Urge actuar si en 2050 queremos vivir en armonía con la naturaleza: especialistas

Un millón de especies, amenazadas por la invasión a su hábitat

Inauguran la COP15, cumbre sobre diversidad biológica, en la ciudad de Kunming // China pretende el liderazgo mundial en asuntos ambientales

 

Pekín. La comunidad internacional se enfrenta a la "hora de la verdad" en lo referente a protección de la biodiversidad, advirtió ayer la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Elizabeth Maruma, en la apertura en China de la COP15, conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la preservación de la naturaleza.

La 15 Conferencia de las Partes del CBD, llamada COP15, comenzó ayer en la ciudad Kunming, en el suroeste de China. La reunión tendrá dos etapas: sesiones virtuales y presenciales del 11 al 15 octubre y dos semanas de reuniones presenciales entre el 25 de abril y el 8 de mayo, con delegaciones de los 196 países miembros del CDB, tras dos aplazamientos debido a la pandemia del Covid-19.

"Aunque ha habido éxitos, no se han registrado los progresos suficientes para detener la pérdida de la diversidad de plantas y animales en el planeta", aseguró Maruma.

"Nos enfrentamos a la hora de la verdad. Si para 2050 queremos vivir en armonía con la naturaleza, debemos actuar en esta década para detener e invertir la pérdida de diversidad", agregó.

China, que preside la COP15 y es uno de los mayores contaminadores del mundo, busca ubicarse como líder mundial en asuntos ambientales, tras la retirada de Estados Unidos de sus compromisos climáticos durante el gobierno de Donald Trump.

Pekín tiene previsto presentar esta semana la Declaración de Kunming, que marcaría las líneas de su liderazgo en este tema.

"China ha trazado una línea roja en lo referente a la protección ecológica y es algo que va a respetar", declaró el viceprimer ministro chino, Han Zheng.

Alrededor de un millón de especies de animales y plantas enfrentan amenaza de extinción ante la invasión humana de sus hábitats, la sobrexplotación, la contaminación, la propagación de especies invasivas y el cambio climático.

Un texto presentado en julio, que sirve de base para los debates, incluye cuatro grandes objetivos para 2050, con 10 hitos hasta 2030 y 21 metas.

Las metas están incluidas en el plan 30/30, que busca otorgar estatus de protección a 30 por ciento de las tierras y océanos para 2030, medida apoyada por una amplia coalición de países, así como el objetivo de limitar la contaminación agrícola y plástica.

En tanto, 24 países se sumaron al Compromiso Global del Metano, iniciativa impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea destinada a reducir las emisiones de gas metano para combatir el efecto invernadero y como estrategia más eficaz para reducir el calentamiento global a corto plazo.

Tras el acuerdo inicial al que se suscribieron México, Argentina, Ghana, Indonesia, Irak, Italia y Reino Unido, otros 24 países anunciaron su adhesión: entre ellos Canadá, Costa Rica, Francia y Alemania.

Por otra parte, un panel de la ONU sostuvo que no puede pronunciarse de inmediato sobre una queja de la activista sueca Greta Thunberg de que la inacción estatal sobre el cambio climático viola los derechos de los niños.

Desinformémonos

Publicado enMedio Ambiente
Fuentes: Tierra viva [Foto: Sofía Monsalve, secretaria general de FIAN Internacional, organización por el derecho a la alimentación y la nutrición]

Entrevista a Sofía Monsalve, secretaria general de FIAN Internacional

La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, espacio de diseño de políticas globales para el agro, funcionó en total sintonía con los pedidos de las grandes empresas. Sofía Monsalve, de la organización FIAN Internacional, denuncia las falsas soluciones propuestas por corporaciones y gobiernos, y reitera la necesidad de escuchar a campesinos y organizaciones sociales.

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas siguió el camino que denunciaron durante meses los movimientos campesino e indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y de pequeños productores: fue coptada por los intereses de las empresas multinacionales nucleadas en el Foro Económico Mundial. Es que los ejes a futuro planteados en la cumbre encienden las alarmas sobre la gobernanza global de los sistemas alimentarios, con mayor poder de decisión para las multinacionales y ratifican los discursos  de maquillaje verde para no realizar cambios profundos y urgentes, que tendrán repercusión en la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26) de diciembre.  

Los funcionarios de los gobiernos y de la ONU han permitido que las empresas sean el centro de la Cumbre, basándose en la creencia de que las empresas transnacionales son esenciales para el suministro de alimentos, ya que tienen más capital, tecnologías e infraestructuras que la mayoría de los países y que las Naciones Unidas, pero son los pequeños productores los que alimentan la mayoría de la población mundial”, sentenció Sofía Monsalve, secretaria general de FIAN Internacional, organización por el derecho a la alimentación y la nutrición, en entrevista con Agencia Tierra Viva sobre las conclusiones de la cumbre.

FIAN es parte de la coalición global de organizaciones de pequeños productores, sociedad civil y académicos que se manifestó, a través de la campaña “Sistemas Alimentarios para los Pueblos”, en contra de los posicionamientos concretados por la ONU, con complicidad de la mayoría de los Estados miembro —entre ellos la Argentina, que tuvo al presidente Alberto Fernández como orador en el panel de apertura de la Cumbre—.  

“Estamos especialmente preocupados porque la Cumbre socava los mandatos y las funciones de la plataforma intergubernamental e internacional inclusiva más importante de la gobernanza alimentaria mundial, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CSA) y su Grupo de Expertos de Alto Nivel (Ganesan), la interfaz de política científica más innovadora en este ámbito”, analiza Monsalve a dos semanas del cierre de la cumbre. 

La cooptación corporativa denunciada se transformó en realidad a partir de la “Declaración de Acción” pronunciada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien anunció que las agencias con sede en Roma —la FAO, el FIDA y el PMA— dirigirán conjuntamente un «centro de coordinación» para “aprovechar las capacidades más amplias del sistema de las Naciones Unidas” y apoyar el seguimiento de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. “Este ‘centro de coordinación’ y un ‘Grupo Asesor’ por ser creado invadirían las funciones del CSA, que es precisamente el Comité de la ONU que tiene el mandato de garantizar el desarrollo de políticas inclusivas, la coherencia, la coordinación y la convergencia en todos los sistemas de la ONU sobre cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición”, denuncia Monsalve y apunta que “el Secretario General de la ONU no tiene el mandato de establecer mecanismos de seguimiento de esta Cumbre”

La Secretaria General de FIAN advierte que las organizaciones de pequeños productores y la sociedad civil deberán reforzar su participación “en espacios públicos legítimos para poder incidir” desde la organización de “consejos alimentarios para influenciar en las políticas municipales” hasta la participación a escala global en espacios como el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que intenta ser vaciados por la última decisión de Guterres. También alzarán su voz en el encuentro global sobre la soberanía alimentaria, el Nyéléni III, que organiza la Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) para 2022.  

Monsalve desmonta además las supuestas soluciones anunciadas por la Cumbre y asegura que  «no mitigarán el cambio climático, el hambre o los conflictos sociales y políticos; de hecho, aumentarán las desigualdades entre países, empujando a más personas a la pobreza» y «promoverán aún más la ‘agricultura sin agricultores’» . De cara a la COP26, denuncia la influencia que pueden tener las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza”.   

—Durante el encuentro de contramarcha a la Cumbre fue tajante y sostuvo que «la Cumbre falló» por haberse construido a través del sistema de «múltiples partes interesadas» ¿Podría explicar qué significa este cambio significativo en el modo de gobernanza de la ONU?

—La gobernanza de «múltiples partes interesadas» es una forma de gobernanza que reúne a diversos actores que tienen un “interés” potencial en un asunto, con el fin de que lleguen a un acuerdo, pero ignora que las diferentes partes interesadas que se reúnen son diferentes en cuanto a su poder, intereses, derechos y obligaciones. La gobernanza de «múltiples partes interesadas» es contradictoria al multilateralismo y a los derechos humanos. En el multilateralismo los gobiernos (titulares de obligaciones) toman decisiones sobre cuestiones globales en nombre de sus ciudadanos (titulares de derechos) que se traducen en obligaciones y compromisos, que los Estados y las organizaciones internacionales deben cumplir. En el enfoque de derechos humanos los más afectados deben estar en el centro de la toma de decisiones y los gobiernos deben rendir cuentas a sus ciudadanos y hacer responsables a las empresas de sus violaciones de los derechos humanos.

—¿Cómo se modificó esta lógica con la decisión de aplicar el sistema de “múltiples partes interesadas” en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios? 

—Los funcionarios de los gobiernos y de la ONU han permitido que las empresas sean el centro de la Cumbre, basándose en la creencia de que las empresas transnacionales son esenciales para el suministro de alimentos, ya que tienen más capital, tecnologías e infraestructuras que la mayoría de las naciones y las Naciones Unidas, cuando en realidad son los pequeños productores los que alimentan la mayoría de la población mundial. Esta actitud legitima al sector empresarial como parte de la solución, cuando en realidad es el responsable de muchos problemas; a la vez que impide adoptar regulaciones vinculantes para las empresas transnacionales y aumenta la responsabilidad de los Estados poderosos. Resulta especialmente preocupante que las formas de gobernanza de múltiples partes interesadas estén marginando a los países menos desarrollados en la toma de decisiones internacionales.

—¿Qué debe esperarse a partir de la irrupción de este esquema de múltiples partes?

—Es un cambio significativo en la gobernanza de la ONU que les ofrece una entrada preferencial a las corporaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas y evadir la responsabilidad jurídico-material de sus operaciones. Representa una amenaza directa para la democracia participativa y la gobernanza justa basada en los derechos humanos. Estamos especialmente preocupados porque la Cumbre socava los mandatos y las funciones de la plataforma intergubernamental e internacional inclusiva más importante de la gobernanza alimentaria mundial, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CSA) y su Grupo de Expertos de Alto Nivel (Ganesan), la interfaz de política científica más innovadora en este ámbito.

—Guterres confirmó en su declaración que los objetivos de la Cumbre se seguirán a partir de un «centro de coordinación», pero que la base serán los «diálogos nacionales». Desde Agencia Tierra Viva pudimos confirmar que en la Argentina se dieron con una nula participación del campesinado, organizaciones sociales y pueblos indígenas. ¿Cuáles son las opciones para los pequeños productores y para la sociedad civil para reclamar políticas públicas sobre los sistemas alimentarios que estén destinadas a cubrir sus derechos?

—Para poder reclamar políticas públicas que estén destinadas a cubrir sus derechos es importante que los pequeños productores y la sociedad civil participen en espacios que permitan una participación real y significativa. Para ello es importante oponerse a la influencia indebida de las corporaciones en los espacios públicos, buscar la implementación de salvaguardias contra los conflictos de intereses, y proteger el derecho de la sociedad civil a la auto organización, todos aspectos que fueron ignorados en la organización de los diálogos nacionales en el marco de la Cumbre. Los pequeños productores y la sociedad civil pueden reclamar políticas públicas sobre los sistemas alimentarios a través de diferentes modalidades en diferentes escalas.

—¿Cuáles considera las más relevantes? 

—En primer lugar es importante la unión de la sociedad civil y la participación en espacios públicos legítimos para poder incidir. Por ejemplo, a nivel local pueden organizarse en consejos alimentarios para influenciar en las políticas municipales. En el sistema de las Naciones Unidas encuentran apoyo jurídico en la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (Undrop). A nivel global el mecanismo de participación directa en la elaboración de directrices y recomendaciones sobre seguridad alimentaria y nutrición es en el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

—Los Estados miembro fueron parte de este nuevo esquema de gobernanza y en sus discursos pusieron el eje en las soluciones que se ofrecen desde las corporaciones: nuevas tecnologías, biotecnología y una perspectiva basada en la «seguridad alimentaria», el comercio internacional y los commodities antes que la «soberanía alimentaria». ¿Por qué cree que no se habló de «soberanía alimentaria»? 

—El enfoque tomado en la Cumbre es para mantener el statu quo del modelo de producción y distribución de alimentos industrial, globalizado y controlado por las empresas y por eso ignora la “soberanía alimentaria” la cual es una visión totalmente opuesta que pone sobre la mesa cuestiones de poder y busca cambiar profundamente el sistema dominante. Es posible que los que no han seguido el debate no caigan en la cuenta de que las “soluciones” promovidas en la Cumbre no son soluciones reales. A largo plazo, estas «soluciones» empeorarán los problemas globales a los que nos enfrentamos porque están incrustadas en las ganancias corporativas. Estas soluciones no mitigarán el cambio climático, el hambre o los conflictos sociales y políticos; de hecho, aumentarán las desigualdades entre países, empujando a más personas a la pobreza.

—¿Cómo describiría estas falsas soluciones?

—Son intensivas en capital y están muy lejos de atender las necesidades y realidades de los países del Sur Global. Las soluciones impulsadas en la Cumbre exacerbarán la dependencia de las cadenas globales de valor y de las empresas transnacionales, y promoverán aún más la “agricultura sin agricultores”, que es lo contrario de lo que necesitan los países del Sur Global, que sería recuperar su autonomía sobre sus sistemas alimentarios y asegurar sistemas alimentarios locales funcionales y resilientes que puedan permanecer estables en tiempos de crisis.

—Desde la Respuesta Autónoma de los Pueblos se insiste en que el camino es la «agroecología», una palabra eliminada de los discursos oficiales de la Cumbre. ¿La negativa de la ONU y los Estados de optar por ese camino se debe a que no están preparados para desmontar el actual sistema económico?

—La Cumbre habla de agroecología, estuvo incluida en su pista de acción 3 e incluso se impulsó una coalición de acción sobre agroecología. Sin embargo, el enfoque tomado es muy contradictorio. La agroecología es mencionada como una opción entre muchas, como la agricultura de precisión, la intensificación sostenible y otras. Y la coalición de acción sobre agroecología es una coalición de múltiples partes interesadas, que cuenta con los mismos problemas de gobernanza que explicamos sobre la Cumbre en general. En el desarrollo de la coalición no hubo una participación real de productores de pequeña escala que son los que realmente practican la agroecología. Parece que la Cumbre quiere cooptar el concepto de agroecología para quitarle su potencial transformativo para no hacer cambios reales en los sistemas alimentarios, sobre todo respecto al tema de poder.

—Los objetivos de la Cumbre dicen estar sujetos a los Objetivos de Desarrollo y que el cuidado del ambiente debería ser central, al igual que las políticas que se coordinen en la próxima COP26. ¿Se puede tener alguna esperanza en la COP26 después de lo que se exhibió en esta Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios? 

—Aunque aún no lo sabemos con exactitud, lamentablemente parece que la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios va a tener un impacto en la COP26. Nos preocupa especialmente que el tema de las soluciones basadas en la naturaleza pueda jugar un rol importante. Es un nuevo nombre para referir a soluciones que enumeramos bajo la “economía verde” o el “capitalismo verde”, que no son claramente definidas y pueden fácilmente ser usadas para el maquillaje verde (greenwashing) de las empresas. También muchas veces son relacionadas con la financiarización de la naturaleza. En la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios se promueve por ejemplo un “Global Soil Hub”, el cual va claramente en la dirección de volver a los suelos en un objeto de inversión y por ende de especulación, en nombre de la captura de carbono y la conservación de los suelos.

Por Nahuel Lag | 11/10/2021

* Este artículo forma parte de la serie «Recuperando la narrativa de los sistemas alimentarios», que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

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Vacunas transgénicas: experimento masivo en favor de trasnacionales

La vacunación contra el SARS-CoV-2, causante del Covid-19, alcanzó en septiembre de 2021 un promedio de 44 por ciento de la población mundial. En realidad sólo una veintena de países ha vacunado de 60 a 80 por ciento de su población, mientras en África no llega a 3 por ciento. Un apartheid de vacunas, le llaman organizaciones sociales y gobiernos. Refleja una situación de desigualdad sistémica, ya que las trasnacionales farmacéuticas, con el apoyo de sus gobiernos sede, principalmente en Europa y Estados Unidos, han causado la escasez de vacunas para mantener mercado, altos precios y poder de negociación (https://tinyurl.com/3pcdz88k).

Hay otros aspectos también muy preocupantes. La mayoría de las vacunas aplicadas son transgénicas, con procesos de elaboración nóveles, que nunca se habían usado en seres humanos. Por ejemplo las que usan ARN modificado (Pfizer-BioNTech y Moderna) o ADN vectorizado por adenovirus modificados (AstraZeneca, Janssen, Sputnik V y CanSino).

Otras vacunas aplicadas en América Latina son Sinovac y Sinopharm (chinas, públicas). Esas usan métodos convencionales probados por décadas. Son nuevas para Covid y tienen algunos efectos secundarios, pero no conllevan los altos riesgos e incertidumbres de las vacunas transgénicas. Las vacunas producidas en Cuba (en instituciones públicas) usan métodos biotecnológicos, pero no son transgénicas, sino basadas en métodos probados por más de 15 años.

Desde el principio de la pandemia, las trasnancionales farmacéuticas afirmaron que sus nuevas vacunas genéticas serían más efectivas y estarían disponibles mucho más rápido que otras. Sin embargo, a medida que avanzó el experimento sin precedente de inocular a cientos de millones de personas con vacunas corporativas transgénicas, varias empresas, ya con su mercado establecido, reconocieron que sus porcentajes de efectividad son menores que los alegados. Incluso algunas vacunas transgénicas podrían tener menor nivel de efectividad que las convencionales.

Por otro lado, la "gran diferencia de tiempo" para disponer de vacunas convencionales, que en diciembre 2020 se argumentó "esencial" para iniciar la vacunación "prometiendo a la gente que sería el boleto de salida de la pandemia", apenas fue de un par de meses. Resumiendo, no existió ninguna razón objetiva, salvo afirmaciones vacuas e intereses comerciales, para exponer a millones de personas a los riesgos e incertidumbres de vacunas transgénicas: se podrían haber desarrollado vacunas con métodos convencionales, tanto públicas como privadas. Algo que habría facilitado que muchos más países e instituciones nacionales pudieran producir y distribuir vacunas más ágilmente.

Sobre los riesgos de las vacunas transgénicas, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) acaba de publicar un pronunciamiento y un extenso artículo científico de revisión bibliográfica que plantea elementos que se deben tener en cuenta para la evaluación de riesgos de las nuevas vacunas de ARN modificado y/o adenovirus recombinantes contra SARS-CoV-2 (https://tinyurl.com/3b5xcsym).

Entre otros aspectos, el artículo plantea los impactos potenciales a corto y largo plazos de las vacunas transgénicas. Se basa en un centenar de artículos científicos y en el análisis de los efectos adversos a vacunas reportados en Estados Unidos y otros países. Uno de los efectos graves con vacunas de ADN vectorizadas son coagulopatías y trombosis, a los que se ha agregado el síndrome de Guillain-Barré (parálisis) y el aumento del riesgo de contraer VIH. Las vacunas de ARN se han asociado, entre otros, a riesgos de efectos inflamatorios multisistémicos y miocarditis. En el caso de la Pfizer, puede haber también reacciones posteriores causadas por el uso de nanolípidos como vectores, que al ser nanopartículas, no son reconocidas por el sistema inmunológico y se pueden acumular en diferentes órganos. Estudios científicos han mostrado en ratones de laboratorio la presencia de ARN modificado en múltiples órganos y no sólo en el lugar de inoculación. Los reportes de efectos adversos, incluyen varios miles de muertes que podrían estar relacionadas a vacunas transgénicas, cuya vinculación causa-efecto es difícil de establecer, aunque se considera probable si ocurre dentro de los 3 días posteriores a la vacunación y en relación a los efectos antes mencionados.

Si bien es cierto que el porcentaje de efectos adversos graves reportados es un porcentaje mínimo en relación con cientos de millones de personas vacunadas, existiendo alternativas vacunales y otros tratamientos posibles, no se debería haber expuesto a nadie, mucho menos a miles de personas, a esos riesgos. Las estadísticas indican que la vacunación ha reducido la mortalidad y hospitalización, pero también las vacunas con metodologías convencionales.

Tampoco está claro cuánto dura la inmunidad con las vacunas, por lo que de todos modos es un enfoque limitado, que se ha impuesto a despecho de considerar seriamente tratamientos más integrales y fuera del control de las empresas. A dos años de la debacle múltiple que ha provocado esta pandemia, es hora de un debate mucho más amplio sobre todos sus aspectos, incluso sus causas y qué ciencia y otros enfoques necesitamos para fortalecer nuestros sistemas inmunológicos personales, como comunidades y sociedades.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

La amenaza científica de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

KUALA LUMPUR – Las oportunas intervenciones de la sociedad civil, incluidos los científicos preocupados, han evitado muchos posibles abusos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, el 23 de este mes. El secretario general de la ONU debe evitar ahora que el organismo mundial secunde la agenda corporativa de los líderes políticos.

La amenaza de la Cumbre

La narrativa sobre los desafíos alimentarios ha cambiado en los últimos años. En lugar del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, la eliminación del hambre y la malnutrición, la agricultura sostenible y etcétera, se están promoviendo soluciones sistémicas que suenan neutrales. Estas fomentarán la influencia, los intereses y los beneficios de las empresas transnacionales.

La convocatoria de la Cumbre, que finalmente sesionará mayormente en forma virtual, provino supuestamente de la oficina del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres. La consulta previa con los responsables de las agencias alimentarias de la ONU, con sede en Roma, fue escasa o nula.

Sin embargo, este aparente descuido fue rápidamente abordado por Guterres y dio lugar a la reunión preparatoria de la Cumbre, realizada en Roma entre el 26 y el 28 de julio.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue creada por el sistema multilateral dirigido por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a los problemas alimentarios. Posteriormente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) también se establecieron en Roma bajo los auspicios de la ONU.

El unilateralismo soberanista impuesto en Estados Unidos por el presidente Donald Trump (2017-enero 2021) aceleró las tendencias anteriores que socavaban el multilateralismo liderado por la ONU, especialmente tras la invasión de Iraq dirigida por Washington.

La proliferación de iniciativas supuestamente multisectoriales, financiadas normalmente por empresas agrícolas transnacionales y fundaciones filantrópicas, también ha marginado el multilateralismo dirigido por la ONU y las agencias alimentarias de Roma.

Hasta ahora, el proceso de la Cumbre se ha resistido a las acciones multilaterales de seguimiento dirigidas por la ONU. Sin duda, la marginación del sistema de las Naciones Unidas ha sido sutil y tampoco ha sido un obstáculo.

Además del trío de Roma, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU y su Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) han sido otras víctimas de esa marginación.

El CSA ha evolucionado en los últimos años para implicar a un amplio abanico de actores del sistema alimentario, incluidos los intereses empresariales privados y la sociedad civil. Esta última incluye a los movimientos sociales de los agricultores, otros productores de alimentos y partes interesadas de la sociedad civil que en gran medida han sido dejadas de lado por los procesos de la Cumbre.

A través de la Cumbre, el Foro Económico Mundial (FEM) y otras iniciativas similares se han presentado como de la ONU. De hecho, estas han involucrado mínimamente a los líderes del sistema de la ONU, y menos aún a los Estados miembros. Muchos se refieren a la Cumbre sin el prefijo de la ONU para rechazar su legitimidad, ya que cada vez más personas la llaman cínicamente el FEM-FSS (sigla en inglés de Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios).

Toma de posesión del nexo ciencia-política

La propuesta de un nuevo nexo entre ciencia y política, ya sea “ampliando el mandato del Grupo Científico de la Cumbre o estableciendo un nuevo panel permanente o un mecanismo de coordinación a su molde”, es especialmente preocupante.

El Grupo Científico de la Cumbre está compuesto en su mayoría por científicos y economistas elegidos por los principales impulsores de la Cumbre, integrantes del FEM. Además de marginar a muchas otras partes interesadas en el sistema alimentario, sus prejuicios son contrarios a los valores de la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sus evaluaciones apenas tienen en cuenta las consecuencias de las innovaciones para los más vulnerables. Al dar prioridad a las innovaciones técnicas sobre las sociales, no han sido transparentes, y mucho menos han rendido cuentas públicamente.

Su enfoque pretenciosamente científico es condescendiente y, por lo tanto, es poco probable que aborde eficazmente los complejos retos del sistema alimentario contemporáneo que implican a múltiples partes interesadas.

Extender el mandato de su Grupo Científico más allá de la Cumbre, o hacerlo permanente, traicionaría el compromiso de que la SFS apoyaría y fortalecería, no socavaría, al CSA. El CSA debe ser el lugar donde se discutan y evalúen en última instancia los resultados de la Cumbre, utilizando sus mecanismos de participación inclusiva.

Un nuevo organismo de este tipo socavaría directamente la función establecida del Ganesan y su cometido de proporcionar orientación científica a los Estados miembros a través del CSA. En julio, cientos de científicos advirtieron que un nuevo panel científico socavaría tanto la gobernanza del sistema alimentario como al propio CSA.

Salvar el multilateralismo liderado por la ONU

Al igual que los preparativos de la Cumbre han desplazado al CSA, la propuesta de interfaz científico-normativa marginaría al HLPE – la sigla en inglés por la que también se conoce al Ganesan-, socavando la reforma del sistema de la ONU que más éxito ha tenido hasta la fecha en el avance significativo y productivo del multilateralismo inclusivo.

Tras la crisis de los precios de los alimentos en el bienio 2007-2008, el CSA se reformó en 2009 para proporcionar una plataforma inclusiva que garantizara la legitimidad de un amplio abanico de grupos de interés y mejorara la coherencia de diversas políticas relacionadas con la alimentación.

Al igual que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Grupo de Alto Nivel consulta amplia y abiertamente a las partes interesadas sobre sus evaluaciones de investigación y sus prioridades de trabajo.

Sus informes se someten a extensas revisiones por pares para garantizar que responden a las necesidades de los constituyentes del CSA, siguen siendo relevantes para las políticas y abordan diversas perspectivas.

Este mismo mes, varios líderes cruciales de la sociedad civil, que trabajan estrechamente con el sistema de la ONU, advirtieron que los resultados de la Cumbre podrían erosionar aún más el apoyo público y la legitimidad de la ONU, así como la capacidad de las agencias de Roma para guiar la necesaria reforma del sistema alimentario.

En el llamamiento también participaron el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, a su predecesor Olivier De Schutter, actual relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, al presidente del CSA, Thanawat Tiensin, y al presidente del Ganesan, Martin Cole.

Sus preocupaciones reiteran las de cientos de científicos, expertos en gobernanza global, grupos de la sociedad civil y el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), entre otros.

La principal preocupación es “la amenaza que supone para el papel de la ciencia y el conocimiento en la toma de decisiones del sistema alimentario”, plantean.

Conscientes de la controversia que rodea a la Cumbre desde el principio, los cuatro instan a Guterres a que una vez que se realice, “será imperativo restablecer la fe en el sistema de la ONU… Por lo tanto, sería inestimable un compromiso claro de apoyar y reforzar el HLPE y el CSA”.

Subrayan también que hay mucho que hacer para garantizar que el Ganesan del CSA esté equipado para seguir desempeñando su papel crucial en la interfaz de la ciencia y la política del sistema alimentario.

Tras estos reveses previos a la Cumbre, el secretario general de la ONU debe defender el progreso que el CSA y el HLPE representan para un multilateralismo significativo dirigido por la ONU y que valorice el compromiso con la sociedad civil.

22/09/2021

Por Jomo Kwame Sundaram, profesor de economía y antiguo secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.

T: MF / ED: EG

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“La Cumbre de la ONU sobre alimentación no beneficiará a los millones de personas con hambre”

Entrevista a Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas

 

El Relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, denunció que la Cumbre responde a los intereses de multinacionales que son, en gran parte, responsables de la crisis alimentaria. En una entrevista con Tierra Viva, advirtió sobre los posibles impactos en los territorios y propuso alternativas. La agroecología como herramienta de cambio.

Promovida por el Foro Económico Mundial, empieza este 23 de septiembre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde su anuncio, en octubre pasado, llueven las críticas desde diferentes sectores, entre ellos, integrantes de la propia ONU. Relatores especiales y ex funcionarios del organismo internacional advierten sobre la influencia cada vez más preocupante del sector privado concentrado -empresas como Unilever, Bayer, Nestlé, Coca Cola, Pepsico, Google, Amazon, Microsoft- en este tipo de cumbres, donde se acuerdan líneas generales que luego inciden en las políticas públicas de los países.

Una de esas voces críticas es la de Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas. Para Fakhri esta Cumbre será una pérdida de tiempo y dinero para los Estados miembros de la ONU, y no beneficiará en absoluto a los pueblos del mundo, menos aún a las millones de personas que padecen hambre. En cambio, sí sacarán provecho un puñado de multinacionales que buscan garantizar sus negocios en el futuro, algunas ONG y los grupos de consultores que trabajan como asesores y en la organización de este tipo de eventos internacionales.

Lo que sí sentirán las personas comunes, tanto en las ciudades como en el campo, son los impactos de esta cumbre en los próximos años. Para Fakhri, lo que se acuerde en la Cumbre influirá en los futuros planes alimentarios que pongan en práctica gobiernos nacionales. Planes que, de acuerdo a cómo se vienen dando los acontecimientos, “es muy probable que violen los derechos humanos”, advirtió el relator.

Le preocupa que la ONU ceda a las multinacionales el poder de influencia y decisión sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria en un mundo donde el hambre aumenta desde 2015, según datos de la FAO. Y en un momento en que la pandemia por Covid empeoró todo: se calcula que en 2020, entre 700 y 800 millones de personas pasaron hambre.

Junto a dos relatores anteriores, Fakhri denunció que los organizadores de la Cumbre pasaron por alto órganos ya establecidos y más transparentes para debatir los sistemas alimentarios, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. “De manera flagrante -y quizás deliberada-, la Cumbre desvía la atención de los gobiernos hacia fuera del Comité”, sostuvieron. Y señalaron que las reglas y la agenda de la Cumbre fueron establecidas por un pequeño sector que responde a los intereses de las multinacionales. Por lo tanto, las propuestas que salgan de allí serán “sistemas agrícolas controlados por Inteligencia Artificial, edición génica y otras soluciones de alta tecnología orientadas a la agroindustria a gran escala”, advirtieron.

Desde el anuncio de la Cumbre, por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en octubre pasado, Fakhri produjo varios documentos en los que insistió en la falta de una perspectiva de derechos humanos para abordar los sistemas alimentarios. Uno de ellos fue un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otro destinado en especial a los organizadores de la Cumbre, y un reciente reporte para la Asamblea General de Naciones Unidas.

Agencia Tierra Viva conversó desde Buenos Aires, Argentina, con Fakhri, quien vive en los Estados Unidos, donde es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregon.

-¿Tuvo alguna respuesta por parte de las autoridades de la Cumbre a sus críticas y propuestas?

No. Lo último que intenté fue comunicarme con las autoridades y sugerir cómo incluir a organizaciones y movimientos sociales que hasta ahora vienen oponiéndose a la Cumbre. Porque hasta el momento, si bien la Secretaría (autoridad) de la Cumbre se reunió con ellos, en realidad no escuchó sus demandas ni modificó en nada lo que venían haciendo. Pensé que esta era la última oportunidad y les entregué una propuesta, pero la rechazaron. Luego de de esa conversación, mi mensaje es: No es una cumbre de la gente, del pueblo (como había anunciado el Secretario General de la ONU). Esto es una pérdida de tiempo. La Cumbre lleva dos años de organización, aproximadamente 24 millones de dólares gastados y miles de personas que trabajaron de manera voluntaria. Y al final el resultado no va a servir a las personas en los territorios, en el campo, en las fábricas y las ciudades. Las personas que más lo necesitan no se van a beneficiar de esa cumbre.

-¿Y quién se va a beneficiar con la Cumbre?

-Desde el comienzo estuvo claro que las principales personas que idearon la Cumbre estaban todas conectadas con el Foro Económico Mundial. No son necesariamente las multinacionales de manera directa, ninguna empresa figura entre los líderes de la Cumbre. Sino que son organizaciones que trabajan en estrecha colaboración con ellas, que sirven a esas corporaciones y dicen que éstas son parte de la solución. Les pregunté a los organizadores de la Cumbre cómo pueden decir que las multinacionales son parte de la solución cuando en realidad son parte del problema. Y su respuesta fue: ‘Los gobiernos también son parte del problema’. Y esto te dice mucho. Porque los gobiernos no son lo mismo que las corporaciones. Los gobiernos, si bien son parte del problema, al menos en la teoría tienen que rendir cuentas, son responsables. Las multinacionales, no. Por el contrario, tratan de limitar la responsabilidad y generar ganancias. Sabemos lo difícil que es responsabilizar a una multinacional por violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, los sectores que se van a beneficiar son algunos productores agrícolas y de alimentos que quieren dar más poder a las multinacionales y se sienten bien trabajando con ellas. Y las mismas empresas. Lo que no me queda claro es por qué los gobiernos están dispuestos a otorgar poder, a través de las Naciones Unidas, a los asesores, científicos y expertos que trabajan junto a las multinacionales. Quienes también se van a beneficiar son los organizadores de la Cumbre, ese grupo de gente que va a continuar con sus trabajos de consultoría y seguirán siendo tratados como expertos.

-¿Puede dar ejemplos de esas ONGs y empresas, y las soluciones que proponen?

-El presidente de la Vía de Acción 2 (las vías de acción son una especie de comisión dentro de la Cumbre) es Lawrence Haddad, director Ejecutivo de la ONG GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition). Lo que él quiere es crear una iniciativa para que las empresas hagan promesas. Esa es la solución. Que las corporaciones digan: ‘Prometemos arreglar el sistema alimentario y hacer un mundo mejor’. Otro ejemplo: los organizadores de la Cumbre crearon algo llamado palancas (o mecanismos) de cambio transversales… quién sabe lo que significa. Pero en fin, son cuatro: Finanzas, Innovación, Género y trataron de crear una sobre Derechos Humanos pero no funcionó. Finanzas está liderada por el Banco Mundial e Innovación por el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, ellos pueden destinar todos sus recursos y ser la palanca transversal que pueda influir sobre toda la Cumbre. Y van a escribir el reporte final que va a influir sobre lo que gente piense acerca de esos temas. Lo otro que hizo el Foro Económico Mundial es organizar una reunión justo antes de que se abra la Cumbre. Esa reunión fue casi un espejo de toda la Cumbre. Los que asistieron fueron todas las multinacionales: Coca Cola, Unilever, Monsanto -o como sea que se llamen ahora-, Bayer y todos los líderes de la Cumbre, y sentaron las pautas antes de que el proceso comience oficialmente. Más allá de esto, es difícil dar ejemplos concretos de las soluciones que proponen porque, a tres semanas de empezar la cumbre, nadie sabe bien cuáles son los resultados que se esperan.

“Compromiso Hambre Cero”. Así se llama la iniciativa de la ONG GAIN a la que hace referencia Fakhri, y que es una de las soluciones que promueve la Cumbre. “El compromiso es una declaración no vinculante de las operaciones y planes de inversión propuestos por las compañías. No tiene la intención de crear ningún derecho u obligación legalmente exigible para las empresas”, explica GAIN en su sitio web. Entre los principales financiadores de la ONG figuran las multinacionales BASF, Unilever y Arla Foods así como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller.

 

Impacto en los territorios

-¿Cuál será el impacto de la Cumbre en la gente común, en trabajadores, familias campesinas, pueblos indígenas?

-Los impactos no se van a ver de inmediato y eso ya es un problema. El hecho de que no haya impactos positivos inmediatos en una pandemia es un problema. De hecho, la cumbre no se ocupa del Covid de ninguna manera, sino que asume el mundo después del Covid, por lo tanto es una fantasía. Lo que hace la Cumbre es influir sobre los gobiernos nacionales. La mayor parte de las actividades están dedicadas a que los gobiernos anuncien planeas generales de cómo van a cambiar sus sistemas alimentarios. La Cumbre va a conectar a esos gobiernos con inversores y consultores interesados en trabajar con las multinacionales. Y van a asesorar a los gobiernos sobre cómo cambiar sus sistemas alimentarios. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que cada vez más países van a desarrollar planes alimentarios.

La mayoría de los países tienen planes agropecuarios, pero no alimentarios. Entonces, habrá cada vez más planes alimentarios diseñados e implementados de una manera que, teniendo en cuenta cómo se han dado las cosas, muy probablemente violarán los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver los efectos en los territorios en un par de años.

Mientras tanto, la pregunta es cómo las personas que están comprometidas con los derechos humanos van a continuar con la lucha a nivel internacional mientras, al mismo tiempo, animan a las personas a manifestarse a nivel local. Porque hay una esperanza y una oportunidad: si hay suficiente presión a nivel nacional sobre los gobiernos para crear planes alimentarios basados en los derechos humanos, eso puede neutralizar a la Cumbre. Al final, el poder local es siempre el más efectivo.

-En varias oportunidades sostuvo que la Cumbre no se ocupa seriamente de la pandemia. ¿Por qué cree que eso sucede?

-No lo sé. Esa es la pregunta que le hice todo el tiempo a la Secretaría de la Cumbre. Les planteé este punto hace un año y medio, pero evitaron responder. Puedo suponer una razón. El hecho de que no hayan incluido al Covid en la agenda ni hayan explicado públicamente el motivo habla de lo desconectados que están de la realidad, de lo lejos que están de las necesidades inmediatas de las personas. Esto habla de que son una elite que puede darse el lujo de no poner el Covid en la agenda. Porque al resto del mundo, si les preguntás cómo lidian con los problemas alimentarios, tienen que enfrentar el Covid, no tienen elección. Por lo tanto, el hecho de que hayan sentido que podían elegir no ocuparse del tema me da a entender que no tienen idea de las luchas reales de la gente.

Responsables del hambre

-Usted afirma, en declaraciones e informes, que el problema del hambre es más complejo de abordar que la pandemia. Y que no es un problema de escasez de comida sino de fracasos políticos. ¿Puede dar algún ejemplo de esos fracasos?

-El hambre siempre es un fracaso político. Y no es sólo del gobierno del país en donde está ocurriendo. Nuestros sistemas alimentarios, incluso los más locales, son parte del mundo, por lo tanto la economía mundial los afecta. Por ende, el fracaso político puede ser de ese gobierno nacional, pero también de otros países que ejercen influencia. En ese sentido, el hambre siempre es un problema global. Y tiene múltiples responsables. A nivel global, el sistema entero de ONU es responsable en este sentido: la gente está tratando de que los gobiernos se junten y coordinen sus respuestas ante la crisis alimentaria, agudizada por la pandemia. Pero un pequeño número de países poderosos se niega a utilizar los foros multilaterales para hacerlo. El foro más grande, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, es el lugar ideal para que gobiernos, sociedad civil y otros actores puedan sentarse y coordinar respuestas a la crisis, es muy inclusivo. Pero hay un continuo bloqueo político de los países poderosos que no quieren trabajar con otros. Quieren mantener el poder para ellos mismos. Esto es un ejemplo de un fracaso político.

¿En qué medida las multinacionales del agronegocio son responsables por el hambre?

-Desde 1960 hasta ahora hemos aumentado la producción de alimentos en un 300 por ciento y, sin embargo, el hambre aumenta. El agronegocio se ha enfocado en producir más, más y más comida sin hacerse ninguna otra pregunta: ¿cómo están produciendo la comida? ¿qué daños están causando? Lo que han hecho, con una influencia creciente sobre los sistemas alimentarios, es promover prácticas con pesticidas, semillas transgénicas y monocultivos. Y condujeron a la reducción de la biodiversidad, que es uno de los principales problemas del cambio climático, no sólo del sistema alimentario. Porque se centran principalmente en las ganancias y en concentrar poder. Ahora están tratando de adaptarse, de ser más “sustentables”, según sus palabras. Pero no hay razón para confiar en que van a solucionar el problema.

Al final el problema no es lo que están haciendo sino el poder, quién tiene el poder. Si le das poder a un pequeño grupo de personas, en cualquier situación, nada va a salir bien. Si se mantiene el poder en manos de la gente, la gente sabe lo que necesita, lo saben mejor que nadie, son capaces de adaptarse a su contexto particular y sus ecosistemas.

La dificultad está en lograr que las personas trabajen juntas, en colaboración. Pero eso siempre es un problema en democracia, y es un buen problema. Un mal problema es tener que enfrentar al poder concentrado. Porque, de nuevo, quienes lo concentran están desconectados de la realidad. Ese es el mayor problema. Por lo tanto, la Cumbre refleja muchos de los problemas de los sistemas alimentarios.

Resistencia y caminos posibles

-¿Cuál es su opinión sobre la contra-cumbre Sistemas Alimentarios para los Pueblos, organizada por activistas y movimientos sociales que denuncian que la Cumbre responde a la agenda de las multinacionales?

-Es una inspiración. Porque estos grupos que se unieron, y que representan a millones de personas, no piensan igual e, incluso, tienen posiciones contrarias. Pero han logrado negociar y superar sus diferencias, y encontrar los puntos en común en solidaridad. Ese espíritu de solidaridad debería ser una inspiración también para los gobiernos. Porque si la gente puede hacer esto por sí misma, los gobiernos tienen que ser capaces de unirse, superar sus diferencias y servir a las necesidades de la gente. Por lo tanto, esta contra-movilización, que la gente está haciendo en circunstancias increíblemente difíciles, en medio de una pandemia, lo veo como una inspiración.

-¿Qué caminos propone como Relator para solucionar los problemas de los sistemas alimentarios?

-En primer lugar, si las personas todavía no están involucradas, que lo hagan. En cada ciudad, comunidad y país, hay movimientos de soberanía o justicia alimentaria, organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas. Cuanta más gente participe activamente en las luchas locales, mejor. En cuanto a los gobiernos, hay que tratar de obtener liderazgos. Necesitamos sólo un pequeño grupo de gobiernos que se unan y presionen contra la agenda de las multinacionales. Que sean los defensores de sistemas alimentarios que respeten los derechos humanos. Hay gobiernos que pueden hacerlo pero todos están esperando que otro se mueva primero. Creo que hay esperanza en convocar a esos países a conformar alguna especie de coalición que inspire y lidere a los otros. Por mi experiencia de trabajo, sé que la mayor parte de los gobiernos quieren hacer las cosas bien. Pero, de nuevo, un pequeño grupo de poderosos bloquean todo. El sistemas de las Naciones Unidas tiene fortalezas y debilidades. Una de sus fortalezas es que cuando una mayoría de países encuentran la forma de unirse, pueden influir en la agenda y pueden hacerlo en el buen sentido. Esto ya ha funcionado en el pasado y puede funcionar de nuevo. Lo tercero, que la gente construya nuevas relaciones. El cambio ocurre a partir de la creación de nuevas relaciones y amistades. Lo que me inspiró, por ejemplo, son los movimientos en la India. Estuvieron liderados por organizaciones de agricultores que luchaban por sus derechos humanos. Y lo que ocurrió fue que los trabajadores y los sindicatos se les unieron en solidaridad. Los agricultores y los trabajadores no siempre se llevan bien, es una relación complicada. Pero fueron capaces de desarrollar un nuevo vínculo. Por lo tanto, creo que nuevas relaciones conducen a una nueva política, nuevas ideas, y así es como sucede el cambio.

-En Sudamérica el modelo de agronegocio que combina cultivos transgénicos, agrotóxicos y concentración de la tierra lleva más de tres décadas y los gobiernos siguen promoviéndolos como una forma de desarrollo. ¿Qué opina sobre eso?

-Hay una desconexión entre las políticas alimentarias y las políticas de comercio. Y esto impacta en cómo los países usan la tierra. Si el país está principalmente orientado a la exportación, hace que la tierra se oriente a la producción de commodities, no de alimentos. Esto responde a un modelo de desarrollo: producimos commodities –como si fuéramos una fábrica-, vendemos al mercado internacional, ganamos dinero, lo ingresamos al país y con eso comemos mejor y mejoramos la calidad de vida. Eso es un modelo económico de los años 50. El mundo entero lo implementó. Lo que hemos visto, especialmente en los países del hemisferio sur, es que reorientar el sector agropecuario hacia las exportaciones dio como resultado tres cosas. Lo primero, se reduce la biodiversidad, lo que afecta al ambiente y la salud de las personas, su salud física. Segundo, que no mejoró la condición socioeconómica; solamente algunas personas ricas del país se hicieron más ricas. Vemos esto en la Organización Mundial de Comercio: los países en desarrollo no están conformes con las políticas internacionales de comercio. Y tercero, deja inseguridad alimentaria en el país: exportás alimento, importás dinero, pero la gente pasa hambre. Se crea un absurdo. Tenés un sector agrícola que manda alimentos al exterior mientras tu gente tiene hambre al lado tuyo. Ningún país está haciendo un buen trabajo para conectar el sistema alimentario con el de comercio. Sudamérica puede ser un buen lugar para hacerlo, porque tiene agricultura, tiene una historia de movimientos populares y el comercio siembre ha sido un tema de debate, más que en otras regiones.

Invertir en agroecología

-Tanto usted como relatores anteriores proponen a la agroecología como una de las soluciones a la crisis alimentaria. ¿Qué les diría a quienes sostienen que la agroecología es algo del pasado, primitivo?

-La agroecología se basa en largas tradiciones de cómo cultivar los alimentos. Tiene el poder del conocimiento de las personas que hacen el trabajo: agricultores, pescadores, pastores, campesinos. Proviene de una tradición particular, pero es dinámica. Y está orientada hacia el futuro. El mundo que vivimos hoy comenzó en 1970, cuando comenzó la Revolución Verde y la agricultura pasó a ser un negocio de grandes multinacionales. Es un fenómeno reciente, pero miren la destrucción que generó en sólo 50 años. Por lo tanto, la agroecología es nueva en el sentido de que todavía no nos hemos comprometido a nivel global para, de forma consciente, desarrollar nuestras políticas alimentarias de una manera integrada a los procesos ecológicos. La agroecología tiene una historia, pero todo tiene una historia. El agronegocio es parte de la historia de la industria. Tomaron la agricultura y la pusieron en la historia de las fábricas, de la industria. No fue cualquier avance tecnológico, fue un avance tecnológico para producir commodities con el propósito de generar ganancias. Traigamos de vuelta a la agricultura a la tradición del conocimientos locales, de los agricultores, de los pueblos indígenas. Pero, de nuevo, se trata de una tradición que es nueva, actualizada. Tenemos que crear nuevas tecnologías, invertir dinero, científicos, escuelas y todo eso, y será algo nuevo. La agroecología tiene técnicas que ya se ha probado que funcionan. Debido al cambio climático, los ecosistemas están cambiando muy rápido. En ese sentido, la agroecología por definición es moderna, porque responde directamente a un ecosistema que será nuevo para nosotros. Es más dinámica y más resiliente que la agricultura industrial.

-En su último reporte usted hace hincapié en la necesidad de invertir en agroecología.

-Hay que dirigir la inversión a aquello que está alineado con los derechos humanos, con la preocupación ecológica, y poner el poder en manos de la gente. No hay suficiente inversión en agroecología. En mi trabajo he visto que muchos gobiernos están interesados. Muchos gobiernos quieren hacer la transformación y es casi una cuestión de cuán rápido quieren hacerlo. Esa es realmente la pregunta. Creo que el problema con la agroecología es que el agronegocio trata de hacer dos cosas a la vez: decir que es irrelevante o no productivo mientras que, al mismo tiempo, dicen: ‘Ah, pero nosotros podemos hacer agroecología’. La redefinen para que sirva a sus propósitos y eso confunde. Pero creo que cuánto más claras tengamos las cosas, más gobiernos haya involucrados y más se invierta en agroecología, más rápido se va a dar el cambio. Se está construyendo, sólo que me gustaría que fuera más rápido.

20/09/2021

Publicado enInternacional
“La Cumbre de la ONU sobre alimentación no beneficiará a los millones de personas con hambre”

Entrevista a Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas

 

El Relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, denunció que la Cumbre responde a los intereses de multinacionales que son, en gran parte, responsables de la crisis alimentaria. En una entrevista con Tierra Viva, advirtió sobre los posibles impactos en los territorios y propuso alternativas. La agroecología como herramienta de cambio.

Promovida por el Foro Económico Mundial, empieza este 23 de septiembre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde su anuncio, en octubre pasado, llueven las críticas desde diferentes sectores, entre ellos, integrantes de la propia ONU. Relatores especiales y ex funcionarios del organismo internacional advierten sobre la influencia cada vez más preocupante del sector privado concentrado -empresas como Unilever, Bayer, Nestlé, Coca Cola, Pepsico, Google, Amazon, Microsoft- en este tipo de cumbres, donde se acuerdan líneas generales que luego inciden en las políticas públicas de los países.

Una de esas voces críticas es la de Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas. Para Fakhri esta Cumbre será una pérdida de tiempo y dinero para los Estados miembros de la ONU, y no beneficiará en absoluto a los pueblos del mundo, menos aún a las millones de personas que padecen hambre. En cambio, sí sacarán provecho un puñado de multinacionales que buscan garantizar sus negocios en el futuro, algunas ONG y los grupos de consultores que trabajan como asesores y en la organización de este tipo de eventos internacionales.

Lo que sí sentirán las personas comunes, tanto en las ciudades como en el campo, son los impactos de esta cumbre en los próximos años. Para Fakhri, lo que se acuerde en la Cumbre influirá en los futuros planes alimentarios que pongan en práctica gobiernos nacionales. Planes que, de acuerdo a cómo se vienen dando los acontecimientos, “es muy probable que violen los derechos humanos”, advirtió el relator.

Le preocupa que la ONU ceda a las multinacionales el poder de influencia y decisión sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria en un mundo donde el hambre aumenta desde 2015, según datos de la FAO. Y en un momento en que la pandemia por Covid empeoró todo: se calcula que en 2020, entre 700 y 800 millones de personas pasaron hambre.

Junto a dos relatores anteriores, Fakhri denunció que los organizadores de la Cumbre pasaron por alto órganos ya establecidos y más transparentes para debatir los sistemas alimentarios, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. “De manera flagrante -y quizás deliberada-, la Cumbre desvía la atención de los gobiernos hacia fuera del Comité”, sostuvieron. Y señalaron que las reglas y la agenda de la Cumbre fueron establecidas por un pequeño sector que responde a los intereses de las multinacionales. Por lo tanto, las propuestas que salgan de allí serán “sistemas agrícolas controlados por Inteligencia Artificial, edición génica y otras soluciones de alta tecnología orientadas a la agroindustria a gran escala”, advirtieron.

Desde el anuncio de la Cumbre, por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en octubre pasado, Fakhri produjo varios documentos en los que insistió en la falta de una perspectiva de derechos humanos para abordar los sistemas alimentarios. Uno de ellos fue un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otro destinado en especial a los organizadores de la Cumbre, y un reciente reporte para la Asamblea General de Naciones Unidas.

Agencia Tierra Viva conversó desde Buenos Aires, Argentina, con Fakhri, quien vive en los Estados Unidos, donde es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregon.

-¿Tuvo alguna respuesta por parte de las autoridades de la Cumbre a sus críticas y propuestas?

No. Lo último que intenté fue comunicarme con las autoridades y sugerir cómo incluir a organizaciones y movimientos sociales que hasta ahora vienen oponiéndose a la Cumbre. Porque hasta el momento, si bien la Secretaría (autoridad) de la Cumbre se reunió con ellos, en realidad no escuchó sus demandas ni modificó en nada lo que venían haciendo. Pensé que esta era la última oportunidad y les entregué una propuesta, pero la rechazaron. Luego de de esa conversación, mi mensaje es: No es una cumbre de la gente, del pueblo (como había anunciado el Secretario General de la ONU). Esto es una pérdida de tiempo. La Cumbre lleva dos años de organización, aproximadamente 24 millones de dólares gastados y miles de personas que trabajaron de manera voluntaria. Y al final el resultado no va a servir a las personas en los territorios, en el campo, en las fábricas y las ciudades. Las personas que más lo necesitan no se van a beneficiar de esa cumbre.

-¿Y quién se va a beneficiar con la Cumbre?

-Desde el comienzo estuvo claro que las principales personas que idearon la Cumbre estaban todas conectadas con el Foro Económico Mundial. No son necesariamente las multinacionales de manera directa, ninguna empresa figura entre los líderes de la Cumbre. Sino que son organizaciones que trabajan en estrecha colaboración con ellas, que sirven a esas corporaciones y dicen que éstas son parte de la solución. Les pregunté a los organizadores de la Cumbre cómo pueden decir que las multinacionales son parte de la solución cuando en realidad son parte del problema. Y su respuesta fue: ‘Los gobiernos también son parte del problema’. Y esto te dice mucho. Porque los gobiernos no son lo mismo que las corporaciones. Los gobiernos, si bien son parte del problema, al menos en la teoría tienen que rendir cuentas, son responsables. Las multinacionales, no. Por el contrario, tratan de limitar la responsabilidad y generar ganancias. Sabemos lo difícil que es responsabilizar a una multinacional por violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, los sectores que se van a beneficiar son algunos productores agrícolas y de alimentos que quieren dar más poder a las multinacionales y se sienten bien trabajando con ellas. Y las mismas empresas. Lo que no me queda claro es por qué los gobiernos están dispuestos a otorgar poder, a través de las Naciones Unidas, a los asesores, científicos y expertos que trabajan junto a las multinacionales. Quienes también se van a beneficiar son los organizadores de la Cumbre, ese grupo de gente que va a continuar con sus trabajos de consultoría y seguirán siendo tratados como expertos.

-¿Puede dar ejemplos de esas ONGs y empresas, y las soluciones que proponen?

-El presidente de la Vía de Acción 2 (las vías de acción son una especie de comisión dentro de la Cumbre) es Lawrence Haddad, director Ejecutivo de la ONG GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition). Lo que él quiere es crear una iniciativa para que las empresas hagan promesas. Esa es la solución. Que las corporaciones digan: ‘Prometemos arreglar el sistema alimentario y hacer un mundo mejor’. Otro ejemplo: los organizadores de la Cumbre crearon algo llamado palancas (o mecanismos) de cambio transversales… quién sabe lo que significa. Pero en fin, son cuatro: Finanzas, Innovación, Género y trataron de crear una sobre Derechos Humanos pero no funcionó. Finanzas está liderada por el Banco Mundial e Innovación por el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, ellos pueden destinar todos sus recursos y ser la palanca transversal que pueda influir sobre toda la Cumbre. Y van a escribir el reporte final que va a influir sobre lo que gente piense acerca de esos temas. Lo otro que hizo el Foro Económico Mundial es organizar una reunión justo antes de que se abra la Cumbre. Esa reunión fue casi un espejo de toda la Cumbre. Los que asistieron fueron todas las multinacionales: Coca Cola, Unilever, Monsanto -o como sea que se llamen ahora-, Bayer y todos los líderes de la Cumbre, y sentaron las pautas antes de que el proceso comience oficialmente. Más allá de esto, es difícil dar ejemplos concretos de las soluciones que proponen porque, a tres semanas de empezar la cumbre, nadie sabe bien cuáles son los resultados que se esperan.

“Compromiso Hambre Cero”. Así se llama la iniciativa de la ONG GAIN a la que hace referencia Fakhri, y que es una de las soluciones que promueve la Cumbre. “El compromiso es una declaración no vinculante de las operaciones y planes de inversión propuestos por las compañías. No tiene la intención de crear ningún derecho u obligación legalmente exigible para las empresas”, explica GAIN en su sitio web. Entre los principales financiadores de la ONG figuran las multinacionales BASF, Unilever y Arla Foods así como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller.

 

Impacto en los territorios

-¿Cuál será el impacto de la Cumbre en la gente común, en trabajadores, familias campesinas, pueblos indígenas?

-Los impactos no se van a ver de inmediato y eso ya es un problema. El hecho de que no haya impactos positivos inmediatos en una pandemia es un problema. De hecho, la cumbre no se ocupa del Covid de ninguna manera, sino que asume el mundo después del Covid, por lo tanto es una fantasía. Lo que hace la Cumbre es influir sobre los gobiernos nacionales. La mayor parte de las actividades están dedicadas a que los gobiernos anuncien planeas generales de cómo van a cambiar sus sistemas alimentarios. La Cumbre va a conectar a esos gobiernos con inversores y consultores interesados en trabajar con las multinacionales. Y van a asesorar a los gobiernos sobre cómo cambiar sus sistemas alimentarios. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que cada vez más países van a desarrollar planes alimentarios.

La mayoría de los países tienen planes agropecuarios, pero no alimentarios. Entonces, habrá cada vez más planes alimentarios diseñados e implementados de una manera que, teniendo en cuenta cómo se han dado las cosas, muy probablemente violarán los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver los efectos en los territorios en un par de años.

Mientras tanto, la pregunta es cómo las personas que están comprometidas con los derechos humanos van a continuar con la lucha a nivel internacional mientras, al mismo tiempo, animan a las personas a manifestarse a nivel local. Porque hay una esperanza y una oportunidad: si hay suficiente presión a nivel nacional sobre los gobiernos para crear planes alimentarios basados en los derechos humanos, eso puede neutralizar a la Cumbre. Al final, el poder local es siempre el más efectivo.

-En varias oportunidades sostuvo que la Cumbre no se ocupa seriamente de la pandemia. ¿Por qué cree que eso sucede?

-No lo sé. Esa es la pregunta que le hice todo el tiempo a la Secretaría de la Cumbre. Les planteé este punto hace un año y medio, pero evitaron responder. Puedo suponer una razón. El hecho de que no hayan incluido al Covid en la agenda ni hayan explicado públicamente el motivo habla de lo desconectados que están de la realidad, de lo lejos que están de las necesidades inmediatas de las personas. Esto habla de que son una elite que puede darse el lujo de no poner el Covid en la agenda. Porque al resto del mundo, si les preguntás cómo lidian con los problemas alimentarios, tienen que enfrentar el Covid, no tienen elección. Por lo tanto, el hecho de que hayan sentido que podían elegir no ocuparse del tema me da a entender que no tienen idea de las luchas reales de la gente.

Responsables del hambre

-Usted afirma, en declaraciones e informes, que el problema del hambre es más complejo de abordar que la pandemia. Y que no es un problema de escasez de comida sino de fracasos políticos. ¿Puede dar algún ejemplo de esos fracasos?

-El hambre siempre es un fracaso político. Y no es sólo del gobierno del país en donde está ocurriendo. Nuestros sistemas alimentarios, incluso los más locales, son parte del mundo, por lo tanto la economía mundial los afecta. Por ende, el fracaso político puede ser de ese gobierno nacional, pero también de otros países que ejercen influencia. En ese sentido, el hambre siempre es un problema global. Y tiene múltiples responsables. A nivel global, el sistema entero de ONU es responsable en este sentido: la gente está tratando de que los gobiernos se junten y coordinen sus respuestas ante la crisis alimentaria, agudizada por la pandemia. Pero un pequeño número de países poderosos se niega a utilizar los foros multilaterales para hacerlo. El foro más grande, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, es el lugar ideal para que gobiernos, sociedad civil y otros actores puedan sentarse y coordinar respuestas a la crisis, es muy inclusivo. Pero hay un continuo bloqueo político de los países poderosos que no quieren trabajar con otros. Quieren mantener el poder para ellos mismos. Esto es un ejemplo de un fracaso político.

¿En qué medida las multinacionales del agronegocio son responsables por el hambre?

-Desde 1960 hasta ahora hemos aumentado la producción de alimentos en un 300 por ciento y, sin embargo, el hambre aumenta. El agronegocio se ha enfocado en producir más, más y más comida sin hacerse ninguna otra pregunta: ¿cómo están produciendo la comida? ¿qué daños están causando? Lo que han hecho, con una influencia creciente sobre los sistemas alimentarios, es promover prácticas con pesticidas, semillas transgénicas y monocultivos. Y condujeron a la reducción de la biodiversidad, que es uno de los principales problemas del cambio climático, no sólo del sistema alimentario. Porque se centran principalmente en las ganancias y en concentrar poder. Ahora están tratando de adaptarse, de ser más “sustentables”, según sus palabras. Pero no hay razón para confiar en que van a solucionar el problema.

Al final el problema no es lo que están haciendo sino el poder, quién tiene el poder. Si le das poder a un pequeño grupo de personas, en cualquier situación, nada va a salir bien. Si se mantiene el poder en manos de la gente, la gente sabe lo que necesita, lo saben mejor que nadie, son capaces de adaptarse a su contexto particular y sus ecosistemas.

La dificultad está en lograr que las personas trabajen juntas, en colaboración. Pero eso siempre es un problema en democracia, y es un buen problema. Un mal problema es tener que enfrentar al poder concentrado. Porque, de nuevo, quienes lo concentran están desconectados de la realidad. Ese es el mayor problema. Por lo tanto, la Cumbre refleja muchos de los problemas de los sistemas alimentarios.

Resistencia y caminos posibles

-¿Cuál es su opinión sobre la contra-cumbre Sistemas Alimentarios para los Pueblos, organizada por activistas y movimientos sociales que denuncian que la Cumbre responde a la agenda de las multinacionales?

-Es una inspiración. Porque estos grupos que se unieron, y que representan a millones de personas, no piensan igual e, incluso, tienen posiciones contrarias. Pero han logrado negociar y superar sus diferencias, y encontrar los puntos en común en solidaridad. Ese espíritu de solidaridad debería ser una inspiración también para los gobiernos. Porque si la gente puede hacer esto por sí misma, los gobiernos tienen que ser capaces de unirse, superar sus diferencias y servir a las necesidades de la gente. Por lo tanto, esta contra-movilización, que la gente está haciendo en circunstancias increíblemente difíciles, en medio de una pandemia, lo veo como una inspiración.

-¿Qué caminos propone como Relator para solucionar los problemas de los sistemas alimentarios?

-En primer lugar, si las personas todavía no están involucradas, que lo hagan. En cada ciudad, comunidad y país, hay movimientos de soberanía o justicia alimentaria, organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas. Cuanta más gente participe activamente en las luchas locales, mejor. En cuanto a los gobiernos, hay que tratar de obtener liderazgos. Necesitamos sólo un pequeño grupo de gobiernos que se unan y presionen contra la agenda de las multinacionales. Que sean los defensores de sistemas alimentarios que respeten los derechos humanos. Hay gobiernos que pueden hacerlo pero todos están esperando que otro se mueva primero. Creo que hay esperanza en convocar a esos países a conformar alguna especie de coalición que inspire y lidere a los otros. Por mi experiencia de trabajo, sé que la mayor parte de los gobiernos quieren hacer las cosas bien. Pero, de nuevo, un pequeño grupo de poderosos bloquean todo. El sistemas de las Naciones Unidas tiene fortalezas y debilidades. Una de sus fortalezas es que cuando una mayoría de países encuentran la forma de unirse, pueden influir en la agenda y pueden hacerlo en el buen sentido. Esto ya ha funcionado en el pasado y puede funcionar de nuevo. Lo tercero, que la gente construya nuevas relaciones. El cambio ocurre a partir de la creación de nuevas relaciones y amistades. Lo que me inspiró, por ejemplo, son los movimientos en la India. Estuvieron liderados por organizaciones de agricultores que luchaban por sus derechos humanos. Y lo que ocurrió fue que los trabajadores y los sindicatos se les unieron en solidaridad. Los agricultores y los trabajadores no siempre se llevan bien, es una relación complicada. Pero fueron capaces de desarrollar un nuevo vínculo. Por lo tanto, creo que nuevas relaciones conducen a una nueva política, nuevas ideas, y así es como sucede el cambio.

-En Sudamérica el modelo de agronegocio que combina cultivos transgénicos, agrotóxicos y concentración de la tierra lleva más de tres décadas y los gobiernos siguen promoviéndolos como una forma de desarrollo. ¿Qué opina sobre eso?

-Hay una desconexión entre las políticas alimentarias y las políticas de comercio. Y esto impacta en cómo los países usan la tierra. Si el país está principalmente orientado a la exportación, hace que la tierra se oriente a la producción de commodities, no de alimentos. Esto responde a un modelo de desarrollo: producimos commodities –como si fuéramos una fábrica-, vendemos al mercado internacional, ganamos dinero, lo ingresamos al país y con eso comemos mejor y mejoramos la calidad de vida. Eso es un modelo económico de los años 50. El mundo entero lo implementó. Lo que hemos visto, especialmente en los países del hemisferio sur, es que reorientar el sector agropecuario hacia las exportaciones dio como resultado tres cosas. Lo primero, se reduce la biodiversidad, lo que afecta al ambiente y la salud de las personas, su salud física. Segundo, que no mejoró la condición socioeconómica; solamente algunas personas ricas del país se hicieron más ricas. Vemos esto en la Organización Mundial de Comercio: los países en desarrollo no están conformes con las políticas internacionales de comercio. Y tercero, deja inseguridad alimentaria en el país: exportás alimento, importás dinero, pero la gente pasa hambre. Se crea un absurdo. Tenés un sector agrícola que manda alimentos al exterior mientras tu gente tiene hambre al lado tuyo. Ningún país está haciendo un buen trabajo para conectar el sistema alimentario con el de comercio. Sudamérica puede ser un buen lugar para hacerlo, porque tiene agricultura, tiene una historia de movimientos populares y el comercio siembre ha sido un tema de debate, más que en otras regiones.

Invertir en agroecología

-Tanto usted como relatores anteriores proponen a la agroecología como una de las soluciones a la crisis alimentaria. ¿Qué les diría a quienes sostienen que la agroecología es algo del pasado, primitivo?

-La agroecología se basa en largas tradiciones de cómo cultivar los alimentos. Tiene el poder del conocimiento de las personas que hacen el trabajo: agricultores, pescadores, pastores, campesinos. Proviene de una tradición particular, pero es dinámica. Y está orientada hacia el futuro. El mundo que vivimos hoy comenzó en 1970, cuando comenzó la Revolución Verde y la agricultura pasó a ser un negocio de grandes multinacionales. Es un fenómeno reciente, pero miren la destrucción que generó en sólo 50 años. Por lo tanto, la agroecología es nueva en el sentido de que todavía no nos hemos comprometido a nivel global para, de forma consciente, desarrollar nuestras políticas alimentarias de una manera integrada a los procesos ecológicos. La agroecología tiene una historia, pero todo tiene una historia. El agronegocio es parte de la historia de la industria. Tomaron la agricultura y la pusieron en la historia de las fábricas, de la industria. No fue cualquier avance tecnológico, fue un avance tecnológico para producir commodities con el propósito de generar ganancias. Traigamos de vuelta a la agricultura a la tradición del conocimientos locales, de los agricultores, de los pueblos indígenas. Pero, de nuevo, se trata de una tradición que es nueva, actualizada. Tenemos que crear nuevas tecnologías, invertir dinero, científicos, escuelas y todo eso, y será algo nuevo. La agroecología tiene técnicas que ya se ha probado que funcionan. Debido al cambio climático, los ecosistemas están cambiando muy rápido. En ese sentido, la agroecología por definición es moderna, porque responde directamente a un ecosistema que será nuevo para nosotros. Es más dinámica y más resiliente que la agricultura industrial.

-En su último reporte usted hace hincapié en la necesidad de invertir en agroecología.

-Hay que dirigir la inversión a aquello que está alineado con los derechos humanos, con la preocupación ecológica, y poner el poder en manos de la gente. No hay suficiente inversión en agroecología. En mi trabajo he visto que muchos gobiernos están interesados. Muchos gobiernos quieren hacer la transformación y es casi una cuestión de cuán rápido quieren hacerlo. Esa es realmente la pregunta. Creo que el problema con la agroecología es que el agronegocio trata de hacer dos cosas a la vez: decir que es irrelevante o no productivo mientras que, al mismo tiempo, dicen: ‘Ah, pero nosotros podemos hacer agroecología’. La redefinen para que sirva a sus propósitos y eso confunde. Pero creo que cuánto más claras tengamos las cosas, más gobiernos haya involucrados y más se invierta en agroecología, más rápido se va a dar el cambio. Se está construyendo, sólo que me gustaría que fuera más rápido.

20/09/2021

Publicado enInternacional
SpaceX lanza al espacio la primera misión con una tripulación totalmente civil

Está programado que los cuatro integrantes de la misión Inspiration4 orbiten la Tierra durante aproximadamente tres días, a una altura de 575 kilómetros

 

La compañía aeroespacial SpaceX hace historia al lanzar al espacio la primera misión compuesta por una tripulación totalmente civil. El viaje, que se realiza a bordo de la nave Crew Dragon, se diferencia en muchos aspectos de las hazañas recientes de otras compañías privadas.

La puesta en órbita de los cuatro integrantes de la misión Inspiration4 inició exitosamente con el lanzamiento del cohete propulsor Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, poco después de las 20:00 (hora local) de este 15 de septiembre.

Pocos minutos después del despegue, los viajeros espaciales quedaron en órbita, tras separarse la cápsula del cohete. SpaceX también informó que la primera etapa del Falcon 9 aterrizó sobre la plataforma autónoma de puerto aeroespacial, ubicada en el océano.

Está programado que la nave espacial alcance una altura de 575 kilómetros y que su tripulación permanezca en completa ingravidez durante aproximadamente tres días. Así, este lanzamiento sobresale respecto a los recientes vuelos espaciales realizados por Virgin Galactic y Blue Origin, que duraron unos pocos minutos y no superaron los 100 kilómetros de altura.

Después de dar unas 22 vueltas a nuestro planeta, la Crew Dragon volverá a la Tierra para un amerizaje. Durante ese tiempo, los viajeros realizarán varios experimentos sobre el rendimiento humano en el espacio, además de poder disfrutar de una vista privilegiada a través de una cúpula de cristal.

Otra de las peculiaridades de Inspiration4 es que al no contar con astronautas profesionales, todos los procesos serán automatizados y controlados por técnicos de SpaceX desde un centro de mando en la Tierra. "Este hito representa una nueva era para la exploración y los vuelos espaciales tripulados", asegura la compañía de Elon Musk.

Integrantes

Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments –una empresa estadounidense de procesamiento de pagos–, estará al timón de la aventura espacial, bajo el apodo 'Liderazgo'. Lo acompañará Hayley Arceneaux, con el sobrenombre 'Esperanza', asistente médica en el hospital infantil de St. Jude (Memphis, Tennessee), quien desempeñará el papel de oficial médica.

A estos dos integrantes se suma Christopher Sembroski, 'Generosidad', un empleado de la compañía aeroespacial Lockheed Martin y exveterano de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. Se precisa que el hombre, entre otros cometidos, ayudará a gestionar la carga útil y los experimentos científicos, al tiempo que se ocupará de las comunicaciones para el control de la misión.

Completa el equipo Sian Proctor, 'Prosperidad', una empresaria, educadora y piloto entrenada, quien recibió su asiento tras ganar en un concurso de negocios en línea. Ella piloteará la nave y prestará el apoyo necesario al jefe durante el viaje.

'Liderazgo', 'Esperanza', 'Generosidad' y 'Prosperidad' representan los pilares de la misión, que además de tener el objetivo de concientizar, busca recaudar fondos para el hospital infantil de St. Jude.

De otra parte, la plataforma Netflix ha lanzado una serie documental sobre esta misión espacial, llamada 'Countdown'. El quinto y último episodio, que se estrenará a finales de mes, incluirá imágenes grabadas por los viajeros durante su travesía.

Publicado: 15 sep 2021

 Pahnin Mekragnotire, un indígena de 40 años de la tribu Kayapo, observa los efectos de la deforestación en l suroeste del estado de Pará, Brasil. — Lucas Landau / REUTERS

La organización internacional Global Witness reporta 227 ataques contra defensores de la Tierra, la mayoría de ellos documentados en países del Sur Global.

 

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

 

 

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

 

13/09/2021 21:54 Actualizado: 14/09/2021 10:23

Alejandro Tena@AlxTena

 

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Cuatro ejes de acción para abordar la situación del Caribe ante el cambio climático

La situación del Caribe en el contexto del cambio climático ilustra con claridad la asimetría estructural constitutiva del sistema-mundo capitalista. Por ejemplo, el área del Caribe insular emite alrededor del 1% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, pero sus habitantes y ecosistemas son ya una de las principales víctimas del cambio climático.

La poca efectividad de las políticas implementadas hasta el momento para hacer frente a esta situación se debe a: 1) Altos niveles de fragmentación regional interna como consecuencia de los reacomodos geopolíticos poscoloniales. 2) La urgencia por dar respuesta a otros problemas inmediatos como el peso de la deuda pública y 3)  La alta dependencia de capitales foráneos (Bishop and Payne, 2012).

Superar este escenario crítico supone, a su vez, coordinar acciones en tres grandes ejes. En primer lugar, políticas públicas pensadas ya no solo desde las divisiones político-administrativas existentes, sino fundamentalmente desde regiones climáticas dado el carácter transfronterizo de la crisis ambiental. En segundo lugar, la articulación de movimientos y organizaciones de base comunitaria dentro de la región con los movimientos globales de justicia ambiental y viceversa. Finalmente, la creación de redes y plataformas que posicionen la situación del Caribe en los foros internacionales para lograr una respuesta efectiva de la comunidad internacional (Laguardia Martínez y Gómez Palacios, 2020).

Aunado a estos tres ejes, en este breve escrito me atrevería a sugerir un cuarto eje o, tal vez, un punto transversal a los tres anteriores. Me refiero al diseño y puesta en marcha de repositorios digitales en acceso abierto que posibiliten una compilación del conocimiento ecológico-político existente sobre el área. Esto ayudaría a dilucidar el desconocimiento que en otras regiones existe sobre los problemas del Caribe y sobre la propia heterogeneidad e historia de la región.

En América Latina y el Caribe (ALC), según datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), se han registrado 937 conflictos socioambientales hasta septiembre de 2020, lo que representa un 29% del total mundial de 3.244 casos (Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020). No obstante, esta totalización no permite apreciar la especificidad caribeña. Cuando hacemos un énfasis en dicha área encontramos que del total de casos para ALC, los territorios caribeños que conforman los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) representan un 3% (26 casos) del total de conflictos a nivel regional.

Como acertadamente han argumentado Scheidel et al. (2020), no debemos asumir la información presente en el EJAtlas como estadísticamente representativa de la globalidad del problema. De hecho, existen algunos países con un abordaje limitado. Por tanto, si unos países o áreas aparecen con más casos que otros, no es porque necesariamente tengan “más” conflictos y sus contrapartes sean “más” sustentables, sino por la poca o mucha disponibilidad de datos e información claves para su efectivo registro en el mapa.

Esta observación va en sintonía con el planteamiento de Bishop y Payne (2012) sobre la necesidad de una agenda de investigación enfocada en el cambio climático que coloque al ambiente en el corazón de los trabajos que sirven de insumo para el diseño de la política pública, la gobernanza y los planes de desarrollo en el Caribe. También con lo que señalan Laguardia Martínez y Gómez Palacios (2020) sobre la urgencia de “ambientalizar” los currículos universitarios. Ambas sugerencias deben, conforme a la tradición de la ecología política latinoamericana, asumir los conflictos socioambientales como una categoría central de análisis. Después de todo, si las economías de los territorios SIDS en el área del Caribe dependen de la actividad turística, entonces habrá que empezar por explorar las tensiones alrededor de este sector económico sin descuidar otros casos, por supuesto.

Establecer relaciones de colaboración con los coordinadores del EJAtlas puede ser un buen punto de partida para consolidar un nodo de información ecológico-política sobre el área, pero es vital que las propias universidades y centros de investigación del Caribe aúnen esfuerzos parar crear plataformas de investigación colaborativa propias, en las cuales puedan monitorear conflictos en sus territorios, analizar las causas e identificar actores y agendas involucradas. Igualmente, crear repositorios que faciliten la socialización de todos los datos levantados y de todo el conocimiento generado. En ese particular, tanto el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), como la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA),constituyen otros dos grandes aliados para posicionar la necesidad ineludible de atender los problemas socioambientales del Caribe y del conjunto de los SIDS en los foros internacionales.

A riesgo de sonar superlativo, los futuros de la política para la sustentabilidad, así como las políticas para los futuros sustentables, van a depender en gran medida de si se asume o no un compromiso ético-político explícito de toda la comunidad internacional para atender la emergencia ecosocial de zonas altamente vulnerables como el Caribe. 

Por Marx José Gómez Liendo | 14/09/2021

Referencias utilizadas

Bishop, M.L. y Payne, A. (2012). “Climate Change and theFuture of Caribbean Development”. The Journal of Development Studies, 48:10, 1536-1553. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00220388.2012.693166.

Laguardia Martínez, J. y Gómez Palacios, A. (2020). “Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe. Hacia un diálogo interdisciplinario”. En: Laguardia Martínez, J. (coordinadora), Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe (pp. 9-18). Buenos Aires: CLACSO.

Olmedo Neri, R.A. y Gómez Liendo, M.J. (2020). “Conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe: un análisis del panorama regional desde la ecología política”. Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales, 8(XV), 30-54.

Scheidel, A. et al (2020). “Environmental conflicts and defenders: A global overview”. Global Environmental Change, Volume 63, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104.

Marx José Gómez Liendo es sociólogo (Universidad Central de Venezuela), con maestría en estudios sociales de la ciencia (InstitutoVenezolano de Investigaciones Científicas, IVIC). Miembro del Laboratorio de Ecología Política del Centro deEstudios de la Ciencia del IVIC, del equipo editorial de la revista Iberoamérica Social y del Comité de Investigaciónde la Asociación Iberoamericana de Sociología (AIS). Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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¿Cuál es el verdadero significado de la política de “prosperidad común” en la China de Xi Jinping?

Xi Jinping, jefe de la burocracia de Pekín, ha encendido la señal de alarma llamando la atención de los factores de poder en China, y en el mundo. La prensa extranjera se apresuró a colorear sus últimas declaraciones en nombre de la estabilidad social y política: pidiendo la regulación de los altos salarios y patrocinando la noción de “prosperidad común” nacional. Los medios de comunicación estatales chinos informaron de que la Comisión Central de Asuntos Económicos y Financieros, presidida por Xi en el seno del Partido Comunista Chino, consagró en agosto la necesidad de “regular los ingresos excesivamente elevados y animar a los grupos y empresas de altos ingresos a devolver más a la sociedad”. En una de las sociedades más desiguales del planeta, cortesía del PCCh que ha capitaneado la restauración capitalista durante las últimas cuatro décadas y ha preservado su poder político en el Estado como administrador del “capitalismo con características chinas”, los temores aumentan. La orden es reducir gradualmente el abismo de beneficios materiales y económicos que separa a la burocracia dirigente de los cientos de millones de obreros, estudiantes y campesinos privados de los beneficios de su trabajo.

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del PCCh aclaró que, si bien el Partido había difundido entre los chinos la orden de “enriquecerse primero” en las primeras décadas del periodo de reforma y apertura de la era Deng Xiaoping, ahora daba prioridad a la “prosperidad común para todos”. “Hay un cambio en la forma en que el Partido Comunista Chino ve su legitimidad”, dijo Yu Jie, un investigador de Chatham House, un think-tank con sede en Londres. “Si el PCCh defiende el actual statu quo que es descaradamente injusto en su distribución de la riqueza y las oportunidades, la confianza de la gente de a pie se derrumbará”.

Xi, a punto de iniciar un tercer mandato en 2022, está preocupado por la creciente desigualdad en China, que se disparó con la crisis mundial de 2008 y ha aumentado con la pandemia. El curso de esa tendencia podría desestabilizar el país, en un momento en que Xi ha hecho propaganda de que ha completado una campaña para eliminar la pobreza absoluta. El impulso a la prosperidad compartida abarca, según el discurso oficial, políticas que van desde el freno a la evasión fiscal y la limitación de las horas que pueden trabajar los empleados del sector tecnológico hasta la prohibición de las clases particulares con fines lucrativos en materias escolares básicas y la limitación estricta del tiempo que los menores pueden dedicar a los videojuegos.

Estas medidas siguen la campaña llevada a cabo por el gobierno para disciplinar a algunas grandes empresas tecnológicas para que colaboren con el PCCh, como Alibaba de Jack Ma y Meituan de Wang Xing, y regular estrictamente la recolección de datos personales sensibles para la seguridad del Estado, como en el caso de Didi Chuxing y Caocao, empresas de viajes equivalentes a Uber. Empresas digitales como Tencent (propiedad de Ma Huateng, que al igual que Jack Ma es miembro del PCCh) y Pinduoduo también han sido puestas en el radar de la disciplina estatal. Los reguladores multaron a Alibaba con 2.800 millones de dólares como resultado de una investigación antimonopolio (después de haber prohibido la oferta pública inicial de Ant Group, su brazo financiero, en EE. UU.), y abrieron una investigación de ciberseguridad contra Didi, días después de su oferta pública inicial de 4.400 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York en EE. UU., que hizo que sus acciones se desplomaran. También siguen las represalias de algunos funcionarios de la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, que tuvieron relaciones promiscuas con Jack Ma, en particular el secretario del partido local, Zhou Jiangyong.

Sobre la base de estos hechos, las especulaciones de supuestos “expertos” en la situación china han versado sobre lo que parece ser la voluntad del PCCh de “expropiar a la burguesía china”; otros, menos audaces pero igualmente incautos, utilizan unilateralmente el aspecto del "control" para exagerar los efectos de la regulación de los altos salarios empresariales. Sin embargo, la cuestión es bastante más compleja. China ha alcanzado en 2020 el rango de país con mayor número de multimillonarios del mundo: con 1.058 magnates del gran capital, supera incluso a Estados Unidos (que tiene 696). Los habitantes de la quinta parte de los hogares chinos disfrutan de una renta disponible más de diez veces superior a la de la quinta parte inferior, según las cifras oficiales. La renta disponible en las ciudades es dos veces y media mayor que en el campo. Y el 1 % más rico posee el 30,6 % de la riqueza de los hogares, según el banco Credit Suisse (frente al 31,4 % en Estados Unidos). Se trata de una de las sociedades más desiguales del mundo, sobre la que el propio Primer Ministro, Li Keqiang, admitió que en China todavía hay 600 millones de pobres que viven con apenas 1.000 renminbi al mes (154 dólares). La marca básica del riesgo a atacar está ahí, en el marco de las consecuencias de la crisis global. La retórica “social” que acompaña a los discursos oficiales pretende desactivar esta bomba de relojería en el gigante asiático.

Al mismo tiempo, el primer ministro aclaró que el plan de “prosperidad común” no significa un ataque a los capitalistas. Han Wenxiu, funcionario de la Comisión presidida por Xi, subrayó que el gobierno no quiere nada parecido a una persecución de los ricos en favor de los pobres, y que China debe protegerse del “riesgo de caer en el estado del bienestar” . El mismo Li Keqiang, jefe del Consejo de Estado, emitió una declaración oficial del gobierno chino en la que afirmaba que “seguiremos promoviendo un entorno empresarial orientado al mercado, en línea con los estándares mundiales, y el gobierno debe levantar todas las restricciones innecesarias a las entidades privadas para facilitar la competencia leal”, como “apoyar el empleo flexible a través de múltiples canales y el desarrollo de nuevas formas de empleo, exigiendo la eliminación de restricciones injustificadas”. La profundización de la precariedad y la flexibilidad laboral en China, lo que explica la restricción parcial, en el sector tecnológico, del régimen laboral servil 996 (trabajo de 9 a 21 horas, seis días a la semana –de hecho, el componente de represalia a Jack Ma, que había dicho que el modelo era una “bendición”, supera cualquier supuesta piedad laboral–. Estas declaraciones oficiales del gobierno chino desacreditan las precipitadas declaraciones de algunos “intelectuales”.   

La idea de “prosperidad común” no es nueva en China. Se remonta a milenios atrás, y fue apropiado por los líderes del PCCh tras la fundación de la República Popular en 1949 (fue utilizado por Mao Zedong en los años 50, y por Deng en los 80). En efecto, Xi citó una conocida frase de las Analectas de Confucio, que dice algo así como que a un líder sabio no le preocupa la pobreza, sino la desigualdad; no que su pueblo sea demasiado pequeño, sino que esté demasiado dividido. De hecho, la respuesta a la esencia de la razón que motiva este movimiento político en Pekín puede encontrarse mejor en Confucio que en los portavoces de la burocracia china: “donde hay satisfacción, no habrá revueltas”, decía el sabio. Sin necesidad de mucha sabiduría, miles de magnates en Estados Unidos anticiparon en 2019 el sentimiento que ahora inquieta a Xi. El multimillonario Alan Schwartz, de la firma de inversiones estadounidense Guggenheim, decía entonces, empapado de las luchas internacionales en América Latina y Oriente Medio, durante una reunión del Milken Institute que “Si miramos a la derecha y a la izquierda del espectro político, lo que estamos viendo es la llegada de la lucha de clases [...] A lo largo de los siglos, cuando las masas identifican que la élite tiene demasiada riqueza, sólo ha habido dos alternativas: una legislación para redistribuir la riqueza... o una revolución para redistribuir la pobreza”.

Como veremos, el plan de la burocracia china no se explica por una supuesta “voluntad socializadora” de Xi Jinping, sino por la necesidad de robustecer el mercado interno y la capacidad de consumo de la nueva clase media china, buscando generar un sector relativamente mejor remunerado de la clase trabajadora. Estratégicamente, se trata de preservar la fuerza del capitalismo ascendente chino y estabilizar los choques sociales en el marco de la disputa tecnológico-industrial con Estados Unidos en los marcos de la crisis global.

¿Por qué ahora?

El anuncio de las medidas coincidió con unos resultados económicos preocupantes en China, que vuelve a estar acechada por el regreso de la pandemia. En junio, uno de los indicadores más importantes de la actividad manufacturera de China registró una contracción por primera vez desde las primeras etapas de la pandemia. El índice de gestores de compras de la industria manufacturera Caixin, una encuesta independiente sobre la actividad manufacturera en China, alcanzó los 49,2 puntos en agosto, cayendo por debajo de la marca de 50 puntos que separa la medición mensual de la expansión y la contracción de la industria manufacturera por primera vez desde abril de 2020. Además, El producto interior bruto de China se expandió un 7,9 % en el trimestre abril-junio desde 2020, desbaratando las expectativas de un aumento del 8,1 %.

Pero las peores noticias provienen del consumo interno. El gasto de los consumidores en China se ha retrasado en gran medida con respecto a la recuperación económica general del país tras la pandemia, y esa lentitud se debe al menor crecimiento de los ingresos de los hogares. “Los datos sobre el estancamiento del consumo interno en China han dejado claro que es urgente aumentar los ingresos de la población y centrarse más en la equidad de la distribución”, dijo Wang Jun en el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, en Pekín.

Los organismos gubernamentales informaron en junio que las ventas minoristas de China volvieron a incumplir las expectativas. Las ventas al por menor aumentaron un 12,4 % en mayo con respecto a hace un año, menos que el aumento del 13,6 % previsto. Estos son vientos en contra para Pekín, ya que el gobierno chino espera promover su política de “doble circulación”, que pone mayor énfasis en el consumo como motor económico clave. Chang señaló que los salarios de los trabajadores inmigrantes tampoco se han recuperado, mostrando un crecimiento de sólo el 2,5 % en comparación con el 6,5 % anterior a la pandemia.

Estos indices fueron uno de los signos más claros de la pérdida de impulso de la economía china, que ahora se enfrenta a una menor demanda de exportaciones, a los altos precios de las materias primas y a la ralentización del sector inmobiliario. En este contexto se inscribe el plan de "prosperidad compartida" de Xi.

Li Keqiang, en el comunicado oficial del Consejo de Estado en 2020, había descifrado algunas coordenadas de la preocupación gubernamental, vinculadas a la importancia del consumo y de las pequeñas y medianas empresas en China: “Debemos ser creativos en el diseño y ejecución de nuestras políticas. Como he dicho antes, nuestras políticas, que son de gran envergadura, están diseñadas para proporcionar un alivio vital a las empresas y revitalizar el mercado, con especial atención a la estabilización del empleo y la garantía de los medios de vida de las personas. No se centran en grandes proyectos de infraestructuras. Esto se debe a que se han producido importantes cambios en la estructura económica de China, donde el consumo es ahora el principal motor del crecimiento, y las micro, pequeñas y medianas empresas proporcionan ahora más del 90 % de todos los puestos de trabajo en China. [...] Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la lucha contra el COVID-19 es que los esfuerzos de contención han tenido un efecto moderador sobre el consumo. Por tanto, las medidas en este sentido también forman parte de nuestra reforma orientada al mercado”. También confesó que el problema del desempleo es real para millones de trabajadores urbanos, y que el gobierno “lanzará programas para estimular al sector privado a colaborar en el fortalecimiento del consumo”, estipulando que unas 100 millones de personas están empleadas en nuevas formas de negocio e industria, y unos 200 millones trabajan en la economía de plataforma. Aquí está la clave de la cuestión. El plan de regulación de los altos salarios y de redistribución de la riqueza, con todas las exageraciones terminológicas propias de la burocracia, pretende aumentar la capacidad de consumo de la población, reducir el desempleo (mediante la flexibilización laboral también), aumentando parcialmente los salarios de ciertas categorías (rama tecnológica). Esto se haría con la contribución financiera de los grandes monopolios, sin perjuicio de su propiedad y capacidad de explotación del trabajo, debilitando a través de mecanismos estatales ciertas prácticas monopólicas que estrangulan el surgimiento de nuevas, pequeñas y medianas empresas, que juegan un papel crucial en la ocupación de la fuerza de trabajo y la búsqueda de la innovación.

Observando las exigencias que se plantean a los grandes conglomerados económicos, generan poca preocupación desde el punto de vista de la preservación de su propiedad. Como escribe Kevin Yao, los dirigentes chinos se han comprometido a utilizar los impuestos y la financiación “colaborativa” (de hecho, condicionada) en forma de donaciones; y cualquier observador agudo sabe que la caridad capitalista nunca ha sido un tema de pesadilla para la clase dominante. Tanto es así que la respuesta de los magnates prudentes ha sido alinearse detrás de la agenda de Pekín. Wang Xing, de Meituan, ha donado 2.300 millones de dólares a un fondo filantrópico que apoya la educación y la ciencia. Tencent anunció un fondo de 7.700 millones de dólares dedicado a la “prosperidad común”, que definió como el aumento de los ingresos familiares de los grupos de bajos ingresos, la ampliación de la cobertura sanitaria, el desarrollo económico rural y la educación de los estudiantes desfavorecidos. "Como empresa tecnológica china bendecida por la reforma y la apertura de China, Tencent siempre ha pensado en cómo ayudar al desarrollo social con sus propias tecnologías y su poder digital." Alibaba se ha comprometido a donar 15.500 millones de dólares a lo largo de cinco años, y Pinduoduo se ha comprometido a donar 1.500 millones de dólares a los agricultores a partir de sus ganancias futuras en el segundo trimestre.

Para tener una dimensión de lo que se trata, el compromiso de Alibaba equivale a sólo el 15 % del beneficio neto que la empresa obtendrá en 2025, basándose en los beneficios de 2020. Los multimillonarios en su conjunto, si son más disciplinados, no pueden quejarse de una intrusión agresiva en sus intereses privados. La propuesta de imposición se trata como una leyenda en los círculos gubernamentales chinos; en 2015 se aplicó un plan piloto en Shanghái y Chongqing, sin ningún resultado plausible. Así, la fiscalidad de las grandes fortunas se trata en China como en Occidente. El aumento salarial para determinadas categorías debería elevar el nivel medio de ingresos, según los planes oficiales, de la provincia oriental de Zhejiang, que no es una de las más pobres, pero que ahora sólo ocupa el sexto lugar entre las provincias con mayor PIB per cápita, según el censo de 2020. La ruptura con el modelo de trabajo 996, una demanda de sectores cada vez más amplios de jóvenes trabajadores, que suscitaba peligrosos conflictos sociales, se presentaba como un objetivo para la rama tecnológica, y no se generalizaría frente a los agotadores ritmos de trabajo del proletariado del campo que opera en las plantas de montaje.

Como dijo Li Keqiang, este proyecto está dentro de las reformas orientadas al mercado, no en contra. “Se seguirá mejorando el entorno de las empresas, se promoverá la reforma administrativa y se construirá un entorno empresarial orientado al mercado y basado en la ley. Se fomentará la creación de empresas por parte de distintos grupos y se mejorarán los sistemas y plataformas de servicios empresariales”, según el comunicado del Consejo de Estado de agosto de 2021 tras la reunión de la Comisión presidida por Xi.   

El periódico oficialista Global Times, que responde a las estrictas directrices de Pekín, aseguró al capital extranjero que las medidas no supondrán ningún perjuicio para sus negocios. “Para las empresas extranjeras, independientemente de su origen y tamaño, deben respetar y cumplir las leyes y reglamentos de China y alinear activamente sus negocios con el desarrollo social y económico general de China si quieren operar y tener éxito en el mercado chino. Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas extranjeras vayan a ser un objetivo. Las medidas reguladoras se dirigen a las prácticas comerciales ilegales, no a ninguna empresa en particular, ya sea extranjera o nacional. Esta actitud debe ser acogida con satisfacción por las empresas, ya que así se promoverá un entorno de mercado mejor y más justo. Y lo que es más importante, para las empresas extranjeras que operan en China o que buscan oportunidades de negocio en el país, deben estar tranquilas porque, a pesar de los recientes cambios importantes y de las medidas reguladoras, las políticas de reforma y apertura de China, de larga data, no cambiarán”.

Aquí podemos resumir lo que es realmente el difuso plan del gobierno chino aclarando lo que no es en primer lugar. Como explica el periódico británico The Economist: “El PCCh ha aclarado lo que no implica la "prosperidad común”: no significa que todos acaben disfrutando de la misma prosperidad. Hay que animar a los empresarios que crean su propia riqueza, “trabajan duro con integridad y tienen el valor de crear sus propias empresas”. El giro igualitario tampoco será brusco. Debe llevarse a cabo “paso a paso” de forma “gradual”, reiteró la Comisión este mes”. Se trata de ajustes dentro de las reformas capitalistas en la economía china, no a costa de ella.

Qué fundamentos generales tiene la política de “prosperidad común”

Como hemos dicho, el plan sin contornos claros de "prosperidad común" está lejos de apuntar a pérdidas estratégicas para el capitalismo chino. Podemos resumir la estrategia del Partido Comunista Chino en cuatro puntos: 1) Disminuir la pronunciada desigualdad social en China para evitar explosiones sociales que socaven la estabilidad política en un momento delicado de conflicto entre Pekín y Washington; 2) ampliar la capacidad de consumo de la nueva clase media y el potencial mercado interno chino; 3) dividir las filas de los trabajadores registrando ciertos derechos salariales y laborales para un sector en detrimento de los demás; 4) disciplinar a ciertos grandes monopolios a los designios políticos del PCCh, para que no ahoguen la aparición de nuevos capitales en el campo de la innovación tecnológica (las start-ups), con el fin de desbloquear el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, responsables de la inmensa mayoría de los empleos en China, y hacerlos convivir con los mismos multimillonarios que conservarán su riqueza, sin las mismas facilidades monopolísticas anteriores (es decir, de determinar la rentabilidad de las pequeñas empresas en función de su fidelidad a sus plataformas, en el caso de Alibaba y Tencent).

Lo más importante para el gobierno es desarrollar su mercado interior, la verdadera columna vertebral de la economía china. Xi Jinping necesita consumidores capaces de enfrentarse a la caída de la economía mundial y a la fragilidad del comercio internacional, que impide a China mantener su ritmo de crecimiento centrado en el “esquema exportador”. Un esquema que, recordemos, mantenía una relación simbiótica con Estados Unidos que se ha visto especialmente reforzada desde que China entró en la OMC en 2001. Esta contradicción es la que impulsa a China hacia un complejo y tortuoso giro hacia el mercado interior, hacia una complicada y contradictoria política de liberalización del renminbi (la moneda china), así como hacia la necesidad de acelerar el cambio en el contenido de su producción y de competir más agresivamente por los espacios mundiales de acumulación de capital –o de exportación de capital– y las áreas de influencia. Entre ellas, la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la Nueva Ruta de la Seda.

Esta situación implica el inicio de la crisis de complementariedad chino-estadounidense, por la que se exporta de China a Estados Unidos una producción masiva con un valor añadido relativamente bajo, lo que refuerza la balanza comercial china, mientras que China contribuye a sostener los crecientes déficits de Estados Unidos. La crisis económica de 2008 rompió esta simbiosis relativamente armoniosa, sin poner fin a la dependencia mutua de las economías, que sostienen el destino de la otra en un escenario mucho más complejo de choques y fisuras geopolíticas (como vemos en Afganistán, donde a la humillante derrota de Estados Unidos le sigue la alianza de China con los reaccionarios fundamentalistas talibanes para incluir el país en la Nueva Ruta de la Seda y la extracción de minerales preciosos para Pekín). China, que en décadas anteriores se había presentado como un motor clave del crecimiento de la inversión, empezó a perder ese papel a partir de 2013-14. Deja de poner a disposición del capital internacional amplias fuentes de plusvalía absoluta –garantizando una alta tasa de rentabilidad interna y externa– y se convierte gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta con una producción cada vez más competitiva con la de Estados Unidos.

El gigante asiático siente la necesidad de basar su crecimiento cada vez más en el mercado interno, con la producción de bienes de alto valor añadido, mediante la aparición de un poderoso sector de clase media, de cientos de millones de personas, capaz de mover la economía y mantenerla relativamente a salvo de los choques de la demanda externa, que hacen a China excesivamente vulnerable. Como dijo Trotsky en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de producción de la economía capitalista tiene numerosos componentes, y está vinculado no sólo al desarrollo relativo de las fuerzas productivas, sino que también está limitado por el poder adquisitivo de la población. Siendo la segunda economía del mundo, en términos de PBI per cápita China está muy por detrás de las potencias centrales (lo cual es comprensible por el exorbitante tamaño de la población, pero también por la continua pobreza relativa de los estratos mayoritarios). Es este problema el que busca ser atacado por la burocracia, no en nombre de la clase obrera, sino en nombre de la revigorización del capitalismo nativo.

Según The Economist, en China hay unos 400 millones de personas que pertenecen a la clase media (o estrato de renta media, como la denominaba el anterior gobierno de Hu Jintao) y que viven con unos ingresos de entre 100.000 y 500.000 yuanes (aproximadamente entre 15.000 y 77.000 dólares) para una familia de tres miembros o su equivalente. Eso ya constituye una cifra notable. El gobierno central ha anunciado que quiere duplicar esa cifra hasta los 800 millones de personas en aproximadamente una década, según el Centro de Investigación del Desarrollo, un grupo de expertos adscrito al Consejo de Estado de China. El camino está plagado de dificultades internas, que tienen que ver con la compleja transformación del modelo de crecimiento económico de China, durante muchas décadas vinculado a los bajos salarios y a una mano de obra intensiva con inversión estatal. Por no hablar de la lucha de clases, el factor decisivo: el aumento de las aspiraciones de las masas chinas podría convertirse en combustible para la conflagración social de una nueva generación que no tiene mucho apego político o emocional al PCC. Sin embargo, si la hipótesis se cumpliera, en mayor o menor medida, es innegable que tal logro situaría a China en otro nivel de competitividad.

El mismo Global Times reflexiona sobre los beneficios que supone para las grandes multinacionales capitalistas occidentales el aumento del mercado interno chino: “El poder adquisitivo de los consumidores chinos ya ha sido un importante motor para muchas empresas extranjeras, desde los fabricantes de automóviles en Alemania hasta los agricultores en Francia y los productores de soja en Estados Unidos. En 2020, en medio de una pandemia mundial, los consumidores chinos gastaron 39,2 billones de yuanes (6 billones de dólares) en bienes de consumo. China ya está preparada para superar a Estados Unidos como mayor mercado de consumo del mundo. Si el grupo de renta media de China se amplía y los ingresos de todos los residentes aumentan en el marco del plan de prosperidad común, el mercado chino será aún más irresistible para cualquier empresa de tamaño considerable”. El atractivo para el capital extranjero es evidente.

“Prosperidad común”... en el capitalismo, ¿o su superación en la lucha de clases?

La dialéctica del proceso que se opuso, en su forma, a ciertas tendencias de los monopolios chinos en los intereses políticos particulares de la burocracia de Pekín, también desvela su verdadero contenido. En la lucha por salvaguardar la estabilidad política del régimen bonapartista del PCCh, que depende estratégicamente del rápido ascenso capitalista al que también sirve de soporte, la burocracia de Xi Jinping se ha visto obligada a ir en contra de ciertos intereses inmediatos de una parte de la clase dominante. ¿Qué intereses inmediatos? La rentabilidad a corto plazo, que carece de proyección y está separada de la compleja situación económica, no sólo nacional sino internacional, en la que se encuentra China. El encuadramiento, dentro de ciertos límites, del impulso al enriquecimiento de los grandes monopolios, para ciertas ramas, puede llevarse adelante en beneficio de los intereses estratégicos del propio gran capital chino. En efecto, es con la ayuda del sector privado más poderoso que el gobierno chino quiere promover el fortalecimiento del mercado interno y el poder de consumo de las nuevas clases medias, lo que debería servir de base para el creciente poder de estos conglomerados económicos. La proyección internacional de China depende de la estabilidad social interna y, en primer lugar, de la asfixia de la lucha de clases, una amenaza real para la política burocrática del PCCh. Ésta es una primera dimensión del problema. A esto se añade una segunda dimensión, necesariamente interrelacionada: el choque entre la burocracia del PCC y ciertos sectores reticentes del gran capital, en el sector de los gigantes tecnológicos, que podría representar una amenaza para el control estatal de los aspectos más sensibles de la administración capitalista. El “contrato social” entre la burocracia bonapartista de Pekín y el gran capital chino, que se nutre de ella y se beneficia de su riqueza, depende del respeto de la clase dominante al poder político indiscutible del PCCh. Para preservar este contrato –que Xi ve como la colaboración del sector privado con el proyecto de “rejuvenecimiento nacional de China”– el gobierno ha tenido que frenar ciertas extrapolaciones, como las críticas de Jack Ma al "arcaico" sistema financiero estatal en nombre de la primacía de las fintechs (empresas digitales que prestan servicios financieros). Una vez que la simbiosis entre la riqueza y el poder se “armonice” bajo el mando del PCCh, no habría impedimentos para los negocios de siempre de esos mismos magnates que ahora se pliegan a las exigencias de Xi.

El principal efecto de la medida, al fin y al cabo, era el examen minucioso de la lealtad de los grandes monopolios al régimen encabezado por Xi, que les pedía lealtad empresarial a cambio de la garantía de sus enormes beneficios. De hecho, el presidente chino, unos meses antes, había tomado una de las medidas más antiobreras y proempresariales de la historia reciente de China, cuando autorizó al gobierno municipal de Shenzhen a permitir que los capitalistas locales redujeran el pago de las horas extras y ampliaran el plazo de pago de los salarios, que pueden retrasarse durante un tiempo más generoso. El objetivo es reducir los crecientes costes laborales y frenar el éxodo de las empresas a mercados más baratos del sudeste asiático. Una medida que apenas tiene en cuenta la “prosperidad común”, salvo ... de los propios empresarios. Es esencial comprender que en la medida en que los trabajadores traten de combatir la explotación de estos magnates chinos, se encontrarán con el muro del gobierno autoritario de Xi Jinping y la burocrática Federación China de Sindicatos. La lucha de clases es la única forma de enfrentarlos.

Un buen número de los multimillonarios señalados son miembros del Partido Comunista, o tienen una relación indirecta con él. Los "capitalistas rojos" pueblan los niveles dirigentes del Partido, en las distintas regiones y provincias, algunos de los cuales se convirtieron en propietarios en el proceso de restauración capitalista que les permitió hacerse con los bienes públicos, y otros que ascendieron a las filas del partido habiéndose incorporado ya a la empresa privada antes de pertenecer al Partido, que ahora sirve de puente ineludible para influir en el sistema político, como analiza Bruce Dickson en su Wealth Into Power: the Communist Party’s Embrace of China’s Private Sector. Elias Jabbour, uno de los exóticos especímenes que ofician de portavoces oficiosos de la burocracia china, imagina un poder político suspendido en el aire, y olvida que el gobierno que lleva a cabo estas reformas se fundamenta en la propiedad capitalista de los medios de producción (aunque un capitalismo sui generis, distinto del occidental, resultado de la apropiación de las conquistas sociales de la revolución de 1949). Además, agrava el papel de los multimillonarios “en la construcción del socialismo en China”: como “estamos lejos” del socialismo que defendía Marx, con el poder de los trabajadores sobre las fuerzas productivas, la expropiación del capital y la planificación racional de la economía y la vida, más vale ajustarse a un “socialismo” que “se acerca a eso”, y que en realidad es lo contrario de todo lo que el marxismo caracterizó como socialista: un país de multimillonarios, de esclavización salvaje de la clase obrera por parte de capitalistas nativos y extranjeros, y de una burocracia autocrática que ahoga cualquier tipo de libertad de pensamiento y opinión. A nadie se le puede negar el derecho a la ignorancia, y la tradición estalinista siempre ha salido a buscar sumisamente las supuestas “alas progresistas” de la burguesía; si en los años 1920 querían integrar al campesino rico (kulak) en el socialismo, ahora quieren integrar al multimillonario en la fantasía del socialismo que en realidad es el capitalismo salvaje. El nombre de Marx no tiene ninguna relación con la filosofía de los “pragmáticos”. El socialismo no tiene nada que ver con que la “Razón” (un poder suprahistórico por encima de las clases, como en la vieja filosofía de la Ilustración del siglo XVIII) comande un proceso de producción fundado en la propiedad privada. Para el fundador del socialismo científico, su premisa básica es la superación revolucionaria de la propiedad privada por parte de la clase obrera, y no la comunión con ella, por mucho que duela a los oídos pragmáticos del postulado ilustrado del estalinismo...

Un viejo general prusiano solía decir que un salto corto es más fácil de realizar que un gran salto, pero no por ello, cuando se trata de superar un abismo, se empieza saltando por el medio. Los cortesanos del mandarinato chino están en la categoría de esos empíricos que se lanzan a la nada.

Yendo al grano: la política del Partido Comunista Chino debe inscribirse en su marco global, el de una burocracia capitalista de Estado que busca participar en el reparto de los espacios de acumulación mundial, aún sin poder definir los destinos de otros países como Estados Unidos. Frente a los enfrentamientos geopolíticos reaccionarios que se preparan entre Pekín y Washington, lo decisivo serán los enfrentamientos en la lucha de clases. El modelo laboral 996 ya ha provocado el enfado de los trabajadores del sector tecnológico, y de una juventud que se opone ferozmente a la ideología neoliberal de Alibaba y los gigantes del comercio electrónico. Las huelgas y los conflictos laborales tienen lugar en algunas de las provincias más ricas, donde la industria y la construcción son fuertes: de las 1.082 protestas laborales registradas por China Labour Bulletin desde julio de 2020, 120 (11 %) tuvieron lugar en la provincia de Henan, seguida de Guangdong con 95 (8,6 %) y Shandong (7 %).

Las protestas contra los atrasos salariales en Xian y Pucheng, en la provincia de Shaanxi, o en Wuchuan y Guangzhou, en la provincia de Guangdong, se combinan con las protestas de los trabajadores inmigrantes en la provincia de Henan, que ha experimentado un importante cambio demográfico con un enorme salto en la “población flotante” (流动人口), predominantemente trabajadores rurales migrantes que viven y trabajan lejos de sus ciudades de origen (Henan tenía una población flotante de 21,2 millones en 2020, un 164 % más que en 2010). Esto es ilustrativo de las nuevas generaciones de trabajadores, que o bien no tienen su inscripción en el partido en el mismo lugar en el que trabajan o ni siquiera tienen relación con el PCCh, y pretenden ganar sus derechos contra la explotación patronal.

Son estos signos, en el marco de las dificultades económicas y la escasa recuperación industrial desde abril en China, los que encienden las señales de alarma de Xi. En esto nos basamos para vislumbrar las perspectivas de China, que puede aprovechar las disputas en la superestructura político-económica para emerger. Parafraseando lo que dijo Marx en 1850 en la Carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, también en China "para el proletariado no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de eliminar las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva".

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