El capitalismo estancado y la ilusión de la ruptura tecnológica

Con motivo de la publicación, en noviembre de 2020, del libro de Jason E. Smith, Smart Machines and Service Work, Tony Smith entabló un diálogo con él con el fin de explicar su enfoque sobre las innovaciones tecnológicas y el modo en que reconfiguran o no el capitalismo.

Ni tecno-utopía ni tecno-distopía, Jason E. Smith muestra la naturaleza en gran medida ilusoria de la idea de una «ruptura tecnológica», compartida tanto por los apologistas como por los críticos de las nuevas tecnologías. Este mito no sólo enmascara el estancamiento económico y el caos social, sino que también nos distrae de la cuestión -que el autor plantea aquí- de las nuevas formas de organización y de lucha de los trabajadores.

Tony Smith – En primer lugar, felicidades por la publicación de Smart Machines and Service Work. Es uno de los mejores libros sobre las consecuencias sociales del cambio tecnológico que he leído, mucho más perspicaz que los libros sobre tecnología que reciben tanta atención en la prensa convencional.

Muchos de estos libros defienden el tecno-utopismo, argumentando que, si esperamos un poco más y ponemos en marcha las políticas adecuadas, las tecnologías avanzadas desencadenarán una nueva era de crecimiento y prosperidad. Otros adoptan una posición tecno-distópica, prediciendo niveles de desempleo tecnológico y caos social sin precedentes. ¿Cómo definiría su posición en relación con estas alternativas?

Jason E. Smith – Ambas están equivocadas. Ambas parten de la base de que las economías capitalistas avanzadas están experimentando, o están a punto de experimentar, una profunda transformación impulsada por las máquinas, cuyo principal efecto será un aumento repentino de la productividad del trabajo y del crecimiento económico. Los «tecno-distópicos» hacen hincapié en las probables consecuencias sociales catastróficas para la estratificación de clases y los mercados laborales: una exacerbación de la desigualdad de ingresos y, sobre todo, el desempleo «masivo».

En mi libro me centro en esto último. Los episodios de desempleo masivo no son el resultado del cambio tecnológico, sino del colapso económico. Si se produjera una resucitación robusta y automatizada de las economías de renta alta, la evidencia histórica sugiere que habría una trayectoria totalmente diferente. Sería de esperar que se produzcan trastornos temporales en el mercado de trabajo, ya que se revisan los procesos de trabajo, se redefinen los puestos de trabajo, se reasigna la mano de obra de los sectores de alta productividad a los más intensivos en mano de obra, se crean industrias totalmente nuevas y se imponen nuevas divisiones del trabajo (tanto sociales como técnicas). Surgiría una nueva composición de clase, con nuevas estratificaciones de competencia, género, raza o ubicación.

En Estados Unidos, basta con remontarse al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta aproximadamente 1965 o 1970 -lo que yo llamo «Automatización 1.0»- para encontrar este patrón. Ciertamente, a largo plazo, esta transformación conduciría con toda probabilidad a un aumento del desempleo, ya que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo serían empleos de servicios mal pagados, especialmente de servicios personales. Miseria y descalabro para muchos, sin duda. Pero la transformación tecnológica radical de las economías avanzadas no está en marcha ni es inminente.

Las afirmaciones de que estas economías están al borde de una ruptura tecnológica proceden principalmente de las facultades de empresariales o de «gestión», y de Silicon Valley. A continuación, los periodistas y los comentaristas las canalizan, las repiten y las repiten. Se acompañan de palabras de moda: «segunda era de las máquinas», «tercera revolución industrial», «industria 4.0», etc. Esta exageración se extiende a la izquierda y se asocia con planes especulativos sobre la UBI (renta básica universal) o incluso con propuestas de «nacionalizar» las plataformas de redes sociales. Estas proyecciones se realizan en un contexto de crisis implacable (en 2018, el Banco de Inglaterra pudo anunciar que la economía británica había «sufrido la peor década de crecimiento de la productividad desde el siglo XVIII»).

La retórica que ha surgido y se ha consolidado en torno a la automatización puede interpretarse como parte de una iniciativa más amplia para alimentar una burbuja bursátil sin precedentes en la historia, alimentada principalmente por un puñado de los llamados valores tecnológicos o de Internet (los acertadamente llamados valores «FAANG»: Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet-Google). La historia de la innovación de la última década se limita principalmente al sector financiero y a la política monetaria: recompras de acciones (800.000 millones de dólares en 2018), tipos de interés casi nulos, endeudamiento masivo de las empresas privadas, ciclo tras ciclo de flexibilización cuantitativa [la llamada política monetaria no convencional]. Los tsunamis de dinero barato llegaron a las economías más ricas del mundo, gran parte del cual se gastó en inmuebles urbanos. Con el inicio de la pandemia, recibimos una nueva dosis de “King Kong”, que llevó a los mercados bursátiles a máximos históricos, mientras sectores económicos enteros cerraban y decenas de millones de trabajadores estadounidenses perdían sus empleos.

Estas ficciones del cambio tecnológico son de vital importancia para una clase capitalista que se imagina a sí misma como una fuerza histórica progresista, pero que preside una economía profundamente estancada, pasando de una profunda crisis a otra. Esta clase se presenta a sí misma como una fuerza histórica disruptiva, incluso anárquica, cuyas extraordinarias innovaciones plantean problemas (el crecimiento explosivo de la productividad que hace que la mitad de la mano de obra sea superflua, etc.) que sólo ella puede entender y resolver (con el UBI, una garantía de empleo, quizás un New Deal verde..). No es de extrañar que la palabra de moda de la década haya sido «inteligente» (teléfonos inteligentes, casas inteligentes, fábricas inteligentes, coches inteligentes y ciudades inteligentes), un término que refleja la autoestima de quienes lo inventaron. Sin embargo, esta gente se enriqueció con las burbujas inmobiliaria y bursátil.

No nos equivoquemos, vivimos en una época de «caos social», por utilizar su término: de polarización y fragmentación social, de aumento de la deuda y falta de crecimiento, de mercados laborales rotos y de conflictos de clase agudos pero fragmentados e incoherentes. Smart Machines and Service Work intenta tomar la medida de este creciente desorden y ofrecer una explicación diferente de por qué estamos atrapados en él.

Tony Smith – La mayoría de la gente piensa que vivimos en una época de cambios tecnológicos sin precedentes. Sin embargo, en su libro habla de «inercia tecnológica sostenida». ¿Qué quiere decir con esta chocante expresión?

Jason E. Smith: En su mayor parte, los tipos de avances tecnológicos que han tenido lugar durante la última década o más son irrelevantes desde una perspectiva macroeconómica, ya sea el crecimiento de la productividad laboral, el empleo, las tasas de inversión, el crecimiento del PIB o cualquier otra cosa. No es casualidad que la consolidación de esta retórica de la automatización inminente (el aprendizaje automático, la gobernanza algorítmica, la revolución de las plataformas, la economía «colaborativa») haya coincidido con el repentino ascenso de empresas como Facebook, Apple, Alphabet, Amazon, Alibaba y Tencent.

A mediados de la década, estas empresas habían consolidado su estatus de líderes bursátiles -sus valoraciones desorbitadas superaban con creces a las antiguas transnacionales de la banca, el petróleo, las farmacéuticas y el automóvil-, al tiempo que se insinuaban en el tejido de la vida cotidiana de los consumidores de la clase trabajadora y de la llamada clase media. Las empresas de redes sociales como Facebook y las empresas del monopolio de Internet como Alphabet/Google se pasaron la década prometiendo una revolución de la inteligencia artificial o de los coches autoconducidos, mientras que más del 90% de sus ingresos procedían de la venta de espacios publicitarios a otras empresas (como bancos y fabricantes de coches). Estas plataformas han acumulado enormes beneficios durante la última década creando e imponiendo condiciones de funcionamiento similares a las de un monopolio. Aunque se presentan como empresas tecnológicas, invierten relativamente poco en I+D, pero gastan a manos llenas para aplastar a sus posibles competidores, principalmente comprándolos antes.

El «smartphone» se perfila como la innovación o invento estrella de nuestro tiempo, su «producto estrella». Su ubicuidad, su presencia en las aceras, en las salas de juntas, en las aulas o en la mesa, confirma su condición de emblema de la época. En su mayor parte, se limita a reunir dispositivos más antiguos (el teléfono móvil, el ordenador personal). Al proporcionar acceso a toda una serie de entretenimientos -compras, streaming de música y vídeo, comunicación interpersonal- a través de una única pantalla interactiva, estos dispositivos completan una confluencia que lleva décadas en marcha: la fusión del comercio y la información, el entretenimiento y la sociabilidad, la autoafirmación personal y la vida cívica en una única pantalla LCD (u OLED) sensible al tacto.

Su usuario se debate entre estos registros y los practica todos al mismo tiempo. Su humor oscila entre la diversión inofensiva y la rabia inarticulada. Sin embargo, la pesada mano de las mayores empresas tecnológicas en los mercados bursátiles, combinada con la fuerza e influencia que han desatado en el entretenimiento, el consumo, la identidad personal y el discurso público -todo lo cual ya ha estado erosionando y decayendo durante décadas- ha dado lugar a reivindicaciones por esta tecnología de base que superan con creces su impacto en la forma en que compramos, consumimos medios de comunicación o nos relacionamos con amigos, familiares y desconocidos.

En el lugar de trabajo, estas innovaciones prometían llevar a lo que Paul Mason predijo que sería un «despegue exponencial de la productividad» [en su libro Postcapitalism a Guide To Our Future]. Esto es precisamente lo que no ha ocurrido. En cambio, lo que hemos obtenido son redes de vigilancia y seguimiento cada vez más estrechas, en las calles y en el lugar de trabajo.

Es revelador que los teléfonos inteligentes y las plataformas de medios sociales despegaran en medio de una profunda recesión que nunca llegó a «romperse». El iPhone salió al mercado en vísperas de la crisis financiera de 2008. La forma en que las personas se comunican, obtienen información, ven películas, compran o comparten fotos nunca volverá a ser la misma. Pero la «paradoja de la productividad» de Robert Solow [Premio Nobel de Economía en 1987; nacido en 1924], formulada por primera vez en 1987 – «Se puede ver la era de la informática en todas partes menos en las estadísticas de productividad»- ha resistido la prueba del tiempo. En la última década se ha producido el menor crecimiento de las ganancias de productividad laboral en décadas, incluso en el sector manufacturero. Sin embargo, la ralentización del crecimiento de la productividad del trabajo comenzó ya en 1970, más o menos, al mismo tiempo que debutó el primer microprocesador del mundo, el 4004 de Intel.

Tony Smith – Esto nos lleva a uno de los misterios perdurables de la economía contemporánea, resumido en la frase «estancamiento secular». ¿En qué se diferencia su explicación de la desconexión entre el aparente dinamismo innovador de las últimas décadas y la relativa falta de dinamismo económico de otros que han llamado la atención sobre este fenómeno?

Jason E. Smith – A finales de 2013, cuando la retórica sobre una explosión de la productividad impulsada por la automatización estaba en auge, otro segmento de la clase dirigente de EE.UU. sospesó las cosas con una perspectiva muy diferente. Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Bill Clinton, opinó que Estados Unidos y otras economías capitalistas maduras se enfrentaban a la perspectiva de un profundo estancamiento en el que el alto desempleo, el bajo crecimiento del PIB y el estancamiento salarial podrían persistir mucho más tiempo que las breves recesiones de los ciclos económicos típicos.

Los resultados de la economía estadounidense parecen dar la razón a Larry Summers. El despegue prometido nunca se produjo. La década en la que libros con títulos como Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future (Basic Books, 2016) ocupó el centro del debate público también estuvo marcado por una implacable crisis económica mundial de una escala que no se veía desde la década de 1930. La primera ronda de esta debacle estuvo marcada por una serie de fracasos espectaculares en el sector financiero, con bancos de inversión excesivamente apalancados que colapsaron o fueron comprados por centavos de dólar por empresas menos expuestas. Lo que ocurrió a continuación fue tan previsible como devastador: años perdidos con tasas de desempleo no vistas en décadas, combinadas con la caída en picado de las tasas de participación de la población activa a medida que los trabajadores despedidos abandonaban el mercado laboral (o, en algunos casos, eran reclasificados como «discapacitados»).

Al disminuir la demanda de mano de obra, los salarios de muchos trabajadores se redujeron. A medida que los trabajadores se quedaban sin trabajo, también lo hacía el capital. A lo largo de la década de la crisis, las tasas de utilización de la capacidad instalada, que miden la diferencia entre lo que una economía puede producir y su producción real, alcanzaron los niveles más bajos de la historia de la posguerra, muy por debajo de los de los años de crisis de la década de 1970. El crecimiento del PIB se ha tambaleado, incluso cuando el endeudamiento de las empresas se ha disparado a lo largo de este periodo.

Tanto en EE.UU. como en Europa, surgió un fenómeno que se observó por primera vez durante la «década perdida» japonesa de los años 90: la presencia fantasmal de empresas «zombi» capaces de evitar la ruina refinanciando constantemente su deuda, incluso cuando sus negocios se contraían. Y lo que es más importante, al mismo tiempo que tantos comentaristas anunciaban la perspectiva de una nueva era de la maquinaria, la inversión de la empresa privada en capital fijo se desplomó alcanzando tasas sin precedentes en la era de la posguerra. Las cifras de productividad laboral en EE.UU. han mostrado, como era de esperar, unas tasas de crecimiento desalentadoras, con un aumento inferior al 1% anual, incluso en el históricamente dinámico sector manufacturero.

El descenso del gasto de inversión ha sido especialmente acusado, pero no es en absoluto una aberración con respecto a periodos anteriore. A los pocos años de la crisis, un estudio demostró que, medida como «proporción del PIB, la inversión empresarial ha caído más de tres puntos porcentuales desde 1980». Desde los años setenta, sólo la década de los noventa destaca como una anomalía, durante la cual un grupo de indicadores económicos (PIB, productividad laboral, inversión empresarial) aumentó ligeramente. Pero entre 2000 y 2011, la tasa de inversión empresarial apenas se movió, creciendo solo una décima parte del nivel que prevalecía en la década de 1990.

En la medida en que señalan el agotamiento de la inversión empresarial, los teóricos del «estancamiento» no se equivocan. Pero su explicación de por qué las economías de renta alta del mundo están sumidas en una crisis aparentemente irremediable -la respuesta keynesiana, la insuficiencia de la demanda- es escasa. Vale la pena recordar que Alvin Hansen [1887-1975], el principal defensor estadounidense de Keynes, esbozó por primera vez la teoría del estancamiento secular en respuesta a la fuerte recesión de 1937, después de que la estrategia fiscal anticíclica de Roosevelt no lograra sostener el colapso de la demanda y estimular la inversión privada.

Este fracaso obligó a Alvin Hansen a considerar la posibilidad de un letargo crónico e intratable, y a especular sobre las razones por las que las economías capitalistas maduras tienden a estancarse (estasis) y a ir a la deriva (¿descenso demográfico? ¿cierre de fronteras?). Sin embargo, hoy en día, las prescripciones políticas de los de este bando siguen basándose en nuevas rondas de gasto deficitario a gran escala. Permanecen deslumbrados por los aparentes éxitos de la gestión keynesiana de la demanda durante algunas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, para luego reprimir mejor la derrota de esa escuela en los años 70, cuando esas mismas políticas contribuyeron al nacimiento de un monstruo macroeconómico -la «estanflación»- del que no pudieron dar cuenta teóricamente ni idear antídotos.

En 1981, la relación entre la deuda pública y el PIB de EE.UU. era sólo del 31%; incluso antes de la ley de gasto masivo aprobada en marzo de este año (2020), esta cifra superaba el 100%, muy cerca de la registrada en 1945-46, cuando se realizaban gastos de defensa para una guerra mundial. Sin duda, hoy es mucho más alto. Del mismo modo, el gasto público como porcentaje del PIB ha crecido constantemente desde 1970, alcanzando un máximo del 43% en 2010, un año después de la «recuperación» de la crisis de 2008. El tamaño de la economía capitalista privada sigue disminuyendo, en relación con la actividad económica total.

Lo que los economistas de la corriente principal, ya sean keynesianos o neoclásicos, no reconocen es la distinción fundamental entre la actividad capitalista privada y el gasto público, financiado con fondos del sector privado (en forma de impuestos o deuda). Cuando los gobiernos compran bienes y servicios a empresas privadas para estimular la demanda, el resultado puede ser un aumento del empleo a corto plazo. Pero, como demostró con gran claridad Paul Mattick [1904-1981] hace tiempo en Marx & KeynesLes limites de l’économie mixte (edición francesa, Gallimard 1972), este tipo de gasto no es más que una forma de consumo a gran escala, dirigido por el gobierno y pagado con el fondo de beneficios (o «plusvalía») generado por la economía privada. El gasto público de este tipo simplemente redistribuye esta parte del beneficio total a determinados capitalistas, como Raytheon, Pfizer o Purdue Pharma.

Del mismo modo, cuando los gobiernos producen directamente servicios, como la educación pública, estos servicios no se venden en el mercado y no generan beneficios que se inviertan en ampliar la producción. Aunque el gasto estatal en educación o sanidad a menudo satisface necesidades reales, desde el punto de vista del propio sistema capitalista, es un gasto improductivo. No producen valor o plusvalía directamente, sino que se pagan con la plusvalía extraída por el sector privado.

Tony Smith – Las categorías de trabajo «productivo» e «improductivo» no se encuentran en la economía convencional. ¿Podría hablarnos un poco más de esta distinción, que desempeña un papel crucial en su libro?

Jason E. Smith – Esta distinción fue crucial para la economía política clásica, para Smith, Ricardo y Malthus, así como para el gran crítico de esa escuela de pensamiento, Marx. Creo que también se siente mucho en la experiencia cotidiana de la gente, y por eso el eslogan espurio de David Graeber «trabajos de mierda» ha tenido la resonancia que tiene. Del mismo modo, Adair Turner [ex jefe de la Confederación de la Industria Británica] habló recientemente de «actividades de suma cero» para caracterizar la creciente fracción de la actividad económica dedicada no a la producción de riqueza sino a la lucha por su distribución. Sin embargo, esta distinción conceptual fundamental se les escapa por completo a los economistas de la corriente principal.

Los economistas no distinguen entre las actividades que producen valor y las que lo hacen circular o lo distribuyen. Tampoco ven la necesidad de dar cuenta de la forma en que los beneficios de ciertos tipos de capital -el capital bancario, las empresas comerciales- representan partes de lo que Marx llamó «plusvalía» del empleo propiamente productivo. En lugar de distinguir entre las actividades que producen valor y las que captan la plusvalía redistribuida mediante la competencia intercapitalista, los economistas adoptan más o menos la noción de «productividad» utilizada por los empresarios y la prensa económica. Se dice que toda actividad económica que genera ingresos es productiva. Y la productividad del trabajo se mide dividiendo la producción, expresada en términos monetarios, por las unidades de trabajo. Por supuesto, la existencia de un sector público expansivo que no está sometido a los rigores de la competencia intercapitalista y que proporciona bienes y servicios que no se venden en el mercado plantea algunos problemas para esta noción simplista. Pero hay sutiles trucos contables para tapar los huecos.

Volvamos a la «paradoja de la productividad» mencionada anteriormente. Al parecer, la solución a este enigma se propuso en un famoso artículo de William Baumol [1922-1987].  Donde sostiene que cuando ciertos sectores económicos introducen innovaciones que ahorran mano de obra y cuyo efecto neto es una reducción de la demanda de trabajo, la nueva mano de obra sobrante se reasignará de forma más o menos transparente a sectores más intensivos en mano de obra y menos productivos. Muchos de estos trabajadores se trasladarán a lo que los economistas llaman el sector de los «servicios». El modelo de William Baumol predice que, a medida que los aumentos de productividad se distribuyen de forma desigual entre lo que él denomina sectores tecnológicos «progresivos» y «estancados», se concentrará cada vez más mano de obra en los puestos de trabajo menos productivos, lo que dará lugar a menores aumentos de productividad para el conjunto de la población activa. Si se extrapola a muy largo plazo, la creciente disparidad en el aumento de la productividad entre los sectores dará lugar a una economía en la que el crecimiento de la productividad será casi nulo.

Esta historia es conceptualmente defectuosa. Se basa en una noción de productividad que es confusa o contradictoria incluso en sus propios términos. En mi libro, exploro algunas de las contradicciones que surgen cuando intentamos comparar la productividad del trabajo entre sectores, medida unas veces en unidades físicas y otras en unidades monetarias. ¿Cómo se mide la productividad del sector financiero, cuya producción es difícil de caracterizar en términos físicos? ¿Tiene siquiera sentido medir la productividad de una actividad que sólo sirve de intermediario entre otras actividades económicas, sin producir «valores de uso» consumidos por las empresas o los hogares? Los economistas lo hacen todo el tiempo. ¿Cómo medir la productividad de los profesores de la escuela pública, que prestan servicios que son administrados principalmente por los gobiernos locales y no se cambian por dinero en el mercado? A pesar de que los procesos de trabajo y las funciones sociales de estos ejemplos son radicalmente diferentes, ambos se agrupan en la categoría única e incoherente de «servicios».

Más importante aún, William Baumol no distingue entre las actividades que producen valor y las que no. No distingue entre los bienes y servicios proporcionados por el sector público y los producidos por la economía privada capitalista y, dentro de esta última, entre las actividades que producen directamente valor y las que se limitan a hacerlo circular o distribuirlo. Explorar estas distinciones conceptuales es una de las principales preocupaciones de Smart Machines and Service Work. Si utilizamos estas categorías, llegamos a una noción de productividad muy diferente a la que manejan los economistas y los empresarios.

Muchas actividades que emplean a personas generan ingresos pero no aumentan la riqueza total de la sociedad; muchas actividades que crean «valores de uso» -proporcionadas por el Estado o los hogares- no producen valor ni valor de cambio. Un número importante de los llamados empleos del sector de los servicios producen valor, independientemente de su intensidad y de su resistencia al cambio tecnológico; otros no producen ningún valor e implican procesos de trabajo que pueden reformularse para ahorrar mano de obra. La distinción entre trabajo productivo e improductivo atraviesa esta categoría, haciéndola analíticamente irrelevante.

Esta distinción es esencial porque, como he señalado anteriormente, las actividades improductivas deben pagarse con el total de la plusvalía generada por la economía privada: son un coste incurrido en el proceso de acumulación. Las convenciones nacionales de contabilidad de la renta registran estos costes como ingresos. Una de las tendencias a largo plazo en una economía capitalista madura es el aumento del número de actividades improductivas, frente a las actividades productivas necesarias para la acumulación: llevar a cabo la realización de partes del proceso de intercambio, la facilitación de las actividades capitalistas a través de las transacciones financieras, el arrendamiento de terrenos y edificios a las empresas productivas.

Este creciente exceso de actividades laborales que circulan o distribuyen valor en lugar de crearlo es tanto una condición para la acumulación de capital como, a medida que aumenta esta proporción entre actividades improductivas y productivas, un obstáculo para la misma. Este es un tema espinoso, y mi pensamiento al respecto debe mucho a Paul Mattick y al trabajo del economista Fred Moseley [autor, entre otros, de The Falling Rate of Profit in the Postwar United States Economy, St. Martin Press, 1991; Marx’s Capital and Hegel’s Logic: A Reexamination – con Tony Smith – Haymarket Books, 2015]. La consecuencia es que existe una tasa diferencial de crecimiento de la productividad entre las dimensiones productiva e improductiva de la economía; los aumentos de productividad del trabajo en las actividades productoras de valor, con importantes excepciones, tienden a crecer más rápidamente que los de las actividades de circulación o distribución de valor.

La expansión relativa resultante del sector improductivo ejerce una presión a la baja agobiante sobre la tasa global de beneficios. La única esperanza de aliviar esta presión es un aumento de la productividad laboral en el «sector» improductivo (un término engañoso, ya que la distinción entre actividades productivas e improductivas se extiende a todos los sectores e incluso a las empresas individuales). Pero, por las razones que ya he explicado, tal escenario es muy improbable, entre otras cosas porque la contracción de la tasa de beneficio reduce las tasas de inversión.

Incluso entre las empresas que extraen plusvalía directamente en el proceso de trabajo, no hay correspondencia entre la cantidad de plusvalía que extraen y la plusvalía que toman, en forma de beneficios; estos beneficios reflejan la parte máxima de la plusvalía total producida por la economía en su conjunto que las empresas son capaces de apropiarse en el proceso de distribución. A medida que la acumulación se ralentiza y las empresas capitalistas intensifican la competencia por un conjunto cada vez más reducido de plusvalía, dedicarán cada vez más recursos a lo que Adair Turner llama «actividades de distribución de suma cero».

A menudo se trata de actividades de supervisión, ya que el aumento de la disciplina en el lugar de trabajo requiere personal adicional para imponer la aceleración del trabajo a falta de perfeccionar las técnicas de producción. Pero con la misma frecuencia adoptan la forma de los llamados «servicios empresariales», ya que cada vez se dedican más recursos a la contabilidad, la publicidad y las operaciones financieras, o a los procesos eficientes de marketing y ventas. El efecto neto de esta guerra distributiva en la economía es una mayor ralentización de la acumulación, precisamente porque estas actividades representan gastos generales adicionales pagados por los capitalistas a partir del conjunto total de la plusvalía creada por la explotación en las actividades propiamente productivas. Cuando la tasa de ganancia se reduce, la disminución de la plusvalía obliga a las empresas a destinar aún más recursos a la apropiación de esta plusvalía, en lugar de a su producción, lo que reduce aún más la tasa de ganancia. Esta es la dinámica de la vorágine de una economía inexorablemente estancada.

 

Tony Smith – Al final de su libro parece usted bastante pesimista sobre los sindicatos y las formas de lucha colectiva, y reclama nuevas formas de organización. ¿En qué se basa este pesimismo? ¿Tiene alguna idea sobre cómo podrían ser estas nuevas formas?

Jason E. Smith: Sólo soy pesimista en cuanto a un resurgimiento del viejo movimiento obrero, una perspectiva a la que se aferran muchos en la izquierda de Estados Unidos. La forma en que se desarrolla actualmente el conflicto de clases me parece prometedora y estimulante, aunque el proceso siga siendo fragmentado, desorientado y lleno de sorpresas.

Desde el cambio de siglo, casi todo el crecimiento del empleo en EE.UU. se ha producido en los «servicios» de baja productividad, y las recientes proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales predicen que el segmento del mercado laboral que más rápido crecerá en la próxima década será el de los empleos de baja remuneración que no requieren formación formal.

Esta tendencia es desastrosa y agrava una dinámica que se ha mantenido durante décadas. En cierto modo, seguimos atrapados en la vorágine creada por la gran ola de innovación capitalista que tuvo lugar entre 1920 y 1960 aproximadamente. Yo la llamo «Automatización 1.0», pero esta ola incluye el desarrollo y la difusión generalizada del motor de combustión interna, la construcción de infraestructuras a escala capitalista, las «promesas» y los peligros de la energía nuclear, además de los desarrollos más estrechamente asociados a la automatización de las fábricas.

No es ningún secreto que los salarios reales de los trabajadores estadounidenses apenas se han movido desde mediados de la década de 1970. Muchos atribuyen este estancamiento salarial a largo plazo a la derrota de los sindicatos desde principios de la década de 1980. Es cierto que las tasas de afiliación sindical se han reducido a la mitad en los últimos años. Pero la derrota no fue simplemente política. Las condiciones materiales que hicieron posible la consolidación del poder sindical en las décadas de la posguerra empezaron a erosionarse a partir de mediados de los años 60, a medida que la composición de la clase obrera y la naturaleza del propio trabajo cambiaban.

El estancamiento salarial estuvo estrechamente relacionado con el inicio de un drástico descenso de la tasa de crecimiento de la productividad laboral. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. muestra que, durante el periodo de 1973 a 1990, la productividad de los trabajadores estadounidenses creció a un ritmo anual de sólo el 1,3%, una fracción de las ganancias registradas en las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

El crecimiento de los salarios reales de los trabajadores requiere un aumento de la producción por hora trabajada. Por eso, los acuerdos de posguerra entre el capital y el trabajo en Estados Unidos y Europa vinculaban explícitamente los aumentos salariales al incremento de la productividad: trabajadores y propietarios «compartirían» los beneficios del aumento de la producción por hora. Cuando esas ganancias son difíciles de conseguir, como ocurre desde hace tiempo en Europa, América del Norte y Japón, cualquier aumento potencial de los salarios de los trabajadores provocaría la correspondiente caída de los beneficios de los empresarios. Esta perspectiva la clase capitalista la ha combatido y la combatirá con uñas y dientes.

La naturaleza cambiante del mercado de trabajo, de la composición de las clases y del propio trabajo ha tenido otros efectos paralizantes en el movimiento obrero. Dado que cada vez más trabajadores son asignados a puestos de trabajo en el proceso de distribución en lugar de en la producción, o se concentran en los puestos de trabajo mal pagados del llamado sector de los servicios -en tiendas, centros de llamadas, hospitales o guarderías-, están dispersos en una miríada de industrias y, a diferencia de sus padres y abuelos, que a menudo se concentraban en grandes lugares de trabajo, que reunían a miles de trabajadores, tienden a estar dispersos espacialmente, en lugares de trabajo más pequeños, a menudo trabajando con muy poco capital fijo.

Si hay un rasgo característico del vasto sector de los servicios, en el que se concentra gran parte del trabajo «improductivo», es un rasgo negativo: reúne procesos de trabajo concretos muy divergentes cuyo único rasgo común es la intensidad del trabajo. Los efectos «homogeneizadores» de la racionalización capitalista del núcleo manufacturero fueron una condición material decisiva para el crecimiento en tamaño y poder de los sindicatos de posguerra.

En anteriores periodos de rápida industrialización, los avances tecnológicos en una industria se extendían rápidamente a todas las líneas de producción, haciendo converger los procesos de trabajo. Los trabajadores que antes estaban divididos por sus habilidades, clase, región, género y salarios se encontraron realizando actividades laborales cada vez más similares, con sus habilidades y niveles salariales convergiendo. A medida que las antiguas diferenciaciones de cualificación basadas en la artesanía se erosionaban y se externalizaban en las máquinas a gran escala, y que esta convergencia de los procesos de trabajo daba lugar a saltos en la productividad del trabajo, a los trabajadores les resultaba mucho más fácil definirse a sí mismos como

trabajadores en general, definidos por encima y en contra de la clase capitalista, en lugar de como empleados de una empresa específica, cuyas quejas se expresaban contra tal o cual jefe.

A medida que los trabajadores son expulsados de las industrias centrales, intensivas en capital, las condiciones materiales esenciales para la coherencia de clase desaparecen. A pesar de las especulaciones de los entusiastas de la automatización, la mayoría de los empleos del sector servicios siguen siendo impermeables -por su propia naturaleza- a la mecanización. Y en los casos en que son susceptibles de mecanización, los bajos salarios imperantes disuaden a los empresarios de emprender grandes revisiones de estas actividades (servicios de reparto, cajeros, guardias de seguridad, limpieza de hoteles, viajes en taxi).

El escaso aumento de la productividad, la persistencia de los bajos salarios, la propia naturaleza del trabajo (que para muchos adopta la forma de servicios personales) y, sobre todo, la falta de solidaridad son desmoralizadores para los trabajadores. Tienen poco percepción de formar una clase en sentido positivo, de prefigurar una sociedad futura que se construya a su imagen. En estas condiciones, puede prevalecer entre ellos un sentimiento de conflicto exacerbado, que se alimenta de las formaciones identitarias de larga data (raza, etnia, género) que los dividen. Durante la pandemia, estas divisiones se han ampliado para incluir la distinción entre los que se consideran «esenciales», y por lo tanto se ven obligados a arriesgar sus vidas para seguir trabajando, los que han perdido sus puestos de trabajo por completo, y aquellos, a menudo empleados de clase media, que han migrado fácilmente a las plataformas en línea.

A pesar de la erosión de las condiciones que dieron origen al antiguo movimiento obrero, los últimos años han sido testigos de extraordinarias iniciativas de los trabajadores, tanto en el lugar de trabajo como en la calle. No olvidemos que fue la amenaza real en 2019 de una huelga ilegal de los trabajadores de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), con los trabajadores de las aerolíneas dispuestos a unirse a ellos, lo que acabó con el cierre del gobierno.

En los últimos años, los profesores de las escuelas públicas también han estado dispuestos a emprender acciones a gran escala; éstas han tenido lugar a menudo en estados supuestamente conservadores, pero han contado con un apoyo popular abrumador. Los profesores de la escuela pública se han mantenido en gran medida al margen de la mecanización que ahorra mano de obra, como la que ha transformado algunas industrias, y su lugar en la división social del trabajo les confiere un extraordinario poder social.

En Francia, hace poco vimos cómo puede ser una revuelta en lo que Phil Neel llama «el interior», cuando el movimiento de los Gilets jaunes -con todas sus contradicciones- se dirigió al centro de las ciudades y a las rotondas durante meses. Que Dios ayude a la clase capitalista si los trabajadores de los centros de distribución y de las redes logísticas deciden atacar el flujo de mercancías en los puertos y a lo largo de las arterias de las redes just-in-time. Hace apenas unos meses, las tropas de la Guardia Nacional patrullaban las calles de Estados Unidos bajo toque de queda mientras los disturbios y las manifestaciones contra la policía se extendían por todo el país en medio de una pandemia mortal.

El verdadero pesimismo, para terminar con una nota personal, fue ver a cientos de miles de personas manifestarse contra el próximo ataque a Irak en 2002 y 2003, sabiendo lo impotentes que eran esas «masas». A pesar de la miseria reinante e incluso del trauma infligido por los años de crisis, hoy se tiene la sensación de que podríamos estar al borde de una verdadera ruptura, de un quiebre. Pero sean cuales sean las cifras de la lucha en los próximos años, es poco probable que vuelvan a los patrones del movimiento obrero en su apogeo a mediados del siglo XX. A pesar de todo lo que se interpone en su camino, tanto material como políticamente, los trabajadores tendrán que abrirse paso a tientas hacia algo nuevo.

Jason E. Smith es autor de Smart Machines and Service Work, Reaktion books, 2020.

Tony Smith es profesor de filosofía en la Universidad Estatal de Iowa y autor deTechnology and Capital in the Age of Lean Production: A Marxian Critique of the «New Economy», Suny Press, 2020.

Tony Smith | Jason E. Smith

18 enero 2022

Traducción de Marc Casanovas

Fuente de The Brooklyn Rail

Publicado enSociedad
Lunes, 17 Enero 2022 05:15

Criptomonedas en el radar del FMI

Criptomonedas en el radar del FMI

El organismo pidió regularlas por su impacto en las finanzas

El Fondo advirtió que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales, como las acciones, ya representa un riesgo.

 

El Fondo Monetario Internacional consideró que es necesario regular las criptomonedas. Aseguró que estos activos ya no se encuentran al margen del sistema financiero y por ese motivo requieren nuevos controles. El organismo aseguró que las monedas digitales comienzan a estar cada vez más correlacionadas con lo que ocurre con los activos de renta variable, como las acciones.

El análisis del FMI sobre el riesgo y la necesidad de regulación de las criptomonedas se hizo a través del blog oficial de la entidad en el artículo “Los precios de las criptomonedas se mueven más en sincronía con las acciones, lo que plantea nuevos riesgos".

Entre los problemas que plantea el informe sobre las cripto aparecen los riesgos para los inversores, al verse limitada la posibilidad de diversificación de cartera, lo cual aumenta el riesgo de contagios en los mercados financieros. De todas maneras, las declaraciones del Fondo le dan un nuevo rol a las criptomonedas porque convalidan su crecimiento en los últimos años y consolidan su papel en los mercados globales.

El FMI detalló que el valor de mercado de estos nuevos activos digitales aumentó hasta casi los 3 billones de dólares el pasado mes de noviembre, desde 620 mil millones de dólares en 2017. En tanto, la capitalización de mercado se había reducido en 2022 a alrededor de 2 billones de dólares, lo que de todas formas representa un aumento de casi cuatro veces desde 2017.

Por otro lado, el Fondo indica que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales como las acciones aumentó significativamente, por lo cual esta interconexión creciente se considera un canal de transmisión de shocks que puede desestabilizar al conjunto de los mercados financieros. “Nuestro análisis sugiere que los criptoactivos ya no están al margen del sistema financiero", señala el FMI.

Como resultado, el FMI considera que es hora de adoptar un marco regulatorio global "integral y coordinado" para guiar la regulación y supervisión nacional y mitigar los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado cripto. Propone que este marco debería abarcar regulaciones adaptadas a los principales usos y establecer requisitos claros para las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con estos activos.

"Los criptoactivos como el bitcoin han pasado de ser una clase de activos oscuros con pocos usuarios a una parte integral de la revolución de los activos digitales", afirma el autor del artículo, Tobias Adrian. "Las correlaciones más fuertes sugieren que el bitcoin ha estado actuando como un activo de riesgo en lugar de un valor refugio, como muchos de sus defensores como elemento diversificador de cartera han venido señalando desde hace tiempo”, agrega. "La correlación con las acciones se ha vuelto más alta que la de las acciones y otros activos, como el oro y las principales monedas", completa.

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Tutus Mobio, sin título (Cortesía del autor)

“[…] aquí nunca se acercaron unos médicos, nunca se acercó nadie a hacer unas estadísticas de cuál era la prioridad de esta UPZ, y en todo el Distrito se dio así y ya cuando empezaron a acercarse empezaron a dividir por UPZ y empezaron a ejercer unas restricciones […] esa no era la forma de haber manejado al pueblo, es más, los pobres tienen que salir a comer, necesitan” (1).


La voz segura de la lideresa no deja duda alguna sobre el tipo de enfoque que marcó la dinámica oficial a lo largo del país a la hora de atender la pandemia por covid-19. Una orientación que dejó en claro que quienes gobiernan ven el país a través del lente de los sectores más pudientes, como de los que tienen trabajo estable e ingresos fijos. De ahí las medidas de encierro generalizado.

Esta realidad se extendió por todo el país, llevando a muchas familias al dilema: morir por contagio por covid-19 o por efectos del hambre. Y el hambre no da espera.

Fue esta dinámica de pandemia la que marcó el tercer de año de gobierno de Iván Duque, quien en marzo de 2020 decretó el confinamiento generalizado, medida que no logró contener el avance del virus.

Este fenómeno sanitario como social, conllevó implicaciones muy severas para la vida de la población colombiana, de manera inocultable para los sectores sociales de bajos niveles económicos, que además de ser los que más han sufrido esta pandemia en sus bolsillos también son quienes más la han padecido en sus cuerpos, registrando el mayor número de muertes, todo lo cual ha empeorado sus condiciones de vida. Medidas de salud pública, sin relación profunda con políticas de protección económica y social a la altura de las necesidades de la mayoría no funcionan, mucho menos para enfrentar una situación extrema de salud como la de una epidemia-pandemia.

Un manejo errado de la crisis en que entró el país que explica, en gran medida, el estallido y levantamiento social vivido en este tercer año de gobierno, dado que, frente a una de las peores crisis sanitarias y sociales de la historia del país, que sumó al acumulado traído de años atrás de precariedad social y económica y de falta de garantía del derecho a la salud, el gobierno legisló principalmente para la protección de los sectores con mayor poder económico e hizo un abordaje focalizado con subsidios económicos totalmente insuficientes para ayudar a superar las penurias padecidas por la población más pobre, y adicionalmente, buscó imponer una reforma fiscal enfocada principalmente sobre los bolsillos de los sectores sociales precisamente más afectados por este contexto.


Igualmente, este año de gobierno, evidencia deudas de asuntos que el gobierno nacional debió haber impulsado en el terreno de la salud y no lo ha hecho, como el Plan Nacional de Salud Rural; al mismo tiempo que la revela la falta de atención sobre otros problemas importantes de la salud de la población que quedaron marginados frente a la prioridad dada a la atención al covid-19 (2).


Las cifras del impacto de la pandemia

La cifra global de contagios por covid-19 se acerca a doscientos cuarenta y tres millones de personas y la de muertas por su causa a cinco millones (3). En Colombia el contagio bordea los cinco millones de personas y las muertes alcanzan a ciento treinta mil (4).
De acuerdo a lo indicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la distribución de la mortalidad por covid-19 ha impactado en el 61,5 por ciento de los casos en los estratos socioeconómicos 1 y 2, mientras que para el 6 y 5 ha sido solo del 3,4 por ciento del total nacional, evidencia que desestima la supuesta distribución democrática de la pandemia (5).


Impacto registrado a pesar de la inicial y difundida pretensión del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, de lograr un “achatamiento” o “aplanamiento” de la curva epidemiológica de los casos por covid-19, asunto que nunca ocurrió, y sí tomaron forma hasta octubre de 2021 tres picos de casos, siendo cada uno más intenso que el anterior.


Desde el comienzo del 2021 se llegó al escenario no deseado, que condujo a cifras diarias de más de quince mil personas contagiadas y más de doscientas muertos y para finales de junio la situación llegó a ser el doble de peor, con cifras diarias de más de treinta mil personas contagiadas y más de seiscientas muertes, lo que también llevó al colapso del sistema de salud por no tener la capacidad de atención para el conjunto de la población que lo demandaba, tanto por situaciones propias de la covid-19, como por otras patologías y por la insuficiencia de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para atender todos los casos críticos que las demandaban.


Una dinámica de morbi-mortalidad de la pandemia que llevó a que Colombia ostentara el vergonzoso noveno puesto en el mundo, tanto por mayor número de casos de contagio como por mayor número de muertes por covid-19, revelando de esta manera el desastre epidemiológico que ha significado la pandemia para la población, en especial la más empobrecida, producto del inadecuado manejo brindado por que el gobierno de Duque de esta crisis de salud pública.


Manejo centrado en lo hospitalario


La creciente que registra el paso de un pico al otro, y sus funestos resultados, no es casual, toda vez que la orientación política del gobierno nacional para el manejo de la pandemia se concentró en el denominado Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass) para el seguimiento de casos y contactos del Coronavirus Sars-CoV-2, establecido por medio del Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020.


Este tipo de programas, clave en términos de control de una epidemia, contó en el país con un problema de base para su implementación: el modelo de atención, que no es territorializado. Es decir, la afiliación al sistema procede sobre la base de un aseguramiento, sin interés por el lugar dónde viven las personas que afilia, sin conocimiento de su entorno y condiciones de vida, que son las que determinan el proceso salud-enfermedad.


Una dificultad para la atención oportuna y efectiva a la que se suma el insuficiente número de pruebas de detección del Sars-CoV-2 y no entrega a tiempo, producto de una indolente inacción de las EPS.


Dificultad a la que se suma el insostenible aislamiento decretado desde la cúpula gubernamental, insostenible para un sector amplio de la población que no tiene protecciones económicas y está obligado a salir de sus casas para el rebusque diario, precisamente la gente de estratos 1, 2 y 3 que vive en lo fundamental de la informalidad; y por otro lado, a que algunos sectores de la población, sin duda asumen un comportamiento de riesgo, desestiman el peligro, se exponen y exponen a otros, asunto que se puede leer en parte por el individualismo que este modelo de sociedad consumista ha impuesto.


Todo esto explica por qué, a pesar del esfuerzo en algunos territorios por establecer una estrecha vigilancia en salud, realizar los denominados cercos epidemiológicos para identificar y aislar las personas positivas y sus contactos, ha sido tan débil la puesta en escena del Prass, y por qué la atención se concentró en las personas con enfermedad moderada y severa por el covid-19 que han requerido manejo hospitalario y un porcentaje de ellos de manejo en UCI.


Implementar una real estrategia de pruebas, rastreos, cercos y aislamientos, demanda necesariamente la constitución de equipos básicos de salud en cada uno de los territorios del país, asunto ni implementado por las EPS, ni por los entes territoriales de salud, producto de la lógica impuesta por el sistema de salud del país y la orientación nacional dada por el Gobierno al manejo de la pandemia. Sin duda, al revisar las experiencias de países que han logrado un manejo y control de la pandemia, su acierto radica en esto, como lo muestran diversos países asiáticos, donde también domina una valoración diferente de la vida y la salud, con sistemas sanitarios territorializados y en los que la salud no esta sometida a la dinámica de la economía.


Igualmente, y a pesar de colocar el énfasis en lo hospitalario, el mejoramiento de la atención para los casos moderados y graves de covid-19 tampoco fue la constante, porque ni se dotaron las suficientes camas de UCI, ni se formó el personal especializado necesario que requieren estos servicios, ni se establecieron los suficientes acopios de insumos, medicamentos, oxígeno y elementos de bioseguridad que demandan estas atenciones de alta complejidad.


Esta ha sido lo norma. Realidad agravada con el decreto 580 del 31 de mayo de 2021, con el que el gobierno nacional declaró la reactivación económica y trasladó la responsabilidad del cuidado a cada individuo a través del denominado aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, decisión que se tomó en el momento en que había las peores cifras de morbilidad y mortalidad por covid-19 y que luego irían a empeorar reflejado en que la tasa de mortalidad pasaría de 1.762 muertos por millón de habitantes a finales de mayo a 2.339 por millón de habitantes a finales de julio (6), lo que sitúo al país en la vergonzosa novena posición de mortalidad en el mundo, producto precisamente de dejar de realizar los aislamientos selectivos de grupos poblacionales, medida importante en el manejo de las epidemias, quedando de esta manera al desnudo la prioridad del ente nacional por la economía por sobre la salud y la vida de millones de connacionales.


La vacunación no es varita mágica


A mediados de febrero del año en curso sonaron sirenas alrededor de un desfile de carros oficiales que recibían, como el mayor de los triunfos, el arribo al país del primer lote de vacunas, dejando claramente establecido que el afán era más por el espectáculo y los réditos políticos que por la transparencia y efectividad en el manejo de la pandemia.


Transcurridos ocho meses de su implementación el plan solo ha cubierto a cerca de 21 millones de personas con esquema completo (7), es decir más o menos el 40 por ciento de la población total, porcentaje muy lejano para alcanzar lo que se denomina inmunidad de rebaño (8), con lo cual se está muy distante de lograr un control de la pandemia con esta medida tecnológica de salud pública.


Entonces, aunque el gobierno propagandea estos niveles de vacunación como un logro, la realidad dista mucho de ello. Situación agravada por: la disponibilidad de las vacunas ha sido reducida por el control que de ellas tienen las multinacionales farmacéuticas que las han producido, el acaparamiento impuesto de ellas que han hecho los países centrales y el fallo del mecanismo Covax que creó la OMS para su distribución equitativa; y para varias de las vacunas deberá aplicarse una tercera a los seis meses, lo que demandará acceder a más dosis; la aparición de variantes genómicas del virus Sars-CoV-2, de las cuales aún a ciencia cierta no se sabe si son contenidas por las vacunas producidas, y en particular la denominada variante Delta, que ya se sabe tiene una alta capacidad de transmisibilidad, virulencia y de reducción de la eficacia de las vacunas.


Un avance parcial que no permite asegurar que con el desarrollo del plan nacional de vacunación contra covid-19 el país superará esta pandemia, dado que se continúa en un escenario de mucha incertidumbre, común denominador en este tiempo pandémico, desconociendo aspectos relevantes en lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna, sus efectos adversos, los costos y la capacidad de vacunar al conjunto de la población, más aún en un escenario en el que es claro que tal desarrollo tecnológico lucra a las multinacionales farmacéuticas, convertida por tanto en un bien de consumo particular y no, como debiera ser, un bien común de la humanidad.


Otra reforma de salud: ¿para qué y para quiénes?


El gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Salud Fernando Ruiz, sobre la base de lo vivido por el sistema de salud en el contexto de la pandemia, justificó la iniciativa de presentar un proyecto de Ley para una nueva reforma al sistema de salud. La iniciativa tomó cuerpo y en el segundo semestre de 2020 quedó radicada como el proyecto 010 en Senado y 425 en Cámara, y finalmente archivado producto de una de las derrotas políticas sufridas por el gobierno en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021.


Pese a su entierro, valga resaltar que el mismo no tocaba los problemas estructurales base de la crisis crónica del sector salud, relacionados con la intermediación financiera del aseguramiento privado, la organización de los servicios de salud en la lógica de costos-beneficios del mercado y la flexibilización laboral del personal de salud.


Aunque el proyecto enunciaba aspectos importantes por implementar en un sistema de salud garante de esta como derecho, como es la territorialización (9) de su intervención, el establecimiento de redes integradas e integrales de servicios, la puesta en escena de la atención primaria, formas de contratación estables del personal que la garantiza, realmente su apuesta apuntaba al afinamiento del aseguramiento en salud establecido claramente como un proceso empresarial (por eso incorporaba el concepto de conglomerados empresariales en salud), al que había que reconocerlo, darle garantías y protecciones financieras (por eso la creación de un fondo de garantías del sector salud) y avanzar en su depuración a partir de procesos de inspección, vigilancia y control, para dar otro paso central en el proyecto privatizador originario de la Ley 100: depurar el mercado del aseguramiento en salud para dejar solo un oligopolio (10).


Movilización y estallido social: no más privatización de la salud


Este tercer año se caracterizó por la reactivación de la movilización social, obligada a un paréntesis por el confinamiento impuesto como medida para controlar la pandemia, sin desconocer que las expresiones de protesta social no se detuvieron aun en medio del confinamiento, bien de forma virtual o de manera directa con las protestas, principalmente en sectores populares demandando apoyos económicos para sobrevivir en el contexto de la pandemia.
Es así como tomaron forma en este periodo protestas y movilizaciones por demandas sociales y de salud derivadas de la situación de la pandemia, así como por demandas no resueltas desde años anteriores, todo ello en un contexto continuo de represión y violencia socio-política que no ha cesado (11).


Sin duda, el manejo dado a los asuntos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia por parte del gobierno Duque ahondaron los problemas sociales y económicos de la población, que sumados a las problemáticas sanitarias por un sistema de salud ineficiente, desencadenaron las movilizaciones y protestas sociales más sostenidas en las últimas décadas que recuerde el país, junto a un estallido y levantamiento social como hecho inédito, que obligó al gobierno a renunciar a pretensiones en los campos tributario, educativo, salud e inversión social.

La economía debe estar en función de la vida y la salud

Lo evidenciado hasta ahora por la pandemia y las formas que asume es que su control no es posible lograrlo solo con medidas de higiene individual, ni con aislamientos selectivos o con la vacunación. Se requiere mejorar la calidad de vida de toda la población, en especial las condiciones de saneamiento básico y de alimentación; establecer protecciones sociales universales; desarrollar un sistema de salud público de base territorial que genere potentes procesos de promoción y prevención, de atención primaria y de solida vigilancia en salud; configurar una cultura de cuidado, conteniendo las posiciones altamente individualistas que ha desarrollado el actual tipo de sociedad.


Una perspectiva y unas acciones que no encuadran con la visión del gobierno de Duque que considera como lo prioritario para superar la actual situación retornar a la “normalidad” de la dinámica económica de mercado. Una visión que refuerza la que por décadas ha primado en el país y el mundo, con la que la lógica de la economía, centrada en la acumulación de capital, subordina a la salud y desprecia la vida.


Una visión opuesta a las enseñanzas y retos desprendidas de esta inédita experiencia de salud pública, en la que realza el valor y cuidado de la vida, la misma que debe ser el objetivo de toda política económica. Obrar por vía contraria, como ha sido lo actuado en este tercer año de gobierno de Duque es desoír a la naturaleza, decisión que no dejará de producir funestas consecuencias en los meses y años por venir.

** Una versión más amplia de este análisis apareció en: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (2021). Lecciones del aprendiz. Autoritarismo y desigualdad. Balance del tercer año de gobierno de Iván Duque Márquez. Bogotá: Ediciones Ántropos Ltda.
1. Entrevista hecha a una lideresa social de la Localidad de Usme de Bogotá, en el marco de un proyecto de investigación sobre participación social en la pandemia, desarrollado por un equipo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
2. Torres-Tovar, Mauricio. (2020). Limitada respuesta a la pandemia y a los otros problemas sanitarios. En Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), El Desgobierno del Aprendiz. Autoritarismo, guerra y pandemia. Balance del segundo año de gobierno de Iván Duque (pp. 81-89). Bogotá: Ediciones Antropos.
3. https://covid19.who.int/
4. http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). (2021). Estadísticas Vitales – EEVV. Defunciones por COVID-19 2 de marzo de 2020pr al 9 de mayo de 2021pr. Bogotá.
6. Datos tomados de https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/colombia
7. https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
8. Es un fenómeno que se observa cuando entre un 80 a 90% de la población total de un territorio ha sido vacunada, que lleva a que se interrumpa la cadena epidemiológica de trasmisión del agente infecciosos entre los miembros de dicha comunidad, lo que previene que personas no inmunizadas se contagien.
9. Aunque luego le hicieron una variante para referirse a regionalización.
10. Torres-Tovar, Mauricio. (2021a, 26 de marzo). Otra reforma más en salud ¿al servicio de quién? Momento Médico. ASMEDAS Antioquia. Recuperado de https://asmedasantioquia.org/2021/03/26/otra-reforma-mas-en-salud-al-servicio-de-quien/
11. Torres-Tovar, Mauricio. (2021b). La movilización social no cesa en tiempos de pandemia. En: Cuidados Intensivos. Derecho a la salud y pandemia en Colombia. Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

 

**Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia

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Adriana Gómez, ¿Qué?, de la serie “Preguntas” (Cortesía de la autora)

Más allá de un problema observable estadísticamente, las epidemias de drogas revelan una compleja realidad sociocultural y psicológica como efecto de una crisis estructural que crea marginalidades y exclusión social, desafiando unas estrategias y una institucionalidad que siguen moviéndose entre un trato criminalizado de usuarios y productores y la obtención de beneficios privados y geopolíticos de sus diferentes ejecutores.

 

Cada 11 minutos hay una muerte por sobredosis con opioides en Estados Unidos (EU), una realidad que en verdad es una epidemia y que tiene la segunda mitad de la década del 90 como punto de arranque y cuyas víctimas se siguen contando por decenas de miles cada año. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, “entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún fármaco, ya sea ilegal o recetado por un médico” (1). Sólo en 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides, lo cual representa más del 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas.


La exorbitante mortalidad asociada a la epidemia por uso de drogas legales e ilegales en EU se relaciona con entornos socioculturales diversos, con una crisis social y económica profunda y en consecuencia, no puede explicarse simplemente desde el contacto de usuarios con sustancias psicoactivas de riesgo. La trampa en este último enfoque radica en la separación de ese problema de contextos complejos, asumidos casi siempre como un mecanismo reductible a una relación de oferta-demanda.


Hoy en día existen contribuciones conceptuales como las de Anne Case y Angus Deaton (2) que rompen con ese enfoque dominante desde el cual se ha observado el problema de las drogas y que ha llevado a la aparición de narrativas que limitan una comprensión compleja e integral del fenómeno. En el contexto problemático de lo que ha sido históricamente una epidemia de drogas, inscriben su análisis no en un reduccionismo sobre las motivaciones individuales sino en los efectos desastrosos del modelo económico y social del neoliberalismo.


En ese contexto la crisis se expresa en fenómenos como la falta de acceso a la educación; las características y costos de los sistemas de salud donde por ejemplo, en el caso de Estados Unidos (EU), se cataloga con argumentos como uno de los peores entre los países ricos; y obviamente, las implicaciones de la radicalización del modelo de libre mercado, pero que en realidad es agravado por procesos de tributación y de distribución que ha producido el enriquecimiento de una franja estrecha de la élite a costa del empobrecimiento de un sector amplio de personas, en múltiples puntos de la geografía estadounidense.


Es justo ahí donde se crea una masa empobrecida y emocionalmente frustrada en medio de la cual emergen las condiciones que posibilitan una epidemia que a la postre desemboca en suicidios, alcoholismo y adicciones a las drogas, tanto legales como ilegales. Es un escenario de desespero que culmina trágicamente en ese tipo de respuestas. De allí que el esquema reiterado en los países del sur, en el sentido de construir narrativas bajo relaciones binarias que buscan justificar “responsabilidades” en el mercado de los psicoactivos del tipo: “tu consumes, luego yo produzco para satisfacer tu demanda”, o las que se crean en el norte con una situación de dominio geopolítico: “yo consumo dado que tú irresponsablemente inundas mi país de drogas”, vuelan en mil pedazos bajo esta nueva perspectiva.


Desde ésta narrativa pragmática de los autores mencionados, puede interpelarse también los enfoques que magnifican las “balas de plata” solucionadoras del asunto como la legalización de las drogas, generalmente asumida como un dispositivo prometedor de un reordenamiento específico del manejo del problema, pero también frente al esquema dominante hoy de la represión y erradicación violenta para acabar con la oferta y por tanto con los problemas asociados a las drogas.


Lo que este escenario muestra es que somos presa de un funcionalismo estrecho en el análisis de la acción social. Damos por supuesto un moldeamiento de la sociedad a través de dispositivos dirigidos hacia el logro de conductas enmarcadas con la fe puesta en un sentido de progreso, donde prevalecen los análisis y propuestas con un enfoque normativo que parte de una fragmentación de la realidad, que busca alcanzar ese deber-ser impuesto (de arriba hacia abajo) manteniendo intacto el modelo socioeconómico, en nombre del logro de una buena sociedad y un sistema funcional (3).


En relación con la evidencia histórica sobre aspectos estructurales que contribuyen al agravamiento del problema y que reclaman un tratamiento integral, se argumenta que los dos últimos momentos epidémicos vividos en materia de drogas en EU han tenido una asociación, entre otros, con la pérdida de empleos:

1. La del crack, que asoló sobre todo a los negros en las ciudades del norte durante la década de los setenta y que se relaciona con la pérdida prolongada de empleos de la clase trabajadora.
2. La de los opiáceos y que viene golpeando principalmente a los blancos con menos estudios en el período más reciente.

“Con la globalización, la tecnología cambiante, los crecientes costos sanitarios de los empleados y el paso de la manufactura a los servicios, las empresas despidieron a la mano de obra menos formada, primero a los negros y después a los blancos con menos estudios. En ambas epidemias había drogas disponibles que podían atenuar el dolor psicológico o físico a un precio (podría decirse) asequible para poblaciones que deseaban la huida que proporcionaban. Durante la epidemia del crack, el centro de la ciudad ofrecía pocos caminos legítimos hacia el progreso. En la crisis de los opioides, son los blancos con menos formación, muchos de los cuales no ven un futuro económico prometedor, o en cualquier otro aspecto de sus vidas, quienes están siendo víctimas de las drogas, el alcohol y el suicidio” (4).


La creación de narrativas alrededor del tema y que en realidad favorecen más intereses asociados al logro de posiciones de dominio geopolítico en términos de seguridad o al enriquecimiento económico, contribuyen a desviar el foco de atención satisfaciendo esas agendas más que incidir seria y sosteniblemente sobre el núcleo del problema. Así se observa por ejemplo, en la narrativa que promueve la DEA o políticos de derecha en el interior de EU y de Colombia para justificar una relación de seguridad bilateral que ofrece múltiples negocios asociados: el incremento de la siembra de coca en Colombia, argumentan, es la responsable o tiene una alta responsabilidad en la crisis de salud por consumo de psicoativos en el mercado de EU.


Para Case y Deaton, en la epidemia de opioides –que es la verdadera tragedia hoy en EU por consumo problemático de SPA–, los agentes propiciadores no fueron los virus o las bacterias, como en la epidemia de gripe de 1918-1919 o la actual del covid 19, sino las compañías farmacéuticas que fabricaban los medicamentos y promovían agresivamente su venta; los miembros del Congreso que impidieron que la DEA persiguiera una prescripción excesiva de recetas y con pleno conocimiento; la DEA que accedió a las peticiones de los lobistas y no eliminó el atajo legal que permitía la importación de materias primas de las granjas de amapola de Tasmania que se habían plantado para mantener la epidemia; la Food and Drug Administration (FDA) que aprobó los medicamentos sin tener en cuenta las amplias consecuencias sociales al hacerlo, cediendo a las peticiones del productor para que aprobara cambios en el etiquetado que aumentaron enormemente el consumo y los beneficios; los profesionales médicos que irresponsablemente recetaron en exceso y los traficantes de droga principalmente de México y China que ocuparon el lugar de la profesión médica cuando ésta empezó a dar marcha atrás. Recordemos que en estos dos países se asientan estructuras criminales que dominan hoy la producción y/o distribución ilegal del fentanilo que amplió su mercado cuando se logró un mayor control de los médicos y empresas alrededor de los opiáceos recetados a sus pacientes. También controlan el gran mercado de anfetaminas y México es potencia en el suministro de heroína principalmente hacia EU.


Esta es una muestra del entramado de intereses políticos, económicos y de seguridad en la historia reciente del suministro de opioides y que convierte a la gente en adicta u ocasiona su muerte y en la que se consiguen inmensos beneficios, mientras que el poder político protege a los perpetradores (5).
Entre tanto, en el 2020 –en el marco de la pandemia– las muertes por sobredosis de opiáceos marcaron un hito histórico alcanzando 93.331 decesos y mostrando un incremento del 30 por ciento frente a 2019 (6). (Véase gráfico).


De lejos los opioides y los opioides sintéticos excluyendo la metadona superan al resto de sustancias en muertes por sobredosis. La tendencia que se observa en el primer trimestre de 2020 se confirma y se supera hacia el resto de ese año.


Es decir, nada ha cambiado aún para contener un fenómeno que no soporta un dispositivo de manejo, siendo necesarias políticas integrales de gran alcance dirigidas a sortear los efectos de un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza en pocas familias, y que sigue arrojando entre los sectores blancos con escasos estudios, empobrecidos y desempleados, la mayor cantidad de muertes por sobredosis en EU.


Esta experiencia e incluso la caótica y perversa búsqueda de enriquecimiento de muchos agentes envueltos por acción o por omisión en la distribución de medicamentos como el OxyContin que profundizaron la dependencia y las muertes por sobredosis, interpela incluso a los proponentes de la legalización que pasan de largo frente a la complejidad sociocultural, económica, política e institucional (el sistema de salud por ejemplo) que está detrás de la responsabilidad de estos fenómenos, limitándose cómodamente a proclamar una “legalización” sin más. Es decir, un dispositivo que permita simplemente el acceso en condiciones de salud pública a los psicoativos de alto riesgo. Pero allí las preguntas son muchas: ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién controla a los médicos que recetan? ¿Quién controla el mercado? ¿Con qué tipo de institucionalidad? ¿Se usará el sistema de salud tal como existe hoy? (por ejemplo, en el caso colombiano, ¿con la vigencia de la Ley 100 de salud?) Y así múltiples preguntas que no se resuelven con la sola mención de la rimbombante palabra “legalización”.


La cocaína: un escenario transnacional incontrolable


En el caso de la cocaína su auge mundial está fuera de control y muestra con evidencia la bancarrota internacional de la actual estrategia prohibicionista. A pesar de la diferencia de cifras entre la Oficina de Drogas de la casa Blanca (Ondcp por sus siglas en inglés) y Unodc (por sus siglas en inglés) ambas muestran un incremento exponencial del potencial productivo de cocaína alcanzando en cifras de EU, más de 2.000 toneladas al año (Véase cuadro). El aporte colombiano en ese volumen global de cocaína se puede observar con más claridad y consistencia en las cifras de Unodc. A pesar de que el ente multilateral carece del dato regional del potencial productivo, se sabe que bordea alrededor de las 1.800 toneladas, contexto en el cual Colombia estaría aportando el 70 por ciento de esa producción.


En el crecimiento de áreas y potencial productivo de cocaína, los volúmenes de incautación operan como un motor de impulso que produce un círculo vicioso descomunal. Suponiendo ciertas las cifras oficiales, Unodc habla de 1.436 toneladas incautadas en 2019. Comparado con el potencial productivo (digamos para ese mismo año) se estaría incautando un equivalente al 80 por ciento de lo producido, lo cual es inverosímil pues haría tambalear el volumen global de oferta lo cual, de acuerdo con los datos sobre tráfico de esa misma fuente, no está ocurriendo. De cualquier manera, a mayor cantidad de incautaciones, mayor presión sobre la oferta de materia prima y de cocaína para los países productores. A cambio de un impacto en el volumen transable a nivel internacional, lo que se observa es un auge sin antecedentes de cocaína en los mercados diferentes a EU: Europa occidental, Suramérica, Oceanía, Asia y África.


Asistimos a una revolución del mercado global de cocaína. Se están innovando las estructuras organizativas de criminalidad y sus redes, las rutas, los sistemas de refinación, el acceso a materia prima para procesar, los precios, la pureza. Mencionemos algunos ejemplos: el auge sin antecedentes de la refinación de cocaína en países distintos a los que producen la hoja de coca y la Pasta Básica de Cocaína (PBC). El número de países involucrados en procesamiento (reportes de actividad de refinación de HCL) creció de 12 entre 2010/2014 a 19 entre 2015/2019. Así mismo, la presencia de laboratorios en países distintos a la región andina cocalera pasó de 64 reportes entre 2011/2014 a 93 en el período 2015/2019. Estos sitios han crecido en reportes con origen en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela en Suramérica, así como El Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica, pero también en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía (7). Este traslado de la infraestructura procesadora está revolucionando las rutas de suministro mundial, haciendo incontrolable la diversificación y las técnicas para mover la mercancía.


La pérdida de importancia de EU en este nuevo escenario es elocuente. Si se utilizan los datos de incautaciones para tener alguna idea de las rutas y nivel de involucramiento de los diferentes países bien como demanda o lugar de trasiego, EU presenta un decrecimiento como mercado al pasar de un 49 por ciento de todo lo incautado 1989 a 36 por ciento en 1999 y sólo el 18 por ciento en 2019 (8). Mientras tanto esa dinámica se incrementa en Centroamérica (144 toneladas incautadas en 2019); el Caribe que vuelve a crecer (14 toneladas) mostrando la rehabilitación de esta histórica ruta; Europa alcanza una cifra sin antecedentes de 213 toneladas; lo incautado en Asia se quintuplicó entre 2018 y 2019, en África –principalmente occidental y central– se cuadruplicó entre 2018 y 2019 y finalmente en Oceanía que si bien decrece en años recientes, ofrece un crecimiento comparando con lo incautado hacia 2009 (9). Si bien hemos señalado la pérdida de importancia como mercado de uso de EU, hay evidencia que lo muestra como lugar importante de reexportación hacia Europa, Asia y Oceanía. Este dato es novedoso y da muestras de un giro en el posicionamiento dominante políticamente como consumidor y pasa a ser una zona que debería responder ante el mundo como lugar de reexportación de cocaína.


Su pérdida de importancia frente al consumo de cocaína contrasta fuertemente con unas relaciones bilaterales narcotizadas con Colombia alrededor del tema y cuya modificación no se observa hasta ahora bajo la administración Biden, seguramente buscando prolongar los beneficios de los procesos de militarización en nombre del combate al narcotráfico.


Las innovaciones transnacionales y el auge de la economía ilegal de la coca/cocaína se acompañan de procesos de corrupción o de involucramiento interesado de grupos sociales emergentes que controlan el poder político y la seguridad estatal, lo que da garantías de éxito a los consorcios criminales. Sin participación del Estado es imposible la sostenibilidad de las estructuras criminales. Mientras tanto, la guerra contra las drogas es hoy en día un mecanismo de empoderamiento de múltiples intereses públicos y privados (geopolíticos, económicos, de ejercicio del control territorial y de lavado de activos) donde el control de psicoactivos se configura como carta de presentación o franquicia para legitimar políticamente decisiones que finamente salvaguardan esos intereses.


En conclusión, aquí opera una doble ganancia: mantener la prohibición fortalece el poder de las élites emergentes que posibilitan la protección, la financiación de sus campañas electorales y el lavado de activos que abarca la misma contratación del Estado. De otro, desarrollar la guerra contra las drogas fortalece alineamientos internacionales en materia de seguridad, facilita contratos multimillonarios envueltos en un blindaje de “seguridad” sobre los cuales la guerra misma mata también la transparencia del manejo de esos recursos y su uso contribuye a afianzar el poder de la concentración de la propiedad agraria como punta de lanza del poder de las élites emergentes.


Por dar un solo ejemplo: Un informe de junio de 2020 estima que el gobierno colombiano gastó cerca de la mitad de su presupuesto de defensa en personal, instalaciones y operaciones en zonas rurales totalizando US $2.600 millones de dólares en ese proceso ($9 billones de pesos de entonces). Así se han construido cinco nuevas bases rurales de la Policía en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Guaviare y construirá otras cinco más en el 2021 en zonas golpeadas por el narcotráfico y la violencia (9). La injerencia de Washington en ese alineamiento colombiano (y de tolerancia frente a lo que sabe del papel y negocios de las élites emergentes) es de tal magnitud que se arroga el “acompañamiento” en la preparación de una venta masiva de activos (bulk asset sale) de 5.000 propiedades incautadas para extinción de dominio y cuyos dineros van a un fondo para futuras operaciones antinarcóticos (10).


Un liderazgo necesario


La campaña de la guerra contra las drogas está hoy en su peor momento y su vigencia solo puede explicarse por la compleja gama de actores e intereses que se benefician cuando la guerra no es sobre las drogas sino sobre la extracción de ganancias de diferente orden en nombre de esa cruzada. Esta es una guerra que oculta las responsabilidades de la institucionalidad en el agravamiento de la situación y que hemos observado tanto en las emergencias hospitalarias como en las muertes por sobredosis en EU.


Desde una perspectiva transnacional y dada la complejización del mercado de cocaína en el mundo, las respuestas bilaterales a la manera como lo entiende Washington y Bogotá sobre las drogas principalmente cocaína, son totalmente obsoletas. Salvo que se observen como fuente de ganancias diversas tal como se ha analizado, pero que en materia de drogas no se corresponde con la realidad del fenómeno hoy. En el marco de una política razonable, se demanda con urgencia una mirada multilateral dado que Europa y Suramérica empiezan a experimentar serios problemas en sus sistemas de salud, desafíos a sus políticas de atención y prevención por la magnitud de las sobredosis de cocaína fumable y cocaína que se liga letalmente con opiáceos, fentanilo o heroína.

 


En ese sentido, resulta incoherente el manejo informativo que hace la DEA, al propagar la falsa idea de que una sustancia psicoactiva se mantiene en sus características cuando se liga con otra. La combinación se torna sencillamente en otro psicoactivo distinto. A pesar de esto, aún se siguen presentando de manera incorrecta las muertes por sobredosis de cocaína en EU al no diferenciar las particularidades de su combinación con opiáceos sintéticos o con heroína. Un problema que debe ser tratado con buenas políticas preventivas. No obstante, dadas las demandas legales que han instaurado las víctimas contra las grandes empresas farmacéuticas, sabemos más ahora sobre la gama amplia de responsables detrás de esa tragedia.


Desde la perspectiva colombiana y en la búsqueda de un replanteamiento del manejo del problema, se demanda una estrategia diplomática que posicione el problema de cocaína a nivel internacional buscando intercambios rigurosamente diseñados y razonablemente conducidos, respaldados por investigación de alta calidad en el tema. La estrategia de manejo debe moverse con eficacia enriqueciendo el intercambio de experiencias y el saber acumulado para el logro de acuerdos con otros países, sin permitir que el tema se siga contaminando con los intereses de las grandes transnacionales de la industria militar, del mercenarismo, de los intereses geopolíticos y sobre todo del poder de las mafias que hoy controlan el poder político en diversos estados sobre todo en Latinoamérica. Un descomunal desafío.

1. Véase Pierina Pighi Bel, “Los peores años de la crisis de opioides en EE.UU. no han pasado”: Anna Lembke, psiquiatra estadounidense experta en adicciones, BBC News Mundo, junio 21 de 2021.
2. Case Anne y Angus Deaton, Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Ariel, 2020.
3. En el caso de las drogas, los cuestionamientos a la prohibición como expresión notablemente irracional en su manejo internacional, generalmente se enmarca en la búsqueda de un dispositivo que se denomina legalización asumido con una generalidad inusitada y una pobreza de contenidos.
4. Case Anne y Angus Deaton, op. cit.
5. Case Anne y Angus Deaton, ibíd., p. 177.
6. BBC News World “US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic”, 15-07-21.
7. Unodc World Drug Report 2021 Vol. 2 Global Overview: Drug Demand and Drug Supply.
8. Unodc, ibíd., p. 24.
9. US Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations MEMORANDUM OF JUSTIFICATION TO ACCOMPANY CERTIFICATION UNDER SECTION 7045(b)(2)(A) OF THE DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED PROGRAMS APPROPIATIONS ACT, 2020 (Div. G, P.L. 116-94)
10. Ibidem.

* Investigador Asociado al Transnational Institute TNI y miembro de la Corporación Viso Mutop.

Publicado enColombia
El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dan la mano en Pekín, el 31 de agosto de 2016.Wu Hong / Reuters

"Tenemos que trabajar mejor juntos y mantenernos firmes para que China no pueda imponer sus intereses ni enfrentarnos a unos contra otros", declaró el jefe del Ejecutivo canadiense en una entrevista.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha arremetido contra el Gobierno de China en una entrevista con la cadena Global News emitida este sábado en la que insta a los países occidentales a constituir un "frente unido" ante "la coercitiva diplomacia" de Pekín.

"Hemos estado compitiendo y China, de vez en cuando, nos ha hecho frente de forma muy inteligente en un mercado abierto y competitivo. Tenemos que trabajar mejor juntos y mantenernos firmes para que China no pueda imponer sus intereses ni enfrentarnos a unos contra otros", sostuvo el jefe del Ejecutivo.

Trudeau, que —según detalla el medio— reconocía en el pasado la capacidad del Partido Comunista chino de movilizar a su pueblo y trató de mejorar las relaciones bilaterales entre dos países, dijo en la entrevista que la China de ahora "ya no es la China que pensábamos hace 10 años o incluso hace cinco años en algunos aspectos".

En particular, el dirigente canadiense opinó que hace falta seguir presionando al gigante asiático en relación con los derechos humanos, la situación en Hong Kong, así como asegurar que China no intervenga en los asuntos internos de "países independientes en Asia".

Por otra parte, destacó que hay áreas como la lucha contra el cambio climático en las que es necesaria la cooperación con Pekín. Según Trudeau, China "va a ser un actor importante" si el mundo realmente quiere descarbonizar la economía global.

No mezclar los deportes con la política

Las relaciones chino-canadienses empeoraron a primeros de este mes, cuando Ottawa secundó el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín anunciado por EE.UU., Australia y el Reino Unido.

"Aferrados a la mentalidad de la Guerra Fría y a los prejuicios ideológicos, Canadá y un puñado de países occidentales interfieren en los asuntos internos de otros países con el pretexto de los derechos humanos en un intento de perturbar y contener su proceso de desarrollo", respondieron entonces desde la Embajada china en Ottawa.

Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, aseguró que quienes apoyaron el boicoteo "pagaran un precio" por sus "actos equivocados", al tiempo que recordó que "los deportes no tienen nada que ver con la política". 

Publicado: 26 dic 2021

Publicado enInternacional
El comercio mundial, el avance tecnológico, el fetiche del capitalismo

En la era digital, son cada vez más los gobiernos que han adoptado políticas encaminadas a impulsar el crecimiento por medio de la innovación y la modernización tecnológica y las repercusiones económicas a nivel nacional asociadas a la pandemia de la Covid-19 están llevando a los países a fortalecer esas políticas.

Digitalización significa hoy un futuro apremiante, a la vez que una esperanza. El peligro es que cuando una palabra pasa ser el vehículo de todas las aspiraciones sociales, inevitablemente se vacía en cierto grado de contenido. El problema es que la reflexión previa sobre su significado real, material, era y es tan escueta, que podría convertirse en un fetiche más del capitalismo neoliberal.

Un reciente informe, que examinan esas tendencias y el papel que desempeñan el comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC) en este contexto, destaca que  es un hecho real, que el desplazamiento hacia la digitalización y las economías basadas en los conocimientos pone de relieve la creciente importancia de la innovación y la tecnología para el crecimiento económico.

En el marco de las denominadas “nuevas políticas industriales”, las políticas gubernamentales tienen por objeto desplazar la producción nacional hacia las nuevas tecnologías digitales instrumentales y a la vez facilitar la modernización de las industrias maduras.

Antecedentes

En la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial, adoptada en la Segunda Conferencia Ministerial de mayo de 1998, se pedía el establecimiento de un Programa de Trabajo para examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico mundial que afectaran al comercio. El mismo fue adoptado por el Consejo General en septiembre de 1998, y desde entonces se celebran debates periódicos sobre el comercio electrónico en varios órganos de la OMC.

Diecinueve años después, en la Undécima Conferencia Ministerial celebrada en 2017, varios grupos de miembros de la OMC con ideas afines formularon declaraciones conjuntas encaminadas a hacer progresar los debates sobre el comercio electrónico, elaborar un marco multilateral para la facilitación de las inversiones, poner en marcha un grupo de trabajo sobre las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y avanzar sobre las reglamentaciones nacionales en la esfera del comercio de servicios.

En diciembre de 2020, los Miembros publicaron un texto que serviría de base para futuras negociaciones. La iniciativa ha seguido su camino para lograr avances sustanciales de cara a la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, prevista para finales de 2021, a posteriori frustrada por el incremento de la pandemia.

La Iniciativa Conjunta sobre el Comercio Electrónico

No obstante, desde enero de 2021, 86 Miembros de la OMC que representan el 90% del comercio mundial, participan en estos debates.  La iniciativa ha sido convocada conjuntamente por losl embajadores George Mina (Australia), Yamazaki Kazuyuki (Japón) y Tan Hung Seng (Singapur).

A su vez, un grupo de Miembros de la OMC mantiene debates por separado en el marco de la Iniciativa Conjunta sobre el Comercio Electrónico. En líneas generales, las negociaciones se basan en una serie de propuestas de texto de los diferentes actores que se distribuyen a todos los Miembros de la OMC. Las mismas se llevan a cabo en un marco en que se combinan sesiones plenarias, grupos de reflexión y reuniones en pequeños grupos.

Las cuestiones planteadas en las comunicaciones de los Miembros se debaten en el marco de seis temas principales: posibilitación del comercio electrónico, apertura y comercio digital, confianza y comercio digital, cuestiones transversales, telecomunicaciones y acceso a los mercados. Los coorganizadores han animado a los participantes a que consideren las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentan los Miembros, incluidos los países en desarrollo y los países menos adelantados, así como las pequeñas empresas.

A pesar de los desafíos que plantea la pandemia, las negociaciones han seguido avanzando en formato virtual, ya que con la Covid-19, la necesidad de elaborar normas de alcance mundial sobre el comercio digital se ha hecho aún más urgente.

Una convergencia a la innovación y evolución digital

En muchos países, las políticas gubernamentales tratan de mejorar el entorno empresarial o de orientar la estructura de la actividad económica hacia determinados sectores, tecnologías o tareas en los que las perspectivas de crecimiento económico o bienestar social serán superiores si se llevan a cabo esas intervenciones.

Por lo general, la motivación de los Gobiernos para poner en aplicación políticas en el plano sectorial es impulsar el crecimiento a largo plazo, aumentar los ingresos y la productividad y, de ese modo, promover el emprendimiento, la innovación, la transferencia de tecnología, la capacitación técnica y la competencia como políticas concretas para alcanzar esos objetivos.

El Ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, Dan Tehan, los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, Comercio e Industria (METI)de Japón, Yoshimasa Hayashi  y, Koichi Hagiuda, junto al ministro de Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, destacaron la buena convergencia lograda en ocho artículos hasta el momento.

El canciller japonés señaló que «aunque la 12ª Conferencia Ministerial se ha pospuesto, esta negociación sobre el comercio electrónico sigue siendo una de las áreas clave para la OMC como organización que promueve el comercio mundial. Es importante seguir dando resultados a esta negociación, con el objetivo de seguir avanzando en el próximo año”.

Japón ha estado abogando por el concepto de «Flujo Libre de Datos con Confianza (DFFT)» y ve un valor significativo en la realización de este concepto. Al tiempo que mantiene la inclusión de los miembros participantes, Japón, como co-convocante de la iniciativa, continuará acelerando la negociación para lograr un resultado de alto nivel, incluso sobre las reglas de libre flujo de datos.

Los ministros dijeron que los resultados ya alcanzados en áreas importantes de las negociaciones ofrecerían importantes beneficios, incluido el aumento de la confianza del consumidor y el apoyo a las empresas que comercian en línea. Dijeron que organizarían el programa de trabajo de la iniciativa para garantizar la convergencia en la mayoría de las cuestiones para fines de 2022.

Por su parte la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destaco que «El trabajo realizado promete más estabilidad y previsibilidad para los consumidores y las empresas en un sector de rápido crecimiento de la economía digital. La pandemia ha puesto de relieve la importancia del comercio electrónico como herramienta de inclusión, ayudando a las pequeñas empresas a acceder a los mercados internacionales, en particular a las empresas encabezadas por mujeres», dijo.

En su declaración, los co-convocantes señalaron el apoyo de los participantes en la iniciativa a la continuación de la moratoria multilateral del comercio electrónico. Dijeron que consideraban crucial fuera permanente entre los participantes la práctica de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. Los co-convocantes destacaron la importancia de apoyar la participación de los miembros en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) miembros en la iniciativa, incluida la aplicación de los compromisos.

Navegamos por un mar de dudas; entre la avaricia y el poder

La digitalización de las organizaciones y las empresas significa hoy un futuro apremiante, a la vez que una esperanza. El problema es que la reflexión previa sobre su significado real, material, era y es tan escueta, que podría convertirse en un fetiche más del capitalismo neoliberal.

El desarrollo imparable de la tecnología es inversamente proporcional al crecimiento tanto de perspectiva como de conciencia del ser humano.  El poderoso, cegado por la avaricia y el ansia de poder, contempla los avances técnicos como oportunidades de control para acrecentar y perpetuar el dominio del grupo de poder sobre las clases medias y trabajadoras.

La concentración del know how (saber como hacer) tecnológico en los oligopolios ocasiona un desajuste en el equilibrio de fuerzas entre los estados nación – no tan soberanos – las pymes y sus ciudadanos respecto a estas megacorporaciones, quienes, necesitados de maquinaria industrial de última generación y de algoritmos inteligentes eficientes, además de una infraestructura novedosa y resistente, acaban doblegándose a sus condiciones

El avance tecnológico actual, cuya curva de crecimiento se va tornando cada vez más exponencial respecto al tiempo, puede dar lugar a dos paradigmas de civilización totalmente opuestos. El camino elegido dependerá en gran medida del poderío que ejerza el conjunto de la sociedad –ausente de los debates– sobre los legisladores de las diferentes naciones y el estamento del poder económico. Es nuestra responsabilidad y de nadie más.

Mientras tanto, las videosconferencias siguen en manos de actores secundarios, con los protagonistas principales ajenos, al cinturón de plata bruñida que aprisionara su destino. El objetivo final del avance tecnológico ha de ser el alcance global de su explotación, no el sometimiento derivado de él.

 

Por Eduardo Camín | 25/12/2021

Eduardo Camín. Periodista uruguayo acreditado en la ONU- Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Publicado enEconomía
Domingo, 19 Diciembre 2021 06:11

Una ventana a la gran escasez

Una ventana a la gran escasez

La escasez de materias primas y de energía que ha experimentado la economía global en los últimos meses es una pequeña muestra de lo que puede ocurrir en los próximos años si no se cambian los patrones de consumo.

 

Primero fue el gel hidroalcohólico, las mascarillas, los respiradores e incluso, en algún supermercado, el papel higiénico. Durante unos pocos meses, la población de los países más desarrollados del mundo observó pasmada —con la misma incredulidad con la que miraba en directo cómo se extendía una pandemia global— que en las sociedades de la abundancia podían faltar cosas. 

A medida que la vida comenzaba a normalizarse, cada vez resultaba más evidente que algo había fallado en el reseteo de la economía después del parón de la economía. La era de la escasez no estaba finalizando. Más bien al contrario, acababa de comenzar.

Un año después del fin del confinamiento más duro y del reinicio de la actividad, la escasez y los problemas de suministro ya afectaban en diferentes grados a casi todas las materias primas y a todos los sectores. En septiembre de 2021, la escalada en los precios de la energía iniciada antes de verano adoptaba la forma de apagones en toda China y el cierre de fábricas en EE UU y Europa. El aumento del precio de la electricidad, del gas, de la gasolina, del diésel y del carbón no tardó en trasladarse a toda la economía y ha generado unas tasas de inflación inéditas en los países ricos desde la última gran crisis energética, en los años 70.

La explicación oficial a este caos generalizado es el desajuste entre la oferta y la demanda, unos “cuellos de botella” de una recuperación rápida, agravados por las tensiones geoestratégicas con China, Rusia o Argelia. Según estos análisis, se trata de una crisis coyuntural que se irá resolviendo en cuestión de meses. Sin embargo, cada vez son más las voces desde la comunidad científica que advierten de los aspectos estructurales que hay detrás de estos desbarajustes, unos cortocircuitos que solo pueden ir a más a medida que el crecimiento exponencial del consumo choca con los límites físicos del planeta. 

Pasen y vean, la gran escasez

A mediados de octubre, algunos indicadores empezaban a señalar que lo peor había pasado, con descensos en el precio del transporte marítimo o en la cotización de la madera. Sin embargo, al cierre de esta edición la crisis energética continúa agravándose y la falta de materiales básicos para el funcionamiento de la economía sigue siendo un problema de primer orden. La industria tecnológica prevé problemas en el suministro de chips hasta 2023 y el cierre de las fábricas de fertilizantes compromete las cosechas de 2022. A la vez, la falta de materias primas vitales para la industria mundial, como el magnesio, el papel o el acero, entre una larga lista, sigue sin tener una solución a la vista.

Las escenas de desabastecimiento seguirán en 2022 y serán cada vez más habituales, sostiene Antonio Turiel, científico del CSIC en una conversación con El Salto. Cuando ya ha pasado más de un año desde el inicio de la recuperación económica, la excusa de los “cuellos de botella” ya no cuela, sostiene este investigador. Los cortocircuitos en la economía global se deben, continúa, sobre todo a motivos estructurales, en especial, a una crisis energética que viene de lejos y va para largo. 

Para Turiel, el “efecto más directo” de la pandemia ha sido que las petroleras han acelerado un proceso de desinversión que no es nuevo y “ha precipitado hacia el vacío” el sistema económico mundial, basado en los combustibles fósiles. Las previsiones de escasez de energía y de materiales ya estaban contempladas en diversos estudios científicos, pero estos se han visto superados por la realidad: “No tendríamos que caer tan deprisa”, resume.

Estamos a las puertas de lo que Turiel llama “la gran escasez”, un proceso que amplios sectores de la comunidad científica llevan décadas documentando. “Hemos tocado el punto máximo y, a partir de ahora, lo que nos espera es un proceso de declive que en algunos momentos irá más rápido, en otros momentos irá más lento, pero en cualquier caso es una bajada que durará mucho tiempo. No es que los recursos se acaben de hoy para mañana, pero cada vez habrá menos, cada vez tendremos que aprender a hacer las cosas con menos”, sostiene el autor de Petrocalípsis (Alfabeto, 2020).

Un punto de inflexión

Alicia Valero es investigadora de la Universidad de Zaragoza y directora del grupo de Ecología Industrial en el instituto Circe. Ha escrito más de cien publicaciones sobre el agotamiento de los recursos del planeta y trabaja también como consultora de diversas empresas, Seat entre ellas, a las que asesora sobre la disponibilidad de materias primas.  

Durante años, cuenta a El Salto, hablar sobre escasez de recursos era un tabú, pero esto ha cambiado en el último año después de que la gente y muchos sectores económicos “vivieran en primera persona el desabastecimiento”. Para la coautora del Thanatia, los límites minerales del planeta (Icaria, 2021), esta crisis de materiales y suministros es una “ventana” hacia un mundo en el que “los problemas de escasez serán el pan nuestro de cada día”. 

Muchos de los problemas coyunturales irán desapareciendo, sostiene, en especial aquellos provocados por una demanda disparada y unas fábricas y cadenas logísticas limitadas. Pero quedará la crisis de fondo: “Al igual que las fábricas tienen un límite, si extrapolamos el problema a la gran fábrica que es la naturaleza, tarde o temprano toparemos con esos límites”. Y esos límites “están muy cerca”, si se continúa con este “consumo exponencial”, dice. 

Entre los múltiples ejemplos a mano, Valero habla del cobre: en los últimos 20 años se ha extraído tanto de este material como en toda la historia de la humanidad. Y ocurre lo mismo con todos y cada uno de los elementos clave de la economía mundial: en las próximas décadas habrá problemas de suministro de cromo, germanio, estaño, cobalto, níquel, litio, cadmio, galio, indio, plata, platino, selenio, teluro, titanio, vandanio, zinc o de los 17 elementos de las tierras raras. Dicho de otro modo, las baterías de los móviles y los coches eléctricos, las pantallas táctiles y los paneles fotovoltaicos, las lámparas led y los semiconductores, es decir, prácticamente todo lo que se necesita para la revolución digital y verde depende de unos material finitos que, al ritmo actual de consumo, no se puede garantizar su suministro en la segunda mitad de siglo. Mucho menos si se cumplen las previsiones y en 25 años el mundo consume el doble que ahora. 

El gran problema, cuenta Valero, es que no hay reservas explotables suficientes y abrir un nuevo yacimiento tarda unos 16 años de media, detalla. A esto se suma una gran dependencia de los países suministradores de componentes y materias primas. Taiwán produce el 90% de los chips más avanzados. Las reservas de litio —vital para las baterías de todo tipo— están concentradas en Australia y en el triángulo del litio en Sudamérica, aunque es China quien monopoliza su refinado. También es China quien controla el 86% de la producción de tierras raras —imprescindibles para los electrodomésticos, los ordenadores, móviles o vehículos— y controla una proporción similar del magnesio, imprescindible en toda la industria que utiliza aluminio. La decisión de China de dejar de exportar algunos de estos materiales para garantizar el suministro de sus propias fábricas es clave para entender la actual crisis de desabastecimiento. 

 “Estamos cerca de alcanzar los límites geológicos del planeta. Y no digo que agotemos todos los recursos, sino que agotemos los recursos accesibles. Prácticamente, ya hemos extraído lo que es más accesible y ahora se habla de ir hacia los océanos, hacía la Amazonía, hacia la Antártida… Pero, ¿a qué coste?”, se pregunta. 

La crisis de escasez de recursos corre paralela a las otras dos grandes crisis que atraviesan el planeta: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. “Tenemos un problema de cambio climático por una sobreexplotación de recursos fósiles y si hoy hay escasez de petróleo es porque lo hemos consumido de forma exagerada y esto ha provocado a su vez los problemas que tenemos de cambio climático”, señala Valero. El consumo exponencial de recursos naturales también ha llevado a la pérdida de biodiversidad con consecuencias tan graves como las crisis de los polinizadores o la misma pandemia del coronavirus, provocada en última instancia por el avance de la actividad humana sobre los ecosistemas naturales.

La madre de todas las crisis

A pesar de que el debate sobre la escasez de recursos ha entrado en la agenda pública, Turiel reconoce que sigue habiendo “cierto malditismo” que condena a quienes señalan razones estructurales detrás de la crisis de suministro. “En la comunidad científica, entre los investigadores que trabajan con recursos esto es un tema bien conocido, bien discutido... Pero en el debate público es diferente. Cuando empiezas a hablar de que no se puede seguir incrementando el consumo de materiales y energía entras en contradicción con la idea de mantener un sistema económico basado en el crecimiento continuo”, dice Turiel. “Si aceptas que hay un problema de escasez, aceptas que el capitalismo se está acabando y hay gente que podría perder mucho dinero porque no va a haber inversores para sus negocios”, añade.

De hecho, esto es exactamente lo que lleva ocurriendo con el petróleo desde antes de la pandemia, en concreto desde 2014, cuando la industria renunció a buscar nuevos pozos petroleros. 

Ya en 1998, los geólogos Colin Campbell y Jean Laherrere, en un artículo publicado en la revista Scientific American, justificaban con datos de la industria que el petróleo convencional, aquel que es más fácil de extraer, con mayores rendimientos energéticos, se estaba agotando a toda velocidad. Al mismo tiempo, el crudo que quedaba por explotar, el petróleo no convencional, el que está bajo el mar, mezclado en arenas bituminosas o que se debe extraer mediante la contaminante inyección hidráulica o fracking, sería tan caro de extraer que tarde o temprano habría problemas de suministro. 

Y así ocurrió, explica Turiel. En 2005, se alcanzó el pico del petróleo convencional o, dicho de otra manera, en 2006 la humanidad comenzó a consumir la segunda mitad de las reservas mundiales del mejor petróleo. Entre 1998 y 2014, las petroleras multiplicaron por tres sus inversiones para buscar nuevos yacimientos, pero obtuvieron un “magro resultado”: la producción solo creció un 26% en el mismo periodo. Lo que vino después era esperable: redujeron su inversión en nuevas prospecciones en un 60%. Algunas empresas petroleras, como Repsol, han abandonado por completo la búsqueda de nuevos yacimientos. “Lo que pasa es que se cansaron de perder dinero”, dice. Los efectos de esta desinversión provocó que en 2018 se alcanzara el pico en la extracción de todos los tipos de petróleo. Al cierre de esta edición, el precio de la gasolina y del diésel estaba cerca de superar su máximo histórico, alcanzado en la crisis de 2008.

Historias y futuros parecidos se repiten con los otros combustibles fósiles. “Hemos llegado a los máximos de extracción de petróleo, de carbón, de uranio y pronto llegaremos al del gas. Teniendo en cuenta que estas cuatro materias primas no renovables aportan casi el 90% de toda la energía primaria que se consume en el mundo, esto nos deja en una situación complicada. Y no tiene remedio”, argumenta Turiel.

Para este doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, todavía no hay sobre la mesa ninguna tecnología que pueda sustituir a los combustibles fósiles. La revolución de las renovables, al menos tal como se concibe actualmente, choca con los límites materiales del planeta y solo podría reemplazar una parte de la energía fósil que se utiliza actualmente. La prometida energía de fusión —la que alimenta las estrellas— es un “experimento a 35 años que llega tarde”. Y los intentos de resucitar la energía nuclear vuelven a chocar con la realidad: las centrales son peligrosas, caras, tardan años en construirse, cuentan con una enorme oposición ciudadana y necesitan de un combustible fósil, el uranio, cuya producción ha caído un 20% desde 2016.

Valero también identifica límites en la transición ecológica anunciada: “Lo que no podemos hacer es seguir creciendo en consumo energético y sustituir los fósiles por energías renovables. No hay suficiente cobalto, no hay suficiente litio, no hay suficiente teluro, y así sucesivamente. Pintar de verde la economía actual va a ser imposible”.

Pero no todo son malas noticias. La gran escasez es “inevitable”, pero, al menos según defienden Antonio Turiel y Alicia Valero, no está escrito cómo termina la historia. La forma en la que los Gobiernos y la ciudadanía se enfrenten a este nuevo desafío determinará si este declive lleva a un colapso del sistema o a un reajuste de los estándares de consumo que nos permita vivir dentro de los límites físicos del planeta.

¡Decaigamos!

Las guerras por los recursos, la pérdida de población o de interconexión, las hambrunas y el ascenso de soluciones autoritarias, entre un largo abanico de posibilidades que podría traer un colapso, son evitables. Lo que no es evitable, afirma Turiel, es el decrecimiento.

Todos los caminos llevan a decrecer, sostienen tanto Turiel como Valero. La diferencia “es si pilotas el proceso o no”, señala el primero. “O lo hacemos a las buenas o al final los límites físicos nos impondrán recular a las malas”, indica la segunda. 

 “Con el conocimiento científico-técnico que tenemos hoy en día podemos garantizar un nivel de vida igual al actual, e incluso superior, consumiendo muchísima menos energía y muchísimos menos materiales”, defiende este científico del CSIC. Aunque no todos los países ni todos los sectores sociales deberían decrecer al mismo ritmo, añade. Según Oxfam, el 1% de la población mundial es responsable del 16% de las emisiones globales.

Sin embargo, para Turiel, el camino está lejos de estar despejado y el problema es social y cultural: “No se concibe nada fuera del capitalismo. La gente se cree que el final del capitalismo es el final del mundo, pero no es verdad. El capitalismo solo tiene dos siglos de existencia y lo que hay que hacer es superar esta etapa”.

El autor de Petrocalipsis compara el capitalismo con la adolescencia de la humanidad. “Nosotros estamos teniendo una adolescencia difícil, un periodo en el que se crece rápidamente. Pero lo que hay que hacer es madurar y llegar a una situación de equilibrio con la naturaleza. Podemos seguir viviendo en este planeta si lo hacemos a partir de lo que se puede regenerar cada año, de una forma realmente sostenible”. Los tres grandes desafíos de la humanidad y del planeta pasan por el mismo cuello de botella, el decrecimiento. “El decrecimiento es inevitable, pero estamos a tiempo, podemos reaccionar, tenemos conocimientos para adaptarnos a él”. Tal como recuerda Turiel, el colapso de las civilizaciones “siempre es un daño autoinfligido”. ¿Seremos capaces de superar la adolescencia de la humanidad?

Por Martín Cúneo

@MartinCuneo78

19 dic 2021

Publicado enEconomía
El presidente Vladimir V. Putin de Rusia y Xi Jinping, el presidente de China, en 2019 en Brasil. Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters. Fuente: New York Times

Estuvieron sobre la mesa el comercio bilateral y los problemas estratégicos con el imperialismo norteamericano y europeo. Una alianza que se consolida y desafía a Occidente.

 

La cumbre virtual entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, fue una primer respuesta frente a la iniciativa del presidente norteamericano Joe Biden que convocó hace pocos días a una Cumbre por la Democracia. Fue una maniobra geopolítica ofensiva para agrupar a distintos países – muchos de ellos con regímenes lejanos a una democracia liberal según los criterios occidentales representados por Europa y EE. UU. –. Biden intenta evitar el declive de la hegemonía de Estados Unidos, una tendencia marcada desde hace varios años profundizada luego de su retirada de Afganistán, buscando establecer un división tajante entre “buenos” y “malos”, “autoritarios” y “democráticos”, utilizando formas y discursos políticos que recuerdan a la Guerra Fría. Pero que en el fondo imprime una situación internacional de rivalidad estratégica con Rusia y, centralmente, China, que por obvias razones no fueron invitados a esa fiesta.

Por esto, en este escenario de enfrentamientos cada vez más complejos debido a la interdependencia productiva, cada paso de EE. UU. por evitar el desarrollo de la relaciones entre Rusia y China, o su consolidación como polo de poder, logra su efecto contrario. Por eso es que Vladímir Putin, y Xi Jinping, se apoyaron este miércoles mutuamente en los asuntos que les enfrentan con Occidente [1]. , sobre todo Estados Unidos, durante una cumbre virtual que se prolongó una hora y media. La videoconferencia fue catalogada como "una conversación entre dos colegas, dos amigos", por el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa telefónica. Según el Kremlin, el mandatario chino afirmó que aunque Pekín y Moscú no forman una alianza formal, el nivel de sus relaciones es superior al de unos aliados.

¿Pero qué hablaron lo líderes de Rusia y China? Estuvieron sobre la mesa el comercio bilateral y los problemas estratégicos y diplomáticos con Occidente.

Comercio bilateral

En primer lugar se felicitaron por el "excelente nivel" de las relacione es bilaterales y destacaron un notable aumento del comercio entre ellos. Ambos se comprometieron a seguir trabajando para duplicar el intercambio bilateral hasta los 200.000 millones de dólares. Xi señaló a su vez que las relaciones entre China y Rusia han superado pruebas y han "mostrado vitalidad". "Los dos países se respaldan mutuamente en temas de interés clave, tienen intereses compartidos y actúan como piedras angulares del verdadero multilateralismo” dijo el mandatario chino.

Las relaciones comerciales entre ambos países se vienen sellando a partir de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Nueva Ruta de la Seda),impulsada por China desde 2013. Un proyecto geoestratégico que busca dar solución a distintas problemáticas internas de China pero que al mismo tiempo, si se desarrolla, puede ser un trampolín a construir una institucionalidad internacional que dispute la hegemonía mundial.

Para ello es que China necesita en gran medida los hidrocarburos rusos, así como su espacio territorial por donde pasa un enorme red de gasoductos y oleoductos y vías ferroviarias con destino a Europa. Un espacio que, en términos de David Harvey, puede ser utilizado para resolver la actual crisis capitalista a partir de soluciones espaciales infraestucturales que permitan, a partir de inversiones en infraestructura la creación de nuevos espacios de acumulación capitalista [2]. Por eso, uno de los temas que abordaron los líderes fue el gasoducto Fuerza de Siberia 2, para aumentar las exportaciones de gas ruso a China.

Enfrentamientos geopolíticos

En este contexto, Putin recibió durante la cumbre, el respaldo de su homólogo chino, Xi Jinping, a la exigencia rusa de garantías de seguridad que impidan el acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN a las fronteras. Este avance es impulsado por Estados Unidos sobre un territorio clave de la influencia rusa en Europa oriental desde un punto de vista cultural (la capital Kiev es la madre de la cultura rusa), pero también geopolítico y económico: Ucrania.

Zbigniew Brzezinski, uno de los principales cuadros intelectuales estadounidenses en geoestrategia y neorrealista, plantea en su libro El Gran Tablero Mundial (1998) la importancia estratégica que tiene Ucrania para Estados Unidos en su enfrentamiento con Rusia. Para el estratega si Ucrania estuviese dominada por Occidente, se podría domar al gigante ruso, mientras que si Rusia controla Ucrania tiene chances de volver a convertirse en gran potencia mundial. Como explica Gabriel Merino [3] en este sentido, Ucrania es, el principal país para construir el proyecto de la Gran Nación rusa. Por esta razón es que desde 2014 cuando estalla la guerra civil en Ucrania entre pro-rusos y pro-occidentales, Estados Unidos ha apoyado de forma incondicional al segundo sector en sus demandas por entrar a la OTAN y a la Unión Europea, entre otras. Algo que tanto Francia como Alemania rechazan para desescalar el conflicto con Rusia, ya que tienen una gran dependencia de los hidrocarburos rusos (sobre todo Alemania vía el gasoducto Nordstream I y el II en construcción), además de una problema migratorio de refugiados en las fronteras entre Polonia y Lituania con Bielorrusia.

Además, el principal escenario que busca evitar Estados Unido es el posible acercamiento entre la UE (que busca conseguir mayor autonomía de EE. UU.) y Rusia (cuyo objetivo se circunscribe a los lineamientos eurasianistas de Putin así como la búsqueda de un mundo multipolar). De esta manera, la guerra en ese país y la escalada militar (Putin movilizó 175,000 soldados a la frontera con Ucrania) son una cuña para los distintos proyectos, incluso bloqueando la puerta de entrada a Europa a la Nueva Ruta de la Seda.

De todas maneras el respaldo de Xi a Putin en la cuestión ucraniana no significa que se vaya a traducir en un apoyo directo en acciones bélicas. Sino que se trata de una demostración de fuerzas simbólica (por el momento) ante las provocaciones de Estados Unidos.

En el otro extrema del mapa, China enfrenta una situación de aumento de patrullajes militares en el Mar Meridional de China y en el estrecho de Taiwán. Si bien Rusia nunca apoyó públicamente los reclamos chinos sobre ese espacio, en el caso de Taiwán, plantea que la posición de China es legítima. Por su lado China nunca reconoció la anexión de Crimea por parte de Rusia. Si bien han realizado ejercicios militares tanto en el Pacífico como en el Mar Negro y el océano Índico, muestran algunos límites en la alianza, donde ambos buscan flexibilidad estratégica.

Tensiones diplomáticas

Por otro lado, Putin rechazó el boicot occidental a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, además prometió ser el primer presidente en asistir a la inauguración del torneo que se celebrará en entre el 4 y el 20 de febrero del próximo año.

"Confío que en febrero del próximo año por fin podremos reunirnos en persona en Pekín. Como hemos acordado, celebraremos negociaciones. Y después participaremos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpico de Invierno", dijo el jefe del Kremlin a su colega chino.

En este sentido, agregó que Rusia y China se apoyan mutuamente en los asuntos de cooperación deportiva, incluido el "rechazo a cualquier intento de politizar el deporte y el movimiento olímpico".

"No tengo ninguna duda de que los próximos Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán al más alto nivel. En China saben hacerlo", señaló el mandatario ruso.

Entre otros temas…

Aunque se muestren amigables, la historia de ambos países está atravesada por la rivalidad a lo largo de los más de 4250 kilómetros de frontera. Pero la situación de enfrentamiento con Estados Unidos los ha empujado a establecer intentos de nuevas instituciones para equilibrar el poder a nivel global. Entre estas se encuentra el fortalecimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái (una especie de OTAN asiática) o la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), un acuerdo de libre comercio entre los países del sudeste asiático, que integra a China con Japón y Corea del Sur, los principales aliados de Estados Unidos en la región.

Por eso en la cumbre los dos líderes discutieron la formación de una "infraestructura financiera independiente", según Yuri V. Ushakov, para reducir su dependencia de los bancos occidentales y su vulnerabilidad a las medidas punitivas de Occidente que han aplicado sanciones económicas a ambos países (a Rusia por Ucrania y Siria; a China por Hong Kong y la persecución a los uigures). También propusieron una posible cumbre con India, la otra potencia asiática, lo que muestra un nivel de ambiciones geopolíticas más amplias (Putin viajó a Nueva Delhi para reunirse con el primer ministro Narendra Modi la semana pasada).

"Se ha formado un nuevo modelo de cooperación entre nuestros países, uno basado en fundamentos como la no interferencia en los asuntos internos y el respeto por los intereses de los demás", dijo Putin a Xi.

a puja por quién establece las reglas del juego en la arena mundial está enmarcada en un escenario de multipolaridad relativa que está dando a lugar a lo que Estaban Actis y Nicolás Creus en La disputa por el poder global llaman bipolaridad emergente. En este sentido la alianza sinorusa busca establecer una nueva institucionalidad capitalista que compita a nivel global con el imperialismo norteamericano y la Unión Europea, hoy en declive. Este enfrentamiento aún está en pleno desarrollo.

Por Santiago Montag@SalvadorSoler10

Jueves 16 de diciembre

[1] Concepto entendido desde el punto de vista geopolítico que circunscribe a los países anglosajones y de Europa occidental

[2] Ver Harvey, D. (2004), El Nuevo Imperialismo; Arrighi, G. (2007), Adam Smith en Pekín; Merino, Gabriel E. y Trivi, Nicolás (2019), "La Nueva Ruta de la Seda y la disputa por el poder mundial"

[3] Ver en Merino, G. E. (2016) “Tensiones mundiales, multipolaridad relativa y bloques de poder en una nueva fase de la crisis del orden mundial. Perspectivas de América Latina”

Publicado enInternacional
Necropolítica: dejar morir a la gente y la naturaleza para mantener viva la economía

La situación social, económica, política y medioambiental de América Latina es «dramática». Así se refiere a la situación actual Eduardo Gudynas, que durante más de tres décadas ha seguido los problemas del desarrollo, el medio ambiente y los movimientos sociales en la región. «Hay más de 22 millones de pobres, lo que eleva la pobreza total en América Latina a 210 millones de personas. Se han perdido al menos 43 millones de empleos, ha aumentado la informalidad, ha vuelto la inseguridad alimentaria en varios países, más de 160 millones de estudiantes han sufrido interrupciones en sus clases y la atención sanitaria, en lugar de mejorar, ha empeorado. Estos y otros problemas están interconectados», afirma.

Eduardo Gudynas es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES. Fue el primer latinoamericano en recibir la Cátedra Arne Naess de Justicia Global y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo (Noruega). Recientemente se ha incorporado a la Comisión para la Transformación de la Economía del Club de Roma. Sus últimos libros son sobre el extractivismo y los derechos de la naturaleza, publicados en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En inglés, su obra más reciente es «Extractivisms» (Fernwoord, 2021).

– ¿Cuáles son los principales aspectos de las crisis vividas en los países latinoamericanos?

Es necesario entender que estamos inmersos en múltiples crisis. La insistencia en que sólo sufrimos de Covid-19 se utiliza para minimizar otras crisis igualmente graves. Los problemas de la sanidad pública han agravado las dificultades que ya estaban presentes desde años anteriores. Hay dificultades económicas, desempleo y aumento de la pobreza. Ninguno de estos problemas comenzó con la pandemia. Esto explica a su vez que estas crisis afectan a todas las dimensiones sociales, económicas, políticas y medioambientales, y que sus componentes están interconectados. No se pueden tratar por separado.

La situación es dramática: más de 22 millones de personas viven en la pobreza, lo que eleva la pobreza total en América Latina a 210 millones de personas. Se han perdido al menos 43 millones de empleos, ha aumentado la informalidad, ha vuelto la inseguridad alimentaria en varios países, más de 160 millones de estudiantes han sufrido interrupciones en sus clases y la atención sanitaria, en lugar de mejorar, ha empeorado. Estos y otros problemas están interconectados.

– ¿Cuáles son las principales expresiones de este conjunto de crisis?

Hay algunos análisis que consideran la situación actual como una etapa o expresión de la «crisis del capitalismo». Estos planteamientos son a veces muy simplistas porque no entienden que el capitalismo, en cualquiera de sus versiones, implica «crisis». Por tanto, el hecho de que existan estas crisis no significa que el capitalismo esté amenazado, ni que vaya a colapsar mañana. Por el contrario, el capitalismo se reproduce aprovechando las crisis y, en algunos aspectos, esto sirve para reforzar sus versiones más primitivas. Lo que está en marcha en América Latina y en otras regiones son brutales transferencias de excedentes que se captan como dinero, mientras que al mismo tiempo se derivan otras como externalidades de todo tipo, sanitarias, sociales, económicas y culturales.

– Usted propuso la idea de la necropolítica para abordar esta situación. ¿Por qué esta idea nos ayuda a entender estas situaciones?

La pandemia aceleró un cambio más profundo en las formas de entender la política. Los grupos políticos y los Estados aprovecharon la pandemia para reforzar los mecanismos de vigilancia, control y disciplina. Utilizaron la crisis sanitaria para justificar estos altos niveles de pobreza y desempleo. A su vez, argumentando que necesitan salir de la pandemia de la crisis económica, aplican medidas de protección a las empresas e inversores que hasta hace poco eran injustificables.

La necropolítica surge bajo esta condición. Se trata de dejar morir a las personas y a la naturaleza para mantener viva la economía. Todos estamos más controlados y vigilados, la pobreza ha aumentado, cientos de miles de personas han muerto por Covid y el medio ambiente se ha destruido aún más. Pero de alguna manera esto ha sido aceptado por los políticos y gran parte de la sociedad.

Es en este cambio donde el concepto de necropolítica pone su énfasis. Se está produciendo un cambio en la esencia de la forma de entender la política, lo que hace que se acepten y naturalicen todas estas crisis. Hay miedo entre varios sectores de la ciudadanía, una creciente resignación entre otros, y hay quienes exigen aún más control, más facilidades para las corporaciones, más destrucción ecológica.

La idea de la necropolítica también indica que lo que consideran aceptable o inaceptable en las políticas públicas está cambiando, en sus demandas a los gobiernos y en relación con lo que creen que sería vergonzoso tolerar. En el pasado también hubo crisis económicas, pobreza y violencia, pero al mismo tiempo hubo grupos de partidos políticos que consideraron esto inaceptable y buscaron alternativas, y todo esto fue alimentado por fuertes movilizaciones ciudadanas. El debate político estuvo presente en las diferentes formas de defender la vida, de intentar superar estas crisis.

Por el contrario, en la necropolítica hay un fatalismo en dejar morir a las personas y a la Naturaleza, aunque estén obsesionados por mantener vivas las economías. Parece que no nos damos cuenta de que al menos 1,5 millones de latinoamericanos han muerto a causa de la pandemia. Es una cifra asombrosa. Es una ola de muertes que en otros tiempos habría hecho caer a gobiernos y presidentes, pero que no ocurrió, echando la culpa, una y otra vez, al Covid-19. El virus se ha convertido en una excusa para reforzar la necropolítica.

– Algunos componentes de esta necropolítica, como la pobreza y la violencia, están presentes en América Latina desde hace mucho tiempo.

Correcto. La violencia es un problema muy grave, no sólo hoy, sino que se arrastra desde la época colonial. Muchas de sus expresiones conocidas se han reforzado con la pandemia. Por ejemplo, la violencia del Estado al imponer medidas de cuarentena y confinamiento apelando a la policía y al ejército. La escala de todo esto era inmensa. Por ejemplo, estimamos que al menos 300 millones de latinoamericanos experimentaron alguna forma de confinamiento. También se han fortalecido los grupos ilegales, como los que se dedican a la extracción de oro o a los cultivos para las redes de narcotráfico, que controlan los territorios mediante la violencia.

La condición necropolítica se apoya en esta difusión de la violencia. Sin embargo, la necropolítica no se refiere a la violencia en actos concretos, como en el caso de los grupos armados en Colombia o las maras centroamericanas. No es una política que ordene la ejecución de personas. Sin embargo, es una política que permite que mueran, ya sea por Covid-19, o por estos grupos armados o por la criminalidad tradicional, y se resigna a ello. Es la inacción. Es una aceptación resignada. Como si asumiera que se han agotado todas las alternativas para resolver el drama de la violencia.

La vieja política presentaba discursos y medidas para intentar solucionarlo, independientemente de que pudiéramos estar o no de acuerdo con esas propuestas. Estas cuestiones fueron objeto de debate político y amplios sectores de la ciudadanía exigieron soluciones, porque no podían tolerar y estaban indignados por los asesinatos. Sin embargo, tras la pandemia, se produce una transformación en la moral pública: esto ya no genera tanta indignación, ya no produce vergüenza ni angustia, y se acepta cada vez más. Este es el triunfo de la necropolítica.

Así, la necropolítica es el resultado de una ruptura en el campo de la moral. Esto se debe a que la opresión opera ahora en este nivel más profundo y es capaz de anular otras opciones morales. Antes, las condiciones morales consideraban inaceptable que la gente muriera, las muertes generaban angustia e indignación. Durante años, todo esto se ha ido erosionando, pero con la pandemia el proceso se ha acelerado y empeorado. La opresión ha dado un paso más, actuando ahora en este campo antes que las ideologías políticas, para modificar los mandatos morales que alimentan todas las principales corrientes políticas.

– ¿Qué valoración hace de las negociaciones de la convención sobre el cambio climático que acaban de terminar en Glasgow?

Muchos líderes ofrecieron discursos y promesas radicales para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, Iván Duque, de Colombia, prometió la neutralidad en las emisiones netas de carbono para 2050, y el gobierno de Jair Bolsonaro firmó un acuerdo para detener la deforestación. Pero sus prácticas concretas, dentro de cada país, están lejos de cumplir estas promesas; al contrario, empeoran las emisiones de gases de efecto invernadero. Así es como Duque promueve la exploración de petróleo y gas mediante el fracking y defiende la minería del carbón, y en Brasil se acaba de confirmar un aumento del 22% de la deforestación en la Amazonia, alcanzando el nivel más alto en 15 años.

Brasil, junto con países como Argentina y Uruguay, ha firmado incluso un compromiso para reducir las emisiones de metano, que es un potente gas de efecto invernadero que se origina, por ejemplo, en la agricultura y la ganadería. Si realmente actuaran así, golpearían a la poderosa agroindustria de esos países. Pero firmaron ese acuerdo en Glasgow porque no impone medidas para garantizar su cumplimiento. Son sólo declaraciones de intenciones que sirven para la publicidad y para calmar las demandas de los ciudadanos, pero no garantizan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todos los gobiernos son responsables. Es cierto que algunos son más responsables que otros, pero en este momento, todos tienen algunas responsabilidades. Por otro lado, los países industrializados evitan asumirlas en todos sus aspectos, especialmente en la ayuda financiera. Pero al mismo tiempo, muchas naciones del Sur aprovechan su baja proporción de emisiones de gases de efecto invernadero para seguir contaminando y continuar exportando combustibles fósiles, como es el caso de Colombia, Bolivia y Venezuela. O utilizan la excusa de la necesidad de desarrollarse para ser aún más contaminantes, como India y México.

Así llegamos al documento final firmado por todos los gobiernos, el Pacto de Glasgow, en el que reconocen que el objetivo debe ser reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030, y a cero para 2050. Pero en el mismo pacto, unos párrafos después, confiesan que las acciones de los gobiernos no conducen a estas reducciones, sino que actúan en sentido contrario, aumentando los gases de efecto invernadero en un 13,7% para 2030.

Esto hace que el documento firmado en Glasgow sea llamativo porque es una confesión escrita de su fracaso. Y no pasa nada. No hay ningún cataclismo político, ningún ministro de medio ambiente ha dimitido. Gran parte de la prensa internacional ni siquiera entiende el contenido de este pacto, y hay organizaciones que incluso lo han apoyado. Esto es necropolítica. El Pacto de Glasgow muestra claramente que la naturaleza y las personas pueden morir.

– ¿La situación política de los distintos países permite afrontar esta crisis? Por ejemplo, los cambios de gobierno en Ecuador y Perú, o las recientes elecciones legislativas en Argentina y presidenciales en Chile, ¿ofrecen oportunidades o son retrocesos?

Por un lado, hay muchos cambios en marcha, pero por otro lado hay que tener cuidado en el análisis para no caer en simplificaciones. En Ecuador, el banquero Guillermo Lasso ganó la presidencia, aplicando un programa muy conservador. Sin embargo, sigue activo el progresismo, que tiene similitudes con la agenda política del «lulismo» en Brasil y que en Ecuador se inspira en Rafael Correa. Pero al mismo tiempo, hay una renovación de la izquierda que busca dejar atrás las limitaciones progresistas y explora una plataforma comunitaria, territorial, ambientalista, feminista e indígena, liderada por Yaku Pérez. –

Se dice que Perú ha girado hacia lo que algunos llaman progresismo o izquierda, tras la victoria del profesor Pedro Castillo. Pero, de hecho, el progresismo retrocedió mucho, ya que el partido Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, perdió buena parte de sus votantes. La renovación del ala izquierda del Frente Amplio, con Marco Arana, se redujo aún más. Perú Libre, el partido que llevó a Castillo como candidato presidencial, defiende un programa dogmático del siglo pasado, ideológicamente anterior al progresismo, e incluso se ha distanciado del gobierno.

Por lo tanto, se puede ver que los sectores conservadores mantienen una presencia y un poder en estos países. Esto alimenta la necropolítica y, a medida que se extiende, refuerza aún más el conservadurismo.

Algo similar ocurrió con la renovación legislativa argentina, donde el progresismo que corresponde al actual presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha retrocedido. Los partidos clásicos de izquierda han aumentado su presencia, pero los sectores conservadores vinculados a la anterior presidencia de Mauricio Macri han aumentado aún más. No sólo eso, también ha surgido una extrema derecha, similar a la bolsonarista, que ha ganado votos para entrar en el congreso.

El miedo ante la extrema derecha es aún más evidente en las elecciones de Chile. El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, obtuvo la mayoría en la primera vuelta para presidente. Pero lo más alarmante es que la derecha controlará la mitad del Senado y, en la práctica, también la Cámara de Diputados.

Este resultado sorprendió a muchos, porque desde el estallido social de finales de 2019, todo indicaba un giro a la izquierda. Además, en la elección de los miembros de la Convención Constituyente, el progresismo obtuvo una buena votación, pero aún más esperanzadora fue la elección de muchos miembros que representaban una renovación de la izquierda más allá del progresismo. Entre ellos se encontraban reconocidos activistas territoriales, indígenas, ecologistas y feministas. El segundo puesto en la carrera presidencial fue para el candidato de centro-izquierda, Gabriel Boric, procedente del progresismo. Se genera una situación muy tensa, ya que nadie quiere un presidente de extrema derecha, pero al mismo tiempo Boric representa un progresismo que la renovación de la izquierda desea dejar atrás.

En resumen, se puede decir que estamos viendo diferentes tensiones entre al menos tres perspectivas. Hay corrientes de derecha, que pueden ser más moderadas, como en Uruguay, o extremistas, como Bolsonaro y Kast. Ahí se alimenta la necropolítica. Los progresistas gobiernan en Argentina y Bolivia, pero su actuación es aún más criticada, sin avanzar en una renovación de ideas, como ocurriría también en Perú y Chile.

En la dimensión política, siguen atascados con el caudillismo, en la dimensión económica, con el extractivismo, y todavía hay obstáculos, según el caso, con demandas como las feministas, indigenistas y ambientales.

Por lo tanto, no son antídotos eficaces contra la necropolítica.

Por último, se mantienen los intentos de renovar una izquierda plural decolonial y, por tanto, intercultural, ecologista y, de esta manera, postextractivista, feminista y democrática. Son alternativas que trascienden el progresismo, que se enfrentan a la necropolítica, y su avance más reciente se ha producido en Ecuador y Chile, pero ha retrocedido en Perú y es marginal en países como Brasil y Argentina.

– En la última entrevista que nos concedió, dijo que las «alternativas» para América Latina «van más allá del desarrollo capitalista, y para ello contamos con la inspiración del Buen Vivir». En la práctica, ¿qué significa eso en tiempos de necropolítica?

En concreto, el punto en común de estas renovaciones de la izquierda es que tienen componentes que se corresponden con el Buen Vivir. Son de izquierdas porque defienden, por ejemplo, la justicia social y rechazan las aventuras de la derecha y la extrema derecha. Pero también reconocen las limitaciones de progresismos como los de Lula da Silva, con su «nuevo desarrollo». De este modo, el Buen Vivir y otras propuestas similares son alternativas al desarrollo en todas sus variedades. Aparecen de vez en cuando, y el ejemplo más llamativo se da en la Convención Constituyente de Chile. Allí, la comisión de medio ambiente se llama incluso «derechos de la naturaleza y modelo económico». Esto deja claro que apuntan a los derechos de la Naturaleza, que es un componente crucial del Buen Vivir y que, a su vez, corresponde a un cambio en la forma de entender el valor y, por tanto, la asociación con los modelos económicos.

Por lo tanto, no se trata de una discusión filosófica, sino de una izquierda que quiere repensar todas las estrategias económicas desde otros puntos de partida. Los componentes pueden ser muy concretos, como nuevos procedimientos de evaluación de costes y beneficios, herramientas para hacer valoraciones explícitas que no sean utilitarias, otra organización del gasto estatal e incluso propuestas alternativas de integración entre países.

Estos son los antídotos contra la necropolítica. Necesitamos una reconstrucción de la política que proteja la vida, que considere inaceptable que las personas mueran y también la Naturaleza. Este es precisamente el mandato de la Buena Vida. Y, por así decirlo, una política de la vida que parte de la valoración de la vida, no sólo por su utilidad, sino también por su belleza, sus historias e incluso por sus propiedades intrínsecas. Este aprecio alimenta el compromiso moral de defenderla. La política de la vida en la Buena Vida está en la forma en que la practicamos.

Entrevista por Patricia Fachin y Wagner Fernandez de Azevedo, traducida por CEPAT, al portugués, publicada en Revista IHU (Unisinos), 1 diciembre 2021 –  aquí…

Traducción del original en portugués al español por  Correspondencia de Prensa, y publicado en su sitio el 2 diciembre 2021,  aquí…

13 diciembre 2021

Publicado originalmente en Acción y Reacción

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 13 Diciembre 2021 05:38

El mundo visto desde Moscú

Fuentes: Le Monde Diplomatique

Comprender el pensamiento estratégico ruso

 De ambos lados del Atlántico cuestionan a Rusia con el argumento de que socava el derecho internacional. Pero Moscú, favorable a un mundo multipolar, replica que Washington debe compartir el poder y respetar el principio de soberanía de los Estados. Y con la guía de Vladimir Putin, recupera posiciones de liderazgo.

¿Qué quiere Rusia? Si les creemos a numerosos analistas occidentales, Rusia se aferra a un orden internacional ya acabado: el sistema de Yalta de los años de la Guerra Fría, durante los cuales el Kremlin disponía de una esfera de influencia en Europa del Este. La anexión de Crimea en 2014 demostraría que no piensa permitir que Ucrania se le escape. El informe sobre la estrategia de seguridad nacional (National Security Strategy) de Estados Unidos, publicado el 18 de diciembre de 2017, calificaba a Rusia de “potencia revisionista”, insinuando su voluntad de destruir el sistema nacional existente (1). Se trataría de un régimen autoritario que pretende desviar la atención de sus problemas internos gracias a una temeridad exterior. Peor aun: de aquí en más, Moscú pretendería exportar su modelo político, creando una alianza de autocracias con China.

Los desafíos que Moscú lanza a Occidente refuerzan la cohesión política del país. No obstante, sería un error explicar su comportamiento en función de esa única consideración. ¿Qué quiere el Kremlin realmente, y qué papel juega el acercamiento con China en la persecución de sus objetivos?

La exigencia fundamental del poder ruso es convertirse en cogestor de los asuntos internacionales y ser reconocido como tal. Ambición amargamente frustrada. Al final de la Guerra Fría, la Unión Soviética, y luego Rusia, intentó transformar lo que se complacía en llamar el “Oeste histórico” en un “Gran Oeste” que incorporara a Rusia (2). Moscú esperaba que esa configuración liberase a Europa Occidental del marco institucional e ideológico atlantista de la Guerra Fría; que permitiese desarrollar una cultura del diálogo político y de la interacción mutuamente provechosa. Pero Occidente solo concedió una extensión del sistema establecido. Liberado de la amenaza ideológica y militar de la Unión Soviética, el orden liberal tomó la forma de una doctrina Monroe (3) universal bajo el liderazgo de Estados Unidos: la esfera de influencia estadounidense se ampliaba al mundo entero, sin dejar lugar a subconjuntos independientes del centro hegemónico.

Rusia termina oponiéndose a ese universalismo, que consideraba utilizado para otros fines. Como ministro de Relaciones Exteriores (1996-1998), luego como Primer Ministro (1998-1999), Evgueni Primakov fue el primer dirigente que dio a su país el estatuto de potencia resistente. Cuando se hizo evidente que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) continuaría incorporando nuevos miembros y preparando su intervención en Kosovo sin tomar en cuenta los intereses de Rusia, Primakov volvió a poner en circulación el concepto de multipolaridad. Durante una visita a India, en diciembre de 1998, formuló la idea de hacer contrapeso al unilateralismo estadounidense. Sobre esa base, sugirió una alianza entre potencias no atlánticas, un “triángulo estratégico” Rusia-India-China, que más adelante se convertiría en el núcleo de la asociación de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Su política estaba inspirada en la doctrina de la “coexistencia pacífica” de Nikita Kruschev, el ex secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, según la cual ciertos sistemas sociales y políticos pueden ser antagonistas sin entrar necesariamente en conflicto (4).

Cuando llega al poder, en el año 2000, Vladimir Putin se esfuerza por combinar el atlantismo del primer período poscomunista con la estrategia de Primakov. En 2001 se crea la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), compuesta en ese momento por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán –India y Pakistán se incorporarían en 2017–. Su nacimiento marca un paso suplementario en la creación de un sistema de alianzas no occidental. Paralelamente, Putin procura estrechar vínculos con la Unión Europea. Se analiza incluso la adhesión de Rusia a la OTAN. Pero con el paso de los años, con las intervenciones de Estados Unidos en Irak, la decisión de George W. Bush en 2002 de derogar el tratado ABM (Anti-Ballistic Missile) de 1972 –que limitaba el despliegue de esas armas–, así como las “revoluciones de color” apoyadas por fundaciones cercanas al Departamento de Estado, Putin pierde sus ilusiones. Condena sin ambages a Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Munich, en febrero de 2007. Advierte contra los peligros de un “mundo unipolar […] en el que hay un solo amo, un soberano”, y termina haciendo notar que Rusia, “con sus mil años de historia”, no necesita que nadie le enseñe cómo debe comportarse en los asuntos internacionales.

En esa época, el Kremlin todavía veía posible trabajar con las potencias atlánticas sobre asuntos de interés común concretos, en particular en la lucha contra el terrorismo. Todo eso se desploma por la intervención de la OTAN en Libia en 2011. Y en 2014, la vigorosa reacción contra lo que en Moscú se percibe como una tentativa no negociada de la Unión Europea de integrar a Ucrania a la esfera de influencia atlántica provoca la más grave crisis de la pos Guerra Fría.

Hacia una “gran Eurasia”

Sinónimo de rechazo a la hegemonía de Estados Unidos, omnipresente en el discurso de los dirigentes rusos, la multipolaridad sigue siendo un concepto vago. ¿Es un objetivo a alcanzar, como componente de una estrategia activa –dar más peso a potencias de segundo rango, como Rusia–, o se trata de una realidad tangible, resultante de un reequilibrio en la escena mundial? El 19 de septiembre de 2013, durante una sesión del Club Valdai (un think tank que reúne a decisores y expertos rusos y occidentales, creado en 2004), Putin condenó “las tentativas orientadas de uno u otro modo a restaurar el modelo estándar del mundo unipolar”, sugiriendo que este último pertenecía objetivamente al pasado. “Un mundo así –añadió– no necesita Estados soberanos, sino vasallos. Históricamente, equivale a rechazar la propia identidad y la diversidad del mundo que Dios nos ha dado.” En otra reunión, el 27 de octubre de 2016, expresó su esperanza de que “el mundo [se vuelva] más multipolar”, viendo en ello la condición necesaria para que un día “unas reglas comunes universalmente aceptadas […] garanticen la soberanía y los intereses de los pueblos”, principalmente a través de Naciones Unidas.

Cuando se trata de describir la ambición de Rusia, el término “neorrevisionismo” parece más apropiado (5). También aplicable a China, refleja un descontento hacia el modo en que actualmente se conducen los asuntos internacionales. Para esos países, no se trata tanto de delinear sus propias esferas de influencia, sino de reafirmar el principio –típicamente formulado en términos de soberanía– según el cual los Estados deben forjar las relaciones con sus respectivos vecinos (lo cual no siempre asume la forma tradicional de pertenencia a un bloque).

¿Simple retorno al modelo de Westfalia del siglo XVII, en el que los Estados interactúan como si fueran bolas de billar, haciendo alianza con unos para contrarrestar a los otros? Moscú y Pekín conciben la multipolaridad con mayor sutileza. Si bien la soberanía sigue siendo a su entender el valor central, proponen moderarla con un compromiso a favor de las instituciones multilaterales, sea creando nuevas a nivel regional, sea defendiendo aquellas de vocación universal emanadas de los Acuerdos de Bretton Woods de 1944. La cuestión es liberar a las segundas de su subordinación al sistema atlántico dirigido por Estados Unidos, creando un sistema internacional pluralista.

Rusia y China son el corazón de un alineamiento antihegemónico naciente (6). Mientras Rusia enfrenta las sanciones económicas y China enfrenta la presión militar estadounidense en el Pacífico, los dirigentes de ambos países se reunieron cinco veces en 2017 y cuatro en 2018. En distintos grados, todos los dirigentes rusos buscaron una integración económica eurasiática, pero Putin la inscribió en una lógica geopolítica más profunda. Con la Unión Económica Eurasiática (UEE), oficialmente creada el 1º de enero de 2015, expresó claramente su voluntad de construir sus propias redes de integración regional. Lo cual se confirmó en mayo de 2015, cuando firmó con el presidente chino Xi Jinping un acuerdo de armonización (sopryazhenie) entre la UEE y la iniciativa de las “nuevas Rutas de la Seda” (Belt and Road Initiative, BRI). Rusia también anuncia el proyecto de “gran Eurasia”, en reemplazo del proyecto muerto al nacer de “gran Europa” (de Lisboa a Vladivostok), soñado por el último líder soviético, Mijail Gorbachov. Este englobaría a la mayor parte de la región dentro de un conjunto de geometría variable de circuitos interconectados que incluyen entidades ya existentes, como la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Ese dispositivo representa lo que podemos llamar la estrategia de la “tierra del medio” (heartland), concepto clásico de geopolítica –teorizado por Halford John Mackinder (1861-1947) y reformulado por el politólogo estadounidense Zbigniew Brzezinski–, que convierte a Eurasia en el pivote geográfico del mundo, y por lo tanto, en el objeto de una lucha entre grandes potencias. El 9 de julio de 2015, en la apertura de un encuentro conjunto entre los BRICS y la OCS, en presencia de otros dirigentes de la UEE en Ufá, Rusia, Putin declaró: “Para nosotros, este bloque continental eurasiático no es un tablero de ajedrez, no es un campo de juego geopolítico; es nuestro hogar. Todos queremos que sea pacífico, próspero y que no esté a merced del extremismo o de intentos de protección de los intereses de unos a expensas de los de los otros” (7).

Objetivo fundamental: velar por que Eurasia no se transforme en una extensa zona de fractura en el enfrentamiento entre un sistema atlántico ampliado y las potencias ascendentes de Asia, en particular China. En 2018, Pekín aumentó por vigésimo cuarto año consecutivo su gasto militar, que así y todo no representa más que el 40% del de Washington (649.000 millones de dólares). El presupuesto militar de Rusia empezó a bajar en 2016, pero sigue siendo el sexto del mundo (8). Eurasia se encuentra entrampada entre un Occidente todavía muy poderoso y un frente oriental en pleno ascenso. Entre ambos, Rusia ocupa una posición ideal pero peligrosa.

Sigue habiendo diferencias relevantes entre las posiciones de Moscú y Pekín. Rusia reconoce la primacía de Estados Unidos en los ámbitos militar y económico. En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el 17 de junio de 2016, Putin declaró: “Estados Unidos es una gran potencia, tal vez hoy la única superpotencia. Nosotros aceptamos esa realidad”. A la inversa, China, más confiada en su poderío económico, empieza a formular un proyecto político global. Pekín anticipa una serie de ideas tales como la “comunidad de destino”, basada en relaciones “ganador-ganador”. Los escépticos ironizan, pero el hecho de que estos conceptos se apoyen concretamente en las grandiosas inversiones de las nuevas “Rutas de la Seda” y la creación de un banco multilateral invita a pestarles cierta atención.

El acuerdo chino-ruso no se extiende necesariamente a la cuestión fundamental de la identidad cultural. Aunque Rusia se ha ido alejando cada vez más del sistema atlántico, especialmente tras los setenta y ocho días de bombardeos de la OTAN contra Serbia en 1999, jamás renunció a su identidad occidental. Putin lo decía implícitamente incluso cuando castigaba la decadencia de Occidente en la reunión del Club de Valdai en septiembre de 2013: “Vemos cómo muchos países euroatlánticos niegan realmente sus raíces, incluidos los valores cristianos que constituyen la base de la civilización occidental”. Pekín sospecha, probablemente con razón, que Rusia sigue soñando con tomar la iniciativa en la reinvención de Occidente si las circunstancias lo permiten. ¿Qué quedaría entonces del proyecto de la Gran Eurasia? 

Notas:

  1. “National Security Strategy of the United States”, Casa Blanca,Washington, DC, 12-2017, www.whitehouse.gov
  2. Véase Hélène Richard, “Quand la Russie rêvait d’Europe”, Le Monde diplomatique, septiembre de 2018.
  3. La doctrina de política exterior definida en 1823 por el presidente James Monroe transformaba a América Latina en el “patio trasero” de Estados Unidos.
  4. Evgueni Primakov, “The world on the eve of the 21st century: problems and prospects”, International Affairs, Vol. 42, N° 5-6, Moscú, 1996.
  5. Richard Sakwa, Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order, Cambridge University Press, 2017.
  6. Véase Isabelle Facon, “Pékin et Moscou, complices mais pas alliés”, Le Monde diplomatique, París, agosto de 2018.
  7. “Interfax: Putin says Eurasia’s not a chessboard, it’s our home”, Johnson’s Russia List, 9-7-2015, http://russialist.org
  8. “World military expenditure grows to $1.8 trillion in 2018”, Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI), Solna, Suecia, 29-4-2019.

Por Richard Sakwa | 13/12/2021

Richard Sakwa. Profesor de la Universidad de Kent (Reino Unido); autor de Russia’s Futures, Polity Press, Cambridge, 2019

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