Lunes, 29 Noviembre 2004 19:00

Crisis y represión en la Universidad Pública. La reforma de la educación superior en Colombia

Escrito por Juan David Moreno
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Tras la crisis en la red pública hospitalaria agrabada en este Gobierno, aflora otra catástrofe social: la crisis en las universidades públicas. Asfixiadas por recortes presupuestales, por reformas académicas -que buscan estandarizar currículos mediocres funcionales al TLC-, y administrativas que pretenden su autofinanciación -para dejar a un lado la obligación estatal-, estos centros de estudio atraviesan en la actualidad el peor momento de su historia. Dialéctica de las resistencias Estudiantes, profesores y trabajadores de distintas universidades se han levantado contra la política gubernamental que pretende la privatización de la educación superior, por lo cual han sufrido una brutal represión por parte de la Policía, al igual que intimidaciones y amenazas provenientes de grupos que se identifican como paramilitares. En la actualidad La Universidad del Cauca completa dos meses de Asamblea permanente y se adelanta al interior de las instalaciones un campamento estudiantil con la participación de cerca de tres mil personas entre estudiantes, profesores, trabajadores y padres de familia. Cerca de 9.700 alumnos de las facultades de Ciencia Política, Comunicación Social, Salud, Ingenierías y Educación se han vinculado indirectamente al paro y han suspendido todo tipo de actividades académicas. La comunidad académica protesta en contra de la "Revolución Educativa" de Uribe Vélez y concretamente contra el Decreto 2566 de 2003, mediante el cual reforma el Sistema de Educación Superior.La represión por parte de la Policía ha sido constante y durante el tiempo que ha durado la Asamblea, los miembros de la comunidad universitaria han sufrido el asedio constante de la policía que ha rodeado las instalaciones donde se realiza el campamento y han cargado contra estudiantes y movilizaciones. La Universidad de Cundinamarca con sede en Fusagasugá también ha sufrido el embate represivo de la policía. Tras semanas sin respuesta por parte del Gobierno departamental, los estudiantes decidieron bloquear la vía Panamericana el pasado 4 de noviembre. Exigían del Gobierno una inyección presupuestal de aproximadamente 33 mil millones de pesos para la universidad, que cuenta en la actualidad con unos 9 mil alumnos. Luego de negociaciones los estudiantes decidieron suspender el bloqueo, y justo cuando se disponían a retirarse sufrieron una arremetida por parte del ESMAD que dejó un saldo de 23 detenidos y un sin número de heridos, al igual que destrozos en la sede de la Universidad. Estudiantes de la Universidad del Llano (Unillanos) se han tomado la universidad desde hace aproximadamente un mes. Denuncian los alumnos irregularidades administrativas, carencias de infraestructura y la falta de dotación necesaria en el plantel. Además, exigen la renuncia inmediata del rector, Carlos Enrique Garzón. Actualmente enfrentan un ultimátum por parte del Consejo Superior de la Universidad, que les dio como fecha última de desalojo voluntario el 12 de noviembre bajo amenaza de intervención por asalto de la fuerza pública. También el 4 de noviembre estudiantes de la Universidad del Valle realizaron una protesta pacífica en contra de las políticas privatizadoras de las universidad pública, reglamentadas en el decreto 2566 de septiembre 2003, realizando un bloqueo en las afueras de la universidad con pupitres en mal estado que se sacaron de una bodega de material de desecho. La repuesta del ESMAD fue desmedida y terminó con la ocupación de la Universidad y con daños materiales en el claustro. El 5 de octubre, bajo órdenes de Marco Palacios, la Policía se tomó la Universidad Nacional de Colombia y desalojó a cerca de 500 estudiantes que realizaban una asamblea pacífica en la Plaza Che. Los motivos de la asamblea eran el rechazo a las reformas académicas y administrativas que pretende implantar el Rector Marco Palacios sin consenso alguno de la comunidad académica. Las reformas buscan lo que algunos llaman convertir a la UN en el SENA más grande de Colombia, y quitarle la condición de primer centro de Educación Superior (pública o privada) del País. El clima de descontento entre los estudiantes de la Nacional es grande y se han llevado a cabo paros intermitentes durante todo este semestre, y no se descartan nuevas acciones. El marco de la nueva U. Nacional Las principales propuestas de la reforma giran en torno a instaurar los currículos por áreas de conocimiento en donde, dependiendo del área que se escoja, los estudiantes ingresarían a un núcleo común de dos años donde todos verían lo mismo, y en los siguientes dos años recibirían la educación concerniente a una carrera específica, previa realización de un segundo examen de admisión. En el fondo, la propuesta busca reducir en un año el tiempo de permanencia de un estudiante en la UN para ahorrarle costos al Estado. A su vez, esta educación simplificada giraría en torno a "competencias básicas", funcionales al trabajo maquilar, pretendiendo apenas que el estudiante aprenda nociones de lectura, trabajo en equipo y comunicación. Se busca también instaurar el sistema de créditos académicos como medida del tiempo necesario para la culminación del pregrado, y hacer un énfasis desmedido en el posgrado. Así mismo, se plantea un cambio total en la función del docente recargando el proceso de formación en el autoaprendizaje del estudiante con el apoyo de monitores de clase. Así, en aras de la cobertura y en detrimento de la calidad de la educación, la educación en la UN se caracterizaría por salones de trescientos estudiantes, con clases esporádicas de profesores y en manos principalmente de monitores y bibliotecas virtuales. Es en ese contexto donde se propone la creación de jornadas nocturnas.El rector, en sintonía con el discurso neoliberal del Gobierno busca entonces ampliar cobertura sin un solo peso más de presupuesto. Significación del actual proyecto educativo mercantilizador La dimensión de la crisis en las universidades públicas colombianas es por lo tanto alarmante. Nos encontramos en un proceso de privatización, en la medida en que todo se dirige hacia la oferta exclusiva del sector privado local y trasnacional, en educación superior. Y lo que quede con cualquier parecido a una oferta estatal será con las características de economía mixta, donde todo el conocimiento será controlado por el mercado y la autonomía universitaria será un relato histórico. El Decreto 2566 de 2003 es la herramienta de la actual administración Uribe para lograr el desmonte del sistema de educación superior público del país, y para acondicionarlo a la puesta en marcha del TLC en lo concerniente al comercio transfronterizo de servicios educativos. El decreto adecua el actual modelo educativo a las circunstancias de la competencia, implantando un sistema de créditos académicos en todas la universidades, estandarizando los paquetes de formación, homologando universidades nacionales y extranjeras con la pretensión de lograr la movilidad de los alumnos-clientes en el comercio educativo. Este modelo de mercado educativo que quiere imponer Uribe desmontará, como se dijo, la autonomía académica y la libertad de cátedra, y orientara el control ideológico de las universidades a través de un aprendizaje compulsivo de competencias básicas y laborales, cuyo objetivo final es preparar mano de obra barata en los países pobres sin aspiraciones de desarrollo, y permitir el control del mercado de la educación por empresas privadas extranjeras tras la implantación del TLC en el Tema del Comercio Transfronterizo de Servicios. El Tema del Comercio Transfronterizo de Servicios del TLC será la concreción del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. En el TLC el comercio transfronterizo de servicios está sujeto al principio de Trato Nacional que significa que los países andinos, y en nuestro caso Colombia, no podrán discriminar en el trato a los proveedores de servicios estadounidenses con respecto a proveedores nacionales o estatales, sin considerar las diferencias de posesión de capital o capacidad de movilidad. Al principio de trato nacional se suma el de Presencia Local, que prohíbe exigir a cualquier multinacional prestadora de servicios que establezca oficinas de representación o empresas en territorio colombiano como condición para la prestación del servicio en el país. Lo anterior significa la inevitable desnacionalización de los servicios públicos y la incapacidad de cualquier regulación de los mismos por parte del Estado. Este gobierno está alineado con los anteriores principios que favorecen al capital trasnacional, y en ese escenario el papel del Estado colombiano es el de total desregulación de sectores bajo su responsabilidad. Se tiene que poner fin por lo tanto, a todo intervencionismo estatal. Tanto en la OMC como en el TLC, todo servicio público que preste el Estado es visto como obstáculo e inequidad para el libre mercado, pues el Estado por medio de sus entidades públicas estaría subsidiando a los usuarios y estaría ofreciendo un servicio por debajo del precio que realmente cuesta. Así, para el caso concreto, los estudiantes de educación superior deberían pagar el precio real de un servicio en una economía de mercado. Por lo tanto, si no pueden haber subsidios de ninguna índole, el presupuesto para cualquier sector público estatal debe desaparecer. En ese escenario se entiende por qué el desmonte de la financiación estatal a las universidades públicas, a través de recortes presupuestales, se está dando, lo cual obliga a los centros educativos a buscar sus propios recursos por la vía de la "autofinanciación". Hay por lo tanto en el proyecto gubernamental, un desconocimiento de los derechos esenciales de cualquier ciudadano como son la salud y la educación, y todo es comprendido en términos mercantiles. También es el abandono a cualquier tipo de solidaridad social, pues el presupuesto público lo entiende la tecnocracia como una carga del Estado, y no como un aporte colectivo de la sociedad por medio de impuestos para ser reinvertido en ella misma. En la retórica neoliberal colombiana los recaudos fiscales deben destinarse mayoritariamente a pagar servicios de deuda y presupuesto militar. Estamos pues en presencia de un proyecto de transformación de incalculable profundidad y altamente agresivo. Afortunadamente, poco a poco, estudiantes, trabajadores y profesores comienzan a comprenderlo y a reaccionar en contra suya, pese a las circunstancias de autoritarismo y represión. Por el momento, de manera episódica y desarticulada, pero puede anunciarse desde ya una gran movilización nacional. Nuevas amenazas en contra de miembros del Sindicato Sintraunicol En el ambiente de reformas que viven las universidades, no es ajena a los trabajadores. Su acción para impedir que se concreten las reformas recibe un rechazo de parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Es así como el sábado 30 de octubre llegó a las instalaciones de Sintraunicol -Seccional Bogotá- un panfleto firmado por los Comandos Nacionales Universitarios de las Autodefensas Unidas de Colombia en el cual amenazan de muerte a varios miembros de este sindicato: De acuerdo al panfleto:"... las negociaciones conducentes a lograr la desmovilización de algunos bloques, es un gran paso político que se sustenta en la buena voluntad y bondad de nuestro presidente, Dr Álvaro Uribe (...)". Dicen más adelante "Aunque tenemos en nuestro camino el dilema del diálogo, nosotros como Comandos Universitarios – AUC, estamos interesados en eliminar la amenaza comunista de las instalaciones educativas, como corresponde a nuestro origen primario". Finalizan haciendo un llamado a todos los integrantes de la organización gremial: "Hacemos un Cordial llamado para que se desvinculen de su organización o mejor aún que desaparezca su sindicato". Universidad del Cauca Desde el pasado 7 de octubre, los estudiantes de la Universidad del Cauca, decidieron declararse en Asamblea Permanente General Estudiantil. Esta decisión fue ratificada el 11 de octubre con la participación de aproximadamente 4000 estudiantes de las diversas carreras universitarias del Alma Mater. El pasado 8 de Noviembre y como mecanismo de presión, los estudiantes junto a padres de familia y organizaciones sociales de Popayán y el Cauca, se movilizaron para denunciar la privatización de la educación pública superior, en concreto, el decreto 2566 que así lo permite. La respuesta que recibieron fue la el despliegue rápido de la policía SMAT y su respectiva agresión con gases lacrimógenos y balas de goma. Varios heridos, que fueron trasladados al hospital San José y otros detenidos, fue el saldo que dejó la acción policial. De igual manera, el claustra de Santo Domingo, sede de la universidad y la sede de Asoinca fueron militarizados. Universidad de Cundinamarca La rutina estudiantil comenzó a romperse el 12 de octubre. El tema: el presupuesto adeudado a la universidad por la gobernación de Cundinamarca desde 1999. Ese día realizaron una manifestación pacifica hasta la panamericana con muy poca participación (100 estudiantes), la cual fue bloqueada por la policía y una fuerza antiguerrillera del ejército. Se optó por regresar a la universidad y bloquear su frente. En horas de la tarde la policía rompió la protesta, ingresó a la universidad y destruyó todo lo que pudo, deteniendo además algunos estudiantes. El 20 de octubre, 500 estudiantes marcharon durante todo el día con destino a Soacha, sorteando la lluvia y el cansancio que se supone caminar 70 Km. El jueves 21 se encontraron en la carrera 30 con 68 y siguieron marchando hasta la gobernación de Cundinamarca. Ya eran más de 800 personas para exigir el presupuesto de la Universidad. Cuando llegaron no había a quién presentar los reclamos (entre ellos, respeto a la elección realizada por los estudiantes del nuevo rector), el gobernador no estaba y una funcionaria de tercera les dijo que en quince días tendrían respuesta. Pasaron los quince días y nada. Sólo silencio. Al día siguiente 400 estudiantes bloquearon la vía panamericana. La protesta estaba organizada de 8 a 12 m. A las 11 a.m. llegó el alcalde a apoyarnos y a buscar algún pronunciamiento de la gobernación. Se logró un contacto con la gobernadora encargada, la cual pidió el desalojo pacífico de la vía y que al otro día recibía una delegación de 5 estudiantes. Así se hizo. Cuando los estudiantes se retiraban fueron agredidos brutalmente: bolillo, gases, patadas, insultos. Los transeúntes también sufrieron. Los que quisieron brindar su solidaridad resguardando estudiantes en sus casas también fueron golpeados. Luego fueron a la universidad, lanzaron una bomba, hirieron una estudiante y destruyeron nuevamente lo que encontraron a su paso.
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