Sábado, 22 Septiembre 2012 19:03

¿Un nuevo sometimiento a la Justicia?

Escrito por Héctor-León Moncayo S.
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¿Un nuevo sometimiento a la Justicia?
Hace poco, en uno de los noticieros de televisión, uno de los “expertos” invitados decía: “el país necesita ver en las farc un gesto sincero de arrepentimiento”. Por su parte, el editorial de El Tiempo del 26 de agosto advertía: “Ya en el trámite del marco para la paz sonaron las alarmas sobre el rigor que habrá que tener a la hora de diseñar acuerdos que no podrán pasar por alto ciertos delitos.” Días después (2 de septiembre) en el mismo periódico, Guillermo Perry, preocupado por las dificultades para la reconciliación, anotaba: “..a los campesinos que han vivido bajo un régimen de terror impuesto por las farc les será más difícil perdonar”.

La importancia de semejantes preocupaciones se entiende fácilmente al advertir el contenido que se le atribuye a la negociación. Quedaba claro en el Editorial citado: “…tiene que versar sobre las condiciones para que la guerrilla deje las armas”. Se ofrece, a cambio, exclusivamente, la posibilidad de su transformación en partido político. Para evitar cualquier equívoco la conclusión es contundente, no exenta de sorna: “No se trata, entonces, de negociar el Estado o el orden institucional establecido. Cualquier reforma que surja sólo podrá concretarse una vez se produzca el ingreso a la arena política de los alzados en armas. No sobra reafirmar que la democracia ofrece los mecanismos para realizar profundas transformaciones, incluso revoluciones, pero siempre por la vía de las urnas”.

En otro lugar del espectro político, más a la izquierda, en un reciente programa de radio, el Senador Robledo, ante la pregunta de si aceptaría la presencia de comandantes de las farc en el Congreso, aclaraba: “es el precio que tiene que pagar la sociedad por la consecución de la paz”.

Tal parece ser, entonces, la atmósfera en la cual se desenvuelve la negociación del conflicto armado que, según se admite públicamente, habría comenzado como “exploración” en febrero de este año y que, habiendo acordado ya un “marco” y nombrado los negociadores de parte y parte, se iniciará formalmente el 8 de octubre con la instalación de la “mesa” en Oslo.

La creación de las condiciones

De cualquier manera que sea, el simple anuncio de que se va a intentar una negociación política - hasta ahora, por lo menos, con una de las expresiones de la insurgencia - no deja de ser una buena noticia. No es fácil saber si Santos lo tenía planeado de antemano, aunque algunos santistas insisten en que ya se encontraba en el discurso de posesión y esgrimen como prueba algunas de las leyes aprobadas especialmente la del marco jurídico para la paz. La verdad parece ser que no se omitió la necesidad de crear las condiciones.

De una parte, por supuesto, está el despliegue, durante estos primeros dos años, de una consistente ofensiva militar que, a juicio de sus estrategas, terminaría por obligar a las farc a aceptar la negociación. La validez de tal razonamiento no es tan evidente, pese a los éxitos militares obtenidos. En verdad, cuando se trata de guerra de guerrillas, y esa es la forma esencial que, en condiciones de asimetría bélica estructural, suele adquirir toda insurgencia, no es posible aplicar la lógica convencional. Pero sí cuenta en el imaginario, no sólo del estamento militar sino del establecimiento en su conjunto. No gratuitamente el argumento del debilitamiento –o la derrota– se repite una y otra vez, no tanto para convencer a las farc como para el consumo de la opinión pública. Así lo creen y eso basta como condición, del lado del establecimiento, para aceptar una negociación.

No obstante, el elemento fundamental de la creación de condiciones se encuentra en la disminución, o mejor, el aislamiento, de Uribe y la corriente uribista. La contribución de los medios de comunicación fue, en este sentido, decisiva, como siempre. El expresidente, hoy guerrerista más por necesidad que por estilo, parece haber caído en la trampa. Empezó por creer que la acusación de debilidad (cobarde, traidor), fundamentada en la filtración de las noticias acerca de las conversaciones de la Habana, era un arma infalible contra Santos. Para su desgracia, la “opinión”, que antes lo acompañaba en sus groseros desplantes de matón, comenzó a cambiar de orientación. Pudo más la expectativa de paz, o más bien de tranquilidad, que le daba el discurso del gobierno, según el cual, derrotada la insurgencia, no era necesario seguir hasta “el fin del fin”. El uribismo, afincado exclusivamente en el tema de la “seguridad democrática”, se fue quedando, de paso, por fuera de las opciones electorales. Para Santos, la pretendida prueba de fuerza se convirtió, además, en la cuota inicial de su posible campaña reeleccionista.

Pero no se crea que Uribe y sus acólitos han desaparecido de la escena y han dejado de ser útiles para el establecimiento. Por el contrario, constituyen el seguro, la garantía de que las negociaciones no se van a apartar del buen camino. Colocan, de manera desembozada, el extremo del pensamiento político de la oligarquía colombiana. Lo dicen voceros del derechismo más ordinario como Salud Hernández y Mauricio Botero, puestos ya ante el hecho inevitable: “la única negociación es la del día y la hora de entregar las armas y nada más”. Una referencia obligada: es lo máximo que “el país” puede hacer como acto de “generosidad”. Una referencia casi moralista, un chantaje, que pone a todos, negociadores del gobierno, políticos (incluida la oposición), dirigentes sociales, intelectuales, en la tarea de dar explicaciones, disculpas, cada vez que intentan llenar de contenido social, económico o político la negociación. Funciona el espantajo de la “traición”, de las “concesiones al terrorismo”. Es el punto de partida de la negociación y el gobierno no tiene que decirlo. Fue así como se creó la atmósfera descrita al principio.

Las apuestas de Santos

Con todo, el argumento de la reelección como motivación principal para que Santos haya emprendido este difícil camino de negociación no es del todo plausible. Es cierto que, a semejanza de lo sucedido con Pastrana, la paz puede convertirse en una buena bandera de campaña electoral. La imagen terrible de la guerra, con su carga inconmensurable de dolor y de inseguridad, ante la perspectiva de su prolongación indefinida, puede llegar a ser más convincente que las exaltaciones irresponsables del machismo castrense pese a su cantinela de que falta poco para la victoria aplastante. Se negociaba antes con la insurgencia porque tenía demasiada fuerza, y hoy porque es débil y ofrece una oportunidad.

Obviamente, esta bandera tiene sus debilidades en términos de campaña electoral; a esta altura, tendría que estar acompañada con alguna confianza en el éxito de la solución negociada. Y el plazo se vuelve definitivo. ¿Antes de terminar el presente mandato para presentarlo como éxito del presidente? ¿O, como promesa, para justificar, con base en la continuidad, el nuevo mandato? Según se ha comentado, el gobierno ha advertido que si a mediados del próximo año no hay resultados se suspenderían las negociaciones. En fin, a falta de más y mejores informaciones, nos atreveríamos a decir que es, para Santos, literalmente, una apuesta.

No es una apuesta gratuita u ociosa. Como se sabe, a diferencia de Uribe, la preocupación principal de Santos está en la economía: sus locomotoras, su compromiso con las multinacionales. Pero la metáfora es acertada no por su velocidad o capacidad de arrastre, como se ha querido hacer ver, sino por su eficacia al aplastar. Y se cuentan por centenares de miles los amenazados directamente. Bueno es, entonces, intentar una ampliación de la “unidad nacional” por cuenta de una paz posible. Y en el mismo sentido contribuye a una mejoría de la imagen internacional: para los gobiernos extranjeros, deseosos de guardar las apariencias democráticas, y para los inversionistas, atraídos por los TLC, ofrece más seguridad a largo plazo que los éxitos militares que ya lograron sus objetivos.

Pero hay más. Si algo ha caracterizado el discurso de este vástago de la oligarquía, desde que comenzó su carrera política, es el lema del “buen gobierno” que no quiere decir lo que parece. Traducciones más, interpretaciones menos, el sentido de esta expresión, originalmente en inglés, apunta más bien a la buena “gobernabilidad” que es lo opuesto a lo que se llama un país ingobernable. Pues bien, Colombia está a punto de entrar en una etapa de ingobernabilidad. El modelo económico, basado en la exportación de materias primas, que tuvo su bonanza en la fase de altos precios, comienza a mostrar síntomas de crisis. Nada mejor, entonces, que concentrar la atención de la llamada opinión pública en otros temas, sobre todo cuando son de indiscutible seriedad. Adicionalmente, se propone Santos aminorar el radicalismo de dirigentes sociales y opositores políticos quienes, según sus cálculos, ante los impactos negativos de la política económica, preferirían siempre fórmulas de concertación para no entorpecer la dinámica de la negociación.

Los enigmas de la contraparte

Cuando, a principios de este gobierno, Alfonso Cano, expresó, en una carta pública, la disposición de las farc a iniciar una negociación que condujera a la paz, muchos pensaron que se trataba simplemente de la reiteración de una posición de principio. Inútil, por lo demás, si se tenía en cuenta la fidelidad del presidente a la “seguridad democrática”; fidelidad que, a despecho de los ataques uribistas, sí se ha mantenido, hasta el punto de costarle la vida al propio Cano. Sin embargo, sí había, al parecer una posibilidad de negociación. Durante estos dos años, discretamente y en medio de la más sangrienta confrontación, se han verificado numerosas movidas políticas en este sentido, de uno y otro lado, de las cuales la “exploración” es apenas la más reciente y obvia. No es tampoco sorprendente; en realidad, se necesita ser uribista para creer que sólo existe una forma de guerra, la de aniquilamiento.

¿Existe, pues, en las farc, una actitud que haga pensar en una resolución negociada? Lamentablemente, la pregunta se hace siempre en un contexto viciado. La mayoría de quienes se la hacen, parten de la idea de que siempre han aspirado a la victoria puramente militar. Es un falso punto de partida, aunque para demostrarlo se requeriría un análisis más prolijo del que se puede incluir aquí. Basta recordar que, desde los años ochenta, han hecho explícito que consideran la negociación como una forma válida de terminación de la guerra. Lo más grave de tal sesgo son sus implicaciones. La mayoría de los politólogos o “pazólogos” concluyen que se trata hoy de una virtual derrota la que lleva a las farc a expresar una voluntad de negociación. Y es también falso. Su situación, en términos militares, es un elemento de juicio pero no, como ya se dijo, argumento concluyente.

Desde luego, son muy pocos los que se atreven a sostener que hoy están mejor que nunca (para éstos el final del Plan Colombia lo explicaría), pero tampoco es cierto que se encuentren diezmados y en retirada. Mejor es no entrar en especulaciones. Del lado de las farc, naturalmente, no es éste el enfoque. Por lo demás, es difícil saber cuál es su valoración sobre la real correlación de fuerzas: lo más seguro es que nunca la hagan explícita. Pero no importa mucho. El hecho es que la insurgencia ha decidido contemplar esta posibilidad de negociación que para ella también es un riesgo. Lo verdaderamente fundamental consiste en el sentido político que le confieren a la negociación –hasta dónde pueden avanzar- de acuerdo con el análisis que, sin duda, tienen ya sobre la etapa histórica que estamos viviendo.

El meollo de la cuestión se encuentra, pues, en el contenido de la negociación. En principio, parece haber una continuidad en el discurso de las farc, desde el Caguán, y quizá desde antes, centrado en las otrora llamadas “causas objetivas” del conflicto armado. Esto es visible en la presentación de Timochenko, pese a lo que han querido ver los “analistas”, la cual, desde luego, excluye el enfoque de un simple armisticio entre “actores armados” en el cual el insurgente renuncia al uso de la fuerza a cambio de condiciones para la participación político-electoral.

No obstante, al examinar el “Marco” ya acordado quedan varias inquietudes. Es cierto que coloca en el primer lugar de la Agenda la cuestión rural y es explícito en el sentido de que las negociaciones deben empezar por éste. Llama la atención, sin embargo, la conceptualización utilizada, completamente ajustada al discurso del “desarrollo” del gusto neoliberal, línea Banco Mundial. En ninguna parte se habla de reforma agraria ni de economía campesina. Es claro que, desde un punto de vista pragmático, las farc podrían decir que es lo de menos, lo que importa no son las palabras sino los hechos. Por otra parte, es claro también, en este Marco, que la participación de la “sociedad civil” se reduce a que la mesa puede consultar “expertos” y a la recepción de propuestas de parte de las organizaciones sociales. Finalmente, puede anotarse, por lo menos hasta ahora, que no queda claro hasta dónde deberían llegar los acuerdos en materia económica y social, y cuál el grado de su implementación, para considerar que ya se puede avanzar en la terminación del conflicto armado. Téngase en cuenta que se ha adoptado el famoso principio de que “nada estará acordado hasta que todo esté acordado”.

En síntesis, si bien es claro que para las farc no se trata de un simple armisticio aunque lo incluye, todavía queda por definir hasta dónde va la complejidad del contenido de la negociación. Es de suponer que es también materia, la primera de todas, de la propia negociación, de su enfoque. Es el debate de hoy. Y en eso es decisiva la intervención de la sociedad colombiana interesada en que la resolución del conflicto armado signifique, como debe ser, una oportunidad para el cambio de las condiciones que lo han propiciado, independientemente de los intereses y los cálculos de los actores armados.

Uribe tenía razón

Cuando Uribe insistió, y logró imponer, que no se trataba de un conflicto armado sino de la amenaza de un grupo terrorista, muchos pensaron que era una disputa semántica y hasta santanderista. Le preocupaba no tanto el reconocimiento de “parte beligerante”, que fue el “coco” que agitó permanentemente, sino el fondo de la cuestión, es decir, el hecho de admitir que había una profunda contradicción en el seno de la sociedad colombiana que hundía sus raíces en su historia y su estructura socioeconómica y política. Este es un aspecto fundamental cuyo reconocimiento es definitivo para cualquier intento serio de resolución, independientemente de lo que piensen o acepten las farc.

Y no es fácil llegar a un consenso. Sucede como en el caso de la calificación del delito político. No se le puede pedir al propio Estado que sea quien lo reconozca. Es la sociedad –o la comunidad internacional– quien lo hace. Uribe argumentaba que no se podía hablar de conflicto armado cuando existía una democracia plenamente legítima. Evidentemente, para las farc o el eln, el Estado actual carece de legitimidad o por lo menos de parte de ella. Es nada más un hecho de la realidad política que la sociedad tiene que admitir si se quiere avanzar en una negociación. Difícil, incluso para quienes sostienen, con sincera convicción democrática, que el objetivo supremo es la defensa de la Constitución del 91.

Lamentablemente no son esas las condiciones actuales. Uribe logró su cometido. Logró proscribir del imaginario colombiano, y lo que es peor, de las reflexiones de los políticos, de los dirigentes sociales y de los intelectuales, cualquier referencia a las raíces socioeconómicas, que son también políticas, del conflicto, so pena de ser acusados de sospechosa connivencia con el terrorismo. Por desgracia contó con la ayuda de no pocos sociólogos nacionales y extranjeros. Es el verdadero “consenso” que parece haberse formado en el que se incluyen “formadores de opinión” que no son considerados de la derecha pura y apoyan los esfuerzos por la paz. Está incluso en el fondo de la crisis del Polo. Y lleva a excluir el tema de la mesa de negociación. Por ejemplo, un escritor, Abad Facio Lince, escribía hace poco en El Espectador (2 de septiembre): “no me parece que unas conversaciones de paz se hagan para definir una política estatal, por ejemplo en el tema de tierras”. Y añadía: “a la reforma agraria o al afianzamiento de la propiedad de la tierra tal como está, se llega por votos, no por acuerdos en Oslo”.

Se deduce de todo esto que la negociación tiene que ver exclusivamente con las opciones (y garantías) que se le den a las farc para convertirse en partido político. De la supuesta simetría entre el Estado y la insurgencia que tanto enfurece a Uribe se ha pasado a otra: entre las farc y los paramilitares. Corresponde a los movimientos sociales, al pueblo colombiano, quebrar este “consenso” y reemplazarlo por otro. Definitivamente, tal como están las cosas hasta ahora, hay condiciones para la negociación, pero probablemente no para la paz.

 

Información adicional

  • Antetítulo:Las negociaciones farc-Gobierno de Santos
  • Autor:Héctor-León Moncayo S.
  • Edición:184
  • Sección:Diálogos
  • Fecha:septiembre 20 - octubre 20 de 2011
Visto 9368 vecesModificado por última vez en Domingo, 23 Septiembre 2012 09:07

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