Martes, 09 Noviembre 2021 05:25

Gracias

Pequeños partidarios de la joven ambientalista sueca Greta Thunberg gritan mientras ésta subía al podio para hablar durante una manifestación en Glasgow, Escocia, ciudad sede de la cumbre del clima COP26.Foto Ap

“La generosidad real hacia el futuro reside en dar todo al presente”, escribió Albert Camus.

Por ello, habría que dar las gracias al magnífico coro de jóvenes de todas las esquinas del mundo que se juntaron para expresar su amor a esta tierra y con ello para todos nosotros, al marchar por las calles de Glasgow y varias otras ciudades para denunciar el "bla bla bla" de casi toda la cúpula política y económica mundial y por su invitación a rescatar nuestro futuro colectivo.

Las palabras, gritos, coros, baile y canto de jóvenes de África, Asia, América Latina, América del Norte, Australia, Medio Oriente, en alianza con representantes indígenas, en la llamada COP26 en Glasgow son lo único que ofrece esperanza después de una semana de discursos de mandatarios y de las delegaciones oficiales de la mayoría de los países del mundo (todo reportado con excelencia en estas páginas por nuestro corresponsal Armando G. Tejeda).

Pero tal vez lo más notable es que el mensaje de los jóvenes activistas de los países del sur no sólo ha sido escuchado por sus contrapartes del norte, sino que ya fue integrado a la narrativa común de que esta crisis existencial del cambio climático es resultado del modelo económico neocolonialista que fomenta la desigualdad, la explotación, el colonialismo y "la muerte de la naturaleza". O sea, ofrecen un análisis sistemico y hasta antimperialista; algo más sofisticado que lo que se atreven a declarar las cúpulas mundiales.

Nadie puede pretender que no están enterados de las consecuencias mortales del continuo uso de los hidrocarburos. Tampoco pueden negar que Estados Unidos es el líder acumulativo en emisiones de los contaminantes que nutren el calentamiento global, y que junto con los otros países industrializados debe asumir el costo para cualquier transición ecológica necesaria en las naciones del sur. Pero muchos políticos demuestran su gran talento al reconocer todo eso y, a la vez, rehusar aceptar responsabilidad mientras emiten sus grandes proclamaciones aparentemente pensando que están convenciendo a su público.

Ante ello, sólo se puede concluir que los niños y jóvenes en la calles de Glasgow y otras ciudades que rechazan todo ese "bla bla bla" son los verdaderos adultos en este debate, y los que están demostrando, como afirmó Greta Thunberg, "cómo se ve el liderazgo real" ante esta crisis.

Con razón políticos de todo tipo buscan descalificar a estos jóvenes –"no saben de lo que están hablando"– y hasta se burlan de ellos. Generan sospechas de que son unos inocentes manipulados por adultos malévolos afirmando que "no se mueven solos". Nada tan lamentable y en esencia reaccionario ver y escuchar a progresistas en varios países sumarse a estos argumentos.

"¿Por qué debo estar en la escuela si ustedes me han robado el futuro?", preguntan jóvenes en sus pancartas, y en respuesta a aquellos "adultos" que les dicen que deberían de estar en la escuela y no en las calles y dejar estos problema para los expertos y los políticos.

El consenso científico claro y contundente es que proceder con la explotación y uso de los hidrocarburos, continuar con las mismas industrias extractivas, con los modelos agroindustriales llevan al suicidio colectivo de la humanidad y otros seres vivientes. Punto.

Casi todo ciudadano medio consciente en el mundo ya lo sabe, y cada día los medios y los periodistas (entre los cuales soy cómplice) reportan cada vez más historias de desastres naturales, y nuevos informes e investigaciones que no sólo comprueban que las cosas están muy mal, sino que pronostican que las cosas serán cada vez peor. ¿Qué hacer ante el diluvio de tanta noticia literalmente fatal?

Pues, mínimo, dar las gracias a los jóvenes, y, aún mejor, aceptar su generosa invitación para cambiar el curso de esta historia. Dar las gracias por lo mejor y lo más noble que puede hacer la juventud: rechazar el curso actual de esta historia al invitarnos a un futuro diferente.

Leonard Cohen (a cinco años de su fallecimiento). Everybody Knows. https://www.youtube.com/watch?v=xu8u9ZbCJgQ

Leonard Cohen. Ain’t no cure for love. https://www.youtube.com/watch?v=F24VqlFBvrU

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:21

La vuelta de los Chalecos Amarillos

Asamblea de Asambleas de los “chalecos amarillos” a principios de abril de 2019 en Saint Nazaire (Francia). Foto de Yves Monteil de la web Reporterre

¿Qué queda del movimiento que encendió las calles de París y puso contra las cuerdas al gobierno de Macron entre finales de 2018 y principios de 2019?

Ante el aumento histórico del precio de la gasolina, el gas y la electricidad en Francia, muchas son las voces que pronostican el posible regreso masivo de los chalecos amarillos a las calles. Sin embargo, ¿es esto posible? ¿Y qué queda de este movimiento que encendió las calles de París y puso contra las cuerdas al gobierno de Macron entre finales de 2018 y principios de 2019?

En primer lugar, hay razones para no sobredimensionar esta pretendida vuelta del movimiento, empezando por la durísima represión vivida en carne propia. Recordemos que en los dos primeros meses de chalecos amarillos hubo más personas mutiladas por la actuación policial que en los diez años anteriores. El balance humano, sólo hasta abril 2019, es de un muerto, tres personas en coma, cinco perdieron una mano y 23 perdieron un ojo.

Pero es que a la represión policial se une la represión judicial (juicios exprés), la represión de los servicios de inteligencia (dosieres, escuchas, captación de datos, etc.) y la represión administrativa encarnada principalmente por la polémica “ley antidisturbios”, que facilita detenciones en las manifestaciones y permite castigar con hasta 15.000 euros o con una pena de prisión a quien se tape la cara. No es muy difícil de imaginar lo que todo esto supone para los que tienen menos recursos.

También hay otras razones más endógenas al movimiento que nos hacen ser precavidos: desgaste de una militancia muy intensa con efectos laborales y lo que el sociólogo Peter Berger llama una limpieza afectiva, es decir, las separaciones sentimentales, amicales o familiares que se han producido a causa de un movimiento muy exigente y polémico en el seno de las estructuras familiares y de sociabilidad cotidiana. Además en varias rotondas ocupadas, con el paso del tiempo y los cambios en la opinión pública, reaparecieron las divisiones sociales o políticas que se habían puesto en suspenso garantizando la unidad y su éxito inicial. La manifestación de las diferencias políticas entre participantes, pero también de clase (entre las fracciones más estables y las más frágiles de las clases populares) hicieron mella en un movimiento que fue perdiendo apoyo social al ser, sobre todo, asociado a la violencia.

Dicho esto, también hay razones para pensar que una re-movilización es posible. Hay todavía rotondas activas, chalecos amarillos que manifiestan en otros conflictos sociales, los grupos de Facebook siguen ahí y existen acciones que se preparan desde los anuncios de las subidas de precio o eventos que se organizan para el tercer aniversario del movimiento. Por lo general los militantes siguen en contacto, debaten y esperan el momento adecuado para salir a la calle. Entre los chalecos amarillos encontramos una parte considerable de primo-manifestantes y entre estos hay muchos para los que el movimiento ha supuesto más bien una socialización agonística y están dispuestos a todo para enfrentase al ejecutivo. Muchas de estas personas que no estaban “interesadas por la política” ahora también miran con lupa las decisiones del ejecutivo y pueden re-movilizarse.

A partir de sus estudios sobre el movimiento feminista, la socióloga Verta Taylor nos invita a pensar la continuidad de los movimientos sociales según sus ciclos de movilización, postulando que se parecen más a una montaña rusa y son bastante dependientes de los ciclos de atención mediática. Y observa como algunos movimientos sociales devienen “estructuras durmientes” que se re-activan con contextos políticos favorables. ¿Y qué mejor contexto que el de una subida histórica de los precios de la electricidad, el gas y la gasolina? Unas reformas como estas, mal medidas, pueden ser la chispa que reavive la protesta y la legitimidad pública de los chalecos amarillos.

Como ha dicho el historiador económico Adam Tooze, “la lección de la crisis de los chalecos amarillos no es que la tarificación del carbono sea imposible, sino que hay que hacerlo siendo conscientes de los efectos distributivos". En esto reside la clave de la cuestión, en saber si Macron ha aprendido la lección. ¿Actuará como en 2018 con etnocentrismo de clase, es decir menospreciando u obviando los efectos en desigualdad de estas subidas, o tratará de corregir este impacto desproporcional para evitar un nueva crisis política justo antes de las elecciones?

Con los chalecos amarillos como protagonistas o no, lo que está claro es que una movilización social semejante sería condición de posibilidad para volver a situar la cuestión social en el centro del debate y despejar el marco dominante seguridad/migración, que favorece a la dupla Macron y Zemmour, de cara a las elecciones de 2022

Por Aldo Rubert

Es investigador en la Universidad de Lausanne y en el INRAE.

9 nov 2021

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Aún resta una semana de negociaciones climáticas

Jóvenes, pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y más, muchos más, están marchando este sábado por las calles de Glasgow, en Escocia, al cierre de la primera semana de la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio Climático o COP26

“No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver la crisis con los mismos métodos que nos metieron en ella en primer lugar”, dijo la activista juvenil Greta Thunberg ayer, luego de una marcha organizada por Fridays For Future en esta ciudad. Frente a unas 25.000 personas, la joven activista acusó: “La COP se ha convertido en un evento de relaciones públicas, en el que los líderes pronuncian discursos bonitos, y anuncian compromisos y objetivos extravagantes, mientras que detrás de las cortinas los gobiernos de los países del Norte Global siguen negándose a tomar ninguna medida drástica sobre el clima”.

Sus palabras resuenan en los pasillos de una COP que, efectivamente, esta semana fue escenario de grandes anuncios y promesas por parte de los Jefes de Estado de muchos países. Entre ellos, los Estados Unidos, India y el anfitrión, el Reino Unido, y, del lado de América Latina están Argentina, Colombia y Costa Rica, entre otros. La ausente presencia de los presidentes de China, Rusia y Brasil, tres de los grandes contaminadores e impulsores de la crisis climática a nivel global, no pasó desapercibida, al punto que el propio Joe Biden, mandatario estadounidense, apuntó que fue “un gran error” de su parte no ir.

Tal fue el nivel de anuncios que se presentaron en los primeros días de esta Cumbre del Clima, que, opinan algunos observadores, existe el riesgo de que se pierda de vista cuán efectiva o no está siendo esta reunión para resolver los temas que están en la agenda de los negociadores. En estas palabras lo expresó Mohamed Adow, director del think tank sobre energía y clima Power Shift Africa: “La COP26 corre el riesgo de ahogar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en un bombardeo de anuncios. Estos pueden generar titulares, pero evaluar su verdadero valor es enormemente difícil, especialmente en la velocidad de una reunión de la COP. Son un caramelo para la vista, pero el subidón de azúcar que proporcionan son calorías vacías”.

Lo que sí

Entre las promesas que se hicieron en estos días, se destacan el Acuerdo sobre los Bosques y el Uso de la Tierra que se propone frenar la deforestación a nivel planetario para 2030; y el Compromiso Mundial sobre el Metano, que busca reducir las emisiones globales de este gas de efecto invernadero (el segundo más preocupante después del dióxido de carbono) en al menos un 30% para 2030, versus 2020, lo que —calculan los científicos— podría eliminar 0,2°C de calentamiento para 2050. 

Quizás aún más contundente, por las repercusiones económicas que plantea, es el acuerdo sellado por 190 países, regiones y organizaciones para eliminar progresivamente la energía a carbón, no construir nuevas centrales eléctricas alimentadas por este combustible fósil y cerrar las existentes. Importante aquí: entre los firmantes se incluyen países con una significativa capacidad energética a carbón, como Canadá, Chile, Alemania, Italia, España y Vietnam.

“Estos países quieren eliminar el carbón. La lista también incluye a los financieros, lo que subraya que el dinero inteligente está en la energía limpia, no en el carbón”, afirma Dave Jones, Global Lead del think tank Ember. “Hasta ahora, la historia del carbón desde París se ha centrado en cómo detener la construcción de nuevas centrales eléctricas. Este anuncio mueve los postes de la ambición de ‘no al carbón nuevo’ a ‘eliminar el carbón’ por completo.”

A ello se suma que, pocas horas después, más de 20 países —entre ellos, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá e Italia— definieron frenar el financiamiento público internacional a los combustibles fósiles en 2022, para dar prioridad a las energías limpias. ¿El impacto de esta decisión? Dependiendo de la lista final de firmantes (se publicarán los próximos días), el desplazamiento directo de al menos US$18.000 millones al año de los fósiles a las renovables, algo que puede darle a las transiciones energéticas hacia economías descarbonizadas el impulso que necesita.  

Financiamiento: ¿el dinero está o no está?

Ahora bien, resta ver cómo todos estos anuncios y promesas se traducirán en acciones. De momento, no parecen estar ayudando a destrabar los puntos contenciosos de la negociación que deberían definirse antes de que esta COP termine. Pasados los discursos de los Jefes de Estado, comenzó el trabajo fino. Esto es, la tarea técnica de ir limpiando los textos y buscando compromisos para avanzar con los temas más complicados de la agenda.

Entre ellos se incluye el financiamiento. En 2009, en la COP15 de Copenhague (Dinamarca), los países desarrollados se comprometieron a aportar US$100.000 millones anuales entre 2020 y 2025 para ayudar a los países en desarrollo y más vulnerables en sus estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese mismo marco, también acordaron trazar un plan para elevar la vara a partir de 2025. Pero, el dinero no está. Se estima que se movilizaron casi US$80.000 millones en 2019. Y los países desarrollados no están pudiendo demostrar que honrarán el compromiso en 2021, ni cómo lo cumplirán en los próximos años.

Poco es lo que se avanzó sobre este tema en los primeros días de esta cumbre y los presidentes se fueron sin haber hecho anuncios rimbombantes de cuánto aportarán al Fondo Verde del Clima. Sigue sin haber un plan claro de cómo se honrará este compromiso, que por muchos es visto como un prerrequisito para el éxito de esta COP26 y algo crucial no sólo para aumentar la ambición climática global, sino también para construir confianza entre los países. Lo dijo Sonam P Wangdi, presidente del grupo LCD (los países menos desarrollados), antes de que empezara la COP: “En Glasgow, comenzaremos a negociar un nuevo objetivo financiero colectivo, que debemos acordar antes de 2025. Pero, ¿cómo pueden los países desarrollados fomentar nuestra confianza antes de estas conversaciones cruciales cuando sus actuales promesas de financiación siguen sin cumplirse? No habrá acuerdo en la COP26 sin un acuerdo financiero”. 

“Los US$100.000 millones que se prometieron a los países en desarrollo para apoyar la adaptación y la mitigación no se han proporcionado y aquí estamos, 12 años después, esperando que la financiación se materialice. Será necesario que la Presidencia británica haga un gran esfuerzo si queremos salir de Glasgow con algún acuerdo real, aparte de la serie de declaraciones que dan bombo y platillo, pero que se quedan en nada”, señala Adow. Y agrega: “Tienen que dar garantías a los países vulnerables de que la financiación va a llegar; aumentar la parte de la financiación de la adaptación para dar apoyo a los países pobres que sufren los impactos del cambio climático; y para esas cuestiones tan olvidadas de Pérdidas y Daños tenemos que movilizar alguna financiación, seria para poder dar apoyo a las comunidades”.

Artículo 6: ¿reglas claras o green washing?

Otro de los puntos difíciles de la agenda de esta COP26 es el Artículo 6, el único del Acuerdo de París que queda por reglamentar (ya son varias las cumbres que han ido y venido sin poder dar punto final a esta discusión). Se trata de los mecanismos de cooperación internacional, de mercado y no mercado, para que los países puedan comercializar reducciones de emisiones de carbono y fortalecer sus metas climáticas.

¿Por qué cuesta tanto resolverlo? Desacuerdos sobre distintos temas técnicos están en el camino, con posiciones que —parecen— irreconciliables entre los países. Entre ellos, cómo evitar la doble contabilidad de las emisiones (esto es, uno reduce sus emisiones, pero las vende, entonces, ¿en qué inventario se incluye esa reducción?), si se transferirán o no al nuevo esquema créditos previos que surgen del Protocolo de Kioto, y si se debe asignar un porcentaje de los ingresos para financiar la adaptación a las medidas climáticas. 

Al cerrar la COP25 (en Madrid, España, en diciembre de 2019), había tres textos de trabajo y no mucha idea de cómo continuar. Las reuniones previas a esta COP26, no mostraron muchos avances en la materia. En esta primera semana, sin embargo, algo lentamente comenzó a gestarse y los tres textos se consolidaron en uno. Todavía no está claro si se llegará al final de esta reunión con un Artículo 6 consensuado, pero lo que sí que es mucho lo que está en juego: la creación de un reglamento sólido es esencial, ya que sus normas influirán en la gobernanza de los mercados internacionales de carbono. Esto es, podría destrabar financiamientos adicionales y reducir los costos de bajar las emisiones.

En cambio, normas más débiles podrían darles buenas excusas a los países para no reducir sus emisiones. Algunos observadores incluso creen que esto podría socavar la solidaridad entre los países o peor aún, menoscabar el Acuerdo de París. Por este motivo, afirman desde el think tank londinense Chatham House, llegar a un mal acuerdo “podría ser peor que no llegar a ningún acuerdo”.

Lo que no 

Más allá de los anuncios y los progresos (o falta de…) en las negociaciones, lo que está en boca de todos en los pasillos de esta COP —que había sido anunciada por el Gobierno británico como “la más inclusiva de la historia”— son los problemas para el acceso y la participación.

Para entrar al centro de convenciones deben hacerse colas (en las que la distancia social escasea y el uso de tapabocas no es reforzado) de hasta dos horas. Hay una única entrada y unas 10.000 personas deben atravesarla cada día. Las cuentas no cierran. Sumado a ello, la Presidencia de la COP26, ejercida por Reino Unido, limitó el número de observadores (la sociedad civil) que puede estar presente en las salas de negociación, un elemento fundacional de estas conversaciones y clave para garantizar la transparencia de los procesos. 

Esta fue la razón por la que, el lunes pasado, la coalición de ONGs Climate Action Network Internacional (CAN) le otorgó el tradicional premio “Fósil del Día” a la Presidencia de esta COP y a la CMNUCC.

“El espíritu de inclusión ha puesto de manifiesto lo que mejor saben hacer los británicos, el arte de hacer cola, durante horas en algunos casos. Las personas que han invertido tiempo y recursos para viajar a Glasgow han esperado pacientemente sólo para descubrir que ‘no hay sitio en la posada’ para la sociedad civil y se les ha dicho que ‘se unan a los eventos de forma online’, para luego descubrir que estaban desconectados. Podríamos habernos quedado en casa, aunque nos habríamos perdido el clima”, dijo la organización en un comunicado.

“La sociedad civil debe ser tratada como un socio con igualdad de acceso: todos tenemos el mismo objetivo de evitar el colapso climático. Tienes dos semanas para dirigir un proceso de negociación exitoso y cultivar un entorno de negociación productivo en un momento de importancia crítica. Están avisados: ¡estamos observando y no vamos a hacer cola!”.

| 08/11/2021

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Ojo al Clima forma parte. Licencia Creative Commons con mención del autor/es.

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Miles de personas exigen en Glasgow una transformación radical para evitar la catástrofe climática

Más de cien mil personas secundan la marcha principal del día de Acción Global por la Justicia Climática en Glasgow (Escocia), donde se celebra la COP26.

Más de 250 acciones en todo el mundo tuvieron lugar ayer, sábado 6 de noviembre, durante la celebración del día de Acción Global por la Justicia Climática, con el objetivo de exigir a los líderes políticos reunidos en la Cumbre del Clima COP26 que se celebra en Glasgow (Escocia) compromisos ambiciosos para evitar que la temperatura global sobrepase 1.5 ºC y también para reclamar soluciones basadas en la justicia climática.

En la ciudad escocesa se desarrolló el acto principal de la jornada de protesta, con una manifestación secundada por más de cien mil personas, según la organización, movilizadas bajo el lema Dejad de apañar los números: reducid la huella de carbono, no a los combustibles fósiles ni a las falsas soluciones.

“Nos encontramos frente a una crisis que va más allá de la crisis climática, el planeta se enfrenta a múltiples crisis sociales, políticas y económicas interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra un sistema económico insostenible y patriarcal, cuyo único objetivo es un crecimiento sin control y beneficios infinitos para unos pocos”, aseguraba Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra desde la macha en Glasgow, y añadía que “las cien mil personas que nos encontramos hoy aquí en Glasgow estamos demostrando a los gobiernos que solo con un cambio de sistema, con una transformación radical de nuestros sistemas energéticos, alimentarios y económicos, podemos realmente evitar una catástrofe climática y un aumento de la temperatura media global que supere los 1,5 grados. Estamos demostrando que la solución está en devolver a la gente su poder”.

Con lemas como Stop Carbon Markets y No false solutions, activistas de la organización ecologista han criticado las falsas soluciones y el peligro que se esconde tras el concepto Cero Neto.

“La multitudinaria movilización que estamos viviendo hoy aquí en Glasgow y las más de 250 acciones que se están desarrollando en todo el mundo reclaman a los líderes políticos una acción climática que deje atrás las falsas promesas del Cero Neto, los mercados de carbono, la geoingeniería y las ilusorias soluciones basadas en la naturaleza, ha afirmado Cristina Alonso. “Estamos muy preocupadas por el espacio que los países ricos y las grandes corporaciones ocupan en las negociaciones. No podemos confiar en tecnologías costosas, arriesgadas y no probadas que tienen impactos potencialmente devastadores en los países del Sur y son, además, una excusa para evitar la acción climática real y seguir fortaleciendo el poder empresarial. Los Gobiernos tienen la responsabilidad de escuchar a todas estas personas que marchan hoy aquí en Glasgow y en todo el mundo, realizar compromisos reales para frenar la emergencia climática y no ceder a las presiones del poder corporativo que obstaculiza la acción climática real”.

El Día de Acción por la Justicia Climática supone también el inicio de la Cumbre de los Pueblos que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Glasgow. Un espacio de encuentro, charlas y talleres protagonizado por movimientos sociales de todo el mundo: movimientos indígenas, sindicatos, grupos por la justicia racial, grupos juveniles, personas trabajadoras agrícolas, movimientos feministas y ONG entre otras, para impulsar un el cambio de sistema.

 

7 nov 2021 10:00

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Un mupuche herido es llevado al hospital de Temuco.. Imagen: AFP

El presidente Sebastián Piñera quiere extender la militarización en regiones mapuches

Piñera contradijo a su propio gobierno al informar que un mapuche falleció en un presunto choque con las fuerzas de seguridad, luego de que el ministro del Interior hablara de dos muertos y tres heridos.

 

La confusión sobre el número de muertos que provocó un nuevo episodio de violencia en el militarizado sur de Chile se instaló en la capital, Santiago, luego de que el presidente Sebastián Piñera contradijera a su propio gobierno e informara que un mapuche y no dos fallecieron el miércoles en un presunto enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, una versión también apoyada por una organización de derechos humanos. El incidente ocurrió un día después de que Piñera anunciara su pedido al Congreso de extender el estado de excepción y militarización de cuatro provincias en las regiones de Biobío y La Araucanía.

Primero fuentes médicas y de la Fiscalía local informaron que una persona de 23 años y otra de 44 habían resultado heridas en dos incidentes distintos en la región del Biobío, y murieron cuando eran trasladadas a un hospital. Luego, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la información de dos muertos y tres heridos en dos incidentes separados en la ruta que une las localidades de Tirúa y Cañete, en la provincia de Arauco, pero no identificó a las víctimas reconociendo que aún hay cierta confusión sobre lo sucedido.

Poco después el presidente Piñera cambió esta versión inicial oficial y sostuvo que sólo una persona falleció y tres resultaron heridas. El jefe de Estado aclaró que Carabineros y las Fuerzas Armadas sufrieron "emboscadas y ataques, cuya naturaleza y circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía, una persona falleció, tres resultaron heridas y dos personas fueron detenidas, incautándoseles armas de fuego".

"Estos graves hechos, sumado a publicaciones de grupos terroristas fuertemente armados, que amenazan a nuestra sociedad, no hacen más que ratificar la necesidad de mantener este estado de emergencia constitucional", indicó Piñera junto a sus ministros de Interior y Defensa. 

El mandatario hacía referencia a un video publicado en redes sociales en el que medio centenar de encapuchados armados de la organización Weichan Auka Mapu califican a las fuerzas de seguridad de "perros guardianes de los ricos" y los amenazaron con combatirlos "con armas" si no abandonan el territorio.

En sintonía con Piñera, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la ciudad de Concepción, capital de Biobío, informó que solo un mapuche fue muerto y no dos. Carolina Chang, de la INDH, afirmó que una de las personas que resultó herida fue dada por muerta.

Ante la creciente confusión Rodrigo Díaz, gobernador de la región del Biobío, acusó al gobierno de ser "responsable" de los hechos y exigió precisiones. Díaz reconoció que existe temor a que haya "una escalada de violencia a raíz de los fallecimientos" y que el conflicto requiere "un abordaje integral para que más gente no resulte muerta".

La versión mapuche

Mientras tanto, dirigentes mapuches eligieron distanciarse de la versión "oficial" de los hechos ocurridos el miércoles. Sostienen que los policías abrieron fuego contra personas que protestaban contra la militarización de la zona y que intentaron liberar a dos mapuches detenidos sobre la ruta cuando iban en un auto que según la policía era robado.

José Huanchuleo, testigo de los incidentes, declaró a medios locales que el enfrentamiento ocurrió en medio de un corte de ruta con barricadas donde "un milico se dio la media vuelta y nos dispara a quemarropa". Huanchuleo agregó que "iba una niña dentro de la camioneta y los milicos sin decir nada nos dispararon".

Sobre el segundo hecho, ocurrido horas más tarde en la misma zona, el jefe de la Defensa Nacional del Biobío, contraalmirante Jorge Parga, explicó que funcionarios de la Armada fueron "nuevamente atacados con armas de fuego desde el interior de un predio". Detalló que, ante el ataque, los efectivos "debieron hacer ingreso reaccionando a esta agresión y procediendo a la detención de dos personas: un adulto de 21 años y un menor de 15 años".

Un grupo de convencionales, entre los que estaban los 17 representantes de los pueblos indígenas que integran el órgano que redacta la nueva Constitución, marcharon el miércoles hasta La Moneda para pedirle a Piñera el fin del estado de excepción. 

"La militarización no es el camino. Es tiempo de construir política con altura histórica. En la convención trabajamos para ello, es urgente que esto irradie y gestemos amplios diálogos plurinacionales con respeto a los derechos humanos", exigió Elisa Loncón, la académica mapuche que preside el órgano.

Militarización y estado de excepción

El presidente Piñera decretó este mes, y luego amplió por 15 días, la militarización en Biobio y la vecina región de La Araucanía tras una serie de hechos de violencia. Ambas regiones atraviesan un histórico conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado por la propiedad de tierras, que los indígenas consideran propias por derecho ancestral y que fueron entregadas a privados, principalmente a empresas forestales y hacendados.

En La Araucanía, en tanto, un grupo de personas quemó este jueves siete máquinas, entre camiones y retroexcavadoras, de una empresa constructora en un barrio de la localidad de Victoria, provincia de Malleco, informó el diario La Tercera citando a la Fiscalía local. Hace años se registran en la zona ataques a predios y maquinarias, a menudo usados como excusas por policías y militares para reprimir a estos grupos, que ya cuentan con varios muertos.

5 de noviembre de 2021

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Ajuste, protestas y deuda con el FMI ¿qué pasa en Ecuador?

El anuncio del un aumento al combustible volvió a encender las protestas contra un Gobierno que tiene cada vez menos apoyo ¿Qué puede pasar?

 

Hace pocos meses se hablaba de la llegada a la presidencia del “Macri” ecuatoriano, el banquero Guillermo Lasso.

Pasaron cinco meses de su asunción, y el presidente se encuentra aislado, enfrentado con el Congreso, investigado por aparecer en los Pandora Papers, con 14 sociedades offshore en Panamá y con protestas contra su plan de ajuste, ideado para cumplir con el FMI.

Empecemos por las últimas noticias. Este martes y miércoles hubo manifestaciones y cortes en rutas en varios puntos del país. Convocadas por sindicatos y organizaciones sociales, reclaman contra el alza del precio del combustible y unos decretos presidenciales que abren la puerta a la privatización del sector eléctrico.

Las protestas empiezan a mostrar el descontento con el Gobierno cuyo plan es aplicar una serie de reformas, incluida una laboral que llevaría a que cuando un trabajador es despedido "con causa" tiene que pagarle a la patronal, y ajustes para “achicar el gasto público”.

Este no es el único problema para el presidente. Recordemos que Lasso llegó a la segunda vuelta con el 19% de los votos. Luego gana por un estrecho margen contra el candidato del correismo, apelando a “la grieta” versión ecuatoriana.

El resultado de la primera vuelta, le dejó una representación en el Congreso muy chica. Hoy controla apenas 13 de las 137 bancas de la única cámara del Congreso. Una minoría que se hace todavía más frágil ante una tenue pero palpable confluencia de sectores de la oposición.

El presidente tiene poco para ofrecer en una negociación que le permita avanzar con sus planes. En especial porque su gobierno está bajo la revisión del FMI.

Ecuador tiene actualmente una deuda externa de U$S 52.000 millones y para este año necesitará más de U$S 7.000 millones, según el Fondo. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario $ 2.800 millones, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

En esta situación, Lasso recibió hace unas semanas el apoyo Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense. Para los norteamericanos el gobierno derechista de Ecuador aparece como un posible aliado en la región.

Esto no evita la dificultad para avanzar con el plan que pide el FMI en un país donde la pandemia por el coronavirus agravó la crisis que existía previamente, y Presidente registra un 34% de aprobación a su figura, cuando hace tres meses superaba el 70%.

Hay que ver si los llamados al “diálogo” que hizo el gobierno a la CONAIE y otros sectores, alcanza para que sus direcciones puedan desactivar las protestas, por lo menos por un tiempo.

En Ecuador se empieza a romper el paréntesis luego de que las direcciones sindicales y campesinas diluyeron el estallido social contra el expresidente Lenin Moreno en 2019 y vuelve a abrirse una situación donde se define:

Si se impone el mandato de ajuste o si las calles le dicen No al FMI.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Viernes 29 de octubre

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Un grupo de manifestantes bloqueó la carretera Panamericana en la salida norte de Quito con tierra, troncos y neumáticos en llamas, el 27 de octubre de 2021. Foto Afp

Indígenas y campesinos de Ecuador bloqueaban vías en varias provincias el miércoles, el segundo día de protestas contra la subida de precios de los combustibles fijada por el Gobierno y en medio de un estado de excepción.

Un grupo de manifestantes bloqueó la carretera Panamericana en la salida norte de Quito con tierra, troncos y neumáticos en llamas, según reporteros de la AFP.

Algunas personas talaban árboles de un cerro aledaño para fortalecer las barricadas.

"Cerramos los carriles con el material de unas volquetas. El gobierno ha hecho pendejadas con subir a cada rato la gasolina", expresó a la AFP Dennis Viteri, un obrero textil de 28 años que vive en la zona de Calderón, donde se registran protestas.

"Cerramos los carriles con el material de unas volquetas. El gobierno ha hecho pendejadas con subir a cada rato la gasolina", expresó a la AFP Dennis Viteri, un obrero textil de 28 años que vive en la zona de Calderón, donde se registran protestas.

La Panamericana es la principal arteria que conecta la capital ecuatoriana con Colombia por la zona andina.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 también reportó bloqueos de carreteras en las provincia de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Diversos sectores sociales protestaron el martes en rechazo a la política económica gubernamental, que ha llevado a que el precio del diésel, el combustible más utilizado en el país, aumente un 90% desde 2020, pasando el galón americano de 1 a 1,90 dólares.

La poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) bloqueó carreteras en varias provincias ecuatorianas, mientras que nativos, obreros, profesores y estudiantes marcharon en Quito.

Se registraron choques entre manifestantes y policías cerca de la sede del Ejecutivo.

La Conaie, que participó en revueltas sociales que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005, decidió extender la protesta, que deja 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado, de acuerdo con el gobierno.

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El Gran Hermano nos vigila y el espionaje electrónico invade nuestras vidas

La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.

Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.

Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida,  desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras  conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.

“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización  había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.

En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:

  • La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
  • la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
  • el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
  • los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
  • la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
  • la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.

Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.

“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.

A su juicio,  las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.

“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.

Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».

«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.

Tampoco es inevitable.

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.

Por Thalif Deen | 27/10/2021

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Indígenas bloquearon ayer la carretera que une la costa y las zonas montañosas en la región de Zumbahua, Ecuador, como parte de la protesta contra las políticas económicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Foto  Afp

Abierto desafío al estado de excepción // Reportan bloqueos y choques con policías // Al menos 37 detenidos, reporta la prensa local // El gobierno minimiza la movilización

Quito. El poderoso movimiento indígena de Ecuador que participó en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005 (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), encabezó ayer, como parte del paro nacional convocado por organizaciones sociales, una protesta contra las políticas económicas de gobierno de Guillermo Lasso, tras los incrementos en los precios de los combustibles y en abierto desafío al estado de excepción por la violencia del narcotráfico.

"La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias ecuatorianas. Di no al paro", replicó Lasso en un tuit.

"El pueblo está diciendo: no podemos cargar únicamente nosotros con el precio de los combustibles", señaló Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Ante la represión aseguró: "no venimos a desestabilizar, sino a exigir al gobierno en materia económica".

Rodeado de miles de indígenas en el sector de Panzaleo, en el centro del país, Iza expresó que una de sus exigencias es la congelación del precio de los combustibles en 1.50 para el diésel y 2 dólares para la gasolina. Otro reclamo es la reducción de precios en beneficio de los indígenas, que representan 7.4 por ciento de los 17.7 millones de habitantes.

Lasso anunció el sábado la congelación del precio de la gasolina extra en 2.55 dólares el galón, y del diésel en 1.90.

Iza lanzó la advertencia de una protesta escalonada e indefinida hasta que Lasso muestre "voluntad" de atender las demandas. En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de la más utilizada, subió de 1.48 a 2.50 dólares, y los incrementos no cedieron pese a la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.

Al participar después en la movilización en Quito, Iza añadió: "no podemos sacar dinero de la gente más pobre, sino ir a una discusión más integral. Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes".

José Villavicencio, presidente de la Unión General de los Trabajadores, aseveró que “se demuestra el descontento del país frente a la política neoliberal. El presidente Lasso en lugar de congelar lo que ha hecho es incrementar los precios, en los hechos ha sido un paquetazo contra el pueblo ecuatoriano”.

Al finalizar la tarde, miles de trabajadores, integrantes de organizaciones sociales, indígenas y otros colectivos marcharon de manera pacífica en Quito, en rechazo a las políticas del gobierno.

La policía acordonó desde la mañana el Palacio de Carondelet y otros edificios del gobierno, y por la tarde se reportaron choques entre manifestantes y uniformados. Decenas de personas arrojaron piedras a los policías, que respondieron con gas lacrimógeno.

Hubo, además, informes de incidentes aislados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la vía Panamericana fue bloqueada con troncos y otros objetos.

El vocero presidencial Carlos Jijón aseguró que las protestas son "de baja intensidad".

La prensa local reportó la detención de 37 personas, mientras dos militares fueron retenidos por manifestantes al noreste de Quito y cinco policías resultaron heridos.

También hubo roces entre manifestantes y agentes en los bloqueos.

Los inconformes respondieron al llamado de la Federación de Estudiantes Universitarios y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Negras e Indígenas.

Las movilizaciones hacen recordar las protestas de octubre de 2019, cuando cientos de indígenas protagonizaron por casi dos semanas violentas marchas en rechazo al aumento del precio de la gasolina, que saldaron con 11 muertos, saqueos, destrucción de parques, ataques al edificio del Legislativo y el incendio del edificio de la Contraloría. El entonces mandatario Lenín Moreno dio marcha atrás con la medida.

Al descontento social se suma el despliegue de militares que hizo Lasso en apoyo al combate del narcotráfico y las investigaciones por su relación con cuentas en paraísos fiscales reveladas por la investigación Papeles de Pandora.

La actual agitación se suma al repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año han dejado más de 2 mil muertos. Ayer por la mañana se reportó un nuevo enfrentamiento entre presos, con saldo de dos heridos, en la penitenciaría del Litoral, donde en septiembre otro motín dejó 119 muertos.

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Este martes los principales sindicatos y organizaciones sociales realizan una movilización nacional contra las reformas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El anuncio, el viernes pasado, de la suspensión de posibles subidas del precio de los combustibles no alcanzó para frenar las protestas.

La convocatoria nacional fue llamada desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.

La movilización se da a tan solo cinco meses de haber asumido Lasso y con el presidente que se encuentra sin aliados claros, con un apoyo minoritario en el Congreso y cruzado por las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

En paralelo, el Gobierno utilizó la “crisis de seguridad” que vive el país, golpeado por la crisis económica, para sacar a los militares y policías a las calles, luego de que el presidente decretó el estado de excepción la semana pasada. "Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", había dicho Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.

En este contexto se darán manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país en rechazo a las medidas políticas oficiales, entre ellas el fallido intento de aumento del combustible en base al sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración del ex presidente Lenín Moreno. Una medida similar había sido el detonante del estallido social de 2019.

Desde las organizaciones que convocan las protestas exigieron que se frene el aumento del combustible permanentemente. "Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano", advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.

Las manifestaciones están incluyen otras demandas de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.

En concreto una serie de reformas que propuso Lasso, pero no lograron avanzar en el Congreso, donde el Gobierno controla apenas 13 de los 137 escaños que tiene la cámara única. El mes pasado el parlamento rechazó la ley Creando Oportunidades, una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo que incluía entre una reforma fiscal y laboral que fue catalogada como “regresiva” por sindicatos. A esto se suma un presupuesto con recortes en materia social dictada por el mandato de austeridad del FMI, que ha prolongado el programa de crédito que empezó con Lenin Moreno.

En un acto público este lunes, el presidente aseguró que frente a las manifestaciones la decisión del Gobierno es mantenerse "firme". "Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden", afirmó Lasso.

Los organizadores de las protestas advirtieron un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes.

Lasso llegó a la presidencia cuando el país enfrentaba una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste.

Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

Un ajuste según los dictados del FMI fue lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019, que no terminó con la caída del expresidente Lenin Moreno por la acción de las direcciones sindicales y de las organizaciones indígenas que las terminaron desactivando.

Ante la crisis el presidente amenaza con activar un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Una medida de ese tipo podría abrir un escenario político y social imprevisible, en el contexto de la crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.

Lunes 25 de octubre

Diego Sacchi@sac_diego

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