Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en San Pedro Sula.. Imagen: EFE

El canciller hondureño calificó de desacertada la intervención de la embajadora estadounidense

El cruce entre los diplomáticos ocurre luego de que la presidenta Xiomara Castro envió un proyecto de reforma estructural del sector energético para garantizar el acceso a la energía eléctrica así como solventar la millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. 

Honduras le respondió a Estados Unidos luego de que la embajadora norteamericana cuestionó un proyecto de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público. El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.

Diplomacia desacertada

El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu, embajadora estadounidense, en el debate sobre la reforma energética. "Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

"Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU", advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Castro y tenía “preocupaciones” al respecto. "La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética ​y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora" de energía, escribió Dogu en Twitter.

La reforma estructural cuestionada por la embajadora estadounidense fue presentada unos días atrás por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora. En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.

Ley de 2014: hacia la privatización de la ENEE

La ley actual de la Industria Eléctrica fue promulgada en mayo de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández al frente del Ejecutivo luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño. Esa legislación abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada que dos años más tarde tendría a la Empresa Energía Honduras (EEH) al frente de la distribución de energía en el país. Esto se vio reflejado en un aumento en la tarifa del kilovatio y del precio de los medidores. Mientras que la ENEE mantiene una deuda millonaria con la privada a quien le debe transferir más de 10 millones de dólares mensuales. Además, desde 2017 el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares. “Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida”, denunció un trabajador de la estatal al portal de noticias de Honduras Contracorriente.

En cuanto a los proyectos de generación de energía, según el portal Contracorriente, la diputada del Partido Salvador Honduras (PSH), Ligia Ramos, integrante de la Comisión de energía en el parlamento recordó que el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron contratos de energía renovable el hemiciclo entonces dirigido por el expresidente Hernández no estaba en funciones. “Ahí dejaron 99 contratos de energía renovables, exagerados en cuanto a lo que cobran, dieron fideicomisos y se aprobó lo de la EEH”, afirmó Ramos, citada por el medio centroamericano. La legisladora hondureña también denunció que el saqueo de la estatal data de 1994. “La han querido privatizar. La empresa privada se ha lucrado de la necesidad de la población y de la ENEE; prácticamente la han quebrado”.

Reacción al proyecto de Xiomara Castro

Sin embargo, la revisión de contratos puso en alerta a los principales generadores de energía que incluso amenazaron con un gran corte de suministro tras el envío del proyecto de ley. El secretario de Energía, Erick Tejada, aseguró que la empresa térmica Lufussa amenazó a la ENEE y al gobierno con suspender el suministro de energía. “Vivimos una crisis sin precedentes, no solo en la ENEE, sino que en el país. Doce años donde se enquistó un modelo de corrupción”, aseguró a la televisión pública de Honduras. Tejada también cuestionó que a pesar de que desde marzo de 2021 la empresa estatal le debía alrededor de 800 millones de lempiras a Lufussa recién ahora a 45 días de la administración de Castro la privada arremete con amenazas.

 “No vamos a negociar con la pistola en la cabeza”, sentenció el funcionario hondureño. Además, recordó que la renegociación de los contratos con esas empresas es una de las promesas de campaña de la presidenta de Honduras. “La mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate de la ENEE sin la renegociación de esos contratos”, añadió en referencia a los términos que el gobierno de JOH negoció y que fijaron precios muy por encima de los países de la región centroamericana. Según Tejada, desde 2010 el Estado le ha pagado 2.600 millones de dólares a Lufussa. Por su parte, la privada aseguró que no amenazó a la empresa estatal, y que “simplemente se está notificando que no contamos con los recursos financieros para la compra de combustible que garantice al máximo la producción de energía”.

La demanda energética del país es de unos 1.700 megavatios y el 60 por ciento es generado por plantas térmicas que funcionan con derivados de petróleo. A partir de esos contratos con las generadoras privadas (unas veinte empresas) que suplen el 60 por ciento de la demanda energética del país el Estado de Honduras arrastra una deuda de mas de 3 mil millones de dólares. En el proyecto, Castro también da cuenta que desde el golpe de Estado de 2009 las pérdidas aumentaron y sólo en el área de distribución (desde 2016 a cargo de la EEH) incrementaron de 20,8 por ciento a 30,75 por ciento al 31 de diciembre de 2021.

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Constituyentes chilenos festejan la aprobación de artículos del borrador de la nueva Constitución.. Imagen: Télam

"Chile se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos", destaca el artículo aprobado por los constituyentes.

El pleno de la Convención Constituyente de Chile aprobó un artículo del borrador de la nueva Carta Magna que define al país como un "Estado social y democrático de derecho", en reemplazo del "Estado subsidiario" instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, aún vigente, que transfiere la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado. Los convencionales también aprobaron un artículo que define al país como un "Estado laico" que respetará "la libertad de religión y de creencias espirituales", aunque sin ninguna afiliación religiosa. La Convención Constituyente fue concebida como la salida institucional con la que Chile encauzó las masivas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019 en las que señalaban a la actual Carta Magna como el origen de la desigualdad en el país.

Estado social

"Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico", señala el texto aprobado con 114 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones, estos últimos votos de la mayoría de Chile Vamos, la coalición del expresidente Sebastián Piñera, y del Partido Republicano. El artículo aprobado agrega que Chile "se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".

Este punto, cuya redacción sufrió varias idas y vueltas entre los convencionales, modifica el espíritu de la Constitución impuesta durante la Dictadura (1973-1990), que le da al Estado un rol subsidiario, es decir, lo consagra como un órgano al que no le corresponde absorber aquellas actividades "que son desarrolladas adecuadamente por los particulares". Esta definición, núcleo del modelo chileno que fue ampliamente rechazado en el estallido social de 2019, en la práctica jibariza al Estado al extremo de transferirle la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado.

"El Estado social democrático de derechos es la llave que va a clausurar el modelo subsidiario, que en 40 años no entregó mejor salud, no entregó mejor pensión, no entregó mejor educación", afirmó el constituyente izquierdista Jorge Baradit. En la misma línea, la convencional independiente Lisette Vergara agregó que "con esto se deja de manifiesto que Chile nunca quiso un Estado subsidiario" sino "la protección de las garantías y derechos sociales que son y que encarnan las demandas populares".

Estado Plurilingüe

Los convencionales también aprobaron el artículo 12 de la segunda propuesta de la Comisión de Principios constitucionales sobre plurilingüismo, con 105 votos a favor, 31 en contra y 11 abstenciones, por lo que también integra ya el borrador de la nueva Constitución. La norma señala que "Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena" y advierte que "el Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado Plurinacional".

Los convencionales también aprobaron el artículo 6 del mismo informe, que consagra la igualdad sustantiva de género. "La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil", señala el texto. En otros artículos se recoge que Chile será un país "laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales", "conformado por diversas nacionalidades" y con una "democracia inclusiva y paritaria".

Si bien Chile ha separado la iglesia del Estado desde su Constitución de 1925, lo cierto es que el vínculo ha permanecido y la discusión respecto a la efectiva laicidad del país sudamericano lleva décadas arriba de la mesa. La relación entre Estado e iglesia en Chile es tal que incluso el Parlamento inicia sus sesiones "en nombre de Dios y de la Patria" desde 2012, debido a que antes era únicamente "en nombre de Dios".

Plebiscito de salida

En el llamado "plebiscito de salida" los chilenos deberán votar el próximo cuatro de septiembre si ratifican o no la propuesta de una nueva Constitución. El voto, para esta ocasión, será obligatorio, participarán mayores de 18 de años y contemplará dos opciones: Apruebo o Rechazo. Para las personas que no residen en Chile, en tanto, el sufragio será voluntario. De ser rechazada, se mantendrá la actual Constitución de Pinochet.

En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 por ciento de los chilenos se mostró a favor de cambiar la Constitución y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros del órgano, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes. Aunque la asamblea constituyente fue perdiendo adherentes con el paso de los meses por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de convenciolanes ligados a las protestas sociales de 2019, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la población, con un 44 por ciento de aprobación de acuerdo a la encuestadora Cadem.

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La presidenta Xiomara Castro al centro de la imagen

 

Para empresarios, la medida es ambigua y viola la ley

 

Tegucigalpa. El gobierno de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, declaró al país "libre de minería a cielo abierto" y anunció la cancelación de licencias, permisos y concesiones, decisión celebrada por ambientalistas y que pone en jaque a la industria.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, "se cancela la aprobación de permisos de explotación extractiva por ser lesiva, atentar contra los recursos naturales, la salud pública y limitar el acceso al agua como derecho humano" en el Estado hondureño, añadió.

Para la Asociación Nacional de Mineros, el anuncio es "ambiguo" porque prohíbe incluso la extracción de piedra y arena para la construcción y atenta contra la ley en la materia.

De acuerdo con el asesor del gremio, Santos Gabino Carvajal, si se aplicara a los mineros artesanales, quedarían sin trabajo unas 80 mil personas en el país.

En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica, en 2018, mientras Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.

En 2018, ocho ambientalistas de la comunidad de Guapinol fueron detenidos tras manifestarse contra esa actividad y recién fueron liberados este año.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras saludó la medida, al considerar que primó el principio de justicia climática y en protección de los recursos naturales y la salud pública.

Juan López, miembro del comité ambientalista de Tocoa, destacó que el anuncio del gobierno "es un aliento" a las comunidades que luchan contra la industria minera.

Pero mayores medidas como la derogación y reforma de leyes que regulan los contratos de las trasnacionales con el Estado involucrarían al Congreso. "Eso lleva todo un proceso", comentó a la agencia de noticias Afp.

López citó el ejemplo de Los Pinares, que pertenece a otro consorcio local con conexiones en Panamá, Estados Unidos y Europa.

"Estas empresas tienen una logística mundial con acceso a tribunales internacionales con los que someten a los países pequeños como Honduras", lamentó.

"Pero las comunidades hemos enfrentado al Estado y a las grandes empresas porque el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) se colocó al servicio de éstas", resaltó.

Hernández, quien dejó el poder en enero, está preso, a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El ambientalista Fernández elogió la decisión del gobierno porque, a su juicio, la minería para este país en términos económicos es insignificante: "no produce ni uno por ciento del PIB y genera menos de 0.1 por ciento del empleo".

Según el Banco Central, en 2021 las exportaciones mineras de Honduras alcanzaron 293 millones de dólares.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) explicó en un reporte que los proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos están cambiando la geografía del país.

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La experiencia de Bélgica reconoce antecedentes en muchos países.

Tras su adopción en Bélgica

Bélgica sorprendió esta semana al anunciar una reforma laboral que incluye la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días por semana. La noticia fue presentada como una oportunidad de dar mayor libertad a los trabajadores, aunque lo cierto es que en el caso belga no se reducen las horas laborales sino que se pueden organizar de otra forma.

La posibilidad de achicar la semana laboral se empezó a discutir en muchos países a raíz de las nuevas formas de trabajo que trajo la pandemia, aunque decenas de empresas en todo el mundo ya lo venían experimentando, cada una a su manera.

Los casos de Bélgica y España

Según el acuerdo alcanzado entre los ministros de la coalición gobernante, que tiene asegurada su aprobación en el Parlamento, el trabajador podrá elegir concentrar sus 40 horas semanales en cuatro días o podrá optar por un régimen semanal variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente.

El caso de España, uno de los primeros países en hablar de semana de cuatro días, es diferente porque a lo que se apunta es a reducir las horas de trabajo, tal como señaló el diputado español Íñigo Errejón, impulsor del proyecto en su país.

"Trabajar 10 horas diarias para librar un día es un atentado a la conciliación y a la calidad de vida. Han ido por el camino contrario" alertó Errejón, aunque se alegró de que la posibilidad de tener tres días de descanso ya no sea un tabú y cada vez más empresas o países lo estén intentando.

El proyecto que impulsa Más País, el partido que dirige Errejón, supone una rebaja de las horas y se le está dando impulso mediante proyectos piloto acordados con el Ejecutivo.

El Gobierno español aportará 10 millones de euros a unas 200 empresas que participarán de la prueba para implantar, este año, la jornada laboral de 32 horas semanales o cuatro días. Se estima que alcanzará a entre 3.000 y 6.000 trabajadores.

Los principales gremios apoyan la medida impulsada por Errejón subrayando que se trata de una "reivindicación histórica del movimiento sindical". La patronal española, en cambio, rechaza ese modelo de trabajo porque teme que afecte la productividad.

Las ventajas de la semana reducida

Sin embargo, según la ONG 4 Day Week Global (4DWG, Semana de cuatro días mundial), aquellos que lo hicieron mejoraron no solo la productividad sino también la salud de los trabajadores y sus familias.

Además, comprobaron que ese esquema también sirve para resolver problemas de igualdad de género, permitiendo un reparto más equitativo de las tareas de cuidado entre madres y padres y favorecieron el camino hacia un trabajo más sostenible.

En diálogo con la agencia Télam, un representante de 4DWG reveló que un resultado inesperado para las empresas fue que les resultó más fácil atraer y retener talento.

El primer país en implementar la jornada reducida fue Islandia, tras una prueba de cuatro años (2015-2019) entre los empleados del sector público de la capital, Reikiavik.

Las 2.500 personas que trabajaron menos horas sin que se les reduzca el salario tuvieron menos estrés y agotamiento, mejoraron su salud y su equilibrio de vida y empleo sin disminuir la productividad y la recaudación del Estado.

Hoy, el 86% de los islandeses trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón horario, algo que los sindicatos ya están negociando.

Más experiencias en todo el mundo

En Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian aprobó la semana laboral de cuatro días desde 2018 y Unilever lo hizo en 2021. En plena pandemia y con las fronteras del país selladas, la primera ministra, Jacinda Ardern, prometió extenderlo a todo el territorio para fomentar el turismo interno y la economía.

En el Reino Unido, en tanto, está en marcha la iniciativa a través de 30 empresas que, si logran su cometido, podrían ayudar a que el Parlamento adopte por ley la semana laboral de 32 horas a nivel nacional.

Suecia, por su parte, probó reducir la jornada laboral en 2015 en varios centros de cuidados de ancianos, un sector al que le cuesta reclutar personal.

Las 70 enfermeras que participaron de una prueba registraron menos licencias por enfermedad, mejores condiciones de salud y aumentaron la productividad. Además, se crearon empleos adicionales y se redujeron los costos de cobertura por problemas de salud.

Sin embargo, los resultados fueron cuestionados por sus altos costos y fue descartado por el Gobierno, aunque algunas empresas, entre ellas Toyota, lo mantienen hasta el día de hoy.

En Japón, Microsoft es la primera en aplicar la jornada laboral de cuatro días y comprobó que los trabajadores mejoraron su productividad en hasta un 40% y aumentaron las ventas, a la vez que redujeron los gastos de electricidad y de tinta y papel, entre otros.

En Estados Unidos y Alemania también son las empresas las que han estado impulsando la reducción horaria, cada una con sus diferencias, como la estadounidense Basecamp, que lo hace solo durante el verano.

En España, en cambio, la empresa que atrajo todas las miradas es DelSol Software, que hace varios años viene practicando este esquema, que se tradujo en mayor rendimiento, más facturación y menor ausentismo.

La situación en Argentina

En el país, donde el tope de horas de trabajo a la semana es de 48 horas, hay en curso dos proyectos para reducir la jornada laboral:

  • El de la diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, que propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales. 
  • El del legislador también del oficialismo y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral con un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales.

Los problemas del exceso de trabajo

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el exceso de trabajo genera pérdidas de hasta un 3% del PBI.

La falta de descanso impacta de distintas maneras: baja la productividad, aumenta el ausentismo, aumenta el riesgo de contraer enfermedades crónicas, cardíacas, cáncer, abortos espontáneos en el primer trimestre y nacimientos prematuros.

Para 4DWG, está demostrado que reducir la semana laboral de 40 a 32 horas funciona para empleados y empleadores.

"Hace 100 años pasamos de trabajar seis días a la semana a cinco", recordó la ONG antes de subrayar que no se debe perder tiempo en esa discusión: "Ya estamos atrasados para una actualización".

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Bogotá, 19 de febrero de 2020. Sala Plena de la Corte Constitucional.(Colprensa - Álvaro Tavera)

Los ocho magistrados que votaron sobre despenalizar el aborto quedaron divididos 4-4. Será ahora un conjuez quien se encargue del desempate

Este 20 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional votó sobre la despenalización del aborto en Colombia. Una decisión que quedó en empate con cuatro magistrados a favor y cuatro en contra. Es de recordar que, el noveno voto hubiese sido del magistrado Alejandro Linares, pero este fue separado del debate por un impedimento que presentó al referirse sobre el tema del aborto en un medio de comunicación.

A favor de la ponencia que despenaliza el aborto votaron los magistrados: Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio Lizarazo y Diana Fajardo. Mientras que en contra de despenalizar, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz.

Ahora tendrá que ser un conjuez quien determine el desempate de esta discusión que puede culminar en la despenalización total de esta práctica como lo reclaman las organizaciones que velan por el derecho de la mujer, o que en el país siga aplicándose el aborto solo bajo las tres causales:

  1. Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina.
  3. En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

El 25 de febrero de 2021, la Sala Plena eligió, por unanimidad, a los 18 conjueces que, en caso de empate o falta de quorum necesario, tendrán la responsabilidad de participar de la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

Esta es la lista de los conjueces y será uno de ellos quien termine definiendo el desempate de este importante debate.

Según El Tiempo, la responsabilidad recayó en los conjueces Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao que tendrán un tiempo para evaluar todo el expediente.

El empate se dio por la falta del voto del magistrado Linares

Linares entregó unas declaraciones a un medio de comunicación el 11 de noviembre de 2021, las cuales, de acuerdo con él, podrían interferir con su imagen de imparcialidad en la discusión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia.

“En ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (…) o tiene los hijos de uno que le dicen: ‘papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”, dijo en ese entonces el magistrado a un medio de comunicación.

Frente al impedimento, el pasado 18 de noviembre de 2021 la Sala Plena de la Corte no llegó a un acuerdo, por lo que designaron al conjuez Yepes Arcila. El primero de diciembre, el alto tribunal tuvo un primera sesión, sin embargo, ese día tampoco se tomó una decisión por lo que se suspendió el encuentro. Ahora, un mes y medio después, la Corte Constitucional aceptó el impedimento del magistrado Linares.

El alto tribunal estudió las ponencias presentadas por los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, en las que se solicita despenalizar el aborto en Colombia, el cual es legal en el país desde 2006 bajo tres causales y de no entrar en ellas, el aborto es considerado como un delito, cuya pena sería de entre 16 a 54 meses de cárcel.

Según Lizarazo, el Estado debe despenalizar la interrupción voluntaria del aborto en el país, pues penalizarlo no solo incide en que se practiquen abortos inseguros, sino también, que se vulnere “la libertad de conciencia de las mujeres” de decidir si quieren procrear o no.

Se espera que en las próximas semanas se conozca la posición de los conjueces y se llegue a una decisión crucial sobre el tema del aborto en Colombia.

20 de Enero de 2022

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Reino Unido arranca una prueba de la semana laboral de cuatro días

Unas 30 empresas participarán en este proyecto piloto durante seis meses, entre las que se encuentra la multinacional Canon.

Un nuevo proyecto piloto se une a las pruebas similares que han hecho en Islandia, Australia, Nueva Zelanda o en España, que consta con un proyecto impulsado por Compromís en la Comunidad Valenciana y con un proyecto estatal impulsado por Más País.

Durante seis meses, hasta 30 empresas británicas participarán en este proyecto para comprobar las ventajas y las posibilidades de una reducción de jornada laboral a cuatro días sin reducción de salario. Dichas empresas mantendrán los salarios de los empleados exigiendo una productividad del 100% durante el 80% del tiempo.

Además de controlar la productividad, el proyecto trabajará junto a las empresas para medir el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género

Hasta el momento se han unido seis empresas al programa que pretende empezar en junio de 2022. Los impulsores del programa pretenden que el número de compañías participantes llegue a las 30 antes de la fecha de comienzo. Todas las empresas recibirán un paquete de apoyo que incluye talleres, tutorías, creación de redes y acceso a investigaciones académicas de primer orden, según han explicado desde los promotores. Además de controlar la productividad, el proyecto piloto contará de un equipo de expertos que trabajarán junto a las empresas para medir también el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género.

El programa piloto se llevará a cabo en colaboración con académicos de Cambridge y Oxford, así como con el Boston College, la campaña británica 4 Day Week y la organización Autonomy.  La empresa Canon Medical Research Europe, con sede en Edimburgo, será una de las empresas que probará la semana de cuatro días entre sus 140 empleados sin reducir sus salarios.

Enero 17/22

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Aborto, educación y reforma de pensiones, propuestas de los chilenos para Convención Constitucional

Nueve iniciativas alcanzaron las 15 mil firmas necesarias para que las debatan los constituyentes.  

A partir de enero de este año, la Convención Constitucional de Chile entró en la etapa en la que debe comenzar a discutir los temas que serán incluidos en la Carta Magna. 

Con un plazo máximo que no puede pasar julio de este año -aunque hay algunos constituyentes que quieren pedir una prórroga- los encargados de redactar la nueva Constitución, recibieron casi 4000 mil propuestas constitucionales a través de la plataforma denominada “iniciativa popular de norma”.

Este mecanismo permite que una persona o un grupo pueda presentar a la Convención una propuesta que podría llegar a ser incorporada en la nueva Constitución. Pero para que sean analizadas, las propuestas deben venir acompañadas con el respaldo de al menos 15.000 firmas.

Según el último informe de la Convención, los ciudadanos chilenos presentaron 3876 iniciativas para la nueva Constitución que reemplazará la elaborada por el dictador Auguto Pinochet. De estas, solo 1.522 fueron admitidas por la Secretaría de Participación Popular, mientras que el resto fueron rechazadas, declaradas inadmisibles o no pertinentes.

Pero, al momento, solo nueve lograron superar las 15.000 firmas requeridas para entrar a la Convención Constituyente. Estos articulados tratan temas presentes en debate público para los chilenos, pero que también fueron llevados al Legislativo en los últimos años: la interrupción del embarazo, la educación, el cannabis, la libertad religiosa, la explotación minera y una reforma a las pensiones.

El siguiente paso será que pasen a una comisión donde será discutida y votada. Si alcanza la mayoría simple, la propuesta pasará al pleno, donde necesitará un respaldo de dos tercios de los 155 integrantes para aprobarse.

Además de recibir las iniciativas populares, los constituyentes electos enviarán sus propias normativas que se someterán a votación. Sobre esto, algunos bloques ya adelantaron propuestas sobre el combate a la corrupción política y la reforma del Poder Legislativo a un sistema unicameral.

Los ahorros previsionales

Una de las iniciativas más votadas, que duplicó las firmas necesarias y alcanzó los 35.968 apoyos, trata uno de los temas más discutidos en el último año en la política chilena y que fue protagonista en la campaña electoral.

La propuesta busca garantizar el derecho a la seguridad social, por lo que establece una pensión básica universal que cubra a todos los chilenos en edad de retiro. Según indica, el financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general.

“Las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales acumulados, sea ella privada, estatal o mixta. En ningún caso la ley podrá establecer el monopolio estatal de la administración o gestión de las cotizaciones previsionales ni de dichos fondos”, continúa el texto.

La propuesta fue presentada por un grupo de trabajadores convocados a través de las redes sociales. Durante la campaña electoral, los candidatos “proponían destinar nuestras cotizaciones a fondos solidarios o cuentas ficticias, metiéndonos, una vez más, la mano al bolsillo. Esto ya pasó en Argentina donde el gobierno se apoderó de los fondos de pensiones y hoy el sistema está desfinanciado. No queremos que nos pase lo mismo”, argumentó el grupo.

“Será Ley” y "Derecho a la vida"

El avance de la interrupción del embarazo en América Latina divide a los ciudadanos chilenos en un país mayoritariamente católico y dos propuestas con objetivos opuestos lograron entrar en la Constituyente.

La actual legislación chilena permite el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, violación o riesgo de la vida de madre. Fuera de estos casos, la pena es de hasta cinco años de prisión.

Un colectivo feministapresentó una propuesta, con 15.000 firmas de respaldo, que busca garantizar la despenalización del embarazo por voluntad de la mujer. La iniciativa que denominaron “Será ley” también abarca temas como la salud reproductiva, derecho a la información y a la educación sexual integral, acceso a la salud mental en temas de género y los derechos laborales de las personas gestantes.

Por otra parte, miembros de la fundación católica “Chile Siempre” piden a la Convención que “el derecho a la vida tenga protección constitucional, y que esta protección sea desde el momento de la concepción”. La propuesta que busca prohibir el aborto en todas las causales alcanzó los 19.850 apoyos, unos cinco mil menos que la iniciativa “Será Ley”.

"Banco Central Autónomo"

“La inflación es uno de los temas económicos más dañinos para las personas. No controlarla supone un deterioro para la calidad de vida de los hogares, especialmente los más pobres”, comienza la iniciativa que busca la creación de un Banco Central Autónomo en Chile.

La iniciativa elaborada por tres ingenieros civiles logró alcanzar las 15 mil firmas en menos de 48 horas. Entre los cambios para “mejorar y modernizar” la Constitución, detallan que “se debe indicar que la política monetaria es de uso exclusivo del BC”.

Además, rechazan que la entidad financiera pueda realizar préstamos al Estado o financiar el gasto público mediante créditos directos o indirectos y reclaman que se garantice la autonomía del consejo directivo “sin dependencia y alejada de toda presión político-electoral”.

"Derecho a la educación"

Durante la dictadura militar chilena, Pinochet introdujo la "municipalización de la enseñanza", una reforma para descentralizar el sistema de educación. A 30 años de su implementación, el sistema que acusan de generar segregación y de impulsar la educación privada continúa vigente aunque con cambios en el último gobierno de Michel Bachelet.

La educación es un tema presente en la agenda de los chilenos y dos propuestas que buscan abordar este tema lograron destacarse entre miles por la cantidad de apoyos recibidos. Ambas iniciativas suman más de 36 mil firmas, y buscan objetivos similares: “la libertad de enseñanza” y el “deber preferente de los padres”.

"La libertad religiosa y de conciencia"

En octubre de 2021, representantes de diversas religiones de Chile llegaron ante la Sala Convención Constitucional. A partir de este encuentro, nació la propuesta que, a través de tres artículos, busca garantizar “libertad de conciencia y religión”.

Además, el texto establece que los creyentes “podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones”, así como tendrán derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa “de acuerdo con sus propias convicciones”.

Según argumentan, el texto fue firmado por un amplio espectro de representantes religiones entre los que menciona: la Iglesia Católica, grupos evangélicos, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Corporación mapuche ENAMA y el Consejo político Pueblos originarios.

Nacionalización de las empresas de la Gran Minería

Las últimas semanas, la explotación del litio se robó el protagonismo en la política chilena tras una polémica licitación del gobierno de Sebastián Piñera por 400.000 toneladas del metal.

La propuesta del presidente saliente fue criticada por buscar privatizar este tipo de minería, a dos meses de que el actual mandatario entregue la Presidencia.

En medio de este panorama que enfrentó a varios sectores chilenos, una iniciativa constitucional que busca nacionalizar el litio, cobre y oro, alcanzó los 15.000 apoyos y promete generar divisiones entre los constituyentes.

El articulado establece que solo podrán ser adjudicadas a empresas producciones de hasta 36.000 toneladas al año y que las licencias no tendrán una duración superior a 20 años. Además, deberán realizarse "en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas" y cuidando los recursos naturales.

En cuanto a las empresas que ya operan en Chile, la propuesta llama a la expropiación "por causa de utilidad pública o de interés nacional" y establece que las mineras privadas "podrán reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrán siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial".

“Cannabis a la Constitución ahora”

El Estado debe respetar “el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la búsqueda de bienestar, placer y salud integral, incluyendo los usos de cannabis y otras sustancias psicoactivas de origen vegetal o sintético”, subraya el texto que 43 colectivos sociales buscan agregar a la nueva Constitución.

La propuesta fue la última en superar los 15 mil apoyos y cuenta con patrocinio de más de 34 mil chilenos, incluidas la constituyente Manuela Royo y la diputada Ana María Gazmuri. En el país está permitido la comercialización del cannabis solo para su uso medicinal. 

 *Agencia Regional de Noticias

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Domingo, 24 Octubre 2021 05:20

¿Una Iglesia “asamblearia”?

Francisco sigue privilegiando a los movimientos populares.. Imagen: AFP

La estrategia de Francisco

Como forma de afrontar los problemas que atraviesa la Iglesia y como manera de impulsar respuestas institucionales acordes con los desafíos de la realidad, el Papa promueve un nuevo modelo de participación eclesiástica basado en la corresponsabilidad.

Francisco enfrenta resistencias fuera y dentro de la Iglesia Católica. Por sus críticas al capitalismo, por la defensa de los pobres y por sus posiciones ante graves problemas internos que en otro tiempo fueron tabú para la jerarquía eclesiástica. Pero el Papa continúa a paso firme con el proyecto que se trazó desde que arribó al Vaticano. Y así como en recientes declaraciones a la agencia argentina Télam sostuvo que “la pandemia es un desafío al cambio” que si no se hace efectivo “salimos peor, aunque no lo sintamos”, también en el orden interno eclesiástico Jorge Bergoglio da pasos destinados a cambiar los modos de participación y toma de decisiones en la Iglesia. Ello sin dejar de encarar situaciones sumamente críticas que heredó, como lo es centralmente la cuestión de los abusos sexuales por cuenta de una parte del clero y la jerarquía. Pero además mientras continúa sus diálogos institucionales con quienes deciden en el mundo, Francisco sigue privilegiando a los movimientos populares como principales interlocutores y aliados en su propósito de disminuir las desigualdades. El 17 de octubre el Papa le hizo un llamado a los dirigentes populares a "soñar juntos para evitar el abismo al que vamos" y les agradeció por "dejarme ser parte de sus luchas".

Frente a la próxima cumbre climática COP26 (Glasgow, 1 al 12 de noviembre) y al encuentro del G20 en Roma, Francisco no desperdició oportunidad para mandar su mensaje. “Hay que plantearse seriamente la salida a las periferias” dijo. Y subrayó que “esto lo hacemos ahora o no lo hacemos más” porque, agregó Bergoglio, “la fraternidad universal no es un tango, es una realidad”. Los últimos discursos de Francisco estuvieron marcados por cierto dramatismo seguramente surgido de la preocupación que deriva de la situación mundial agravada por la pandemia. “El partido se juega ahora” porque “si no estamos fritos” le dijo a Telam en lenguaje porteño coloquial.

Los problemas internos

Pero más allá de lo que hoy Francisco representa para la humanidad como referente político-cultural y religioso, el Papa enfrenta serios problemas e innumerables desafíos hacia el interior de su propia feligresía, un conglomerado que según el anuario estadístico vaticano actualizado al 31 de diciembre de 2019 reúne a 1.344.403.000 católicos y católicas en todo el mundo.

Una reciente investigación realizada en Francia dio cuenta del abuso de más de 333 mil niños a manos de funcionarios de la Iglesia Católica en los últimos setenta años, dato que se suma a hechos similares ocurridos en Australia, Alemania, Irlanda y Estados Unidos, entre otros países.

Francisco sabe que esta es una de las cuestiones más delicadas que debe afrontar. “Mi vergüenza, nuestra vergüenza, es por la incapacidad de la Iglesia de ponerlas en el centro de sus preocupaciones”, dijo Bergoglio.

A ello se sumaron también maniobras que involucran a los “Legionarios de Cristo” (hoy intervenidos por el Vaticano) en operaciones por hasta 295 millones de euros en paraísos fiscales según se reveló en los “Papeles de Pandora”. Esas cuentas fueron creadas por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador y superior general de “Los legionarios”, fallecido en 2008 y señalado también como pederasta, cuyo poder eclesiástico creció al amparo de Juan Pablo II. Francisco fue terminante cuando, en febrero de este año y hablando ante los legionarios, se refirió al “comportamiento delictivo” del fundador Maciel, dijo que no se lo puede considerar “un ejemplo de santidad a imitar” y criticó su “doble vida” que le permitió adquirir poder en la Iglesia.

Como parte de su estrategia para sortear todas estas dificultades Bergoglio sigue avanzando en nombrar en puestos claves a personas de su confianza y conocimiento personal. Una de las designaciones más recientes fue la del sacerdote español Fernando Vérgez Alzaga, hecho obispo y puesto al frente del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Vérgez Alzaga es un clérigo que desde los años setenta forma parte de distintas instancias de la curia vaticana y que fue secretario personal del cardenal argentino Eduardo Pironio (1920-1998), siendo esa la ocasión en la que tuvo relación cercana con Bergoglio.

En la misma línea habría que destacar también recientes nombramientos de la teóloga argentina Emilce Cuda como jefa de la oficina de la estratégica Pontificia Comisión para América Latina y del obispo Jorge García Cuerva, también argentino e identificado con la “opción por los pobres”, en la no menos importante Congregación para los Obispos, responsable de acercarle al Papa los nombres de los futuros obispos.

La iglesia “asamblearia”

Sin desconocer la gravedad de los problemas externos e internos a enfrentar, Francisco entiende que la Iglesia Católica tiene que profundizar el camino de su renovación. Para ello, ha venido tomando resoluciones en el marco de sus atribuciones pontificias pero sin avanzar en reformas del derecho canónico ni de las constituciones eclesiásticas. Pero la apuesta más fuerte es a promover la participación mucho más activa y protagónica de todos los fieles lo cual debe leerse también como un embate contra el clericalismo.

Bergoglio ha querido impulsar una renovación del Concilio Vaticano II alimentando una experiencia sinodal, de asamblea. Sobre esta certeza, el Papa convocó a un proceso de escucha previa al sínodo que se celebrará dentro de dos años, partiendo de la base del compromiso de todas y todos los fieles. Para Francisco “lo contrario al clericalismo es la corresponsabilidad”. Desde su creación en 1967, los sínodos han sido encuentros reservados a los obispos, con apenas la participación de asesores. Ahora el Papa abrió un proceso de dos años que comienza por la consulta (“la escucha”) en las diócesis (circunscripciones eclesiáticas) de todo el mundo y que culminará con un sínodo con amplia participación de todos los estamentos de la Iglesia. Según el teólogo Rafael Luciani, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), el Papa está “mejorando una nueva forma eclesial de proceder inspirada en una práctica de transparencia y responsabilidad”.

América Latina, donde habitan el 62% de los católicos de todo el mundo, ha sido de alguna manera un lugar de experimentación de esta metodología. Cuando los obispos latinoamericanos le pidieron a Bergoglio que convocara a una nueva Conferencia General del Episcopado como las celebradas cada diez años en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, el Papa les contra ofertó una asamblea eclesial, que tendrá su punto culminante del 21 al 28 de noviembre próximo en México, pero que se inició con consultas y escuchas a lo largo y ancho de todo el continente. El propio Francisco dijo que “esta es la primera vez que se realiza una asamblea eclesial. No es una conferencia de obispos latinoamericanos como las anteriores. Es otra cosa. Es un encuentro del pueblo de Dios, laicas, laicas, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, que caminan juntos. Oran, hablan, piensan, discuten, buscan la voluntad de Dios”, aseguró el Papa.

Según lo informó el arzobispo argentino Jorge Lozano, Secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), unas mil personas participarán virtualmente en la asamblea latinoamericana. Los obispos serán minoría: 200. Habrá 200 sacerdotes y diáconos, 200 religiosos y 400 laicos. Hasta allí llegarán y se pondrán en debate los resultados de la escucha y las propuestas de la feligresía de toda la región. Así Francisco pone a prueba en América Latina un nuevo estilo de participación que pretende para el catolicismo mundial.

24 de octubre de 2021

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Chile, entre la rebelión popular, las elecciones y una Constituyente descafeinada

La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración. No olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo aliado el Frente Amplio, cuya cara es Gabriel Boric. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la "paz y una nueva Constitución" definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal. Para lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto. Así, bastaría un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición. Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se reditaron cuando los convencionales votaron su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios. Así, la derecha, la ex concertación, el Frente Amplio, independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una redacción con efectos reales para la ciudadanía. Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la inversión en sanidad, vivienda, educación. Por otro lado, ni pensar que los convencionales determinen que las riquezas del país no puedan ser vendidas a extranjeros. Las trasnacionales tendrán carta blanca para explotar los yacimientos de cobre, litio y de paso repatriar sus beneficios vía tratados de libre comercio. La Constituyente camina desoyendo las voces que dieron lugar a la rebelión popular.

La rebelión plantea preguntas que a dos años siguen sin respuesta. La movilización no ha cuajado en un proyecto. La crítica a la corrupción, a los partidos políticos, a la represión del pueblo mapuche, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio climático, la privatización de la educación, la sanidad, la desigualdad social no ha sido suficiente para construir una alternativa; seguramente no era su objetivo. Pero la protesta, debió ser un punto de partida. Tal vez, las esperanzas se centraron en esa candidatura de independientes a la convención constituyente La Lista del Pueblo. Tuvo 24 constituyentes, hoy no existe. Se disolvió víctima de los males que combatía. El personalismo, la corrupción, la mentira, las malas artes políticas.

Las protestas en estos dos años, han tenido una constante, el grado de violencia con el cual se han empleado las fuerzas armadas y de carabineros contra los manifestantes. La gravedad de sus actuaciones se acrecienta. El uso indiscriminado del material antidisturbios ha significado decenas de muertos, lesiones oculares, violaciones y miles de detenidos. El Estado chileno no ha tenido límites para ejercer la represión. El mantenimiento del Estado de excepción, la militarización del Wallmapu, la aparición de paramilitares contratados por las empresas madereras para acosar e intimidar al pueblo mapuche, son los síntomas de la degradación y la perdida de legitimidad del gobierno. A pesar de ello, las protestas se han mantenido en medio de la pandemia. No es sólo Santiago, se desarrollan huelgas, paros de sanitarios, profesores, estudiantes, estibadores, pescadores, movimiento feminista y pueblos originarios. Es en toda su geografía.

La celebración de la rebelión popular busca mantener el sentido que llevó a millones de chilenos a tomar las calles clamando el fin de la Constitución pinochetista y una sociedad más justa. Hoy se suma a lo dicho, la demanda de libertad para los presos políticos detenidos durante la rebelión popular de 2019. Mientras, el partido del orden y sus nuevos aliados debaten sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuyos índices de abstención superan 50 por ciento. A pesar de ello, todo parece indicar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad y miembro del Frente Amplio, ocupará una plaza. Lo que se cuestiona es quién lo acompañará en segunda vuelta. La derecha se divide entre Sichel y el nazifascista José Antonio Kast. Por otro lado, está la democristiana Yasna Provoste, quien cuenta con apoyos entre las clases medias y sectores empresariales. En esta disyuntiva, es posible que una parte de la derecha apoye a Provoste para una segunda vuelta. En conclusión, a dos años de la rebelión popular, gane quien gane en las presidenciales, Chile seguirá bajo las leyes del mercado, gracias a una nueva Constitución que avalará su argumentario.

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El proyecto de ley sobre acción climática: ¿dónde está la educación?

A finales del mes pasado el gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se adopta la acción climática que busca continuar con la gestión del cambio climático en el territorio, con acciones como reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación de los ecosistemas y las comunidades para el cumplimiento de las metas climáticas; en el marco de los compromisos adquiridos por el país con la comunidad internacional en esta materia.

La crisis climática ya no acepta más discursos floridos, pero sin acción, y mientras más se demoren los gobiernos en implementar estrategias y planes de intervención serios y audaces, mayores serán los recursos económicos que hay que invertir y por consiguiente habrá que realizar recortes presupuestales en otros renglones de la vida nacional.

Al igual que los proyectos presentados por los gobiernos anteriores especialmente el de Juan Manuel Santos, su prosa es muy hermosa, pero carece un soporte financiero que garantice su viabilidad y mucho menos que se traduzca en acciones, con el agravante que antagoniza   con la ley de presupuesto recientemente aprobada en la cual se reducen drásticamente los recursos financieros para enfrentar el cambio climático , a ello hay que agregar una mayúscula contradicción; mientras las Naciones Unidas, permanentemente han llamado a los gobiernos de todo el mundo a enfatizar en la educación como un factor esencial para dar respuesta a los retos que plantea a la humanidad el cambio climático, la educación nos ayuda a entender las causas y consecuencias de este fenómeno global y nos orienta en el desarrollo de estrategias y actitudes, conductas para adaptarnos a sus consecuencias, pero ante todo, nos permite entender que el cambio ambiental es ante un problema ético que requiere de todos los ciudadanos del mundo construir y poner en práctica normas éticas que nos lleven del antropocentrismo al biocentrismo, como la ética que debe regular las relaciones entre los seres humanos, con otros seres vivos ,con los ecosistemas y con la naturaleza, el proyecto del gobierno excluye al Ministerio de Educación cuando debería estar orientando el proyecto, en un reciente pronunciamiento la UNESCO , formuló un llamado a las universidades del planeta para que incluyeran el cambio climático como un eje transversal en sus programas de formación profesional.

Como consecuencia del modelo de desarrollo capitalista dominante en el país, que reduce el desarrollo humano al crecimiento económico, fomentando la desigualdad y afectando de manera significativa el medio ambiente, se ha puesto en primer lugar el papel preponderante de la educación en todos los procesos sociales y como motor del desarrollo; en este escenario, el papel de la pedagogía se ha vuelto trascendental por su significado en la promoción del aprendizaje, todos los seres humanos se han vuelto aprendices. Esto conlleva a replantear el papel del profesor de transmisor a mediador del conocimiento, sensible y crítico, un aprendiz permanente, un orientador, un investigador y sobre todo un constructor de sentido.

A pesar de la trascendencia del problema, de las políticas formuladas, de las estrategias planteadas y de las acciones propuestas; el sistema educativo   colombiano no ha logrado producir los cambios esperados en las personas. No ha sido posible que pueda desarrollar mecanismos para la conservación de los ecosistemas ambientales, sociales y económicos, para enfrentar la pérdida progresiva de la biodiversidad que amenaza el futuro del país. Es indudable que un sistema educativo sustentado en la racionalidad cartesiana, que fomenta el transmisionismo de contenidos abstractos y descontextualizados, es incapaz de posibilitar que los aprendices desde su experiencia cotidiana se repiensen y generen hábitos de consumo más responsables y actitudes más proactivas con el ambiente.

La sociedad colombiana es cada vez más urbana, ha perdido sus conexiones con la naturaleza y con todo lo que en ella tiene ocurrencia, lo que ha llevado a perpetuar la idea de que los ecosistemas y los recursos naturales son medios útiles para el ser humano, que están a merced de su poder, y no como sistemas de los cuales dependemos. En este contexto se requiere que la educación en general y la educación ambiental en particular lleve a las personas a la autorreflexión, deje de enseñar teorías sin contenido material y pase a inspirar actitudes y valores, que fomenten la construcción de puentes entre los retos ambientales, las emociones y la curiosidad. Así, la posibilidad con el cuidado y uso responsable del medio ambiente aumentará.

Vale la pena retomar los planteamientos de William Ospina en un evento donde se analizaron las metas educativas para la generación del Bicentenario en donde sostuvo: “si la educación es adiestramiento y transmisión de habilidades prácticas, los talleres, las fábricas y las oficinas son mucho más competentes para impartirla que las aulas, a menudo dispuestas a contaminarse de todo, salvo de realidad. Las aulas a veces parecen vestigios de esas edades que sólo creían en la verdad revelada, administrada por una iglesia, que tenían por impura y vulgar toda concesión a la experiencia. Causa perplejidad que se nos encierre en lóbregos recintos para iniciarnos en el conocimiento de la naturaleza, que debamos escuchar por horas y por meses un saber aburrido y fósil mientras afuera discurre el milagro del mundo”.

Teniendo en cuenta que la magnitud y frecuencia de los fenómenos asociados al cambio climático son variables y fluctuantes ,tanto espacial como temporalmente, se hace necesario que el sistema educativo en particular replanteé los procesos pedagógicos y las estrategias didácticas imperantes en la escuela, generalmente homogenizantes, instrumentales e inmediatistas, con privilegio del activismo, para impulsar miradas diferenciales y particulares que estimulen el desarrollo de lazos y construya vasos comunicantes entre la problemática ambiental y las comunidades locales, su cultura y saberes.

El cambio climático requiere ser abordado con todos los recursos con que dispone el país, entre los cuales la educación desempeña un papel trascendental en el legado que se dejará a las futuras generaciones. La educación, formación y sensibilización sobre el cambio climático serán herramientas claves para estimular y promover la creación de capacidades de adaptación y mitigación frente a los impactos y efectos de un fenómeno de alta complejidad y novedad, que requiere del conocimiento y la participación decidida de todos los colombianos

El cambio climático no hace cuarentena y la pandemia solo ha venido a evidenciar la situación de un planeta que lleva demasiado tiempo enfermo”, aseguró Silvia Gómez, (2020) directora de Greenpeace Colombia. El virus y los efectos del cambio climático que se vienen sucediendo, nos han enseñado que no respetan fronteras y que sus impactos afectan a todos los habitantes de la tierra, sin ningún tipo de distinciones.

Es necesario que la educación colombiana se apropie de ese gran legado de sabiduría ambiental que encierra la acuarela de nuestras comunidades indígenas y ancestrales, que ha sido reconocido y valorado por la comunidad científica universal.


En estos convulsionados tiempos, debemos aprovechar la problemática ambiental para convocar a toda la ciudadanía para promover una acción educativa integral que nos comprometa para luchar por una patria más justa, participativa, solidaria y responsable con el medio ambiente. El sistema educativo colombiano tiene la responsabilidad de preparar a todos los ciudadanos del país en una perspectiva que los lleve a reconocer su territorio como un sistema complejo, que necesita soluciones análogas para los problemas ambientales, para lograr su sustentabilidad, en ese sentido cobran actualidad los planteamientos del insigne investigador y docente de la problemática ambiental del país Julio Carrizosa Umaña:

Necesitamos una educación que nos capacite para nuestra propia complejidad y la complejidad de la realidad colombiana y creo que los elementos de una educación ambiental compleja a todo lo largo del sistema educativo podrían ayudar a formar gentes capaces de hacer eso. Concentro mi propuesta en términos “formación” y “capacitación” y en eso difiero de las líneas actuales que se concentran en la “construcción de competencias. Esa diferencia es de fondo, aspiro a algo más que entrenar en el desempeño de un trabajo específico: creo que el mundo actual lo necesario es preparar para la vida misma”.

Finalmente, me parece conveniente retomar los siguientes aspectos de la carta que Joyce Msuya, directora ejecutiva de la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente dirigió a los participantes en el evento: “El tiempo se nos acaba. Debemos ir más allá de las promesas y la política. Más allá de los compromisos con poca rendición de cuentas. Lo que está en juego es la vida y la sociedad, en la forma en que la que la mayoría la conocemos y la disfrutamos hoy”.

Por. Luis Hernando Rincón Bonilla*

Fuente: El Nuevo Liberal, Popayán-Cauca, octubre 15 de 2021

*Profesor jubilado de la Universidad del Cauca

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