Sábado, 22 Septiembre 2012 19:09

Mucha gente sin casa y… muchas casas sin gente

Escrito por Álvaro Sanabria Duque
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Mucha gente sin casa y… muchas casas sin gente
El caricaturista estadounidense Robert Ripley creó en 1918 la modalidad de los “aunque usted no lo crea”, en la que se divulgaban sucesos curiosamente extraños, que además de asombrar buscaban divertir. La última crisis del capital, que parece de nunca acabar, ha sido prodiga en hechos, que para las personas equilibradas parecen increíbles pero no divertidos, por lo que seguramente no hubieran tenido cabida en el periódico gráfico de Ripley.

Los irlandeses, por ejemplo, tuvieron que observar la demolición de un bloque de apartamentos, situado a 115 kilómetros de Dublín (y se espera la destrucción de muchos más), en el verano que está concluyendo, porque no tenía comprador y, además, terminaron enterándose que en su país, que apenas cuenta con 4,5 millones de habitantes se habían construido, entre 1995 y 2005, 550 mil unidades habitacionales, y 1.850 proyectos inmobiliarios habían quedado inconclusos, siendo su derribamiento el destino más apropiado que el capital les depara. Las garras del “tigre celta” (así llamaron los economistas oficiosos a Irlanda en la época de la bonanza artificial), que por lo visto eran de ladrillo, hoy son demolidas sin que nadie se escandalice por el despilfarro que la economía de mercado y el “eficiente” sector privado terminan cargando sobre las espaldas de la sociedad.

Lo peor, sin embargo, es que esos proyectos han sido asumidos por los llamados “bancos malos” (lo que sin duda parece una redundancia), que son aquellas entidades que constituyen los Estados para comprar los denominados “activos tóxicos” (invendibles), y que en realidad son bodegas de “basura” financiera, de la que se espera recuperar algo en plazos que van hasta los quince años, y que pagados con dineros públicos “rescatan” a los inversionistas fracasados.

En España, que está repitiendo la historia irlandesa, se estima que en el último año se han dado 60.000 desahucios, mientras más de 3 millones de casas permanecen vacías. Los “ocupas” de las llamadas “corralas” han acuñado el lema de “ni gente sin casa ni casas sin gente”, cuyo parafraseo ha servido de título a esta nota. Lo aberrante de la situación, es que la reciente aprobación del “banco malo” español se ha acompañado de opiniones que ven en la destrucción del “exceso de oferta” inmobiliaria, a través de la demolición de lo construido, un hecho “normal”. Y ya raya a lo obsceno que eso suceda en un mundo en el que cerca de mil millones de personas habita en tugurios.

¿Qué pasa en nuestro vecindario?

Según ONU-Habitat, América latina es la región más urbanizada del mundo, con cerca del 80 por ciento de personas viviendo en las ciudades, casi el doble de los índices de África y Asia, y también superior a los registros de los países del centro capitalista. Esa urbanización, sin embargo, no ha sido consecuencia directa de una robusta tecnificación del campo, y por tanto de una menor necesidad de fuerza de trabajo en ese sector, sino de un inveterado extractivismo (en lo esencial de tipo minero), que forzó tempranamente una tercerización de la economía (aproximadamente el 70% de la población se ocupa en la actualidad en el sector servicios) en la que las actividades comerciales se constituyeron, desde los inicios, en el eje del mercado interno.

Estas urbes sui generis, son las más inequitativas del planeta y las más peligrosas, pues la región es la que presenta la tasa de homicidios más elevada del orbe, 20 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de siete, para esa misma proporción. El 39% de los habitantes de nuestras ciudades (111 millones de personas) vive en tugurios, como consecuencia de los bajos ingresos y el elevado peso de las informalidad laboral que varía en un amplio rango que va desde el 30% en Chile hasta el 60% en Colombia.

Para 2010, más de 10 millones de habitantes de América Latina carecía de agua potable y 74 millones no contaban con instalaciones mejoradas de saneamiento, y pese a que el 97,5% de personas accede a agua mejorada, el 25% lo hace a través de conexiones clandestinas o mercados informales. En Chimbote, ciudad del Perú, en marzo de este año, habitantes de la zona invadieron el cementerio para improvisar sus viviendas allí, en un inédito “desahucio” de muertos como una muestra más que el formato de Ripley es un marco muy estrecho cuando se trata de observar las consecuencias de las lógicas del capital.

¿Y qué en nuestro patio?

El gobierno colombiano promulgó este año la ley 1537, en la que por primera vez se reconoce la necesidad de suministrar vivienda totalmente subsidiada a los sectores más vulnerables de la población. Con eso no sólo se terminó aceptando el fracaso de la estrategia de los subsidios como política para proveer de vivienda a los grupos de más bajos ingresos, sino que se pretende dar impulso a una de las “locomotoras” varadas de Santos.





El anuncio de la construcción de 100 mil viviendas para ser entregadas de forma gratuita, debe servir para dimensionar un problema que como los de la gran mayoría de éste país, ha sido velado por la prensa y esterilizado por la academia que aceptan, sin más, que en vivienda se invierta tan sólo 0,51% respecto del PIB, mientras que para seguridad se destine el 5,3%. Se estima que el déficit cuantitativo de viviendas en Colombia es de 1.300.000 unidades, y que el cualitativo agrega 2.500.000 viviendas a las carencias, para un total del 36% de los hogares colombianos habitando en malas condiciones. Lo que prueba que el gesto del gobierno no puede considerarse siquiera la cuota inicial para acercarnos a la solución del problema.

Que para el proyecto de viviendas totalmente subsidiadas, Bogotá no haya podido ofrecer un terreno adecuado porque el área de Campo Verde, situada en la confluencia de los ríos Tunjuelito y Bogotá, haya resultado zona de inundación no mitigable, cuando tenía un plan parcial de desarrollo urbanístico aprobado, es tan sólo una pequeña muestra de cómo la mercantilización de un derecho humano como el techo, acaba creando situaciones aberrantes en todas partes del mundo. No sólo las condiciones arquitectónicas de la vivienda popular son violatorias de los derechos humanos, sino que su ubicación hace a sus habitantes altamente vulnerables a los accidentes naturales.

Según la CepalL, en Colombia, entre 1990 y 2007, el porcentaje de hogares que se declaraban propietarios de sus casas descendió 12,5%, revelándose un fenómeno de expropiación que puede considerarse paralelo al del campo y del que muy poco se habla. El país es el que muestra el más alto porcentaje de personas viviendo en arrendamiento en toda la región, estimándose en 38% la proporción de hogares en esa condición (en 2003 eran el 33%). Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tan sólo el 15% de los hogares colombianos tiene capacidad para cubrir los costos de una hipoteca, y el 25% de quienes emprenden la compra de vivienda ven seriamente comprometida la satisfacción de las demás necesidades.





De los 12,3 millones de hogares colombianos, 5,3 millones (43%) no tiene posibilidad de acceder a vivienda propia. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), a comienzos de 2008 la oferta de Vivienda de interés prioritario (VIP), que es aquella cuyo costo no supera los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($39’669.000 en la actualidad), representaba en promedio el 10% de la oferta total de unidades, mientras que para fines de 2011 caía a su nivel más bajo representando tan sólo el 2% de ese total. En la gráfica se puede observar que los metros cuadrados licenciados para construir vivienda de interés social han permanecido estancados, al tiempo que los dirigidos hacia los grupos con mayor capacidad adquisitiva se multiplicaban por cinco.

La caída del crédito inmobiliario y la indiscutible tendencia hacía el arrendamiento como forma de tenencia, indican claramente la obligada renuncia social de las clases marginadas a la propiedad. Esa tendencia no es reciente, si observamos que los créditos hipotecarios al principio del siglo representaban el 31% del total de créditos, mientras que en la actualidad alcanzan tan solo el 7,6%.

El despojo patrimonial de los sectores populares es, entonces, innegable y prueba que la concentración de la riqueza en pocas manos se ha acelerado a un ritmo sin antecedentes, así como que dejarle al mercado la asignación de las cosas fundamentales de la vida es un despropósito que ya se manifiesta en los hechos más absurdos.

Hemos visto ahogar o enterrar vivos miles de pollos recién nacidos, derramar millones de litros de leche, destruir miles de toneladas de alimentos procesados, y hoy asistimos al derribo de edificios que ni siquiera fueron estrenados, todo eso en nombre del “exceso de oferta” ¿Qué pensar, entonces, cuando los académicos oficiosos empiezan a hablar de exceso estructural de fuerza de trabajo? ¿Significará el regreso de la eugenesia? No olvidemos que cuando la política y el mercado necesitaron “soluciones finales”, la academia estuvo presta a alinearse para legitimarlas. Los nombres de Heidegger y Heisenberg, fueron un buen ejemplo de eso en la Alemania de la segunda guerra mundial.

Lo que está en juego es la vida de millones de personas, y lo que no podemos permitir es que la destrucción masiva de riqueza nos parezca algo “natural”, y que en nombre del “equilibrio macroeconómico”, “sinceramiento de los precios” y otras expresiones similares de una pseudo-ciencia como la economía convencional, terminemos aceptando el sacrificio de grandes grupos de la población como si se tratara de algo inevitable y conveniente.



 

Información adicional

  • Autor:Álvaro Sanabria Duque
  • Edición:184
  • Sección:Análisis
  • Fecha:septiembre 20 - octubre 20 de 2011
Visto 7879 vecesModificado por última vez en Lunes, 24 Septiembre 2012 09:07

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