Foto Cric.

Desde la Casa de Nariño, mostrando autoridad, el pasado 30 de agosto el gobierno nacional envió una advertencia de desalojar, en un plazo máximo de 48 horas, a los responsables de la “invasión de tierras” en zonas como Valle del Cauca, Cauca, Huila y Cesar. De acuerdo al Gobierno, lo allí manifestado son conductas “reprochables”. Su llamado fue a “[…] respetar la propiedad privada”.

De esta manera empezó la primera puja entre el gobierno del Pacto Histórico y algunos sectores de los movimientos sociales –en especial indígenas y campesinos– que demandan tierra desde hace décadas sin encontrar eco positivo. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la tenencia de tierra según diversos informes, entre ellos el de Oxfam1.

Desigualdad y concentración de la propiedad de la tierra que no solo se mantiene sino que crece desde hace décadas, arrojando en la actualidad un coeficiente Gini a nivel nacional superior al 0.83. No puede ser diferente: existen 5 mil 842 Unidades Productoras (0.25% del número total) con un área superior a 1.000 hectáreas, cuya área acumulada asciende hasta unos 80.4 millones de hectáreas (74% del área total)2. Además, según un estudio de Oxfam a partir del último Censo Agropecuario realizado en el 2014 por el Dane, las pequeñas fincas se han fragmentado aún más, perdiendo cada vez más territorio: hoy el 80 por ciento de las fincas tienen menos de 10 hectáreas y no llegan a ocupar ni el 5 por ciento de la superficie total censada3.

Una realidad que demuestra que el país ha transitado durante décadas por vía contraria a la que ocupa la justicia social, materializada en este caso en la negación al recurso insustituible para quienes tienen en la tierra la vía fundamental para solventar sus vidas.

Sobre estos tópicos, en entrevista con desdeabajo Sebastián Giraldo, dinamizador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –Acin–, resaltó con visión histórica que el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– empezó el proceso de recuperación de tierras en los años 60 en unidad con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc–.

Sentado y cuchareando su plato de comida, a cuyo fondo las luciérnagas dejan rastro de su sonido, Sebastián recordó: “Hubo dos fincas muy emblemáticas en las que ingresaron varias comunidades indígenas en esa época: El Credo, en la parte alta de Caloto y otra finca en Silvia. Desde ahí hubo todo un proceso de Reforma Agraria o de Revolución Agraria, por así decirlo, desde entonces han sido recuperadas alrededor de 70 mil hectáreas de tierra en el Cauca, tierra que pasó de manos de los grandes terratenientes a varias de las comunidades, en un proceso que tomó más de 20 años. Las últimas recuperaciones de esa gran oleada terminaron en 1996, más o menos, luego de ejecutada en el año 91 la masacre en la finca El Nilo en Caloto y en la que fueron asesinados 20 indígenas, producto de lo cual hubo una reparación que implicó la entrega de las últimas fincas. Una reparación parcial porque todavía no se ha entregado el total de las 15 mil hectáreas que el Estado quedó comprometido a indemnizar”.

Con la última oleada de recuperación de tierras, que hoy llaman liberación de la madre tierra, que empezó el 15 de diciembre de 2014 y hasta la fecha, son bastantes las haciendas ocupadas. Según Sebastián, alrededor de 27 fincas hay en proceso de recuperación en todo el norte del Cauca, más o menos unas 12.600 hectáreas. Es por ello que le preguntamos:

—Denuncian distintos sectores que los indígenas tiene mucha tierra. ¿Qué de real tiene esto? Y su respuesta fue inmediata y precisa:
—“Si bien es cierto lo informado por la Agencia Nacional de Tierras, de que los pueblos indígenas en resguardos constituidos tienen 33 millones de hectáreas, la mayoría de esas hectáreas no son del pueblo nasa ni están en el Cauca, están en departamentos de la región Amazónica y Orinoquia, y también en La Guajira. Si se mira en detalle, esos millones de hectáreas son selvas, bosques y áreas de protección ambiental.

Por su parte, de los 3 millones de hectáreas que tiene el Cauca solo el 17 por ciento es de resguardos indígenas, de ellas más o menos 600 mil hectáreas entre resguardos coloniales y republicanos; pero en el norte del Cauca, que es donde tiene más fuerza el proceso liberador de tierras solo se cuenta con algo así como 89 mil hectáreas para una población de 130.700 personas, más o menos 43 mil familias.

Además, y esto no puede olvidarse, la mitad de estas 89 mil hectáreas tienen restricciones de uso por diferentes factores, sobre todo porque son reservas forestales y parques naturales (ley 2 de 1959) y, las solicitudes de ampliación y aprobación de nuevas tierras para sus pobladores han estado muy demoradas”.

 


Promesas incumplidas
y contrarreforma


El problema de la tierra ha tenido varios intentos de solución vía reformas agrarias –fallidas– en Colombia. Así sucedió, por ejemplo, con la ley 200 de 1936, desmontada con la ley 100 de 1944 y más tarde la ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora–, ley incumplida y al final desmontada con el famoso Pacto de Chicoral y con la ley 4 de 19734; otra pretensión de reforma es la resumida en la ley 160 de 1994, impulsada por el actual Ministro de Hacienda, una reforma limitada, según recomendaciones del Banco Mundial, a la promoción de un mercado “libre” de compra y venta de tierras5. En consecuencia le preguntamos a Sebastián Giraldo:

—El Ministerio de Agricultura ha anunciado una Reforma Agraria, ¿cómo podría hacerse efectiva en el Cauca?
—“Para que sea efectiva la Reforma Agraria tiene que hacerse un gran diálogo social entre distintos sectores, para tratar de superar por esa vía las fronteras étnicas con que pretenden ennublar el inmenso faltante de tierra que afecta a estos pueblos. En la lucha por tierra, como lo he comentado, hubo avances desde 1991 en la garantía de derechos en comunidades étnicas, pero no así en el sector campesino.

Como resultado de ello el campesinado giró a algo así como una etnización estratégica, tratando de asimilarse como sujetos antropológicamente diferenciados y, por tanto, sujetos de derechos. Pero de los impactos negativos de ese multiculturalismo colombiano, por así decirlo, tenemos que ahora resaltan el discurso que diferencia indígenas, afros o campesinos. En ocasiones una cosa se vuelve contraria de la otra y se vuelve peligrosa, en este caso las fronteras étnicas llegan a ser fuentes generadoras de conflictos que impiden una articulación de todos los sectores sociales que necesitan la tierra.

Entonces, lo primero que ahora nos urge es hacer un gran diálogo escalonado entre comunidades para ir buscando un lenguaje inclusivo que vaya desmontando las fronteras de lo étnico y permita sumar fuerza social, y así poder afrontar la lucha por el derecho a la tierra al unísono, como negados, excluidos y pobres que somos.

 

 

Precisar acá, que si bien hubo avances en el Cauca aún la concentración de la tierra sigue siendo muy grande, con un Gini de 0,9, siendo uno de los más grandes del país y en el norte del Cauca rondando el de 0,7”.

Las circunstancias de vida no mejoran, y además continúa la situación de violencia en esa región. Aparte de la íntimidante advertencia del Gobierno de turno para que las comunidades desalojen los predios recuperados, actualmente el asedio paramilitar en la zona del norte del Cauca tiene una alta intensidad de victimizaciones en municipios como Corinto, Gauchené, Santander de Quilichao y Caloto. Allí, paramilitares de las Águilas Negras –bloque Suroccidental– y las AGC, en asociación con el llamado Cartel de Sinaloa, amenazan a través de panfletos y mensajes de texto dirigidos a líderes sociales de base, especialmente de comunidades étnicas y campesinas que apoyan el proceso de implementación de los acuerdos de paz (Defensoría del Pueblo, 2019, 2020, 2021)6. Una realidad que invita a que seamos y actuemos como un solo dique, que también deja correr sus aguas cuando es necesario.

Una realidad de injusticia y violencia, además de presión íntimidante de parte del Gobierno, que llevó a que la Acin se pronunciara, precisando: “La espada de Bolívar no puede ser envainada hasta que no se haga justicia frente a la extrema inequidad que el dominio colonial ha dejado sobre el derecho al acceso y uso equitativo de los frutos que provee la madre tierra, usurpada de manera violenta de la mano de los grandes terratenientes y empresarios a sus habitantes originarios, pero será siempre el diálogo y no la violencia, nuestra apuesta y nuestro compromiso por el Cauca y Colombia”.

Acotación indígena que invita a recordar las palabras pronunciadas por el Presidente Petro el 7 de agosto, al ordenar traer la espada de Bolívar: “Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros y nosotras. Y quiero que nunca más este enterrada ni retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario El Libertador, cuando haya justicia en este país, que sea del pueblo, es la espada del pueblo”. ¿Cuándo llegará esa justicia que hará envainar la espada? ¿En 48 horas?

De sur a norte

Las horas del reloj no se detienen y tampoco frenan la crítica y compleja situación de violencia con que pretenden distintos actores bloquear los procesos de recuperación de tierras en el Cesar, donde la mayor tensión y vulneración de derechos humanos se encuentra en los municipios de Astrea, exactamente en el predio Génova; en Chimichagua, con los predios rurales Santa María y La Oficina; en Tamalameque, vereda Bocas, con los predios de Machín, Berlín y Los Mangos; en San Martín, por el corregimiento Puerto Oculto está el predio El Reposo. También en el Magdalena en el municipio de El Banco, y en Santander en el municipio de Río Negro.

Jorge Niño, abogado del equipo de trabajo del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en entrevista con desdeabajo contó sobre la situación de los 62 procesos que acompaña en el Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur y centro del Cesar, y los Santanderes. Todos hacen parte de la Comisión de Interlocución, todos procesos de tierra de comunidades campesinas víctimas y revictimizados en el marco del conflicto armado interno de Colombia.

—¿Cómo está la situación en esos municipios y predios?
—Estos procesos están muy críticos, con presencia de actores armados, que al parecer cumplen órdenes de poderes e intereses políticos y económicos de terratenientes, empresarios agroindustriales y ganaderos de la zona.

—¿Son casos de campesinos que han sido desplazados o han sufrido de procesos de violencia, o solo campesinos sin tierra?
— Son procesos de recuperación de tierra y defensa del territorio de población campesina y agrominera que han sido desplazados y han sufrido violencia; son víctimas del conflicto armado por desplazamiento y despojo de tierras. También de otros hechos como amenazas, desaparición y homicidios.

—¿Las fincas ahora ocupadas hacen parte de un reclamo jurídico?
— Estos son predios de zona rural y hacen parte de procesos jurídicos, más que jurídico van por vía administrativa y algunos otros en el Consejo de Estado en donde hemos instaurado demandas contra actos administrativos proferidos en su época por el Incora, entidad que adjudicó baldíos reservados, y que por su misma naturaleza no debieron salir del dominio público al dominio. privado. Al ser adjudicados están siendo utilizados para proyectos ganaderos y agroindustriales con afectación del ecosistema, desaparición y desviación de cauces de ríos, con un impacto ambiental bastante grave para las comunidades campesinas que viven en ese territorio desde la época de los grupos paramilitares, padeciendo despojó y desplazamiento.

Actuar paramilitar que continúa hasta la fecha y con antecedentes en el Nororiente colombiano con el asesinato de líderes sociales como Aldemar Parra García, presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar en 2017; Fabiola Fajardo Ayala, lideresa de la vereda La Colorada e integrante del Movimiento Resistencia a la Minería en el Carmen de Chucurí en 2018, y el de Lede María Ortega Ortiz, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo, asesinada en 2019 en El Tarra, Norte de Santander7.

¿Qué vendrá?

No pasaron ni 48 horas y el Cric denunció el 2 de septiembre que en Caloto el Esmad utilizó armas de fuego: “Inician no los desalojos sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto a solo 6 horas después de encuentro con ministros”, escribió la organización. Acciones gubernamentales que dejan el panorama lleno de niebla para los sectores reclamantes de tierras que históricamente han exigido una justa e integral Reforma Agraria, pero al mirar atrás ven cómo sus intentos por garantizar un derecho fundamental quedan de nuevo como dos espejos que se miran frente a frente.

 

1 Cardona Antonio José. (18 de abril de 2018). Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. www.mongabay.com
2 Garay Luis Jorge, Desigualdad y exclusión social, ilegalidad y conflictividad. Ediciones Desde Abajo, 2022.
3 Oxfam, Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. www.oxfam.org, 4 de julio de 2017.
4 Soluciones agrarias. Reforma agraria, portón para la paz, Volumen 7/8, Ediciones Desde Abajo, 2007, p. 55.
5 Chaparro Pablo, Delgado Julián, Cote Luis, ¿La era de la reforma agraria?, 7 de septiembre de 2022, www.jacobinlat.com
6 Giraldo Javier, Alzate Leonardo, Muggenthaler Ferdinand, Peters Stefan, ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografía de una paz violenta en Colombia, Fundación Rosa Luxemburgo, 2022, p. 169.
7 Ibíd., p. 129.

 

 

Para adquirir la suscripción:

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Publicado enEdición Nº295
Foto Cric.

Desde la Casa de Nariño, mostrando autoridad, el pasado 30 de agosto el gobierno nacional envió una advertencia de desalojar, en un plazo máximo de 48 horas, a los responsables de la “invasión de tierras” en zonas como Valle del Cauca, Cauca, Huila y Cesar. De acuerdo al Gobierno, lo allí manifestado son conductas “reprochables”. Su llamado fue a “[…] respetar la propiedad privada”.

De esta manera empezó la primera puja entre el gobierno del Pacto Histórico y algunos sectores de los movimientos sociales –en especial indígenas y campesinos– que demandan tierra desde hace décadas sin encontrar eco positivo. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la tenencia de tierra según diversos informes, entre ellos el de Oxfam1.

Desigualdad y concentración de la propiedad de la tierra que no solo se mantiene sino que crece desde hace décadas, arrojando en la actualidad un coeficiente Gini a nivel nacional superior al 0.83. No puede ser diferente: existen 5 mil 842 Unidades Productoras (0.25% del número total) con un área superior a 1.000 hectáreas, cuya área acumulada asciende hasta unos 80.4 millones de hectáreas (74% del área total)2. Además, según un estudio de Oxfam a partir del último Censo Agropecuario realizado en el 2014 por el Dane, las pequeñas fincas se han fragmentado aún más, perdiendo cada vez más territorio: hoy el 80 por ciento de las fincas tienen menos de 10 hectáreas y no llegan a ocupar ni el 5 por ciento de la superficie total censada3.

Una realidad que demuestra que el país ha transitado durante décadas por vía contraria a la que ocupa la justicia social, materializada en este caso en la negación al recurso insustituible para quienes tienen en la tierra la vía fundamental para solventar sus vidas.

Sobre estos tópicos, en entrevista con desdeabajo Sebastián Giraldo, dinamizador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –Acin–, resaltó con visión histórica que el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– empezó el proceso de recuperación de tierras en los años 60 en unidad con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc–.

Sentado y cuchareando su plato de comida, a cuyo fondo las luciérnagas dejan rastro de su sonido, Sebastián recordó: “Hubo dos fincas muy emblemáticas en las que ingresaron varias comunidades indígenas en esa época: El Credo, en la parte alta de Caloto y otra finca en Silvia. Desde ahí hubo todo un proceso de Reforma Agraria o de Revolución Agraria, por así decirlo, desde entonces han sido recuperadas alrededor de 70 mil hectáreas de tierra en el Cauca, tierra que pasó de manos de los grandes terratenientes a varias de las comunidades, en un proceso que tomó más de 20 años. Las últimas recuperaciones de esa gran oleada terminaron en 1996, más o menos, luego de ejecutada en el año 91 la masacre en la finca El Nilo en Caloto y en la que fueron asesinados 20 indígenas, producto de lo cual hubo una reparación que implicó la entrega de las últimas fincas. Una reparación parcial porque todavía no se ha entregado el total de las 15 mil hectáreas que el Estado quedó comprometido a indemnizar”.

Con la última oleada de recuperación de tierras, que hoy llaman liberación de la madre tierra, que empezó el 15 de diciembre de 2014 y hasta la fecha, son bastantes las haciendas ocupadas. Según Sebastián, alrededor de 27 fincas hay en proceso de recuperación en todo el norte del Cauca, más o menos unas 12.600 hectáreas. Es por ello que le preguntamos:

—Denuncian distintos sectores que los indígenas tiene mucha tierra. ¿Qué de real tiene esto? Y su respuesta fue inmediata y precisa:
—“Si bien es cierto lo informado por la Agencia Nacional de Tierras, de que los pueblos indígenas en resguardos constituidos tienen 33 millones de hectáreas, la mayoría de esas hectáreas no son del pueblo nasa ni están en el Cauca, están en departamentos de la región Amazónica y Orinoquia, y también en La Guajira. Si se mira en detalle, esos millones de hectáreas son selvas, bosques y áreas de protección ambiental.

Por su parte, de los 3 millones de hectáreas que tiene el Cauca solo el 17 por ciento es de resguardos indígenas, de ellas más o menos 600 mil hectáreas entre resguardos coloniales y republicanos; pero en el norte del Cauca, que es donde tiene más fuerza el proceso liberador de tierras solo se cuenta con algo así como 89 mil hectáreas para una población de 130.700 personas, más o menos 43 mil familias.

Además, y esto no puede olvidarse, la mitad de estas 89 mil hectáreas tienen restricciones de uso por diferentes factores, sobre todo porque son reservas forestales y parques naturales (ley 2 de 1959) y, las solicitudes de ampliación y aprobación de nuevas tierras para sus pobladores han estado muy demoradas”.

 


Promesas incumplidas
y contrarreforma


El problema de la tierra ha tenido varios intentos de solución vía reformas agrarias –fallidas– en Colombia. Así sucedió, por ejemplo, con la ley 200 de 1936, desmontada con la ley 100 de 1944 y más tarde la ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora–, ley incumplida y al final desmontada con el famoso Pacto de Chicoral y con la ley 4 de 19734; otra pretensión de reforma es la resumida en la ley 160 de 1994, impulsada por el actual Ministro de Hacienda, una reforma limitada, según recomendaciones del Banco Mundial, a la promoción de un mercado “libre” de compra y venta de tierras5. En consecuencia le preguntamos a Sebastián Giraldo:

—El Ministerio de Agricultura ha anunciado una Reforma Agraria, ¿cómo podría hacerse efectiva en el Cauca?
—“Para que sea efectiva la Reforma Agraria tiene que hacerse un gran diálogo social entre distintos sectores, para tratar de superar por esa vía las fronteras étnicas con que pretenden ennublar el inmenso faltante de tierra que afecta a estos pueblos. En la lucha por tierra, como lo he comentado, hubo avances desde 1991 en la garantía de derechos en comunidades étnicas, pero no así en el sector campesino.

Como resultado de ello el campesinado giró a algo así como una etnización estratégica, tratando de asimilarse como sujetos antropológicamente diferenciados y, por tanto, sujetos de derechos. Pero de los impactos negativos de ese multiculturalismo colombiano, por así decirlo, tenemos que ahora resaltan el discurso que diferencia indígenas, afros o campesinos. En ocasiones una cosa se vuelve contraria de la otra y se vuelve peligrosa, en este caso las fronteras étnicas llegan a ser fuentes generadoras de conflictos que impiden una articulación de todos los sectores sociales que necesitan la tierra.

Entonces, lo primero que ahora nos urge es hacer un gran diálogo escalonado entre comunidades para ir buscando un lenguaje inclusivo que vaya desmontando las fronteras de lo étnico y permita sumar fuerza social, y así poder afrontar la lucha por el derecho a la tierra al unísono, como negados, excluidos y pobres que somos.

 

 

Precisar acá, que si bien hubo avances en el Cauca aún la concentración de la tierra sigue siendo muy grande, con un Gini de 0,9, siendo uno de los más grandes del país y en el norte del Cauca rondando el de 0,7”.

Las circunstancias de vida no mejoran, y además continúa la situación de violencia en esa región. Aparte de la íntimidante advertencia del Gobierno de turno para que las comunidades desalojen los predios recuperados, actualmente el asedio paramilitar en la zona del norte del Cauca tiene una alta intensidad de victimizaciones en municipios como Corinto, Gauchené, Santander de Quilichao y Caloto. Allí, paramilitares de las Águilas Negras –bloque Suroccidental– y las AGC, en asociación con el llamado Cartel de Sinaloa, amenazan a través de panfletos y mensajes de texto dirigidos a líderes sociales de base, especialmente de comunidades étnicas y campesinas que apoyan el proceso de implementación de los acuerdos de paz (Defensoría del Pueblo, 2019, 2020, 2021)6. Una realidad que invita a que seamos y actuemos como un solo dique, que también deja correr sus aguas cuando es necesario.

Una realidad de injusticia y violencia, además de presión íntimidante de parte del Gobierno, que llevó a que la Acin se pronunciara, precisando: “La espada de Bolívar no puede ser envainada hasta que no se haga justicia frente a la extrema inequidad que el dominio colonial ha dejado sobre el derecho al acceso y uso equitativo de los frutos que provee la madre tierra, usurpada de manera violenta de la mano de los grandes terratenientes y empresarios a sus habitantes originarios, pero será siempre el diálogo y no la violencia, nuestra apuesta y nuestro compromiso por el Cauca y Colombia”.

Acotación indígena que invita a recordar las palabras pronunciadas por el Presidente Petro el 7 de agosto, al ordenar traer la espada de Bolívar: “Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros y nosotras. Y quiero que nunca más este enterrada ni retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario El Libertador, cuando haya justicia en este país, que sea del pueblo, es la espada del pueblo”. ¿Cuándo llegará esa justicia que hará envainar la espada? ¿En 48 horas?

De sur a norte

Las horas del reloj no se detienen y tampoco frenan la crítica y compleja situación de violencia con que pretenden distintos actores bloquear los procesos de recuperación de tierras en el Cesar, donde la mayor tensión y vulneración de derechos humanos se encuentra en los municipios de Astrea, exactamente en el predio Génova; en Chimichagua, con los predios rurales Santa María y La Oficina; en Tamalameque, vereda Bocas, con los predios de Machín, Berlín y Los Mangos; en San Martín, por el corregimiento Puerto Oculto está el predio El Reposo. También en el Magdalena en el municipio de El Banco, y en Santander en el municipio de Río Negro.

Jorge Niño, abogado del equipo de trabajo del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en entrevista con desdeabajo contó sobre la situación de los 62 procesos que acompaña en el Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur y centro del Cesar, y los Santanderes. Todos hacen parte de la Comisión de Interlocución, todos procesos de tierra de comunidades campesinas víctimas y revictimizados en el marco del conflicto armado interno de Colombia.

—¿Cómo está la situación en esos municipios y predios?
—Estos procesos están muy críticos, con presencia de actores armados, que al parecer cumplen órdenes de poderes e intereses políticos y económicos de terratenientes, empresarios agroindustriales y ganaderos de la zona.

—¿Son casos de campesinos que han sido desplazados o han sufrido de procesos de violencia, o solo campesinos sin tierra?
— Son procesos de recuperación de tierra y defensa del territorio de población campesina y agrominera que han sido desplazados y han sufrido violencia; son víctimas del conflicto armado por desplazamiento y despojo de tierras. También de otros hechos como amenazas, desaparición y homicidios.

—¿Las fincas ahora ocupadas hacen parte de un reclamo jurídico?
— Estos son predios de zona rural y hacen parte de procesos jurídicos, más que jurídico van por vía administrativa y algunos otros en el Consejo de Estado en donde hemos instaurado demandas contra actos administrativos proferidos en su época por el Incora, entidad que adjudicó baldíos reservados, y que por su misma naturaleza no debieron salir del dominio público al dominio. privado. Al ser adjudicados están siendo utilizados para proyectos ganaderos y agroindustriales con afectación del ecosistema, desaparición y desviación de cauces de ríos, con un impacto ambiental bastante grave para las comunidades campesinas que viven en ese territorio desde la época de los grupos paramilitares, padeciendo despojó y desplazamiento.

Actuar paramilitar que continúa hasta la fecha y con antecedentes en el Nororiente colombiano con el asesinato de líderes sociales como Aldemar Parra García, presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar en 2017; Fabiola Fajardo Ayala, lideresa de la vereda La Colorada e integrante del Movimiento Resistencia a la Minería en el Carmen de Chucurí en 2018, y el de Lede María Ortega Ortiz, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo, asesinada en 2019 en El Tarra, Norte de Santander7.

¿Qué vendrá?

No pasaron ni 48 horas y el Cric denunció el 2 de septiembre que en Caloto el Esmad utilizó armas de fuego: “Inician no los desalojos sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto a solo 6 horas después de encuentro con ministros”, escribió la organización. Acciones gubernamentales que dejan el panorama lleno de niebla para los sectores reclamantes de tierras que históricamente han exigido una justa e integral Reforma Agraria, pero al mirar atrás ven cómo sus intentos por garantizar un derecho fundamental quedan de nuevo como dos espejos que se miran frente a frente.

 

1 Cardona Antonio José. (18 de abril de 2018). Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. www.mongabay.com
2 Garay Luis Jorge, Desigualdad y exclusión social, ilegalidad y conflictividad. Ediciones Desde Abajo, 2022.
3 Oxfam, Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. www.oxfam.org, 4 de julio de 2017.
4 Soluciones agrarias. Reforma agraria, portón para la paz, Volumen 7/8, Ediciones Desde Abajo, 2007, p. 55.
5 Chaparro Pablo, Delgado Julián, Cote Luis, ¿La era de la reforma agraria?, 7 de septiembre de 2022, www.jacobinlat.com
6 Giraldo Javier, Alzate Leonardo, Muggenthaler Ferdinand, Peters Stefan, ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografía de una paz violenta en Colombia, Fundación Rosa Luxemburgo, 2022, p. 169.
7 Ibíd., p. 129.

 

 

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Publicado enColombia
Jueves, 01 Septiembre 2022 06:29

La historia (no) redimida

La historia (no) redimida

La relación entre un cambio de régimen y los órdenes constitucionales en los que obra es compleja. La Constitución francesa de 1793, en la que la revolución encontró su mayor y más radical expresión, nunca entró en vigor. Su nombre oficial contrae la vanidad de un acto fundacional: "La constitución del año I". Le siguieron tres constituciones (1795, 1799, 1892) hasta desembocar en el Código Civil de Napoleón (1804). Cada una cercenó derechos y libertades consagradas en la de 1793. ¿Por qué no entró en vigor? La respuesta no es sencilla: el antiguo régimen se encontraba prácticamente intacto. Y, sin embargo, su texto impregnó todo el imaginario político y social de Francia en la primera mitad del siglo XIX, y después en el espíritu que desembocaría en las revoluciones de 1848. Marx la llamó "la ofrenda más indeleble de la revolución francesa para la humanidad". Napoleón, que siempre consideró al código "la balanza de sensatez de la locura de 1793", lo vio como su principal legado: "Mi gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil". En principio ambos tuvieron razón. El texto de 1793 creó los lenguajes de las insurrecciones que siguieron; y el Código Civil, la lógica de la moderna razón de Estado. Aunque tocó a Marx escribir el más certero de los epitafios del primero: "Hasta ahora todas las revoluciones no han hecho más que perfeccionar la maquinaria del Estado".

¿Cuál será el destino de la nueva Constitución chilena, que emergió de la rebelión de 2019 contra el orden neoliberal y la ominosa memoria de Augusto Pinochet, su fundador? Sin duda, ese destino es incierto. El próximo 4 de septiembre enfrentará su prueba máxima: el referendo que debe aprobarla o no. La situación no es halagadora. Las encuestas indican que el "No apruebo" mantiene una mayoría ostensible. ¿Por qué en 2020 más de 60 por ciento de chilenos votaron en favor de la necesidad de una nueva Constitución y ahora dudan sobre la consistencia de la versión que concluyó la Convención Constitucional?

La razón no es difícil de adivinar. En 2020 una amplia gama de múltiples y diversas corrientes políticas e ideológicas expresaron su repudio a la extrema derecha de Piñeira. En cambio, la propuesta actual de Constitución es un texto eminentemente orientado hacia el lado izquierdo del corazón de Chile, que fue quien encabezó la revuelta y llevó a uno de los suyos a la presidencia de la República.

Visto desde la perspectiva del texto que produjo la convención, se trata de una joya invaluable. Un texto insólito y revolucionario para el siglo XXI. Parte de seis premisas:

1) El paso de la "república democrática" a la "democracia paritaria". Sus páginas otorgan a las mujeres una representación en todos los órganos de elección del Estado.

2) Un nuevo "Estado plurinacional e intercultural". La Constitución define como "naciones" a 11 pueblos originarios y les concede derecho de autonomía política, muy lejos de las replicas liberales contra el derecho a la diferencia.

3) Garantiza a las mujeres el derecho a elegir el destino del embarazo.

4) Prevé el tránsito a un "Estado social y democrático de derecho", con la intención de recobrar la dignidad social que sepultó la lógica de los mercados inscrita en la Constitución de Pinochet desde 1980.

5) Establece el "agua" como bien común e "inapropiable", cerrando el paso a su privatización.

6) Hay también un cambio radical en el sistema político. Se cancela la existencia de la Cámara de Senadores y se sustituye con una cámara de las regiones para terminar con la simulación federativa del Senado. Es decir, cambia el concepto mismo de república.

Un gran y sorpresivo documento. Acaso, la Constitución más audaz del siglo XXI. Se trata de marcar una ruptura con el régimen que inició la dictadura y se preservó en la era pospinochetista. Cada uno de los sujetos de la rebelión de 2019 fijó su identidad en él. Y, sobre todo, conjuga el derecho a la diferencia con los que hoy demandan obreros y trabajadores, algo realmente difícil de lograr.

Sin embargo, en la virtud puede a veces encontrarse la penitencia. Someter una propuesta de esta naturaleza a un referendo (un mandato expreso desde el momento en que se inició su elaboración), que apunta a un cambio general de régimen, implica afectar los más disímbolos intereses de gente que podría estar de acuerdo con 90 por ciento del documento, pero que el desacuerdo con el restante 10 por ciento los llevaría a votar un "no". Sobre todo, si el orden pospinochetista sigue dominando la escena.

Es el destino de las rebeliones que inauguran una época. Por algún lugar deben comenzar a traducir sus propósitos al ámbito de las transformaciones de la vida cotidiana. Aun si se trata del más inhóspito de todos. Por lo pronto se trata del comienzo de una historia que aún está por redimir el legado de Salvador Allende.

Publicado enPolítica
Chile: subió la tensión a una semana del plebiscito sobre una nueva Constitución

La campaña entra en su recta final en medio de desinformación, ánimos caldeados y con un presidente que promete que no habrá vencedores ni vencidos.

 

El próximo domingo los chilenos decidirán entre aprobar o rechazar la nueva propuesta de constitución que reemplazará a la de 1980, perpetrada en plena dictadura de Pinochet y que, aunque con reformas y modificaciones, mantiene una fuerte impronta a favor de las elites económicas a través de aspectos como derechos de agua, falta de reconocimiento al género femenino, estímulo a la economía extractiva y falta de garantías concretas para una educación, salud o vivienda digna.

Y aunque para sectores conservadores pintan esta propuesta constitucional, consecuencia directa del estallido social de octubre de2019, en un acuerdo por la paz entre partidos políticos, que fue permitida a regañadientes por el derechista expresidente Sebastián Piñera, como apocalíptica, ha sido reconocida por diversos expertos como un texto modernizador y que fortalecerá la democracia chilena.

Sin embargo, estos últimos meses han sido agotadores para los chilenos, debido al alto flujo de informaciones, en su mayoría falsa sobre esta nueva constitución, redactada por una convención elegida por voto popular donde la derecha obtuvo apenas 37 años de 155. Desde la posibilidad que expropien bienes privados hasta la instalación de un gobierno indigenista (con bandera propia), la desinformación y discursos inciviles se han tomado las redes sociales y la franja televisiva polarizando a los votantes y llevándolos a enfrentamientos en diversas escalas de violencia verbal y física.

De hecho, este domingo partidarios y detractores de la propuesta de nueva Constitución se enfrentaron en el centro de Santiago. Una marcha de ciclistas favorables a aprobar la carta magna llegó a la plaza Italia, epicentro de las protestas desde octubre de 2019, y se cruzó con otra organizada por gente del campo, que a lomo de caballo y en carruajes expresaba su rechazo a la propuesta.

En la céntrica rotonda capitalina ambos grupos se enfrentaron a gritos, se lanzaron piedras e incluso algunos jinetes dieron latigazos a los ciclistas.

Un presidente en acción

Aunque el gobierno tiene prohibido legalmente apoyar una opción concreta, el presidente Gabriel Boric —uno de los protagonistas del “acuerdo” que permitió el proceso constituyente— ha aumentado sus salidas a terreno, visitando en apenas dos meses 38 comunas desde Arica a la región de Los Lagos en el sur, destacando la importancia del voto, de la necesidad de transformaciones del país e incluso firmando ejemplares del nuevo texto constitucional que se ha vendido en librerías (best seller hace meses) y se reparte gratuitamente.

La detención del líder mapuche Héctor Llaitul en un principio pudo verse como una noticia “positiva” para el gobierno ya que acaballaba las voces —de oposición— que señalaban el lento accionar en la denominada macro zona-sur (la Araucanía) donde se registran numerosos incidentes en torno al robo de madera y atentados a camiones en una zona compleja, donde la industria forestal ha destruido el medio ambiente y las comunidades, principalmente de origen mapuche, pero a la vez son una fuente de trabajo precario. El problema vino unas horas después tras filtrarse un llamado telefónico de una asesora de la ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega con Llaitul, lo que obligó a Boric a aceptar su renuncia. Una medida que fue leída como “exagerada” por el partido de la ahora exministra (Partido por la Democracia), ya que el propio gobierno ha señalado que hay que dialogar con todos los sectores. El problema es que fue en un contexto donde el dirigente máximo de la Coordinadora Arauco Malleco hablaba de tomar las armas pare hacer sabotajes a las forestales y recuperar las tierras que le pertenecen a su pueblo.

El día después

Por otro lado, el país vive una “veda” legal a las encuestas —que sin excepción daba por ganador al “Rechazo”. Aunque hay al menos tres detalles relevantes: en su diseño, heredado de la metodología del marketing, no se considera a la extrema pobreza ya que no son “consumidores” y que se aproximan a los dos millones. Segundo, que el voto es obligatorio por primera vez en una década. Y tercero que los recintos de votación fueron cambiados para privilegiar la cercanía con el electorado evitando bochornos como los de la última elección presidencial donde no hubo transporte público suficiente, aunque el gobierno de Piñera se desentendió del asunto. Aspectos que podrían dar una sorpresa.

De todos modos y quizá de forma bastante precipitada, hace meses que en Chile tanto el nuevo oficialismo progresista como la oposición, han hablado de la importancia del día después al 4 de septiembre —curiosamente el día que Salvador Allende fue elegido presidente en 1970— y que por una parte no debería hablarse ni de “vencedores” ni de “vencidos”, según palabras del propio Boric y que, pase lo que pase, habrá modificaciones a la Constitución de ganar el “Apruebo” o, de ganar la otra opción, se echará a andar un nuevo proceso constituyente. Por lo que la Constitución de Pinochet ya estaría prácticamente acabada. 

Publicado enInternacional
Jueves, 25 Agosto 2022 07:49

Una tributaria que busca la equidad

Chilango de Grupo Expansión, noviembre 2011, https://www.flickr.com/photos/mistabob/6351707662/

Los ambiciosos programas del gobierno Petro relacionados con la transformación energética, el desarrollo de la agricultura, y la consolidación de los servicios sociales, no se pueden hacer sin recursos. Por esta razón el primer proyecto de ley que se presenta al Congreso es el de reforma tributaria. Y a diferencia de las anteriores, Petro le apuesta a la equidad, buscando que quien tenga más pague más.

La reforma tributaria es una prioridad

La reforma se presentó el primer día del gobierno Petro. Este hecho pone en evidencia la importancia que se le atribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El desbalance es significativo. Al terminar el 2023, sin reforma, el déficit sería de $76 billones. Esta cifra es gigantesca. Basta compararla con el presupuesto que en el 2023 tendría todo el sector agropecuario, que apenas llega a $1,3 billones. La reforma aspira a conseguir $25 billones.

Dada esta situación es comprensible que el gobierno decida impulsar una reforma tributaria. Se equivoca Restrepo, el exministro de Hacienda de Duque, cuando afirma que la situación fiscal del país no es tan grave y que, por tanto, no se requiere que haya una reforma tributaria. Piensa Restrepo que los anuncios del nuevo equipo económico son demasiado alarmistas porque, en su opinión, la situación no es tan grave.

La opinión de Restrepo es equivocada. Efectivamente se necesita una reforma tributaria que cumpla dos objetivos. Se trata de mejorar la equidad y el recaudo. El logro de ambos propósitos es una tarea compleja y no se agota en la tributaria. Otros instrumentos de política económica también tienen que contribuir a lograr la equidad y los mayores ingresos. Es importante, por ejemplo, consolidar la industria, generar empleo, modernizar la producción agropecuaria, etcétera. Desde esta perspectiva, la reforma tributaria apenas es el primer paso.

Las principales propuestas

Las principales propuestas incluidas en el proyecto de ley son:

Integración de las diferentes
modalidades de ingresos
Actualmente las rentas de las personas se dividen en 4 grupos, y cada uno tiene su propio tratamiento tributario: los ingresos, las pensiones, los dividendos y las ganancias ocasionales. Esta situación va en contra de la equidad porque las personas que viven de los ingresos laborales tienen que pagar más impuestos que quienes reciben dividendos. Para corregir esta asimetría, el proyecto propone integrar en una sola cuenta de renta líquida los diferentes ingresos. De esta manera se evitan los privilegios de quienes reciben rentas de capital.

Aumento progresivo de las tarifas
en función del ingreso

El impuesto a la renta se concentrará en las personas con ingresos brutos superiores a $10 millones mes. Las tarifas son progresivas, y van desde el 6,4 hasta el 25,7 por ciento.

Esta estructura tiene dos ventajas. Primero, no toca a las personas de menor ingreso. Por debajo de $10 millones la tarifa es 0 por ciento. Y, segundo, la tarifa va creciendo a medida que el ingreso aumenta, de esta manera contribuyen más quienes tienen una capacidad de pago más alta.

Reducción de las exenciones
y de los beneficios tributarios
Todos los diagnósticos coinciden en que las exenciones y los beneficios que existen en Colombia son excesivos. Algunos beneficios tienen razón de ser, pero la mayoría no tienen una explicación clara. Uno de los ejemplos notorios de exenciones inadecuadas es el tratamiento favorable que se le hace a zonas francas que no exportan. Tampoco se justifica deducir el IVA por la compra de bienes de capital, ni el pago que hacen las empresas del impuesto de industria y comercio (ICA). También se considera inconveniente que las empresas minero-energéticas descuenten las regalías del impuesto a la renta.


Sobretasa a las instituciones financieras
Se mantiene, con razón, la sobretasa del impuesto a la renta del 3 por ciento de las instituciones financieras. Esta sobretasa era transitoria, ahora es permanente. La medida se justifica porque las ganancias del sector financiero han sido elevadas.

Impuesto a las exportaciones
de petróleo crudo, carbón y oro
Este impuesto busca evitar que toda la renta adicional que reciben estas empresas se quede en manos privadas. Por ejemplo, si una empresa petrolera obtiene una ganancia razonable y paga los costos a 40 dólares el barril, y el precio sube a 100 dólares, parte de este mayor valor debe ser para la sociedad. Y este es el propósito del impuesto a las exportaciones.

Aumentan los impuestos
al patarimonio y a los dividendos
El impuesto al patrimonio se convierte en permanente. Las personas con un patrimonio de $3 mil millones deben pagar 0,5 por ciento. Y más allá de $6 mil millones, la tarifa sería del 1 por ciento. Y la tarifa a los dividendos suben de 10 al 20 por ciento.

Los impuestos a las empresas
diferencian por tamaño
A las pequeñas y micro empresas se les da un tratamiento tributario más favorable. Las tarifas son inferiores a las de las grandes empresas.

Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados
Este impuesto se ha justificado más por razones de salud que fiscales. Ha sido la propuesta que más polémica ha generado. Los ataques provienen de las empresas productoras, pero también de algunos defensores del consumo de las personas de bajos ingresos, que suelen incluir en su dieta diaria las bebidas azucaradas.

Impuestos a las emisioines de carbono
Se considera conveniente aumentar los impuestos a las emisiones de carbono. Esta medida se ha justificado por la necesidad de avanzar en la transformación de la matriz energética. También es un mecanismo apropiado para mejorar los ingresos. Este tipo de impuestos cada vez tiene más acogida en el panorama internacional.


En perspectiva

Esta reforma representa una ruptura frente a las de Carrasquilla, ya que antepone la equidad, y logra un recaudo razonable. De todas maneras, aún si se logran los $25 billones, el monto continúa siendo insuficiente. Es importante, entonces, que desde el gobierno nacional se envíen mensajes claros para que las ciudades, sobre todo las medianas y grandes, mejoren los ingresos provenientes de las dinámicas urbanas (derechos de edificabilidad, cobros por congestión, valorización, primas de localización, etcétera). Los mayores recursos locales aligeran la carga fiscal del gobierno nacional.

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12 de agosto de 2022

 

Para adquirir la suscripción:

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Publicado enColombia
Lunes, 22 Agosto 2022 11:17

Una tributaria que busca la equidad

Chilango de Grupo Expansión, noviembre 2011, https://www.flickr.com/photos/mistabob/6351707662/

Los ambiciosos programas del gobierno Petro relacionados con la transformación energética, el desarrollo de la agricultura, y la consolidación de los servicios sociales, no se pueden hacer sin recursos. Por esta razón el primer proyecto de ley que se presenta al Congreso es el de reforma tributaria. Y a diferencia de las anteriores, Petro le apuesta a la equidad, buscando que quien tenga más pague más.

La reforma tributaria es una prioridad

La reforma se presentó el primer día del gobierno Petro. Este hecho pone en evidencia la importancia que se le atribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El desbalance es significativo. Al terminar el 2023, sin reforma, el déficit sería de $76 billones. Esta cifra es gigantesca. Basta compararla con el presupuesto que en el 2023 tendría todo el sector agropecuario, que apenas llega a $1,3 billones. La reforma aspira a conseguir $25 billones.

Dada esta situación es comprensible que el gobierno decida impulsar una reforma tributaria. Se equivoca Restrepo, el exministro de Hacienda de Duque, cuando afirma que la situación fiscal del país no es tan grave y que, por tanto, no se requiere que haya una reforma tributaria. Piensa Restrepo que los anuncios del nuevo equipo económico son demasiado alarmistas porque, en su opinión, la situación no es tan grave.

La opinión de Restrepo es equivocada. Efectivamente se necesita una reforma tributaria que cumpla dos objetivos. Se trata de mejorar la equidad y el recaudo. El logro de ambos propósitos es una tarea compleja y no se agota en la tributaria. Otros instrumentos de política económica también tienen que contribuir a lograr la equidad y los mayores ingresos. Es importante, por ejemplo, consolidar la industria, generar empleo, modernizar la producción agropecuaria, etcétera. Desde esta perspectiva, la reforma tributaria apenas es el primer paso.

Las principales propuestas

Las principales propuestas incluidas en el proyecto de ley son:

Integración de las diferentes
modalidades de ingresos
Actualmente las rentas de las personas se dividen en 4 grupos, y cada uno tiene su propio tratamiento tributario: los ingresos, las pensiones, los dividendos y las ganancias ocasionales. Esta situación va en contra de la equidad porque las personas que viven de los ingresos laborales tienen que pagar más impuestos que quienes reciben dividendos. Para corregir esta asimetría, el proyecto propone integrar en una sola cuenta de renta líquida los diferentes ingresos. De esta manera se evitan los privilegios de quienes reciben rentas de capital.

Aumento progresivo de las tarifas
en función del ingreso

El impuesto a la renta se concentrará en las personas con ingresos brutos superiores a $10 millones mes. Las tarifas son progresivas, y van desde el 6,4 hasta el 25,7 por ciento.

Esta estructura tiene dos ventajas. Primero, no toca a las personas de menor ingreso. Por debajo de $10 millones la tarifa es 0 por ciento. Y, segundo, la tarifa va creciendo a medida que el ingreso aumenta, de esta manera contribuyen más quienes tienen una capacidad de pago más alta.

Reducción de las exenciones
y de los beneficios tributarios
Todos los diagnósticos coinciden en que las exenciones y los beneficios que existen en Colombia son excesivos. Algunos beneficios tienen razón de ser, pero la mayoría no tienen una explicación clara. Uno de los ejemplos notorios de exenciones inadecuadas es el tratamiento favorable que se le hace a zonas francas que no exportan. Tampoco se justifica deducir el IVA por la compra de bienes de capital, ni el pago que hacen las empresas del impuesto de industria y comercio (ICA). También se considera inconveniente que las empresas minero-energéticas descuenten las regalías del impuesto a la renta.


Sobretasa a las instituciones financieras
Se mantiene, con razón, la sobretasa del impuesto a la renta del 3 por ciento de las instituciones financieras. Esta sobretasa era transitoria, ahora es permanente. La medida se justifica porque las ganancias del sector financiero han sido elevadas.

Impuesto a las exportaciones
de petróleo crudo, carbón y oro
Este impuesto busca evitar que toda la renta adicional que reciben estas empresas se quede en manos privadas. Por ejemplo, si una empresa petrolera obtiene una ganancia razonable y paga los costos a 40 dólares el barril, y el precio sube a 100 dólares, parte de este mayor valor debe ser para la sociedad. Y este es el propósito del impuesto a las exportaciones.

Aumentan los impuestos
al patarimonio y a los dividendos
El impuesto al patrimonio se convierte en permanente. Las personas con un patrimonio de $3 mil millones deben pagar 0,5 por ciento. Y más allá de $6 mil millones, la tarifa sería del 1 por ciento. Y la tarifa a los dividendos suben de 10 al 20 por ciento.

Los impuestos a las empresas
diferencian por tamaño
A las pequeñas y micro empresas se les da un tratamiento tributario más favorable. Las tarifas son inferiores a las de las grandes empresas.

Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados
Este impuesto se ha justificado más por razones de salud que fiscales. Ha sido la propuesta que más polémica ha generado. Los ataques provienen de las empresas productoras, pero también de algunos defensores del consumo de las personas de bajos ingresos, que suelen incluir en su dieta diaria las bebidas azucaradas.

Impuestos a las emisioines de carbono
Se considera conveniente aumentar los impuestos a las emisiones de carbono. Esta medida se ha justificado por la necesidad de avanzar en la transformación de la matriz energética. También es un mecanismo apropiado para mejorar los ingresos. Este tipo de impuestos cada vez tiene más acogida en el panorama internacional.


En perspectiva

Esta reforma representa una ruptura frente a las de Carrasquilla, ya que antepone la equidad, y logra un recaudo razonable. De todas maneras, aún si se logran los $25 billones, el monto continúa siendo insuficiente. Es importante, entonces, que desde el gobierno nacional se envíen mensajes claros para que las ciudades, sobre todo las medianas y grandes, mejoren los ingresos provenientes de las dinámicas urbanas (derechos de edificabilidad, cobros por congestión, valorización, primas de localización, etcétera). Los mayores recursos locales aligeran la carga fiscal del gobierno nacional.

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12 de agosto de 2022

 

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Publicado enEdición Nº294
Imagen: EFE

El gobierno de Boric se abre a la posibilidad de un nuevo proceso constituyente

Este 4 de septiembre será el plebiscito donde se aprobará o rechazará la nueva Carta Magna elaborada desde el año pasado. 

Desde Santiago. A tres semanas del plebiscito que ratificará (o rechazará) la Constitución que reemplazará a la de 1980 perpetrada por la dictadura de Augusto Pinochet, el ambiente en Chile está denso, polarizado, incierto.

En algunas de las avenidas importantes de la ciudad —por ejemplo, en Providencia— un centenar de “voluntarios” flamean sin mucho entusiasmo, banderas del “Rechazo”, a diez minutos en La Moneda se reparten ejemplares gratuitos del texto constitucional que se deberá votar. Si hace unas semanas el mismísimo presidente Gabriel Boric las autografiaba a pedido de la gente, lo que lo hizo ser acusado por la derecha de intervencionismo, ahora hay más cuidado de las formas. 

Al mismo tiempo, este fin de semana largo en Chile, se han hecho multitudinarios eventos a favor del “Apruebo” como el registrado en la santiaguina comuna de Puente Alto con 5 mil personas, siendo que las encuestas le dan el triunfo a la opción contraria. Una situación contradictoria pero a la que la ciudadanía chilena ya está acostumbrada desde el plebiscito de 1988 para sacar a Pinochet. Esta vez no es la excepción y los medios masivos (históricamente concentrados en la derecha económica), sondeos y líderes de opinión aseguran que ganará el Rechazo. Aunque con un pequeño detalle: el tema es proponer una nueva constitución de todas maneras.

La batalla televisiva

Esa incertidumbre se refleja también en la Franja Televisiva, estrenada hace un par de semanas donde diversos colectivos intentan convencer a un electorado que, por más estudios de audiencias y agencias de publicidad disponibles, poco se conoce. Por el Apruebo destacan voces como la de la Plataforma Política Mapuche que en los pocos segundos disponibles para transmitir su mensaje, destacan que, de aprobarse la nueva carta magna, el agua pasaría a ser un bien común en lugar de estar en manos de privados como sucede actualmente, provocando sequía y serios problemas medioambientales. Apruebo Dignidad —coalición gobernante— en su espacio ha aprovechado de educar en torno a los cambios sociales en cuanto a la paridad y la vida libre sin violencia de género, participando la popular actriz Paola Volpato quien ha sido de los pocos rostros televisivos que ha dado la cara explícitamente por esta opción.

Por el lado del “Rechazo”, claramente con piezas de mayor presupuesto, la estrategia es claramente generar temor a partir de la devaluación de lo anterior, enfocándose en el individualismo y sugiriendo que, de cambiar la Constitución, Chile entraría en una fase de incertidumbre económicamente. Curiosamente no hay rostros de políticos de derecha, sino que se ha optado por agrupaciones como “Amarillos por Chile”. Liderada por el poeta y presentador televisivo Cristian Warnken, la agrupación, supuestamente independiente, utiliza un color de connotación “neutra” en el mejor de los casos, pero que en el contexto de las protestas se asocia a aquellos que no se atreven a salir a las calle. También se ha elegido el lema, contradictorio de “rechazar con amor” en explícita referencia al hashtag que estuvo circulando durante estos meses de #AprueboConAmor.

Boric al límite

Aunque el mandato de la Contraloría de la República prohíbe que el gobierno se manifieste por una opción, se ha activado una estrategia de salir a la calle a “educar” en torno a la Nueva Constitución. Algo que tiene mucho sentido considerando las insólitas fake news y desinformaciones que han ido surgiendo, que abarcan desde el cambio de bandera hasta la expropiación de los hogares.

Esto ha sido una oportunidad para el gobierno progresista de Boric de intentar revertir las encuestas. Pero en la “interna” política se han logrado acuerdos con la izquierda —en especial el Partido Socialista que originalmente no formaba parte de la coalición gobernante compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista— para modificar de inmediato en el congreso ciertos puntos que parecen confusos del nuevo texto constitucional como el sistema de justicia.

Este jueves el presidente inicia una gira en tren por localidades del centro-sur con el objetivo, en el papel de potenciar su idea de recuperar el desarrollo ferroviario. Aunque es altamente probable que se convierta en un espacio para conversar sobre la Constitución evitando verbalizar el apoyo al “Apruebo”. Para darle más suspenso al asunto esta mañana el presidente se ausentó de La Moneda y se cambió el trazado original de esta gira por regiones como O`Higgins, el Maule y Ñuble.

Todo esto, mientras el gobierno se está abriendo —luego de meses de negarlo— a la posibilidad de generar un nuevo proceso Constituyente si gana el “Rechazo”. Porque entre tanta inestabilidad hay algo claro en prácticamente todo el espectro político: la Constitución de Pinochet ya se da por muerta. 

Publicado enInternacional
Recta final de la campaña: Cocina del apruebo no logra convencer a los empresarios

Comienza la recta final de la campaña, y el apruebo continua en desventaja pese a que ambas opciones se encuentran ante un virtual estancamiento ante la apatía de las masas por el plebiscito. Por tanto ningún escenario se ha definido todavía. Lo que es claro es que gane quien gane, el texto constitucional se ha ceñido cada vez más al gusto de la minoría del país constituida por los empresarios, quienes continúan siendo los principales electores de este plebiscito.

 

Juegos de Palacio

Finalmente llegó el día. Tras semanas de intrigas palaciegas, que desató una verdadera "guerra civil" al interior del gobierno de Boric, los partidos de Apruebo Dignidad y la ex Concertación arribaron a un acuerdo de "reformas" a la nueva constitución. Estas se implementarían en caso de imponerse la opción apruebo en el plebiscito del 5 de septiembre.

El acuerdo no dejó conforme a nadie, como era de esperar de cualquier fruto de un gobierno débil. Un gobierno que se encuentra fuertemente tensionado y atomizado, por las fuerzas que pugnan en su interior ya sea por aumentar sus cuotas de poder como de defender posiciones alcanzadas.

El caso insigne es el del Partido Socialista, organización política que fue la columna vertebral del chile de los 30 años y que pese a perder las elecciones el Frente Amplio y el Partido Comunista decidieron revivirlo mediante un respirador artificial. Este respirador artificial son los cuantiosos recursos en costear funcionarios públicos a sueldo por el estado con que la maquinaria del PS se vio beneficiada con el reparto del poder que estableció Boric en su gabinete.

Sin embargo, este reparto no sirvió para que las fuerzas conservadoras detrás del PS respiren tranquilas. Una de sus principales posiciones que les permite mantener el poder, el Senado, se ha visto fuertemente amenazada durante este proceso constituyente. Pero , al percibir la debilidad del gobierno, han hecho carne aquel adagio estratégico que dice que la mejor forma de defender una posición es pasando a la ofensiva.

Así han desatado una enorme campaña mediática de desprestigio a su propio gobierno, para ganar nuevas posiciones en el estado pidiendo incluso voltear ministros del gabinete de Boric. Esta actitud golpista de parte de uno de los principales partidos cuestionados por la rebelión y cuyos lazos con el empresariado son evidentes desde hace años es tolerado y permitido por el Frente Amplio y el PC que se aferran a una victoria del apruebo y que una vez más las masas saben sus posiciones en el régimen político.

En otros artículos hemos analizado en detalle las características que explican el por que este es un gobierno débil. Basta decir ahora que por su situación de fragilidad, donde una de sus facetas es la ilustrativa historia que contamos anteriormente, no le permite ser una voz confiable a los empresarios, principales destinatarios del acuerdo que alcanzó la coalición de gobierno para moderar, aún más , la propuesta de nueva constitución.

Por esto es que, pese a que se comprometieron a volver aún más conservadora la propuesta de régimen político, eliminando el derecho democrático del parlamento y plebiscitos populares a discutir leyes que impliquen presupuesto o reponer el Senado, los empresarios nacionales continúan apostando por el rechazo. La esperanza de estabilidad por la que apuesta Boric parece esfumarse.

Los dos escenarios de la burguesía.

Desde que se firmó el acuerdo por la paz, los empresarios no han tenido una postura unitaria respecto de cuál es el mejor camino para restaurar el orden neoliberal profundamente debilitado tras la rebelión. Si bien la pandemia implicó un respiro, la inestable situación económica mundial pone en un escenario de incertidumbre respecto de cómo reaccionaría el pueblo si su situación de vida se vuelve más precaria. De ahí que los empresarios han intentado por todos los medios convencer de que la movilización no rinde frutos y como mucho dio origen a una camarilla parlamentaria en una convención constituyente , carente de todo poder para revertir la situación angustiante que vive la clase trabajadora.

Los capitales financieros, ligados a los fondos de inversión extranjera, y uno de los votantes principales de lo que ocurre en el país, se muestran favorables a que gane el apruebo y que un mayor gasto del estado implique mayor endeudamiento y sometimiento del país, como el caso argentino. Los empresarios nacionales, de mentalidad retrógrada y estrecha, apuestan por mantener sus negocios tal cual están y ven cualquier concesión un gasto inutil que no convencerá a un pueblo al que solo hay que mantenerlo a raya a punta de garrote. Pero ambas opciones en el fondo preservan el poder de distintas formas, dado que la clase dominante jamás realizará un plebiscito voluntariamente en donde el poder de los privilegiados fuese decidido por la mayoría. De eso se aseguran de antemano con una propuesta de constitución que prácticamente no afecta los pilares de la explotación capitalista en Chile.

Mediante las encuestas, instrumento ocupado para crear una ficción de apoyo popular a las opiniones minoritarias y reaccionarias de la burguesía, han buscado convencer de que el rechazo es el virtual ganador del plebiscito y de esa manera, gane quien gane el 5 de septiembre , esta no sería más que una escaramuza entre los politicos, por que los privilegios empresariales se mantendrán intactos.

La izquierda en el gobierno y en la convención no ha hecho que sumarse a esta operación allanándose a cumplir todos los caprichos del empresariado, buscando presentar la imagen de moderación que sólo ha servido para que el rechazo pruebe su punto: que las ideas del apruebo no tienen sustento. Esta señal de debilidad es la que el gobierno continúa transmitiendo y por tanto ha dejado de inspirar confianza a quienes lo votaron y ven cómo día a día Boric elige complacer a los empresarios mientras las condiciones de vida de los trabajadores se deterioran producto de la inflación.

La recta final

Sin embargo, pese a las sucesivas capitulaciones del apruebo, el rechazo no logra consolidar un escenario en que su opción sea la ganadora sin lugar a dudas. La incertidumbre que genera que el 4 de septiembre vote una cantidad de electores no determinada, dado que es la primera vez que se aplica una inscripción automática y voto obligatorio a la vez, da espacio para que sea una jornada llena de sorpresas. Tanto los 7.569.082 electores del plebiscito de entrada, como los 8.364.534 de la segunda vuelta marcaron récords de participación, pero ambas elecciones no contaban con el factor del voto obligatorio, que no se sabe cuánto ni cómo impactará.

Esta sensación de estancamiento, con una franja televisiva sin grandes sorpresas y la ausencia de una épica electoral o de programas claros en pugna entre ambas opciones , ha generado una sensación generalizada de apatía en la población que está produciendo un virtual estancamiento en la campaña.

El rechazo, confiado excesivamente en su victoria, ha decidido no improvisar en esta recta final y continuar pegado a su libreto de esconder a los políticos de derecha y mostrar “voces de la sociedad civil” y de la vieja concertación que rechazan la propuesta de la convención.

El apruebo, cuya campaña ha sido derechamente decadente como reflejo de su lastimosa claudicación a los empresarios, ahora recurre desesperadamente a las masas populares. Meses de gestos de servilismo empresarial no han servido para afirmar el gobierno. Los reformistas en su desesperación recién deciden movilizar a las masas con masivos puerta a puerta y actos principalmente en la región metropolitana con la esperanza de poder revertir el escenario que muestran las encuestas.

Lo que es claro es que gane quien gane, el texto constitucional se ha ceñido cada vez más al gusto de la minoría del país constituida por los empresarios, quienes continúan siendo los principales electores de este plebiscito.

ΙωαχεινSantiago de Chile

Martes 16 de agosto

Publicado enInternacional
Chile: nuevo acuerdo sobre la futura constitución para tranquilizar a la derecha

Luego de las negociaciones de las últimas semanas, hoy jueves se dio a conocer el acuerdo entre los partidos de gobierno.

Las coaliciones Socialismo Democrático (Ex Concertación sin la DC) y Apruebo Dignidad (PC-FA) publicaron un documento con 5 ejes donde se contesta a los principales reclamos y demandas que han difundido la derecha, los grandes empresarios y los poderosos de siempre. El objetivo es moderar aun más la propuesta constitucional asegurando importantes nichos de negocios. En el documento se asegura que no se eliminarán las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y se mantendrá su negocio, lo mismo para las clínicas privadas con el negocio de la salud, y de los colegios subvencionados en el caso de la educación. También se comprometen a reponer el represivo Estado de Emergencia y limitar a su mínima expresión todos los aspectos relevantes de la plurinacionalidad.

Tras el llamado de Boric y las intensas negociaciones entre las coaliciones del oficialismo que se dieron posteriormente, hoy jueves se dio a conocer el acuerdo sobre las modificaciones que se compromete a hacer el gobierno y sus partidos en caso de que triunfe la opción apruebo (que implica aprobar la nueva constitución) el próximo 4 de septiembre. Se trata de un documento con cinco ejes donde responden a una serie de demandas y reclamos de la derecha, los empresarios y los poderosos de siempre.

En cinco ejes: Sistema político, Plurinacionalidad, Derechos Sociales, Poder Judicial y Seguridad, Apruebo Dignidad, las y los presidentes de 10 partidos y movimientos de gobierno aseguraron la existencia de las AFP, de las clínicas privadas, de los colegios particulares, entre otros puntos que venían reclamando los empresarios. A continuación un detalle de todos los puntos del documento.

Sistema político

En cuanto al sistema político, el acuerdo de la cocina (acuerdo entre las fuerzas tradicionales y de la centroizquierda) establece que se comprometerán a "analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales", una de las demandas que más peso le puso el ex presidente Ricardo Lagos que propone reponer el Senado con todas sus atribuciones. Si bien había trascendido estos días que sería parte del acuerdo finalmente dejan la puerta abierta para modificarlo.

La posibilidad de que el congreso pueda votar leyes que tengan gasto fiscal fue uno de los temas que se había adelantado estos días y que tiene relación con el neoliberal criterio de responsabilidad. En ese sentido, se establece que "creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley".

Por último, se señala que se eliminará la posibilidad de reelección presidencial de forma "consecutiva".

Derechos Sociales

El sistema de Pensiones será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad. Es decir, una garantía expresa que se mantendrán las AFP (en referencia las empresas que administran los fondos de jubilaciones y pensiones) y su negocio en base a los ahorros de las y los trabajadores y jubilados.

Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia.

En cuanto a Salud, se señala que la propuesta constitucional "no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada". Se asegura así el negocio de las clínicas privadas.

En la misma línea, en cuanto a Educación, se plantea que "la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada".

Plurinacionalidad

Sobre la Consulta indígena, se establecerá que su alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, "se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales". Una de las demandas de la derecha sobre el texto.

En cuanto a las autonomías territoriales, el texto plantea que "se establecerá expresamente que las atribuciones de las autonomías territoriales deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile".

Por último, sobre la justicia indígena, el acuerdo de la cocina establece que "solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema".

Poder Judicial

Los partidos de gobierno proponen reponer el nombre de "Poder Judicial" y "revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces". También plantean "implementar el Recurso de Tutela".

Seguridad

En cuanto a la demanda de la derecha y los empresarios de reponer el Estado de Excepción de Emergencia, el texto establece que "proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar (...) en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho".

Frente a este nuevo fraude histórico, fortalecer una voz independiente de la clase trabajadora

Es urgente levantar un polo de independencia política de la clase trabajadora frente a este nuevo fraude histórico contra el pueblo trabajador, donde enfrentemos la cocina 2.0 (en referencia a un nuevo acuerdo entre las fuerzas políticas tradicionales y el gobierno) orquestada por los partidos de los 30 años e impongamos nuestras demandas. Necesitamos enfrentar a la derecha y su campaña por el rechazo que sólo favorece a los grandes empresarios así como también enfrente las trampas institucionales de los sectores del Apruebo que quieren montar un nuevo engaño como fue la transición, cambiar algo para que nada cambie (una nueva “alegría ya viene”), que sea independiente del gobierno y la ex Concertación, para retomar la agenda de octubre y la lucha por nuestras demandas, fortaleciendo la organización y unidad en las calles.

Por Elías MuñozPeriodista - Editor General

Jueves 11 de agosto

Publicado enInternacional
Jueves, 11 Agosto 2022 05:53

La crisis ideológica del progresismo

*Foto: Imagen de los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala, grupo de choque aliado de Jeanine Áñez. ABI

La “dictadura de la corrección política” y sus enemigos

Desde hace casi una década, en varias partes del planeta lo “políticamente correcto” constituye el blanco de la crítica de una variopinta constelación derechista, que se estrella contra las políticas y la narrativa de los “progresismos” orientadas a favorecer grupos étnicos racializados, la equidad de género y la justicia social.

La “ideología de género”, el “marxismo cultural”, la “neo-lengua del progresismo” y “el totalitarismo socialista” constituyen, hace ya unos buenos años, lugares comunes donde abreva una buena parte del sentido común de derecha y de extrema derecha, que se configura en defensa de la familia, la religión, la libertad individual, los valores republicanos y una idea excluyente de nación.

Bolivia constituye una importante avanzada de aquel movimiento socio-político contra-cultural. Precisamente, una de sus principales expresiones fueron las movilizaciones sociales de octubre-noviembre de 2019, vanguardizadas por jóvenes, procedentes principalmente de las universidades, y profesionales de las clases medias, que denostaban contra el indigenismo, el “socialismo”, reivindicaban los valores de la Bolivia mestiza, cristiana y la restauración de la Republica.

La crisis de octubre-noviembre de 2019 fue, por derecha, un resquebrajamiento del imaginario progresista. El ascenso del gobierno de Jeanine Añez llevó consigo la biblia a Palacio, borró la wiphala de los certificados de nacimiento y bautizó su mandato con la sangre de los campesinos y trabajadores vecinos indígenas masacrados en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019; acciones que contaron con el apoyo entusiasta de amplios sectores de las clases medias mestizas de las ciudades.

Durante casi un año de dicho gobierno, los valores y los símbolos multiculturalistas y progresistas fueron ultrajados, la prensa internacional prohibida, centenares de manifestantes procedentes de las clases subalternas fueron encarcelados, e inclusive torturados, según lo evidenció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien el gobierno de Jeanine Añez se desprestigió rápidamente por varios escándalos de corrupción y fue sucedido por una nueva administración del MAS, esta vez bajo la dirección de Luis Arce Catacora, las condiciones político-culturales que favorecieron el ascenso de la ultra-derecha siguen vigentes. El propósito de este artículo es argumentar algunas hipótesis sobre las condiciones culturales de la crisis ideológica del progresismo, puesta de manifiesto por los movimientos socio-políticos contra-culturales de octubre-noviembre de 2019 y por su ascenso a Palacio Quemado.

La “dictadura de la corrección política” y la condición de la crisis ideológica del progresismo

Hipótesis: el caldo de cultivo, donde tomaron forma los sentimientos de agravio y los argumentos de derechas contra “el socialismo” y la “ideología de género”, fue atemperado por las tentativas de los gobiernos progresistas de regular las contradicciones socio-culturales de clase, étnico-raciales y de género del capitalismo tardío.

El multiculturalismo exige la tolerancia y el reconocimiento de la dignidad de los diferentes, la unidad en la diversidad, en un mundo donde las diferencias se encuentran íntimamente enhebradas con las desigualdades. En vista de ello, precautela el derecho al reconocimiento de la dignidad de un otro que no sólo es diferente, sino también, la mayor parte de las veces, un desigual.

Las sociedades tardo-capitalistas, patriarcales, jerarquizadas racialmente, renuevan de modos diversos las desigualdades entre los diferentes, tornando la exigencia multiculturalista de reconocimiento de sus derechos en una utopía y en una fuente de renovadas contradicciones.

Tomemos como ejemplo la ley contra el racismo y contra toda forma de discriminación. Entre otras cosas, dicha ley establece penas que privan de libertad a personas que han proferido insultos de contenido racial. Desde que se aprobó la nueva ley, la abrumadora propaganda contra el racismo y la discriminación, sumada al riesgo de ser penado, censuró el empleo de expresiones racistas, pero no eliminó la percepción racializada del otro. La ley y el discurso antidiscriminador pudo inhibir las expresiones racistas, pero no suprimir el habitus enclasante, machista y racializante que tiene sus causas más profundas en el capitalismo neo-colonial y patriarcal.

El discurso de ultraderecha reivindica finalmente el derecho de los grupos privilegiados en líneas de clase, de etnia y de género a oprimir sin cortapisas: los libertarios reclaman el derecho de los capitalistas a acumular capital de modo irrestricto, sin ninguna regulación “socialista”; los supremacistas blancos reivindican su derecho a no mezclarse con inmigrantes y otros colectivos racializados, es decir, que “sus barrios”, “su país”, “su ciudad” – como decían los motoqueros de la Resistencia Juvenil Kochala- no sean invadidos por “las hordas” de los condenados de la tierra de siempre; los movimientos pro-vida reivindican el histórico derecho consuetudinario del patriarcado a decidir sobre los cuerpos de las mujeres.

Desde esta perspectiva, la arremetida derechista contra el progresismo, en el plano político es un movimiento en pos del ejercicio pleno de la dominación – una dominación que detentan, pero con cortapisas progresistas. En el terreno discursivo, las categorías dominantes exigen que se respete su derecho a expresar libremente el desprecio que sienten por los oprimidos. Precisamente, en esta experiencia de las categorías dominantes, de no poder expresar libremente su menosprecio, se configuró el discurso de la “dictadura de la corrección política”.

La plétora de expresiones racistas después de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019, los festejos a través de las redes sociales manifestados después de las masacres de Senkata y de Huayllani en noviembre, pusieron en evidencia el resquebrajamiento del imaginario multiculturalista que la derecha llama “dictadura de la corrección política”: la clase media mestiza y la “gente bien,” liberadas de la censura que representaba el gobierno del MAS-IPSP, después de la caída de Evo Morales pasaba a manifestar abiertamente todo el desprecio y repulsión que sentían por “el indio”, por “el cholo”, por los oprimidos.

 La crisis ideológica del progresismo

Durante una conversación con un antiguo consultor abogado, antiguo militante y funcionario de varios gobiernos del MAS, salió a relucir una anécdota referida a los riesgos que corrían los obreros motoqueros que entregan encomiendas a pedido, y que según las noticias eran víctimas de al menos el 58% de los accidentes en Cochabamba. “Cuando conduzco el carro, siempre que los veo les cedo el paso” decía mi interlocutor, expresando su consideración con la premura de estos proletarios a destajo, manifestada durante sus arriesgadas maniobras en la carretera.

Me parece que la expresión del abogado expresa cabalmente el espíritu progresista de la época: señalaba que hay que respetar y ceder el paso al trabajador. No atropellarlo, como era el caso en al menos un 58% de los accidentes de tránsito.

Metafóricamente, podemos argüir que la posición de un conductor derechista reclama el derecho prioritario de ocupar el amplio espacio de la avenida con su movilidad, frente al obrero motoquero. Si esto se traduce en un accidente que sacrifica al obrero de delivery, el progresista defenderá el derecho prioritario que en la carretera tiene el más indefenso.

Tanto en el caso del progresista como en el del conductor de derechas, el supuesto del cual parten sus posiciones es dar por sentada la desigualdad de clases. A nuestra manera de ver, este presupuesto doxico constituye el talón de Aquiles de la sensibilidad progresista.

La principal contradicción del progresismo consiste en propugnar la convivencia armónica entre los diferentes-desiguales, en un mundo que cotidianamente niega dicho principio, profundizando las desigualdades y antagonizando así a los diferentes.

Muchos recuerdan aquel episodio en un ómnibus en Santa Cruz: la policía detuvo a una “dama” que en el transporte público osó insultar a una mujer quechua de pollera gritándole “chola de mierda”. Si bien la mujer se vio obligada a pagar una multa, la medida no cambia el hecho de que las familias, las escuelas, los medios de comunicación, las empresas, las universidades, entre otras son instituciones que clasifican y jerarquizan cotidianamente a las personas en líneas étnicas y de clase. El insulto “chola de mierda” es simplemente la expresión discursiva de toda una formación de clases-etnias, apenas la punta de iceberg.

Podemos profundizar nuestro análisis recurriendo a una figura del film de Stanley Kubrick La naranja mecánica. La política progresista se asemeja bastante a la ilusión de los médicos de una correccional que recetaron una medicina a un joven pandillero y crimina, para “curarle” de sus impulsos violentos. Dicha medicación inhibía los impulsos libidinales del paciente. Cada vez que los sentía y tenía el impulso de ejercer violencia, sentía convulsiones, vómitos y un dolor que impedían llevar a cabo sus deseos. Después de meses de “tratamiento”, los especialistas de la correccional asumieron que el paciente había sido “curado” y lo liberaron. La película concluye con el joven criminal sintiendo el deseo de actuar violentamente de un modo desenfrenado, pero esta vez sin los accesos de dolor, tampoco las convulsiones, ni los vómitos. “Estoy curado”, se dijo.

Una “medicina” similar creó el progresismo. Las leyes y los gobiernos progresistas básicamente fustigan a las categorías dominantes por comportarse del modo en que todo su mundo social se lo ha inculcado. Aspiran a regular las relaciones de opresión y dominación, mitigando sus expresiones violentas, en sociedades cuyo fundamento son precisamente relaciones violentas. Esto les ha abierto un enconado frente por derecha, que pone de manifiesto el fracaso de la vía reformista de superación de las contradicciones étnico-raciales – el “colonialismo”- y de avance rumbo al socialismo. Todo lo contrario, dicha “medicina” ha contribuido en gran medida a atizar la llama del neo-fascismo, el neo-clericalismo y el libertarismo radical.

Esta experiencia muestra los grandes límites de la vía reformista de cambio gradual y progresivo señalado por los progresismos de distinto cuño, y vuelve a poner sobre el tapete de discusión la necesidad de atacar los fundamentos materiales y sociales sobre los cuales se basan las distintas opresiones (racial, de género y de clase) donde tomaron forma estos movimientos contra-culturales de ultraderecha, a saber, la dominación doméstica, la gran propiedad privada sobre los grandes medios y condiciones de producción material (los bancos, la tierra, las grandes empresas) y la lucha por la hegemonía cultural (los grandes medios de comunicación, las escuelas privadas y confesionales, entre otras instituciones).

La crisis ideológica del progresismo pone de manifiesto que la disyuntiva “Reforma o Revolución”, hace más de un siglo planteada por Rosa Luxemburgo, vuelve a ser plenamente actual.

Publicado el: 3 agosto, 2022

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