Sábado, 09 Octubre 2021 06:08

Por el derecho a una internet con derechos

Por el derecho a una internet con derechos

¿Qué duda cabe que la época está atravesada por una rasante revolución tecnológica, con la irrupción de la digitalización en casi todas las actividades sociales?

Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeado por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

¡Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice.

De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir.

Los procesos en curso

Suele suceder que procesos que guardan alguna similitud externa, pero que son movilizados por distintas intenciones son confundidos y asimilados como idénticos, pese a constituir direcciones históricas distintas y hasta opuestas.

Tal es el caso de procesos como la mundialización [1] y la globalización. Mientras la primera corresponde a una tendencia histórica de conexión entre pueblos y culturas, llegando en la actualidad a formar un mosaico de diversidad plenamente interconectado y en camino a una posible Nación Humana Universal, la globalización responde al interés de empresas capitalistas de ampliar sus operaciones sin límites geográficos, intentando a su vez evadir toda responsabilidad localizada.

Es obvio que mientras la mundialización tiene una clara dirección de evolución, conllevando la posibilidad de compartir la acumulación histórica de cada cultura y de colaborar mutuamente para sortear los desafíos comunes y también los particulares de cada pueblos, la globalización actúa de manera regresiva, concentrando capital y poderío y alejando de la base social las capacidades de decisión democráticas, de por sí menguadas por la propia descomposición de la democracia formal en la institución Estado.

Algo similar acontece con las tecnologías digitales y la internet, encuadradas como están en los procesos anteriormente mencionados.

Si uno observa el avance de la digitalización a la luz de la mundialización, se hace evidente la utilidad de acortamiento del tiempo y las distancias en la comunicación junto a la posibilidad de acceder a conocimientos y compartirlos de forma libre.

Desde un espíritu mundializador, internet es una vía positiva para expresarse, cotejar hábitos, compartir experiencias, fortalecer proyectos, comunicar utopías, convocar a transformaciones y percibir al mundo y la humanidad como un todo, unido por un destino común.

Pero si se mira a estos mismos portentos tecnológicos bajo la lupa de la globalización, se devela que estamos ante un momento de reconversión del sistema capitalista, inmerso en una encrucijada por la monstruosa derivación especulativa de sus excedentes, y la reducción para el capital de espacios con márgenes de ganancia apetecibles en actividades productivas de la economía real para su afán de lucro ilimitado y presuroso.

La economía digital globalizada constituye una puerta de escape, junto con la promocionada “revolución verde”, de un sistema de acumulación excluyente e injusto que tiende, por su misma esencia, a la concentración de riqueza, a la segmentación social y, contrariamente a lo que se pretende pregonar, a la depredación del hogar común, privatizando el bienestar y socializando tan solo dificultades.

No es de extrañar entonces que el mismo Foro Económico Mundial, un cónclave de los poderosos e insensibles del mundo, haya abrazado con fervor al mismo tiempo la causa digital y el discurso de transformación ecologista. Para Naomi Klein, “El gran reinicio” – programa presentado en Davos 2020 por Klaus Schwab, director del FEM y también miembro del consejo de administración del elitista club Bilderberg y el príncipe Carlos, conspicuo miembro de la realeza Británica- es un lugar para pregonar soluciones tecnológicas con fines de lucro para problemas sociales complejos; para escuchar a los jefes de los gigantes petroleros transnacionales opinar sobre la necesidad urgente de abordar el cambio climático; para escuchar a los políticos decir las cosas que dicen durante las crisis: que esto es una tragedia pero también una oportunidad, que se comprometen a reconstruir mejor y a marcar el comienzo de un «planeta más justo, más verde y más saludable».

No por nada, entre los principales oradores en esa ocasión estuvo también el presidente de Microsoft, Brad Smith, quien señaló de modo explícito: «Los datos, y la tecnología en general, son herramientas indispensables para resolver casi todos los problemas a los que nos enfrentamos».

Tampoco es casual que ya en marzo de 2017, el Foro Económico Mundial (WEF) inaugurara el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en San Francisco, Estados Unidos, en una zona de alta concentración de incubadoras y empresas tecnológicas.

Los dos caminos 

Estamos ante una clara bifurcación de caminos. Un camino corto y veloz, el de una tecnologización digital acrítica, que conduce a una mayor dependencia de poderes concentrados y un aumento de la desigualdad y la exclusión social. El otro camino, con la mirada puesta en el interés común y la participación social, es quizás  más largo y lento, pero conduce a más autonomía, equidad, inclusión y complementación social.

Por el camino que pretende el capital concentrado, internet perderá todo componente social y humano. La ansiada conectividad universal será entonces tan solo el aprovechamiento por parte de ávidos hombrecillos del negocio corporativo de la inversión social en infraestructura ejecutada por los Estados. 

Por esta vía, se multiplicarán las plataformas digitales ofreciendo trabajo precarizado. El teletrabajo, lejos de servir a la reducción de la jornada laboral, la aumentará. Se agudizarán las diferencias salariales entre trabajadores del conocimiento y empleos de segundo o tercer orden. Para las mujeres, la nueva explotación digital se sumará al trabajo de cuidado no remunerado y las diferencias de paga con los hombres.

Si internet se convierte definitivamente en la autopista del negocio transnacional, continuarán proliferando los instrumentos de manipulación informativa, de vigilancia y control, transformando a las personas en objetos de un extractivismo de datos ilimitado. 

El avance corporativo digital sobre la educación y la salud traerá consigo la intervención ideológica de sus contenidos y la invasión de la privacidad de las comunidades involucradas, siempre para mayor gloria y riqueza de los accionistas de fondos de inversión.

Por este camino, aumentará la desigualdad entre el Norte y el Sur global, que continuará abasteciendo al Norte con materia prima digital y física a través del consumo extendido sin gozar de los beneficios que otorgan la propiedad de las patentes y licencias de tecnología.

Por ese sendero, las corporaciones irán primero  invadiendo y después capturando todo resquicio de actividad democrática, tornándose en una suerte de gobierno global corporativo, avanzando sobre el sistema multilateral de relaciones internacionales  y convirtiéndolo en mera pantalla para legitimar sus intereses.

El camino alternativo es el de la apropiación común de la tecnología digital para beneficio exclusivo de la comunidad humana en su conjunto.

Para que el derecho a internet constituya una ampliación efectiva de derechos, como en cualquier otro campo y ocasión de la historia, es imprescindible la participación decidida de los pueblos y sus organizaciones. 

De este modo, podrá establecerse una alianza entre el Estado y la comunidad organizada, una alianza público-comunitaria que desplace la nefasta “asociación público-privada”, que en el marco neoliberal legitimó la intromisión del capital en regiones hasta entonces vedadas a sus negocios. 

Desde esa alianza público-comunitaria podrán acometerse proyectos de conectividad universal de gestión compartida o autónoma para que las infraestructuras, herramientas y conocimiento y la necesaria inversión estatal se orienten al bien común y a la formación de usuarios activos y críticos. 

En esa perspectiva, las prioridades son garantizar la soberanía y la autonomía con la generación de alternativas tecnológicas descentralizadas, no invasivas, interoperables y de libre elección; forjar redes de cooperación entre organizaciones para pasar de ser meras receptoras a generadoras y hacedoras de políticas sobre tecnología y posibilitar el acceso irrestricto y compartido al conocimiento estratégico entre naciones.

Es ineludible colocar hoy fuertes impuestos a las grandes empresas tecnológicas y plataformas digitales y evitar su fuga a guaridas fiscales para financiar una Renta Básica Universal Incondicional. Asimismo exigir leyes que garanticen la protección y propiedad individual o comunitaria de los datos y regulen el accionar de plataformas digitales comerciales desde el interés público.

Es fundamental apropiarse no solo del uso, sino también de la creación de tecnología y redes sociales no tuteladas ni extractivistas para favorecer la comunicación, la organización y el acercamiento social.

En definitiva, el progreso científico-tecnológico es un logro de los pueblos y de su acumulación histórica. Las herramientas digitales deben servir para la plena realización del ser humano. De lo contrario, no solo son inútiles, sino también perjudiciales. 

Esta ponencia fue expuesta el 6/10/21 en el marco de la sesión del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT), mecanismo de la sociedad civil en la agenda de desarrollo sostenible (Agenda 2030) y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Algunos de los contenidos vertidos forman parte de los diagnósticos y propuestas colectivas de las Jornadas “Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital” organizadas por el espacio Internet Ciudadana.

 

Por Javier Tolcachier | 09/10/2021

 

Nota:

[1] Para ampliar el concepto de mundialización ver: Silo, Diccionario del nuevo humanismo. Obras completas Vol. II. pag. 538 (2002)  México. Editorial Plaza y Valdés. 

Javier Tolcachier es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias de Paz y No Violencia Pressenza.

El presidente de Ecuador, Lasso, es uno de los mandatorios con inversiones en paraísos fiscales según la investigación "Pandora Papers".

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Martes, 05 Octubre 2021 05:40

Sobreinformación: atrapadas en la red

Sobreinformación: atrapadas en la red

La lista de cosas terribles que deberíamos evitar, que no deberíamos aceptar, que es vergonzoso que ocurran en el siglo XXI, es tan larga que con ella podríamos llenar páginas sin fin.

 

Era una sospecha, pero ya es una certeza: detrás de la proliferación infinita de información hay una estrategia de los poderosos (o sea, del poder económico). La cantidad de datos con que nos bombardean a diario es de un calibre tal que resulta imposible de manejar. Miles de noticias, declaraciones grandilocuentes, sucesos increíbles, acciones a favor de esto o en contra de aquello se amontonan a nuestro alrededor como montañas de residuos no biodegradables, hasta ahogarnos. En los telediarios, mientras el locutor cuenta las noticias, nos pasan sin cesar en la parte inferior de la pantalla docenas de más datos e informaciones. A la vez, las imágenes de otras miles de cosas ocurren en el mundo se suceden en la pantalla situada detrás. En el estudio de televisión, todo son luces y brillos que giran y se mueven como en una discoteca. En la radio, cada mañana nos leen acelerados el resumen de las noticias del día con un fondo musical como de vuelta ciclista. Y mientras tomamos el café, nos gritan que contratemos un seguro más barato o nos compremos un coche nuevo; un coche en el que, con un poco de mala suerte, nos mataremos un día al ir a trabajar. Si además tenemos el móvil a mano, lo que no es raro, podremos acceder a la vez a más información todavía: mensajes, avisos, notas, recordatorios.

Ya es posible acelerar las grabaciones de las notas de voz. A duras penas daremos luego con un hueco en la agenda semanal para meter una clase de yoga, de chi-kung o de meditación en la que resetear la mente exhausta e intentar reaprender a fijar la atención. Y nos extraña que haya estudiantes universitarios incapaces de leer un libro entero (¡uno!). Dentro de poco ya no llamará la atención, serán sus profesoras quienes no podrán hacerlo. En educación secundaria no son capaces de atender una explicación oral que dure más de 10 minutos. Enseguida empiezan a moverse nerviosos en la silla buscando desesperadamente, como yonkis, nuevos estímulos, nuevos datos que añadir a su sobrecargado cerebro. Decía Agustín de Hipona que, así como el cuerpo necesita comida, también el alma necesita alimentarse con sabiduría. Pero la comida rápida es comida basura, no alimenta, nos envenena. El exceso de información es la basura del alma, nos pudre por dentro. Y el veneno nos va matando lentamente, sin que nos demos cuenta.

Un ejemplo concreto: el movimiento laicista difundimos a los cuatro vientos siempre que podemos el disparate que supone la presencia de una asignatura confesional en el currículo de enseñanza primaria y secundaria, y los vergonzosos privilegios de los que disfruta el catolicismo en ese ámbito. Cualquier persona sensata que nos escucha, creyente o no, practicante o no, admite enseguida que es un atropello, un escándalo, una injusticia. Pero, ¿de qué sirve? ¿Qué podemos hacer además de escandalizarnos? ¿Cómo movilizarnos para denunciarlo y responder al atropello? ¿Cómo evitarlo?

Y es que —no quiero compararlos— pero ahí están la subida de la luz; y los refugiados muertos en el Mediterráneo; y los desahucios que siguen; y las palizas y asesinatos a gays o a trans; y la destrucción de la sanidad pública; y la privatización de los servicios esenciales; y las mujeres asesinadas, y... La lista de cosas terribles que deberíamos evitar, que no deberíamos aceptar, que es vergonzoso que ocurran en el siglo XXI, es tan larga que con ella podríamos llenar páginas sin fin. Miles de páginas con datos, análisis, reflexiones, valoraciones. No sirven de nada. Son demasiadas cosas. No podemos metabolizar tanto dato. Nos atascamos. Para seguir estando informadas tenemos que dejarlo todo, dejar de pensar, dejar de vivir. Al dejar de pensar, no podemos decidir qué hacer, cómo, cuándo, con quién. La corriente nos lleva. Sobrecarga de información, Infoxicación, son términos que ya están en Wikipedia, señal de que existen (por supuesto, existen las palabras, pero también la realidad que nombran). Marina Garcés se ha referido a la imposibilidad de manejar las toneladas de conocimiento de que disponemos hoy. Lo ha sintetizado en una frase certera: “Lo sabemos todo, pero no podemos nada” (en Nueva Ilustración Radical, Anagrama).

Desbordadas de datos, sobrados de análisis, colapsado el sistema de drenaje del espíritu, nos vaciamos, supuestamente, en Twitter, Instagram o Facebook. Pero más que vaciar y limpiar, lo que hacemos es volvernos a cargar de nuevos datos. Y exhibirnos. Mostramos nuestra actitud progresista. Nos enfadamos y nos ocupamos en propagar nuestro enfado. Nos rasgamos las vestiduras, enfáticamente, que quede claro. Mostramos, en voz alta, ante el mundo, la más firme solidaridad con esta o con aquella causa justa. Escribimos artículos (este incluido), posts, blogs, libros, indignadas, exponiendo con rotundidad a razón que tenemos contra esto o a favor de aquello. “Yo apoyo esta causa”, compartimos la foto en la que nos mostramos risueños, o serias y responsables, pero siempre atractivos, altivas, y poco a poco, el mensaje se va deslizando hacia un lado y, sin darnos cuenta, el énfasis se traslada de la causa a quien la apoya. A los demás les gusta que yo apoye esta causa y me lo comunican (a mí y, de paso, al mundo entero). Y a mí me gusta que a ellos les guste. Y así durante un buen rato, como el eco de un pozo sin fondo. Millones de bits de aquí para allá para que todo siga en su sitio. Esto no se transforma y aquello nunca llega. Y siguen ocurriendo cosas que no deberían ocurrir, permanentemente, nosotras conscientes e informadas.

Nos dijeron que la información era poder y nos lanzamos frenéticas a su búsqueda. Era una falsedad paralela a la que rezaba ‘una imagen vale más que mil palabras’: nos costó percatarnos que sí, sirve, pero para mentir más que mil palabras. Tampoco vimos que la sobreinformación sólo trae incapacidad, angustia y ansiedad. Que la sobreinformación está más cerca de la desinformación que de la información. Y que va de la mano de la híper-conexión. Todo parece ser parte del mismo plan. Conectar con tres, cuatro, veinte, cuarenta, cien personas puede hacer comunidad. Estar permanentemente conectados con miles de personas que no conocemos ni nos interesan no mejora la realidad, no alivia ninguna pena, no proporciona ninguna alegría perdurable. Crea parálisis, lo único permanente. 

Red es malla, tejido, protección. La red de amigas y allegados nos protege como una tela mullida y tranquilizadora, amortigua las caídas como una red flexible y blanda. Nos conecta con personas que conocemos y queremos. Pero red es también trampa, urdimbre, trama, engaño. Pusieron el adjetivo “sociales”  y en sus redes caímos como chinches, una detrás de otro. Caímos en la trampa, animalitos atrapados. Y ahí estamos, en el cepo, prendidas en la malla, agitando los brazos para que nos vean los falsos amigos. La combinación letal de narcisismo indignado y sobreactuado y de exceso de información inmanejable nos ha colocado en la senda de acabar con toda esperanza. ¿Tiene remedio? ¿Seremos capaces de salir de la rueda de hámster? Decidme cómo.

 

5 oct 2021 06:00

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Oblea de silicio procesada, mostrando los chips antes de su separación y posterior encapsulado

La actual crisis de suministro de circuitos integrados que sufren gran número de industrias del planeta, ha puesto de relieve la hegemonía de un fabricante de Taiwán de estos dispositivos: TSMC. Esto sugiere una pregunta inmediata: ¿hay algún fabricante capaz de competir en la actualidad con TSMC?

En este artículo voy a responder a esa pregunta, que utilizaré para dar una visión general del panorama global de la industria de los semiconductores, basándome en las consideraciones de Morris Chang, el fundador de TSMC. Para ello, desglosaré el papel que según su opinión, juegan los principales países y regiones implicadas en comparación con Taiwán: Estados Unidos, China, Corea del Sur, Europa y Japón.

  1. Estados Unidos

Estados Unidos es un gran competidor dados sus vastos recursos de todo tipo: terrenos, agua (la industria microelectrónica es muy demandante de este recurso), electricidad asequible, competencia profesional de los trabajadores del sector, etc. Salvo el último, son atributos que Taiwán, una pequeña isla, nunca tendrá. Sin embargo, Estados Unidos no tiene los ingredientes que hicieron de Taiwán el lugar adecuado para permitir el éxito de TSMC, que analicé recientemente en otro artículo. Chang considera que los estadounidenses no son tan trabajadores como los taiwaneses. En la misma línea, no cree que Estados Unidos tenga el talento administrativo necesario para gestionar una industria tan compleja como la microelectrónica. De hecho, cree que la instalación de una fábrica de TSMC en Arizona es un error al no ser la ubicación correcta para concentrar el desarrollo de la fabricación de semiconductores en Estados Unidos ¿Por qué Arizona recibe tanta inversión y atención? Porque es un estado de los que se denominan swing en las elecciones presidenciales, es decir, de resultados muy disputados y este factor ha sido una de las claves para decidir instalar allí la primera fábrica que TSMC tendrá en Estados Unidos.

Debido a que las debilidades de Estados Unidos son esencialmente estructurales, las subvenciones a nivel federal y estatal son, en el mejor de los casos, parches temporales. Por tanto, lo que Estados Unidos tiene, Taiwán no lo tiene. A la inversa, lo que Taiwán tiene, Estados Unidos no lo tiene.

  1. China

A pesar de la opinión generalizada, China es hoy por hoy un competidor poco significativo en esta industria. La ambición de China en la industria de los semiconductores y la asombrosa cantidad de inversión del gobierno central acaparan muchos titulares, pero Chang lo descarta como competidor de peso. En su opinión, China está uno o dos años por detrás de Estados Unidos y de Taiwán en el sector del diseño de chips y más de cinco años por detrás de TSMC en la fabricación. En resumen, China no es una amenaza. 

  1. Corea del Sur

La única competencia importante que Chang considera es Samsung Electronics, de Corea del Sur. El razonamiento es bastante sencillo: tanto Corea del Sur, el país, como Samsung, la compañía, muestran características similares a Taiwán y TSMC, respectivamente.

TSMC y Samsung han tenido unas relaciones complicadas. En 1989, Samsung intentó (y fracasó) reclutar al propio Chang, solo dos años después de que comenzara la andadura de TSMC.

  1. Japón y Europa

Chang apenas menciona a Japón y claramente no lo ve como una amenaza de peso para TSMC. La actitud de Chang hacia Japón es clara y se expresó hace muchos años. La negativa de Japón a abrazar la evolución de su industria hacia el modelo fabless obstaculizó su capacidad para innovar y mantenerse a la vanguardia. Esa evolución fue catalizada en gran parte por la existencia de TSMC. Japón nunca lo hizo, pero Estados Unidos sí (los diseñadores de chips de EEUU mencionados en el punto anterior son los más importantes del sector en estos momentos). Por lo tanto, gran parte de la innovación en el diseño de nuevos chips corresponde desde hace varios años a las empresas estadounidenses, pero por otra parte, eso fue el inicio del desmantelamiento de las capacidades de fabricación de chips de Estados Unidos. Una más de las complejidades que caracterizan a esta industria.

 La actitud de Chang hacia Europa no es tan clara. Mirando la industria en su conjunto, parece que los principales actores europeos han estado desempeñando un papel más complementario al de TSMC, no competitivo como es el caso de Samsung o de Intel. Las principales empresas de chips como NXP son en su mayoría clientes sin fábrica de TSMC, al igual que otros grandes fabless, como Nvidia o Qualcomm. Pero, por otra parte, el principal fabricante de equipos de litografía de ultravioleta extremo, ASML, es europeo y trata a TSMC como su cliente preferente. En 2020, TSMC representó el 31% de los ingresos de ASML, convirtiéndose en su principal fuente de ingresos. Ese número solo crecerá dada la escasez global de chips y la enorme inversión de TSMC para cubrirlo.

  1. ¿Lecciones para aprender?

Cada historia de éxito se basa en una confluencia afortunada de tiempo, recursos, trabajo duro, paciencia y dedicación por parte de científicos y técnicos muy capacitados. TSMC es una de estas historias. Estas historias son muy improbables de reproducir en la actualidad, pero ¿hay lecciones que aprender, especialmente para las dos grandes potencias tecnológicas, Estados Unidos y China?

Según el análisis de Chang, hay más similitudes que diferencias entre las dos superpotencias. De forma bastante sorprendente y a pesar de sus muy diferentes regímenes políticos, ambos países tienen una perspectiva muy enfocada en el corto plazo cuando se trata de construir su propia capacidad de fabricación de chips semiconductores, a pesar de que la experiencia de TSMC muestra claramente que es un proceso que llevó varias décadas. China tiene un plan: "Made in China 2025", aunque es dudoso que alcance sus objetivos de independencia en la fabricación de chips. Por su parte, el programa de 50.000 millones de dólares propuesto por la administración Biden seguramente no irá más allá de 2024, teniendo en cuenta el calendario electoral presidencial estadounidense. A pesar de gobernar a través de dos sistemas políticos diferentes, el cortoplacismo ha infectado a ambos, porque ambos liderazgos están bajo la presión de obtener resultados pronto. El horizonte temporal de varias décadas sería la primera lección que deberían aprender y esto habría que extenderlo a Europa, donde las decisiones de política industrial siempre están vinculadas a los calendarios electorales.

Como señaló Chang, la fabricación de chips ya no es "el mejor lugar para trabajar" que atrae a los mejores y más brillantes científicos e ingenieros de los países occidentales; si eres joven e inteligente, hay muchas industrias que ofrecen posibilidades de obtener más salario y prestigio. También se puede decir lo mismo de China, una economía cada vez más diversificada con muchas formas de ganar dinero más rápido que trabajando en una fábrica de chips. Y no se puede culpar a los ciudadanos por tomar estas decisiones; simplemente están respondiendo a los incentivos que encuentran para desarrollar sus carreras profesionales.

Lo bueno de una economía pequeña, como la de Taiwán o Corea del Sur, es que, si bien hay menos recursos, también hay menos opciones, menos distracciones y, en consecuencia, un enfoque más específico en lo que respecta a la política industrial. Ese contexto no se puede reproducir en un país grande. Lo bueno de una gran economía, como la de Estados Unidos o China, son sus vastos recursos en términos de tierra, gente, dinero y la capacidad de traspasar los límites de la innovación que los países pequeños nunca se atreverían a intentar.

Recrear las peculiaridades de la industria de semiconductores taiwanesa o sur coreana, especialmente cuando la Ley de Moore se está acercando a su límite, no parece una buena idea de futuro. En cambio, una acción multilateral enfocada a resolver problemas tales como el Calentamiento Global, la Inteligencia Artificial, la computación cuántica o la biotecnología, todo lo cual necesitará más chips semiconductores, es lo que los grandes países podrían y deberían hacer. Y Europa, por descontado, también.

Por Ignacio Mártil*
Catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Sociedad Española de Física

10 septiembre, 2021

*(Para una perspectiva general de la historia y la actualidad de la tecnología microelectrónica, recomiendo la lectura de "Microelectrónica. La historia de la mayor revolución silenciosa del siglo XX"; 2018, Ediciones Complutense)

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Comirnaty, la vacuna desarrollada por Pfizer, causa efectos secundarios y se ha mencionado que requiere una tercera dosis para que sea efectiva. Todo esto no ha evitado que ese laboratorio alcanzara un valor de 235 mil millones de dólares.Foto Afp

Acumulan ganancias de 152 mil mdd desde el inicio de la pandemia

Casos de coágulos y polémicas por su eficiencia no han afectado el valor de las firmas

 

Las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficacia de algunas de sus vacunas contra Covid-19, pues según datos de mercado, su valor bursátil continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas empresas acumulan una ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos.

Para poner en contexto, este beneficio es tres veces lo que el gobierno mexicano gasta anualmente en el pago de pensiones, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de un billón de pesos.

La suma también es más de cuatro veces superior a los 660 mil millones de pesos presupuestados para el sector salud este año, y es casi la mitad de los ingresos totales que se estima tendrá el país este año, que serán 6.2 billones de pesos.

A inicios de 2020 el valor de mercado de Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, BionTech y CanSino, siete de las farmacéuticas más grandes del mundo, ascendía a 686 mil 908 millones de dólares, mientras que al cierre del viernes pasado se ubicó en 838 mil 961 millones de dólares.

En las semanas recientes ha crecido la incertidumbre en torno a las vacunas contra Covid-19, pues algunas de las desarrolladas por dichas farmacéuticas han enfrentado problemas de aprobación en ciertos países, dado que los gobiernos han detectado anomalías e inclusive efectos secundarios en los pacientes que las reciben.

Lo anterior no ha detenido el impulso del valor bursátil de las empresas, pues apenas el 10 de enero pasado, según un seguimiento de este diario, la ganancia acumulada de las farmacéuticas era de 90 mil millones de dólares, mientras ahora es de 152 mil millones.

Es decir, en menos de tres meses, en medio de un ambiente de cuestionamientos, su valor se ha disparado 70 por ciento, equivalente a poco más de 60 mil millones de dólares.

Johnson & Johnson, la empresa más grande del sector, registra un valor bursátil de 426 mil 477 millones de dólares, 10 por ciento más respecto de los 384 mil 272 millones de dólares que registraba hasta antes del inicio de la pandemia.

El valor de esta farmacéutica abrió 2021 en un nivel de alrededor de 422 mil millones de dólares, mismo que siguió en aumento pese a que recientemente los reguladores federales de salud de Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna por detectar casos de coágulos de sangre en mujeres de entre 18 y 48 años.

Pfizer, la segunda firma más grande tenía un valor de 217 mil millones de dólares antes del brote de la pandemia, que alcanzó un pico a finales del año pasado de 235 mil millones, el cual bajó 206 mil millones en enero de 2021, esto luego de que la farmacéutica decidió vender parte de sus acciones para materializar las ganancias.

En cuanto a la vacuna desarrollada por esta empresa, se ha revelado que causa algunos efectos secundarios e inclusive que se necesita una tercera dosis para que sea efectiva, lo cual no ha afectado su valor, pues incluso ha aumentado un poco hasta volver a alcanzar el nivel que tenía hace un año.

Un caso parecido es el de AstraZeneca, la tercera del mercado, que antes de la pandemia valía 66 mil millones de dólares, mismo nivel que mantiene hasta la fecha pese a que su vacuna ha sido una de las más controversiales al ser suspendida su aplicación por potencias de la Unión Europea y Estados Unidos tras darse muertes sospechosas en pacientes que recibieron la dosis.

Respecto a las demás, Moderna acumula una alza en su valor bursátil de 60 mil 700 millones de dólares, BionTech 27 mil 600 millones, Novavax 8 mil 600 millones y CanSino 6 mil 900 millones de dólares.

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Trasnacionales farmacéuticas aseguran escasez de vacunas

Las grandes farmacéuticas están en pie de guerra. Han logrado ganancias absolutamente extraordinarias debido a la especulación con vacunas, medicamentos e insumos sanitarios relacionados con el Covid-19. Ahora redoblan el control de sus patentes monopólicas para impedir que el sector público o empresas nacionales puedan acceder o fabricar vacunas o medicamentos sin pagar ingentes sumas. Cabildean agresivamente a sus gobiernos sede para impedir que la Organización Mundial de Comercio (OMC) apruebe una exención a las patentes farmacéuticas relacionadas con la pandemia.

Eso propusieron India y Sudáfrica ante el Comité ADPIC (Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio) de la OMC, que se reunió este marzo en Ginebra. Contaron con apoyo de más de 100 países, pero los gobiernos de Suiza, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón y Brasil bloquearon cualquier avance de la discusión.

India y Sudáfrica plantean que se pueda acceder a vacunas, medicamentos e insumos para Covid-19 sin verse limitados por elevados costos y patentes que impiden manufacturarlos en países donde existe capacidad para ello. Eso multiplicaría enormemente la disponibilidad de vacunas e insumos en el mundo y fortalecería las capacidades nacionales en salud pública ante próximas debacles.

El ADPIC prevé el uso de licencias obligatorias y otras excepciones en caso de crisis de salud pública, pero cada vez que países han intentado usarlas, los cárteles de la industria farmacéutica han hecho campaña para castigarlos, como sucedió con Sudáfrica al intentar fabricar genéricos para la epidemia de sida, o Colombia, que buscaba producir genéricos de un medicamento para el cáncer, entre otros ejemplos. Por estos precedentes, ahora se busca que la OMC sancione la exención.

Una cruel paradoja es que la mayoría de los gobiernos que se oponen a la exención de patentes tienen ya comprometido el abasto de vacunas de Covid-19 para sus poblaciones, incluso muchas más de lo necesario, como Canadá que acaparó hasta cinco veces las dosis para inocular a toda su población. El gobierno de Bolsonaro también se opuso a la exención, pese a que Brasil tiene las peores cifras mundiales de muertes y el país tiene capacidad para manufactura nacional.

Entre otras acciones, las trasnacionales farmacéuticas enviaron una carta a Biden urgiendo a "mantener el apoyo a la innovación farmacéutica ( ), oponiéndose a cualquier exención a los ADPIC". La firmaron directivos de Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Merck, Novartis, Bayer, Eli Lily, Bristol Myers Squibb, Gilead, Abbvie y otras, junto a la agrupación PhRMA, (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). No obstante, la "innovación" de esas empresas es casi nula, y en gran porcentaje se basa en usar la investigación pública (https://tinyurl.com/hs6bkz28).

Varias de ellas han sido ampliamente subsidiadas por el público para desarrollar vacunas y con compras anticipadas por la pandemia (https://tinyurl.com/ykabcmw9) , pero han hecho contratos leoninos y ventas a precios secretos en cada país, incluso a doble y triple precio a países del Sur. Por ejemplo AstraZeneca vendió su vacuna para Covid-19 a Sudáfrica al doble del precio que la vendió en Europa. Pfizer exigió a varios gobiernos latinoamericanos (entre ellos Perú, Argentina y Brasil) que además de contratos secretos, respalden controversias con sus activos soberanos, o sea reservas públicas de los países. (https://tinyurl.com/3v8fpjm4). Sumado a la inmunidad ante cualquier efecto adverso de las vacunas, que en su caso son experimentales.

Por su lado, la Fundación Bill y Melinda Gates presionó a la Universidad de Oxford, para que su vacuna se fabricara con la trasnacional AstraZeneca, aunque la investigación estaba avanzada y podría haberse hecho con institutos públicos. El anuncio inicial de Oxford fue que la vacuna estaría disponible gratuita y abiertamente, pero resultó una vacuna patentada con precios secretos.

En el mismo sentido va el mecanismo Covax, formado inicialmente por CEPI y GAVI, dos alianzas para promover vacunaciones financiadas por la Fundación Gates, en el que participa la OMS y más de 180 gobiernos. Aunque figura como mecanismo facilitador del acceso "equitativo" a las vacunas, en realidad es otra forma de garantizar que el dinero público vaya a comprar las vacunas de las trasnacionales, quizá en términos que superficialmente parecen ventajosos, pero que en realidad son un doble pago del público, en lugar de exigir la cancelación de patentes y favorecer la manufactura nacional.

Oxfam denunció que los cuellos de botella de entregas, promovidos por las trasnacionales y la Fundación Gates para asegurar las ganancias privadas, significan que tomará "como mínimo" cinco años llegar a un 60 por ciento de población global vacunada y a esa altura los virus muy probablemente hayan mutado. Además, el tiempo de supuesta inmunidad de las vacunas es desconocido, y probablemente demande vacunación anual. Sin contar con el surgimiento de otras pandemias, ya que las causas para ello siguen sin tocarse.

Así las trasnacionales, con la "filantrópica" ayuda de Bill Gates, se han asegurado un estado permanente de escasez y demanda de vacunas –promovidas desde lo público para ganancias privadas– lo cual aparece como el negocio del siglo.

* Investigadora de Grupo ETC

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'Jedi Blue': El acuerdo secreto que firmaron Google y Facebook

El pacto permitió a Google seguir dominando el mercado de publicidad en línea, a cambio de importantes ventajas competitivas para su potencial rival, según The New York Times.

Una reciente demanda antimonopolio presentada por fiscales de EE.UU. contra Google, revela que el gigante tecnológico y Facebook firmaron un acuerdo secreto denominado 'Jedi Blue' (Jedi Azul), en el marco de una alianza que les impide competir entre ellas, según detalla un informe publicado por The New York Times.

En 2017, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que estaba probando una nueva forma de vender publicidad en línea poniendo en amenaza el dominio de Google sobre ese mercado. Sin embargo, menos de dos años después, Facebook cambió su postura y se unió a una alianza de empresas lideradas por Google, que desarrolló un método similar.

Aunque Facebook nunca explicó por qué dejó a un lado su proyecto, la evidencia presentada el mes pasado en una demanda antimonopolio hecha por 10 fiscales indica que Google había extendido a su potencial rival un trato para ser socio, a cambio de una serie de ventajas. Los detalles del acuerdo redactados en la demanda presentada en una corte de Texas fueron visibles en una versión preliminar revisada por el diario.

Los ejecutivos de seis de los más de 20 socios de la alianza dijeron a The New York Times que sus acuerdos con Google no incluían muchos de los términos favorables que recibió Facebook y que el gigante de las búsquedas le había dado a la red social una ventaja significativa sobre el resto.

Subastas de publicidad

'Jedi Blue' abarca a un segmento en crecimiento del mercado de la publicidad en línea llamado publicidad programática. Entre los milisegundos desde que un usuario hace clic para acceder a una página web y la carga de los anuncios, se produce una subasta para rellenar el espacio publicitario disponible. Google ha dominado ese sistema con sus herramientas y con el acuerdo consiguió evitar otros competidores, según el informe.

A pesar de que surgió un método alternativo para reducir la dependencia de las plataformas publicitarias de Google, la compañía de búsquedas desarrolló un sistema similar llamado Open Bidding, que permite el acceso de terceros. Sin embargo, Google cobra una tarifa por cada oferta ganadora y muchos no están satisfechos con la transparencia del servicio.

La divulgación del acuerdo secreto entre las dos multinacionales ha reavivado las preocupaciones sobre cómo las compañías de tecnología más poderosas pueden establecer alianzas para frenar a la competencia mediante acuerdos privados y cláusulas de confidencialidad.

Por su parte, Google y Facebook aseguraron que tales acuerdos eran comunes en la industria de la publicidad digital y negaron que 'Jedi Blue' tenga un carácter anticompetitivo. Un portavoz de Facebook afirmó que acuerdos como ese "ayudan a aumentar la competencia" en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en contra son "infundados".

Publicado: 20 ene 2021 17:21 GMT

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Vasant Dhar, de la Universidad de NY, recomienda nacionalizar Facebook y Twitter como bienes comunes

La peor censura de la historia fue propinada el 6/1, mediante un golpe cibernético de los nuevos hijos de Torquemada, en imitación al 11/9 (https://bit.ly/3bJoeuP).

Provocó conmoción la censura selectivamente politizada por las redes sociales de la cibercracia (https://bit.ly/3sw8cud).

Desde su comodidad paradisiaca en la Polinesia francesa, Jack Dorsey (JD), vilipendiado mandamás de Twitter, después de haber censurado de por vida a un presidente todavía en funciones en EU, se percató del grave daño infligido al principal valor de la democracia libertaria que tendrá profundas consecuencias en el largo plazo sobre el Big Tech de Silicon Valley (https://bit.ly/3bYDnsD): el GAFAM (Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft) y Twitter –Microsoft tiene su sede en Redmond (estado de Washington).

La censura de las redes sociales es mucho más grave que la tosca toma del Capitolio que, según el ex diplomático y asesor de los republicanos del Senado James Jatras representó el pretexto idóneo, debido al grave error de cálculo de Trump para aplicar el “equivalente funcional al Reichstag Fire (incendio del parlamento alemán) de 1933, usado por los nazis para establecer su ley de emergencia (https://bit.ly/3qy3lqV)”.

En el mismo EU la censura de la cibercracia ha causado estupor en los círculos académicos, como es el caso de Vasant Dhar (VD) –profesor del Centro de Data Science de la Universidad de Nueva York– quien recomienda nacionalizar Facebook y Twitter como bienes públicos.

A juicio de VD, es preocupante el poder que las plataformas de las redes sociales ejercen en la sociedad y en particular su impacto en el futuro del discurso público y la democracia, ya que, si pueden censurar a la persona más poderosa del planeta y ponerlo de rodillas sin previo aviso, lo pueden hacer con cualquiera en cualquier momento.

Lo interesante es que el portal The Hill, pro-Demócrata y anti-Trump, dé cabida a una opinión crítica del GAFAM/Twitter.

VD comenta que Mark Zuckerberg y JD le acaban de demostrar a los legisladores quiénes son los que ejercen el poder final. Hasta cierto punto, ya que, como excelente analista cibernético de las finanzas, VD debería saber que son los cuatro giga-bancos de EU –Vanguard, State Street, Fidelity y BlackRock; este último ostenta un manejo de capitales de 7.8 trillones (en anglosajón) de dólares estadunidenses, equivalente a 7.8 veces el PIB de México– quienes controlan al GAFAM/Twitter. A su vez, los giga-bancos y las redes sociales son controlados en última instancia por el Pentágono mediante el Consejo de Innovación de Defensa (https://bit.ly/3bG8Lfc).

Lo mÁs increíble radica en que las plataformas de las redes sociales carecen de guías regulatorias y son protegidas en forma anómala con patente de corso por la sección 230 y nunca han sido elegidas por la ciudadanía cuando se arrogan el derecho desde su ciber-plutocracia de imponer su discrecionalidad supra-constitucional a ciudadanos discriminados y hasta a un presidente todavía en funciones.

¿Cuál sería, entonces, el objetivo de celebrar elecciones cuyos resultados serían estériles ante la cibercracia y los hijos de Torquemada del siglo XXI?

VD recomienda nacionalizar las plataformas de las redes sociales como bienes públicos que proveen un “servicio público ( utility)” para la comunicación y el discurso público.Juzga que las plataformas de las redes sociales se quitaron los guantes, envueltos en terciopelo para los legisladores y específicamente la nueva administración de Biden.

Aduce que no existe alternativa, pues implica la aplicación de la Primera Enmienda a las plataformas que son efectivamente bienes públicos, por lo que el público debe decidir sobre las reglas del discurso, que solamente pueden ser a través del gobierno, ya que negar a alguien el acceso a tales plataformas en forma arbitraria sería similar a impedirles su acceso al transporte público y ésa no es una decisión que los ejecutivos de una empresa privada puedan hacer. ¡Nada menos que el mismo discurso que los mandatarios de Alemania y México!

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 Mensaje en que la red social Twitter notifica que la cuenta @realDonaldTrump, perteneciente al presidente estadunidense –que contaba con 88.7 millones de seguidores–, fue suspendida permanentemente debido "al riesgo de mayor incitación a la violencia".Foto Ap

Debido a la inquisitorial censura del GAFAM/Twitter, una plétora de libertarios optó por Signal, alentado por Elon Musk, y Telegram que rebasó ya 500 millones usuarios.

Así como Trump censuró a los chinos de Tik Tok y a Huawei, apuesto a que el equipo de Biden prohibirá Telegram en EU y en su periferia satelital, bajo el pretexto exorcista de ser ruso.

Biden y Trump son las dos caras de la misma moneda del cibertotalitarismo neoliberal (sic) cuando cunde la Guerra de la ciberseguridad (https://bit.ly/3boiuqhx) –planeada hace nueve años y ejecutada ahora como "nuevo 11/9 cibernético"– que ya pusieron en jaque las libertades básicas en EU y en los países donde opera el GAFAM/Twitter en forma supraconstitucional. Se decanta así un G-2: Biden contra Rusia y Trump contra China.

Es el Pentágono –y sus tentáculos del deep State (CIA, FBI, etcétera), al unísono de la bancocracia plutocrática– que controla a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, al GAFAM y al minúsculo Twitter (pero con enorme poder letal): mediante el oculto big brother orwelliano del Consejo de Innovación de Defensa.

El año 2021 es ya el 1984, de Orwell, y el Mundo feliz (¿con vacunas del GAVI (https://bit.ly/35C1DfV)?), de Huxley: premonitorias obras inglesas.

La canciller alemana, Angela Merkel, quien se caracterizó por su colisión con Trump, arremetió contra la censura del GAFAM/Twitter y comentó que la “libertad de opinión es un derecho fundamental ( Daily Mail, 11/1/21)”. Su preocupación radica en que tal censura es "problemática" porque otorga "demasiado poder a los jerarcas de las redes sociales": este "derecho fundamental puede ser interferido a través de las leyes y del marco definido por la legislatura y no de acuerdo con la decisión de la gestión de las plataformas de las redes sociales". ¿Golpe de Estado cibernético privado contra los estados?

Global Times, de China, anti-Trump, critica el "silenciamiento de Trump" que rompe el principio de la libertad de expresión y que juzga mucho más relevante que la “intrusión al Capitolio (https://bit.ly/2MY9iii)”. ¡Mega-uf!

En Rusia, donde se exiló Edward Snowden, feroz crítico de Mark Zuckerberg (https://bit.ly/39v1rAt), causó estupor el pisoteo politizado de la libertad de expresión.

En México, el presidente López Obrador alertó sobre el advenimiento de un "gobierno mundial (sic)" bajo la égida del GAFAM/Twitter (https://bit.ly/35z3zWE).

El israelí progresista Thierry Meyssan hace honor al apotegma laico y tolerante de Voltaire: "Desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo" y expone en el portal francés Réseau Voltaire que “la arbitrariedad y la censura han regresado a Occidente (https://bit.ly/2LLiZQk)”. Advierte que se necesitarán siglos (sic) para "restablecer la libertad de expresión".

La tragedia novelesca de EU, que semeja más a las parodias de Netflix (controlado por Obama), pretende competir con las tragedias griegas cuando Ivanka vendió a su padre, bajo el "factor Jared Kushner", para asistir a la toma de posesión de Biden (https://bit.ly/3sdUNah), lo cual se veía venir cuando sus dos grandes aliados en el gabinete –el israelí-estadunidense Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, y el "cristiano sionista" Mike Pompeo, ex director de la CIA y saliente secretario de Estado– traicionaron a Trump a quien deseaban aplicar la Enmienda 25 por disfuncionalidad mental.

No fue nada casual el encuentro antier a la vista pública de Pompeo con el director del Mossad en el Café Milano, según reporta la connotada periodista Meredith McGraw (https://bit.ly/38DagZK).

La cibercra-"CIA" aplica ya la ominosa "técnica Hasbara" del Mossad/Israel cuando en su Santa Inquisición afloran los mismos términos y la misma metodología (https://bit.ly/3qcUKcT).

La técnica Hasbara es el manual lingüístico desinformativo del sionismo cuando lo negro lo hacen blanco y viceversa: poderosa propaganda negra gracias a su control de los multimedia globales y ahora con su manejo liberticida de la cibercra-"CIA".

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El cinismo de Twitter y Facebook al bloquear las cuentas de Trump 

La elite tecnológica se arroga el debate público

La Unión Europea lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para las cuestiones de la libertad digital. El principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también los es en la esfera virtual.

 

Las redes sociales como Twitter y Facebook lanzaron la gran limpieza de muchas de sus cuentas, empezando por la del mismo y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más otras 7.000 cuentas suplementarias afiliadas a la galaxia conspiracionista de extrema derecha pro Trump, entre ellas, la del grupo Qanon. Luego de haber abierto las puertas a lo más ruin y bajo de la política, las redes alegan ahora que se trata de impedir un nuevo episodio violento como el de la invasión del Capitolio alentada por Trump, y ello ante la fecha inminente de la investidura de Joe Biden. Según Twitter, existían planes para un nuevo ataque del Capitolio previsto para el próximo 17 de enero. Algunos aprobaron esta medida, otros, en cambio, la consideraron un acto de censura. En Europa, la canciller alemana Angela Merkel calificó de “problemática” esta decisión. En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio el hecho de que la base de la suspensión de las cuentas no sea un marco legal de regulación, sino que “lo impactante es que sea Twitter quien decidió cerrar”. En suma, que sea la elite tecnológica la que haga y deshaga a su antojo y cuando le conviene, fuera de toda referencia a una norma nacional o internacional elaborada por los Estados y sus representantes electos.

La práctica de “Yo el Supremo” por parte de las empresas globales de Estados Unidos ni es nueva ni cambiará con este atentado a la esencia democrática. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa (izquierda), recordó que “el comportamiento de Trump no puede servir como pretexto para que los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) se arroguen el poder de controlar el debate público”. Es exactamente lo que ha ocurrido con el Pinocho-Presidente y Twitter. Por otra parte, Washington aplica desde hace mucho una suerte de extraterritorialidad. La ley estadounidense se utiliza por encima de la nacional, sea cual fuere el país donde se resida. Las condiciones de utilización de Google, Facebook Apple e, incluso, la de las franquicias de las empresas de Estados Unidos, remiten a la ley de la empresa o a la legislación de la sede central. A su vez, la industria digital se benefició, hasta ahora, con la inmunidad jurídica que le ofrecía el artículo 230 del Communications Decency Act. Por más que Trump sea un Pinocho siniestro y, gracias a su ejército digital, haya protagonizado el primer golpe de Estado de la era moderna en una democracia Occidental, hay algo de cínico en estas reacciones. Poco o nada dicen las regulaciones europeas cuando se trata de proteger a los usuarios de internet del espionaje masivo del que son objeto a cada milisegundo de sus vidas. La fortuna de esas empresas proviene, esencialmente, de la conversión de los datos robados en capital. No obstante, el debate tiene cabida, es una necesidad y plantea otros interrogantes: ¿por qué sería “problemático” el cierre de la cuenta de Twitter de un presidente que preparó en tres fases un golpe de Estado (denunciar el fraude antes de la elección, afirmar luego que le robaron la elección y, al final, aceitar una insurrección cívica) y no la de una cuenta islamista, de extrema derecha o de extrema izquierda ?. En Francia, las leyes dieron lugar a que personalidades de la extrema derecha como Hervé Ryssen o Alain Soral vieran sus cuentas de YouTube y Facebook suspendidas.

La Unión Europea defiende su metodología porque lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para estas cuestiones de la libertad digital. Existe, de hecho, una legislación europea que está en curso de aprobación. Se trata del DSA, Digital Services Act, impulsada por Thierry Breton, el Comisario Europeo del Mercado Interno. El campo de aplicación del DSA atañe únicamente a los países de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando Trump convocó a sus partidarios a invadir el Capitolio lo hizo dirigiéndose a su pueblo y no a Europa. En este caso, el DSA no habría servido para nada. Hubiese sido muy distinto cuando Trump invitó a los franceses a sublevarse contra su presidente. Thierry Breton ha sido el que mejor planteó la encrucijada. En un artículo publicado por el portal Politico, el Comisario europeo escribió que la toma del “Capitolio es el 11 de septiembre de las redes sociales”. Breton agrega la paradoja que late en toda esta situación porque, hasta ahora, las redes sociales miraban hacia otra parte, como si el Brexit, Trump y otras barbaries digitales no las concernieran. A este respeto, Breton anota que, al cerrar la cuenta de Trump: ”las plataformas admiten su responsabilidad. Ya no pueden seguir ocultando su responsabilidad ante la sociedad con el argumento según al cual sólo ofrecen un servicio de hosting”. El Digital Services Act europeo se basa en un principio y una serie de reglas: el principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también lo es en la esfera digital. Las reglas fijadas por los 27 países de la UE consisten en forzar a las plataformas a que apliquen las leyes nacionales, así como también las directivas europeas. Deberán, por consiguiente, retirar los contenidos terroristas, las incitaciones a la violencia y todo contenido ilegal (pedopornografia, armas, etc.).

Entre enero de 2017 y enero de 2021, el mandatario estadounidense se despachó con 23.234 tweets. La plataforma le permitió insultar, agredir, rebajar a sus adversarios, burlarse de otros presidentes, proferir insultos raciales, respaldar a las ultraderechas violentas que lo veneran, anticipar los comunicados oficiales, gobernar por Internet, difundir un montaje en el que Trump golpeaba a un periodista que llevaba una máscara de la cadena CNN y hasta llamar al levantamiento contra Emmanuel Macron. Salvo para los apóstoles digitales, no hacían faltas pruebas para demostrar que la libertad de expresión no la manipulan los “medios del sistema” o los otros sino las plataformas sociales. Allí sale y entra toda la porquería que el mercado admite. Las redes autorizaron a Trump a diseñar un golpe y, como fue muy lejos y corrió sangre en el Capitolio, se convirtieron repentinamente en guardianes de la galaxia. Las sociedades son vergonzosamente vulnerables ante las tentaciones y barbaries de los espacios digitales. Trump no ha sido la excepción presidencial sino la confirmación de las capacidades de ese monstruo con millones de cabezas que se expande sin que, hasta ahora, nadie haya sido capaz de encontrar un antídoto.

Resulta contradictorio, pero, así como nadie se ocupó del derecho a difundir o a evitar la propagación de basura tampoco se le garantizaron los derechos a Trump sobre su cuenta. Ellos son los amos del mundo, sin la más lejana sombra de una supervisión democrática. El botón de la libertad está en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales, no en la calle o las Asambleas. El sábado pasado, Twitter suprimió un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, donde afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra la covid-19. El disparatado y horroroso episodio de Trump nos demuestra que, ante lo peor, la libertad está en manos privadas. Depende de tres palabras y una sigla, que son las obligaciones a las que los tentáculos digitales someten a los usuarios: CGU,” Condiciones Generales de Utilización”.}

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Opnión

Ahora las plataformas digitales dictan justicia 

Por Osvaldo Nemirovsci

Hoy censuran a un líder violento y antidemocrático lo cual construye cierto aval social y una propensión a simpatizar con la medida. Pero mañana pueden hacerlo con líderes democráticos y pacíficos. La acción a medir es la de censurar.

La libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar todo lo que quieras. Toda clase de ideas, opiniones y puntos de vista deben ser posibles de expresarse en público. La libertad de expresión es uno de los puntos básicos de los derechos humanos.

Se pueden tener las más calificadas aprensiones sobre Donald Trump. Y muy probablemente las peores consideraciones sobre su gobierno y su personalidad sean correctas. Es más, no estaría mal como enseñanza histórica para el futuro, que le inicien Juicio Político en virtud de la Enmienda 25 de su Constitución Nacional y lo remuevan del cargo. Algunos destacados miembros de la vida política, militar y social de Estados Unidos creen, aunque solo falten 11 días para que deje su cargo, que es muy peligroso que todavía posea el poder sobre el uso del arsenal nuclear estadounidense y que todavía pueda causar mucho daño a las instituciones formales del país.

Allá ellos, los dirigentes de ese país y su forma de resolver los conflictos derivados de la pugna política. En este caso fuertemente encuadrados en actitudes violentas, antidemocráticas, cuasi golpistas y mesiánicas de su propio presidente.

Todo esto lo colocamos en un lugar del análisis, pero en otro observamos con cierto escozor y consideramos también como peligroso que empresas privadas, como las grandes plataformas digitales Twitter y Facebook, se autoadjudiquen calidades judiciales y bloqueen las cuentas de Trump, impidiendo el acceso del presidente a sus redes, y por ende privando a millones de norteamericanos de conocer, mediante esos importantes y masivos instrumentos, lo que piensa su principal referente.

No es cierto, como algunos afirman, que a Trump lo dejaron sin voz. Esto aplica a las redes, pero Trump puede hablar, escribir y grabar audios para miles de periódicos, canales de TV, radios, revistas, blogs e incluso otros formatos audiovisuales (en caso que no lo censuren) como You Tube y Whatsapp. Pero lo cierto es que, en los espacios de distribución de información más importantes del mundo, y donde el mismo Trump construyó su vinculación directa con el electorado de su país, ha sido censurado.

Es lógico preguntarse ante esto si lo que están haciendo Face y Guasap los coloca ante su definitivo rol de medios de comunicación de nuevo tipo y los aleja del pretendido sentido neutro de meros intermediarios de contenidos. Acá, en este caso, parecen opinar sobre lo que postea Trump, es claro que se meten con los contenidos y es visible que eligen censurar. O sea que consideran a una opinión (tal vez crispante, bestial, violenta) pero opinión al fin, como un delito. Pero no son jueces para hacerlo y sientan un  precedente extraordinariamente amenazador  en el campo de las libertades públicas y los derechos humanos.

Si lo que Trump dice es opinión, es inviolable su derecho a expresarlo y si lo que dice es un delito, será la justicia, y no una empresa privada, la que debe decidir. Así de simple.

Se puede argumentar que la censura a Trump en las redes no viola la libertad de expresión sino que castiga el acto de impulsar acciones violentas o el aliento a generar violencia concreta y eso ya no está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Agregamos esto como para entender otra mirada sobre el tema.

La Corte Suprema norteamericana hace una sutil pero necesaria distinción en lo que llama “fighting words” (palabras de pelea) y sostiene el criterio que la libertad de expresión puede limitarse ante la incitación al odio y no en la mera manifestación de ideas u opiniones odiosas.

Pero la mayoría de los especialistas acuerda que la libertad de expresión no tiene límites: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión,” dice el artículo 19 de la Declaración universal de Derechos Humanos.

Existe cierta jurisprudencia constituciona en EE.UU., que es tomada por cortes europeas e incluso ha sido fijada por el Tribunal Europeo de DD.HH. que se dio en llamar “el libre mercado de las ideas” siendo este espacio la garantía "imprescindible” para que pueda haber un debate amplio y completo.

En un fallo del Tribunal europeo conocido como Sentencia 235/2007 “Caso Librería Europa” la corte falló que “nuestro ordenamiento constitucional no permite tipificar como delito la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”

Puede haber interpretaciones diversas sobre lo que significa la libertad de expresión, pero nadie pone en duda que es uno de los derechos humanos más preciados. Por eso es preocupante que tamaña dimensión legal sea manejada por empresas privadas ya que eso es riesgoso para los pactos democráticos de las sociedades. Más allá de Trump.

Osvaldo Nemirovsci es Diputado Nacional mc – Rio Negro. Presidente Comisión de Comunicaciones e Informática 2003/2007. Coordinador Gral. del Sistema Argentino de Televisión Digital 2009/2015

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Los contrastes económicos en las grandes urbes del mundo se intensifican con la actual crisis y pronostican que se mantendrán por varios años. En la imagen una panorámica de Santa Fe, en la Ciudad de México.Foto José Carlo González

La crisis causada por la pandemia se mantendrá hasta 2030: BM

 

Los hombres y mujeres más acaudalados del mundo aumentaron su riqueza 18 mil dólares durante el año pasado por cada "nuevo pobre" que, según estimados del Banco Mundial (BM), ha dejado la crisis por el Covid-19. El organismo financiero estima que 100 millones de personas se sumaron a la pobreza el año pasado. Es la primera vez que esta tendencia crece desde 1998 y, como secuela, la desigualdad aumentará en 78 de las 91 economías de las que se disponen datos.

"La búsqueda para acabar con la pobreza ha sufrido su peor revés" y “con toda seguridad, los efectos de la actual crisis se mantendrán en la mayoría de los países hasta 2030; (…) a largo plazo, es probable que la crisis aumente la desigualdad dentro de los países por primera vez en una generación”, proyecta el Banco Mundial.

Mientras la economía tuvo su mayor caída en 90 años y millones de personas perdieron sus empleos, las 500 personas más ricas del mundo –que equivalen a 0.001 por ciento de la población mundial– vieron el mayor crecimiento de sus fortunas en ocho años, muestra el Índice de Multimillonarios que realiza Bloomberg. Ganaron un billón 800 mil millones de dólares el año pasado, 31 por ciento más que al cierre de 2019.

Como resultado, cinco personas –cuatro de ellos estadunidenses y dueños de los principales negocios de tecnología cuya regulación tributaria sigue en vilo a nivel mundial– ahora poseen una riqueza que supera 100 mil millones de dólares. Son Elon R. Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (Louis Vuitton-Moët Hennessy) y Mark Zuckerberg (Facebook).

También seis mexicanos se encuentran en el listado: Carlos Slim con una fortuna de 57 mil 600 millones de dólares, al sábado pasado; la familia Larrea, Sara Mota y Germán, con una riqueza conjunta de 26 mil 140 millones de dólares; Ricardo Salinas, con 13 mil 200 millones; Alberto Bailleres, con 10 mil 600 y Juan Beckmann, con 8 mil 470 millones de dólares.

Mientras los multimillonarios de la tecnología abultaron su riqueza en medio de la crisis, el Banco Mundial expuso que, aun sin la pandemia, reducir la pobreza extrema a menos de 3 por ciento para 2030 –que nadie sobreviva con menos 1.90 dólares al día (alrededor de 38 pesos)– ya daba visos de ser una meta irrealizable. Ahora, dada la crisis, es "más difícil de alcanzar que nunca", reconoció.

En el informe Un cambio de suerte, explicó que antes del Covid-19, millones de personas habían conseguido eludir la pobreza extrema por escaso margen, pero la recesión de 2020 se recargó en los más pobres y vulnerables; y abrió el perfil de la pobreza.

Además de los que el Banco Mundial llama "pobres crónicos" –población rural dedicada al agricultura y la ganadería–, la pandemia evidenció "nuevos pobres" en las ciudades, entre personas con mayores grados educativos, dedicada a los servicios, la construcción y la manufactura, y sobre todo entre la población más joven (hasta hace dos años la mitad de los pobres en el mundo eran niños menores de 15 años).

El Banco Mundial estima que con una contracción de hasta 8 por ciento en el producto interno bruto (PIB) per cápita el año pasado, la pobreza extrema habría aumentado hasta 1.5 puntos porcentuales en 2020 y 1.9 puntos porcentuales en 2021. Eso significa una tasa de pobreza extrema de 9.4 por ciento para ambos años, similar a los niveles que se tenían en 2017.

En adelante, aún con escenarios optimistas "los efectos empobrecedores de la pandemia serán colosales", advirtió. Para 2030, las proyecciones más positivas muestran que 6.7 por ciento de la población mundial vivirá con menos de 1.9 dólares al día, prácticamente el doble de la meta del organismo. Pero esta podría llegar hasta 8.6 por ciento si siguen avanzando los indicadores de desigualdad.

El Banco Mundial subrayó que la pandemia, los conflictos armados y el cambio climático son los tres factores cuya confluencia está impulsando la crisis actual y extenderá su impacto hacia el futuro. Así que "sin intervenciones enérgicas, la crisis puede desencadenar ciclos de mayor desigualdad de ingresos, menor movilidad social entre los grupos vulnerables y menor resiliencia frente a futuras conmociones", manifestó.

Publicado enEconomía
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