El paro sigue siendo un lastre para Estados Unidos, el factor más negativo en su timidísima recuperación económica. Ayer, el Departamento de Trabajo anunció que la tasa de desempleo se mantenía en 9,6% y sobre todo que durante el mes de septiembre la economía había perdido 95.000 puestos de trabajo, mucho peor de lo que se esperaba. Esto parece anticipar que la Reserva Federal, cuando se reúna a primeros de noviembre, tomará medidas para tratar de frenar el descalabro.

Al comentar la cifra del desempleo, el presidente estadounidense, Barack Obama, insistió en la creación de puestos trabajo (65.000) en el sector privado "por noveno mes consecutivo", dato que sin embargo no consiguió compensar la pérdida en el sector público, debido al fin de las contrataciones temporales para elaborar el censo y sobre todo a los despidos públicos de las administraciones locales y federales que se han quedado sin fondos.

Mercado laboral frágil


"Los despidos hubieran sido mucho peores de no ser por las medidas que implementamos, que han sido tan criticadas por los republicanos", dijo el presidente durante un acto en una fábrica de cemento en Maryland. El de ayer era el último informe antes de las elecciones legislativas de noviembre y no facilita la tarea a los demócratas.

El mercado laboral estadounidense sigue siendo muy frágil 15 meses después del final "oficial" de la recesión. La tasa de desempleo se ha mantenido por encima del 9% desde mayo del 2008, el período más largo en un cuarto de siglo.

La debilidad del mercado laboral probablemente impulsará a la Reserva Federal a tomar nuevas medidas para estimular la economía. La mayoría de los economistas prevé que el banco central, en su reunión del mes próximo, decidirá comprar bonos de deuda pública para reducir las tasas de interés y estimular el crédito.
División en la Fed

No hay acuerdo entre los responsable de la Reserva Federal sobre las medidas a tomar. Algunos están en contra de actuar de nuevo, pese a que su director, Ben Bernanke, anunciara en contadas ocasiones que haría "todo lo necesario" para evitar una nueva recesión.

"Va a ser una decisión difícil", declaró ayer a la cadena financiera CNBC, el director de la Fed de Sant Louis, James Bullard. "Todavía se puede pensar que la economía mejorará por si sola en 2011, alcanzado los niveles de inflación previstos para ese año, sin tener que tomar todos estos riesgos, con una nueva adquisición de bonos", dijo Bullard.

Paradójicamente, el dato, bastante peor que el que habían anticipado los analistas, pasó relativamente desapercibido en Wall Street, donde el Dow Jones superó la marca de los 11.000 puntos por primera vez desde el pasado mayo, influido en parte por la publicación el día anterior de los resultados del fabricante de aluminio Alcoa, que redujo sus pérdidas hasta los 4 millones de dólares en lo que va de año.

ISABEL PIQUER NUEVA YORK 09/10/2010 08:00
Publicado enInternacional
Miércoles, 26 Agosto 2009 20:02

Jurisprudencia, abusos y CTA

En Colombia se cuentan 12.271 CTA registradas. A finales de julio, la Superintendencia de la Economía Solidaria conminó con cierre a 7.741 de ellas. Estas “cooperativas” regulan y burlan los derechos de 500 mil trabajadores, los cuales no tienen posibilidad de asociación, negociación y huelga, y trabajan en precarias condiciones laborales. Fuente de toda clase de violaciones a los derechos de los trabajadores, la suerte final de todas ellas debiera ser su cierre.

Las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) no tienen razón de ser. Así se muestra en la Sentencia T-550 de 2004, por lo cual debieran desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano. De hecho, y con sustento legal, se han convertido en la fuente principal de violación de las normas laborales, constitucionales e internacionales; han contribuido de manera sistemática a la flexibilidad y la precariedad laboral, favorecido la disminución del derecho de sindicalización y de contratación colectiva.

Reglamentadas por el Decreto 4588 de 2006 y la Ley 1233 de 2008, esconden una verdadera relación laboral bajo la existencia de engañosos contratos cooperativos. Su objetivo, entre otros, es intermediar una relación laboral ante empresas públicas y privadas, eludiendo las unas y las otras claros derechos laborales de sus trabajadores, incumpliendo tanto el régimen laboral colombiano como las normas internacionales del trabajo dictadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente el Convenio 87 relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.

Es tan visible el drama que afrontan cientos de trabajadores vinculados a estas seudocooperativas, especialmente las mujeres, que, en sus peticiones ante el Estado y ante organismos internacionales, las centrales obreras exigen, no su control y remozamiento sino su total eliminación. ¿Quién no tiene un amigo o familiar que no haya sido tumbado en sus prestaciones por una CTA o una de sus empresas satélites de mampara?

Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, declaró en mayo pasado ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT: “Un caso de violación total al Convenio 87 son las Cooperativas de Trabajo Asociado, que durante este gobierno se han quintuplicado a pesar de las múltiples observaciones de los expertos y de esta comisión. Hoy en Colombia tenemos más de 500 mil trabajadores bajo esta figura, sin derechos de asociación, negociación y huelga, y en precarias condiciones laborales”.

Es tal la burla de las propias normas que las regulan en materia de intermediación laboral, que el 28 de mayo pasado “10 cooperativas de Trabajo Asociado y cuatro Empresas Sociales del Estado fueron sancionadas con más de 278 millones de pesos por no cumplir con las funciones establecidas en el Decreto 4588 de 2006 y en la Ley 1233 de 2008” (en: www.consultorsalud.org).

A finales de julio, ante el anuncio de la Superintendencia de la Economía Solidaria de conminar con cierre a 7.741 CTA (de las 12.271 registradas en las Cámaras de Comercio del país, es decir, el 63 por ciento) por incumplir las normas legales (ver listado en www.supersolidaria.gov.co), las centrales sindicales las rechazaron de consuno.

Este dato contrasta con el escaso número de sanciones proferidas entre 2008 y 2009 (239) por las autoridades correspondientes, según se desprende del informe que presentó el Gobierno al Congreso en julio pasado:

Son tantos los abusos presentados en las CTA y sus empresas asociadas, que las tutelas se han convertido en mecanismo para atajar los atropellos laborales, pero en realidad la mayoría de los jueces constitucionales no determinan soluciones efectivas al decidir vías judiciales como la ordinaria, que trunca cualquier reclamación urgente y vital, o al señalar el camino de la conciliación laboral, convertida en muchos casos en una burla más ante el incumplimiento de derechos laborales, hablando eufemísticamente de “bonificaciones”.
Sólo en algunos casos, y por vía de revisión en la Corte Constitucional, se presentan protecciones al derecho al trabajo y las relaciones laborales, pero de manera indirecta, como se ve en el recuadro.

Sentencia tras Sentencia

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-211 de 2000, reafirmó la constitucionalidad de las CTA dentro del campo cooperativo, y la de sus afiliados como socios relacionados con la entidad bajo acuerdos cooperativos y no laborales. Esta Sentencia separó tajantemente los conceptos de la relación cooperativa, propiamente dicha, y el de la relación laboral, que, al ser comprobables, se protegería. Señaló que no se pueden aplicar las normas laborales a los socios sin analizar las condiciones de auténtica subordinación en que los socios voluntarios ingresan en estas cooperativas.

La sentencia se refiere a la definición y las características de las CTA, y esclareció los siguientes conceptos, pero sin señalar todavía una amplia protección a la relación laboral disimulada, ya que se trata de una sentencia fundadora, repleta de conceptos y principios:

•    Inaplicación de normas laborales a los asociados de la cooperativa o cooperados.
•    Relación de trabajo distinta de la de asalariados.
•    Asunción de riesgos, ventajas y desventajas de la actividad cooperativa.
•    Exclusión de trabajadores asociados de la legislación laboral.
•    Principios mínimos del trabajo sólo a trabajadores contratados por la propia cooperativa en sus actividades administrativas.
•    Las controversias entre cooperados y cooperativas deben resolverse por los procedimientos arbitrales o la vía ordinaria.

Luego la Corte, en la Sentencia T-445 de 2006 y más recientemente en la T-504 de 2008, confirma los postulados señalados anteriormente, y aclara diversas posturas de otras sentencias referidas a la existencia o no de relaciones laborales entre los cooperados y las CTA cuando éstas les prestan servicios a empresas e instituciones con su personal asociado.

Se deduce de lo anterior que la Corte interviene y aclara su línea jurisprudencial con casos concretos, seguramente debido al inusitado crecimiento de estas precarias modalidades de contratación laboral en los últimos años, así como por la proliferación de acciones de tutela que interponen los trabajadores que ven burladas sus prestaciones laborales y por las denuncias de las organizaciones sindicales.

Otras sentencias, entre 2000 y 2005, reafirman la autonomía, la libertad y la voluntariedad de la relación contractual del trabajador con la cooperativa, mas no la probable existencia de un contrato realidad, y protegen vía tutela el derecho al trabajo de manera indirecta y en conexidad con otros derechos fundamentales en riesgo:

•    Afectación del mínimo vital.
•    Estabilidad reforzada de la mujer en embarazo en caso de despido de la empresa que contrata con la respectiva CTA o terminación del contrato por supuesta terminación del contrato con aquélla.
•    Debido proceso laboral en casos de detenciones preventivas.
•    Solidaridad y responsabilidad de las CTA frente a despidos de trabajadores discriminados por problemas de salud.

Si bien en la Sentencia T-190 de 2005 no se demostró subordinación e indefensión laboral, la Sentencia T-873 de 2005 dice que la existencia de la relación entre cooperados y cooperativa mediante contratos cooperativos, no necesariamente excluye la existencia de una verdadera relación laboral.

En cuanto a las características constitucionales y legales de la relación laboral, valga decir, “desarrollar una actividad personal en estado de subordinación y recibir una remuneración por ella”, en la Sentencia T-002 de 2006 se indicaron como elementos esenciales para reconocer la existencia de un contrato realidad aunque exista un contrato cooperativo formal, lo cual se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución Política y en los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

En la Sentencia T-445 de 2006, se indicaron tres “elementos que pueden conducir a que la relación entre el trabajador asociado y la cooperativa sea subordinada”, y por tanto se declare un contrato realidad y se ordene la aplicación de las normas laborales:

•    El hecho de que, para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene derecho el cooperado, éste haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó.
•    El poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo.
•    La sujeción por parte del asociado a la designación que la cooperativa haga del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará.

De ser así, el cambio y la reafirmación constitucional de 2006 a la fecha implicaría que las CTA se han desnaturalizado de tal manera o han sido utilizadas para ocultar relaciones de trabajo dependiente, disminuir costos laborales a las empresas y al Estado, eludir responsabilidades prestacionales e impedir la organización sindical de grandes capas de asalariados, y por consiguiente deberían declararse injustificadas por ser contraria su actividad a la Constitución colombiana y también a las normas internacionales del trabajo, pues su existencia y su proliferación se debe precisamente a que esas son su naturaleza y su esencia: una modalidad neoliberal de flexibilización laboral que condena a Colombia y sus trabajadores a una existencia subdesarrollada y precarizada.

La sola violación de los mandatos cooperativos, que ya los jueces de tutela señalan como indicadores de la existencia de los contratos realidad, especialmente en cuanto al cumplimiento de los estatutos respecto a todos los asociados, debería ser suficiente para declarar su impertinencia: la inmensa mayoría de demandantes de la vía extraordinaria de amparo denuncian falta de libertad de asociación y retiro, no participación en decisiones e instancias; y no recibimiento de aportes, beneficios, compensaciones o distribuciones de utilidades, es decir, de abusos y arbitrariedades que excluyen a los socios, excepto al pequeño grupo promotor y controlador de la administración de las CTA, gran parte ex funcionarios o intermediarios de las propias empresas contratistas.

Todo ello a pesar de que ya en la Sentencia T-550 de 2004 (y ratificado en la Sentencia T-063 de 2006) se vislumbraba el principio orientador del contrato realidad, pero que es inaplicado por la judicatura al resolver acciones de tutela y significa un hito drástico en la orientación de la jurisprudencia, al reconocer el tercer elemento de la relación laboral, ya que gran parte de las decisiones judiciales al respecto alegan que, pese al trabajador recibir órdenes y cumplir horarios en la empresa satélite, no recibía directamente el estipendio y, por tanto, no se probaba la existencia de un contrato de trabajo, dándole un trato ‘civil’ a una realidad eminentemente laboral:

…cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios, y la relación con el tercero surge por mandato de la Cooperativa.

Sin duda, las CTA debieran desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano; se han convertido en fuente principal de violación de las normas laborales constitucionales e internacionales, han contribuido de manera sistemática a la flexibilidad y precariedad laboral, y favorecido la disminución del derecho de sindicalización y contratación colectiva. Su mantenimiento riñe con la existencia del trabajo decente en el país decente al que debemos aspirar todos los colombianos.

*    Socio y actual vicepresidente del consejo directivo de la Escuela Nacional Sindical, socio del Club del Técnico Electrónico e Informático de Medellín, investigador y asesor laboral.
Publicado enEdición 149
Su trabajo de abogado laboralista es ingrato en un país donde los sindicalistas son objetivo prioritario de los paramilitares. A pesar del miedo que le embarga, Suárez afirma que Colombia no tardará en salir de la época oscura en la que se encuentra.

¿Cuántos sindicalistas fueron asesinados en 2008?
43, que deben ser sumados a los 2.700 que han muerto en los últimos 25 años por acciones de paramilitares. La presión internacional ha logrado que la fiscalía inicie investigaciones para esclarecer los casos y que se haya creado un cuerpo especial para estudiar estos crímenes. Con todo, la impunidad supera el 95%, ya que hasta hoy se han juzgado sólo 48 casos y la mayoría de los imputados son absueltos. El paramilitarismo es terrible. Aún no conocemos su final.
Pero el Gobierno asegura que acabó con el proceso de desmovilización abierto en 2005.
Se dice que se desmovilizaron 30.000, pero la realidad es que muy pocos de ellos se incluyeron en el proceso. La mayoría de ellos regresó a la ilegalidad con el nombre de su grupo cambiado. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se llaman ahora Águilas Negras.

El asesinato de sindicalistas se ha convertido en el gran obstáculo que tiene Uribe para arrancar la firma del Congreso de EEUU al Tratado de Libre Comercio (TLC). ¿Perciben algún cambio en el Gobierno colombiano para acabar con la impunidad de esos crímenes?
La centrales obreras colombianas viajaron a Washington para denunciar esta situación. Once senadores mandaron una carta a Álvaro Uribe mostrando su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia. Uno de los firmantes de la misiva era Barack Obama.

¿Qué esperanzas albergan de la nueva Administración estadounidense?
Esperamos que presione a mi Gobierno para que cesen las acciones que violan los derechos humanos.

Algunas organizaciones sociales han denunciado que el Gobierno reacciona a sus críticas con falsas acusaciones de apoyar a las FARC, lo que les pone en el punto de mira de los paramilitares, ¿coincide con estas apreciaciones?
Absolutamente. Uribe intenta con sus falsas imputaciones estigmatizar a un movimiento civil que lucha por las mejoras laborales, por la seguridad social, por una educación digna, por una sanidad, por el respeto a los derechos indígenas sobre la tierra y el medio ambiente. En Colombia quien critica a Uribe es tildado de cómplice de la guerrilla.

El pasado año fue especialmente conflictivo en Colombia a nivel laboral. Hubo huelgas sindicales y manifestaciones multitudinarias contra la política económica del Gobierno. ¿Comienza el conflicto social a desplazar a la guerra?
Nosotros esperamos que la justicia de las protestas sociales hagan variar la posición del Gobierno. Pero Colombia es un país muy especial porque el Gobierno es dueño de los principales medios de comunicación. Lógicamente, esto influye negativamente en el nivel de conocimiento político de la sociedad. Somos un país desinformado, sin contraste. El pueblo está cansado del conflicto y el discurso guerrerista de Uribe se agotó. Ahora somos cada vez más los que estamos al margen del enfrentamiento armado y exigimos mejoras laborales, justicia para todos. Democracia, pues.

¿Cuál es la realidad económica de Colombia?
Mientras el Gobierno invierte casi el 5% del PIB del país en defensa, el sistema de salud, la educación pública o las infraestructuras del país están cada vez peor. Hay colectivos, como el de recolectores de caña de azúcar, que viven en un régimen semiesclavista. Las transnacionales no saben lo que es la responsabilidad social corporativa. Los servicios públicos están privatizados. No existen los convenios laborales. No está permitida la libre sindicación. Bajo la máscara de la guerra a las FARC, el Gobierno esconde un sistema muy poco democrático en cuestiones laborales y económicas. Y lo peor es que los medios de comunicación lo amplifica.

¿Tan difícil resulta que la lucha sindical tenga un espacio en los periódicos?
Sí, claro. El gran diario del país tiene vinculación con el vicepresidente del Gobierno. Un ejemplo fue la Minga indígena de noviembre una marcha de miles de campesinos en demanda de sus tierras ancestrales comenzó a tener repercusión real cuando el Ejército mató a varios de ellos.

Al poco tiempo de llegar al poder, Uribe realiza una reforma laboral para aumentar el rendimiento productivo en el país y crear empleo favoreciendo la inversión internacional. ¿Qué resultados ha obtenido?
Desde el punto de vista del trabajador, el resultado ha sido nefasto. Se han destruido miles de empleos, se rebajó el coste del despido, se aumentó la jornada laboral, se ha bloqueado el estatuto del trabajador, el propio Estado contrata sin protección social de ningún tipo.

Sin embargo, todo el mundo habla de Colombia como un país sólido para la inversión porque su economía está preparada para encarar la crisis global.
La economía colombiana creció hasta 2007, pero no tuvo repercusión sobre el empleo ni sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos. Las transnacionales españolas, sobre todo los bancos, han ganado cantidades astronómicas que ya las han girado fuera del país.

¿Cómo afectará la crisis en Colombia?
Mi impresión es que será dramática. Sólo la oligarquía tradicional será favorecida y las clases medias perderán poder adquisitivo.

¿Tiene usted miedo?
Todos los que trabajamos en el mundo sindical y defendemos los derechos humanos tenemos miedo. Salimos de casa, pero no sabemos si regresaremos.

Gorka Castillo
El presidente de los abogados colombianos denuncia que los asesinatos de sindicalistas continúan pese a las promesas del Gobierno
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