Es claro que la economía colombiana creció (4,3% en 2013), y que las variables de empleo mostraron una leve mejoría, pero también lo es que buena parte de este crecimiento se dio en sectores que no necesariamente son generadores de empleo. Además, no hubo cambios significativos en las condiciones de concentración del ingreso y bajaron los niveles de pobreza, pero más por efectos metodológicos en su medición que por una política efectiva de redistribución de la riqueza.

El comportamiento de la economía no se correspondió con la dinámica del mercado laboral y la coyuntura social; la economía colombiana tuvo la capacidad de crecer sin tener cambios sustanciales en las condiciones laborales.

En este sentido, una política pública de trabajo decente sería una herramienta fundamental para la reducción sostenible de la pobreza y un medio para conseguir un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible; y sería una gran contribución a la consolidación de una paz duradera. El trabajo decente entendido como expresión de los 4 objetivos estratégicos de la OIT: 1) Acceso a un pleno empleo productivo. 2) Principios y derechos fundamentales en el trabajo. 3) Protección social. 4) Promoción del diálogo social y tripartismo; objetivos que corresponden a una aspiración universal de dignidad, justicia, seguridad material y realización personal.

A continuación una lectura de las condiciones de trabajo decente para los y las trabajadoras del país, con base en cada una de las dimensiones que lo componen:

I. Oportunidades y riesgos del mercado laboral

En 2013 la tasa de desempleo disminuyó. Se ubicó en 9,6% (2´243.000 desocupados), o sea 0,8 puntos porcentuales menos con respecto a 2012. Sin embargo, el desempleo se estancó en su decrecimiento. Su disminución ha estado jalonada por el incremento en la tasa de inactividad (35,8% en 2013) y la caída en la tasa global de participación (64,2% en 2013), más que por un dinamismo en la creación de nuevos empleos, ya que para el 2013 el empleo solo creció 1,7%, mientras que en 2012 había crecido 3,4%.

Por otro lado, la tasa de ocupación fue de 58,0%, teniendo un cambio marginal de 0,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, cuando era de 57,8%. En total fueron 21´048.000 ocupados, 352.000 más que en 2012; empleos que representan menos de la mitad de los generados en 2012, cuando fueron 676.000.

La población asalariada creció 3,6% con respecto a 2012, pero es alarmante que la mayoría de la población no es asalariada. De cada 100 ocupados, 47 son asalariados (9´979.000 ocupados) y 53 no lo son (11´069.000). El aumento de los no asalariados se fundamenta en el crecimiento de los trabajadores cuenta propia, 1,3% con respecto a 2012, ubicándose en 9´002.000, y los trabajadores familiares sin remuneración en otras empresas, que aumentaron 7,9%, para un total de 136.000 ocupados en esta categoría.

El empleo crece en ramas de actividades que se caracterizan por la vulneración de los derechos laborales. Es el caso de comercio, hoteles y restaurantes, que creció 4,37%. Además, aumentó el empleo en la intermediación financiera (11,5%) y actividades inmobiliarias (7,4%). Decreció el empleo en sectores representativos, que han perdido participación en el PIB. Caso de la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, que disminuyó 2,02%, expulsando 73 mil empleos; y la industria manufacturera, que disminuyó en 4,7%, eliminando 123 mil empleos.

Los subempleados a pesar de disminuir con respecto a 2012, representaron el 42,6% de la población ocupada (31,2% tasa de subempleo subjetivo y 11,4% tasa de subempleo objetivo). Lo que indica que 4 de cada 10 ocupados no están satisfechos con su empleo, lo consideran inadecuado por competencias, por horas y/o por ingresos.

En cuanto a la tasa de informalidad, según el DANE, en las 13 áreas metropolitanas ésta fue de 49,4%, representando a 5´025.000 informales. Sin embargo, existen otras cifras. Según el Ministerio de Trabajo en 2013 la informalidad fue del 68%, y una cifra diferente presenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): 59,9%; mientras que para la OIT la informalidad fue de cerca del 80% . Es una situación alarmante si se tiene en cuenta que son trabajadores cuenta propia en labores de baja producción económica, que no reciben beneficios en salud y pensiones. Lo anterior también refleja las múltiples formas en que se concibe la informalidad, y explica en parte la dificultad de promover políticas eficientes y con destacado impacto.

La población informal es muy poco educada. El 80,1% había hecho educación primaria, secundaria el 51,6%, y sólo el 17,2% tenía educación superior.

Las mujeres, los jóvenes y otros grupos de trabajadores vulnerables se ven obligados a aceptar empleos en condiciones de informalidad. En Colombia la tasa de trabajo informal para mujeres fue 52,5%, frente a 46,7% para hombres.

Por otro lado se encuentra la generación NiNi, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se estima que el 20% de los jóvenes latinoamericanos entre los 15 y 30 años, no hace parte ni del sistema educativo ni del sistema laboral. En Colombia se estima que los NiNi constituyen el 19,3%. Para el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) el 27% de los jóvenes de estratos 1 y 2 no estudia, ni trabaja, ni busca empleo. Factores como la desigualdad social, las dificultades económicas, el desequilibrio familiar, entre otros, hacen que se acentúe el fenómeno y se traduzca en mayores riesgos para la deserción escolar y la inestabilidad laboral.

En 2013 la tasa de desempleo de los jóvenes fue de 16.4%, 1,3 puntos porcentuales por debajo a la reportada en 2012. Sin embargo, es alarmante que los jóvenes desocupados representaron el 51% del total de desocupados: 1'139.000 jóvenes.

II. Remuneración al trabajo

Los ingresos de los ocupados en el país son muy bajos, al punto de que el ingreso promedio nacional en 2013 fue de $816.646, aumentando en 6,1% con respecto a 2012, año en el que fue de $770.057. Si bien las estadísticas muestran un incremento en el ingreso promedio del país, también indican que un destacado 45,3% de los ocupados recibió hasta un salario mínimo, y de éstos 6,9% no recibieron ingresos. Es decir, de cada 100 ocupados, 45 recibieron el 72% del ingreso promedio del país, esto es $589.500.

Por otro lado, el ingreso promedio representa el 97% de la línea de pobreza por hogar , lo que obliga a que más de un miembro del hogar se vea obligado a ingresar al mundo laboral, el cual no le garantiza una mejor calidad de vida.

Algunas de las ramas de actividad que mayores ingresos laborales reportaron son a la vez las que menos incidencia tienen en el empleo. Es el caso de explotación de minas y canteras, con un ingreso promedio de $1´315.537, y suministro de electricidad, gas y agua, con $1´308.387; mientras que ramas que tienen una participación destacada en el empleo, como agricultura e industria manufacturera, reportaron ingresos promedios de $448.693 y $832.531 respectivamente.

Por posición ocupacional se encontró que el ingreso laboral promedio para los cuentapropistas, es decir, para el 42,8% de la población ocupada, fue de $755.139, mientras que el ingreso promedio de los empleados particulares fue de $1'099.108.

III. Trabajo infantil: de lo inadmisible a lo conciliable

Según el DANE, en el trimestre octubre-diciembre de 2013 la tasa de trabajo infantil fue del 9,7%, y de 14,8% ampliado, es decir, niños y niñas que trabajan en su hogar por más de 15 horas a la semana. Si bien se presenta una disminución con respecto al año anterior (cuando eran de 10,2% y 15,8% respectivamente) es muy alta y representa a 1´091.000 niños y niñas que trabajan.

Por sexo, la tasa de trabajo infantil fue de 12,5% para hombres y 6,6% para mujeres. Sin embargo, la tasa de trabajo infantil ampliada fue mayor para las mujeres, al ubicarse en 15,1% frente a 14,6% de los hombres. Las ramas de la economía en que mayor trabajo infantil se presentó fue en comercio, hoteles y restaurantes (34,6%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (34,3%) e industria manufacturera (11,4%).

El 49,6% de los niños y niñas son trabajadores sin remuneración, 26% son asalariados y 24,3% son independientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), en 2013 las mujeres en un 89,4% participaron en el trabajo no comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales (trabajo no remunerado); mientras que la participación de los hombres fue de 63,1%.

Además en la ENUT se observa que el tiempo promedio poblacional dedicado por las mujeres a las actividades personales, no difiere de manera relevante del de los hombres. Sin embargo, hay una enorme diferencia en la composición del tiempo promedio poblacional dedicado al trabajo remunerado y a las actividades no remuneradas de cuidado, pues mientras las mujeres dedican 2:31 al trabajo comprendido en el SCN y 6:35 al trabajo no comprendido en el SCN en un día promedio, los hombres dedican 5:11 y 2:00 respectivamente. Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado 3 veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa: dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.

Al desagregar el trabajo por las diferentes actividades, se encuentra que las mujeres dedican más tiempo promedio poblacional que los hombres en todas las actividades del cuidado, destacándose el suministro de alimentos a miembros del hogar de manera no remunerada (1:33), frente a los hombres (0:12); y estar pendiente de miembros del hogar (2:34) frente a (0:53) de los hombres.

Lo anterior tiene varias implicaciones: provoca que las mujeres tengan una doble o triple jornada de trabajo, y que las mujeres que se dedican exclusivamente a las actividades del cuidado no gozan de ningún tipo de protección social y otras garantías laborales.

IV. Seguridad en relación con el empleo

La dinámica laboral colombiana atraviesa por uno de los problemas estructurales y progresivos más fuertes: la tercerización laboral o subcontratación. Si bien ha habido una disminución en el número de Cooperativas de Trabajo Asociado y sus "asociados", no significa que la intermediación laboral ilegal haya disminuido. Al contrario: ha hecho metástasis en nuevas y "creativas" formas de tercerización laboral, tales como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), los contratos sindicales, o se han mimetizado en otras figuras existentes y legales, como las Empresas de Servicios Temporales.

Todas estas figuras, aunque con naturalezas jurídicas diversas, han servido para mantener, e incluso incrementar, la intermediación laboral ilegal. Pero lo más preocupante es el incremento de la figura del contrato sindical, que en 2013 alcanzaron a ser 964, un aumento del 37% con respecto al año anterior. 939 de ellos, o sea el 97,4%, pertenecen a la categoría económica "servicios sociales y de salud" .

En cuanto a las SAS, los múltiples beneficios y flexibilidades que en materia económica, fiscal, tributaria y laboral pueden obtenerse de la constitución de una de éstas sociedades, es lo que explica que en el solo periodo de 2008 a 2012 se hayan creado más de 160.000 empresas de este tipo, y resulta imposible determinar cuántas de ellas operan como tercerizadoras encubiertas.

V. Seguridad del ambiente de trabajo

En 2013 sólo el 39,3 del total de población ocupada del país estaba afiliada a riesgos laborales, esto es 8´269.950, lo que deja a más del 60% de la población ocupada excluida y desprotegida por el sistema. Preocupa además la situación de los independientes, ya que sólo el 2,81% de ellos se encontraba cubierto.

En 2013 se presentaron 542.406 accidentes de trabajo, 10.189 enfermedades laborales (incremento de 7% con respecto a 2012) y 752 muertes en el trabajo (incremento de 41,4% con respecto al año anterior, cuando fueron 532).

VI. Seguridad Social

En el último año se evidenció un trabajo informal, precario y sin cambios significativos en materia de protección social. Solo el 47% de los ocupados hacían parte del régimen contributivo de salud. En 2013 estaban afiliados como cotizantes a pensiones (en fondos voluntarios y privados) 5´491.424 ocupados, es decir, de cada 100 ocupados tan solo 26 estaba afiliado a pensiones en estos fondos.

El 70,7% del total de ocupados estaba excluido del régimen de cesantías (sin incluir a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro), lo que reitera la precarización que sufre la mano de obra en el país. En total se encontraban 6´160.784 ocupados en este régimen, presentando un incremento de 4,3% con respecto a 2012.

Por otra parte, el 67,9% de los ocupados no estaba afiliado al sistema de cajas de compensación familiar. Este sistema solo afilia a 6´759.470 ocupados, que si bien se incrementaron frente al 2012, solo representaban el 32,1% de los ocupados.

VII. Trato y libertades individuales en el trabajo

En 2013 las mujeres tuvieron tasa de desempleo de 12,7%, esto es 5,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres la cual fue de 7,4%. La brecha de género en materia de desempleo es el doble que la de América Latina. A finales de 2013 Colombia presentó la segunda tasa más alta de desempleo en la región, donde sobresale una brecha de género de 5,3 puntos porcentuales, mientras que este indicador para la región es, en promedio, de 2 puntos porcentuales para el mismo período. En comparación con el 2012, esta brecha presenta una leve reducción por 0,7 puntos porcentuales .

A finales de 2013, en materia de remuneración, las mujeres ganaban 18,5% menos que los hombres; en el 2012 alcanzó su expresión más aguda: el 20,9%. De hecho, la mayor concentración salarial para las mujeres (27,3%) se halla en de 0 a 0.5 smlmv, y para los hombres (29,7%) en más de 1 hasta 1.5 smlmv.

VIII. Libertades sindicales y diálogo social

En el año 2013 no cesaron las violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Se destacan el aumento de homicidios (se incrementaron en 50% con respecto a 2012) y de los atentados (que aumentaron en 157,1% de un año a otro). En total se presentaron 436 casos de violencia.

Así mismo, se registraron al menos 51 violaciones a la vida, la libertad e integridad de las mujeres sindicalistas, entre ellas 3 asesinatos, un atentado con o sin lesiones, y 38 amenazas de muerte.

En materia de impunidad puede decirse que son todavía muy leves los avances en las investigaciones de crímenes contra sindicalistas. Se encuentran en investigación 1.545 casos, correspondientes a hechos ocurridos entre el 30 de agosto de 1988 y 23 de febrero de 2013. Es de señalar que sólo en 808 de estos casos se ha probado la calidad de sindicalistas, y se evidencia la aparición de casos en los que se vincula como procesados a sindicalistas (por lo menos en cuatro casos).

En cuanto a la dinámica de la negociación colectiva, se encontró que en 2013 se presentaron 1.827 casos, de los cuales el 52,8% (964) correspondieron a contratos sindicales, 25,1% (459) a convenciones colectivas, 11,2% (204) a pactos colectivos, y 10,9% (200) a acuerdos en el sector público. Es importante resaltar dos cosas: primero, los pactos colectivos son una de las estrategias utilizadas por las empresas para debilitar a los sindicatos, o para impedir que éstos se formen en las empresas; y segundo, los contratos sindicales en muchas ocasiones son utilizados para precarizar la mano de obra.

Por último, se encontró que durante el año 2013 la dinámica de la movilización sindical y laboral evidenció un logro que merece destacarse: la unificación de distintos sectores para protestar contra las políticas estatales en materia económica, política y social. En este año hubo 364 protestas laborales y sindicales, 74 más que en 2012, lo cual indica un incremento del 25,5%.

Según el tipo de acciones colectivas, predominaron las jornadas o manifestaciones con un 71,7% del total. En segundo lugar se ubicaron los ceses de actividades, con un 24,5%. Ambas formas de protesta aumentaron de manera significativa con respecto al año anterior.

En lo que respecta a la clasificación desglosada de todas las variables, se reiteran la marcha y el mitin o plantón como las dos más destacadas, agrupando el 44,2% del total. Este entramado indica que los trabajadores valoran este tipo de acción porque lograron ver el impacto que genera en el gobierno y la sociedad. Además, demostraron que las marchas son mecanismos de resistencia que propenden por la participación colectiva, la presión para reclamar soluciones rápidas, la unidad y la solidaridad.

En materia de Trabajo Decente los retos son pues inmensos, máxime en un proceso de paz histórico, donde diversos sectores económicos y académicos del país quieren aportar a la construcción de mejores condiciones para las y los colombianos.

Publicado 6 octubre de 2014.

Desde el pasado 10 de julio, 24 trabajadores de la planta de Prodenvases Crown en Barranquilla adelantan la toma pacífica de la misma, como una manera de resistir a la decisión que tomó la empresa de cerrarla pasando por encima de sus derechos laborales.

Estos trabajadores, afiliados a los sindicatos Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal (ambos de industria), justifican su acción en el hecho de que el cierre de la planta no solo les viola derechos laborales y el fuero sindical, sino que se hizo sin el permiso expreso del Ministerio de Trabajo.

Prodenvases Crown es filial de la multinacional estadounidense Crown Corp and Seal Company, líder mundial en la fabricación de envases metálicos para productos industriales y alimentos, como atún, sardinas y otros. Y en Colombia está asociada al Grupo Mundial, cuya matriz está en Antioquia.

La toma de esta planta se suma a otra que en la misma ciudad de Barranquilla, y casi por los mismos motivos, protagonizan trabajadores de Aluminio Reynolds, quienes ya casi completan dos años de toma de la planta de producción de esta empresa.

Por su parte, el sindicato global IndustriAll manifestó su apoyo a la lucha de estos 24 trabajadores. Carlos Bustos, su coordinador en Colombia, dijo al respecto: "Nosotros hicimos un pronunciamiento muy fuerte a la empresa. Ahora estamos haciendo un llamado a todo el movimiento sindical nacional e internacional para que se pronuncien a favor de estos compañeros, rechazando la actitud de la empresa y que se desplacen a Barranquilla para que se solidaricen con ellos".

La cronología del conflicto

El conflicto laboral en Prodenvases Crown, asociado a la intención de ésta de cerrar la planta de Barranquilla, no es nuevo, se remonta a 3 años atrás y, según las organizaciones sindicales, ha sido traumático.

El 8 de septiembre de 2011 Prodenvases Crown solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para cerrar la planta y dar por terminados los contratos de sus trabajadores, aduciendo como causa su inviabilidad técnica y económica. Un año después, el 29 de octubre de 2012, el Ministerio autorizó el despido de los trabajadores y el cierre de la planta, decisión que las dos organizaciones sindicales, Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal, califican de irregular porque no tuvieron la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Ante la violación clara de sus derechos, Sinaltrametal interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo, presentada ante la sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el cual falló en contra Aspecto interno de la planta tomada por los trabajadores.
del sindicato; fallo que
fue impugnado y el caso pasó a segunda instancia en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que mediante la sentencia T–706 de 2012, tutelando los derechos al debido proceso y el derecho de defensa del sindicato, ordenó al Ministerio de Trabajo retrotraer el procedimiento para darles a los sindicatos la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Así que dos días después de este fallo la Dirección Territorial de Atlántico del Ministerio de Trabajo revocó la resolución del permiso de cierre de la planta y el despido de los trabajadores.

Pero el 21 de marzo de 2013, la misma Dirección Territorial de Barranquilla nuevamente autorizó el cierre de la planta y el despido colectivo. Tal decisión volvió a ser impugnada por las organizaciones sindicales ante la Dirección Nacional Territorial del Ministerio, que todavía no ha tomado decisiones al respecto, y por tanto no está en firme la decisión de la Territorial de Barranquilla.

No obstante lo anterior, a primera hora del 8 de julio de 2014 se presentaron en la planta de Barranquilla varios directivos de Prodenvases Crown, para comunicarles a los trabajadores que ese día dejaba de funcionar la planta, ya que las máquinas serían enviadas a la planta de Medellín. Y llamaron uno por uno de los trabajadores para ofrecerles $5 millones de bonificación si aceptaban un acuerdo de retiro voluntario, argucia con la que lograron convencer a 20 trabajadores.

Cuando las directivas sindicales indagaron por el recurso de apelación que cursaba en el Ministerio de Trabajo, y que mientras no fuera desatado la empresa no podía proceder al cierre, los directivos de Prodenvases Crown explicaron que lo hacían porque el proceso en los estrados judiciales y en el Ministerio "se había tornado muy extenso". Es decir, tomaron la decisión por su cuenta, sin que les importara las normas legales colombianas.

A los trabajadores sindicalizados la empresa les dio a escoger entre dos opciones: su traslado a la planta de Medellín, donde se les respetaría su trabajo; o una bonificación irrisoria para dejar la empresa. Los sindicalizados se niegan a aceptar cualquiera de las dos, ya que ambas violan sus derechos.

En respuesta a la arbitrariedad de la empresa, el 10 de julio los trabajadores se presentaron en la planta acompañados por otros trabajadores de la ciudad, y de manera pacífica 24 de ellos se tomaron la planta. Desde entonces allí permanecen a la espera de solución a sus problemas laborales.

Como una forma de presión, el 21 de julio la empresa decidió no cancelarles más su salario. De ahí que estos trabajadores hayan hecho un llamado al movimiento sindical nacional e internacional en busca de ayuda y solidaridad para su causa.

Publicado 11 de septiembre de 2014.

Se afirma que el mercado es el camino idóneo para ejercer la actividad económica porque allí cada uno remunera de acuerdo a su esfuerzo y a su productividad. De acuerdo con esto, cuando dos personas realizan una transacción transparente (sin trampas), mediada por un pago en dinero, están realizando un intercambio de valores equivalentes.

Esta visión ha sido criticada por las ciencias sociales cuando se trata del contrato laboral. Por un lado, el trabajador no puede negarse a la transacción porque de ello depende la reproducción de su vida y la de su familia. Por el otro, no es un intercambio entre equivalentes porque lo que recibe el trabajador como salario es una fracción del valor que genera con su trabajo. Hay quienes afirman que esto no es cierto, que al fin y al cabo se trata de un contrato en el mercado laboral, el cual debe funcionar de forma libre, sin las rigideces del código laboral. Este es un tema que ha sido tratado por la literatura respectiva.

Aquí lo que se quiere abordar es el caso del trabajador que vende directamente en el mercado el producto de su trabajo, como es la situación del vendedor ambulante, el mecánico automotriz, la costurera, el técnico en computadores. Se lo llama el trabajo por cuenta propia, y se afirma que su situación, como la de cualquier empresario, mejoraría si se capacita, asume riesgos y se vuelve un emprendedor. En otras palabras, si hace las acciones adecuadas para una buena inserción en el mercado.

Sin embargo aquí tampoco hay una relación de intercambio entre iguales, como no la hay en el contrato laboral. Se presenta una asimetría que esconde una distribución injusta y regresiva contra ese trabajador de la economía popular. Esto se ilustrará con un ejemplo.

Cuando un alto ejecutivo bancario en una noche de farra consume licores de alta gama en un bar de una zona exclusiva, la cuenta que paga al final es alta. ¿Que incluye ese valor?: El precio de los licores refleja el pago de un arriendo costoso (se trata de una zona exclusiva), los impuestos (en esas zonas no se puede consumir licor de contrabando), los salarios del personal de servicio que debe incluir la seguridad social, y por supuesto la ganancia extraordinaria que recibe el dueño por estar en un sitio de moda. Lo que paga el ejecutivo corresponde a una porción pequeña de su alto ingreso, el cual se genera con una jornada laboral normal (ocho horas diarias de lunes a viernes).

Sin embargo cuando después de beber el licor consume alimentos en la calle para calmar el hambre, esos alimentos son producidos por un vendedor ambulante, que debe arrastrar por un trayecto largo su carro con todos los insumos. Su jornada empieza en la mañana, cuando se abastece de los insumos, luego realiza las preparaciones previas, posteriormente se está toda la noche a intemperie esperando el cliente, y finalmente debe regresar a guardar su carro. Si la jornada empieza a las diez de la mañana y termina a las cuatro de la mañana del día siguiente, se trataría de una jornada de 16 horas.

¿Que muestra el ejemplo? Que el trabajo del ejecutivo y el del vendedor ambulante se valoran de forma diferente porque su posición en la jerarquía social es distinta. El intercambio mercantil entre ambos no es equivalente. Esa pizza que para el vendedor puede significar un trabajo de horas, para el ejecutivo comprador no equivale ni un segundo del suyo. Y si se habla de productividad el vendedor ambulante al menos fabrica pizzas, mientras que el ejecutivo maneja relaciones públicas para que los clientes del establecimiento financiero y a los dueños del mismo puedan extraer rentas financieras que son la expresión del trabajo social que se genera en otra parte. Más allá de intercambios de equivalentes lo que está detrás es una jerarquía social, y conforme a ella una valoración diferente del trabajo, y una distribución desigual del excedente económico.

De tal forma que no pueden reducirse los intercambios mercantiles a una mera relación cuantitativa. No sólo se trata que el trabajo de cada uno tiene una valoración distinta, sino que en el caso de la economía popular hay dos características adicionales que deben ser tenidas en cuenta. La primera, que en la economía popular se carece de derechos sociales pero al mismo tiempo no se paga impuestos directos por la actividad económica. Se trata de una población que está excluida del contrato social sobre el cual se construye la ciudadanía. Su actividad económica se mueve en el terreno de la ilegalidad (que no es lo mismo que la criminalidad). Ilegalidad porque no se pagan impuestos, no se tiene registro mercantil, ni contabilidad auditada, ni derechos de propiedad definidos y debidamente registrados.

La segunda característica de la economía popular consiste en que en general su actividad económica se hace en el seno del hogar. La consuencia no sólo consiste en la introducción de relaciones mercantiles en el seno de la familia, sino que se va borrando la separación entre el mundo privado que se da en el seno de la familia, y la esfera pública donde se realiza el trabajo mercantil.

Se genera una tensión en el seno de la familia entre su función de reproducción de la vida a través del afecto y el cuidado, y la reproducción de la vida a través de la inserción en el mercado, y el impacto que esto tiene sobre la familia está por estudiarse. En este campo hay una imbricación entre la economía doméstica (realizada desde los hogares, la famiempresa) y la economía popular.

Estas características hacen que la relación con el Estado tienda a moverse en terrenos de la justicia penal y los códigos de policía, el clientelismo político, y una relación inestable que oscila entre la negociación y la confrontación. Esa relación es distinta a la del trabajador estatutario cuya relación se mueve en los códigos de la legislación social (entre ellas un código laboral), los derechos sociales, y la negociación colectiva; o la del ciudadano que paga impuestos, es sujeto de derechos sociales, y participa en la discusión y definición de las políticas públicas, como es el caso del ejecutivo señalado atrás.

De manera que el mercado no es una relación entre iguales. Esto no es nuevo, pero siempre se olvida. Se vende la ilusión a los trabajadores de la economía popular que si se lanzan con todo su ánimo al mercado salvador serán emprendedores exitosos. Vana ilusión. Siempre serán maltratados por las asimetrías ocultas en la supuesta igualdad mercantil.

—Habla la presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo—

Hoy los reflectores y micrófonos de los grandes medios están puestos en la protesta de los pilotos de Avianca, llamada por éstos "Operación cero trabajo suplementario", con la cual buscan presionar mejoras salariales.

Pero los pilotos no son los únicos que tienen motivos para protestar en Avianca, ni el suyo es el único conflicto laboral que se vive al interior de ésta, la aerolínea insigne de Colombia, hoy de capital brasilero.

El resto del personal, tanto de la operación aérea como de tierra, también acumula una buena cantidad de motivos para protestar, pues son trabajadores que año tras año han visto el deterioro de sus condiciones laborales, cómo el salario apenas les sube el índice de precios al consumidor, si mucho; cómo se les imponen pactos y se les niega el derecho a la negociación colectiva, y cómo acosan a quienes se atreven a afiliase a un sindicato.

"Los pilotos se han hecho sentir porque se unieron y son mayoría", dice Cristina Cadavid, presidenta de la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo, ACAV, para indicar lo difícil que es la lucha para las demás organizaciones sindicales, antes fuertes y hoy debilitadas por las políticas antisindicales de Avianca.

"Por ser minoritarios nos toca recurrir a la denuncia y a la vía legal, una vía que es lenta y poco eficaz, entre otras cosas porque los medios difunden todo lo que diga Avianca. Ayer leyeron un comunicado en el que supuestamente los demás trabajadores apoyamos la empresa en su pulso con los pilotos. Eso es mentira, nosotros todos estamos apoyando a los pilotos en su lucha", precisó la presidenta de ACAV, organización que representa a 280 auxiliares de vuelo y acumula ya un buen récord de querellas y demandas judiciales contra Avianca.

En efecto, ACAV y otras organizaciones han logrado de la OIT recomendaciones al Estado colombiano para que cese la agresión antisindical en esta aerolínea; han obtenido sentencias favorables del Consejo de Estado, han ganado tutelas y propiciado multas millonarias por parte del Ministerio de Trabajo, pero nada de eso ha hecho modificar la política laboral de Avianca, que Cristina Cadavid califica de "perversa".

Una política que ya cumple 10 años

La mala hora de los trabajadores de Avianca ya va para diez años. Empezó cuando la compañía fue adquirida por el empresario brasilero Germán Efromovich, que cambió completamente la política laboral. Se congelaron los aumentos salariales y se limitaron los pagos de festivos y nocturnos, se eliminó el sindicato mayoritario, se suplantó la negociación colectiva por los llamados Planes Voluntarios de Beneficios, y se le apostó a la contratación por cooperativas de trabajo asociado (CTA), entre otras acciones. Todo bajo la premisa de que también a los trabajadores les tocaba poner de su parte para salvar la empresa, que atravesaba serias dificultades financieras.

"Pero ahora que quedaron atrás los años de penuria y Avianca ha vuelto a ser una empresa boyante, se niega a compensar el aporte y el esfuerzo hecho por los trabajadores en todos estos años", alega la presidenta de ACAV.

Es que ni siquiera ha desmantelado las cooperativas de trabajo asociado, pese a la sanción millonaria que el Ministerio de Trabajo le aplicó el año anterior por ese concepto, junto a sus 4 CTA, cada una con multa de 2.000 salarios mínimos ($1.133 millones).

El Ministerio estableció que eran cooperativas de fachada, sin autonomía ni autogestión, creadas para hacer intermediación laboral. Encontró que Avianca lo hacía todo: seleccionaba el personal, lo dotaba de carné y uniforme, lo ponía a laborar en sus equipos, y le designa funciones y jefes. O sea que eran trabajadores misionales. En total tenía 3.473 por cooperativas, más de la mitad del total, pues con contrato directo solo había 3.021. La sola CTA Servicoopava aglutinaba en ese momento 1.524 personas.

Pero Avianca encontró la forma, no sólo de neutralizar la sanción, sino de seguir usando las cooperativas como intermediarias laborales, es decir de seguir pasándose por la faja el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y el Decreto 2025 de 2011, normas que prohíben a las CTA hacer intermediación en labores misionales. Eso gracias a un acuerdo de formalización que firmó con el Ministerio de Trabajo, por el cual se compromete vincular con contrato directo a los trabajadores de las cooperativas en un plazo de 5 años, tiempo durante el cual la multa se congela, y sólo se hará efectiva si incumple el acuerdo.

Peo según Cristina Cadavid, el tal plan de formalización deja mucho que desear, porque hasta ahora sólo ha formalizado personal de la parte administrativa, los de la parte operativa siguen vinculados por tres cooperativas: Servicopava, Clave Integral y Serdan, está última subcontratista de la primera.

"Lo cierto es que el Ministerio hace lo que Avianca diga. Si dice que las niñas que trabajan en los counters, o los señores que recogen los equipajes de las bandas y los llevan a los camioncitos, o los que trasladan los aviones hasta la plataforma, no realizan labores misionales, pues lo acepta", concluye la señora Cadavid.

Una lista larga de inconsistencias

Cristina Cadavid opina que las condiciones laborales del personal tercerizado son pésimas. En promedio ganan entre $900 mil y un millón de salario, pero reciben menos por los descuentos que les hace la cooperativa.

Las auxiliares de vuelo que gozan de contrato directo y convención colectiva, desde el 2010 no negocian condiciones laborales. Esto porque la empresa presentó un contrapliego con el que pretendía eliminar beneficios en materia de transporte, alojamiento en hoteles, viáticos y notificaciones.

"El trato de los jefes tampoco es bueno para los compañeros tercerizados, son como capataces. Se enferma la gente y no les importa. Conozco el caso de un muchacho al que le amputaron un dedo y la empresa lo tiene reubicado en un sitio donde lo obliga a usar botas, y él en el estado en que está no pude usarlas", se queja Cristina.

De ahí que el pasado 6 de mayo los trabajadores tercerizados del Puente Aéreo de El Dorado hicieron un paro de un día para llamar la atención sobre su precaria situación laboral. Ese día un buen número de ellos se afilió a Sintratac, sindicato de industria del sector aeroportuario conformado por pilotos, auxiliares de vuelo, operarios de mantenimiento y controladores de diferentes empresas, hoy con unos 1.200 afiliados.

Pero la gran dificultad para el ejercicio de la actividad sindical en Avianca, según la presidenta de ACAV, es que el Plan Voluntario de Beneficios otorga mejores condiciones salariales a los trabajadores que no están sindicalizados. Incluso plegarse a este plan es requisito para ingresar a la empresa, lo cual es ilegal, no solo porque viola el derecho fundamental a la Igualdad, sino porque es un ataque al derecho de asociación y negociación colectiva, una estrategia para promover la deserción de afiliados y debilitar al sindicato.

De hecho lo ha logrado. ACAV en el año 2005 tenía 552 auxiliares de vuelo afiliados, en el 2006 éstos se redujeron a 382 (el 58% del total de auxiliares), y hoy solo tiene 280 afiliados, el 18% del total.

Todas estas circunstancias fueron las que el año pasado motivaron a ACAV a denunciar a la junta directiva de Avianca, con su presidente Fabio Villegas a la cabeza, por violación del Artículo 200 del Código Penal, que tipifica como delito la violación del derecho de libertad sindical, proceso que está en curso en la Fiscalía General.

"Falta saber si la Fiscalía tiene el valor institucional de imputar cargos a tales celebridades y es coherente con los anuncios de protección de los derechos sindicales", dijo la presidenta de ACAV.

También por persecución y acoso sindical esta organización entabló querella contra Avianca ante el Ministerio de Trabajo, que en primera instancia le dio la razón al sindicato. Pero Avianca presentó recurso de apelación, y ahí va el proceso.

"Uno esperaría que Avianca, una empresa tan grande, tan rica y consentida, emblemática en el país, basara su éxito económico y empresarial en el respeto a los derechos humanos y laborales de sus trabajadores. Pero desgraciadamente no es así", dijo para finalizar la señora Cadavid.

El pasado 7 de diciembre el sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB– (Sintrateléfonos), presentó su pliego de peticiones a la administración de la empresa. Sorpresa. Desde ese mismo día, la gerencia no ha cesado de entorpecer el normal desarrollo de la negociación laboral, hasta el punto de salir a los medios de comunicación a desvirtuar el pliego presentado, todo indica, sin haberlo conocido.

Esta postura de la administración, que en nada contribuye al cabal desarrollo del Plan de Gobierno de la actual administración de la ciudad, parece ser proyección pública de una visión neoliberal, que sustenta la tercerización y no la estabilidad laboral, al tiempo que, en asuntos de administración interna, facilita el detrimento patrimonial de la Empresa, permitiendo su arrinconamiento en el mercado, y con ello, la reducción de sus ganancias, lo que daría pie para sustentar la necesidad de venderla a operadores privados.

De esta manera, el dilema entre lo público y lo privado prosigue con la actual administración, la que en otros sectores de la economía capitalina optó por defender y recuperar para todos lo que es de todos. Lo extraño es por qué se pierde tiempo y oportunidad de avanzar y ahondar tal senda, entablando un diálogo amable con los trabajadores/as de la ETB, y enviando así un nuevo mensaje a toda la ciudadanía de que la hora de lo público llegó a la ciudad.

Para conocer la opinión de los trabajadores sobre este conflicto laboral, nos encontramos con Janeth Zabaleta, presidenta de Sintrateléfonos, que como nota por destacar, es la segunda mujer que en los 75 años de historia de esta organización sindical, se ha hecho cargo de esta responsabilidad, después de su fundadora Rosa Tulia Gómez.

Carlos Valbuena (CV). ¿Cuáles son los puntos de mayor tensión en la presente negociación?

Janeth Zabaleta (JZ). Este pliego tiene dos focos principales: fortalecer la ETB como empresa moderna, que preste el servicio de telecomunicaciones a todos los sectores que habitan la ciudad, y estabilidad laboral. Se deben rescatar áreas en vías de tercerización –o tercerizadas– que desmejoran notablemente el servicio. Esta situación, promovida por la administración de la ETB va en contravía del artículo 17 del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", donde se habla de la promoción del empleo formal en el sector público del Distrito.

CV. ¿Qué dificultades se presentan en la negociación e impiden su avance?

JZ. Habíamos acordado entre las partes, el pasado 21 de enero, un acta para iniciar el proceso, pero lamentablemente ese mismo día el presidente de la empresa, Saúl Kattan Cohen, publicó un comunicado en El Tiempo en donde dice que los estados financieros de la empresa se verán seriamente afectados por este pliego. Dijo eso cuando ni siquiera se habían sentado con nosotros para conocer el pliego de peticiones.

Es incomprensible esta actitud. Para nosotros nuestro pliego no es sólo económico, es un pliego reivindicativo que debe ayudar a fortalecer la Empresa en la medida que las telecomunicaciones le lleguen a toda la ciudadanía, reduciendo la brecha digital, garantizando con ello su derecho a la comunicación y a la información.

CV. Sabiendo que el actual pliego retoma la lucha contra la privatización de ETB, ¿nos puede recordar algunos de los momentos vividos en esa lucha?

JZ. Desde las alcaldías de Mockus y Peñalosa se empezó a buscar la llegada del capital privado a través de la venta de acciones y la entrada de un socio estratégico. La Empresa no ha sido privatizada porque el sindicato y la comunidad nos resistimos. Por ejemplo, en el año dos mil Peñalosa quiso venderla por un monto de dos billones de pesos, cifra que para hoy –con los aportes generados desde ETB para el Plan de Desarrollo– está superada. Y seguimos con la empresa.

Por su parte Antanas Mockus sacó en el 2003 una declaración de socio mayoritario, en la que hizo una distribución desigual y totalmente desproporcionada en la representación de los socios minoritarios en la Junta Directiva de ETB (estos representan un 12 por ciento, mientras el Distrito cuenta con el 88 restante), y por arte de magia –y a pesar de su pequeña proporción– les entregó a los socios minoritarios 2 de los 7 puestos principales en la Junta Directiva. Pero no sólo esto, cualquier decisión trascendental que tome la Junta debe contar con seis de los 7 votos. Increíble. Pero además, les otorgó poder de veto.

Un ejemplo de este poder de los privados minoritarios en las decisiones que afectan el patrimonio público vía tercerización: en el año 2010 se aplicó un plan de retiro voluntario para 750 trabajadores. Un plan inconveniente para la ciudad y para la Empresa, toda vez que retiraba a experimentados trabajadores de planta sustituyéndolos por tercerizados que difícilmente se apropiarán de la misión de la Empresa. Esta decisión, errada, fue declarada por la Contraloría como detrimento patrimonial por 64 mil millones de pesos.

No se puede permitir que esto prosiga. Y ahora tenemos la ocasión para que así sea: el 13 de mayo vence esa declaración de socio mayoritario, y debemos trabajar para lograr su reforma, pues favorece a los accionistas privados que representan grupos financieros y de pensiones, excepto la Universidad Distrital quien de esta manera recibe un aporte para la educación pública desde la administración central.+

CV. ¿Cómo entender dos vías contrarias en un mismo gobierno: por una parte la Alcaldía, que en su Plan de Desarrollo tiene una política para el fortalecimiento de lo público y la estabilidad laboral en el Distrito, y por la otra la ETB que no aplica esa política?

JZ. Así es. Desde el inicio de su gestión el alcalde Petro va por la izquierda mientras la administración de la ETB lo hace por la derecha. Prueba de ello es que la gerencia de la Empresa no se ha comprometido con solucionar los problemas derivados de la implementación de la tecnología Siebel del Customer Relationship Management tecnología que debe responder por el 95 por ciento de la atención en los Call Center. Llevamos más de un año denunciando problemas generados por esta tecnología: facturas de estratos altos que pasan como populares, demora en el traslado de datos o de líneas, llamadas a larga distancia sin facturar, entre otras. En medio de esta situación hemos conocido que hay personas que las rotan mucho en los Call Center y les dicen a los usuarios que se cambien a otros operadores, como Claro.

CV. Una actitud para acabar a la ETB...

JZ. Sin duda. Y sus consecuencias impiden consolidarla como patrimonio de los bogotanos/as, contribuyendo a su detrimento patrimonial. Mire, producto de estos errores y mala administración, de acuerdo al Ministerio de las Tic´s, entre el primero y el segundo trimestre de 2012, se retiraron cerca de cincuenta mil usuarios de banda ancha. Para mitigar este problema, como trabajadores, le hemos propuesto a la Empresa hacer jornadas cívicas, de cara a la comunidad, pero no escuchan.

CV. ¿Son consecuencia de una mala gestión que también se manifiesta en temas como la tercerización...?

JZ. Es claro. En el tema de la tercerización también la administración de la Empresa tiene un enfoque diferente al propuesto en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana". Por medio de la tercerización se desmejoran las condiciones de quienes prestan el servicio del parque automotor de ETB. En este momento los contratan por tres meses, pero además, sino cumplen las 48 horas de trabajo semanal, les descuentan del sueldo. ¿Quién se beneficia con esto? No hay duda, las empresas que intermedian, pues se quedan con las ganancias generadas por estos trabajadores. Hemos denunciado a la empresa "Seleccionemos", propiedad de Fernando Cepeda y su familia, como lo reportó Noticias Uno. Ahora estamos atentos de la empresa "Conexiones Laborales" que desmejoró las condiciones laborales de 320 conductores.

Los trabajadores tercerizados se multiplican. Mientras los vinculados directamente a ETB suman 2.750, los que laboran a través de terceros se acercan a 8.000. Miren, mientras 2.250 convencionados nos llevamos el 52 por ciento de la nómina, el restante 48 por ciento prácticamente se lo llevan 480 trabajadores, entre ellos, lógico, la administración, que cuenta con privilegios y prevendas especiales, como la prima de compensación variable que hasta el año 2007 iba por más de 22 mil millones pagado con detrimento patrimonial para ETB. ¿No sería mejor destinar y usar este dinero para contratación directa? ¿Esto no sería equidad?

CV. ¿Qué significa esta empresa para los bogotanos y qué opciones tiene dentro de un modelo público con sus diferentes propuestas y alianzas?

JZ. Como empresa de los bogotanos, la ETB brinda muchas posibilidades. Por ejemplo, al hablarse en el actual Plan de Desarrollo de un gobierno digital, corresponde a ETB, como operador público, liderar, proponer y prestar los diferentes servicios para que los ciudadanos –apoyados en medios virtuales y de comunicación– participen y gestionen con mayor eficacia, e incluso puedan enfrentar el tema de la corrupción.

Para hacer esto posible, se avanza con la implementación de la fibra óptica en las comunidades, arrancando por Suba. Los estudiantes podrán satisfacer de manera adecuada su derecho a la comunicación y a la información, acceder a una visión crítica del panorama mundial. Como empresa de telecomunicaciones de Bogotá, hemos sido los pioneros ante la Secretaría de Educación de la Red P.

Sobre las alianzas. Sin duda, ETB debe hacer una alianza estratégica con otros operadores públicos para buscar la asignación directa del espectro de cuarta generación, y así consolidar su viabilidad como empresas públicas en un sector tan dinámico y estratégico. Otras iniciativas: el endeudamiento 300 millones de dólares con la emisión de bonos, que salió el 10 de enero, y el proyecto de ampliar nuestra red con fibra óptica al hogar. Se quiere que en todas estas iniciativas los trabajadores lideren.

Para terminar, le decimos al alcalde Petro que este sindicato está comprometido con la implementación del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", por tal razón pedimos que la administración de ETB reflexione en la postura política y que, además de esto, le dé un tratamiento a todos los ciudadanos acorde al Plan de Desarrollo, porque si algo hemos evidenciado en estos meses del nuevo gobierno es que la administración de ETB dice muchas cosas, pero lo realizado es mínimo.

Pero nosotros persistimos, apenas resolvamos este conflicto con la administración de la Empresa, invitaremos a la sociedad a un foro para ver qué vamos a hacer con esta empresa, patrimonio colectivo.

“La reforma sitúa el salario mínimo como suelo de la contratación al eliminar la ultraactividad de los convenios”

Domingo 19 de Febrero de 2012. Número 167 Número 168

El gobierno conservador de Mariano Rajoy decretó una reforma laboral que incluye la decisión de abaratar el despido para todos los contratos fijos, con el argumento de fomentar el empleo en España. La medida provocó la protesta instantánea por parte del movimiento 15-M, que fue reprimido anoche a las puertas del Congreso.
 

El líder del Partido Popular (PP) había adelantado en Bruselas en una conversación off the record que la medida le costaría una huelga general.
 

“Esta reforma estructural marcará un antes y un después en la legislación laboral española”, aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Las declaraciones fueron formuladas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la medida. La nueva reforma, decimosexta de la democracia, llega en medio de un desempleo histórico que afecta a 5,4 millones de personas, el 22,85 por ciento de la población económicamente activa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
 

Los sindicatos mayoritarios y el movimiento de los indignados convocaron a protestas en distintas ciudades de España para oponerse a la reforma laboral de Rajoy, que consideran recorta derechos de los trabajadores. El ministro de Economía español, Luis de Guindo, había anticipado el jueves en Bruselas que la reforma iba a ser extremadamente agresiva, en una conversación con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. La nueva reforma, que entrará en vigor el lunes y tendrá que ser convalidada después por el Parlamento, simplifica los contratos fijos, de dos a uno, eliminando el contrato con indemnización de 45 días por año trabajado hasta 42 meses en los despidos improcedentes.
 

De esta forma, regirá un único contrato indefinido, con 33 días de indemnización por año trabajado hasta un máximo de 24 meses.
 

“Queremos hacer la contratación indefinida más atractiva”, argumentó la ministra de Empleo española, Fátima Báñez, quien calificó la reforma de histórica. Según dijo, así combate la temporalidad y la rigidez del mercado laboral español. La última reforma laboral, aprobada durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2010, ya había generalizado el contrato con indemnización de 33 días en detrimento del de 45 días. Pero esta vez la medida no afectará sólo a los contratos que se hagan a partir de la reforma, sino también a los que cuenten con un contrato en vigor. Así, en caso de despido, en la indemnización quedarán reflejados los años acumulados en uno y otro sistema.
 

“Se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores. Habrá un doble nivel en caso de despido”, explicó la ministra de Empleo.
 

Además de esta vía, también se facilita el despido procedente por causas objetivas, con indemnización de 20 días, al que pueden recurrir las empresas con problemas económicos.
 

A partir de ahora, podrán recurrir a él las empresas que registren pérdidas o caída de los ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, es decir aun teniendo beneficios, y eliminando el requisito de control judicial. Según Soraya Sáenz de Santamaría, el principal objetivo de la reforma es facilitar la contratación de nuevos trabajadores, en especial los jóvenes, los desempleados de larga duración y personas con mayores dificultades. De ahí que anunciara en primer lugar la creación de un nuevo contrato indefinido para pymes, que constituyen el 95 por ciento del tejido productivo, de hasta 50 trabajadores que tendrá una deducción fiscal de 3000 euros por la contratación de menores de 30 años. Además, el trabajador podrá compatibilizar el 25 por ciento del subsidio por desempleo con el nuevo sueldo, mientras que a la empresa se le podrá deducir el 50 por ciento durante un año. También se bonificarán con hasta 3600 euros la contratación de menores de 30 años y con 4500 euros la contratación de desempleados de larga duración.
 

Otra novedad importante es que se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de 24 meses, como medida para luchar contra la elevada temporalidad y la dualidad del mercado laboral español.
 

Cientos de indignados, junto con organizaciones madrileñas como los sindicatos CGT, Solidaridad Obrera y CNT Villaverde se manifestaron en la Puerta del Sol contra las medidas de ajuste. “Hace falta ya una huelga general”, fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, que se preguntaban por los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT. “Dónde están, no se ven, comisiones y UGT”, gritaban unos, y otros respondían: “Yo lo sé, yo lo sé, están con la patronal”.
 

Por la noche, un grupo de cincuenta personas abandonó el lugar y se dirigieron hacia el Congreso, donde la policía antidisturbios les cercó el camino y embistió contra alguno de ellos. Se registraron al menos tres detenidos, al tiempo que la policía dejó toda la zona del Congreso vallada. Las autoridades atinaron a justificar la represión porque la manifestación se produjo sin aviso previo.
 

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