Martes, 23 Junio 2015 12:06

¿Mujeres al poder?

Escrito por JUSTINE FESTJENS
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¿Mujeres al poder?

Los preparativos del primer encuentro de mujeres caribeñas y latinoamericanas, que tendrá lugar el 24 de septiembre en República Dominicana, constituye la ocasión de una concertación nacional de las organizaciones de mujeres para realizar el balance de las luchas llevadas y de la real situación de los derechos políticos y sociales de las colombianas.

 

Aunque el género femenino ha ganado espacios de visibilidad en el país, su presencia aún no parece evidente, sino más bien tolerada bajo un marco que limita y condiciona fuertemente su incidencia. En este sentido, en el contexto actual de reflexión colectiva, es oportuno emprender un inventario de las condiciones de (no)acceso de las mujeres a los espacios de decisión claves del país.

 

La participación política: creciente pero bajo control

 

Las mujeres representan más de la mitad de la población colombiana pero ocupan tan solo el 12 por ciento de los cargos de elección popular. Lejos de la paridad que requeriría la justicia democrática, según los criterios del género, estas cifras son por lo tanto las proporciones más "altas" jamás conocidas en el país, desde el logro del derecho al voto, en 1954; prueba de que el patriarcalismo, aunque fuertemente cuestionado por la lucha de las colombianas para poder incidir sobre el destino colectivo del país, permanece aún como realidad bastante palpable.

 

Actualmente Colombia cuenta con senadoras, diputadas, gobernadoras, ministras y alcaldesas. Las mujeres representan el 23 por ciento del Senado y el 19 por ciento de la Cámara, respectivamente, con un aumento del 6 por ciento respecto al periodo 2010-2014. A nivel local, las cifras no cambian mucho: solo un 10 por ciento de los municipios cuentan con mujeres alcaldesas, y en un 9 por ciento de los departamentos hay gobernadoras.

 

Las campañas electorales han sido campo propicio para la promoción de algunas mujeres en el escenario político. En la última campaña presidencial dos mujeres, Marta Lucía Ramírez y Clara López, integraron el abanico electoral, y el actual gobierno cuenta con mujeres en cargos decisivos, incluidos cinco ministerios.

 

Una prueba de la vacilación de la legitimidad del modelo patriarcal son las leyes de cuotas del 2000 y del 2011, que obligan a una representación mínima de 30 por ciento de mujeres en los cargos públicos de alto nivel y en las listas electorales de los partidos. Es preciso constatar que estas leyes no cuentan con un programa estructural que garantice una competencia igualitaria de sus militantes femeninas con sus homólogos (en particular con el nivel de formación y el acceso a la financiación), y las candidatas a menudo sólo sirven de "relleno" en las listas electorales, para cumplir con la ley, sin que se transformen las estructuras de poder.

 

A pesar de esto, estas leyes en algo han servido para mejorar la representación de las colombianas en el escenario político, convirtiéndose en un estandarte para difundir, discutir y defender su derecho a la participación política.

 

De hecho, normas como la ley de la no violencia contra las mujeres o ley de economía del cuidado, impulsadas por el movimientos social de mujeres, ahora son recogidas como señales de un activismo feminista por una parte de la senadoras y representantes. Pese a la debilidad en su aplicación, estas leyes constituyen señales interesantes de que existe una práctica femenina del poder que viene a superar las solas tradiciones partidistas en pro de la defensa colectiva de sus derechos.

 

¿Más mujeres dirigiendo la economía?

 

Desde el punto de vista de su participación a la cabeza de la economía, el informe mundial de la OIT de 2012, sobre la mujer en la gestión empresarial, no deja de sorprender: ubica a Colombia como el segundo país con la mayor proporción de mujeres en la gestión de empresas. En efecto, con 53 por ciento de mujeres jefas de empresas, el nuestro es uno de los tres únicos países en el mundo en donde ellas dirigen un porcentaje importante del mercado laboral. Asímismo, es una mujer, Cecilia Álvarez Correa, quien figura a la cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

 

En efecto, son numerosas las mujeres en el sector empresarial, pero su influencia en el conjunto de la economía está contenida por un "techo de cristal" que les impide el acceso a los cargos decisivos cuando de las empresas más importantes se trata. En efecto, cuando detallamos las cien principales empresas de Colombia, las cifras caen con notoriedad: las mujeres representan entonces tan solo el 4 por ciento de los puestos de dirección general y solo el 10 por ciento entre mas de quinientos integrantes de las juntas directivas en las cincuenta empresas más grandes. A pesar de que las mujeres sean las gestoras de más de la mitad de las empresas y representan la malla social de la economía, su poder de influencia permanece periférico y controlado.

 

Sin embargo, hay que cuidarse de sacar conclusiones apresuradas. Sylvia Escovar, presidenta de Terpel y una de las mujeres que figura a la cabeza de la economía colombiana, comentó el 8 de marzo en entrevista para la BBC, "Cada día más mujeres están ocupando cargos directivos en Colombia, pero no puede desconocerse que existen más hombres que mujeres en este tipo de cargos. Basta hacer una lista de invitados a un cóctel corporativo para darse cuenta de ello".

 

Pero ¿quiénes son estas dirigentes?

 

Respecto a las pocas que logran acceder a cargos de gran importancia, constituyen entonces lo que la sociología llama las "élites discriminadas"1, en el sentido que siempre ejercerán el poder como una anomalía tolerada al lado de compañeros cuyo poder aparece como algo evidente y natural, por lo que su poder de cambio social queda fuertemente reducido.

 

Su precaria legitimidad en el ejercicio del poder, proyecta, de alguna manera, la fuerte selección social que solo le permite acceder a cargos de importante poder decisivo a las que son más parecidas al prototipo del poder hegemónico masculino. Estas dirigentes representan un cuerpo social uniformizado: son mayoritariamente, blancas, provenientes de las familias más poderosas del país, detentoras de un fuerte capital material y cultural y, como tales, representantes de intereses de clase específicos. Esta construcción del poder femenino traduce a un plano evidente la aun más desigual representación de las colombianas, no solamente en términos de género, sino también de clase y raza.

 

Estas mujeres dirigentes terminarán en defensoras de los intereses de las clases dominantes, brindando un aspecto simpático al contenido neoliberal del proyecto que sostienen, representado, por ejemplo, en la sonrisa de la Ministra de comercio exterior, que firma tratados de libre comercio con Corea del Sur, o en las bonitas palabras de la presidenta de Terpel que se ve como la madre de la empresa de comercialización de combustibles y que invita a sus empleados a tratar sus estaciones como si fueran "amas de casa".

 

También los sindicatos tienen sexo

 

No solo las clases dominantes tienen el monopolio del sexismo. En efecto, cuando miramos la participación popular de las mujeres sobre la economía, por ejemplo, a través de los sindicatos, nos percatamos de que también allí las mujeres ocupan un rol muy especial y desvalorizado.

 

Todavía muy debilitados por una larga historia de persecución y criminalización, las cifras ya bajas del sindicalismo (según el Dane, entre 2008 y 2011, el 26 por ciento de los trabajadores públicos, y solo 1,5 de los trabajadores privados estaban sindicalizados) caen aun más cuando se trata de la movilización de las mujeres.

 

Las mujeres les servimos a los compañeros, pero para cargarles los ladrillos pa' que ellos sean dirigentes! (risas)", comenta Melba Rincón Suarez, maestra e integrante de la Asociación Distrital de Educadores. Aunque son un poco menos de la mitad de la población "activa", las mujeres están subrepresentadas en los comités ejecutivos de las centrales y del sindicato más importante del país: suman 20 sobre 74 en la CGT, 3 sobre 22 en la CUT, 6 sobre 37 en la CTC y 0 de las 15 personas que integran el comité ejecutivo de la Fecode.

 

¿Decidir? Bueno, pero para los asuntos de mujeres

 

Además, y a condición que existen, las dirigentes sindicales son casi sistemáticamente subordinadas en las juntas a cargos auxiliares, prolongación del trabajo doméstico: son secretarias, ayudantes o asignadas a temas que afectan a las mujeres y a la juventud. Aparece, entonces, un criterio suplementario de su acceso a los espacios de decisión: ellas pueden ejercer el poder pero con la condición de ocupar los espacios y temas asociados al rol tradicional femenino o, por lo menos, en lo que respecta al papel que esperan de ella como subordinada al poder masculino.

 

Vale la pena recordar, no obstante, que la construcción de secretarías de la mujer en los sindicatos refleja parte de las luchas lideradas por las trabajadoras por hacer valer su aporte y sus reivindicaciones laborales. Sin embargo, estas secretarías son percibidas por los compañeros como espacios de poca importancia, aunque tienen la ventaja de atraer fondos del extranjero a la organización y, de nuevo, a la manera de las leyes de cuotas, de contener las reivindicaciones feministas. "No es el problema de que si son hombres o mujeres los que están en la dirección", agrega Rincón, "en la Junta Directiva de la ADE tenemos cinco mujeres, pero el trabajo de mujer es muy limitado en el sindicato, con poco reconocimiento por parte de la Junta".

 

¿Qué pasa en la educación?

 

Aunque las cifras varían un poco, según las fuentes, es claro que el cuerpo docente es, por gran mayoría, femenino: el 75 por ciento son maestras. Pero igual, las mujeres son minoritarias en los cargos de alta responsabilidad en los sindicatos de docentes. De igual manera, en la educación superior es notoria la falta de representación femenina en los cargos directivos: de las 102 universidades registradas en el país, solo 14 cuentan con rectora.

 

¿Y en el campo?

 

Si bien las mujeres son un factor clave del trabajo rural agropecuario, del mantenimiento de las comunidades y veredas, y de la sobrevivencia de las familias, las mujeres rurales permanecen minoritarias en los comités rurales y en el Ministerio de Agricultura. A pesar de la existencia de un importante liderazgo comunitario femenino, y de una movilización estructurada, el poder femenino rural sigue gravemente marginalizado por los poderes locales y públicos, lo que queda traducido en fuertes desigualdades en el acceso y restitución de tierra, así como a los fondos públicos para la agricultura.

 

Este rápido panorama de la participación de las colombianas en órganos de decisiones lleva a conclusiones contrarias pero no contradictorias. Por un lado, es preciso hacer justicia a las luchas de las mujeres que lograron entrometerse en el poder y debilitar, por lo mismo, el modelo patriarcal; han mostrado que son actoras legítimas y capaces de dirigir, construyendo formas innovadoras de hacer política, y de integrar en el debate público temas propios. Aunque es necesario enfatizar, que estos logros no sólo reflejan acciones personales, sino, y en la fundamental, el agenciamiento social del movimiento de mujeres en el país, con el cual han podido alcanzar y abrir espacios en los distintos campos del poder realmente existente y excluyente.

 

Por lo tanto, si bien hoy las mujeres son más numerosas en las sillas de dirigentes que ayer, eso no significa que su poder político esté extendido de manera lineal e igualitaria. El patriarcalismo se mantiene fuertemente y, en particular, a través de una serie de estrategias de control del poder de decisión que pudieran ganar las mujeres. Lo que está en juego para los dirigentes varones tradicionales, frente a la movilización feminista, y a la necesaria integración de las mujeres al poder, es el mantenimiento de su legitimidad natural en el imaginario colectivo. Esto funciona de dos maneras: por un lado, dejar espacios de incidencia ficticia a las mujeres, para mantener sus reivindicaciones bajo control y, por el otro, regular su participación en los espacios de poder para que su actitud e identidad no cuestionen ni el orden del poder dominante, ni su rol como mujeres.

 

En conclusión, el poder de la mujer es aceptado a condición de que sea auxiliar, conservador y subordinado. A partir de estas experiencias, la democracia colombiana se muestra como es: plutocrática y patriarcal. Nos queda confiar en las mujeres para que los espacios ganados no las apacigüen, haciendo de ellos herramientas de organización, discusión, empoderamiento y difusión de un modelo alternativo de democracia: crítica, horizontal, en búsqueda de innovación, una democracia hecha de diversidades.

 

1 María Antonia García León, Las elites discriminadas. Barcelona: Anthropos (1994).

Información adicional

  • Antetítulo:PROGRESOS Y MECANISMOS DE CONTROL DEL PODER FEMENINO EN COLOMBIA
  • Autor:JUSTINE FESTJENS
  • Edición:214
  • Sección:Género
  • Fecha:Junio 20 - Julio 20
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