Bogotá, 19 de febrero de 2020. Sala Plena de la Corte Constitucional.(Colprensa - Álvaro Tavera)

Los ocho magistrados que votaron sobre despenalizar el aborto quedaron divididos 4-4. Será ahora un conjuez quien se encargue del desempate

Este 20 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional votó sobre la despenalización del aborto en Colombia. Una decisión que quedó en empate con cuatro magistrados a favor y cuatro en contra. Es de recordar que, el noveno voto hubiese sido del magistrado Alejandro Linares, pero este fue separado del debate por un impedimento que presentó al referirse sobre el tema del aborto en un medio de comunicación.

A favor de la ponencia que despenaliza el aborto votaron los magistrados: Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio Lizarazo y Diana Fajardo. Mientras que en contra de despenalizar, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz.

Ahora tendrá que ser un conjuez quien determine el desempate de esta discusión que puede culminar en la despenalización total de esta práctica como lo reclaman las organizaciones que velan por el derecho de la mujer, o que en el país siga aplicándose el aborto solo bajo las tres causales:

  1. Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina.
  3. En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

El 25 de febrero de 2021, la Sala Plena eligió, por unanimidad, a los 18 conjueces que, en caso de empate o falta de quorum necesario, tendrán la responsabilidad de participar de la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

Esta es la lista de los conjueces y será uno de ellos quien termine definiendo el desempate de este importante debate.

Según El Tiempo, la responsabilidad recayó en los conjueces Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao que tendrán un tiempo para evaluar todo el expediente.

El empate se dio por la falta del voto del magistrado Linares

Linares entregó unas declaraciones a un medio de comunicación el 11 de noviembre de 2021, las cuales, de acuerdo con él, podrían interferir con su imagen de imparcialidad en la discusión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia.

“En ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (…) o tiene los hijos de uno que le dicen: ‘papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”, dijo en ese entonces el magistrado a un medio de comunicación.

Frente al impedimento, el pasado 18 de noviembre de 2021 la Sala Plena de la Corte no llegó a un acuerdo, por lo que designaron al conjuez Yepes Arcila. El primero de diciembre, el alto tribunal tuvo un primera sesión, sin embargo, ese día tampoco se tomó una decisión por lo que se suspendió el encuentro. Ahora, un mes y medio después, la Corte Constitucional aceptó el impedimento del magistrado Linares.

El alto tribunal estudió las ponencias presentadas por los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, en las que se solicita despenalizar el aborto en Colombia, el cual es legal en el país desde 2006 bajo tres causales y de no entrar en ellas, el aborto es considerado como un delito, cuya pena sería de entre 16 a 54 meses de cárcel.

Según Lizarazo, el Estado debe despenalizar la interrupción voluntaria del aborto en el país, pues penalizarlo no solo incide en que se practiquen abortos inseguros, sino también, que se vulnere “la libertad de conciencia de las mujeres” de decidir si quieren procrear o no.

Se espera que en las próximas semanas se conozca la posición de los conjueces y se llegue a una decisión crucial sobre el tema del aborto en Colombia.

20 de Enero de 2022

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Lunes, 17 Enero 2022 05:19

El derecho a la desconexión

El derecho a la desconexión

La educación y la colonización digital

Desde hace años los mercachifles tecnocráticos que se mueven en torno a la educación y la conciben como un vulgar negocio venían anunciando los efectos maravillosos que tendría la colonización tecnológica del proceso educativo. Gurúes de la microelectrónica (Bill Gates, Steve Jobs, Nicolas Negroponte…), divulgadores de éxito mediático (Thomas Friedman, Jeremy Rifkin…), sociólogos de la era de la información (Manuel Castells), pretendidos teóricos de la educación (por ejemplo Sugana Mitra y su proyecto de “Escuela en la Nube”) como profetas de las tecno-utopía  digital señalaban que eran necesarios otro tipo de pedagogía y una nueva educación, cuya característica principal debía ser la invasión del espacio escolar por los artefactos microelectrónicos que debían ir sustituyendo a los profesores, convertirlos en simples mediadores entre los aparatos y los estudiantes y, como por arte de magia, los niños y jóvenes se volverían sabios y creadores. Con arrogancia, para citar un solo ejemplo, Sugana Mitra dice en un texto escrito en 2019 que ese libro es “para ayudarle a ver que su hijo no necesita docentes. Creemos que los alumnos pueden aprender en la nube”. Agrega que “Si se les da acceso a internet en grupo los niños pueden aprender cualquier cosa por sí mismos”, y dice esta estupidez: “Internet sabe [sic] lo que los miles de millones de personas que componemos la humanidad sabemos y queremos comunicar”.

La pandemia del Coronavirus, con el confinamiento forzoso que generó y la interrupción súbita y mundial de la educación presencial, fue la oportunidad soñada por los tecnoutopistas mencionados, unos para hacer negocios (vendiendo millones adicionales de cachivaches microelectrónicos) y otros para implementar en la práctica su anunciada “revolucionaria” educación virtual. En los dos últimos años se ha puesto en marcha la colonización virtual del espacio escolar y del proceso laboral de los profesores. Esta experiencia real, permite juzgar los anuncios de Mitra y compañía con la dura realidad que ha sacado a flote la Educación Remota de Emergencia.

Para empezar, se evidenció la desigualdad social imperante en el terreno educativo y en el acceso a artefactos microelectrónicos. La brecha tecnológica mundial y local en cada país confirmó la falacia de un acceso universal a internet, lo cual está condicionado por el nivel de ingreso y la pertenencia de clase. Resulta tragicómico que, en medio de tanta parafernalia tecnológica, en muchos lugares del mundo el contacto educativo entre estudiantes y profesores se haya dado con las guías de clase en papel, escritas a mano y lápiz y que miles de niños y de profesores deben andar en bicicleta o en burro para ir hasta el lugar más cercano donde encontrar un lugar para reunirse o poder enviar un mensaje virtual.

En los lugares, sobre todo en las ciudades, donde se pudieron usar los artefactos microelectrónicos, el optimismo inicial dio paso en poco tiempo al desasosiego y el hastío, sobre todo de los estudiantes. Se demostró que una cosa es estar conectado y otra comunicarse, y que la virtualidad no puede sustituir la interacción cara a cara. 

El espacio educativo se abrió al fisgoneo de familiares de los estudiantes y generó una insoportable intrusión en el proceso de trabajo de los profesores, que se multiplicaron para atender a los estudiantes a través de las pantallas, su labor principal, pero al mismo tiempo a los padres que entraron a dictaminar cómo se debía enseñar, tal si fueran expertos en pedagogía y los profesores estuvieran pintados en la pared.

Ese chismorroteo ha sido posible por los artefactos digitales y lo han sufrido los profesores y estudiantes, porque se rompió la separación entre tiempo de trabajo (y de estudio) y el tiempo de la vida, entre el espacio escolar y el del hogar. El celular devino en la nueva cadena de montaje, con el agravante de que funciona las 24 horas y es usado de manera acrítica por quienes están esclavizados a través de ese aparato.

Los profesores vieron incrementado su tiempo de trabajo, al día y la noche, a sábados y domingos, porque aumentaron sus labores y todo el tiempo tienen que lidiar con la intromisión abusiva de padres y acudientes, para responder a cualquier ocurrencia y disparate. En ese sentido, el   WhatsApp es un insoportable medio invasivo que cercena la autonomía docente.  También es un eficaz medio de control para los dueños de los colegios y sus administradores (en la educación pública y, peor aún, en la privada). Ese control externo, un sueño de los educadores autoritarios de todos los tiempos, se ha hecho posible en nuestros días con el smartphone, al que siempre debe estar conectado el profesor, para rendirles cuenta, incluso fuera de su horario normal de trabajo, a sus patronos y en la práctica seguir trabajando día y noche. Durante la pandemia, los profesores han sido super explotados, se incrementó la intensidad laboral y se alargó la jornada de trabajo. Se agudizó la precarización de la labor docente, con sus malos salarios y con los efectos negativos en términos de salud física y mental que genera el estrés digital, como producto de la utilización continua durante jornadas interminables de celulares y computadores.

Para completar, en cuanto al aprendizaje nada que ver con los anuncios demagógicos de Sugata Mitra y compañía de que los niños y jóvenes iban a aprender por sí mismos, solo con acceder a los computadores y al internet. Ha sucedió lo contrario: una pérdida de conocimientos y de posibilidades de aprendizaje por el cese de las actividades presenciales, a la par que una carencia de sociabilidad, de afectos y de experiencias compartidas.

En lugar de una nueva educación y de una pedagogía atractiva e innovadora, que nos iba a tornar sabios a todos e iba a sustituir a los profesores, la generalización de los gadgets microelectrónicos como proyecto totalitario ha mostrado todas sus limitaciones y revelado el verdadero sentido del capitalismo digital y cognitivo. Claro que ha habido ganadores, como los negociantes de empresas microelectrónicos o de Amazon, que han incrementado sus ganancias durante la pandemia. Pero los perdedores hemos sido la mayor parte de los que formamos la comunidad educativa, y principalmente los profesores y luego los estudiantes.

Un regreso a la educación presencial, a partir de la experiencia vivida, debe plantearse una diferenciación crucial, que nunca se menciona: entre el acceso y el uso de lo digital. El acceso se demostró desigual, como producto de la desigualdad social, y los Estados deberían impulsar un acceso más amplio que cobije a los sectores más empobrecidos de la sociedad, que son la mayoría. Pero otra cosa es el uso de los aparatos microelectrónicos, y en ese terreno, los profesores, en primer lugar, deben reclamar de manera autónoma un uso privado como a ellos se les antoje, pero lo que si no puede generalizarse es la detestable práctica de estar conectados todo el tiempo con el lugar de trabajo, con los padres de familia, con los rectores y administradores. En esa dirección, se necesita reclamar un derecho a la desconexión, para tener tiempo libre, volver a leer, privilegiar los encuentros cara a cara, hablar con los vecinos, caminar en un parque, tener contacto con la naturaleza, reunirse con los hijos… Dejar de rendirle culto al celular, desconectarse por un tiempo es hoy, luego de esa invasión digital de estos dos años, una imperiosa necesidad, por cuestiones de salud física y mental, de recuperar la poca libertad que nos deja el capitalismo realmente existente, de escapar del consumismo depredador, de tener tiempo para pensar en construir otros mundos. Recordemos al respecto que Oscar Wilde decía que para luchar por el socialismo se necesitaban muchas tardes libres.

Aparte de reivindicar el derecho a la desconexión, debe proponerse que se habiliten lugares libres de wifi, que es muy contaminante. Así como en cafeterías, restaurantes, bibliotecas se lee el letrero “libre de humo y de contaminación de tabaco”, deberían existir espacios libres de wifi, donde no exista la insoportable interferencia del chismorroteo virtual, de los estúpidos Twitters y de las mil banalidades que invaden el WhatsApp. Esto, además, es una forma práctica de enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, porque las comunicaciones virtuales ya consumen más del 10% de la electricidad mundial y cada vez que se envía un mensaje digital se genera CO2 que calienta todavía más el planeta.

En las escuelas debería hacerse, como se ha hecho en Francia, prohibir el uso del celular en las clases, para que se puede respirar tranquilo, desintoxicarse de lo virtual, volver a hablar cara a cara, y tener tiempo para atender en las clases y hablar con los amigos.

En conclusión, si antes de la pandemia se decía que la salvación de la educación estaba en lo digital y virtual, ahora cuando sabemos que eso es una falacia tecnocrática y se ha demostrado la importancia de las aulas físicas y de los profesores de carne y hueso, una reivindicación central de este momento es luchar por el derecho que tenemos a la desconexión, porque hay vida más allá de internet y sin internet.

Por Renán Vega Cantor | 17/01/2022

Publicado en El Colectivo (Medellín), diciembre de 2021

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La eterna lucha por la igualdad: a propósito del último libro de Piketty

La lucha por la igualdad es el motor de la historia. Eso se desprende del último ensayo publicado por Thomas Piketty, un interesante trabajo de historia económica, política y social, más relevante si cabe por el momento histórico en el que se inscribe. Un momento en el que los marcos ideológicos que asentaban nuestra concepción de la economía se han resquebrajado después del impacto de la pandemia. Aunque es prematuro hablar del final del neoliberalismo como paradigma económico imperante, sí que es verdad que algunos de sus dogmas empiezan a resquebrajarse después del impacto social, económico y laboral causado por la pandemia de la covid-19. El fetichismo por la austeridad, una política monetaria restrictiva o la negación del intervencionismo estatal parecen estar guardados en un cajón a la espera de que las fuerzas promercado vuelvan a recuperar la hegemonía ideológica. Una hegemonía que obras como Una breve historia de la igualdad intenta combatir.

Si en sus anteriores obras, Piketty se centraba en el análisis de la desigualdad socioeconómica y en las justificaciones ideológicas y culturales que se han asociado a su mantenimiento en el tiempo, en este ensayo el autor invierte el objeto de estudio. Piketty analiza la búsqueda de la igualdad desde el S. XVIII. Para el economista, la lucha por la igualdad ha sido el hilo histórico que ha ligado luchas, revueltas y revoluciones a lo largo y ancho del globo desde hace más de 300 años, consolidando una tendencia que, con sus avances y retrocesos, camina siempre hacía mayores cotas de igualdad. Cuestiones como un reparto más equitativo de la riqueza, de los ingresos o de las propiedades, el acceso al poder político o el reconocimiento de derechos, pasando por la mejora en los indicadores educativos o sanitarios son ejemplos de esa tendencia.

Sin embargo, es necesario hacer hincapié en cómo el economista francés define la desigualdad ya que se aleja de lecturas economicistas de la misma. Para Piketty la desigualdad es un fenómeno multidimensional cuyas derivadas se relacionan con el poder político, el estatus social, los ingresos, el género, la etnia, las propiedades o el acceso a determinados bienes y servicios y afectan directamente al individuo. El autor considera la desigualdad, por lo tanto, como un conjunto de factores construidos políticamente que afectan al pleno desarrollo de las capacidades y a la autonomía de las personas. La desigualdad serían aquellos condicionantes estructurales que no nos permiten ser individuos autónomos y regir nuestros destinos. Unos condicionantes que emanan de decisiones políticas conscientes de determinados grupos que ostenta el poder y que se benefician de la situación.

La desigualdad, por lo tanto, es política y no es un fenómeno natural. Solo una actuación multidimensional contra la desigualdad puede ser efectiva ya que estos elementos se interrelacionan entre ellos dando lugar a múltiples factores de opresión. Estos factores han sido combatidos con la creación de unos mecanismos institucionales que han permitido transformar las sociedades desigualitarias por sociedades en las que instituciones de carácter más justo permitían consolidar unas estructuras políticas, sociales y económicas más igualitarias. Algunas de estos mecanismos institucionales son la igualdad jurídica, el sufragio universal, el seguro social universal, la progresividad fiscal el acceso a una educación gratuita o las leyes que fomentan la igualdad de género son un ejemplo. Todos estos mecanismos nacen de una serie de movilizaciones políticas y se han ido consolidando a lo largo del tiempo, aunque no sin dificultades. Piketty nos muestra como todas las luchas, revueltas y revoluciones sociales y políticas han sido en favor de la redistribución de la riqueza, el reequilibrio de poder o reconocimiento como grupos con acceso a la esfera política y las han llevado a cabo las mayorías oprimidas por las élites.

Ahora bien, la desigualad no se combate solo con movilizaciones. La consecución de la igualdad también se basaría en una batalla cultural e ideológica que asiente la base teórica y práctica de las nuevas estructuras. Este factor es vital porque la conquista del poder político sin un orden alternativo coherente y legítimo lleva al fracaso de estas experiencias y a la falta de consolidación de los mecanismos que deben estructurar una mayor igualdad. Los movimientos emancipadores deben tener la suficiente imaginación política para asentar nuevos consensos que sean aceptados socialmente. Lucha y hegemonía deben ir de la mano.

No obstante, parte del optimismo histórico que transmite Piketty parece topar con la realidad de los últimos 40 años. Si atendemos a los datos que autores como el propio Piketty, Milanovic o Atkinson han analizado, la tendencia hacía la igualdad parece haberse frenado en seco. La desigualdad se ha acelerado en la mayor parte de las sociedades democráticas y en los países en vías de desarrollo se da una creciente polarización de ingresos y de riqueza. Pero no solo ha habido un aumento de la desigualdad socioeconómica. Las consecuencias de la crisis climática además de las luchas por el reconocimiento de grupos minoritarios y oprimidos generan nuevos ejes de desigualdad que serán combustible para futuras luchas. Vivimos un momento además que, a causa del ascenso de fuerzas políticas reaccionarias a lo largo y ancho del planeta, algunos de los compromisos políticos que cimentan una cierta concepción igualitaria de la sociedad están en retroceso: la democracia representativa, los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales o la persecución de la disidencia política se dan o se han dado en Europa y en EEUU.

La lucha, por lo tanto, no ha acabado aún. Y es en los momentos de crisis y tensión, en el momento en que los sistemas políticos y económicos muestran sus costuras cuando las movilizaciones políticas pueden alcanzar su objetivo y cuando las nuevas ideas pueden penetrar en la opinión pública con más facilidad. Las crisis, y la del coronavirus es un buen ejemplo, son ventanas de oportunidades políticas y culturales que facilitan la lucha por instituciones más justas y emancipadoras. Es por eso por lo que las consecuencias de la pandemia deben ser aprovechadas por las fuerzas políticas que defienden proyectos igualitarios y emancipadores. Las izquierdas y todas las opciones políticas preocupadas por el aumento de la desigualdad en las últimas décadas deben aprovechar el contexto actual y tener en cuenta que la igualdad no solo se consigue con movilización y luchas, o con victorias electorales, por aplastantes que estas sean. Para combatir la desigualdad hace falta dar la batalla por las ideas. Producir marcos ideológicos coherentes que aúnen ambición política y posibilidades prácticas. El debate, la reflexión, la experimentación, la negociación y el acuerdo alrededor de qué instrumentos o mecanismos son los más justos para combatir la desigualdad son vitales para que estos sean considerados legítimos socialmente y eficaces en su cometido. Sin poder y sin alternativas ideológicas consistentes no hay cambio posible. La izquierda, por lo tanto, no debe olvidar la batalla cultural si quiere realmente reducir la desigualdad que rompe sociedades y deshumaniza al individuo. Una batalla ideológica que deben llevar a cabo las instituciones u organizaciones de intermediación como son los partidos o los sindicatos.

La consecución de la igualdad es constante. Es un proceso de lucha política y elaboración intelectual continuo para garantizar y consolidar los precarios compromisos sociales, políticos y económicos que combaten la desigualdad. Nunca se debe dar por segura: la lucha por la igualdad es eterna. Economistas como Piketty, Milanovic, Atkinson o Mazzucato ya han realizado su parte del trabajo: han generado y difundido el conocimiento suficiente para crear nuevas instituciones más justas. Ahora es el turno de la política. La movilización social, política y electoral en favor de proyectos políticos igualitarios es más necesaria que nunca y cuenta en su favor con un arsenal de propuestas y un contexto favorable. ¿Qué fuerzas políticas y sociales liderarán las nuevas propuestas igualitarias? Solo el futuro nos lo dirá.

Por Mario Ríos Fernández, analista político, doctorando en la Universitat de Girona y profesor asociado en la Universitat de Barcelona y en la UdG.

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Una inteligencia artificial no puede ser dueña de sus 'creaciones'

Un reciente caso planteado ante la Oficina Europea de Patentes deja claro que sólo un ser humano puede ser titular de una creación registrable. ¿Veremos algún día a la inteligencia artificial como sujeto de este tipo de derechos?

 

Imaginemos que un algoritmo basado en inteligencia artificial genera de forma 'autónoma' una solución para diseñar un envase o recomendar un producto. ¿Quién puede patentar eso? En diciembre, la Oficina Europea de Patentes (OEP) estableció que sólo un ser humano puede patentar una creación, en una interesante interpretación razonada de la normativa vigente.

En este caso, dicha oficina rechazó solicitudes de patentes al interpretar, en primer lugar, que "sólo un inventor humano podría ser inventor" en el sentido del Convenio Europeo de Patentes. Y en segundo lugar, determinó que "una máquina no puede transferir derecho alguno" al solicitante de la patente.

Hasta entonces, en la UE no se había prohibido expresamente conceder derechos sobre las obras generadas por la inteligencia artificial.

Así, según informaba la OEP en una nota del 21 de diciembre pasado, denegaba las solicitudes "EP 18 275 163" y "EP 18 275 174", en las que quien pedía ciertas patentes designaba como inventor a un sistema de inteligencia artificial denominado DABUS, supuesto "creador" de un recipiente para la conservación de alimentos y de un sistema de recomendaciones avanzado.

Esta interpretación de la OEP frena la pretensión de que una patente europea puede recoger como "inventor" una máquina de inteligencia artificial; el solicítate argumentaba que las invenciones habían sido creadas de forma autónoma por DABUS y, de hecho, presentó tal solicitud en varias jurisdicciones.

El abogado lucense e investigador en Derecho Miguel Vieito, que se confiesa un apasionado en temas de tecnología y ética, tuiteó recientemente esta resolución. En conversación telefónica con Público, Vieito razona en una línea similar a la OEP: "No se puede comparar cómo funcionan los comportamientos instantáneos de un ser humano al de una máquina, porque los primeros sencillamente no se pueden computar", afirma.

"El área de la inteligencia artificial me gusta, también las implicaciones jurídicas que puede tener, y me llama la atención el abordaje que hace la Unión Europea a la llamada 'personalidad electrónica', que trata de ajustar a las normas éticas sobre este asunto, cosa que existe desde hace unos años", afirma el letrado, quien, sin embargo, se muestra escéptico ante cualquier titular que ensalce la inteligencia artificial o el llamado 'machine learning' como algo comparable a la mente humana.

La cuestión profunda radica en que un sistema informático, como tal, no tiene capacidad legal ni es sujeto de derechos. Algunas jurisdicciones, como la británica, recogen algunos supuestos específicos. Por ejemplo, el artículo 9.3 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes, dispone lo siguiente: "En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra".

No existe una normativa vinculante sobre 'personalidad electrónica' en la UE, sino que hay orientaciones que se redactaron hace unos años sobre el asunto, especialmente en lo que toca a las posibles responsabilidades civiles.

En un artículo de 2017 publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) ya se abordaba este asunto, que concluía que los responsables del fruto de una inteligencia artificial determinada deberían ser quienes la manejasen como herramienta, y no tanto los desarrolladores de la misma.

"Es que ésa es una cuestión importante", comenta Vieito, "es decir, dónde ponemos la responsabilidad de una acción, si en el desarrollador de la herramienta, el propietario de la misma, el usuario, en el hardware o el software...".

Por tanto, ¿puede ser un robot 'dueño' de sus actos? "Mi postura es muy crítica con respecto a la inteligencia artificial, no comparto el entusiasmo exacerbado de algunos que ven un futuro inmediato en manos de máquinas, me parece una interpretación muy sesgada", comenta el experto, que plantea la posibilidad de que una máquina totalmente autónoma es un escenario muy poco improbable en el futuro.

"Para mí, el escollo de llevar el comportamiento ético a un programa informático es la comprensión humana de cómo se genera ese comportamiento, es decir, por qué algo es ético en realidad; y para poder programar (emular) eso tienes que entender primero cómo se genera ese comportamiento", sostiene el jurista, y añade: "El origen del pensamiento crítico, algo que aún desconocemos "¿Se desarrolla en la infancia? ¿Es ambiental o innato?...".

De momento, y tal y como dice la Oficina Europea de Patentes, un sistema de inteligencia artificial no puede ser dueño de una patente ni puede ceder esos derechos porque, para empezar, no es un sujeto de derechos como tal. 

No obstante, Vieito rompe una lanza en favor de incluir el comportamiento ético a cualquier desarrollo tecnológico desde el diseño, para intentar luchar contra los sesgos: "Hay técnicos a quienes la ética les parece un palo en las ruedas del avance de sus desarrollos, pero no se debe dejar de lado este aspecto: la tecnología no puede limitarse a solucionar un problema determinado abstrayéndose del resto de la realidad". 

Madrid

12/01/2022 23:43

 

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Foto: Colprensa

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el 29 de octubre un auto en el que hace varias modificaciones al macrocaso 01, que pasó de llamarse “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.

Allí no solo modificó el nombre de este caso sino que añadió un delito por el que serán imputados varios exintegrantes de la guerrilla, la esclavitud que ejercieron sobre los secuestrados.

La Sala determinó que la desmovilizada Farc obligó a varios de sus secuestrados a realizar trabajos forzados a su favor durante su cautiverio. En el primero de los casos, la JEP consiguió el testimonio de dos víctimas del Bloque Sur que fueron castigadas por no pagar las sumas impuestas por la guerrilla, por lo que fueron privadas de la libertad y obligadas a trabajar forzadamente.

Una decisión que los comparecientes decidieron apelar al considerar que ya reconocieron ante el tribunal de paz que afectaron la dignidad de los secuestrados y que ahora se hable de esclavitud sería faltar a la verdad porque ellos no fueron una organización esclavista.

Pues ante ese recurso presentado por los excombatientes, la JEP, a través de un nuevo auto, decidió dejar en firme la imputación que hará por esclavitud en secuestrados.

Se trata del Auto 279 de 2021 en el que el tribunal de justicia transicional hace un análisis sobre lo presentado por la Procuraduría (que pidió a la JEP establecer la imposición de trabajos forzados por parte de las víctimas como un crimen de lesa humanidad de esclavitud), y de lo que sustentó la defensa de los exFarc.

“Los comparecientes que reconocieron los hechos y conductas determinados por la Sala de Reconocimiento, y su gravedad en cuanto crímenes no amnistiables, no están obligados a complementar su reconocimiento con un tipo penal específico para continuar en el procedimiento dialógico de reconocimiento”, detalló la JEP en esta nueva decisión.

Y aclaró que la Sala examinará si los trabajos forzados reconocidos por los comparecientes cumplen o no con los elementos del tipo del crimen de lesa humanidad de esclavitud una vez haya recibido las observaciones de estos a dicha calificación jurídica.

La JEP tiene varios testimonios de víctimas que dan cuenta de que sí hubo esclavitud dentro de las Farc. “Víctimas acreditadas describen que fueron obligadas a realizar trabajos forzados como pago por su libertad, al no contar con los recursos económicos exigidos por las FARCEP. Estos relatos parecen ser una modalidad solamente del suroccidente del país, y los reportes de las víctimas acreditadas coinciden en que sucedieron entre los años 2002-2003 en los municipios que limitan entre los departamentos de Nariño y Cauca”, se lee en el auto.

El tribunal de paz hace un salvamento y es que los comparecientes no tendrán que hacer presencia para complementar la información que tengan sobre esclavitud. “Así, por las razones anteriormente expuestas, la Sala revocará la decisión recurrida de requerir a los comparecientes complementar su reconocimiento con la calificación de crimen de lesa humanidad de esclavitud”, definió a Sala.

Agregó que con posterioridad, cuando corresponda, la Sala deberá presentar sus conclusiones sobre el reconocimiento en la respectiva resolución y deberá analizar si este reconocimiento cumple con los estándares constitucionales y legales.

Por estos casos de secuestro pero también de esclavitud, varios excomandantes de las Farc son responsables y deberán responder. Entre ellos están Rodrigo Londoño (Timochenko), como responsable de mando del crimen de lesa humanidad de esclavitud, cometido de manera concurrente con el de graves privaciones de la libertad por las unidades militares de las Farc. También relaciona a Jaime Alberto Parra conocido con el alias de El médico, Milton de Jesús Toncel Redondo conocido como Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape.

24 de Diciembre de 2021

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Simpatizantes de Julian Assange protestan en Londres por la decisión de la Justicia británica de extraditar a EEUU a Assange. — Andy Rain / EFE / EPA

El letrado de Wikileaks considera que la decisión de la Justicia británica de dar vía libre a la extradición a Estados Unidos es un tremendo error y recuerda que "estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo con revelaciones recientes en la prensa norteamericana".

 

Minar la credibilidad de Estados Unidos en materia legal, de compromisos internacionales, de protección de los derechos humanos y la libertad de prensa serán los argumentos más relevantes de la apelación que, en los próximos días, los abogados de Julian Assange expondrán ante la Corte Suprema de Londres, para intentar revertir la resolución que da vía libre a su extradición.

La sentencia del alto tribunal británico trae a un primer plano algo más que la incomodidad que para las grandes potencias y sus Gobiernos supone el ejercicio libre del periodismo como herramienta social fiscalizadora de la acción de sus gobernantes. Y, más en concreto, sienta un peligroso precedente que permitiría que cualquier periodista, en cualquier lugar del mundo y de cualquier nacionalidad, pudiera ser considerado un objetivo a capturar por la inteligencia norteamericana o de otro Estado, por el simple hecho de desvelar acciones secretas o incómodas, como los crímenes de guerra o la corrupción de las élites.

Exactamente lo mismo por lo que se persigue actualmente a Julian Assange y que se teme, a corto plazo, pudiera alcanzar a la red de colaboradores de WikiLeaks.

El fallo de Londres

La Corte de Londres tenía dos opciones para posicionarse respecto a Julian Assange, basadas en dar respuesta a cinco puntos que eran objeto de valoración legal. Tres de ellos argumentados por la defensa ponían sobre la mesa el pésimo estado de salud del periodista, quien desde 2012 no había podido tener una vida normal. Los informes médicos aportados al tribunal, supervisados por relatores de Naciones Unidas, ponían de manifiesto el alto deterioro de su salud física y mental por tantos años de cautiverio, que podrían derivar en suicidio en caso de extradición.

Y, por otro lado, la opción que finalmente fue asumida por la Corte de Londres para permitir la extradición del fundador de WikiLeaks. Consideraban y daban por creíble que Estados Unidos "habría proporcionado un paquete de garantías de que Assange no estará sujeto a SAMS (Special Administrative Measures, en inglés) ni será encarcelado en ADX (alta seguridad con 23 horas diarias en celda de aislamiento) a menos que el reo hiciera algo posterior al ofrecimiento de estas garantías que justifiquen la aplicación SAMS o la designación a ADX". Igualmente, "Estados Unidos también ha asegurado que dará su consentimiento para que el señor Assange sea trasladado a Australia para cumplir cualquier sentencia de prisión que se le imponga".

"La CIA planeó asesinar a Assange"

Para Aitor Martínez, abogado del fundador de WikiLeaks, la decisión de la Corte de Londres es un tremendo error porque el compromiso aportado por los representantes de Estados Unidos no es creíble. "¿Alguien piensa que Julian Assange no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad o se le aplicaría un tratamiento penitenciario durísimo?", señala Aitor Martínez. "Estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo con revelaciones recientes en la prensa norteamericana", añade.

El abogado del equipo legal de Assange insiste en que "hablamos de la persona que publicó los documentos de Vault 7 , un paquete de información sensible de la CIA sobre intromisiones sistemáticas en los dispositivos tecnológicos de los ciudadanos, causando un gran impacto en la agencia. ¿De verdad pensamos que el establishment de inteligencia no someterá a Assange a un trato inhumano al llegar allí?".

El letrado hace referencia a la investigación periodística de Yahoo News en Nueva York, en la que una treintena de testimonios de exmiembros de la Inteligencia y del servicio secreto de Estados Unidos dan cuenta de los planes diseñados por la CIA en 2017, con Donald Trump en la presidencia, cuyo propósito era capturar a Julian Assange, vivo o muerto, dentro de la Embajada de Ecuador en Londres.

Los Ina Papers para presionar a Lenin Moreno

La operación fue diseñada al mismo tiempo que se investigaban otras vías y medidas de presión que sirvieran para sacar a Assange de dicha embajada. Planes que incluían también al presidente electo de Ecuador, Lenin Moreno, y su familia, en busca de debilidades que utilizar para forzar al mandatario a expulsar al "huésped", como se identificaba al fundador de WikiLeaks refugiado en la embajada desde 2012, además de convencionales contactos diplomáticos entre ambos países.

En febrero de 2019 se difundían casualmente los llamados Ina Papers, documentos que acreditaban la existencia de empresas offshore y cuentas millonarias en paraísos fiscales, como Panamá y Belice, y propiedades en España a nombre de la familia del presidente de Ecuador. Dos meses después, el 11 abril, tras la difusión de vídeos y fotos de Julian Assange en la prensa y canales de televisión de todo el mundo, a través de una organización criminal asentada en España, el periodista y activista era finalmente expulsado de la embajada por orden de Moreno y detenido.

Los casos Mendoza y Biondo

El letrado del equipo legal de Julian Assange señala también que "Estados Unidos ha violado repetida y sistemáticamente las garantías diplomáticas en el marco de extradiciones con múltiples países europeos, y por tanto sus garantías no son creíbles".

Según el abogado español, "se han recopilado multitud de casos con diferentes países europeos en los que Estados Unidos se obligó mediante garantías diplomáticas a cumplir lo acordado con ciudadanos extraditados, pero, una vez entregada esa persona, Estados Unidos incumplió esas garantías". Recuerda Martínez un ejemplo de ello, entre tantos otros, como "es lo sucedido con la jurisdicción española y el caso Mendoza, quien fuera entregado a Estados Unidos con la condición de cumplir la eventual condena que se le impusiera en España. Tras ser sentenciado en Estados Unidos, se negaron a su traslado a España. El escándalo fue tan mayúsculo que el Tribunal Supremo condenó al Gobierno español por no haber podido conseguir que Estados Unidos cumpliera con la garantía diplomática otorgada a su ciudadano".

Este caso del que habla el jurista se refiere al caso de David Mendoza. Este hijo de españoles era residente en Estados Unidos cuando se cometieron los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales los que se le acusaba. En 2007 renunció a la nacionalidad estadounidense y adquirió la española.

Estados Unidos reclamó entonces su extradición por estos delitos y la Audiencia Nacional puso como condición para su extradición, aprobada por el Consejo de Ministros, que pudiera cumplir su condena en España si, en caso de ser condenado, así lo solicitaba. David Mendoza fue entregado a las autoridades estadounidenses el 30 de abril de 2009 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras ser juzgado, fue condenado a 14 años de prisión y encarcelado en una prisión de New Jersey. En febrero de 2010, el reo solicitó cumplir la pena en España, pero Estados Unidos rechazó su petición de traslado a nuestro país. Ni la Justicia española ni el Gobierno de Rajoy entonces lograron la repatriación.

Pero, como recuerda el abogado de Assange, este no es el único caso en España. Destaca el del ciudadano italiano residente en España Gabriele Biondo, acusado de delitos de narcotráfico en Estados Unidos, que solicitó su extradición y fue entregado a pesar de los recursos y la intervención del Tribunal de Estrasburgo.

"Y son sólo ejemplos de múltiples casos de violaciones a garantías diplomáticas", señala Aitor Martínez. "Básicamente, violaciones que, además, pivotan sobre una misma realidad. Y es que las garantías que pueda dar el Departamento de Justicia de Estados Unidos son papel mojado, ya que posteriormente la persona será sometida a un órgano judicial que no está obligado por esas garantías dadas por otro órgano ante el que no están vinculados. De ahí que esas garantías se violen repetidamente en Estados Unidos".

El recorrido del caso Assange aún podrá prolongarse durante algunos meses y con la mirada puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como último recurso, si llegado el momento Reino Unido accede a la extradición de Assange a Estados Unidos para ser juzgado y, previsiblemente, condenado de facto a una cadena perpetua.

Assange está reclamado por la Justicia de Virginia, sede de la CIA

El abogado del despacho de Baltasar Garzón apunta que "la alegación de Estados Unidas de que Assange tendría un juicio justo e, incluso, podría ser declarado inocente, choca con la

Aitor Martínez señala que el fundador de WikiLeaks "está reclamado por el Distrito Este de Virginia, un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia del país". Señala que "de hecho, los jurados están compuestos, mayoritariamente, por personas vinculadas al establishment de la Inteligencia del país".

En este sentido, añade que "las estadísticas en ese distrito hablan por sí solas. Es prácticamente imposible salir inocente de aquella jurisdicción, toda vez que las personas que componen esos jurados son normalmente trabajadores de las agencias, familiares de esos trabajadores o personas vinculadas"

1/12/2021 21:54

Joan Cantarero@JoanCantarero

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Viernes, 10 Diciembre 2021 15:36

Julian Assange: indignante y doloroso

Julian Assange: indignante y doloroso

El fallo de la Cámara de Apelaciones británica que ordena la extradición de Assange a Estados Unidos es indignante y doloroso. Más allá de sus argumentos, que poco importan a esta altura del partido.

Indignante porque va en contra de pronunciamientos de prácticamente todos los organismos de derechos humanos del mundo, incluyendo los de Naciones Unidas, en contra de las demandas de sindicatos y asociaciones de periodistas en cinco continentes, de defensores de la libertad de expresión, de políticos e intelectuales democráticos de todo el arco político.

Assange está privado de su libertad desde hace casi una década por haber publicado en su sitio de filtraciones, WikiLeaks, información secreta y comprometedora de las fuerzas armadas y del Departamento de Estado estadounidense, incluyendo evidencias de crímenes de guerra y mentiras diplomáticas de la superpotencia de Occidente.

El fallo a favor de su extradición, que revierte la orden de no extraditar dictada en primera instancia, prolonga su calvario. No significa que sea enviado a Estados Unidos en lo inmediato y cuesta creer que ése sea el deseo de la administración demócrata de Joe Biden. En Estados Unidos Assange enfrentaría un juicio en el que la fiscalía debería demostrar que, no solo robó información en vez de recibirla y publicarla, sino que lo hizo sin la complicidad de los grandes medios que lo acompañaron en la publicación simultánea de sus revelaciones, como el mismísimo y venerado New York Times. O sea, un papelón público para un país que se vanagloria de su Primera Enmienda constitucional que en teoría garantiza la libertad de expresión.

Pero a Assange tampoco le conviene someterse a semejante circo en el norte de Virginia, cuna de la CIA y el FBI, en un país donde legisladores y funcionarios han declarado públicamente que merece la pena de muerte o directamente ser asesinado por lo que publicó. El fallo de la cámara británica será apelado e irá a la Corte Suprema y de ahí muy probablemente a la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Pasarán los meses y tal vez los años, cambiarán los gobernantes y las circunstancias políticas y Assange seguirá pudriéndose en su calabozo de máxima seguridad, sometido a los juegos psicológicos del Pentágono con la aparente colaboración del sistema judicial británico, que te extradito, no te extradito, sí te extradito, hasta morir o volverse loco. Ese parece ser el futuro que le espera, a menos que el mundo reaccione y obligue a sus carceleros a hacer lo correcto.

Además de indignante el fallo es doloroso porque detrás de esta historia está la persona. Un ser humano con aciertos y errores, que tiene una linda familia y un grupo de amigos incondicionales. Un hombre curioso e interesado en lo que pasa en el mundo, que siguió con interés y solidaridad el proceso latinoamericano antineoliberal de principios de siglo y que fue generoso con su tiempo y disposición con muchos políticos, intelectuales, activistas y periodistas, incluyendo a quien esto escribe. Doloroso para millones de personas en todo el mundo que admiran su trabajo y temen que su suerte está atada al futuro de la democracia y la verdadera libertad de expresión, esa que permite revelar verdades incómodas. Un fallo doloroso porque en su valentía para enfrentar las peores adversidades sin claudicar un centímetro en sus valores e ideales, Julian Assange supo hacerse querer. 10 de diciembre de 2021

 
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Fotografía de archivo de un chaleco con mensaje que pide el alto a los asesinatos de líderes sociales mientras cuelga de un aviso de tránsito en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, alertó de que el gobierno de Iván Duque promulgó un decreto que dificulta el acceso a protección de personas en riesgo

 

En septiembre de este año el ministro del Interior, Daniel Palacios, junto al jefe de la carteera de Defensa, Diego Molano, emitió el Decreto 1139 de 2021, que modifica los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades de diferentes zonas del país.

Un texto que pasó de agache, pues solo hasta este 9 de diciembre el investigador Juan Pappier de la organización Human Rights Watch (HRW) alertó de que la aplicación de ese decreto debilita la protección de líderes sociales.

“En pocas palabras: con el pretexto de una mayor eficiencia, el decreto limita la información para tomar decisiones sobre protección, coarta la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce la protección colectiva”, explicó Pappier en su cuenta de Twitter.

Según explicó el investigador, el decreto disolvió el Grupo de Valoración Preliminar, que estaba formado por diversos actores del Estado colombiano. Ello significa que hoy el principal insumo para decidir quién recibe protección proviene de los analistas de la Unidad Nacional de Protección, equipo conformado en su mayoría por expolicías y exagentes del DAS.

“Esta medida podría ayudar a agilizar las decisiones de la UNP. Pero al mismo tiempo, impide que haya información exhaustiva que permita tomar una decisión informada sobre el riesgo que enfrentan los líderes en distintas zonas del país”, sostuvo.

Dice Pappier que incluso hay zonas del país a las que los analistas de la UNP no pueden ingresar por problemas de seguridad. “Y a veces los analistas no cuentan con información detallada e integral sobre las distintos riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas de Colombia”, sostuvo.

Del decreto habla de los artículos 12 y 13 que limitan la información sobre el análisis de riesgo a “entidades públicas”. Por ello, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que hace años es parte del comité para decidir las medidas de protección (CERREM), ya no puede tener una participación plenamente informada.

El decreto establece en su artículo 12 que los invitados permanentes a las sesiones del CERREM, tendrán solo voz y este lo conforman: un delegado de la Procuraduría, uno de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Fiscalía, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una persona de la ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada.

El investigador se refirió también del artículo 22, que establece que las medidas de protección colectiva de la UNP solo tendrán vigencia de un año, salvo que existan “nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo”.

“La legislación colombiana no contaba con un plazo similar para la vigencia de medidas de protección colectiva. Ello tenía sentido: el propósito de estas medidas debe ser modificar las condiciones de desprotección e inseguridad que se viven en varias zonas del país”, señaló.

Por otro lado, el artículo 2 del decreto también aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para los familiares de una persona en riesgo.

“Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de DDHH. Pero este decreto, en vez de fortalecer la protección, constituye un retroceso”, sostiene Juan Pappier.

Según Human Rights Watch, desde 2016 más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejaron las Farc y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.

La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos, por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos, los ha convertido en blanco de ataques.

10 de Diciembre de 2021

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La revisión de los planes ordenamiento territorial: procesos que no avanzan

 

El presente artículo tiene como objetivo hacer una corta reflexión de por qué no avanzan los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, después de 20 años de adopción e implementación.

El POT es uno de los instrumentos de planeación más importante del nivel nacional ya que define “…un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas… que desarrolla aspectos socioeconómicos y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (1). Estos planes deben ser liderados en su formulación por los municipios que cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa (2), en sus manos está orientar el futuro de su terruño (3) y brindar la calidad de vida que necesitan sus habitantes. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (4) les ordena que además de los planes de desarrollo deberán contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales que están recogidos en la Ley 388 de 1997 (5).


La mencionada Ley (6) constituye la génesis que abrió paso a la formulación de la primera generación de POT en el país. Esta norma actualizó y armonizó las disposiciones de la Ley 9 de 1989 con la Constitución Política de 1991 y recogió principios relacionados con la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Ahora bien, el tipo de plan que se debe adoptar se determina de acuerdo con la población de cada municipio. Conforme con la Ley 388 de 1997 se puede formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para municipios con más de 100.000 habitantes; un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; y un Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios con menos de 30.000 habitantes. De los cuales el Programa POT Modernos en el año 2016 identificó que no están vigentes 33 POT, 134 PBOT y 718 EOT (7) estos presentaban escasos instrumentos de gestión y financiación del suelo, inversiones en infraestructura que no correspondían a las dinámicas de crecimiento de las ciudades y deficiente participación ciudadana.

La mayoría de estos planes se debían revisar y ajustar por vencimiento de las vigencias de corto, mediano y largo plazo; por Modificación Excepcional de norma urbanística;
por razones de excepcional interés público o de fuerza mayor o caso fortuito; o 
para habilitar suelo para desarrollar proyectos de vivienda en el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez (8).

Pues bien, de los 1.122 municipios de Colombia, en la actualidad, el 81% de estos 886 cuentan con planes de ordenamiento territorial que superaron su vigencia y requieren actualización (9), según el análisis de la información disponible en las páginas web de los municipios y distritos adelantado por la Federación Colombiana de Municipios, se estableció que en el periodo comprendido entre 2012 a 2019, 494 municipios han adelantado procesos orientados a la contratación que permitan adelantar la revisión de los planes de ordenamiento; sin embargo, se evidenció que solo 150 de ellos han logrado finalizar con la adopción del proceso de revisión respectivo (10).

Entonces siendo los POT la carta de navegación de los municipios que orienta la organización del territorio en el corto, mediano y largo plazo y además armoniza la inversión con los planes de desarrollo ¿por qué no avanzan en sus respectivos procesos de revisión?

Mucho de estos procesos adelantados por el Programa POT Moderno dirigidos por el DNP a través de tres operadores, no lograron su finalización por falta de armonización entre la formulación y la realidad de los municipios sobre los cuales se orientó un proceso de formulación externa, algunos de estos terminó siendo una réplica de planes en serie sin verdaderos estudios de riesgos, sin escenarios de cambio climático, sin una proyección clara de la población y sin participación de los actores en el territorio, sumado a un desinterés de algunos entes territoriales que no alcanzaron a entender el alcance y la oportunidad que les ofrecía este proceso.

En otro tanto, los municipios se han gastado importantes recursos en actualización de expedientes, estudios de riesgos descontextualizados de los temas de cambio climático, en estudios de seguimiento y evaluación, en identificación de las normas urbanísticas que se deben actualizar conforme a las ordenes judiciales que se van acumulando, pero que no logran culminar.

A su vez, se siguen presentando problemas con los procesos de participación que terminan siendo cuestionados como el caso de Fusagasugá y Bogotá. A esto se suma las decisiones políticas que coinciden con dinámicas electorales como es el caso de Bogotá en el 2019 y en peligro de que vuelva a suceder lo mismo en el 2021.

Mientras tanto los municipios y distritos continuaran con planes de ordenamiento desactualizados siendo esta situación aprovechada por urbanistas, constructores e inversionistas que no paran sus negocios, los cuales se siguen sirviendo de la debilidad de la norma, de la baja capacidad institucional y de los pocos instrumentos de control ante el vacío de verdaderos instrumentos de planificación.

 

1 El concepto de ordenamiento del territorio municipal y distrital lo define el artículo 5 de la Ley 388 de 1997.
2 Artículo 311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994
3 Con base en: J. Carrizosa Umaña concepto utilizado en donde define que, en la historia de nuestras regiones y su gente, a través del tiempo van construyendo vivideros o “terruños” Colombia Compleja (2014) Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
4 Ley 152 de 1994: por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
5 Artículo 9 de la Ley 388 como: “…el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. 
6 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/presentaciones/lanzamiento%20territorios%20modernos.pdf
8 Decreto 1077 de 2015
9 CONPES 8870 de 2016
10 Considerando del Decreto 1232 de 2020 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

*Abogada integrante del grupo de investigación Procesos Urbanos Hábitat e Informalidad de la Universidad Nacional de Colombia.

 

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Publicado enEdición Nº286
Legisladores peruanos presentan pedido de destitución contra presidente Castillo

Un grupo de legisladores peruanos presentó un pedido de vacancia (destitución) contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por una supuesta incapacidad moral permanente para ejercer el cargo.

"Los congresistas de la República que suscriben (...) proponemos la siguiente moción de orden del día por la cual formulamos pedido de vacancia del señor José Pedro Castillo Terrones en el cargo de presidente de la República por la causal de permanente incapacidad moral", se indica en el documento dirigido a la Mesa Directiva del parlamento y que se filtró en medios locales.

Días atrás, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País (derecha), anunció un pedido de destitución contra el mandatario; sin embargo, para presentarlo formalmente se requerían las firmas de al menos 26 representantes, según el reglamento del Congreso.

El pedido presentado es apoyado por 28 congresistas de las bancadas derechistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, partido liderado por quien fuera la contendiente de Castillo en las últimas elecciones, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En el documento se indica, citando al fallecido legislador Enrique Chirinos Soto, que "la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo, no tiene nada que ver con asuntos de Gobierno y Estado, que no son asuntos secretos sino públicos", alegando que el presidente busca "beneficio propio o de amigos por el cargo que ocupa".

En días anteriores, legisladores derechistas han manifestado diversas razones para pedir la destitución por incapacidad moral del presidente que llegó al cargo por el partido Perú Libre (izquierda) y que asumió el poder el 28 de julio pasado.

Estas razones van desde el anuncio del cierre de minas en el sur del país, el haber sostenido presuntas reuniones secretas en la sede del Ejecutivo, hasta la supuesta injerencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), en la política local.

La presentación de este pedido sería un primer paso para una eventual destitución de Castillo, pues se requiere el voto a favor de 52 congresistas para admitirlo a debate en el pleno, y luego 87 votos para aprobarlo y que se haga efectiva la salida del jefe de Estado.

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