Jueves, 20 Noviembre 2008 19:58

Urabá: negocio con impunidad

Escrito por Moritz Tenthoff
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Desarrollo agroindustrial con interés paramilitar

 Los programas anticultivos ilícitos, implementados en Urabá, han servido para beneficiar a las auc al legalizar miles de hectáreas robadas a campesinos, indígenas y afrocolombianos. El Programa Familias Guardabosques, de la Presidencia de la República, se desarrolla en tierras arrebatadas a sangre y fuego. Además, muchos proyectos productivos son intereses del paramilitarismo, presentados como reparación a las víctimas. Los campesinos y las comunidades despojadas se ven obligados a trabajar como peones en tierras antes suyas.
 
 
El noroeste del país, frontera con Panamá, constituida por 17 municipios de Chocó y Antioquia, está Urabá, puente entre Sur y Centroamérica, con acceso al Caribe y el Pacífico, región prioritaria, bajo el gobierno de Uribe, para explotar recursos naturales. Prioridad que llevó a ampliar los planes de integración fluvial, el canal interoceánico Atrato-Truandó, un puerto internacional en Turbo, la carretera panamericana y sistemas de interconexión energética.



Increíble. Contra la biodiversidad del Urabá, el Gobierno busca un desarrollo agroindustrial y de infraestructura no acorde con la índole ecosistémica de aquellas tierras fértiles de selva tropical. Desde los 80, Urabá es uno de los principales puertos marítimos para exportar estupefacientes, e importar armas y precursores químicos. Los dineros del narcotráfico y el contrabando se lavan y se invierten allí en proyectos agroindustriales, ganadería y turismo.

Urabá: cuna del proyecto paramilitar agroindustrial


El paramilitarismo se da en maridaje de la fuerza pública y grupos económicos. En 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo Carlos Castaño, en colaboración con el Ejército (1), entraron en el Urabá antioqueño, iniciando lo que se llamó la “pacificación”. El poder militar de las auc allí es aprovechado por las transnacionales (Chiquita, Coca-Cola), además de empresas de madera, palma y ganadería, para defender y promover sus intereses. Un motor paramilitar es el acceso y el control de grandes extensiones, robo que, para la Procuraduría, desde 1997 asciende a siete millones de hectáreas (2). Para realizar este despojo, han sido desplazadas cuatro millones de personas (3).

En la zona conocida como Tulapa, que abarca 32 veredas de Turbo y Necoclí, las tierras robadas son 17.000 hectáreas registradas como propias por Inversiones Tulipa. Sus dueños, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño (4).

Paramilitarismo y legitimación


Entre 2002 (supuesto cese de fuego) y 2006, los paramilitares asesinaron unas 600 personas-año (5). Organismos de derechos humanos denunciaron en 2007 la existencia de las ‘Águilas Negras’, que operan en Urabá (6). La consolidación de las auc en el proceso de desmovilización se ve en la propuesta que llevaron a la mesa de negociación en Santa Fe de Ralito (2002). Estaban dispuestas a desarticular parte de sus estructuras militares pero sin entregar su poder económico, social y político logrado desde 1997. Exigían del Estado la protección de la infraestructura productiva, y la inversión nacional y extranjera; proponían erradicar cultivos ilícitos, e iniciar un proceso de renovación económica con ayuda de la comunidad internacional y los organismos de crédito multilateral (7).

Las auc hicieron presencia en Urabá desde 1996 bajo el nombre de Bloque Elmer Cárdenas (BEC), al mando de ‘El Alemán’, quien no participó en la mesa de 2002 e inició una negociación con el Gobierno (octubre 2005). Una exigencia era el apoyo a su Proyecto de Alternatividad Social (PASO), llamado en 2006 “Sistema Regional de Construcción de Paz”, realizado y financiado por los ex ‘paras’ con el aporte del 80 por ciento del subsidio humanitario de la Presidencia y las ayudas de los Cooperantes Internacionales (8).

Desde su origen, el PASO tiene un componente en los cultivos de palma y la agroindustria. El objetivo, cambiar el enfoque del BEC: de un control militar a uno socio-político-económico que cuente con apoyo gubernamental, empresarial y de la cooperación internacional. Pero se mantiene el brazo armado ‘para’, ahora bajo las ‘Águilas Negras’, al mando del hermano de ‘El Alemán’ (Daniel Rendón), como lo denuncian las comunidades y organismos sociales. Es ilustrativa la estrecha colaboración con altos funcionarios. La revista Cambio accedió a más de 120 conversaciones telefónicas que vinculan a Rendón con el Fiscal General de Antioquia, el comandante de la policía de Medellín y la directora seccional de la Fiscalía de Córdoba (9).

La integración ‘para’ cuenta además con cambios constitucionales y decretos favorables. El Estatuto de Desarrollo Rural ajusta la legislación agraria y la configuración territorial al propuesto TLC con Estados Unidos y la Ley 975 de Justicia y Paz, estatuto que en 2006 creó un marco jurídico con el que se legaliza el despojo de millones de hectáreas en el país, con la posibilidad de validar títulos privados, hechos con una anterioridad de 10 años, lo que significa, ni más ni menos, que las tierras robadas hasta 1998 pueden ‘pasar’ en forma legal. La Ley 975 no les exige a los paramilitares que informen sobre sus bienes ni obliga a entregarlos (10). Asimismo, protege a familiares y amigos, testaferros de los predios robados, al concederles inmunidad jurídica (11).

Urabá, zona de narcotráfico pero no de cultivos de uso ilícito


Más que una zona de producción de cultivos ilícitos, Urabá es desde los 70 un corredor para tráfico de estupefacientes. El golfo de Urabá y los puertos de Turbo, Necoclí y Arboletes son puerta para la salida de cocaína del país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (Simcionu) en Urabá, desde 2005, han desaparecido casi totalmente los cultivos de coca.

Pero tras cuatro años de aplicación de los programas presidenciales contra los cultivos ilícitos (PCI), éstos no disminuyeron: se trasladaron a una zona vecina. La erradicación manual, según antinarcóticos, en Tierralta (2006-2007) ha podido propiciar la reaparición de los cultivos en Urabá (12). El BEC ha logrado acceder a los fondos de los programas antidroga y consolidar su poder en la zona, volviendo los miembros reintegrados a sus antiguas labores relacionadas con narcotráfico, desaparición forzosa y asesinatos selectivos.

Estrategias antinarcóticos en Urabá, cóctel de erradicación y desarrollo


La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional canalizan recursos para programas como Familias Guardabosques, Proyectos Productivos y Grupos Móviles de Erradicación Manual (GME). Según la Dirección de Estupefacientes, la erradicación se reduce a lo manual. El trabajo de los GME, con base en “el uso de la fuerza y una estructura de seguridad que compromete a las fuerzas policiales”, es el ‘garrote’ antiestupefacientes (13). Alli, civiles trabajan con la policía, violando el derecho de la sociedad civil a marginarse del conflicto. Hay denuncias sobre participación de desmovilizados de las auc en los GME.

En el Urabá antioqueño, más de 3.000 familias de Necoclí y Turbo estrenaron en 2003 el Programa Guardabosques en Tulapa, donde Mancuso usurpó más de 17.000 hectáreas mediante el proyecto Tulapa Horizonte, que funciona con fondos del PCI, Incuagro (14), la Fundación Kellogg (15), y el apoyo técnico de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomun). También se acogieron al programa, entre 2003 y 2008, unas 5.000 familias en el Urabá chocoano y alrededor de 8.500 en la parte antioqueña (16). Esto convierte al Urabá en la zona de mayor cobertura. Los municipios donde se gestiona Familias Guardabosques han estado en los últimos 10 años bajo control total del BEC.

Megaproyectos agroindustriales como plantaciones de teca, cacao y palma tienen en Familias Guardabosques un medio fácil de financiación. Hasta junio de 2007 se habían entregado unos 140 millones de euros al programa, de los cuales 20 fueron a la región del Urabá . Los fondos canalizados provienen de la agencia estadounidense Usaid (17), las embajadas de Italia y Japón, y la comunidad autónoma de Madrid (18).

A las tierras adquiridas se suman las legalizadas por Incoder. Los datos sobre tierras compradas y legalizadas en el Programa Guardabosques, que pertenecían a campesinos o comunidades, usurpadas por las auc, son difíciles de establecer por el testaferrato o su ‘venta legal’ bajo presión (Tulapa) (19).

Según comunidades y organizaciones, hay asociaciones y cooperativas creadas o vinculadas al Programa de Guardabosques que tienen vínculos directos con el paramilitarismo. Entre éstas, Cordesvida, Corporación Tierra Prometida, Asocomún, y la persona de Teresa Castaño, relacionada con la expropiación en Tulapa y la Asociación de Pequeños Productores de Belén de Bajirá, de la que es representante legal. A mediados de 2007, de las 13.976 hectáreas de proyectos productivos, sobre las cuales Acción Social hizo un censo, un 45 por ciento son palma aceitera. El resto son cultivos de caucho, cacao, café y especies forestales. En cuanto a empleo, la palma aceitera, la que más territorio ocupa, ni siquiera alcanza a representar el 6 por ciento del trabajo generado.

La cooperativa Construpaz, fundada por El Alemán, hoy en prisión, trabaja en dos proyectos productivos de cultivos de caucho en Necoclí y Unguía, donde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) es su operadora. Cuenta con recursos de Usaid. En ambos proyectos hay 100 familias (90 provienen de desmovilizados y 10 de desplazados) que trabajan 400 hectáreas. Los desmovilizados ponen la tierra y gestionan los recursos, y los desplazados participan con su mano de obra. Estos proyectos han sido presentados por Construpaz como reparación a las víctimas de las auc.

Igualmente, dos proyectos de caucho en Necoclí, zona de Tulapa, Caucho San Pedro S.A., tiene fondos provenientes en un 50 por ciento de Construpaz, y el otro 50 de dos cooperativas que nacen del Programa Familias Guardabosque. Cada una aporta un 25 por ciento. Además de mezclar fondos y beneficiarios de diversos programas, el Proyecto Productivo busca legalizar tierras robadas. El objetivo de la asociación es sembrar 500 hectáreas de caucho en tierra concedida en usufructo por Construpaz (200 hectáreas) y el Fondo Ganadero de Córdoba (300), éste vinculado al robo de las más de 17.000 hectáreas en Tulapa (20). Su antiguo presidente, Benito Osorio (21), fue detenido en 2008 por vínculos con los ‘paras’.

Impactos negativos del PCI en el Urabá


La Unesco protege los bosques húmedos del Darién, pues los considera patrimonio de la humanidad por su alta riqueza en flora y fauna. Pero varios proyectos productivos, dentro de la estrategia antidroga, involucran megaproyectos agroindustriales en territorios protegidos. Un caso es Multifruits S.A., condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos (22).

En Urabá vive más de un centenar de pueblos indígenas y afrocolombianos, dueños ancestrales. Los territorios cuentan con titulación colectiva y por ende son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y tienen protección del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Ley 70 de 1993 (23). En 2005, las comunidades afectadas de Jiguamiandó y Curvaradó presentaron ante la OIT el impacto de la palma. Desde 2001, la perpetración de violaciones a los derechos humanos contra estas comunidades ha estado relacionada con el avance de cultivos de palma aceitera o africana, y proyectos de ganadería (24).

Varios proyectos productivos operan contra la voluntad de los ancestrales, como la empresa Multifruits S.A. en la cuenca de Cacarica (25), y los cultivos de palma aceitera en la de Curvaradó, municipios de Riosucio y Carmen del Darién. La Defensoría del Pueblo sacó en 2005 la Resolución Defensorial 39 para reforzar el pronunciamiento de la Procuraduría que prohíbe cualquier expansión de cultivos de palma aceitera en aquellas cuencas.

Desvío de fondos


Los dineros destinados a programas antinarcóticos o a los desplazados se están canalizando finalmente para el beneficio de proyectos productivos de las auc. Familias que participan del programa Guardabosque denuncian que han sido engañados y forzosamente se les sustrae de sus pagos mensuales (600 mil pesos), el 40 por ciento con destino a la organización Cordesvida, en la que participan afrocolombianos, mestizos y desmovilizados, sin que haya claridad sobre el destino y el uso de tales recursos (26). A la vez, hay denuncias de familias que participan en las cuentas de ahorro colectivo dentro del Programa, que ignoran en qué se invierten sus recursos.

Para acceder a los beneficios del programa, las familias han tenido que integrarse en redes de informantes. Por ejemplo, en el municipio de San Pedro debieron pedir en 2006 la protección de la fuerza pública, que ofreció instalar una red de radios de base en las comunidades afectadas (27). La vinculación de la población civil al conflicto armado, como informantes de la fuerza pública, constituye una abierta infracción al principio de distinción consagrado en el tercer artículo de los Protocolos de Ginebra. Asimismo, los GME constituyen también una abierta infracción al DIH, ya que sus grupos de choque mezclan a la población civil con la Policía y desmovilizados.

En Urabá se hace evidente que el objetivo no es erradicar los cultivos de uso ilícito sino el fortalecimiento de las propuestas agroindustriales para esa región; también, que su único interés no es la reparación a las víctimas sino la impunidad con cara de negocio.

1    Numerosos informes de organizaciones de derechos humanos señalan el rol de la Brigada XVII en operaciones con las auc. La operación Génesis, en el Bajo Atrato (febrero de 1997), conjunta entre la Brigada XVII bajo el mando del general Rito Alejo del Río y las auc, es uno de los casos emblemáticos de esa abierta colaboración.
2    Procuraduría General de la Nación (2006), Proyecto Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en materia de Reinserción y Desmovilización.
3    Boletín de Prensa de CODHES, 5 de febrero de 2008. Las diferencias entre las cifras oficiales son significativas, ya que, según el gobierno colombiano, hay apenas alrededor de 2.300.000 desplazados.
4    Testimonio en el proceso Nº 3453, radicado en la Fiscalía 119 de Turbo.
5    Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 4 de marzo de 2006. Parti-sí-pa 112.
6    Indepaz, 21 de agosto de 2007. Nuevo Mapa Paramilitar. http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=58.
7    Noche y niebla, diciembre 2004. “Deuda con la humanidad: paramilitarismo de Estado en Colombia”, 1988-2003.
8    Urabá Hoy 34, 15 de abril de 2006. “¿Hacia dónde van los hombres de El Alemán?”.
9    Revista Cambio, 22 de agosto de 2008. “El expediente Valencia”.
10    La Corte Constitucional declaró inconstitucional varios párrafos de la Ley 975 y obligó, mediante Sentencia C370 /06, entre otros puntos, a parcial restitución de bienes.
11    Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2006. “Balance del proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia”.
12    Este dato de la Policía para 2007 no fue registrado por el Simci.
13    Ricardo Vargas, 27 de abril de 2008. “La política de la seguridad democrática, cultivos ilícitos y los derechos básicos de las comunidades productoras en Colombia”. Accesible en: http://colombiadrogas.wordpress.com/2008/04/27/la-politica-de-seguridad-democratica-cultivosilicitos-y-los-derechos-basicos-de-lascomunidades-productoras-en-colombia/.
14    La Incubadora de Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro) es una entidad de carácter semiprivado, estrechamente ligada al ‘plan Colombia’.
15    La Fundación Kellogg fue creada en 1930 por la empresa de cereales W.K. Kellogg en la los 40. En las últimas seis décadas ha apoyado cerca de dos mil proyectos, en su mayoría de países de América Latina y el Caribe. http://www.wkkf.org/.
16    Acción Social, 30 de junio de 2007, http://www.accionsocial.gov.co.
17    Acción Social, junio 2007.
18    Embajada de Japón en Colombia, 2008, http://www.colombia.embjapango.jp/boletines%202008/080325.htm Presidencia de la República, 2007.http://www.presidencia.gov.co.
19    Testimonio en el proceso Nº 3453, radicado en la Fiscalía 119 de Turbo.
20    Testimonio en el proceso Nº 3453, radicado en la Fiscalía 119 de Turbo.
21  Sobre Benito Osorio y sus vínculos con las auc, véase revista Cambio. “Amenaza a gobernadora electa de Córdoba y sombras sobre el nombrado provisionalmente”, http://www.cambio.com.co/paiscambio/759/ARTICULOWEB Nota_Interior_Cambio-3922782.html.
22    Acusación contra C.I. Multifruits S.A. en el Tribunal Permanente de los Pueblos, febrero 2007.
23    La Ley 70 de 1973 se puede consultar en: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0070_93.HTM
24    CEACR, 2006. “Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, Documento No. (ilolex): 062006COL169.
25    Véase esta denuncia: www.sinaltrainal.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=178
26    Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 28 de junio de 2006, “Amenazas a zona humanitaria y zona de reserva”.
27    18 de septiembre de 2006,  Actas de una reunión de Corpourabá en San Pedro de Urabá, en el marco del Programa Familias Guardabosques.
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