Acuerdan en Panamá reducción de 30% en el costo de la canasta básica

Panamá. Dirigentes magisteriales y sindicales, y el gobierno panameño, alcanzaron un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica en una mesa de diálogo que intenta poner fin a las mayores protestas en años generadas por el alto costo de la vida.

Sin embargo, las agrupaciones sociales y las autoridades no lograron pactar en otros puntos que tienen que ver con regulaciones para el tope de utilidad de las empresas en la cadena de comercialización y otro relativo a las instancias estatales de regulación de precios.

El tema de la canasta básica es el primero de ocho temas prioritarios a discutirse en el diálogo que comenzó la semana pasada.

Lo concertado hasta ayer implica una disminución de 30 por ciento en el costo de la canasta básica, lo que representa un ahorro de 80 dólares, informó la presidencia un comunicado.

El consenso establece un control de precio en 72 productos de la canasta ampliada, que incluye cosas de aseo personal.

'"El pueblo está poniendo orden, somos un instrumento para reivindicar lo que el gobierno se ve obligado a hacer por la presión", declaró Saúl Méndez, líder del poderoso sindicato de la industria de la construcción y representante de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, una de las tres organizaciones que negocian con el gobierno.

Los grupos sociales demandan también la rebaja y el congelamiento en el precio del combustible, y discutir sobre transparencia en la administración pública y la corrupción, entre otros temas.

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo ya congeló el precio de la gasolina a una cifra tope de 3.25 dólares el galón, pero la medida no ha calmado el descontento en las calles, por lo que se mantienen los bloqueos carreteros.

Organizaciones empresariales y comerciales han expresado su rechazo al cierre de carreteras que ha provocado pérdidas millonarias y exigen participar en la mesa de negociación.

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El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, en una imagen de Archivo. — EPA/KIMIMASA MAYAMA / EFE

Ese militarismo exacerbado latente en lo más profundo de la sociedad nipona ha ido ganando espacio público en las últimas décadas y que la nueva geopolítica internacional podría avivar de forma peligrosa.

 

El asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe por un exmilitar recuerda una de las caras más oscuras del Japón contemporáneo: la existencia de un militarismo exacerbado y latente en lo más profundo de la sociedad nipona, que ha ido ganando espacio público en las últimas décadas y que la nueva geopolítica internacional podría avivar de forma peligrosa.

El asesino de Abe se llama Tetsuya Yamagami y fue detenido tras perpetrar el magnicidio en Nara, durante un mitin del exmandatario por las elecciones al Senado del domingo. El atentado ocurrió al aire libre y sin apenas seguridad, algo bastante normal en una sociedad, la japonesa, donde los índices de criminalidad son muy bajos. El detenido es un desempleado de 41 años que sirvió en las Fuerzas de Autodefensa niponas, en concreto en la Marina, durante tres años, hasta 2005, y que estaba muy decepcionado con Abe. Algunas informaciones han indicado que tenía explosivos en su domicilio, también de fabricación casera.

El control de armas de fuego es muy estricto en Japón. Y si bien ha habido otros ataques contra políticos, ha sido con armas blancas, como ocurrió en 1960 con el líder socialista Inejiro Asanuma, acuchillado por un estudiante ligado a la extrema derecha. Es en este ambiente ultranacionalista donde está muy arraigado un militarismo descontento con el papel de verdugo que se sigue atribuyendo a Japón en buena parte de Asia por las brutalidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial y sus prolegómenos en el este de Asia, especialmente en China y la península de Corea. Ese ultranacionalismo tiene amplias bases en la universidad, el ejército nipón, en determinadas grandes corporaciones y en ciertos grupos religiosos, opuestos al pacifismo impuesto durante la ocupación estadounidense de Japón, tras la derrota de la contienda mundial. Sin embargo, esas fuerzas reaccionarias rara vez han recurrido a la violencia y menos aún al asesinato de un alto dirigente cuya propia ideología podría rozar en algunos aspectos ese mismo nacionalismo extremo, como sucedía con Shinzo Abe.

El primer ministro revisionista

Abe, primer ministro en dos ocasiones, entre 2006 y 2007, y entre 2012 y 2020, no se caracterizaba por tener un mensaje pacifista. Siempre apostó por un revisionismo sin tapujos para eludir la condena histórica que recayó sobre Japón por los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la guerra mundial y en la invasión, años antes, del este de China y de la península de Corea. Abe evitaba así hablar de la matanza de Nankín a manos del Ejército japonés en 1937, durante la cual cerca de 300.000 personas fueron masacradas en esa ciudad del este de China. Decenas de miles de mujeres fueron violadas y después asesinadas en un salvajismo sin parangón que no se detuvo ni en niños ni ancianos.

El político conservador, que tenía 67 años en el momento de su muerte, fue el artífice de muchos milagros económicos para apartar a su país del estancamiento y de la amenaza de la deflación, con estrategias controvertidas —las famosas "abenomics"— que fueron criticadas incluso en el seno de su fuerza política, el Partido Liberal Demócrata (PLD). Pero también fue el promotor de un lavado de cara de Japón por la vergüenza ante esos crímenes cometidos por su Ejército en la primera mitad del siglo pasado. En este sentido, Abe siempre defendió el espíritu militar tradicional japonés ante las reiteradas condenas de los países vecinos que sufrieron las atrocidades de las Fuerzas Armadas niponas en el pasado.

Hacia un nuevo Ejército japonés

Shinzo Abe no solo engrosó durante su mandato el presupuesto de Defensa de Japón e incrementó los lazos militares con Estados Unidos, sino que en 2014 hizo una añagaza legal para reinterpretar la Constitución impuesta por Washington tras la derrota nipona de la Segunda Guerra Mundial y así permitir que soldados japoneses pudieran combatir fuera del territorio nacional. El objetivo frustrado de Abe era cambiar esa Constitución pacifista de 1947 y sustituir el concepto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, como se llama eufemísticamente al "oculto" Ejército nipón, por el de unas fuerzas armadas convencionales que permitieran a Tokio enviar sus tropas allá donde fueran necesarias. También en apoyo de sus aliados, esto es, en defensa de la hoja de ruta geoestratégica liderada por Washington en el Pacífico.

En la reciente Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid entre el 29 y el 30 de junio, la Organización Atlántica dio la bienvenida a dos nuevos miembros, Suecia y Finlandia. Pero más importante si cabe en el nuevo concepto estratégico aprobado en Madrid, que regirá en la próxima década la doctrina militar de Occidente, fue el espaldarazo dado a países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y el propio Japón para afianzar sus relaciones con la Alianza Atlántica y tomar parte en futuros ejercicios militares en la cuenca del Pacífico y el Índico.

El peligro chino

La caracterización de China como un "desafío" (por su asociación con la Rusia invasora de Ucrania) definió en Madrid el nuevo contrincante común. El mismo al que Abe aludió numerosas veces durante su mandato, el más largo de un líder político nipón tras la Segunda Guerra Mundial. Shinzo Abe siempre acusó a China de pretender imponer por la fuerza su soberanía en las islas del Mar del Japón reclamadas por ambos países y de animar a Corea del Norte en sus acciones agresivas contra Corea del Sur y Japón.

Otro ejemplo de su belicismo lo dio Abe el pasado 27 de febrero, tres días después de la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces señaló que debería reconsiderarse la posibilidad de que Japón albergara armas atómicas estadounidenses y aseveró que si Kiev hubiera dispuesto de ese tipo de armamento, jamás habría sido atacada por Moscú. En este sentido abogó por un acuerdo con Washington y la OTAN para que Japón quedara protegido en ese ámbito por la Alianza Atlántica, dirección sugerida de nuevo en la Cumbre de Madrid por japoneses y estadounidenses.

Abe era un halcón en política exterior y de defensa, y nunca lo quiso ocultar, de ahí sus numerosas visitas a Yasukuni, como muestra de su apuesta decidida por el revisionismo histórico.

Yasukuni, la meca del militarismo japonés

Cuando el 15 de agosto de 2004, apenas despuntado el día, avancé por la avenida principal del Yasukuni Jinja, aún desconocía el enorme significado simbólico que este templo del norte de Tokio tenía para el espíritu militarista subyacente en Japón desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial. A mitad de la cuesta un enorme "tori", ese arco típico de los templos japoneses, daba la bienvenida, o alertaba, a los visitantes de Yasukuni, un lugar sagrado erigido para honrar a las almas de más de dos millones y medio de japoneses muertos por la patria desde mediados del siglo XIX. Entre ellos 14 criminales de guerra.

De pronto, un anciano se dirigió hacia mí con muchos aspavientos y una retahíla de frases que no llegué a comprender. Llevaba poco más de dos semanas en Tokio como nuevo delegado de la Agencia EFE en Japón y no entendía apenas el idioma. Pronto advertí que el anciano no estaba indignado. Al contrario, no cesaba de hacer reverencias mientras un caudal de lágrimas le anegaba los ojos. Entonces, paró su arenga en japonés y pasó a un inglés bastante comprensible: "¡Gracias, muchas gracias por venir a rezar aquí por nuestros hermanos caídos! Es usted muy buena persona", afirmó el hombre.

Eran cercanas las ocho de la mañana y seguramente yo era el primer extranjero que acudía a Yasukuni en esa memorable jornada, en la que se conmemoraba el fin de la guerra en el Pacífico, en 1945. Allí, según me acercaba al tempo vi en los laterales de la avenida cómo varios pelotones de paramilitares uniformados de azul oscuro lanzaban gritos marciales y marchaban a paso ligero en extrañas maniobras para mí incomprensibles. Estaba en el corazón del militarismo japonés más recalcitrante.

Que yo visitara Yasukuni no le importaba a nadie, salvo quizá al anciano que vio en mí, erradamente, una muestra de la solidaridad internacional con los militares muertos allí venerados. Pero sí que tuvieron siempre mucha repercusión dentro y, sobre todo, fuera de Japón las visitas de sus políticos. Y entre quienes acudieron al altar de Yasukuni en varias ocasiones estuvo Shinzo Abe.

Mishima y la contradicción nipona

Hay un Japón subterráneo, en las sombras, que escapa a la visión de la sociedad moderada y afable que nos llega a Occidente. Un ejemplo de la pervivencia de este Japón arraigado en viejas doctrinas militares lo ofreció el 25 de noviembre de 1970 uno de los mayores escritores que han dado las letras niponas, propuesto tres veces para el premio Nobel, aunque sus ideas extremistas dieron siempre al traste con esta posibilidad. Ese día, Yukio Mishima, acompañado de cuatro compañeros, asaltó el cuartel general en Tokio del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa. Allí, tomó como rehén al comandante de la institución y trató de forzar un golpe de estado militar con el objetivo de restaurar al emperador de Japón todo el poder del pasado. Fracasó. Entonces, embebido en lo que él creía que era un sagrado compromiso con su país e incapaz de superar el abismo trágico y grandilocuente al que le habían llevado sus ideas militaristas, el autor de El mar de la fertilidad cometió seppuku (harakiri) ante sus hombres.

08/07/2022 22:09

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Ecuador: en Paro Nacional se cocina otro país

Lunes día 15 Paro Nacional. En la Y de la Armenia, arteria principal que une la costa con Quito, hace 12 días se mantiene un bloqueo. Hemos vivido días duros e intensos, incluida una noche de fuerte represión con un saldo de dos compas retenidos ilegalmente y uno de ellos golpeado, amenazado y secuestrado durante varias horas.

Hemos debido afrontar diversas situaciones dentro de la cuestión humanitaria… familias con niños y niñas pequeñas, personas enfermas, estrés y cansancio de quienes –engañados por las mentiras de los medios y la policía nacional que insisten en decir que la vía se encuentra abierta y sin bloqueos– optaron por utilizar esta vía para volver a sus casas. Sin embargo y haciendo uso de los procesos asamblearios, hemos ido resolviendo día a día estas situaciones. La amenaza permanente de parte de la policía y el ejército, los sobrevuelos de drones y helicópteros, las imágenes compartidas por compas del territorio de vehículos militares acercándose, en fin.

Este bloqueo se mantiene, las gentes con alegría siguen llegando y los relevos son una constante. Ayer, y en asamblea, se decidió abrir durante dos horas el paso, esto en solidaridad con el anuncio del transporte pesado de unirse al paro Nacional… ya veremos si ellos cumplen, nosotrxs cumplimos!

La población propia del lugar y de comunidades cercanas, hace presencia a diario, trae sus apoyos en víveres y participación. Hemos tenido noches con musiquita e incluso hubo una tarde en que un grupo musical que, producto del paro debió pasar caminando por nuestro bloqueo, nos acompañó con un par de canciones de su autoría… el grupo Landa Landa.

En lo nacional, hace dos días, el día 13, inició el circo de la Asamblea Nacional (parlamento o congreso) para destituir al presidente Lasso. El mecanismo es la muerte cruzada que se ocncreta con un llamado a elecciones adelantadas, tanto del presidente como de la asamblea nacional. Para esto se requiere dos tercios de la votación. Por más cuentas que se haga, no existe ese número de votos dentro de la Asamblea Nacional, sin embargo se trata de un paso más dentro del proceso de agotamiento de todas las formas legales. (Un elemento a tener en cuenta es que, de acuerdo a la propia constitución, este recurso tiene un candado y solo puede ser usado una única vez, por lo que si en esta ocasión no obtienen los dos tercios, no pueden volver a intentarlo).

Por su parte, la dirección del paro nacional, constituida por las tres más grandes organizaciones indígenas del país ha insistido en que las 10 demandas colectivas son el tema, no la destitución o muerte cruzada, aunque tampoco se niega a ésta y acompaña el proceso de la Asamblea Nacional.

El ambiente en las calles y los bloqueos de carreteras, entre quienes vinimos al paro, es una mezcla de las dos cosas, la indignación por la violencia, los asesinados y heridxs y la falta de diálogo por parte del gobierno que nos invita al grito de ¡Fuera Lasso fuera! y a la vez, sabemos que no basta, que sin las 10 demandas nada habremos ganado. La dirigencia del paro ha sido fundamental en esto, en cada intervención se insiste y recuerda ¡cuáles son las demandas y los porqués del paro nacional!

El gobierno, de forma unilateral, sin aceptar el diálogo, hace anuncios… entre los primeros, una subida en el presupuesto de educación bilingüe, baja el precio de la urea, pone en emergencia nacional el sistema de salud… entre las últimas, deroga el estado de excepción, (aunque asevera que lo podría poner en cualquier momento) baja 0.10 centavos el precio a las gasolinas… Todo esto son victorias nuestras, de la movilización, sin embargo, tanto las bases, es decir nosotrxs, como las dirigencias, sabemos y decimos que esto no es suficiente, que no vinimos ni paramos el país, ni soportamos muertos y heridxs y presxs por estas migajas… LAS 10 DEMANDAS COLECTIVAS SON NUESTRO HORIZONTE INMEDIATO!!

Hasta la noche de ayer no se ha iniciado ni un proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones. La dirigencia desmiente la noticia de un supuesto diálogo y reafirma que el paro nacional sigue y que el diálogo requiere de parte del gobierno muestras públicas claras y reales de que cederá en las demandas. Son días complejos, hay cansancio y cierto sector de la población urbana y rural que no ha participado del paro, pero que ha mostrado su apoyo, empieza a resentir la escasez, la dificultad para sacar sus productos o salir a trabajar…

Las ciudad amanece con cierta calma, con cierta normalidad… el circo de la Asamblea sigue, pues los discursos no se acaban. Por ley, hay 72 horas hasta la votación… habrá que esperar, con la certeza de que, aún ganando la votación, nada hemos ganado. Aun con muerte cruzada, aun con llamado a elecciones adelantadas, ¡¡SON NUESTRAS 10 DEMANDAS COLECTIVAS LAS QUE NOS MOVILIZAN!!

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Castillo ante un escenario de revuelta social

Dura protesta en Perú por la suba de los precios

El presidente Pedro Castillo enfrenta las primeras protestas populares contra su gobierno. El alza en los precios de los combustibles, peajes, alimentos e insumos para el agro, gatilló las protestas en diferentes regiones del país. Gremios de transportistas y agricultores iniciaron las movilizaciones contra el incremento de precios, las que se extendieron a otros sectores ciudadanos. Bloqueos de carreteras, saqueos a comercios y enfrentamientos entre manifestantes y policías han puesto en jaque al gobierno. La violencia estalló el fin de semana y este lunes se agravó. Se han reportado cuatro muertos, pero el gobierno ha salido a aclarar que no han sido consecuencia de la acción policial. Un niño murió ahogado al caer a un río cuando corría para alejarse de un choque entre manifestantes y policías, dos personas murieron atropelladas en medio del caos y otra al no poder llegar a recibir atención médica de urgencia por uno de los piquetes que bloqueaban una vía. 

El gobierno enfrenta esta crisis social a poco más de ocho meses que Castillo asumiera la presidencia en medio de la esperanza popular de cambio, la que se ha venido diluyendo, y cuando está debilitado por la guerra que desde el primer día le ha declarado la derecha y por problemas internos, como nombramientos cuestionados, denuncias de corrupción y un alejamiento de su programa original de cambios.

Ha sido la cuna del partido de gobierno Perú Libre (PL), la región andina de Junín, donde se inició la violencia. Una declaración del presidente Castillo hecha el viernes acusando a los dirigentes de la protesta de estar pagados para atacar al gobierno encendió la ira popular. “Se anuncian paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas”, fueron las palabras de Castillo que incendiaron un escenario social que ya estaba muy cargado de carencias agravadas con la pandemia y las últimas alzas, frustración y rabia.

El sábado, el gobierno envió a la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín, a siete ministros para dialogar con los huelguistas. La violencia se había extendido en esa ciudad, con saqueos y ataques a locales públicos. La casa en Huancayo del secretario general de PL, Vladimir Cerrón, fue apedreada. Ministros y manifestantes se reunieron en un coliseo, en medio de un gran desorden. Afuera continuaban los enfrentamientos y el olor a gases lacrimógenos penetraba hasta el coliseo. En el tumultuoso encuentro los representantes del gobierno, para buscar bajar el malestar, comenzaron poniendo en los parlantes las disculpas de Castillo por sus cuestionamientos a los dirigentes de la protesta. “Si en algunas de esas declaraciones hubo un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, lo tengo que hacer mil veces”, fue la disculpa del presidente.

Para atender los reclamos por las recientes alzas de precios, el gobierno anunció una reducción de impuestos a los combustibles para disminuir su precio, que entró en vigencia desde este lunes, y la eliminación del Impuesto General a las Ventas (equivalente al IVA argentino) para alimentos básicos de la canasta familiar, como el pollo, huevos, harina, azúcar, fideos. Esto último debe ser aprobado por el Congreso. También se anunció el incremento del sueldo mínimo de 930 a 1 025 soles (de 248 a 273 dólares) a partir de mayo. Se acordó la revisión de los contratos de concesión de los peajes para enfrentar las recientes alzas, y la adopción de medidas para reducir el costo para los agricultores de los fertilizantes. Se firmó un acta al final de la tarde del sábado y se anunció el levantamiento de los bloqueos y movilizaciones. Pero no todos los dirigentes aceptaron lo acordado y en otros casos buena parte de las bases desconocieron lo firmado por sus dirigentes. En ese escenario, no hubo tregua, ni levantamiento de bloqueos. Por el contrario, el lunes la convulsión social se agravó, los bloqueos, la violencia y los saqueos se extendieron a diferentes regiones del país.

Este lunes, la Panamericana Norte y Sur, y la Carretera Central que comunica Lima con la zona andina, las tres principales vías de comunicación del país, estaban bloqueadas por piquetes de manifestantes. Los saqueos a comercios se repitieron en distintas ciudades. En Lima, mercados y tiendas cerraron por temor a los saqueos. Durante todo el día se dieron los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Con la violencia y el caos en las calles y carreteras, representantes del gobierno se reunieron nuevamente con dirigentes de los huelguistas. Esta vez en Lima. El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, uno de los negociadores, dijo que el gobierno reconocía y respetaba las demandas sociales, que estaban abiertos a seguir dialogando, pero advirtió que “no se van a tolerar los bloqueos”. El ministro anunció que a lo acordado el fin de semana se sumarán otras medidas para atender las demandas de los gremios en protesta, pero no anunció cuáles serían. Las negociaciones seguían. Al cierre, uno de los gremios de transportistas anunció el levantamiento de la protesta.

Las alzas de los precios de combustible y alimentos, impulsadas por la crisis producida por la guerra en Ucrania, han agravado hasta el límite de la resistencia la precaria situación de un importante sector de la población que ya estaba muy golpeado por la pandemia. Esa desesperación estalló en rabia contra el gobierno. La derecha, que culpa por el alza de precios al gobierno desconociendo el escenario internacional, busca subirse a las protestas sociales de los sectores populares, las que antes siempre ha criminalizado, para sacarles provecho en su afán de desestabilizar al gobierno. Lo hace después de haber fracasado en su convocatoria desde el inicio del gobierno a movilizaciones antigubernamentales con discurso golpista, que quedaron limitadas a Lima y con escasa convocatoria. Estas protestas populares de los sectores que han sido la base electoral de Castillo cambian el escenario en las calles, jaqueando al gobierno como la derecha golpista no ha podido hacer

Por Carlos Noriega

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Miles de estudiantes marcharon bajo la lluvia por las calles de Santiago.. Imagen: AFP

Fue masiva la primera protesta educativa desde que asumió Gabriel Boric

Los estudiantes reclaman un aumento en la ayuda social. Un manifestante fue baleado y el gobierno abrió una investigación.

 La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), la mayor organización universitaria del país, realizó este viernes un paro nacional y una gran marcha por el centro de Santiago para pedir más ayudas sociales para los universitarios ante el encarecimiento del costo de vida. Se trata de la primera manifestación universitaria celebrada desde que asumió el pasado 11 de marzo el Gobierno del progresista Gabriel Boric, quien fue un destacado líder estudiantil cuando era alumno en la Universidad de Chile hace una década.

En concreto, los universitarios reclaman un aumento de la Beca de Alimentación de la Educación Superior (BAES), que hace 10 años se fijó en 31.000 pesos chilenos mensuales (40 dólares) y desde entonces no se ha modificado. "Creemos que ahora es el momento para manifestarnos, luego de todo un año tratando de generar reuniones, instancias de conversación y diálogo y de que no hayan sido escuchadas nuestras demandas", dijo la vocera de CONFECH, Noemí Quintana.

Beca insuficiente

La líder estudiantil explicó que el objetivo es subir la beca hasta los 48.000 pesos chilenos (61 dólares) y extenderlos a los meses de enero y febrero, cuando es el descanso estival, porque "como estudiantes también nos alimentamos", apuntó. "Es muy necesario que como estudiantes volvamos a las calles luego de dos años en pandemia en nuestras casas, ahora es el momento", agregó Quintana. Al grito de "¡32.000 pesos no son los mismo que hace 10 años!", los manifestantes transitaron por una de las principales vías de la capital chilena.

Los universitarios también pidieron la renuncia del director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Jaime Tohá, quien está en el cargo desde el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018).

Manifestante baleado

Durante la protesta estudiantil al menos un estudiante resultó herido por un disparo atribuido a la Policía. La protesta  discurría por el centro de la capital cuando, según videos que circulan por las redes sociales, un carabinero disparó su arma junto a un grupo de manifestantes que lo rodeaban.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este viernes a Carabineros abrir una investigación sobre las circumstancias en que el manifestante fue baleado, y ordenó a sus ministros de Educación y Salud reunirse con el joven. "Nuestro ministro de Educación y nuestra ministra de Salud también se están trasladando hacia Santiago para ver a este joven y poder acompañarlo", anunció la vocera oficial, Camila Vallejo. Según Vallejo, el joven de 19 años se encuentra "con lesiones, pero sin riesgo vital".

La reforma de Carabineros

"Es muy importante que la labor de resguardo del orden público siempre esté acompañada de la protección de los derechos humanos y esto implica tanto el resto de los protocolos como también va a implicar el gran desafío que tenemos como Gobierno y ante el cual nos hemos comprometido: la reforma a Carabineros", agregó la portavoz.

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, también condenó el hecho en nombe del gobierno. "Siempre el uso de un arma de fuego por un funcionario policial es un hecho muy grave. Siempre que hay un ciudadano chileno herido y este es el caso, hay un joven herido producto de ese disparo. Es un hecho grave", explicó a la prensa local. 

La manifestación de este viernes fue la primera movilización universitaria de amplia convocatoria realizada en la capital desde que Boric, antiguo líder estudiantil, asumiera la presidencia el pasado 11 de marzo.  "Lo de hoy solo demuestra, una vez más, que Carabineros necesita con urgencia una refundación. Sea cual sea el motivo, nada se justifica que utilice un arma en contra de una persona, menos alguien que está en su legítimo derecho a manifestarse", dijo la vocera de Confech, Noemí Quintana.

El cuerpo policial está en el punto de mira desde hace años, pero sobre todo desde las revueltas de finales de 2019, cuando miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra la desigualdad y fueron acusados de violaciones a los derechos humanos.

Presidente joven

Boric, el presidente más joven de la historia chilena y cercano al estallido social de 2019, prometió refundar el cuerpo policial. A su 36 años Boric es el presidente más joven de la historia chilena y el primero que no forma parte de los dos grandes bloques de centro que gobernaron Chile desde el retorno a la democracia en 1990.

El exlíder estudiantil gobierna gracias a una coalición entre su partido, el Frente Amplio, y el Partido Comunista y ha prometido una agenda de cambios profundos para instalar en Chile un estado de bienestar similar al de Europa. De momento, tiene una aprobación de más de 50 por ciento y, aunque fue muy cercano a las revueltas de 2019, hay un sector de aquellas protestas que no le apoya y que ha prometido seguir saliendo a las calles.

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Álvaro Herrera interpreta el corno durante una de las protestas pacíficas de 2021 en Cali, Colombia

Álvaro Herrera, el músico que durante las manifestaciones de 2021 fue torturado por la policía, habla desde el exilio con EL PAÍS

Álvaro Herrera aparece a medio cuerpo al otro lado de la pantalla. Está vestido con una camiseta y su pelo está amarrado con una coleta. Se ve cansado. Está cansado. Las últimas semanas no ha podido dormir bien. No había planeado dejar su país y menos como lo tuvo que hacer, de un día para otro, de emergencia, exiliado. Herrera fue la imagen de la persecución que vivieron los jóvenes durante las protestas del año pasado en Colombia. Es la cara de los que siguen sufriendo hoy, cuando ya han pasado varios meses de esos días en los que civiles armados salían a apuntar a cualquiera que se atreviera a manifestarse contra el Gobierno y la policía detenía arbitrariamente a quien quisiera, al que estuviera en la calle.

Su caso fue la máxima evidencia de lo que el país veía a cuentagotas en redes sociales: la represión policial sin límites. El día que a Álvaro lo detuvieron y lo obligaron a autoincriminarse, en una captura que luego fue declarada ilegal, 14 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas en su ciudad, Cali. Que Álvaro esté hoy vivo es un milagro, que pueda volver a su país dependerá de otro. “Solo un milagro podría hacer que regrese”, dice desde Francia, a donde llegó con su única arma: un corno francés. Interpretando ese instrumento fue blanco de la policía, que lo detuvo la tarde del 28 de mayo de 2021. Álvaro iba camino a su casa tras participar en cacerolazo sinfónico, una protesta con música a la que se unieron varios estudiantes de la Universidad del Valle, a la que entró con mucha disciplina y esfuerzo, por lo que hoy lamenta no saber si se podrá graduar. “Siento mucha impotencia, rabia, tristeza. Tuve que dejar todo. A mi mamá, mis estudios, mis amigos”, dice y alza la voz. Álvaro Herrera tiene rabia, lo que ha vivido el último año ha sido una cadena de injusticias.

Colombia supo de él esa tarde de mayo cuando, tras estar varias horas detenido por la policía, se le vio en un video con la cara ensangrentada, sin camisa, atado de manos y diciendo ante una cámara que era un vándalo, que había lanzado piedras y que los golpes los había recibido de otros manifestantes. Las imágenes se viralizaron y fueron celebradas por sectores políticos que insistían en el discurso de que los que protestaban eran personas que solo buscaban desestabilizar al país. Un día después, una jueza le daría la razón a su familia, a sus amigos y a los que lo conocían y sabían que él no había hecho nada aparte de tocar su instrumento. Herrera había sido obligado a autoculparse. La Justicia decretó ilegal su captura y fue liberado. Desde entonces, y con su cara ya conocida en todo el país, ha vivido bajo zozobra. “En mi vida universitaria ya había sentido el estigma de ser parte del movimiento estudiantil, sobre todo el estigma de quienes estudiamos en una universidad pública, pero nunca nada tan grave como ahora. Uno no tiene palabras para expresar la ira y la rabia que se siente tener que dejar el país solo porque protesté, pero si no salía, me mataban”, dice.

Ahora, lejos de casa, dice no tener esa sensación de persecución constante, “que en Colombia sí tenía, en cualquier ciudad, donde estuviera”, pero tampoco está feliz. “No estoy tranquilo, el principio básico del ser humano es tener la tranquilidad de sentirse bien en cualquier lugar, es poder hablar con los que has amado, pero pues salir del país, dejarlo todo y saber que quedan compañeros en esa situación da mucha impotencia”. Tiene 26 años y decidió protestar porque estaba harto. Lo sigue estando. “Si los jóvenes no toman las riendas del país nadie nos va a salvar. Esto no es de partidos ni de ideologías, es de dignidad, es una cuestión de dignidad”, repite enfurecido. Tiene razón. Los estudiantes, como él, piden lo básico en un país que se dice democrático. Igualdad de oportunidades, justicia social, que los jóvenes puedan estudiar, que las universidades públicas tengan las instalaciones que merecen. “Estamos acostumbrados a mirar hacia otro lado, pero no nos miramos a nosotros mismos. La sociedad colombiana tiene que sacar valentía para hacer un cambio, no se puede vivir en un país donde la muerte está normalizada”, cuestiona el músico, que se exalta al dar las cifras de una violencia que parece no tener fin. “[El conflicto ha dejado] 9 millones de desplazados, en solo tres meses del paro nacional [las protestas de 2021] hubo más de 300 desaparecidos. Si hace unos años se hablaba de un Estado fallido, pues parece que ahora sí estamos frente a eso”, dice.

Muchos de los jóvenes que fueron retenidos y reportados como desaparecidos fueron liberados, pero sigue habiendo decenas de jóvenes enjuiciados, algunos con casa por cárcel. Las cifras son inexactas porque el Gobierno nunca se dio a la tarea de llevar un conteo real, lo que se sabe es, sobre todo, gracias a organizaciones de derechos humanos. Álvaro Herrera no se quería ir de Colombia y estaba dispuesto a volver a las calles a protestar, pero sabía que estaba en riesgo y que su familia lo estaba sufriendo. “Mientras usted esté aquí, yo no tendré vida”, cuenta que le dijo su mamá. Un mensaje suficiente para tomar la decisión definitiva. “A los que protestamos en Colombia nos ponen una lápida en la cabeza”, repite varias veces durante la conversación. Según la ONU, al menos 28 personas fueron asesinadas por la policía en las protestas del año pasado.

Es la primera vez que vive fuera de Colombia y estos días no han sido fáciles. El clima, el idioma, la soledad, volver a empezar. “Llevo más de dos semanas sin poder sentarme a estudiar mi instrumento, a pensar en mis piezas. La música es algo tan sublime que no soy capaz de estudiar si estoy mal”. Es su bálsamo, dice. Su instrumento fue lo primero que metió en el equipaje. Su corno y algo de ropa lo acompañan en este viaje, que de emocionante ha tenido poco. “Vivir fuera así, es difícil. No es una maravilla, no es turismo, no es exótico, es otro nivel”, asegura. Una bombilla le ilumina la cara, está a punto de hacerse de noche. Otra vez empieza una jornada larga en la que le costará conciliar el sueño. “Estoy despierto hasta la madrugada, sigo viendo las noticias, no puedo dejar de pensar en lo que está pasando en Colombia”. No se puede desconectar fácil, olvidarse de lo que dejó. “Jamás había experimentado algo así”, dice, pero confía en poder hacer camino en un lugar que no es el suyo aferrado a su corno. Su rabia, a la que llama una rabia digna, no es con el país en el que nació y del que tuvo que salir huyendo. “Colombia no me sacó, me sacaron los que no están de acuerdo con lo que cuestioné en una protesta”, dice.

El proceso para conseguir su asilo está en trámite, si la respuesta es positiva sabe que tendrá que estar allí por varios años. Ya está aprendiendo el idioma y lo hace él solo, con aplicaciones e internet. La erre ya le suena francesa. “Para sobrevivir aquí sé que tengo que aprenderlo y rápido”. Ante la pregunta sobre si ya fue a ver la Torre Eiffel dice que sí. Por fin se le sale una sonrisa.


“La intimidación se ha hecho más fuerte”

Sebastián Caballero, abogado de Álvaro Herrera y de otros tantos jóvenes que protestaron el año pasado, cuenta que el caso del estudiante de Música, que tuvo que salir del país por amenazas tras las manifestaciones, no es el único. También lo tuvo que hacer Noé Muñoz, un estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de San Buenaventura. “Después de que ellos y otros estudiantes decidieron empezar un proceso legal contra el Ministerio de Defensa, la Policía y los civiles que indiscriminadamente salieron a disparar en la ciudad de Cali a los protestantes, la intimidación se ha hecho más fuerte”, cuenta por teléfono el abogado, representante de los estudiantes en el caso.

La próxima semana el proceso tendrá una nueva etapa, en la que está citado uno de los civiles que quedó registrado en cámaras de teléfonos celulares apuntando y disparando a los jóvenes y a los indígenas que intentaron unirse a las marchas en Cali y que fueron recibidos a balazos por civiles, ante los ojos de la policía. La denuncia presentada por los jóvenes, con la representación legal de Caballero, se hizo por los posibles delitos de de secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio en grado de tentativa. El abogado también representa a las familias de las víctimas mortales que dejaron esos días en que estudiantes salieron con la idea de marchar, sin imaginar que algunos no regresarían a casa.

12 feb 2022 - 22:00 COT

Sobre la firma

Sally Palomino:

 

Redactora de EL PAÍS América desde México. Antes fue parte del equipo de EL PAÍS en Colombia. Ha sido reportera de la revista SEMANA en su formato digital y editora web del diario EL TIEMPO, entre otros medios colombianos. Su trabajo periodístico se ha concentrado en tem

Publicado enColombia
Jorge2mg, Protestas en Colombia, 22 de mayo de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Portal_de_la_resistencia.jpg

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

El contexto político de los últimos dos años en Colombia estuvo marcado por la protesta y la movilización social. 2019 cerró con el paro del 21 de noviembre (21-N) y su famosa consigna: “¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!”; un grito que se retomó en el paro del 28 de abril (28-A) y que resonó en las distintas protestas que hubo en el país durante la pandemia. Durante este periodo, además, hubo una serie de innovaciones en las formas de protestar y un aumento de los manifestantes, lo que planteó nuevos retos al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, cuya respuesta predominante fue la represión.

En el caso de Bogotá se observó una mayor recurrencia a la protesta social como mecanismo para la reivindicación de derechos y la participación política que, por supuesto, solo puede entenderse conociendo los antecedentes nacionales de la última década.


2010-2019: algunos hitos antes del Paro Nacional

El pico álgido de protesta y movilización social de 2019-2021 no se puede entender de manera aislada en Bogotá ni en el resto del país. Hace parte de un ciclo más amplio, con antecedentes en 2011, coincidiendo con el proceso de negociación de paz entre el gobierno y las Farc. Este proceso creó oportunidades para que diferentes sectores visibilizaran conflictos sociales de larga data e hicieran un llamado sobre la necesidad de tramitarlos, en la medida en que se percibía al gobierno nacional como más propenso a responder a las voces disidentes y menos proclive a usar la fuerza frente a los reclamos de actores políticos no armados.

Este ciclo se inauguró en 2011 con el paro de los transportadores de carga y con las movilizaciones de estudiantes universitarios en contra de la reforma a la Ley 30 de Educación superior. Las movilizaciones estudiantiles se dieron en distintas ciudades y se prolongaron hasta 2012 en un proceso en el que se creó la Mesa Amplia Nacional de Educación-Mane. Se logró bloquear el proyecto de reforma de ley y se convocaron distintas manifestaciones y concentraciones, como la “gran toma de Bogotá” el 10 de noviembre de 2011, en las que primó el uso de repertorios novedosos como los besatones y los performances artísticos.


El segundo gran momento de este ciclo ocurrió en 2013, cuando distintas organizaciones campesinas de la Región Andina se movilizaron buscando una renegociación de los términos del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Su éxito, sin embargo, radicó en lograr que el gobierno las reconociera como interlocutoras válidas, se reabriera la discusión sobre el libre comercio y sus efectos negativos, y en la construcción de lazos de solidaridad con los habitantes de las ciudades, especialmente de Bogotá.

El tercer momento fue en 2016, con las movilizaciones por el acuerdo de paz, como respuesta a los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Distintas organizaciones sociales realizaron marchas masivas a favor del acuerdo de paz y ejercicios de pedagogía para difundir información veraz sobre el mismo. Su meta era mostrar que amplios sectores de la sociedad sí respaldaban el proceso de negociación, el acuerdo alcanzado y su futura implementación. La participación fue masiva y se extendió a sectores sociales que nunca se habían movilizado, contribuyendo a cambiar su percepción sobre la legitimidad de la protesta social como mecanismo de participación política.

Un cuarto momento llegó con las manifestaciones estudiantiles y de defensores de derechos humanos que se dieron entre 2018 y 2019. Los estudiantes de universidades públicas iniciaron protestas por la defensa de la educación pública, a las que se sumaron sus pares de universidades privadas de manera solidaria y con reclamos propios asociados al endeudamiento con el Icetex. Una de estas convergencias se dio en Bogotá el 25 de septiembre de 2021 entre estudiantes de las Universidades Distrital y Javeriana, quienes bloquearon la carrera 7 y recibieron una respuesta represiva del Esmad, incluidos los gases lacrimógenos que también afectaron a algunos pacientes del Hospital San Ignacio.

La defensa del acuerdo de paz y de los derechos humanos volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública: denuncias por parte de organizaciones y movimientos sociales sobre amenazas y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Se convocó una gran marcha por la defensa de los líderes sociales el 26 de julio de 2019, que tuvo como epicentro Bogotá y contó con una participación masiva de ciudadanos organizados y no organizados.

Con estos antecedentes era de esperarse que el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 contara con una buena acogida: demandas sociales insatisfechas, exclusiones políticas y sociales crecientes, profundización de las desigualdades económicas, violaciones a los DD.HH. y trabas constantes para la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, no dejó de sorprender el número de manifestantes que marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, ni los cambios que se dieron en los repertorios de protesta en Bogotá y otros municipios del país.

¡A parar para avanzar: viva el paro nacional! El grito que empezó en 2019

El 21-N se prolongó hasta mediados de diciembre de 2019 y reunió ciudadanos alrededor de distintas demandas, como la exigencia de la implementación del acuerdo de paz, el respeto a los DD.HH, la defensa de líderes sociales y excombatientes, defensa del medio ambiente y los derechos de las mujeres y de las comunidades Lgbti+, entre otros. El 23 de noviembre, además, esa agenda se amplió e incorporó de manera más explícita el rechazo a la brutalidad policial después de que Dylan Cruz, un estudiante de último año de bachillerato, muriera en Bogotá como consecuencia de un disparo propiciado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional –Esmad. Este caso revivió en la memoria colectiva experiencias pasadas como las muertes de Nicolás Neira, en la marcha del 1 de Mayo de 2005, y de Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011, mientras pintaba un graffiti en la Avenida Boyacá con calle 116.

En el caso específico de Bogotá, el 21-N inauguró una serie de cambios en la forma de protestar. En primer lugar, en los centros tradicionales de protesta que se desplazaron del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a otros lugares de la ciudad como la Plazoleta de los Héroes, el Parque de los Hippies y los portales de Transmilenio de las localidades de Kennedy y Usme. De igual forma, las plazas más pequeñas de los barrios cobraron relevancia al empezar a albergar acciones como las ollas comunitarias, las velatones, asambleas barriales y performances artísticos, principalmente en las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, y Usme. Los cacerolazos, muy populares en diferentes países de América Latina, aparecieron por primera vez en Colombia en el Paro del 21-N, jugando un papel central en la construcción primaria de solidaridad entre vecinos.

Si bien estas marchas decayeron a inicios de 2020, eso no significó que la organización social se desvaneciera. El inicio de las medidas de emergencia por la pandemia del covid-19 crearon dificultades para la movilización social, pero al mismo tiempo tuvieron efectos negativos que motivaron movilizaciones en el país demandando medidas de protección económica, acceso a servicios de salud, reconocimiento de la identidad de género no binaria, y garantías para la reactivación de restaurantes, bares y otro tipo de comercios. Esas solidaridades desencadenadas durante 2019, así como la indignación por el asesinato de Dylan Cruz, serían fundamentales para la reactivación de la movilización en Bogotá en 2020 en el gobierno de Claudia López.

La masacre del 9 y 10 de septiembre


Las primeras protestas visibles de 2020 fueron organizadas por algunos vendedores ambulantes y personas de la comunidad Lgbti+, en oposición a ciertas medidas de la administración distrital durante la pandemia (mención aparte merecen los hechos acontecidos en la Cárcel Modelo de Bogotá el 21 de marzo de 2020). Sin embargo, ninguna alcanzó la magnitud de lo acontecido el 9 y 10 de septiembre cuando estalló una gran protesta en Bogotá para repudiar el asesinato de Javier Ordoñez, residente del barrio Villa Luz, localidad de Engativá. Su muerte se produjo después de que fuera golpeado sin límite alguno por dos patrulleros de policía tras ser detenido por incumplir con el toque de queda impuesto por la administración distrital. La comunidad del barrio organizó una velatón pacífica cerca del CAI donde ocurrieron los hechos y los agentes a cargo respondieron con el despliegue de la fuerza armada en contra de los manifestantes. Esto generó muestras de solidaridad en otros lugares de la ciudad, animadas por la indignación frente al hecho y por la propia experiencia de maltrato a manos de la Policía que muchos ciudadanos, especialmente de clase obrera, experimentan en su vida cotidiana. La represión policial fue de tal magnitud que los hechos han quedado registrados como “La Masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre”.

De acuerdo con el Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020, 14 personas fallecieron, 75 resultaron lesionadas por armas de fuego y 138 fueron detenidas (73 fueron puestas en libertad debido a irregularidades en la captura). Los detenidos fueron sometidos a tratos crueles, hubo privación de atención médica, detenciones masivas, violencia basada en género y violación de la presunción de inocencia, entre otros abusos. Se documentó el uso ilícito de la fuerza por parte de la Policía en acciones como el uso indiscriminado de armas de fuego, las detenciones arbitrarias y el empleo de la violencia física o psicológica contra detenidos. Esta situación, de acuerdo con el mismo informe, se vio facilitada por la falta de órdenes claras y jerárquicas, poca disponibilidad de Esmad en los puntos de mayores concentraciones y la orden del retiro de los gestores de convivencia por parte de la Alcaldía Mayor, entre otras; todas acciones en las que el gobierno de la ciudad tiene una gran responsabilidad política, por decir lo menos.

Ya entre febrero y abril de 2021 Bogotá fue escenario de nuevas protestas; esta vez, los dueños de bares y restaurantes se movilizaron para expresar su rechazo a los constantes cambios en las directrices de la Alcaldía sobre apertura y cierre de los establecimientos. Estas protestas fueron fuertemente reprimidas por la Policía en enfrentamientos que dejaron varios heridos, como Gareth Sella, el joven que perdió un ojo a causa de un disparo de un agente del Esmad, con lo que se ratifica el constante y desproporcionado uso de la fuerza, y poca voluntad política para erradicarla..

El 28 de abril: más protesta y represión


Con ese telón de fondo, las centrales obreras convocaron el paro del 28-A para exigir al gobierno nacional el retiro del proyecto de reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en trámite en el Congreso de la República. A este llamado se sumaron cientos de miles de personas en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Pereira y Popayán, que mantuvieron las manifestaciones hasta el mes de junio, pese a que el gobierno retiró el proyecto de reforma una semana después del inicio de las manifestaciones.

La respuesta del gobierno nacional, al igual que la de los gobiernos distritales y municipales, se concentró en el uso desmedido de la fuerza policial para desincentivar las protestas. Así, de acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 se produjeron algunas cifras de horror: 58 asesinados; 1.113 personas lesionadas, especialmente en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán; 783 reportes de personas no ubicadas, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, de las cuales la Fiscalía localizó a 335; y, 113 hechos de violencia basada en género, de los cuales 112 fueron ocasionados por la Fuerza Pública.

Pese a ello, la innovación en la movilización social se mantuvo y los jóvenes fueron protagonistas en distintas ciudades, especialmente en Bogotá. Las Primeras Líneas, que ya habían aparecido en el paro del 21-N con el objetivo de evitar la disolución de las manifestaciones por parte de la Policía, se hicieron mucho más visibles como actores políticos. También aparecieron otras Primeras Líneas como la jurídica, la de salud y la de las mamás, para defender a los manifestantes de las detenciones arbitrarias y atender a los heridos en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los “agentes del orden”.

Integrantes de las barras futboleras de Santa Fe, Millonarios, Nacional y América también convergieron en Bogotá, donde las rivalidades se superaron durante las manifestaciones; muchos de estos jóvenes hicieron parte de las primeras líneas, pero también llevaron a cabo sus propias protestas, como aquellas de rechazo a la organización de la Copa América en el país. Esta organización fue muy importante para reconocer el trabajo político y social que muchas barras han llevado a cabo en distintos barrios populares de la ciudad, mostrando que su participación política va más allá de los temas relacionados con el fútbol y la violencia.

En ese mismo sentido, jóvenes de distintos barrios convergieron en El Portal Resistencia y el Portal de Usme para mantener la protesta social y dar visibilidad a demandas de acceso a la educación, el empleo y la participación política. Estos dos portales, que se convirtieron en símbolos de la protesta social, fueron también un blanco de la represión policial que tendió a concentrarse en barrios populares de la ciudad, opacando otras posibilidades de interacción entre manifestantes y autoridades, como el diálogo, la negociación y el aprendizaje.

La sociedad cambió y el gobierno no entendió

Este rápido recorrido por la protesta social en Bogotá muestra que la sociedad ha cambiado; se perdió el miedo a protestar y se entendió que así también se participa y se logran cambios. Sin embargo, el gobierno nacional, en manos del Centro Democrático, y el gobierno distrital, en manos del Partido Verde, parecen negarse a entenderlo. La sociedad colombiana ha madurado políticamente, se muestra con capacidad para levantar su voz y exige una interacción más simétrica con el poder establecido a la hora de buscar cambios sociales; el gobierno, al contrario, niega ese cambio y asume una respuesta represiva que no solo impide el diálogo sino que busca desconocer la capacidad de agencia de los ciudadanos.

En esta nueva fase no solo es necesario pensar en los conflictos sociales que subyacen a la protesta, sino también en el proceso de ampliación de participación política que se está dando a través de esta. La diversificación de los repertorios de movilización ha facilitado el aumento de participantes en protestas, marchas, cacerolazos, concentraciones y otras formas de expresión de solidaridad; los ciudadanos movilizados están empezando a converger en movimientos y organizaciones sociales que se conforman alrededor de temas diversos como los DD.HH, la defensa del medio ambiente, el acceso a la educación, el empleo o los derechos de las mujeres y las comunidades Lgbti+. Es hora de que los gobiernos nacional y distrital empiecen a escuchar que la represión de 2019-2021 solo ha conducido a profundizar los conflictos sociales y está lejos de desincentivar la movilización social.

* Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana
** Santiago Garcés, “Masacres en Bogotá: Elementos históricos y coyunturales para su comprensión”. Revista 100 días vistos, Cinep.

 

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Jorge2mg, Protestas en Colombia, 22 de mayo de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Portal_de_la_resistencia.jpg

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El contexto político de los últimos dos años en Colombia estuvo marcado por la protesta y la movilización social. 2019 cerró con el paro del 21 de noviembre (21-N) y su famosa consigna: “¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!”; un grito que se retomó en el paro del 28 de abril (28-A) y que resonó en las distintas protestas que hubo en el país durante la pandemia. Durante este periodo, además, hubo una serie de innovaciones en las formas de protestar y un aumento de los manifestantes, lo que planteó nuevos retos al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, cuya respuesta predominante fue la represión.

En el caso de Bogotá se observó una mayor recurrencia a la protesta social como mecanismo para la reivindicación de derechos y la participación política que, por supuesto, solo puede entenderse conociendo los antecedentes nacionales de la última década.


2010-2019: algunos hitos antes del Paro Nacional

El pico álgido de protesta y movilización social de 2019-2021 no se puede entender de manera aislada en Bogotá ni en el resto del país. Hace parte de un ciclo más amplio, con antecedentes en 2011, coincidiendo con el proceso de negociación de paz entre el gobierno y las Farc. Este proceso creó oportunidades para que diferentes sectores visibilizaran conflictos sociales de larga data e hicieran un llamado sobre la necesidad de tramitarlos, en la medida en que se percibía al gobierno nacional como más propenso a responder a las voces disidentes y menos proclive a usar la fuerza frente a los reclamos de actores políticos no armados.

Este ciclo se inauguró en 2011 con el paro de los transportadores de carga y con las movilizaciones de estudiantes universitarios en contra de la reforma a la Ley 30 de Educación superior. Las movilizaciones estudiantiles se dieron en distintas ciudades y se prolongaron hasta 2012 en un proceso en el que se creó la Mesa Amplia Nacional de Educación-Mane. Se logró bloquear el proyecto de reforma de ley y se convocaron distintas manifestaciones y concentraciones, como la “gran toma de Bogotá” el 10 de noviembre de 2011, en las que primó el uso de repertorios novedosos como los besatones y los performances artísticos.


El segundo gran momento de este ciclo ocurrió en 2013, cuando distintas organizaciones campesinas de la Región Andina se movilizaron buscando una renegociación de los términos del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Su éxito, sin embargo, radicó en lograr que el gobierno las reconociera como interlocutoras válidas, se reabriera la discusión sobre el libre comercio y sus efectos negativos, y en la construcción de lazos de solidaridad con los habitantes de las ciudades, especialmente de Bogotá.

El tercer momento fue en 2016, con las movilizaciones por el acuerdo de paz, como respuesta a los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Distintas organizaciones sociales realizaron marchas masivas a favor del acuerdo de paz y ejercicios de pedagogía para difundir información veraz sobre el mismo. Su meta era mostrar que amplios sectores de la sociedad sí respaldaban el proceso de negociación, el acuerdo alcanzado y su futura implementación. La participación fue masiva y se extendió a sectores sociales que nunca se habían movilizado, contribuyendo a cambiar su percepción sobre la legitimidad de la protesta social como mecanismo de participación política.

Un cuarto momento llegó con las manifestaciones estudiantiles y de defensores de derechos humanos que se dieron entre 2018 y 2019. Los estudiantes de universidades públicas iniciaron protestas por la defensa de la educación pública, a las que se sumaron sus pares de universidades privadas de manera solidaria y con reclamos propios asociados al endeudamiento con el Icetex. Una de estas convergencias se dio en Bogotá el 25 de septiembre de 2021 entre estudiantes de las Universidades Distrital y Javeriana, quienes bloquearon la carrera 7 y recibieron una respuesta represiva del Esmad, incluidos los gases lacrimógenos que también afectaron a algunos pacientes del Hospital San Ignacio.

La defensa del acuerdo de paz y de los derechos humanos volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública: denuncias por parte de organizaciones y movimientos sociales sobre amenazas y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Se convocó una gran marcha por la defensa de los líderes sociales el 26 de julio de 2019, que tuvo como epicentro Bogotá y contó con una participación masiva de ciudadanos organizados y no organizados.

Con estos antecedentes era de esperarse que el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 contara con una buena acogida: demandas sociales insatisfechas, exclusiones políticas y sociales crecientes, profundización de las desigualdades económicas, violaciones a los DD.HH. y trabas constantes para la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, no dejó de sorprender el número de manifestantes que marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, ni los cambios que se dieron en los repertorios de protesta en Bogotá y otros municipios del país.

¡A parar para avanzar: viva el paro nacional! El grito que empezó en 2019

El 21-N se prolongó hasta mediados de diciembre de 2019 y reunió ciudadanos alrededor de distintas demandas, como la exigencia de la implementación del acuerdo de paz, el respeto a los DD.HH, la defensa de líderes sociales y excombatientes, defensa del medio ambiente y los derechos de las mujeres y de las comunidades Lgbti+, entre otros. El 23 de noviembre, además, esa agenda se amplió e incorporó de manera más explícita el rechazo a la brutalidad policial después de que Dylan Cruz, un estudiante de último año de bachillerato, muriera en Bogotá como consecuencia de un disparo propiciado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional –Esmad. Este caso revivió en la memoria colectiva experiencias pasadas como las muertes de Nicolás Neira, en la marcha del 1 de Mayo de 2005, y de Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011, mientras pintaba un graffiti en la Avenida Boyacá con calle 116.

En el caso específico de Bogotá, el 21-N inauguró una serie de cambios en la forma de protestar. En primer lugar, en los centros tradicionales de protesta que se desplazaron del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a otros lugares de la ciudad como la Plazoleta de los Héroes, el Parque de los Hippies y los portales de Transmilenio de las localidades de Kennedy y Usme. De igual forma, las plazas más pequeñas de los barrios cobraron relevancia al empezar a albergar acciones como las ollas comunitarias, las velatones, asambleas barriales y performances artísticos, principalmente en las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, y Usme. Los cacerolazos, muy populares en diferentes países de América Latina, aparecieron por primera vez en Colombia en el Paro del 21-N, jugando un papel central en la construcción primaria de solidaridad entre vecinos.

Si bien estas marchas decayeron a inicios de 2020, eso no significó que la organización social se desvaneciera. El inicio de las medidas de emergencia por la pandemia del covid-19 crearon dificultades para la movilización social, pero al mismo tiempo tuvieron efectos negativos que motivaron movilizaciones en el país demandando medidas de protección económica, acceso a servicios de salud, reconocimiento de la identidad de género no binaria, y garantías para la reactivación de restaurantes, bares y otro tipo de comercios. Esas solidaridades desencadenadas durante 2019, así como la indignación por el asesinato de Dylan Cruz, serían fundamentales para la reactivación de la movilización en Bogotá en 2020 en el gobierno de Claudia López.

La masacre del 9 y 10 de septiembre


Las primeras protestas visibles de 2020 fueron organizadas por algunos vendedores ambulantes y personas de la comunidad Lgbti+, en oposición a ciertas medidas de la administración distrital durante la pandemia (mención aparte merecen los hechos acontecidos en la Cárcel Modelo de Bogotá el 21 de marzo de 2020). Sin embargo, ninguna alcanzó la magnitud de lo acontecido el 9 y 10 de septiembre cuando estalló una gran protesta en Bogotá para repudiar el asesinato de Javier Ordoñez, residente del barrio Villa Luz, localidad de Engativá. Su muerte se produjo después de que fuera golpeado sin límite alguno por dos patrulleros de policía tras ser detenido por incumplir con el toque de queda impuesto por la administración distrital. La comunidad del barrio organizó una velatón pacífica cerca del CAI donde ocurrieron los hechos y los agentes a cargo respondieron con el despliegue de la fuerza armada en contra de los manifestantes. Esto generó muestras de solidaridad en otros lugares de la ciudad, animadas por la indignación frente al hecho y por la propia experiencia de maltrato a manos de la Policía que muchos ciudadanos, especialmente de clase obrera, experimentan en su vida cotidiana. La represión policial fue de tal magnitud que los hechos han quedado registrados como “La Masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre”.

De acuerdo con el Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020, 14 personas fallecieron, 75 resultaron lesionadas por armas de fuego y 138 fueron detenidas (73 fueron puestas en libertad debido a irregularidades en la captura). Los detenidos fueron sometidos a tratos crueles, hubo privación de atención médica, detenciones masivas, violencia basada en género y violación de la presunción de inocencia, entre otros abusos. Se documentó el uso ilícito de la fuerza por parte de la Policía en acciones como el uso indiscriminado de armas de fuego, las detenciones arbitrarias y el empleo de la violencia física o psicológica contra detenidos. Esta situación, de acuerdo con el mismo informe, se vio facilitada por la falta de órdenes claras y jerárquicas, poca disponibilidad de Esmad en los puntos de mayores concentraciones y la orden del retiro de los gestores de convivencia por parte de la Alcaldía Mayor, entre otras; todas acciones en las que el gobierno de la ciudad tiene una gran responsabilidad política, por decir lo menos.

Ya entre febrero y abril de 2021 Bogotá fue escenario de nuevas protestas; esta vez, los dueños de bares y restaurantes se movilizaron para expresar su rechazo a los constantes cambios en las directrices de la Alcaldía sobre apertura y cierre de los establecimientos. Estas protestas fueron fuertemente reprimidas por la Policía en enfrentamientos que dejaron varios heridos, como Gareth Sella, el joven que perdió un ojo a causa de un disparo de un agente del Esmad, con lo que se ratifica el constante y desproporcionado uso de la fuerza, y poca voluntad política para erradicarla..

El 28 de abril: más protesta y represión


Con ese telón de fondo, las centrales obreras convocaron el paro del 28-A para exigir al gobierno nacional el retiro del proyecto de reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en trámite en el Congreso de la República. A este llamado se sumaron cientos de miles de personas en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Pereira y Popayán, que mantuvieron las manifestaciones hasta el mes de junio, pese a que el gobierno retiró el proyecto de reforma una semana después del inicio de las manifestaciones.

La respuesta del gobierno nacional, al igual que la de los gobiernos distritales y municipales, se concentró en el uso desmedido de la fuerza policial para desincentivar las protestas. Así, de acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 se produjeron algunas cifras de horror: 58 asesinados; 1.113 personas lesionadas, especialmente en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán; 783 reportes de personas no ubicadas, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, de las cuales la Fiscalía localizó a 335; y, 113 hechos de violencia basada en género, de los cuales 112 fueron ocasionados por la Fuerza Pública.

Pese a ello, la innovación en la movilización social se mantuvo y los jóvenes fueron protagonistas en distintas ciudades, especialmente en Bogotá. Las Primeras Líneas, que ya habían aparecido en el paro del 21-N con el objetivo de evitar la disolución de las manifestaciones por parte de la Policía, se hicieron mucho más visibles como actores políticos. También aparecieron otras Primeras Líneas como la jurídica, la de salud y la de las mamás, para defender a los manifestantes de las detenciones arbitrarias y atender a los heridos en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los “agentes del orden”.

Integrantes de las barras futboleras de Santa Fe, Millonarios, Nacional y América también convergieron en Bogotá, donde las rivalidades se superaron durante las manifestaciones; muchos de estos jóvenes hicieron parte de las primeras líneas, pero también llevaron a cabo sus propias protestas, como aquellas de rechazo a la organización de la Copa América en el país. Esta organización fue muy importante para reconocer el trabajo político y social que muchas barras han llevado a cabo en distintos barrios populares de la ciudad, mostrando que su participación política va más allá de los temas relacionados con el fútbol y la violencia.

En ese mismo sentido, jóvenes de distintos barrios convergieron en El Portal Resistencia y el Portal de Usme para mantener la protesta social y dar visibilidad a demandas de acceso a la educación, el empleo y la participación política. Estos dos portales, que se convirtieron en símbolos de la protesta social, fueron también un blanco de la represión policial que tendió a concentrarse en barrios populares de la ciudad, opacando otras posibilidades de interacción entre manifestantes y autoridades, como el diálogo, la negociación y el aprendizaje.

La sociedad cambió y el gobierno no entendió

Este rápido recorrido por la protesta social en Bogotá muestra que la sociedad ha cambiado; se perdió el miedo a protestar y se entendió que así también se participa y se logran cambios. Sin embargo, el gobierno nacional, en manos del Centro Democrático, y el gobierno distrital, en manos del Partido Verde, parecen negarse a entenderlo. La sociedad colombiana ha madurado políticamente, se muestra con capacidad para levantar su voz y exige una interacción más simétrica con el poder establecido a la hora de buscar cambios sociales; el gobierno, al contrario, niega ese cambio y asume una respuesta represiva que no solo impide el diálogo sino que busca desconocer la capacidad de agencia de los ciudadanos.

En esta nueva fase no solo es necesario pensar en los conflictos sociales que subyacen a la protesta, sino también en el proceso de ampliación de participación política que se está dando a través de esta. La diversificación de los repertorios de movilización ha facilitado el aumento de participantes en protestas, marchas, cacerolazos, concentraciones y otras formas de expresión de solidaridad; los ciudadanos movilizados están empezando a converger en movimientos y organizaciones sociales que se conforman alrededor de temas diversos como los DD.HH, la defensa del medio ambiente, el acceso a la educación, el empleo o los derechos de las mujeres y las comunidades Lgbti+. Es hora de que los gobiernos nacional y distrital empiecen a escuchar que la represión de 2019-2021 solo ha conducido a profundizar los conflictos sociales y está lejos de desincentivar la movilización social.

* Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana
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Publicado enEdición Nº287
Uno de los últimos bloqueos de ruta en Santa Cruz. . Imagen: EFE

El proyecto que ya había sido retirado del Parlamento motivó nueve días de protesta

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y uno de los principales impulsores del paro, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que "la lucha debe continuar".

 

Las actividades volvieron progresivamente a la normalidad en Bolivia luego de que sectores de la oposición, comerciantes y transportistas levantaran un paro que duró nueve días hasta la derogación de una resistida ley antilavado. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que "la lucha debe continuar". La misma decisión adoptaron los cívicos del departamento de Potosí, el otro epicentro de las protestas que el gobierno de Luis Arce evaluó como un nuevo intento de golpe.

Emergencia y cuarto intermedio

La oriental Santa Cruz, la región boliviana que encabezó las movilizaciones contra la anulada ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, decidió levantar las presiones aunque se mantiene en estado de emergencia. "Hemos conseguido este logro del pueblo, pero es sólo una batalla, la lucha debe continuar", indicó Rómulo Calvo en rueda de prensa.

"Levantamos el paro indefinido desde este momento y nos declaramos en emergencia y movilización permanente", anunció Calvo antes de insistir en que la administración de Luis Arce "ha salido derrotada" porque "no han logrado doblegar a un pueblo que valientemente defendió con firmeza y convicción su derecho".

La decisión de suspender el paro no fue bien recibida por ciertos sectores y, durante la noche del martes, grupos identificados con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) cercaron el edificio que alberga al Comité Cívico Pro Santa Cruz para pedir la renuncia de Calvo, a quien tildaron de "traidor".

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) llamó a las autoridades a evitar la confrontación e ingresar a un "diálogo sincero, limpio y constructivo sobre una agenda nacional" porque la apertura hacia un "Estado autocrático" es el riesgo en caso de aprobarse proyectos y leyes de "dudosa constitucionalidad".

El tránsito en las calles cruceñas y la actividad económica se reestablecieron el miércoles luego del levantamiento del paro. Mientras tanto los cívicos de Potosí, el otro foco fuerte de las protestas, declararon un cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta fin de año. Cabe recordar que en Potosí murió un campesino como consecuencia de los enfrentamientos entre cívicos y seguidores del MAS.

A pesar de la derogación de la ley 1386, algunos sectores en La Paz como la Asamblea de la Paceñidad adelantaron que se realizará una gran marcha a favor de la reposición de los dos tercios en las votaciones legislativas y el rechazo de algunas leyes en el marco del "regocijo" de la ley ya abrogada. En contrapunto, organizaciones sociales afines al gobierno también han convocado a cabildos y marchas en ciudades como El Alto, Santa Cruz y Chuquisaca en respaldo a la gestión de Arce.

Evaluación de pérdidas y nuevo proyecto

"Evaluamos las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades, y analizamos medidas para revertirlas", escribió en Twitter el presidente de Bolivia, Luis Arce, en una publicación en la que adjuntó fotografías de la reunión de gabinete ministerial de este miércoles. Por su parte, el expresidente Evo Morales aseguró: "Cada día, con esfuerzo y dignidad el pueblo trabajador derrota los afanes golpistas de cívicos racistas y derechistas que con paros violentos atentan contra la economía de Bolivia".

El gobierno boliviano promulgó en la noche del martes la norma que anula la ley 1386 y la publicó en la Gaceta Oficial, que era uno de los requisitos que exigían los sectores movilizados para levantar el paro. La medida de fuerza encarada por comerciantes, transportistas, cívicos y plataformas de opositores fue señalada por el gobierno como un nuevo intento de golpe de Estado similar al que se produjo durante la crisis de 2019. 

De todas formas, algunas voces críticas dentro del oficialismo admitieron que lo que falló fue la "socialización" que debió hacer el Ejecutivo y los ministerios antes de la aprobación de una ley que la oposición consideró que atentaba contra las libertades ciudadanas. En esa línea, el gobierno boliviano aseguró que trabajará, en colaboración con los sectores pertinentes, en una nueva ley contra la regularización de las ganancias ilegales, cuyo borrador espera tener para diciembre.

18 de noviembre de 2021

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Chile, entre la rebelión popular, las elecciones y una Constituyente descafeinada

La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración. No olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo aliado el Frente Amplio, cuya cara es Gabriel Boric. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la "paz y una nueva Constitución" definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal. Para lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto. Así, bastaría un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición. Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se reditaron cuando los convencionales votaron su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios. Así, la derecha, la ex concertación, el Frente Amplio, independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una redacción con efectos reales para la ciudadanía. Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la inversión en sanidad, vivienda, educación. Por otro lado, ni pensar que los convencionales determinen que las riquezas del país no puedan ser vendidas a extranjeros. Las trasnacionales tendrán carta blanca para explotar los yacimientos de cobre, litio y de paso repatriar sus beneficios vía tratados de libre comercio. La Constituyente camina desoyendo las voces que dieron lugar a la rebelión popular.

La rebelión plantea preguntas que a dos años siguen sin respuesta. La movilización no ha cuajado en un proyecto. La crítica a la corrupción, a los partidos políticos, a la represión del pueblo mapuche, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio climático, la privatización de la educación, la sanidad, la desigualdad social no ha sido suficiente para construir una alternativa; seguramente no era su objetivo. Pero la protesta, debió ser un punto de partida. Tal vez, las esperanzas se centraron en esa candidatura de independientes a la convención constituyente La Lista del Pueblo. Tuvo 24 constituyentes, hoy no existe. Se disolvió víctima de los males que combatía. El personalismo, la corrupción, la mentira, las malas artes políticas.

Las protestas en estos dos años, han tenido una constante, el grado de violencia con el cual se han empleado las fuerzas armadas y de carabineros contra los manifestantes. La gravedad de sus actuaciones se acrecienta. El uso indiscriminado del material antidisturbios ha significado decenas de muertos, lesiones oculares, violaciones y miles de detenidos. El Estado chileno no ha tenido límites para ejercer la represión. El mantenimiento del Estado de excepción, la militarización del Wallmapu, la aparición de paramilitares contratados por las empresas madereras para acosar e intimidar al pueblo mapuche, son los síntomas de la degradación y la perdida de legitimidad del gobierno. A pesar de ello, las protestas se han mantenido en medio de la pandemia. No es sólo Santiago, se desarrollan huelgas, paros de sanitarios, profesores, estudiantes, estibadores, pescadores, movimiento feminista y pueblos originarios. Es en toda su geografía.

La celebración de la rebelión popular busca mantener el sentido que llevó a millones de chilenos a tomar las calles clamando el fin de la Constitución pinochetista y una sociedad más justa. Hoy se suma a lo dicho, la demanda de libertad para los presos políticos detenidos durante la rebelión popular de 2019. Mientras, el partido del orden y sus nuevos aliados debaten sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuyos índices de abstención superan 50 por ciento. A pesar de ello, todo parece indicar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad y miembro del Frente Amplio, ocupará una plaza. Lo que se cuestiona es quién lo acompañará en segunda vuelta. La derecha se divide entre Sichel y el nazifascista José Antonio Kast. Por otro lado, está la democristiana Yasna Provoste, quien cuenta con apoyos entre las clases medias y sectores empresariales. En esta disyuntiva, es posible que una parte de la derecha apoye a Provoste para una segunda vuelta. En conclusión, a dos años de la rebelión popular, gane quien gane en las presidenciales, Chile seguirá bajo las leyes del mercado, gracias a una nueva Constitución que avalará su argumentario.

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