Miércoles, 27 Julio 2022 05:36

El imperio se rompe por dentro

El imperio se rompe por dentro

La lógica «amigo y enemigo», constitutiva de las relaciones entre comunidades políticas distintas, está ganando terreno como forma de dirimir las diferencias al interior de la comunidad política estadounidense. ¿Hay salida?

Las recientes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre temas como el aborto, protección medioambiental, derecho al voto de minorías y porte de armas se inscriben en una disputa de tipo existencial que está teniendo lugar al interior de la sociedad estadounidense.

Eventos como la elección de un presidente negro, la irrupción de minorías raciales en el Congreso federal y el avance de movimientos subalternos como el BLM (siglas de Black Lives Matter) han hecho creer a una parte importante de los estadounidenses blancos que su marco identitario esencial está amenazado. A ello se le suma un progresivo proceso de debilitamiento de las instituciones públicas como resultado de décadas de implantación de políticas neoliberales en el país.

La presencia de jueces ultraderechistas, las recurrentes masacres en manos de supremacistas blancos, la violencia policial selectiva y la imparable lógica política trumpista son los emergentes más visibles de un proceso subterráneo que ha ido transformando lentamente el imaginario social. Para comprender estos cambios en toda su dimensión, entonces, debemos analizarlos en un doble plano: por un lado, el de la disputa existencial; por otro, el de la debilidad institucional.

La disputa existencial estadounidense

Para evitar la guerra o la descomposición interna, las disputas dentro de una comunidad política deben procesarse en términos de adversarios legítimos y no de enemigos irreconciliables. A su vez, los miembros de esa comunidad de alguna forma deben asumirse parte de lo que Carl Schmitt (2009) denominaba una «igualdad sustancial», lo que implica reconocer la existencia de un marco histórico común que fundamenta un presente y un futuro compartido.

Así, las instituciones formales funcionan como el mecanismo mediante el cual los actores sociales procesan sus diferencias; para ello, dicho marco institucionalidad debe gozar de legitimidad en el sentido weberiano, esto es, aceptación interna. Que las personas interpreten esas instituciones en un registro positivo porque en ellas ven la materialización de ciertos ideales nucleares del grupo como lo son la patria, la identidad, el bienestar colectivo, etc. De este modo, las instituciones son legítimas en tanto proyecten, y en cierta medida materialicen, un ideal de lo que es común a todos.

Cuando las diferencias dominantes no se pueden procesar en términos de adversarios, en cambio, esa comunidad política ha pasado a la lógica de amigo y enemigo. La cual, citando nuevamente a Schmitt, concierne no a la política interna sino a la externa. El enemigo no puede ser parte de la comunidad porque la existencia de este implica un exterior constitutivo en el sentido derridiano. Es decir, es ese otro externo cuya presencia da forma al nosotros interno.

Toda identidad colectiva, sostienen Laclau y Mouffe (2015), implica «lógicas de frontera». De modo que no hay identidad que adquiera el rango de política —en el sentido schmtiano de que agrupe en términos de «ellos» y «nosotros» a un grupo grande, como una nación— que no se establezca a partir de dinámicas fronterizas y exteriores constitutivos. Somos un «nosotros» en la medida que no somos «ellos».  

Mantener, pues, las diferencias internas fuera de la lógica amigo y enemigo permite que las discrepancias entre los diversos actores de la comunidad política no socaven la legitimidad que entre adversarios deben reconocerse. Ello da estabilidad al orden institucional al tiempo que posibilita el mencionado marco de proyecto común. 

Una vez que el «ellos» y el «nosotros» emergen internamente no es posible procesarlos institucionalmente, ya que significa que una parte de la comunidad política desconoce la legitimidad de la otra. Las instituciones se interpretan en registros opuestos según el lugar de cada grupo en disputa. En tales contextos, la historia es clara: lo que sobreviene es la guerra civil. Sin un marco legítimo donde entre grupos amplios y diferentes de una comunidad resuelvan sus querellas y equilibren sus aspiraciones, lo que queda es la violencia. Y, con ello, la descomposición interna. Tal es el escenario que, en nuestra opinión, se está configurando actualmente en los Estados Unidos.

«Ellos o nosotros»

Para un amplio sector de los estadounidenses blancos hay una parte de su sociedad que constituye un «ellos» antagónico a su «nosotros» esencial. O, lo que es lo mismo, un enemigo al cual se debe derrotar con todos los medios que sean necesarios —incluyendo la eliminación física, como creyó el genocida de Búfalo hace poco—.

Ese «otro» dejó de ser un adversario con el que, aunque se sepa que nunca se coincidirá en lo fundamental, se puede establecer un marco de legitimidad compartida. Así era cuando entre demócratas y republicanos luchaban políticamente dentro de claves institucionales: ganara quien ganara, cada cuatro años lo fundamental del país seguía igual. Y ello porque la comunidad política estadounidense, a nivel interno, se gestionaba fuera de la lógica de la disputa existencial. Ya no es el caso.

La «nación existencial» (Villacañas, 2014) es la que establece relaciones de amigo y enemigo. Esta forma de nación está siempre latente dentro de toda comunidad política. Aparece de tiempo en tiempo. Y le compete a cada orden institucional mantenerla contenida mediante mecanismos adecuados.

En Estados Unidos sucede que hoy día ese tipo de nación, encarnada en buena parte de su mayoría blanca, ha irrumpido con una fuerza e ímpetu significativos (en un país con una historia de violencia racial constitutiva). El trumpismo es un significante vacío que agrupa diversas demandas de buena parte de los estadounidenses blancos descontentos. 

La lógica política trumpista es un elemento estructurante que da unidad y conducción para que sus idearios obtengan resultados políticos concretos. Y el Partido Republicano, en tanto tomado totalmente por el trumpismo (según encuestas, más del 90% de votantes republicanos es favorable a Trump), está trasladando a las instituciones —Congreso, Corte Suprema, tribunales federales y otras— esa lógica de disputa existencial. He ahí, pues, la clave fundamental desde la que entender la radicalidad de los jueces supremos.

Cuando Barack Obama llegó a la presidencia cambiaron muchas cosas. Visto en retrospectiva, sin embargo, podemos decir que ese fue el momento en que la lógica existencial de los blancos tomó su impulso decisivo. No es fortuito que al primer presidente negro le sustituyera en la Casa Blanca el primer presidente de ultraderecha. 

Donald Trump, multimillonario devenido en mesías del populismo reaccionario, se hizo políticamente relevante cuando encabezó aquella rocambolesca campaña que sostenía que Obama no era estadounidense sino africano. En la perspectiva demócrata, anclada en la lógica del «votante medio», aquello se interpretó como una locura sin más. Incluso hubo una ocasión en la que el presidente Obama, en un evento social, se mofó frente al propio Trump de ese bulo.

Pero se equivocaron —ellos y casi todos nosotros— al minimizar esa narrativa, puesto que la misma contenía algo más profundo. Algo estaba cambiando en el «votante medio», y una parte significativa de los estadounidenses blancos se estaba radicalizando, estaba pasando a una lógica existencial en la que las cosas no se miden en términos de veracidad ni de hechos sino de percepciones guiadas por factores emocionales. Lo cual proyecta a la lucha política hacia planos que superan los clivajes tradicionales de «demócratas versus republicanos» o «liberales (en el sentido norteamericano) contra conservadores».

Desde ese entonces, Trump logró erigirse en la figura que expresa el sentido común de una parte de la llamada Deep America, en la que el descontento blanco ya no se vehiculiza mediante búsqueda de consensos sino de rupturas radicales. El primer presidente negro, dentro de esa subjetividad, desde luego no podía ser un estadounidense legítimo. Trump, el varón blanco nacionalista y agresivo que rompe los moldes de la conducta institucional, fue el justiciero que volvió a poner cada cosa en su sitio, a retrotraer las cosas a la «América grande» donde mandan los blancos y, por tanto, las personas negras y otros «ellos» están en su lugar correspondiente.

Moral, libertad y raza

El trumpismo se convirtió en una lógica política hegemónica, esto es, capaz de articular demandas diversas y de establecer fronteras antagónicas frente a otras hegemonías (en este caso, ante la hegemonía centrista tradicional). Movió las coordenadas del conflicto político estadounidense hacia superficies de disputa existencial. De ahí la elección de jueces de ultraderecha —y evidentemente supremacistas— a la Corte Suprema bajo su presidencia, rompiendo abiertamente con el hasta entonces hegemónico consenso de la moderación centrista.

En tal contexto, los senadores republicanos, que otrora se inscribían en dicho consenso, tenían dos opciones: o apoyaban a los jueces propuestos por el mesías de su partido radicalizado existencialmente o simplemente no volvían a ganar una elección en sus estados. Aun en el contexto de lógicas políticas existenciales, el pragmatismo electoral pesa.

Así las cosas, los jueces electos por el trumpismo emprenden desde las cortes una lucha contra el enemigo existencial de la «América auténtica». En el plano moral-religioso se trata de desmontar leyes a favor del aborto y de matrimonios LGBTQ+ y racialmente mixtos que, en el contexto de correlaciones políticas anteriores, sectores subalternos lograron se aprobasen. En el plano de la libertad (significante político constitutivo de este país) implica acabar con todos los límites que, en los mismos términos anteriormente señalados, se han venido imponiendo en las últimas décadas respecto al porte de armas y el uso indiscriminado de dinero para financiar campañas políticas. Y, en cuanto a lo racial, significa eliminar prohibiciones como las que dictaminaron varios tribunales estatales en lo que respecta a la manipulación distritos electorales (gerrymandering) para evitar que, aun siendo mayoría, los negros siguieran casi sin representación en varios congresos locales.

He aquí tres aspectos centrales: moral, libertad y raza. La concepción de mundo blanco-anglosajona estadounidense se construyó históricamente, en lo fundamental, sobre esos tres pilares. Y ello fue lo que, como sostiene Howard Zinn (2003), utilizaron las élites de principios del siglo XIX para fomentar el racismo del blanco pobre contra el negro en momentos en que entre estos dos grupos comenzaban a tejerse relaciones de hermandad y solidaridad a resultas de la creciente desigualdad que sufrían. El trumpismo en su versión judicial, desde la Corte Suprema, trabaja directamente para recomponer el país en claves del siglo XIX. 

El presidente Joe Biden, tras conocerse la decisión que anuló el precedente de casi 50 años de Roe vs Wade en relación al derecho al aborto, dijo que esta era una Corte «extrema». La otrora sacrosanta Corte Suprema, que simbolizaba imperio de la ley y solemnidad republicana, es ahora tratada como un ente partidista más. Con el agravante de que se la ubica en el extremo del espectro político; esto es, no se le reconoce legitimidad. Como vimos, una vez las instituciones pierden legitimidad entendida como aceptación el conflicto político-social pasa a otros ámbitos. Lo que hace que la idea del «todos» como horizonte común al interior de la comunidad política se derruya.

Para los demócratas, tanto del ala centrista-neoliberal como de la izquierdista-socialista, esta Corte Suprema no forma parte del «nosotros». La expresión institucional del trumpismo condujo a los demócratas a inscribirse, en forma de reacción, en una dinámica también existencial. Las luchas electorales que se avecinan, en tal contexto, no estarán inscritas solo en política contingente, sino que —y esto es lo decisivo— estarán signadas por la pugna entre dos Estados Unidos que no se reconocen legitimidad el uno al otro.

De ahí que entre demócratas y republicanos actualmente no se pueden poner de acuerdo en casi nada. La lógica amigo y enemigo, constitutiva de las relaciones entre comunidades políticas distintas, está operando al interior de la comunidad política estadounidense. Lo cual no hace sino evidenciar que Estados Unidos es un país roto por dentro. 

El neoliberalismo contra el bien común

En los últimos cuarenta años, Estados Unidos ha vivido bajo un sistemático ataque neoliberal contra lo público (Brown, 2016; Harvey, 2007; Zuboff, 2020) que ha debilitado considerablemente la capacidad de respuesta de las instituciones para atender las causas de la disputa existencial actual. Ahora bien, este avance neoliberal debe entenderse en dos planos: la estructura cultural-ideológica sobre la que se asentó y su cristalización en el nivel de políticas concretas.

En primer lugar, el neoliberalismo estadounidense vino de la mano de lo que George Lakoff (2007) caracteriza como la articulación entre el Partido Republicano y ciertas élites económicas para desmontar a nivel de los «marcos mentales» del ciudadano medio el consenso del New Deal. Para ello se sirvieron del aparato conceptual-discusivo que les proveyeron autores como Hayek, Rothbard y Friedman en su versión más propagandística. Las ideas (y elucubraciones) de estos referentes neoliberales fundamentaron los marcos mediáticos que fueron colocándose en la opinión pública. 

Lo público y el Estado eran presentados como «enemigos de la libertad» y, por consiguiente, contrarios a la creación de riqueza. Esa convergencia entre libertarismo y conservadurismo estadounidenses dio lugar al «paleolibertarismo», marco de análisis político, social, económico y cultural en el que se formaron diversas figuras que luego pasaron a ocupar cargos de dirección en administraciones republicanas desde Reagan y demócratas con Clinton (Zuboff, 2020). 

Esa sistemática operación mediática —vehiculizada mediante el incentivo de marcos mentales que vincularan valores morales y costumbres preexistentes con idearios neoliberales (Lakoff, 2007)— dio como resultado que millones de estadounidenses de clase media y baja asumieran la narrativa antiestatal y antirregulación, que en los hechos solo es favorable a los ricos. Tal identificación construyó un sentido común tendencialmente mayoritario que naturalizó el neoliberalismo, instalando así una hegemónica y ubicua matriz subjetiva neoliberal.

A partir de ese punto, lo que se inició con Reagan fue un amplio proceso de desregulación financiera, desmonte de protecciones medioambientales, baja de impuestos a las rentas altas y ganancias de capital, etcétera, que continuó indemne en las administraciones subsiguientes de ambos partidos. Esta «neoliberalización de la sociedad estadounidense», a nivel subjetivo y estructural, debilitó decisivamente el marco institucional surgido del New Deal que, entre 1945 y 1975 (la época de mayor prosperidad de la historia norteamericana y occidental) había asegurado la existencia de una sociedad cohesionada en base a clases medias fuertes, derechos sociales garantizados y separación entre intereses corporativos e intereses de Estado.

Desintegración

Estados Unidos entra hoy a la fase de desintegración interna probablemente más peligrosa de su historia desde la guerra civil de 1861 a 1865. Y lo hace en medio del auge de un sentido común de época neoliberalizado, individualista y extremadamente poco solidario. 

Pareciera que las preocupaciones del conservador Samuel Huntington contenidas en su libro Who are we? cristalizan hoy en el trumpismo. Pero, a diferencia de lo que afirmaba allí el autor, lo que amenaza a la sociedad estadounidense no es el reto demográfico hispano sino la respuesta de una parte de la mayoría blanca ante las identidades no blancas (racial y culturalmente) y subalternas (feministas, LGBTQ+, antirracistas, socialistas) que emergen frente al orden anglosajón históricamente hegemónico.

La disputa existencial que en los Estados Unidos de hoy se afirma como tendencia dominante para la resolución de conflictos políticos, entraña una peligrosidad inédita. Porque el enemigo contra el que lucha el trumpismo no es un «ellos» homogéneo. Es algo mucho más grande, que ya está respondiendo, y que el Partido Demócrata y sectores liberales no logran canalizar institucionalmente.

¿Se evitará la guerra civil? Existen observadores que afirman que, aunque en forma de guerra de baja intensidad, esa conflagración ya comenzó. El mundo se juega mucho en cómo los estadounidenses logren procesar su conflictividad interna sin desintegrarse.

Referencias 

Brown, Wendy (2016). El pueblo sin atributos. Barcelona: Malpaso. 

Harvey, David (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chatal (2015). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid: Siglo XXI. 

Lakoff, George (2007). No pienses en un elefante. Madrid: Complutense. 

Schmitt, Carl (2009). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial. 

Villacañas, José Luis (2014). Historia del poder político en España. Barcelona: RBA. 

Zinn, Howard (2003). La otra historia de los Estados Unidos. Guipúzcoa: Argitaletxe Hiru.

Zuboff, Shoshana (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Madrid: Paidós. 

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Economía global desinflada // FMI recortará perspectivas // Salud y derechos humanos

Los videntes financieros, que pululan, no la vieron venir y del entusiasmo casi desbordado por ellos mostrado a principios del presente año (contagios por covid-19 en descenso, reactivación económica, incremento del intercambio comercial, mayor empleo, etcétera) pasaron a "un estado de cautela" (el ambiente global no es el deseado) y de ahí al abierto ataque de pánico ante la posibilidad de que el mundo enfrente una nueva recesión, en medio de la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania y un modelo económico inservible.

Mañana martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgará su "actualización de las perspectivas de la economía mundial" (una de las primeras que se conocerán por estos días) y el ambiente prevaleciente en el circuito financiero no resulta nada grato, pues desde ya el propio organismo advierte que el panorama global "se ha deteriorado significativamente y el nivel de incertidumbre es muy elevado. Los riesgos de contracción (léase recesión, especialmente en Estados Unidos) son hoy una realidad".

La guerra en Ucrania ha "colaborado" para empeorar el panorama económico global y lo propio han provocado las alocadas e interminables sanciones a Rusia impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, con el ya conocido efecto búmeran: niveles de inflación no registrados en décadas, crisis energética y desabasto de alimentos, entre tantas otras cosas, que han generado una ola de protestas ciudadanas en los países sancionadores ante la impotencia de sus respectivos gobiernos de enderezar el barco.

Previo a la divulgación de las nuevas estimaciones del FMI, la directora gerente de esa institución, Kristalina Georgieva, advirtió que "las condiciones financieras mundiales se están endureciendo más de lo previsto, y las continuas alteraciones asociadas con la pandemia y los nuevos cuellos de botella en las cadenas mundiales de suministro están afectando la actividad económica".

Así, la "actualización de las perspectivas de la economía mundial" del FMI de nueva cuenta recortará las proyecciones de crecimiento mundial para el presente año y el próximo, toda vez que “los riesgos de contracción continuarán y podrían incluso agravarse –en especial si persiste la inflación–, requiriendo políticas de intervención más contundentes que podrían eventualmente impactar en el crecimiento y exacerbar los efectos secundarios, en particular para los países emergentes y en desarrollo. Los países con alto nivel de endeudamiento y poco espacio para políticas enfrentarán presiones adicionales”, subraya Georgieva.

A lo anterior se suma la acelerada fuga de capitales del otrora llamado Tercer Mundo hacia paraísos fiscales y Estados Unidos, país que supuestamente es (era, en realidad) "refugio seguro" y "motor del mundo" (ahora ubicado en Asia Oriental, concretamente en China), actualmente destartalado, al igual que sus "aliados" europeos, quienes ya no sienten lo duro sino lo tupido.

Queda claro que el modelo neoliberal (defendido a capa y espada por, entre otros, el FMI) fracasó rotundamente (los privilegiados del minúsculo mundillo de los multimillonarios dirán exactamente lo contrario) y debe ser reemplazado de inmediato. Crisis tras crisis, recesión tras recesión, el único resultado ha sido que la voluminosa factura es pagada por la mayoría, mientras la minoría no deja de acumular riqueza y poder.

Crimen De lesa humanidad es que un selecto grupúsculo concentre el ingreso, la riqueza y el poder en el planeta, con gobiernos a su servicio, mientras el resto de los habitantes del planeta no tiene ni para lo más elemental. Por eso, la economía global –lo mismo que las nacionales– no puede seguir dependiendo –ni permitiendo– de los excesos, la voracidad, el saqueo, la mezquindad y los caprichos de una minoría igual de rapaz que de indolente ante una realidad social verdaderamente apabullante.

Habrá que ver la magnitud del recorte que aplica el FMI a la economía global y sus nuevos pronósticos, pero lo cierto es que el horno no está para bollos.

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Domingo, 24 Julio 2022 06:25

La nueva Constitución chilena

La nueva Constitución chilena

El presidente Gabriel Boric sorprendió a propios y extraños. Mientras era entrevistado para Chilevisión, declaró: “Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución, pero no votó sólo esto, votó que quería una Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin (…). De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”. ¿El parche antes que la herida? ¿Un plan B que a nadie gusta?

En primer lugar, la convención constitucional fue el resultado no querido del estallido social de octubre de 2019. Los partidos del orden buscaron minimizar los daños y firmaron el acuerdo por la paz y una nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019, conocido como "pacto de la traición". Desprestigiados socialmente, 66 por ciento de los convencionales electos lo fueron de listas independientes. Por consiguiente, la redacción de una nueva carta magna se les escapó de las manos a quienes habían gobernado el país durante 40 años. La derecha pinochetista inició su campaña descalificando a muchos de los convencionales, y hoy cuestiona su redacción final. Asimismo, un grupo de notables, ex miembros de los gobiernos progresistas de la Concertación y Nueva Mayoría, a medida que avanzó el proceso, ha torpedeado su propuesta. Haciendo piñata, nace el grupo de los Amarillos. Una confluencia de ex ministros, ex diputados, ex senadores socialistas, democristianos, PPD, intelectuales, etcétera, cuyo objetivo es renegar públicamente de la nueva Constitución. Para ellos, de ser aprobada, se rompería el consenso, dividiendo el país. No es una propuesta inclusiva con respecto a la Constitución de 1980, dirán, ya que fue refundada democráticamente por Ricardo Lagos en 2005, por lo cual no cabe adjetivarla de pinochetista. Su opción: rechazar la propuesta de los convencionales.

En segundo lugar, el Poder Legislativo se renovó el 21 de noviembre de 2021. Los diputados lo son hasta 2026 y los senadores hasta 2030. Aunque la derecha no obtuvo mayoría absoluta, controla el Senado, 25 de sus 50 miembros, y en la Cámara de Diputados, la balanza se inclina hacia los firmantes del pacto, cuya propuesta de nueva Constitución se aceptó a regañadientes. Así, sea cual sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, se apruebe o rechace la nueva Constitución, no habrá Congreso constituyente. Felipe Portales, Premio Nacional de Historia y uno de los intelectuales más destacados, señala esta contradicción: “… el órgano encargado de concretizar en leyes gran parte del nuevo texto constitucional será ¡el Congreso actual, que para entonces representará una Constitución fenecida! Y, lo que es peor, será un Congreso donde la derecha más tradicional –acérrima enemiga del nuevo texto– posee mayoría, a través de su 50 por ciento (25) del Senado. Es decir, un Poder Legislativo electo por el ‘antiguo régimen’, y ¡claramente enemigo del nuevo!, será el encargado de poner en marcha la nueva Constitución. Algo absurdo y contradictorio por donde se mire (…). Desgraciadamente, todo esto nos coloca en un escenario en que cualquiera que sea el resultado del plebiscito de septiembre, no podemos esperar ninguna trasformación fundamental del ‘modelo chileno’ en un futuro previsible”.

Si la redacción es un avance, al reconocer derechos sociales hasta ahora negados o recuperados al mercado como educación, salud, vivienda, pensiones, sus contradicciones dividen a los partidarios del Apruebo. Su articulado tiene sombras. La nueva Constitución no contempla la nacionalización de los recursos naturales no renovables. Los convencionales no lograron reunir el quórum necesario de los 2/3. Por consiguiente, el cobre, el litio y cualquier recurso, excepto el agua, pueden ser explotados por compañías extranjeras. Así, surge la pregunta de quienes son escépticos a la hora de dar el Sí. ¿Cómo se financian los derechos sociales, reconocidos en la nueva Constitución? El debate está servido. La promoción del voto nulo o blanco, gana adeptos. Su argumento cobra fuerza: “Chile le regaló a la minería privada del cobre 120 mil millones de dólares en 10 años, según CIPER, y esto va a seguir ocurriendo según la nueva Constitución. ¿Imagina usted lo que Chile podría hacer con todo ese dinero? Sin plata, los derechos sociales son una quimera. No se engañe con falsas promesas.

En esta disyuntiva, los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre, Por una nueva Constitución y la paz, buscan una salida, promover el Apruebo, para reformar posteriormente en el Congreso. Así, los artículos de hondo calado democrático serían limados en el Congreso. En esta dirección debe interpretarse el acuerdo del Senado del 20 de junio, dando el visto bueno a la propuesta que reduce el quórum para reformar la Constitución de 2/3 a 4/7. En palabras del senador de la derecha, primero de Renovación Nacional y hoy del ultraderechista Partido Republicano, Rojo Edwards, "lo que estamos haciendo hoy es justamente dar certeza, seguridad a los chilenos que queremos una nueva y buena Constitución y no la que ha propuesto la Convención Constitucional, que no dio el ancho, que no fue capaz de construir una casa para todos y que sigue dividiendo a los chilenos".

En definitiva, la redacción y posterior puesta en leyes de una carta magna, es una disputa política, da cuenta de una correlación de fuerzas. Y hoy, en Chile, no corren buenos tiempos para romper el modelo neoliberal. Para el gobierno, la propuesta, aprobar para reformar, es una opción para evitar el rechazo. Otra vez el dilema del mal menor está sobre la mesa.

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El estado comprará las acciones de EDF que hoy están en manos privadas.. Imagen: AFP

La decisión traduce tanto el momento crítico del sector, las dificultades de EDF y un cambio de orientación profundo por parte de un gobierno de perfil liberal.

El Ejecutivo francés confirmó lo que ya había trascendido hace algunas semanas: la compañía francesa de electricidad, EDF, será rápidamente renacionalizada en su totalidad mediante una operación que apunta a que el Estado controle el 100 por ciento de la empresa. Hoy, la parte pública asciende al 83,9 por ciento de EDF, el 1,5 lo tienen los empleados y el resto está en manos privadas. En total, la llamada "Oferta Pública de Compra" de la empresa representa una inversion de 9,7 mil millones de euros. Según precisó el Ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, la renacionalización de EDF deberá estar terminada de "aquí a septiembre para que la compañía de suministros eléctricos esté en condiciones de aplicar el programa nuevo nuclear y desplegar los dispositivos de las energías renovables".

Momento crítico

La decisión traduce tanto el momento crítico que se vive en el ámbito de los suministros eléctricos, las dificultades por las cuales atraviesa EDF y que le impiden estar a la altura de su misión como un cambio de orientación profundo por parte de un gobierno de claro perfil liberal. El precio actual de EDF es otro dato de su situación: en 2005, el entonces Primer Ministro Dominique de Villepin decidió introducir la compañía en la bolsa de valores por un monto de 32 euros por cada acción. 17 años más tarde, el Ejecutivo propondrá la acción a 12 euros. No es seguro que los accionistas minoritarios acepten hoy un precio tan bajo por una empresa que es clave para la llamada  "independencia energética" de Francia. Sin embargo, con una deuda acumulada de seis mil millones de euros, atrasos considerables en las inversiones, en el mantenimiento del parque de centrales eléctricas así como la imposibilidad, en el estado actual, de llevar a cabo el plan de desarrollo fijado por el presidente Emmanuel Macron, EDF no puede caminar sin que el Estado la guíe. La responsabilidad de las malas cuentas de la EDF le incumbe en gran parte a la locura que, hace 20 años, se apoderó de los grandes grupos energéticos de Occidente, tanto privados como públicos, cuando se lanzaron a invertir miles de millones de dólares a través del mundo, particularmente en Europa luego de la liberalización del mercado de la energía decidido por la Unión Europea.

El pasado seis de julio, cuando la Primera Ministra Elisabeth Borne evocó la intención del Estado de tomar el 100 por ciento del control de la empresa de suministros eléctricos, lo hizo en nombre de dos objetivos: garantizar "la soberanía" y reforzar "las capacidades para permitirle a EDF desarrollar a corto plazo los proyectos ambiciosos indispensables para nuestro porvenir energético". La guerra en Ucrania reveló la enorme dependencia energética de Europa con Rusia en lo que atañe los hidrocarburos. Con el conflicto en el medio y con el hecho de que la energía y los alimentos se convirtieron en variables esenciales de la guerra, reforzar la independencia energética se tornó más urgente que nunca. "Debemos garantizar nuestra soberanía frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania", dijo a principios de julio Borne, la responsable del Ejecutivo. A su vez, el titular de la cartera de Economía puso la renacionalización completa de EDF como un eslabón indispensable para hacer frente a los trastornos energéticos que se prevén. Bruno Le Maire explicó que la nacionalización a un 100 por ciento de la empresa le va a permitir a Francia "actuar rápidamente" frente a una crisis energética que "será un problema considerable con la posibilidad de un corte en los suministros del gas ruso".

Pérdidas

Poco a poco, EDF se fue quedando en el camino sin ser capaz de asumir ni siquiera los objetivos que le fueron fijando para su desarrollo. La construcción de un nuevo modelo de reactor, el EPR, lleva empantanada desde hace 10 años con un costo que se multiplicó por cuatro en la última década. Hay también centrales nucleares cuyos reactores están fuera de funcionamiento debido a graves problemas de mantenimiento (12 reactores parados de un total de 52). Para la empresa, ello acarrea cada año una baja considerable de la producción y, por consiguiente, más pérdidas. En mayo pasado, EDF calculó que todos sus problemas de desarrollo, de mantenimiento, de precios y de pérdida de la producción le costarían unos 18 mil millones de euros. A ello se le agrega la guerra en Ucrania y todos los subes y bajas que hubo en el mercado de la electricidad desde hace seis meses que obligaron al Ejecutivo a forzar a EDF a vender más barata su electricidad a las compañías concurrentes para limitar el alza de los precios en las facturas de la luz de las PME y los ciudadanos.

Todo este contexto alejó a EDF del ambicioso camino que le fijó Macron: por un lado, la construcción de otras seis centrales nucleares, por el otro, el desarrollo de un nuevo tipo de reactor, EPR2, así como la ampliación de los dispositivos de energía solar y eólica. Sin embargo, el corazón del proyecto se apoya esencialmente en la energía nuclear y no en las alternativas. EDF vuelve así enteramente a las manos del Estado luego de haber fracasado en sus principales misiones cuando funcionaba como una empresa mixta. Ante la guerra y las amenazas, sólo el poder del Estado ofrece, hoy, una alternativa segura. Ya no se ve tanto a los suministros energéticos como un negocio sino como una pieza clave de la independencia nacional.

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El presidente de Chile, Gabriel Boric, da un discurso en el Congreso Nacional, a 1 de junio de 2022, en Valparaíso. — Lucas Aguayo / SOPA Images via ZUM / DPA / Europa Press

La nueva norma, redactada por representantes de un amplio espectro de la sociedad civil, es pionera en cuestiones de género y propone un Estado social, intercultural y ecológico. Si se aprueba en el referéndum de septiembre, sustituirá a la Constitución pinochetista, pero las encuestas auguran un rechazo.

 

Un Chile plurinacional, concebido como un Estado social de derecho, intercultural, ecológico y paritario. Con esas banderas, el proceso constituyente de Chile ha llegado casi al final de un viaje frenético y algo accidentado tras un año de deliberaciones en la Convención Constitucional. La nueva norma, que pretende enterrar de una vez por todas el legado pinochetista, será sometida a referéndum el 4 de septiembre. Las encuestas pronostican un triunfo del "rechazo" frente al "apruebo". Los defensores de la nueva Constitución tienen por delante dos meses de campaña para tratar de convencer a la ciudadanía de las bondades de un texto que avanza considerablemente en derechos sociales, en línea con la agenda política del gobierno progresista de Gabriel Boric.

El viaje hacia un Chile más inclusivo comenzó en octubre de 2019. La subida de 30 pesos (0,035 euros) en el transporte público desencadenó una ola de protestas que fue creciendo en intensidad hasta convertirse en un estallido social sin precedentes. No por los 30 pesos sino por los 30 años de neoliberalismo, desigualdad social y desprecio a la dignidad de los más desfavorecidos.

Las protestas hicieron tambalearse al gobierno conservador de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), cuya respuesta fue una represión brutal. Hubo varios muertos y centenares de heridos y detenidos. Para poner fin al conflicto, se firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, suscrito por varias fuerzas políticas (Boric estampó su firma con la oposición de parte del Frente Amplio y el Partido Comunista).

Un año después, el 78% de la población optó en referéndum por dotarse de una nueva Constitución que sustituyera a la vigente, promulgada en 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en varias ocasiones. En mayo de 2021 fueron elegidos en las urnas los 155 hombres y mujeres que integrarían la Convención Constitucional, una asamblea paritaria, pionera en el mundo en ese sentido, y en la que también se incluyó a representantes de los pueblos indígenas. La naturaleza de la elección, con varias listas independientes y de movimientos sociales, otorgó una mayoría a la izquierda en detrimento de la derecha, que solo obtuvo 37 escaños. Un desequilibrio que, sin embargo, no se ve reflejado en el actual Congreso, donde la representación de la derecha continúa siendo muy sólida.

La Convención se disolvió el pasado 4 de julio tras entregar el texto de 388 artículos al presidente Boric. Dos días más tarde arrancaba una campaña que se prevé a cara de perro entre los detractores de la nueva Constitución (la derecha de Chile Vamos, los ultras del excandidato presidencial José Antonio Kast, las élites económicas y los grandes medios de comunicación, más un sector del centroizquierda) y los defensores del cambio (la izquierda, la mayoría de los exconstituyentes, los movimientos sociales y las organizaciones de los pueblos originarios).

Como todo proceso constituyente, la nueva norma propone una refundación del país que, en el caso chileno, se traduce en un rol preponderante del Estado a la hora de garantizar la salud, la educación, las pensiones, la vivienda o el acceso al agua, unos derechos que hoy están supeditados a los intereses privados. Si vence el "apruebo", Chile será una democracia paritaria (con al menos un 50% de mujeres en todos los organismos públicos) y un Estado plurinacional, donde quedarán reconocidos once naciones indígenas, que gozarán de autonomía territorial y sistemas jurídicos propios, bajo el paraguas, eso sí, del Estado chileno, único e indivisible.

Se reconoce así la diversidad de un país con un 13% de población indígena, históricamente marginada. La restitución de tierras que contempla la nueva norma busca allanar el camino hacia la pacificación de territorios como el de la Araucanía, en el sur del país, donde el pueblo mapuche lleva décadas soportando la represión estatal como única respuesta a sus demandas.

La protección del medio ambiente es otro de los pilares de la propuesta constitucional para hacer frente a la crisis climática y ecológica. El articulado de la norma, refrendado al menos por dos tercios de la asamblea, plantea también una descentralización del país, con la eliminación del Senado y la creación de una Cámara regional, y una apuesta por la democracia participativa, entre otras medidas innovadoras.

María Elisa Quinteros fue hasta hace una semana la presidenta de la Convención Constitucional. Esta académica de Salud Pública y activista en movimientos sociales resalta el trabajo colaborativo de la asamblea constituyente y el énfasis en las políticas públicas: "Lo más destacable del texto son los avances en los derechos sociales, como la salud, la educación, la vivienda. Ha sido un proceso transparente, un ejercicio político más cercano a la gente y no a las élites, como sucedía antes. Con sus luces y sombras, nos ha dado la oportunidad de hacer política y reencontrarnos como sociedad".

Para Tammy Pustilnick, abogada y coordinadora de la comisión de Armonización en la Convención, el desafío de acordar un nuevo contrato social fue complejo pero el resultado ha sido altamente satisfactorio: "En términos generales, (la Constitución) robustece la democracia, establece las bases para disminuir desigualdades en el país y visibiliza la diversidad para reconocernos en nuestras diferencias. Se avanza en el reconocimiento y garantía de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, y en la protección de la Naturaleza. Es un texto escrito en paridad y que propone una democracia paritaria, y esa perspectiva de género garantiza la igualdad de las actuales y las futuras generaciones".

El proceso constituyente ha suscitado también un reguero de críticas, principalmente por el desarrollo del mismo y el juicio negativo, alimentado por algunos medios de comunicación, de algunos constituyentes entre un sector de la ciudadanía. Hubo algún que otro comportamiento frívolo, como el del constituyente que fingió un cáncer (lo que dejó la asamblea con 154 miembros) y acusaciones cruzadas entre los integrantes de la Convención.

Hay también reparos al resultado final de la Constitución. Luis Eugenio García-Huidobro, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), considera que la Convención logró identificar una serie de problemas relevantes, pero no resolvió bien la ecuación al traducirlos en una propuesta institucional: "El proceso constituyente fracasó en distintos niveles -explica-. Era un proceso que auguraba muchas esperanzas. Pero ese 78% (partidario de reformar la actual Carta Magna) no es representativo de un solo sector político, y esta experiencia fue una oportunidad perdida para unir a los chilenos en torno a un texto". A su juicio, la norma tiene "elementos problemáticos de diseño institucional respecto a la forma del Estado o el poder judicial, entre otras cuestiones".

El 4 de septiembre será, en todo caso, la fecha más importante en la historia reciente de Chile. Así lo cree, al menos, Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Diego Portales: "Se trata de un texto muy trascendente. En el fondo, lo que se está poniendo en juego en el plebiscito son dos modelos de sociedad, uno que propone una democracia diversa, que reconoce a los pueblos indígenas, un Estado del bienestar a la europea, una protección de los recursos naturales... Y otro, basado en la Constitución de 1980 con sus reformas, que coloca el énfasis en el mercado, en mantener la salud, la educación o el agua en manos privadas, una democracia que no se hace cargo de las diferencias regionales o étnicas y que no menciona el tema medioambiental".

Rechazo al proceso

Las encuestas (Cadem, Criteria, Pulso Ciudadano) auguran un triunfo del "rechazo" frente al "apruebo" en la consulta de septiembre con unas diferencias que oscilan entre los 15 y los 20 puntos porcentuales, si bien también reflejan un alto número de indecisos, lo que podría inclinar la balanza en uno u otro sentido en estos casi dos meses de campaña por delante. La desaprobación se sustenta principalmente en cómo se ha desarrollado el proceso constituyente y en la conducta de algunos miembros de la Convención, más que en el contenido de las propuestas.

Quinteros reconoce que el proceso ha tenido aspectos positivos y algunos negativos, pero denuncia que desde el inicio se instaló una estrategia de desinformación que fue aumentando con el tiempo: "Los medios de comunicación están muy ligados a los poderes económicos y tengo la impresión de que las cosas positivas, el trabajo de la gran mayoría de los convencionales, quedaron subestimadas por unos medios que se centraron en hablar de los egos de algunos constituyentes".

Pustilnick, por su parte, cree que el proceso tuvo sus luces y sus grises, "y en ese sentido hubo conductas y episodios que por aislados que hayan sido y sin que fueran la regla general, no estuvieron a la altura de un espacio republicano y empañaron el gran esfuerzo de la gran mayoría de los convencionales". Pero resalta el esfuerzo realizado por esa mayoría y cree que ahora se debe analizar en profundidad "lo virtuoso del texto", separando la obra de su autor.

García-Huidobro, sin embargo, cree que el proceso sí importa para su legitimidad: "Hubo convencionales que rechazaron iniciativas populares de la ciudadanía en términos bastantes toscos; algunos buscaban un cambio de sistema, no una refundación sino un giro copernicano, y eso les produjo un cierto ensimismamiento".

La agenda de Boric

Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda el 11 de marzo con tan solo 36 años y un programa de transformaciones sociales no muy diferente a la propuesta constitucional. Si el "apruebo" vence en septiembre, supondría un espaldarazo a su agenda política (su aprobación ciudadana ha caído del 50% al 33% desde marzo). En las últimas semanas, el gobierno ha emitido algunas señales en el sentido de que su futuro no debería depender del resultado del plebiscito. Y, de todas formas, la victoria del "rechazo" no tendría por qué frenar las reformas en pensiones, salud o fiscalidad que Boric prometió en la campaña electoral, si bien, a juicio de Fuentes, el gobierno "tendría que acotar algunos temas". "Se apruebe o no la Constitución, va a haber una agenda política de reformas", sostiene el politólogo.

El nuevo proyecto constitucional ha generado las reticencias de la derecha y un sector del centroizquierda, que no ven con buenos ojos algunos de los planteamientos propuestos. Un grupo de exconstituyentes de derechas, descontentos con el texto final, publicó una declaración en la que aseguran que la Constitución pone en riesgo la convivencia democrática de los chilenos.

Algunas figuras del centroizquierda, como el exministro de Justicia socialista Isidro Solís, se han posicionado en contra de la nueva norma. Y el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) dijo que una Constitución "no puede ser partisana".

El coro de voces contrario al texto de la Convención sugiere una tercera vía para que no se perpetúe tampoco la Carta Magna del 80. Quinteros y Pustilnick advierten de las trampas que encierra esa estrategia. No hubo, recuerdan, reformas de calado durante los 30 años en que gobernaron la derecha y el centroizquierda con programas neoliberales.

Y no hay que olvidar que este viaje comenzó en las calles hace casi tres años con ese grito de rabia e indignación: "¡No son 30 pesos, son 30 años!". Un grito que reclamaba un país más solidario, más inclusivo, menos desigual. Un nuevo Chile.

09/07/2022

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Chile: ¿surge una "tercera vía" ante el Apruebo o Rechazo de la nueva Constitución?

Lo propuso este lunes el expresidente Ricardo Lagos en una carta de alto impacto político. Un nuevo pacto impulsado por el progresismo neoliberal para reformar la nueva Constitución en caso de que sea aprobada.

 

Este lunes, el expresidente chileno Ricardo Lagos hizo pública su posición frente al "plebiscito de salida" del proceso constituyente, llamando a una “vía alternativa” al apruebo y el rechazo.

En su carta de tres páginas, el histórico referente del Partido Socialista no se pronuncia ni por apruebo ni por el rechazo, pero llama a encontrar una vía alternativa. Aseguró que ambas opciones en el plebiscito “están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana (...) El desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana”.

Lo que propone, en suma, es realizar un pacto político entre la derecha, la centroizquierda y el Gobierno para reformar sí o sí el proyecto de nueva Constitución en el caso que triunfe el Apruebo. Reponer el Senado, reforzar el presidencialismo y los partidos políticos, modificar el diseño de Estado Regional, son algunas de las demandas de Lagos. Apunta a mantener intacta la esencia del régimen político heredado del pinochetismo y la forma en que los poderes económicos y políticos han gobernado el país a espaldas de la clase trabajadora y el pueblo en los últimos 30 años.

El posicionamiento de Lagos tuvo un fuerte impacto político. Al parecer no es una mera posición individual.

No es casual que el mismo martes, la Comisión de Constitución del Senado haya aprobado por unanimidad el llamado "Plan B" impulsado por sectores de la Democracia Cristiana, que rebaja el quórum para modificar la actual Constitución del 2/3 vigente a 4/7. El Partido Socialista se restó de la votación, pero ya dijo que estaba dispuesto a votarla a favor en el pleno. Gabriel Boric, aunque en un inicio criticó la medida, se terminó abriendo a ella. Lo cierto es que el Gobierno no puso ningún obstáculo para que se votara.

Tampoco es casual que diez figuras del progresismo neoliberal se definieran por el rechazo. Lo hicieron a través de una carta pública con argumentos muy similares a los de Ricardo Lagos. Entre quienes firmaron se encuentran el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, la gestora cultural e impulsora de la campaña “Marca AC” [campaña que promovió la marca del voto presidencial de 2013 con la sigla de Asamblea Constituyente] Javiera Parada, el expresidente de Codelco Óscar Landerretche (PS), el exministro de Hacienda de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Manuel Marfán, la exsubsecretaria de Ciencia de Sebastián Piñera, Carolina Torrealba y el exdirector del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky.

Todo indica que se trata de una línea acordada con los principales partidos de los “30 años” de la ex Concertación y la derecha, los representantes directos del gran empresariado, para encontrar una vía alternativa al proyecto de nueva Constitución, gane quien gane el plebiscito. Los dueños de Chile saben que un rechazo a secas es inviable sin que la centroizquierda neoliberal se sume a un acuerdo político. Y desde ahí, buscan presionar al Gobierno.

Gabriel Boric duda. Toma con respeto y cautela las palabras de Lagos y se mete en su juego. Aseguró que probablemente se requieran modificaciones al proyecto de nueva Constitución, pero planteó que es preferible usar como base para esa “cocina” política la nueva Constitución y no la de Pinochet. ¿Se abrirá a firmar un acuerdo explícito con puntos para una futura reforma, gane quien gane? Por ahora no es esa la posición del gobierno, pero cada día que pasa Gabriel Boric va adecuando su discurso frente a la presión de la derecha, la ex Concertación y los gremios empresariales.

De todas formas, no sería extraño que Boric golpeara el tablero con una posición como esta. No olvidemos que el actual presidente fue uno de los principales artífices del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que parió el actual proceso constituyente lleno de trampas.

Justamente el proceso constituyente, la Convención Constitucional y el Apruebo "de salida" para una Constitución acordada por dos tercios del pleno, constituyó la fórmula adecuada de la clase dominante para contener y desviar la rebelión de octubre. Es que la imposición de la mayoría calificada (los dos tercios) frente a la mayoría simple (mitad más uno) le otorgó a la minoritaria derecha un relativo poder de veto frente a los cambios más profundos demandados por la sociedad y puestos de manifiesto en durante la rebelión popular de 2019.

Piñera había estado a punto de ser derribado cuando la rebelión dió lugar a una huelga general del 12 de noviembre de 2019. El desvío constitucional fue el camino más coherente para recuperar la gobernabilidad a cambio de mantener a Piñera en el poder y la impunidad a las violaciones a derechos humanos.

La nueva Constitución cumple con el objetivo de “modernizar” el régimen político para restaurar la gobernabilidad perdida. Aunque reconoce una serie de derechos negados durante décadas, deja en pie pilares fundamentales de “los 30 años” y del modelo de acumulación capitalista. No termina con el sistema privado de pensiones (AFP), mantiene el presidencialismo y una cámara alta oligárquica, mantiene intacto el modelo de saqueo minero, entre otros puntos fundamentales.

Sin embargo, mucha agua ha pasado bajo el puente. El proceso constituyente y el Gobierno de Boric cumplieron la misión de vaciar las calles. Luego de la pandemia y la guerra de Ucrania, las perspectivas económicas siguen sombrías al tiempo que sigue aumentando la inflación. La clase dominante busca que los costos los pague el pueblo, lo que requiere mayores ataques a la clase trabajadora y los sectores populares, por ejemplo, a través del ajuste económico. En ese escenario, los dueños de Chile no encuentran motivos para aprobar una constitución que reconozca tantos derechos y que cambie algunos aspectos del diseño institucional del régimen, aunque lo haga de manera limitada.

La imposición de un rechazo a secas, que es la línea del sector más pinochetista de la derecha y los gremios empresariales, supone una derrota mayor a las expectativas del Chile post estallido. Un sector burgués más lúcido ve que eso línea puede traer mayor conflictividad, puesto que aunque hoy existe pasividad y baja lucha de clases, las urgencias que motivaron la rebelión no sólo no se han resuelto, sino que se han acrecentado.

Ese es el trasfondo de la “tercera vía” que empieza a ganar fuerza. Los dueños de Chile y sus políticos juegan todas sus cartas y lo hacen en todos los juegos y todos los terrenos. No se detienen sólo en la campaña electoral del plebiscito. Por eso sería absurdo limitarse a las reglas del juego del plebiscito, punto culminante del itinerario pactado en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

Hay que luchar por una posición independiente, que enfrente claramente la campaña por el Rechazo y la derecha, como también la nueva cocina constituyente que propone Lagos. Pero hay que hacerlo sin ninguna ilusión en que la nueva constitución va acabar con los 30 años contra los cuales nos rebelamos en octubre del 2019.

Por Fabián Puelma@fabianpuelma

Miércoles 6 de julio

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La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, adelantó en un discurso ante la Asamblea Nacional que el gobierno controlará de forma inminente 100 por ciento del capital de la compañía abastecedora de energía en el país

Seremos la primera gran nación en salir de los combustibles fósiles, pero necesitamos manejar la producción, argumenta

 

Madrid. Francia anunció un cambio histórico en pos de recuperar la soberanía energética perdida durante las últimas décadas por la liberalización del sector: la nacionalización total de la energía eléctrica, que en este caso está gestionada por el empresa Electricidad de Francia (EDF). La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, adelantó en un discurso ante la Asamblea Nacional que el gobierno controlará de forma inminente 100 por ciento del capital de la compañía abastecedora de energía en el país, con el objetivo de fortalecer su independencia energética y alcanzar las emisiones cero.

En un contexto cada vez más volátil, en el que el precio de la electricidad se decide en el mercado mayorista y a expensas de las subastas y las pujas de las grandes multinacionales, Francia decidió dar un vuelco en la tendencia europea para mitigar la cada vez más acuciante pérdida de soberanía energética, dos palabras que en los últimos meses han vuelto al debate público, así como el de la nacionalización. El gobierno francés augura que en unas circunstancias como las actuales, agravadas con la guerra en Ucrania, el resto de los mercados de la energía en Europa seguirán sus pasos, con nacionalizaciones totales o parciales.

El Estado francés controla actualmente 83.88 por ciento de la empresa EDF, es de los pocos países europeos que no han renunciado a controlar desde el Estado un sector tan crucial y esencial para vida de la ciudadanía, si bien ahora se dará un paso y se llevará a cabo una nacionalización total.

Estamos en un periodo de la historia en que los países deben ganar también la batalla de la energía y la producción, por eso les confirmo hoy que el Estado tiene la intención de controlar 100 por ciento del capital de EDF, anunció Borne, que además defendió el modelo francés, que mantiene en actividad sus centrales nucleares al tiempo que impulsa los modelos alternativos más limpios.

Seremos la primera gran nación ecológica en salir de los combustibles fósiles, pero para eso necesitamos tener el control total de la producción y de nuestro futuro energético, advirtió la funcionaria francesa, quien no ocultó que su decisión también está vinculada a la volatilidad provocada por la guerra en Ucrania: Aunque nuestro país es menos dependiente del gas ruso que nuestros vecinos, no podemos creer ni hacer creer que seremos inmunes a las decisiones unilaterales de Rusia. Si Rusia cortara sus exportaciones de gas, también nos veríamos afectados. Así que a partir de ahora debemos considerar todos los escenarios posibles, incluso los más difíciles, y compartir sus consecuencias con todos los actores y con el pueblo francés. Podemos resistir, pero todos debemos poner de nuestra parte.

El gas y la industria nuclear, energías verdes para la UE

La medida adoptada por Francia también está relacionada con los cambios jurídicos y estratégicos adoptados por la Unión Europea (UE), que a partir de ahora considera el gas y la industria nuclear como energías verdes. Para dejar atrás el carbono adoptaremos un mix energético equilibrado alrededor de las energías renovables y de la nuclear. Aceleraremos el despliegue de energías renovables e invertiremos en la nuclear con la construcción de nuevos reactores e innovaciones para la energía nuclear del futuro, aseguró.

Arrastra pasivos por 43 mil millones de euros

La medida provocó una ola de reacciones en Europa, tanto a nivel bursátil como político, ya que muchos países se están planteando volver a las nacionalizaciones de la energía eléctrica ante la escalada sin freno de los precios y la vulnerabilidad que está provocando en la sociedad.

EDF arrastra un pasivo de 43 mil millones de euros (900 mil millones de pesos), con el que tendrá que asumir el objetivo impuesto por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de poner en marcha a partir de 2035 seis nuevos reactores nucleres, con un precio estimado de 52 mil millones de euros, monto al que hay añadir 50 mil millones de euros, necesarios para mantener en servicio el parque atómico actual, compuesto de 58 reactores que normalmente generan 70 por ciento de la electricidad del país.

El anuncio de la nacionalización provocó una subida inmediata de la cotización bursátil de la empresa, que se mantenía a la baja desde la apertura de la sesión en el mercado europeo, por debajo de los 7.3 euros, pero tras conocerse la noticia subió cerca de 8 por ciento hasta casi 8.6 euros.

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El gobierno de Ecuador acepta volver al diálogo con los indígenas

Quito. El gobierno de Ecuador aceptó ayer volver a un diálogo con los indígenas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), tras 17 días de un paro nacional convocado por ese sector, el cual ha causado bloqueos en las principales vías y desabasto de alimentos, medicinas, gas y gasolina en algunas ciudades del país.

Horas antes, el presidente, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según su gobierno, se “concentran la mayoría de actos violentos, mientras la Conaie denunció un hpresunto intento de dividir a esa organización promovido por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Al cierre de esta edición, Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), anunció, junto con la organización de indígenas evangélicos (Feine), que hoy "participaremos en este proceso de diálogo" en busca de resultados, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y ratificó la convocatoria para una amplia movilización pacífica este jueves.

"Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la CEE", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. La CEE es el máximo organismo de la Iglesia católica en Ecuador.

"Este proceso se inició a petición de las tres organizaciones en conflicto: Conaie, Feine (organización de indígenas evangélicos) y Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras) que dirigieron una comunicación a la CEE y en función de esa respuesta y de la mención explícita del gobierno nacional hemos decidido aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación", afirmó Jiménez, según el diario El Comercio.

Respecto de la negativa de ­Lasso de volver a pláticas con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, Jiménez aseveró que al haber aceptado el proceso de mediación "nos sujetamos a su metodología; son ellos los que van a designar los delegados de parte y parte. No queremos poner condicionamientos".

Aún no se conoce el día ni la hora ni quiénes participarán en la mesa de diálogo.

El ministro pidió a las organizaciones indígenas que no haya "más brotes de violencia", que pondrían en peligro las nuevas pláticas.

Jiménez dijo que para volver a la mesa de diálogo Iza debe "deponer sus medidas de hecho; si no hay esas condiciones es muy difícil", y advirtió: "para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país".

Más temprano, Lasso decretó el estado de excepción en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, a partir de ayer por 30 días, informó el diario local El Universo. No incluyó a Pichincha, donde se encuentra Quito, y epicentro de las movilizaciones. La medida fue tomada por una "grave conmoción interna", según el decreto difundido por la Secretaría de Comunicación de la presidencia.

Estas provincias "concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas", lo que afecta "el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía", y destacó que en esas jurisdicciones está en riesgo la seguridad, así como la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno hospitalario y combustibles.

En el contexto del estado de excepción, Lasso estableció como "zona de seguridad" los lugares donde se encuentran campos de explotación de petróleo en la Amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca de 30 por ciento de los ingresos.

El decreto permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además, incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.

En ese contexto, Lasso cesó a los gobernadores de Sucumbíos y Loja, Mario Mancino y Darío Domínguez, respectivamente, informó la Secretaría de Comunicación, indicó El Universo.

Antes, la Conaie, denunció un intento de dividir a esa organización. “Ahora Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, irrespetando la estructura del movimiento indígena y el proceso (de diálogo) con cinco funciones del Estado, pretende dividir y hacer invitaciones con emisarios de la policía en medio de vallas y púas. El ‘gobierno ausente’ desconectado del pueblo”, tuiteó.

En Quito, al grito de "No queremos 10 centavos, queremos resultados", cientos de indígenas marcharon pacíficamente para pedir la reanudación de las negociaciones, señaló Afp. Los alrededores del presidencial palacio de Carondelet estuvieron bloqueados con vallas metálicas y alambres con cuchillas, además de policías.

Antes, manifestantes incendiaron dos estaciones de policía en el norte de la capital. La policía confirmó que las unidades de vigilancia comunitaria de las gigantescas barriadas de Calderón y Carapungo, en el extremo norte quiteño, quedaron completamente destruidas, sin embargo los agentes lograron huir a tiempo.

Por lo pronto, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi llamó a una marcha masiva hoy hacia Quito, a la que se sumará el Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos y de educación.

Las represión ha dejado seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles.

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Tras perder el apoyo de su partido Perú Libre, Pedro Castillo llama a la unidad

Lima. El presidente peruano, Pedro Castillo, convocó ayer a las "fuerzas políticas" del país a trabajar por la democracia, luego de que Perú Libre, el partido que lo llevó a poder, le pidió su renuncia, en momentos en que el mandatario es investigado por presuntos actos de corrupción en su gobierno.

Castillo afronta una fuerte inestabilidad política que le ha llevado a nombrar hasta cuatro gabinetes de ministros en medio de conflictos sociales. Asimismo, ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en busca de su destitución en el Congreso, dominado por la derecha.

Perú Libre solicitó la noche del martes su renuncia "después de haber evaluado estatutariamente el comportamiento", según una carta difundida en Twitter por el fundador del partido, Vladimir Cerrón, considerado radical de izquierda.

Castillo, un profesor de primaria que asumió la presidencia en julio de 2021, agradeció a Perú Libre por postularlo en las elecciones y sostuvo "que por encima de todo" están los intereses del país, en una aceptación implícita al pedido de renuncia.

"Desde acá llamo a todas las fuerzas políticas a ponernos de acuerdo, a trabajar por la democracia", dijo el mandatario en una breve declaración a periodistas a su salida de la Catedral de Lima, adonde asistió por un feriado católico.

"Estamos en unos momentos críticos", afirmó. "No podemos entretenernos en otros temas, sino más bien en mirar con responsabilidad al país, que para eso mayoritariamente el pueblo peruano nos ha puesto al frente", refirió.

Perú Libre dijo que el pedido a Castillo de su "renuncia irrevocable" al grupo es porque el mandatario ha promovido el "quebramiento de la unidad partidaria" en el Congreso.

Afirmó que las políticas del gobierno no guardan relación con las promesas de campaña y menos con el plan de Perú Libre. Refirió que Castillo implementó el "programa neoliberal" del partido perdedor.

Perú Libre llevó 37 legisladores al Congreso en las elecciones pasadas, pero tras varias renuncias el bloque se ha reducido a sólo 16. Hace unos meses, la vicepresidenta, Dina Boluarte, fue expulsada del grupo.

La fiscalía investiga la relación de Castillo con una presunta trama de corrupción en la concesión de obras públicas por su ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Es la primera vez que la fiscalía investiga a un mandatario en pleno ejercicio por casos de corrupción. Ya había realizado pesquisas a otros presidentes, pero por acciones cometidas antes de ejercer el cargo.

Castillo ha rechazado todas las acusaciones, y afirma que son orquestadas por sus opositores, partidos minoritarios en el Congreso y grupos económicos que no aceptan que ganó las elecciones y por eso quieren sacarlo del poder.

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Manifestantes rodean el edificio de la Asamblea mientras esperan el juicio político a Lasso. . Imagen: EFE

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó ayer el estado de excepción en las seis provincias donde se han registrado protestas indígenas contra su gobierno desde hace ya 13 días, horas después de que funcionarios de su gobierno hablaron en un primer acercamiento con el líder indígena Leonidas Iza, en momentos en que la Asamblea Nacional avanzó en una sesión maratónica en la que se debate la posible destitución del mandatario.

Mediante el decreto ejecutivo 461, firmado por Lasso y difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se dispuso la terminación del estado de excepción que ordenó días después del inicio de las protestas ante la "grave conmoción interna" en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se han acentuado las movilizaciones de los grupos indígenas.

"El gobierno nacional ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades", se informó en un comunicado.

La Asamblea Nacional inició una sesión extraordinaria para tratar, a pedido de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), la destitución de Lasso, quien antier denunció un intento de golpe de Estado en su contra supuestamente impulsado por Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Antes de abrir el debate virtual entre los legisladores, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó al pleno sobre la eventual conformación de una comisión que viabilice el diálogo entre el gobierno y la mayor organización indígena del país y ponga fin a un paro nacional que cumple su decimotercer día.

La reunión se llevó a cabo en la iglesia Basílica del Voto Nacional, ubicada en el casco colonial de Quito, a la que acudió Iza acompañado por otros dirigentes indígenas, así como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el canciller, Juan Carlos Holguín, y otros funcionarios del régimen, informó Saquicela en declaraciones a la prensa.

“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la Conaie… de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, y ratificó que "de parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente".

El titular del Legislativo indicó que se trata de "un avance", pues "hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución".

Amanda Yépez, del colectivo Geografía Crítica, alertó que hay "agresiones graves del Estado" contra los manifestantes, registradas el pasado día 14, mientras Viviana Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos, informó que "existen 68 incidentes de violación de derechos humanos: 123 detenciones, 166 personas heridas y cinco fallecidas, en el contexto de la represión".

El mandatario no compareció

Lasso fue convocado para presentar su defensa, pero no asistió. En su lugar acudió Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien leyó una carta a nombre del mandatario en la que afirmó: "no hay pruebas del incumplimiento del programa ofrecido en campaña y su nexo con la crisis política y conmoción interna", como acusó la Unes.

Sin embargo, reconoció "que el país actualmente enfrenta problemas que deben ser solventados".

Al iniciarse el debate entre legisladores, Patricia Núñez, de la Unes, firmó la carta para iniciar el proceso de "muerte cruzada", mecanismo en el que se destituye a la presidencia y se disuelve la Asamblea Nacional. Al recordar a las víctimas del paro nacional, aseguró que hay un uso excesivo de la fuerza en las protestas.

Marlon Cadena, jefe de la bancada de Izquierda Democrática, rechazó el vandalismo y la represión que han marcado el paro, negó compromisos con el gobierno, pero enfatizó que no respaldarán la destitución del presidente.

Por parte del Partido Social Cristiano, el congresista Esteban Torres se congratuló del diálogo iniciado entre el gobierno y la Conaie e indicó que su partido no votará la destitución del mandatario porque eso no resuelve los problemas estructurales del país.

Hasta el cierre de esta edición sólo habían intervenido 15 asambleístas de 135.

Luego del debate, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 legisladores.

De ser aprobada, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero el mando del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de siete días, convocaría a elecciones presidenciales y legislativas.

Corredores humanitarios

En la mañana, Iza indicó en la Universidad Central que abrirán vías como "corredores humanitarios" para permitir el ingreso de alimentos a Quito y reiteró que el paro continúa.

"No venimos a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, venimos con una propuesta", agregó Iza en la concentración de manifestantes, a quienes señaló que sólo cuando haya sido contestada, concluirá el paro.

Entre los 10 puntos que reclama la organización constan la reducción de los precios de los combustibles y subsidios a campesinos.

El dirigente dijo que no llegaron a la capital a cometer "vandalismo" y pidió pacificar el país para no enfrentarse entre hermanos; sin embargo, calificó como un "ataque brutal de violencia" el operativo con el que fueron desalojados el viernes de la Casa de la Cultura donde celebraban una asamblea popular y a la cual dijo retornarían para efectuar una minga y limpiarla, al igual que en los lugares donde son acogidos.

En las inmediaciones del parque El Arbolito, la tarde de ayer manifestantes se expresaron en medio de danzas, bailes y silbidos. Un importante contingente militar y policial permanece en el lugar, sin que hasta el momento haya habido enfrentamientos.

En la mañana cientos de mujeres organizaron un ritual en el norte de la capital y luego marcharon contra el gobierno. Algunas indígenas iban con los ojos pintados con franjas rojas y portaban plantas medicinales.

"Toda la canasta básica está muy cara y nuestros productos del campo (...) no valen nada", declaró Miguel Taday, un productor de papa de la sureña Chimborazo, a unos 200 kilómetros de Quito.

La Conaie participó en revueltas sociales que derrocaron a los presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En 2019 encabezó más de una semana de protestas contra el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), que dejaron 11 muertos.

Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis política. El gobierno asegura que reducir los precios del combustible costaría al Estado más de mil millones de dólares al año en subsidios.

Las últimas dos noches Quito ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes con bombas molotov, cohetes pirotécnicos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

La rebelión indígena deja seis civiles muertos y un centenar de heridos en 13 días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Las autoridades registraron más de 180 lesionados entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.

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