja de ser una paradoja o un elitismo que mujeres como Marine Le Pen, cuya ideología está basada en la "incapacidad natural" de la mujer, luche por ocupar el lugar que su creencia ha reservado a los hombres.

- Formular mensajes simplistas y primitivas a las masas, desactivando su intelecto e impidiendo que la audiencia tenga acceso a términos capaces de expresar la complejidad de los fenómenos. El uso de términos como "el Gran Satán", en vez de EEUU, un país muy complejo, o el "Eje del Mal" para llamar a los supuestos enemigos es simplemente despreciar la inteligencia de los receptores del discurso.

Que se respeten los "límites de la libertad religiosa": no confundir el respeto a los creyentes y sus derechos como ciudadanos a respetar su credo. La religión, un complejo sistema de creencias metafísicas con normas establecidas hace siglos, cuando se encuentra en el poder es peligrosamente totalitaria.

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Domingo, 24 Abril 2022 13:03

Castigo carcelario, una pena ilícita

Sofia Carvalho, prision, https://www.flickr.com/photos/29118734@N04/6928319649/

Más de 21.000 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, hacinadas, humilladas, en condiciones degradantes e inhumanas, llevó a la Corte Constitucional a extender el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, que fue declarado en segunda oportunidad en el año 2013 y que ahora también cubre a las personas privadas de la libertad en estos lugares.

Mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la política criminal era contrario a la Constitución, en esta oportunidad analizada la situación que se vive en los centros de detención transitoria, concluyó que es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De este modo, por medio de la sentencia SU 122 de marzo 31, se extiende el estado de cosas inconstitucional a las personas privadas de la libertad en estos lugares transitorios.

Desde hace varios años las personas privadas de la libertad no pueden ser enviadas a las cárceles, porque están totalmente hacinadas, haciéndose invivibles. Por esta razón acudieron al uso de las estaciones e inspecciones de policía y las unidades de reacción inmediata de la fiscalía para alojar a los detenidos preventivos, pero tampoco fueron suficientes y ahora están más hacinadas que los presidios, y ahora son una verdadera bomba de tiempo que deja al desnudo la incapacidad para atender esta problemática.

Hacinamiento, condiciones inhumanas de encarcelamiento, violación de los derechos humanos de las personas sometidas al encierro, todo ello deja en evidencia el equivocado manejo de la política criminal en el país, el deficiente papel cumplido por la rama legislativa, las graves omisiones del ejecutivo y el pobre desempeño de la rama judicial. Toda una derrota de nuestro incipiente Estado social y democrático de derecho, que como estructura solo queda en el papel cuando se le confronta con la situación que se vive en estos centros de detención transitorios. Las próximas generaciones se horrorizarán al enterarse de esta situación, más que el horror que sentimos nosotros cuando recordamos los famosos campos de concentración.

El horror ante nuestros ojos, y la indiferencia mayoritaría del país; una realidad fundamental, sin debate en el curso de la campaña electoral. Se trata de la situación de las personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata –URI– y del hacinamiento que reina en estos lugares que alcanzan cifras inimaginables (ver Cifras del hacinamiento).

 

 

Se trata de lugares que no fueron construidos ni diseñados para alojar personas por más de 36 horas, y que no cuentan con ventilación, ni espacios adecuados para conciliar el sueño o descansar, ni con posibilidades de disfrutar del Sol, y tienen carencias en los servicios sanitarios; tampoco cuentan con espacios adecuados para las entrevistas con los familiares o abogados, mucho menos para garantizar el derecho a mantener intimidad con la pareja el día de visita conyugal, pero además son lugares en los cuales es constante la violencia entre las personas que allí son albergadas, y en los que los problemas de salubridad y brotes de enfermedades se multiplican y no se solucionan, entre otras razones por la carencia de agua, de espacio para tratar a quienes estén infectadas, en fin, donde no se suministran alimentos adecuados ni implementos de aseo. En una palabra: el mismísimo infierno.

Recuerda la Corte en su reciente pronunciamiento, que el Estado debe garantizar las condiciones dignas de detención a esta población que, por el hacinamiento en cárceles y penitenciarias, no ha sido trasladada a los lugares de reclusión ordinarios, entendiendo que la libertad como garantía fundamental puede estar sujeta a restricciones definidas expresamente en la ley, pero atendiendo estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque la restricción a la libertad es absolutamente excepcional y, además, la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades, la obligación de protección de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación.

Es decir, durante el tiempo que la persona permanezca privada de la libertad, las autoridades deben garantizar condiciones dignidad y evitar cualquier tratamiento que se configure en tortura o sea cruel, inhumano o degradante.

Esta violación sistemática de los derechos, ampliamente conocida por las autoridades en nuestro país, obligó a la intervención del juez constitucional para, en sus palabras, orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades del orden nacional y territorial, que, desde sus competencias deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales, por lo que exige al Estado adoptar un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano. Así las cosas, la Corte formuló un plan de acción, en dos fases: una transitoria, con órdenes urgentes y de cumplimiento inmediato, y otra definitiva, con órdenes a mediano y largo plazo.

Las medidas ordenadas por la Corte: Un saludo a la bandera

La primera medida urgente que se ordena es el traslado de aquellos detenidos preventivos y de los condenados a los cuales el juez les concedió el domicilio como lugar de reclusión. Según la Defensoría del Pueblo, si acaso serán 110 las personas que se encuentran en esta situación, de suerte que en poco o nada servirá para atender y superar la gravísima problemática a la que nos enfrentamos, (ver Situación jurídica).

Además, se ordena que en un término de 2 meses se traslade a los condenados, a las penitenciarías a cargo del Inpec. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, de un conjunto de 21.074 personas que permanecen en los centros de detención transitoria, no suma más de 1.995 las condenadas, los demás son detenidos preventivos. Pero, además, no se puede olvidar que en los centros penitenciarios reina desde décadas atrás el hacinamiento y la violación sistemática de los mínimos constitucionales (T-153 de 1993). Es decir, con esta orden, se traslada el problema de un lugar a otro.

Las prisiones en el país, sus condiciones de deterioro y, además, la superpoblación que alberga exceden los márgenes tolerables conforme a los estándares internacionales, en especial los de las Naciones Unidas (señala una densidad máxima admisible de 120%) y sus reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad (reglas Mandela).

En estas condiciones, el Estado ha perdido el manejo del orden interno de estos lugares, el cual queda en manos de los propios presos miembros de bandas o grupos con estructura delincuencial. Y el control en estas condiciones se torna violento, sometiendo a los que no forman parte de la banda dominante a humillaciones y servidumbres, incluso sexuales.

Son lugares con un alto saldo de víctimas y escenas de inusitada crueldad, que se normalizan en la creación de realidad mediática como supuestas manifestaciones de la violencia natural de la delincuencia.

¿Acaso los magistrados no conocen la realidad que se vive en estos centros carcelarios? Alguien proponía, y no le falta razón, que sería importante que pasaran al menos una noche en estos lugares.

La detención preventiva y la pena
de prisión, convertidas
en medidas ilegales

La Corte señala que la violación de las garantías mínimas de las personas detenidas en estas instituciones es sistemática, y de esta manera reconoce que la privación de la libertad en estas condiciones se ha convertido en un trato degradante, inhumano, en una verdadera pena ilegal. Consecuente con este reconocimiento, ordena que en un término de 4 meses se garantice a las personas privadas de la libertad en estos lugares condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación tanto de hombre y mujeres, como entre menores y mayores de edad.
Incluso dispone crear otros espacios, con requerimientos mínimos, para alojar a los detenidos preventivos, creación para la que concede un término de un año, nuevas locaciones que solo podrán ser utilizadas durante 6 años, momento para el cual se debe contar con cárceles departamentales o municipales suficientes para albergar a esta población.

El fallo de la Corte Constitucional es un avance, pero en lo declarado olvida algo fundamental, y es que el hacinamiento no solo se resuelve con más cárcel. También, y sobre todo, se resuelve con menos cárcel. Existen precedentes en nuestra región que más adelante retomaremos.

Además, la Corte exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que capacite a los jueces y fiscales, en torno al carácter excepcional de la medida de detención preventiva, y en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros de reclusión transitoria.

Si bien la capacitación de los funcionarios (jueces y fiscales) no deja de ser importante, los magistrados de la Corte deben ser los primeros en aceptar las enseñanzas que en esta materia ha dictado desde décadas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Decimos lo anterior porque a pesar de existir una línea consolidada de la Cidh en la materia, la Corte Constitucional en la Sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 310) que permiten la detención preventiva con fines precautelativos, en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que tengamos un panorama tan vergonzoso en materia de castigo penal, como el que obligó a declarar el estado de cosas inconstitucional.

Para la Cidh, la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención. Este Tribunal ha indicado que “[…] la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (Párr. 312). (Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157).
Además, la Cidh ha enseñado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva (Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159). Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159). Pero la Corte Constitucional en nuestro país nunca ha reconocido estas decisiones. Consecuentes con lo decidido con respecto a otros funcionarios de la Rama, deberían empezar por dar ejemplo, lo cual irradiaría todas las decisiones que al respecto se deban adoptar, en cualquier instancia legislativa o jurisdiccional.

Ahora bien, las pruebas recaudadas en los trámites de las tutelas que revisó la Corte y las innumerables evidencias que recogió la Defensoría del Pueblo durante la visita que por más de un año realizó a estos lugares, dan cuenta de las torturas, malos tratos, lesiones o sufrimientos impuestos a las personas privadas en las dependencias de detención transitoria, es decir, en las estaciones de policía, las sedes de la fiscalía, etcétera.

La Defensoría del Pueblo durante el año 2021 realizó más de 50 visitas en campo y corroboró que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se trata de la privación de libertad bajo constante amenaza para la vida y la salud, la mala alimentación, el riesgo de enfermedades infecciosas, el sometimiento a grupos violentos de presos, humillante y muchas veces servil, sin dormitorios, sin baños suficiente, sin ventilación, sin patio para recibir el sol, sin un mínimo de privacidad, con mala alimentación, sin salud, con maltrato a los visitantes, carencia de medicamentos, una forma o modalidad de tortura, así lo enseña el artículo 2º de la Convención Interamericana contra la tortura.

Estas penas ilícitas son calificadas como penas crueles, inhumanas y degradantes, prohibidas por el art. 2,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

No se trata de las habituales carencias conocidas de las prisiones, ni tampoco de una sobrepoblación dentro de límites ‘tolerables’, ni de los defectos por todos conocidos, sino de una deformación absoluta de esta pena, que deja de ser una mera privación de libertad para pasar a ser una pena corporal con consecuencias que no serán nunca reversibles.

Así las cosas, es hora de reconocer que a las personas detenidas les están imponiendo penas ilícitas. No es posible seguir guardando silencio frente a esta situación. Los jueces y fiscales están permitiendo que, frente a la realidad del ejercicio del poder punitivo, se concede razón a la afirmación de que el derecho es un mero instrumento de las clases dominantes.

No es posible sostener que fiscales y jueces no son responsables de esta situación debido a su formación positivista jurídica, lo que les obliga a obedecer la ley. Basta recordar la existencia de normas internacionales válidas, de máxima jerarquía, que prohíben esa clase de penas.

La Constitución y el Derecho Internacional son las normas fundamentales que se deben tomar en cuenta para la construcción de una solución jurídica. El juez de garantía y los jueces de conocimiento (ver pág. 17), solo deben habilitar las medidas de aseguramiento y las penas lícitas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas.

Como enseña la Cidh: “Cuando las condiciones del establecimiento se deterioran hasta dar lugar a una pena degradante como consecuencia de la sobrepoblación y de sus efectos antes señalados, el contenido aflictivo de la pena o de la privación de libertad preventiva se incrementa en una medida que deviene ilícita o antijurídica”. (Considerando 92, resolución de la CIDH de 22 de noviembre de 2018, medidas provisionales. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho)”.

Estamos ante un estado de cosas que no es imaginado sino verídico, padecido por miles de personas, que debe ser resuelto de manera cierta. Existen soluciones jurídicas para el caso en que el agravamiento de las condiciones de privación de libertad sea tan extremo que resulte violatorio del artículo 5.2 de la Convención Americana o de sus equivalentes constitucionales nacionales, en razón de que esa pena impone un dolor o aflicción que excede en mucho el que es inherente a toda pena o privación de libertad:

i. La directa liberación de los presos, considerando que es intolerable que un Estado de derecho ejecute penas que son, por lo menos, degradantes. (En este sentido, Supremo Tribunal Federal. Interpretación Vinculante –Súmula Vinculante– nº 56, de 8 de agosto de 2016: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”. RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8- 2016, Tema 423).
ii. La otra alternativa consiste en que de algún modo se provoque una disminución de la población penal, por lo general mediante un cálculo de tiempo de pena o de privación de libertad que abrevie el tiempo real, atendiendo al mayor contenido aflictivo, producto de la sobrepoblación penal.

En este sentido, el precedente citado y resaltado por la Cidh, enseña que “En principio, y dado que es innegable que las personas privadas de libertad en el IPPSC pueden estar sufriendo una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de libertad, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe atenerse a un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de su ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuridicidad dejan de ser penas y, lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, circunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional. Lo anterior es concordante con el mandamus del Supremo Tribunal Federal establecido en la Súmula Vinculante No. 56”. (Considerando 120).

“Dado que está fuera de toda duda que la degradación en curso obedece a la superpoblación del IPPSC, cuya densidad es del 200%, o sea, que duplica su capacidad, de ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o de medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de dos días de pena lícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes”. (Considerando 121).

Ahora, es claro el efecto reproductor de violencia que se padece en las cárceles y centros de detención transitoria, una realidad que lejos de servir para cualquier objetivo que en algún momento permita al preso su reintegro a la vida libre en condiciones por lo menos no más negativas que las que determinaron su ingreso.

Estamos ante una realidad de espanto, horror, y sometimiento a la total indignidad de los encarcelados por infringir una u otra norma que afecta la convivencia pacífica de la comunidad, que evidencia que la pena de prisión fracasó y como sociedad no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. .

 

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Publicado enColombia
Martes, 19 Abril 2022 10:43

Castigo carcelario, una pena ilícita

Sofia Carvalho, prision, https://www.flickr.com/photos/29118734@N04/6928319649/

Más de 21.000 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, hacinadas, humilladas, en condiciones degradantes e inhumanas, llevó a la Corte Constitucional a extender el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, que fue declarado en segunda oportunidad en el año 2013 y que ahora también cubre a las personas privadas de la libertad en estos lugares.

Mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la política criminal era contrario a la Constitución, en esta oportunidad analizada la situación que se vive en los centros de detención transitoria, concluyó que es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De este modo, por medio de la sentencia SU 122 de marzo 31, se extiende el estado de cosas inconstitucional a las personas privadas de la libertad en estos lugares transitorios.

Desde hace varios años las personas privadas de la libertad no pueden ser enviadas a las cárceles, porque están totalmente hacinadas, haciéndose invivibles. Por esta razón acudieron al uso de las estaciones e inspecciones de policía y las unidades de reacción inmediata de la fiscalía para alojar a los detenidos preventivos, pero tampoco fueron suficientes y ahora están más hacinadas que los presidios, y ahora son una verdadera bomba de tiempo que deja al desnudo la incapacidad para atender esta problemática.

Hacinamiento, condiciones inhumanas de encarcelamiento, violación de los derechos humanos de las personas sometidas al encierro, todo ello deja en evidencia el equivocado manejo de la política criminal en el país, el deficiente papel cumplido por la rama legislativa, las graves omisiones del ejecutivo y el pobre desempeño de la rama judicial. Toda una derrota de nuestro incipiente Estado social y democrático de derecho, que como estructura solo queda en el papel cuando se le confronta con la situación que se vive en estos centros de detención transitorios. Las próximas generaciones se horrorizarán al enterarse de esta situación, más que el horror que sentimos nosotros cuando recordamos los famosos campos de concentración.

El horror ante nuestros ojos, y la indiferencia mayoritaría del país; una realidad fundamental, sin debate en el curso de la campaña electoral. Se trata de la situación de las personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata –URI– y del hacinamiento que reina en estos lugares que alcanzan cifras inimaginables (ver Cifras del hacinamiento).

 

 

Se trata de lugares que no fueron construidos ni diseñados para alojar personas por más de 36 horas, y que no cuentan con ventilación, ni espacios adecuados para conciliar el sueño o descansar, ni con posibilidades de disfrutar del Sol, y tienen carencias en los servicios sanitarios; tampoco cuentan con espacios adecuados para las entrevistas con los familiares o abogados, mucho menos para garantizar el derecho a mantener intimidad con la pareja el día de visita conyugal, pero además son lugares en los cuales es constante la violencia entre las personas que allí son albergadas, y en los que los problemas de salubridad y brotes de enfermedades se multiplican y no se solucionan, entre otras razones por la carencia de agua, de espacio para tratar a quienes estén infectadas, en fin, donde no se suministran alimentos adecuados ni implementos de aseo. En una palabra: el mismísimo infierno.

Recuerda la Corte en su reciente pronunciamiento, que el Estado debe garantizar las condiciones dignas de detención a esta población que, por el hacinamiento en cárceles y penitenciarias, no ha sido trasladada a los lugares de reclusión ordinarios, entendiendo que la libertad como garantía fundamental puede estar sujeta a restricciones definidas expresamente en la ley, pero atendiendo estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque la restricción a la libertad es absolutamente excepcional y, además, la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades, la obligación de protección de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación.

Es decir, durante el tiempo que la persona permanezca privada de la libertad, las autoridades deben garantizar condiciones dignidad y evitar cualquier tratamiento que se configure en tortura o sea cruel, inhumano o degradante.

Esta violación sistemática de los derechos, ampliamente conocida por las autoridades en nuestro país, obligó a la intervención del juez constitucional para, en sus palabras, orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades del orden nacional y territorial, que, desde sus competencias deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales, por lo que exige al Estado adoptar un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano. Así las cosas, la Corte formuló un plan de acción, en dos fases: una transitoria, con órdenes urgentes y de cumplimiento inmediato, y otra definitiva, con órdenes a mediano y largo plazo.

Las medidas ordenadas por la Corte: Un saludo a la bandera

La primera medida urgente que se ordena es el traslado de aquellos detenidos preventivos y de los condenados a los cuales el juez les concedió el domicilio como lugar de reclusión. Según la Defensoría del Pueblo, si acaso serán 110 las personas que se encuentran en esta situación, de suerte que en poco o nada servirá para atender y superar la gravísima problemática a la que nos enfrentamos, (ver Situación jurídica).

Además, se ordena que en un término de 2 meses se traslade a los condenados, a las penitenciarías a cargo del Inpec. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, de un conjunto de 21.074 personas que permanecen en los centros de detención transitoria, no suma más de 1.995 las condenadas, los demás son detenidos preventivos. Pero, además, no se puede olvidar que en los centros penitenciarios reina desde décadas atrás el hacinamiento y la violación sistemática de los mínimos constitucionales (T-153 de 1993). Es decir, con esta orden, se traslada el problema de un lugar a otro.

Las prisiones en el país, sus condiciones de deterioro y, además, la superpoblación que alberga exceden los márgenes tolerables conforme a los estándares internacionales, en especial los de las Naciones Unidas (señala una densidad máxima admisible de 120%) y sus reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad (reglas Mandela).

En estas condiciones, el Estado ha perdido el manejo del orden interno de estos lugares, el cual queda en manos de los propios presos miembros de bandas o grupos con estructura delincuencial. Y el control en estas condiciones se torna violento, sometiendo a los que no forman parte de la banda dominante a humillaciones y servidumbres, incluso sexuales.

Son lugares con un alto saldo de víctimas y escenas de inusitada crueldad, que se normalizan en la creación de realidad mediática como supuestas manifestaciones de la violencia natural de la delincuencia.

¿Acaso los magistrados no conocen la realidad que se vive en estos centros carcelarios? Alguien proponía, y no le falta razón, que sería importante que pasaran al menos una noche en estos lugares.

La detención preventiva y la pena
de prisión, convertidas
en medidas ilegales

La Corte señala que la violación de las garantías mínimas de las personas detenidas en estas instituciones es sistemática, y de esta manera reconoce que la privación de la libertad en estas condiciones se ha convertido en un trato degradante, inhumano, en una verdadera pena ilegal. Consecuente con este reconocimiento, ordena que en un término de 4 meses se garantice a las personas privadas de la libertad en estos lugares condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación tanto de hombre y mujeres, como entre menores y mayores de edad.
Incluso dispone crear otros espacios, con requerimientos mínimos, para alojar a los detenidos preventivos, creación para la que concede un término de un año, nuevas locaciones que solo podrán ser utilizadas durante 6 años, momento para el cual se debe contar con cárceles departamentales o municipales suficientes para albergar a esta población.

El fallo de la Corte Constitucional es un avance, pero en lo declarado olvida algo fundamental, y es que el hacinamiento no solo se resuelve con más cárcel. También, y sobre todo, se resuelve con menos cárcel. Existen precedentes en nuestra región que más adelante retomaremos.

Además, la Corte exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que capacite a los jueces y fiscales, en torno al carácter excepcional de la medida de detención preventiva, y en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros de reclusión transitoria.

Si bien la capacitación de los funcionarios (jueces y fiscales) no deja de ser importante, los magistrados de la Corte deben ser los primeros en aceptar las enseñanzas que en esta materia ha dictado desde décadas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Decimos lo anterior porque a pesar de existir una línea consolidada de la Cidh en la materia, la Corte Constitucional en la Sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 310) que permiten la detención preventiva con fines precautelativos, en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que tengamos un panorama tan vergonzoso en materia de castigo penal, como el que obligó a declarar el estado de cosas inconstitucional.

Para la Cidh, la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención. Este Tribunal ha indicado que “[…] la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (Párr. 312). (Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157).
Además, la Cidh ha enseñado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva (Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159). Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159). Pero la Corte Constitucional en nuestro país nunca ha reconocido estas decisiones. Consecuentes con lo decidido con respecto a otros funcionarios de la Rama, deberían empezar por dar ejemplo, lo cual irradiaría todas las decisiones que al respecto se deban adoptar, en cualquier instancia legislativa o jurisdiccional.

Ahora bien, las pruebas recaudadas en los trámites de las tutelas que revisó la Corte y las innumerables evidencias que recogió la Defensoría del Pueblo durante la visita que por más de un año realizó a estos lugares, dan cuenta de las torturas, malos tratos, lesiones o sufrimientos impuestos a las personas privadas en las dependencias de detención transitoria, es decir, en las estaciones de policía, las sedes de la fiscalía, etcétera.

La Defensoría del Pueblo durante el año 2021 realizó más de 50 visitas en campo y corroboró que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se trata de la privación de libertad bajo constante amenaza para la vida y la salud, la mala alimentación, el riesgo de enfermedades infecciosas, el sometimiento a grupos violentos de presos, humillante y muchas veces servil, sin dormitorios, sin baños suficiente, sin ventilación, sin patio para recibir el sol, sin un mínimo de privacidad, con mala alimentación, sin salud, con maltrato a los visitantes, carencia de medicamentos, una forma o modalidad de tortura, así lo enseña el artículo 2º de la Convención Interamericana contra la tortura.

Estas penas ilícitas son calificadas como penas crueles, inhumanas y degradantes, prohibidas por el art. 2,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

No se trata de las habituales carencias conocidas de las prisiones, ni tampoco de una sobrepoblación dentro de límites ‘tolerables’, ni de los defectos por todos conocidos, sino de una deformación absoluta de esta pena, que deja de ser una mera privación de libertad para pasar a ser una pena corporal con consecuencias que no serán nunca reversibles.

Así las cosas, es hora de reconocer que a las personas detenidas les están imponiendo penas ilícitas. No es posible seguir guardando silencio frente a esta situación. Los jueces y fiscales están permitiendo que, frente a la realidad del ejercicio del poder punitivo, se concede razón a la afirmación de que el derecho es un mero instrumento de las clases dominantes.

No es posible sostener que fiscales y jueces no son responsables de esta situación debido a su formación positivista jurídica, lo que les obliga a obedecer la ley. Basta recordar la existencia de normas internacionales válidas, de máxima jerarquía, que prohíben esa clase de penas.

La Constitución y el Derecho Internacional son las normas fundamentales que se deben tomar en cuenta para la construcción de una solución jurídica. El juez de garantía y los jueces de conocimiento (ver pág. 17), solo deben habilitar las medidas de aseguramiento y las penas lícitas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas.

Como enseña la Cidh: “Cuando las condiciones del establecimiento se deterioran hasta dar lugar a una pena degradante como consecuencia de la sobrepoblación y de sus efectos antes señalados, el contenido aflictivo de la pena o de la privación de libertad preventiva se incrementa en una medida que deviene ilícita o antijurídica”. (Considerando 92, resolución de la CIDH de 22 de noviembre de 2018, medidas provisionales. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho)”.

Estamos ante un estado de cosas que no es imaginado sino verídico, padecido por miles de personas, que debe ser resuelto de manera cierta. Existen soluciones jurídicas para el caso en que el agravamiento de las condiciones de privación de libertad sea tan extremo que resulte violatorio del artículo 5.2 de la Convención Americana o de sus equivalentes constitucionales nacionales, en razón de que esa pena impone un dolor o aflicción que excede en mucho el que es inherente a toda pena o privación de libertad:

i. La directa liberación de los presos, considerando que es intolerable que un Estado de derecho ejecute penas que son, por lo menos, degradantes. (En este sentido, Supremo Tribunal Federal. Interpretación Vinculante –Súmula Vinculante– nº 56, de 8 de agosto de 2016: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”. RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8- 2016, Tema 423).
ii. La otra alternativa consiste en que de algún modo se provoque una disminución de la población penal, por lo general mediante un cálculo de tiempo de pena o de privación de libertad que abrevie el tiempo real, atendiendo al mayor contenido aflictivo, producto de la sobrepoblación penal.

En este sentido, el precedente citado y resaltado por la Cidh, enseña que “En principio, y dado que es innegable que las personas privadas de libertad en el IPPSC pueden estar sufriendo una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de libertad, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe atenerse a un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de su ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuridicidad dejan de ser penas y, lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, circunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional. Lo anterior es concordante con el mandamus del Supremo Tribunal Federal establecido en la Súmula Vinculante No. 56”. (Considerando 120).

“Dado que está fuera de toda duda que la degradación en curso obedece a la superpoblación del IPPSC, cuya densidad es del 200%, o sea, que duplica su capacidad, de ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o de medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de dos días de pena lícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes”. (Considerando 121).

Ahora, es claro el efecto reproductor de violencia que se padece en las cárceles y centros de detención transitoria, una realidad que lejos de servir para cualquier objetivo que en algún momento permita al preso su reintegro a la vida libre en condiciones por lo menos no más negativas que las que determinaron su ingreso.

Estamos ante una realidad de espanto, horror, y sometimiento a la total indignidad de los encarcelados por infringir una u otra norma que afecta la convivencia pacífica de la comunidad, que evidencia que la pena de prisión fracasó y como sociedad no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. .

 

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Publicado enEdición Nº290
En la imagen, Elon Musk (izquierda) y Jeff Bezos (derecha), los dos oligarcas más adinerados de EE.UU.

Mirando los medios corporativos, a menudo escuchamos la palabra “oligarca” precedida por el adjetivo “ruso”. Pero los oligarcas no son solo un fenómeno ruso ni son un concepto extranjero. Claro que no. Estados Unidos tiene su propia oligarquía.

Hoy, en los Estados Unidos, las dos personas más ricas poseen más riqueza que el 42 por ciento inferior de nuestra población (es decir, más de 130 millones de estadounidenses) mientras que el uno por ciento más rico ya posee más capital que el 92 por ciento de la población. Durante los últimos 50 años hubo una transferencia masiva de riqueza en nuestro país, pero en la dirección equivocada. La clase media se está reduciendo, mientras que a los de arriba le está yendo mejor que nunca.

Además, en términos de la economía global, no hay duda de que estamos viendo un aumento enorme y destructivo en la desigualdad de ingresos y de acumulación de riqueza. Mientras que las personas muy, muy ricas se vuelven mucho más ricas, la gente común tiene dificultades para subsistir y los más desfavorecidos se mueren de hambre.

Si bien existían niveles masivos de desigualdad antes del surgimiento de COVID, esta situación ha empeorado mucho en los dos últimos años.

Hoy, en todo el mundo, los diez hombres más ricos poseen más riqueza que 3.100 millones de personas, casi el 40 por ciento de la población mundial. Increíblemente, la riqueza de estos diez multimillonarios se ha duplicado durante la pandemia, mientras que los ingresos del 99 por ciento de la población mundial han disminuido.

Los oligarcas gastan enormes cantidades de dinero en lujosos yates, mansiones y obras de arte, mientras que 160 millones de personas en todo el mundo se han hundido en la miseria. Según Oxfam (“Comité de Oxford contra la hambruna”), la desigualdad global de ingresos y riqueza causa la muerte de más de 21.000 personas por día en todo el mundo como resultado del hambre y la falta de acceso a la atención médica. Sin embargo, los 2.755 multimillonarios del mundo vieron aumentar su riqueza en 5 billones de dólares (5 trillones en inglés) desde marzo de 2021, pasando de 8,6 billones a 13,8 billones de dólares.

Pero no se trata solo del aumento de la brecha de ingresos y riqueza entre los muy ricos y el resto del mundo. Es una creciente concentración de la propiedad y el poder económico y político. Algo de lo que no se habla mucho, ni en los medios ni en los círculos políticos, es la realidad de que un puñado de firmas de Wall Street, Black Rock, Vanguard y State Street, ahora controlan más de $21 billones en activos, suma equivalente a todo el PIB de los Estados Unidos. Esto le da a un pequeño número de directores ejecutivos un enorme poder sobre cientos de empresas y sobe la vida de millones de trabajadores. Como resultado,  en los últimos años hemos visto a los ultrarricos aumentar significativamente su influencia sobre los medios, la banca, la atención médica, la vivienda y muchas otras partes de nuestra economía. De hecho, nunca antes tan pocos poseyeron y controlaron tanto.

Todo esto no es otra cosa que una fuerte tendencia hacia la oligarquía en nuestro país y en el mundo, donde un pequeño número de multimillonarios ejercen un enorme poder político y económico.

Entonces, en medio de esta realidad, ¿hacia dónde debemos dirigirnos?

Claramente, mientras enfrentamos la oligarquía, el COVID, los ataques a la democracia, el cambio climático, la horrible guerra en Ucrania y otros desafíos, es fácil comprender por qué muchos caen en el cinismo y la desesperanza. Sin embargo, este es un estado mental que debemos superar, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hijos y las generaciones futuras. Hay demasiado en juego y la desesperación no es una opción. Debemos unirnos y luchar.

Lo que la historia siempre nos ha enseñado es que el cambio real nunca ocurre de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esa es la historia del movimiento laboral, de la lucha por los derechos civiles, por los derechos de la mujer, de los gays y por la protección del ambiente. Esa es la historia de cada esfuerzo que ha producido un cambio transformador en nuestra sociedad.

Esa es la lucha que debemos librar hoy.

Debemos unir a la gente en torno a una agenda progresista. Debemos educar, organizar y construir un movimiento popular que ayude a crear un tipo de nación y un mundo basado en los principios de justicia y solidaridad, no en la codicia y la oligarquía.

Nunca debemos perder nuestro sentido de indignación cuando tan pocos tienen tanto y tantos tienen tan poco.

No debemos permitir que nos dividan por el color de nuestra piel, por el lugar donde nacimos, por nuestra religión o por nuestra orientación sexual.

La mayor amenaza de la clase multimillonaria no es simplemente su riqueza y su poder ilimitados, sino su capacidad para crear una cultura que nos hace sentir débiles y desesperanzados y así disminuir la fuerza de la solidaridad humana.

Ahora, como resultado de la horrible invasión rusa de Ucrania y del extraordinario valor y solidaridad del pueblo ucraniano, los países de todo el mundo se están dando cuenta de que se está produciendo una lucha mundial entre la autocracia y la democracia, entre el autoritarismo y el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones.

Ahora es el momento de construir un nuevo orden global progresista que reconozca que cada persona en este planeta comparte una humanidad común y que todos nosotros, sin importar dónde vivamos o el idioma que hablemos, queremos que nuestros hijos crezcan sanos, tengan una vida digna, una educación y puedan respirar aire puro y vivir en paz.

Lo que estamos viendo ahora no es solo la increíble valentía de la gente en Ucrania, sino miles de rusos que han salido a las calles para exigir el fin de la guerra de Putin en Ucrania, sabiendo que es ilegal hacerlo y que probablemente serán arrestados por ello.

También hemos visto el coraje de los trabajadores aquí en nuestro país que se unen para enfrentarse a la avaricia empresarial y organizarse por mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo.

Hermanas y hermanos, en este momento estamos en una lucha entre un movimiento progresista que se moviliza en torno a una visión compartida de prosperidad, seguridad y dignidad para todas las personas, contra uno que defiende la oligarquía y la desigualdad mundial masiva de ingresos y riqueza.

Es una lucha que no podemos perder; es una lucha que podemos ganar, siempre y cuando estemos unidos.

En solidaridad,

Bernie Sanders

Traducción de Jorge Majfud

Publicado enEconomía
  El ex presidente de Uruguay, José Mujica, en un momento de la entrevista. — CARAS Y CARETAS

El presidente de Uruguay entre los años 2010 y 2015 refleja su sencillez y humanidad en una emotiva entrevista personal que remueve los engranajes del pensamiento social y político más convencional. "Sabio, ejemplar, grande" son algunos de los calificativos que provocan sus palabras.

Aunque sólo la pandemia por la covid-19 precipitó su retirada de la actividad política para dedicarse a la militancia popular, José Mujica está lejos de pretender jubilarse a sus 86 años. Líder del Movimiento de Participación Popular, grupo mayoritario del partido de izquierdas Frente Amplio de Uruguay, 'Pepe' sigue siendo un filósofo sencillo y un sabio humilde, ejemplo singular ─casi único─ de grandeza en el panorama político latinoamericano.

Maestro de la palabra, el ex político y ahora militante habló con el periodista Miguel Alejandro en el medio uruguayo Caras y Caretas para el programa A este lado del paraíso, en una entrevista que ofrecemos ahora para los lectores de Público y que se puede ver íntegramente en este vídeo.

Durante los poco más de 40 minutos que dura la entrevista, Mujica habla de su concepción del ser humano viajando a lo más profundo de se alma, "en el fondo creo en el hombre", pero siempre con una mirada constructiva sobre el futuro, "si el hombre logra sobrevivir a sus contradicciones tiene capacidad de convertirse en algo mejor". Su desconfianza general sobre la naturaleza humana le mantiene en un estado de vigilancia constante hacia el comportamiento humano, por lo que asegura que "hay que conservar el oficio de la misantropía", casi como un escudo, como una protección frente a los poderosos.

Casado desde 2005 con Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020, y también dirigente del MPP, Mujica conoce bien el amor y habla sobre el hombre frente a la mujer, "en la conducta masculina me parece ver la necesidad de una madre que nos gobierne", pero también el valor de la vida, a la que califica como "el único milagro que hay para cada uno de nosotros".

Su particular visión del hombre contemporáneo, del que participa de la sociedad y la vida pública, nos abre los ojos al entendimiento entre las personas, "poner la otra mejilla no es debilidad, es apuntar lejos", y nos cambia el prisma al describir al odio como un ser "tramposo, tan ciego como el amor, pero que nos termina destruyendo".

En su discurso de amor por la vida, asegura querer llegar a vivir hasta los cien años "y seguir de largo", sobrevuela su pasado guerrillero, sus ideas y su vida moderada y discreta. Dedicado al cultivo de flores como su principal fuente de ingresos, y dejada ya atrás su etapa como presidente de Uruguay, este panteísta reconocido deja en esta entrevista una frase lapidaria: "Por ahora la muerte es lo único fantásticamente democrático que existe".

Madrid

03/12/2021 22:04Público

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Viernes, 05 Noviembre 2021 06:19

Nuestra América, la más desigual

Nuestra América, la más desigual

La pobreza no se resuelve con políticas asistencialistas y focalizadas, no es un asunto de subsidios puntuales al mejor estilo neoliberal: se trata de un asunto de justicia en la repartición de la producción en el propio proceso social del trabajo.

 

Dicen algunos que el socialismo es un fracaso, que genera hambre y miseria. En contraposición, y como parte del discurso hegemónico que ha logrado calar en el imaginario de miles de millones de personas, afirman que el capitalismo es el modelo a seguir. Según ellos, este último es exitoso.

Los hechos y los números muestran todo lo contrario, más del 95% de los países a nivel mundial son capitalistas, y sin embargo, la humanidad está plagada de hambre, pobreza y miseria a pesar de todo lo que se ha producido: desde 1800 hasta 2016, la producción mundial per cápita aumentó 1.234% (Maddison Project Database 2020), es decir, estos últimos dos siglos de capitalismo la producción aumentó en mayor proporción que la población, pero 2.300 millones de personas pasan hambre diariamente y 6 millones mueren todos los años por no tener qué comer. Quienes se encuentran mayoritariamente en estas condiciones son los de la clase trabajadora, los asalariados. ¿Y es que acaso no ha sido la clase obrera la que agregó valor y aumentó la producción con su fuerza de trabajo?

La causa principal y determinante de la pobreza en este mundo es la desigualdad, no es, como algunos dicen, porque se produce poco, mucho menos está asociada al discurso manipulador y malintencionado en el que se afirma que el pobre es pobre porque no es productivo, o porque es flojo, vago y de paso despilfarrador. El problema radica en la manera desigual cómo se ha distribuido dicha producción, la cual, en capitalismo, se concentra en pocas manos (la clase burguesa dueña del capital) dejando migajas para que sean repartidas entre las grandes mayorías (la clase obrera, dueña de la fuerza de trabajo y verdaderos productores). Según OXFAM, en 2018, el 1% de la población mundial se apropió del 80% de todo lo que se produjo, y el 20% restante fue lo que se repartió entre el 99% de la población.

En Nuestra América, a excepción de Cuba, todos los países son capitalistas, hay hambre y hay miseria, somos la región con mayor pobreza y la más desigual del mundo. En 2016, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo: “América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante”.

En pandemia, los pronósticos se quedaron cortos: en 2020, el número de multimillonarios en la región subió 41%, de 76 multimillonarios (personas con patrimonio superior a US$ 1.000 millones) pasaron a 107, y su fortuna acumulada aumentó 61%, pasó de US$284.000 millones a US$480.000 millones en un año. Los países con más multimillonarios son: Brasil (66), México (14), Chile (9), Perú (6), Colombia (5), Argentina (5) (BBC News Mundo, julio 2021).

Conocer dónde y cómo se originan estas desigualdades es fundamental. La distribución de lo producido se concreta en el propio proceso social de producción, es en ese momento en el que dicha producción se distribuye entre los trabajadores y los dueños del capital. El que se destine más o menos a cada uno depende del nivel de salario, si este es mayor, la ganancia será menor y viceversa. Esta distribución la miden y publican todos los países del mundo siguiendo los manuales del FMI, se conoce como distribución factorial del ingreso, y para ello usan dos categorías: 1) remuneración de los asalariados y 2) excedente bruto de explotación (así mismo como lo están leyendo, el mencionado organismo, que no es marxista, se refiere a la ganancia calificándola de explotación). Por lo tanto, dada una producción, en la medida en que la remuneración a los asalariados es menor, la explotación (o ganancia) será mayor.

En América Latina y el Caribe la producción se ha distribuido en promedio de la siguiente manera: por cada 100 dólares que se producen, 37 corresponden a la remuneración de los asalariados y 52 han ido a parar al excedente bruto de explotación, la diferencia, 11 dólares, se destina a impuestos y consumo de capital (Alarco Germán, “Ciclos distributivos y crecimiento económico en América Latina. 1950-2014”). Con el agravante de que, en promedio, por cada capitalista hay, por lo menos, 10 asalariados, por lo tanto, esos 37 dólares de salarios, a su vez, debían repartirse entre 10 veces más personas que los 52 de ganancia.

A mayor desigualdad, más pobreza, más hambre y más miseria

Según la CEPAL, en 2020, de cada 100 habitantes de América latina y el Caribe, 34 se encontraban en pobreza, es decir, sus ingresos (en su gran mayoría provenientes del salario) no cubrían la canasta básica. De esos 34 habitantes, 13 se encontraban en pobreza extrema, es decir, no solo no podían cubrir la canasta básica, sino que ni siquiera les alcanzó para la canasta alimentaria. Estamos hablando de 209 millones de personas pobres en 2020 (22 millones más que el 2019) y 78 millones en situación de pobreza extrema (8 millones más que en 2019).

El hambre es una manifestación de la pobreza, como lo es la indigencia o la mortalidad por causas prevenibles o el analfabetismo o el hacinamiento. De acuerdo con datos de la CEPAL, en 2020, la inseguridad alimentaria (grave y moderada) alcanzó el 40% de la población de Nuestra América, es decir, 249 millones de personas no tuvieron acceso regular y suficiente a alimentos (en 2019 la inseguridad alimentaria fue 33,8%). Simultáneamente, en este sistema capitalista que predomina en nuestra región, se desechan (se botan al basurero) 220 millones de toneladas de alimentos al año, el 11,6% de los alimentos que se producen, lo que equivale a US$ 150.000 millones (FAO, “El Estado de la Alimentación y la Agricultura de 2019”).

Mientras tanto, en 2020, la riqueza de los multimillonarios de la región aumentó 61%, en un escenario en el que, de paso, la producción cayó 6,8%. Entonces, si la torta a repartir es menor porque se produjo menos y los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres, es porque dicha torta se repartió de manera mucho más desigual que antes: lo que se destinó a salarios, en proporción fue mucho menor y lo que se destinó a la explotación/ganancia (parafraseando al FMI) fue mucho mayor. ¿Es o no la pobreza y sus manifestaciones (hambre y miseria) una consecuencia de la desigualdad de la distribución de lo que se produce? 

Disminuir la pobreza es una bandera de lucha importante, por supuesto que lo es, así como lo es la lucha contra el hambre y la miseria, pero este problema no se resuelve con políticas asistencialistas y focalizadas hacia los pobres extremos, no es un asunto de subsidios puntuales o bolsas de comida al mejor estilo neoliberal, el problema va más allá, es un asunto de justicia en la repartición de la producción en el propio proceso social del trabajo, lo cual pasa por disminuir la brecha entre el salario y la explotación/ganancia, que solo es posible (en el marco de la propiedad privada de los medios de producción) mediante mayores niveles de salario para impedir que, el burgués, se apropie indebidamente del valor de la fuerza de trabajo del obrero que es quien, al final, agrega valor a la economía, o sea el que produce.

05/11/2021

Publicado enEconomía
Con una fortuna de 2.5 mil mdd Donald Trump no alcanzó a ingresar a la lista de los 400 estadunidenses más ricos, el mínimo requerido es de 2.9 mil mdd. A la derecha, Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien repite por cuarto año consecutivo en el número uno de los más ricos del país. Ambos en imagen de archivo. Foto Ap

Incrementaron sus fortunas 40% en año de pandemia // Trump sale de la lista de Forbes por primera vez en 25 años // Pagan tasas muy por debajo de la mayoría de los contribuyentes

 

Nueva York., Los 400 estadunidenses más ricos incrementaron su riqueza total 40 por ciento el año pasado, en plena pandemia, cuyas consecuencias económicas han devastado a millones de personas en este país y el resto del mundo, elevando el monto de su fortuna colectiva a 4.5 billones de dólares.

Casi todos en este exclusivo club tienen más dinero ahora que hace un año, pero entre las excepciones está un ex presidente, según la lista anual de los 400 más ricos de Estados Unidos calculada y publicada por Forbes.

Muchos de estos mismos individuos y sus empresas legalmente pagaron poco o nada de impuestos federales, con tasas muy por debajo de la gran mayoría de los contribuyentes, a tal extremo que no requieren de los servicios para ocultar sus fortunas del fisco en cuentas y entidades offshore como las reveladas por los Papeles de Pandora esta semana.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, repitió por cuarto año consecutivo en su puesto número uno en la lista de Forbes de los estadunidenses más ricos con una fortuna personal de 201 mil millones de dólares (su ahora ex esposa MacKenzie Scott está en el número 15 con 58.5 mil millones). Elon Musk, de Tesla, le sigue con una fortuna de 190.5 mil millones y en tercero está Mark Zuckerberg, de Facebook, con 134.5 mil millones. Bill Gates está en cuarto puesto con 134 mil millones (su ex esposa Melinda French Gates ocupa el número 158 con 6.3 mil millones). Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin ocupan los siguientes dos lugares, y entre los 20 más ricos también están Michael Bloomberg, y en los sitios 11, 12 y 13 están los integrantes de la familia Walton, dueños de Walmart. (Para ver la lista completa: https://www.forbes.com/forbes-400/).

Para ingresar a este exclusivo club de los 400 más ricos, se requiere una fortuna mínima de 2.9 mil millones. Unos 51 fueron expulsados de la lista de ricos supremos, entre ellos, el ex presidente Donald Trump, quien por primera vez en 25 años no figura en la lista, su fortuna se calcula en sólo 2.5 mil millones. Fue uno de los pocos ricos que no disfrutaron del auge de los multimillonarios del año pasado, con la fortuna del autoproclamado "genio" empresarial perdiendo 600 millones.

La concentración de riqueza que este club representa es parte de la mayor desigualdad económica en la historia de Estados Unidos desde 1928, tema que está al centro del debate político y social nacional. El hecho de que se volvieran más ricos que nunca durante una pandemia con consecuencias económicas masivas para las mayorías en el país expresadas en mayor pobreza, más hambre, y por un tiempo con niveles de desempleo dramáticos, sólo confirmó para muchos un sistema que algunos críticos –como el senador Bernie Sanders o intelectuales como Noam Chomsky, Cornel West y Robert Reich– califican de llegar casi a una oligarquía.

Los Papeles de Pandora, proyecto de investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que está provocando un terremoto al revelar los clientes y cómplices de una economía clandestina internacional para los ricos y sus métodos de operación, arrojó una interrogante al no encontrar a muchos estadunidenses entre los individuos ultra-rricos que suelen usar los llamados paraísos fiscales.

Una razón de ello, concluyen algunos de los investigadores, es que estos estadunidenses no necesitan esos paraísos fiscales para ocultar sus fortunas, ya que bajo las leyes y el sistema tributario de su país logran evitar el pago de impuestos de manera legal.

Los más ricos de Estados Unidos, Bezos, Musk, Bloomberg... pagan casi nada en impuestos federales sobre sus ingresos, y muchas veces ni un solo centavo, confirma una investigación reciente de ProPublica. La organización de periodismo de investigación obtuvo un enorme acervo de la agencia federal de impuestos –el IRS– de los datos sobre miles de los individuos más ricos del país a lo largo de15 años, y concluyó que "destruye el mito de la piedra angular del sistema de impuestos estadunidense: que todos pagan su justa parte y que los más ricos pagan más que todos". Los documentos oficiales muestran que los más ricos, de manera legal, logran pagar apenas una mínima fracción en impuestos sobre el crecimiento por cientos de millones, y hasta miles de millones, de sus fortunas.

La tasa media de impuestos federales de un hogar estadunidense es de 14 por ciento, y el más alto sobre una pareja llega a 37 por ciento si tienen ingresos superiores a 628 mil 300. Pero el análisis realizado por ProPublica descubre que lo que llaman la "tasa real de impuestos" sobre el incremento de riqueza cada año de los 25 estadunidenses más ricos es de sólo 3.4 por ciento. La tasa real para Jeff Bezos entre 2014 y 2018, cuando su fortuna creció 99 mil millones, fue de 0.98 por ciento, la de Warren Buffett de 0.10 por ciento, y así (https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax).

En algunos años, estos megarricos pagaron cero en impuestos –fue el caso de Bezos, entre otros–, en 2007 y lo mismo en 2011.

Fideicomisos para heredar

A la vez, más de la mitad de los 100 estadundienses más ricos usan fideicomisos para evitar el pago de impuestos cuando trasladan sus fortunas a sus herederos, descubrió ProPublica. Bloomberg, los hermanos Koch, la viuda del fundador de Apple están entre los que usan estos mecanismos especiales, todo lo cual lleva a que las arcas públicas pierdan, según algunos cálculos, cientos de miles de millones.

Chuck Collins, especialista en maniobras de los más ricos para proteger sus fortunas y coordinador del programa sobre desigualdad económica del Institute for Policy Studies (https://inequality.org), bautiza a los banqueros, abogados y contadores dedicados a esta sagrada misión como "la industria de defensa de los ricos" en su libro Los acaparadores de la riqueza.

Así, los estadunidenses con más dinero ya viven esencialmente en un paraíso fiscal, y no necesitan recurrir al extranjero, o sea, offshore, bajo las reglas del juego actuales en su país para evitar pagar impuestos, aunque muchos desean ocultar partes de sus fortunas por otras razones, y varias empresas estadunidenses siempre buscan formas de trasladar parte de sus activos a otros "paraísos", a fin de reducir sus impuestos.

Con las revelaciones de los Papeles de Pandora, junto con el trabajo de otros como ProPublica e IPS, es cada vez más difícil fingir que los más ricos en Estados Unidos viven bajo las mismas reglas que los demás.

Todo eso está provocando un debate nacional que buena parte de la cúpula económica y los políticos cómplices de este juego clandestino habían logrado evitar durante años sobre la existencia, transparencia y legitimidad del paraíso de los ricos

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Los contrastes económicos en las grandes urbes del mundo se intensifican con la actual crisis y pronostican que se mantendrán por varios años. En la imagen una panorámica de Santa Fe, en la Ciudad de México.Foto José Carlo González

La crisis causada por la pandemia se mantendrá hasta 2030: BM

 

Los hombres y mujeres más acaudalados del mundo aumentaron su riqueza 18 mil dólares durante el año pasado por cada "nuevo pobre" que, según estimados del Banco Mundial (BM), ha dejado la crisis por el Covid-19. El organismo financiero estima que 100 millones de personas se sumaron a la pobreza el año pasado. Es la primera vez que esta tendencia crece desde 1998 y, como secuela, la desigualdad aumentará en 78 de las 91 economías de las que se disponen datos.

"La búsqueda para acabar con la pobreza ha sufrido su peor revés" y “con toda seguridad, los efectos de la actual crisis se mantendrán en la mayoría de los países hasta 2030; (…) a largo plazo, es probable que la crisis aumente la desigualdad dentro de los países por primera vez en una generación”, proyecta el Banco Mundial.

Mientras la economía tuvo su mayor caída en 90 años y millones de personas perdieron sus empleos, las 500 personas más ricas del mundo –que equivalen a 0.001 por ciento de la población mundial– vieron el mayor crecimiento de sus fortunas en ocho años, muestra el Índice de Multimillonarios que realiza Bloomberg. Ganaron un billón 800 mil millones de dólares el año pasado, 31 por ciento más que al cierre de 2019.

Como resultado, cinco personas –cuatro de ellos estadunidenses y dueños de los principales negocios de tecnología cuya regulación tributaria sigue en vilo a nivel mundial– ahora poseen una riqueza que supera 100 mil millones de dólares. Son Elon R. Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (Louis Vuitton-Moët Hennessy) y Mark Zuckerberg (Facebook).

También seis mexicanos se encuentran en el listado: Carlos Slim con una fortuna de 57 mil 600 millones de dólares, al sábado pasado; la familia Larrea, Sara Mota y Germán, con una riqueza conjunta de 26 mil 140 millones de dólares; Ricardo Salinas, con 13 mil 200 millones; Alberto Bailleres, con 10 mil 600 y Juan Beckmann, con 8 mil 470 millones de dólares.

Mientras los multimillonarios de la tecnología abultaron su riqueza en medio de la crisis, el Banco Mundial expuso que, aun sin la pandemia, reducir la pobreza extrema a menos de 3 por ciento para 2030 –que nadie sobreviva con menos 1.90 dólares al día (alrededor de 38 pesos)– ya daba visos de ser una meta irrealizable. Ahora, dada la crisis, es "más difícil de alcanzar que nunca", reconoció.

En el informe Un cambio de suerte, explicó que antes del Covid-19, millones de personas habían conseguido eludir la pobreza extrema por escaso margen, pero la recesión de 2020 se recargó en los más pobres y vulnerables; y abrió el perfil de la pobreza.

Además de los que el Banco Mundial llama "pobres crónicos" –población rural dedicada al agricultura y la ganadería–, la pandemia evidenció "nuevos pobres" en las ciudades, entre personas con mayores grados educativos, dedicada a los servicios, la construcción y la manufactura, y sobre todo entre la población más joven (hasta hace dos años la mitad de los pobres en el mundo eran niños menores de 15 años).

El Banco Mundial estima que con una contracción de hasta 8 por ciento en el producto interno bruto (PIB) per cápita el año pasado, la pobreza extrema habría aumentado hasta 1.5 puntos porcentuales en 2020 y 1.9 puntos porcentuales en 2021. Eso significa una tasa de pobreza extrema de 9.4 por ciento para ambos años, similar a los niveles que se tenían en 2017.

En adelante, aún con escenarios optimistas "los efectos empobrecedores de la pandemia serán colosales", advirtió. Para 2030, las proyecciones más positivas muestran que 6.7 por ciento de la población mundial vivirá con menos de 1.9 dólares al día, prácticamente el doble de la meta del organismo. Pero esta podría llegar hasta 8.6 por ciento si siguen avanzando los indicadores de desigualdad.

El Banco Mundial subrayó que la pandemia, los conflictos armados y el cambio climático son los tres factores cuya confluencia está impulsando la crisis actual y extenderá su impacto hacia el futuro. Así que "sin intervenciones enérgicas, la crisis puede desencadenar ciclos de mayor desigualdad de ingresos, menor movilidad social entre los grupos vulnerables y menor resiliencia frente a futuras conmociones", manifestó.

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